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Néstor Prieto Amador es un periodista y politólogo de la Universidad de Salamanca, miembro impulsor del medio de comunicación “Descifrando la Guerra”. Se especializa en el estudio de las relaciones internacionales con énfasis en América Latina y el Mundo árabe-islámico. Su trabajo en seguimiento de los conflictos armados y su participación como corresponsal en la Global Sumud Flotilla lo han convertido en una figura influyente del análisis geopolítico.

Teniendo esto en cuenta, la siguiente entrevista, realizada en el contexto del Coloquio Patria, en abril de 2026, busca dar voz a algunos criterios del experto, así como entender en qué medida la comunicación política puede ser una herramienta para luchar por el cambio.

¿Cómo te iniciaste en el periodismo y cuáles fueron tus primeras impresiones?

Yo empecé en el periodismo de una manera casi accidental, yo no estudié periodismo, estudié Ciencia Política y Administración Pública y me especialicé en política internacional y geopolítica, pero desde pequeño me gustaba mucho escribir. Fundamentalmente, mi padre me estimuló mucho la escritura y, de manera natural, me interesaba mucho la política internacional y escribía de una manera muy amateur. Y vinculado a mi militancia también, que empecé en el movimiento estudiantil con 13 años, empezaba a escribir sobre la realidad que me rodeaba. Era un periodismo militante, muy precario, en el auge de las redes sociales, que ya llevaba tiempo, pero que yo empezaba a consumirlas con 15, con 16 años, y pues empezaba a escribir allí. Precisamente, en ese entorno, en ese ambiente, cuando yo entré en la carrera, con 18 años, en Ciencia Política, yo escribía ya sobre política internacional. Y el medio en el que yo lo hacía, que era el medio nativo, era Internet; Twitter, fundamentalmente.

Y allí un grupo de gente que queríamos hacer periodismo y narrar la política internacional desde un punto de vista crítico o contrahegemónico fundamos un portal que se llamó Descifrando la Guerra. Simplemente, había un vacío de política internacional, de hablar de la política internacional desde otra perspectiva, desde otra óptica, y fue un proceso muy natural. Como yo llevaba tiempo escribiendo y había hecho de mi escritura en las redes sociales un hobby o algo que a mí me gustaba, es decir, no solo consumía, sino que también creaba, pues terminó derivando y creé este portal. Dio muy poquito reporte económico, hasta que yo termino mi carrera, empiezo a trabajar y veo que necesito ingresos extra para poder llegar al final del mes. Como yo ya escribía, simplemente fue decir, vale, voy a dejar de hacerlo como un hobby y voy a empezar a escribir en medios de comunicación más convencionales que son, desgraciadamente, quienes te dan la sostenibilidad en el actual ecosistema mediático.

¿Por qué recurrir al periodismo independiente? ¿Qué ventajas y desafíos brinda?

Vengo de un periodismo militante, entonces fue siempre un proceso muy natural el estar allí; y yo, vinculado a mis experiencias políticas, es donde empecé a sentirme inquieto por la escritura y a publicar. Creo que el gran pro que tiene es que realmente hay un espacio alternativo para comunicar. Hay un gran vacío por parte de los medios hegemónicos a la hora de hablar no solo de política internacional, sino en general de lo que ocurre en el mundo a nivel nacional, a nivel vecinal. Y yo creo que la gran contra es que nos ha costado históricamente mucho porque la comunicación es una herramienta cara que requiere dinero y recursos y nos cuesta salir de lo que es el medio puramente militante, profesionalizarlo, y que no sea simplemente una caja de resonancia. Tendemos a medios que son de autorreproducción, ─lo cual creo que es necesario, tener medios que son leídos por la militancia─ pero creo que el gran reto es conseguir que sea atractivo y conseguir que nuestra comunicación transgreda el espacio donde nosotros políticamente nos relacionamos, porque ese es un espacio muy finito que no altera los equilibrios ni las realidades sociales.

No es la realidad de Cuba, donde evidentemente los medios alternativos ─no podemos llamarlos alternativos desde una óptica nacional, igual sí desde una óptica internacional─ apelan a una base social muy amplia que es la base social de la Revolución, con sus contradicciones y con su evolución a lo largo del tiempo, pero es una base amplia. En Europa, sin embargo, los medios alternativos no salen de círculos muy concretos y yo siempre he tenido la frustración de que por más que militara con 13 años no aspiraba que me leyesen mis militantes porque mis militantes son los menos. Entonces creo que ese es el gran deber que tiene todavía la prensa combativa; una realidad que es objetiva, que necesitamos contar y que nadie cuenta y eso es un problema enorme, pero no podemos hacerlo con técnicas comunicativas antiguas, buscando reproducir el nicho en el que estamos y actuando como cajas de resonancia.

La configuración del proletariado a escala global tiende a una fragmentación cada vez mayor, causada por el aislamiento e individualización de las realidades –fenómeno que estalla a partir de la oleada neoliberal. Como militante comunista y periodista, ¿cómo comunicar ante este fenómeno?

Bueno, yo creo que hay varias dinámicas. Lo primero es que a nivel teórico hay que hacer una correcta limitación de lo que es el sujeto revolucionario. La composición de la clase trabajadora a nivel global ha cambiado. Yo creo que es un debate que en buena medida ya está superado pero que todavía hay gente que tiene la tentación de identificar a la clase obrera internacional y sus distintas realidades nacionales como un obrero de mono azul, que es un hombre de 60 años, que tiene el mono manchado de grasa y, curiosamente, ninguna de las grandes revoluciones socialistas ha tenido como sujeto revolucionario únicamente a ellos. En la Revolución Soviética era el campesino más el proletario, pero mayoritariamente era el campesinado. La Revolución Cubana también articulaba y tocaba distintos segmentos sociales. Creo que hay que saber entender la composición de clase que hay ahora. La clase trabajadora es una clase más diversa, no solo desde el punto de vista productivo porque su relación con el modelo productivo ha cambiado, sino también desde un punto de vista sociológico, demográfico y étnico. Es una clase trabajadora atravesada por distintas realidades y creo que si no sabemos cuál es la clase trabajadora es muy difícil comunicarnos hacia ella. Yo creo que eso es lo primero. No pensar que el proletario sigue estando en una gran fábrica fordista, sino que esa realidad se ha cambiado.

Derivado de ello, creo que el gran reto es entender que la comunicación ha cambiado; que todo el mundo, desde hace medio siglo, tiene acceso a redes sociales, a Internet y eso ha democratizado el conocimiento, ha democratizado el acceso a la información y ha roto la lógica comunicativa. Antes era una lógica vertical donde teníamos un emisor, un canal de transmisión y un receptor que no podía interactuar con lo que recibe. Ahora tenemos nodos divididos frente a una escala vertical, donde cada actor puede replicar un mensaje y puede interactuar con un mensaje. Eso son las redes sociales. No tenemos que concebir solo a la clase trabajadora como un sujeto diverso y, por tanto, adaptar nuestro lenguaje y nuestro discurso a ello, sino también entender que la clase trabajadora no se educa por canales tradicionales únicamente. No solo consume la televisión o el periódico, que puede ser el periódico del Partido, sino que la clase trabajadora consume redes sociales, consume reels, consume TikTok… No es lo que más nos gustará porque nos puede parecer banal, pero es donde está y es donde mayoritariamente lo consume y, además, es evidente que la clase trabajadora, por sus condiciones más paupérrimas desde un punto de vista económico, no tiene ni el tiempo ni, muchas veces, el capital cultural, ni la capacidad de poder sentarse a leer la prensa escrita o a leer a nuestros referentes teóricos, que requieren tiempo e información. Entonces hay que hacer esa adaptación entendiendo los nuevos canales de comunicación y sus nuevas realidades materiales.

Eres militante del Partido Comunista Español, un partido que funciona dentro de la lógica de la democracia representativa y lleva varios años formando parte de variadas y heterogéneas coaliciones parlamentarias, inestables por naturaleza. ¿Qué contradicciones y retos presenta esto para la comunicación comunista y para ti como militante comunista?

La posición que tiene el Partido Comunista de España históricamente ha sido siempre mantener un periódico de referencia que es Mundo Obrero, que es el órgano de expresión del partido, como es aquí el Granma, y siempre ha sido un gran deber por parte de toda la izquierda y los partidos comunistas europeos articular nuevos espacios de comunicación o dar la guerra comunicativa tanto a nivel de grandes medios como a nivel de medios más alternativos y más novedosos. Hay un gran deber que es, en primer lugar, cuando eres parte de coaliciones electorales y esas coaliciones electorales forman parte del gobierno, siempre parece, por desgracia ─y es una posición de la que yo estoy en contra─, que hay que hacer un equilibrio con el poder.

Yo creo que el Estado no es un espacio de disputa. El Estado burgués tiene una naturaleza que se puede camuflar, pero nunca puede difuminarse completamente, que es una naturaleza de clase. El Estado es una clase y, por tanto, cuando estás dentro y estás como un socio menor de una coalición siempre parece que lo que tus militantes escriban puede ser objeto de controversia y parece incompatible mediar entre la militancia política activa y también la comunicación política y ese espacio. Entonces, es complicado. Yo creo que uno de los grandes deberes que tienen, yo diría que todos, los partidos comunistas, pero especialmente en Europa Occidental, es que leyeron muy bien lo que era la comunicación antiguamente. O sea, Fidel lanza Radio Rebelde porque era lo que podía consumir el pueblo y está adaptado a lo que era el pueblo. Ellos no distribuían un periódico para que lo leyesen los campesinos del oriente del país que no sabían leer muchos de ellos; ellos usaron la radio como medio de comunicación.

Nosotros podemos tener un periódico ahora en España, pero la gente consume televisión y redes sociales y no tenemos una producción desde un punto de vista militante que lo satisfaga, no ya solo como una iniciativa individual que puede tener un militante, sino que los partidos comunistas no tienen esa visión. Muchas veces desde un cierto paternalismo teórico, se teoriza que las redes sociales, en primer lugar, no son un espacio neutral: efectivamente no lo son; y en segundo lugar, son un espacio vulgar, sin profundidad, que también potencialmente lo es, y que es el contenido que más fácilmente se puede viralizar, pero es el espacio de consumo de nuestra clase, por tanto no se puede renunciar a él y es uno de los grandes deberes que tienen los partidos comunistas en Europa.

En los últimos años, se han evidenciado cambios en el sistema internacional que sugieren una reconfiguración de la hegemonía estadounidense y un fortalecimiento de actores alternativos al Occidente tradicional. Como tendencia, se aprecia una polarización geopolítica y comunicacional. No obstante, el sistema internacional tiende a una multipolaridad en la que los principales polos de poder no plantean una ruptura con el sistema de dominación capitalista. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la izquierda a nivel internacional en el contexto de actual transición intersistémica, más allá del entusiasmo predominante sobre esta?

Bueno, efectivamente estamos en un momento de transición geopolítica hacia un orden internacional cuya configuración es incierta. Todavía no sabemos cuál va a ser la configuración final que tenga el orden internacional, pero sin duda alguna el proceso de transición que estamos viviendo nos anticipa un orden internacional más violento, con una erosión del sistema multilateral, que nunca fue perfecto y que siempre tuvo un carácter muy débil, pero que de manera definitiva se está enterrando a una velocidad muy acelerada. El nuevo orden internacional está marcado, además, por el desarrollo tecnológico de manera clara. La irrupción de la inteligencia artificial afecta también a los medios de comunicación, a la producción de información y de comunicación y va a afectar más todavía; y esa inteligencia artificial también está afectando a la transición internacional. Estamos viendo que la automatización del ámbito armamentístico es masiva y que avanzamos hacia la automatización mediante inteligencia artificial del armamento y eso reduce la presencia y la influencia humana en la toma de decisiones hasta el punto de que estamos viviendo un mundo más hostil, más violento, donde se están erosionando los acuerdos que limitaban la proliferación de armamento y eso es peligroso.

La inteligencia artificial y la desinformación como aspectos derivados de este nuevo orden internacional, que es más confrontacional, están a la orden del día y suponen un desafío porque una de las consecuencias más inmediatas de esta desinformación y de este uso de inteligencia artificial es que también hay una desconfianza creciente por parte de la gente en la comunicación en general y sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Es más difícil comunicar porque todo se pone bajo un halo de sospecha o genera ciertos recelos.

El marxismo es por definición dialéctico. Las relaciones sociales de producción siempre han configurado la estructura de clase y la inteligencia artificial está mecanizando el trabajo, el empleo, la comunicación, la economía y eso va a alterar la estructura de clase y va a alterar los medios de comunicación y nosotros no podemos quedarnos atrás. No nos quedábamos atrás cuando Marx hablaba del proletario del siglo XIX; no se quedó atrás Lenin para hablar del proletario del siglo XX; no se quedó atrás Fidel para hablar del proletario de la segunda mitad del siglo XX; no nos podemos quedar atrás ahora. Hay que analizar y estudiar con mucho rigor lo que está ocurriendo. Es una evolución muy rápida pero no tenemos buenos análisis o no son análisis todo lo exhaustivos que debieran. Creo que hay ciertos sectores que todavía ven la inteligencia artificial casi como el viejo sindicalismo ludista que entraría con un palo a golpear los servidores de chat GPT y hay otra gente que estamos interesados por entender lo que ocurre pero que nos sobrepasa en cierto sentido. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo en este nuevo mundo se está desarrollando una herramienta que configura la comunicación y que va a configurar las relaciones sociales y por tanto la estructura de clase y el sistema de dominación; y utilizarlo, insertarlo en nuestro día a día a la hora de comunicar.

Efectivamente no hay un horizonte socialista, no hay ningún actor que abrace de manera clara un orden alternativo donde la clase trabajadora está en el centro y quiero pensar que la única ventaja es que esta transición está acelerando las contradicciones: tanto la contradicción capital-trabajo como la contradicción capital-medio. Creo que vamos hacia un mundo donde la explotación del hombre por el hombre se está agravando, sobre todo en ciertas etapas y en ciertas esferas. En Asia, en África, en grandes partes de América Latina, la desigualdad es creciente, el nivel de acumulación de riqueza de las minorías opulentas es insultante.

Por otro lado, el nivel de contradicción capital-medio también es creciente: el medio ambiente, la tierra, no sostiene ni aguanta el modelo de desarrollo hacia el que estamos caminando. Y este orden multipolar también está acelerando el desarrollo armamentístico, el desarrollo económico, el desacoplamiento parcial de lo que era una economía hasta ahora globalizada que pasa también por el desarrollo de industrias nacionales, por nuevas alianzas, por un mundo más contaminante. Todo eso nos invita a pensar que, aunque no haya un horizonte, las contradicciones van a estar más latentes que nunca. Por eso creo que es importante, como decíamos al principio, entender la nueva estructura de clase; entender los mecanismos donde consume información nuestra clase; entender una herramienta tan disruptiva como la inteligencia artificial que va a configurar las relaciones comunicativas y económicas; y entender que las contradicciones, aunque no hayamos sabido exacerbarlas ─ustedes sí, pero nosotros no─, van a estar ahí y van a estar creciendo.

Por tanto, aunque no esté ese horizonte, quiero pensar que el caminar hacia el abismo va a hacer más evidente que es necesario el cambio. Puede que cuando nos queramos dar cuenta ya estemos en el abismo, pero creo que esta nueva transición está acelerando también la descomposición del capitalismo, del orden internacional, del medio ambiente y eso nos abre una ventana de oportunidad, por desgracia.

Hoy, el mundo se adentra en una nueva oleada reaccionaria. La izquierda no solo debe enfrentarse a ella, sino también a sus propias limitantes: desde la descomposición del campo socialista principalmente, las propuestas progresistas no han apostado por una ruptura radical con el sistema de dominación capitalista y, atrapadas en esta lógica, se han agotado. ¿Cómo pueden articularse y renovar sus propuestas los movimientos de izquierda, en medio del declive del progresismo y el auge de nuevas fuerzas reaccionarias? (Y en qué medida puede ser la comunicación una herramienta útil en este proceso).

La caída del muro de Berlín supone una derrota ideológica y una derrota de proyecto histórico absoluta. Ni tú ni yo vimos la caída del muro de Berlín. Yo nací cuando el muro de Berlín ya había caído, pero la falta de una referencia desnortó, desunió; incluso en los sectores que podían ser críticos hacia la Unión Soviética, no digo ya dentro del campo socialista sino dentro de lo que ahora se llamaría progresista o de la izquierda internacional, generaba ciertos consensos o había un cierto horizonte. El colapso de la Unión Soviética aceleró que los elementos más oportunistas que estaban dentro de los partidos comunistas virasen hacia la socialdemocracia y en muchas ocasiones se llevasen consigo las siglas históricas y hayamos visto cómo se ha perdido una influencia e incluso cómo se han perdido partidos históricos, fundamentalmente en Europa Occidental, comunistas. Creo que esa situación no se ha sabido revertir y no hay indicios de que se vaya a revertir en el corto plazo, precisamente porque el capital ha sabido, como hace siempre, fagocitar las nuevas estrategias de lucha que, desde mi punto de vista, erróneamente, al menos en Europa, han pasado mucho desde la articulación del sujeto revolucionario en base a su identidad. Creo que son políticas que han sido muy débiles. No hemos sabido apelar a la clase trabajadora como clase trabajadora, sino que las hemos intentado apelar desde conceptos abstractos que son digeribles por parte del sistema: de identidad, como puede ser el tema de la cuestión de género, que sí que es fundamental y que desde el marxismo siempre se ha sido negacionista o parcialmente negacionista en ciertos aspectos, pero que se ha convertido en un elemento central que en España se está convirtiendo, por ejemplo, en un elemento arrojadizo por parte de la extrema derecha. Y no hemos sabido leerlo bien y articularlo bien. U otros temas.

No hay un sentimiento de identidad colectiva y no hay una capacidad de interpelar colectivamente, entonces pasa por recuperar esa identidad, por reconstruirla desde la base con una militancia pegada al conflicto social. Es decir, si el Partido se limita a la representación burguesa en el Parlamento, no hay ningún horizonte. Y yo creo que eso pasa por militancias y por cambiar la mentalidad de los partidos hacia una lógica de militancia pegada al territorio, pegada a la contradicción de la gente, es decir, en el centro de trabajo, en el centro de estudio, en el vecindario allá donde la gente sufre las consecuencias del capitalismo; y eso no es algo que esté ocurriendo ahora. La tentación de entrar en el juego democrático burgués es enorme y eso hace que hayamos estado inmiscuidos en las elecciones y se haya descuidado lo que es la articulación política revolucionaria y, efectivamente, sin plantear una ruptura real, como dices tú. Eso sigue dándose ahora. Creo que hay debates crecientes sobre cómo volver a poner ese elemento en el centro, pero diría que todavía es minoritario.

Los desafíos de la izquierda son numerosos, pero el proyecto a emprender debe ser internacional. ¿Qué retos tiene la izquierda occidental en su relacionamiento con movimientos progresistas y/o antimperialistas de la periferia del capitalismo global?

Bueno, yo creo que lo primero de todo es dejar a un lado todas las tendencias racistas, coloniales, neocoloniales que existen porque no ha habido ni un solo país en Europa Occidental con el pleno desarrollo de las fuerzas productivas y del proletariado como clase que ha hecho una revolución exitosa. Estuvimos cerca con los espartaquistas en Alemania, el Partido Comunista en Italia tuvo grandes resultados electorales que parecieron hacerlo, pero eso que teorizó Marx de que allá donde el grado de la estructura de clases más desarrollada estaba y el proletariado estaba en un estado más maduro iba a tener lugar una revolución no se dio. Tuvo lugar en Vietnam, tuvo lugar en una Rusia feudal, tuvo lugar en Cuba, pero nosotros no lo hemos conseguido.

Entonces creo que lo primero que hay que hacer es sentarnos a hacer una revisión histórica de lo que ha supuesto y, por supuesto, entender de las lógicas y de las dinámicas que están teniendo lugar en América Latina y en la periferia en general porque son realmente el foco. Hablábamos antes y yo te decía que creo que las contradicciones van a ser crecientes. Van a ser especialmente crecientes precisamente en la periferia, porque el imperialismo se sostiene sobre los eslabones más débiles de la cadena que son quienes proveen la materia prima y la mano de obra barata para sostener ese grado de consumo inabarcable e injusto. Entonces las contradicciones están creciendo. Creo que en Europa no estamos haciendo nuestra parte.

No hemos conseguido poner encima de la mesa lo injusto del sistema y, por tanto, cuando miramos hacia la periferia hay que hacerlo libre de todos esos prejuicios y entendiendo además que gran parte del porvenir se va a jugar precisamente en que las grandes masas obreras campesinas, proletarias, trabajadoras del sur global, de la periferia, son quienes pueden, deben y tienen más razones para levantarse y es innegable que esa lucha de clases está mucho más activa aquí. La represión contra esa lucha de clases está mucho más activa aquí. Y por tanto debe de incentivarnos a venir, a aprender y a dialécticamente incorporar esas enseñanzas a nuestro día a día. Creo que es lo que se intenta hacer. Siempre uno tiene muchas inercias culturales, es decir, siempre pesa mucho lo que has vivido y has tenido como experiencias, pero creo que es el único camino: acercarte a la periferia desde ese punto de vista para poder hacerlo realmente bien y poder aprender de estas experiencias históricas y con este contexto tan singular que tenemos.

Recibido: 11 de mayo de 2026

Conflicto de Intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.

Contribución de Autoría:

No aplica

Agradecimientos:

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Financiación:

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No publicado

Aprobado: 15 de junio de 2026

Derechos de Autor:

Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.

Cómo citar (APA, séptima edición):

Padrón Imbert, S. (2026). El golpe de estado en Madagascar en 2025: Factores determinantes. Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 7(3), 14-23.

Introducción

Madagascar, la cuarta isla más grande del mundo y situada en el Canal de Mozambique del Océano Índico, ha tenido una historia política marcada por la inestabilidad, desde su independencia en 1960. El país ha atravesado 5 crisis políticas mayores: 1972, 1991, 2002, 2009 y 2018 (African Arguments, 2025). La más reciente, ocurrida en octubre de 2025, representa un punto de inflexión significativo en la trayectoria política del Estado malgache, pues combina elementos de movilización juvenil, defección militar y manipulación institucional en un contexto de crisis económica y social.

El antecedente de la crisis de 2025 se encuentra en el ciclo político iniciado en 2009, cuando Andry Rajoelina, entonces alcalde de Antananarivo, llegó al poder mediante protestas populares y apoyo militar de la unidad de élite conocida como Cuerpo de Administración de Personal y Servicios Administrativos y Técnicos, tras la renuncia del presidente Marc Ravalomanana (ISS Africa, 2026). Rajoelina gobernó como presidente de la Alta Autoridad de Transición hasta 2014, y posteriormente fue electo presidente en 2018 y reelecto en 2023 y el boicot de 11 de los 12 candidatos presidenciales (Manitra, 2025).

El contexto económico y social previo al golpe de estado de 2025 resulta determinante para comprender la magnitud de la crisis. A pesar de contar con abundantes recursos mineros y agrícolas, Madagascar presentaba indicadores socioeconómicos críticos: aproximadamente el 80% de su población de 31 millones de habitantes vivía bajo el umbral de la pobreza, sólo el 36% tenía acceso a electricidad de manera irregular, y el desempleo juvenil en zonas urbanas superaba el 30% (Global Finance Magazine, 2025). El país ocupaba el puesto 140 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional en 2024, habiendo descendido 22 posiciones desde 2012 (Transparency International, 2025).

Si bien existen antecedentes académicos que abordan las crisis políticas malgaches de 2002 y 2009 desde perspectivas de fragilidad estatal y transiciones democráticas, el colapso de 2025 presenta rasgos singulares que justifican un análisis específico. La presente investigación se diferencia de estudios previos en su enfoque integrador, que articula variables institucionales, socioeconómicas y tecnológicas —específicamente el papel de las redes sociales en la movilización de la Generación Z— con la dinámica de defección militar, dentro de un contexto geopolítico de creciente competencia en el Océano Índico. Ello permite cubrir un vacío en la literatura sobre gobernanza frágil insular africana, donde los procesos de cambio político han sido menos estudiados que en el África subsahariana continental (GIS Reports, 2026). La importancia del estudio reside, también, en su capacidad para contribuir al entendimiento de las dinámicas de fragilidad estatal en contextos de gobernanza democrática precaria, lo que aporta una interpretación diferenciada de cómo la acumulación de insatisfacción popular puede articularse con estructuras militares para producir rupturas constitucionales.

El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar los factores determinantes que condujeron al golpe de estado en Madagascar en octubre de 2025.

desarrollo

Contexto político-institucional

y la crisis de legitimidad electoral

La base del colapso de 2025 se asienta en las controversias generadas durante la elección presidencial de noviembre de 2023. En junio de aquel año, investigaciones periodísticas revelaron que Andry Rajoelina había obtenido la nacionalidad francesa en noviembre de 2014, un hecho confirmado por el Diario Oficial francés (Manitra, 2025). Esta circunstancia activó un debate constitucional de profundas implicaciones, dado que el Código de Nacionalidad de Madagascar establece que el ciudadano malgache mayor de edad que adquiere voluntariamente una nacionalidad extranjera, pierde la nacionalidad malgache, y la Constitución exige que los candidatos presidenciales posean exclusivamente la nacionalidad malgache.

La Alta Corte Constitucional, institución que en 2009 había validado la transición que llevó a Rajoelina al poder y que en 2018 había ratificado su candidatura, desestimó los recursos de oposición argumentando que la pérdida de nacionalidad requería un pronunciamiento judicial previo que no existía (Manitra, 2025). Esta interpretación, que el entonces presidente de la Alta Corte Constitucional defendió públicamente en diciembre de 2023, fue percibida por amplios sectores de la población como una muestra de subordinación judicial al poder ejecutivo. La decisión permitió que Rajoelina participara en unos comicios boicoteados por la oposición y caracterizados por una participación del 43%, el nivel más bajo en la historia electoral del país.

La noticia de la doble nacionalidad trascendió el ámbito jurídico para convertirse en un símbolo de desconexión entre el gobierno y la población. Rajoelina justificó la obtención de la ciudadanía francesa por razones familiares, argumentando que facilitaría la educación de sus hijos en Francia (Radio Francia Internacional, 2025). No obstante, esta explicación resultó insuficiente para una ciudadanía que percibía en el hecho una renuncia simbólica a la soberanía nacional, particularmente sensible dada la historia colonial del país. Esta percepción de desconexión se relacionó con indicadores de deterioro institucional. La degradación progresiva de la confianza en las instituciones democráticas, documentada por el Índice de Transformación de Bertelsmann1 (BTI, por sus siglas en alemán Bertelsmann Transformations Index), mostró que i ndicadores como la libertad de expresión y el compromiso con instituciones democráticas habían caído drásticamente durante la última década (African Arguments, 2025).

Factores económicos y sociales: pobreza, desigualdad y colapso de servicios públicos

La estructura económica de Madagascar exhibía condiciones de vulnerabilidad. Con un producto interno bruto de 19 300 millones de dólares y un ingreso per cápita de 545 dólares, el país presentaba uno de los niveles de pobreza más elevados del continente africano (Global Finance Magazine, 2025). El 75% de la población subsistía con menos de tres dólares diarios, mientras que la escasez de servicios básicos afectaba la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

La crisis de suministro de energía eléctrica y agua potable constituyó el detonante de las protestas de septiembre de 2025. A pesar de que sólo el 36% de la población contaba con acceso a electricidad, incluso los centros urbanos enfrentaban cortes prolongados que frecuentemente excedían las doce horas diarias (Thraets, 2025). Los jóvenes malgaches, que conforman la mayoría demográfica de una población con mediana de edad aproximada de 19 años, canalizaron su frustración mediante protestas que utilizaban recipientes de agua y lámparas de kerosene como símbolos visibles del fracaso estatal.

La corrupción sistémica exacerbó estas condiciones materiales de privación. Madagascar descendió del puesto 118 al 140 en el Índice de Percepción de Corrupción entre 2012 y 2024, lo que refleja una trayectoria de deterioro en la integridad institucional (Transparency International, 2025). El sector minero, que contribuye con los 4,5% al Producto Interno Bruto (PIB) y posiciona al país como segundo productor mundial de grafito, operaba bajo condiciones de escasa rendición de cuentas. Adicionalmente, la imposición de aranceles del 15% por la administración estadounidense sobre la industria textil y de confección, que empleaba a más de 400 000 trabajadores, generó incertidumbre sobre las exportaciones que en 2024 alcanzaron 733 millones de dólares (Global Finance Magazine, 2025). El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo sus proyecciones de crecimiento para 2025 de los 4,6% al 4%, evidenciando las restricciones fiscales bajo las cuales operaba el gobierno.

La movilización de la Generación Z y el papel de las redes sociales

El carácter distintivo de la crisis de 2025 reside en su génesis como movimiento de protesta liderado por jóvenes que se autodenominaron Generación Z2 Madagascar. A diferencia de las crisis políticas anteriores, que fueron impulsadas por facciones de la élite política tradicional, la revuelta de 2025 emergió desde las clases sociales más bajas, conectando demandas materiales con aspiraciones de dignidad y gobernanza responsable (African Arguments, 2025).

Las protestas iniciaron el 25 de septiembre de 2025 en Antananarivo, desencadenadas por los cortes de servicios públicos, y se expandieron rápidamente hacia ciudades como Toamasina, Antsiranana y Toliara. Las redes sociales funcionaron como plataformas de coordinación y difusión, lo que permitió la viralización de contenidos que mostraban las demandas de la población, trascendiendo, además, el ámbito de los servicios públicos para abarcar la corrupción, el nepotismo y la restricción de libertades civiles (ConstitutionNet, 2025).

La respuesta gubernamental combinó el intento de diálogo con el uso de la fuerza. El 9 de octubre, Rajoelina disolvió el gabinete y destituyó al primer ministro, pero rechazó las demandas de renuncia. La represión por las fuerzas de seguridad causó, al menos, 22 muertos y más de 100 heridos, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cifras que el gobierno disputó (African Arguments, 2025).

La defección militar y

la toma del poder

El Cuerpo de Administración de Personal y Servicios Administrativos y Técnicos (CAPSAT) ocupa un lugar central en la comprensión del golpe de Estado de 2025. Esta unidad de élite de las fuerzas armadas malgaches ha funcionado históricamente como un actor de peso en las transiciones políticas del país. En 2009, fue el CAPSAT quien proporcionó el respaldo militar que permitió a Rajoelina desplazar a Marc Ravalomanana. Su neutralidad o defección ante el poder de turno resultó, en ambas ocasiones, el factor determinante que inclinó la balanza hacia el cambio de gobierno.

El momento decisivo de la crisis ocurrió el 11 de octubre de 2025, cuando el CAPSAT, la misma unidad de élite que en 2009 había respaldado la ascensión de Rajoelina, anunció su negativa a obedecer órdenes de reprimir las manifestaciones y se alineó con los protestantes en la Plaza del Trece de Mayo de Antananarivo (Majalla, 2025). El comandante de la unidad, coronel Michael Randrianirina, exigió la renuncia del presidente y asumió el control de las fuerzas armadas, al tiempo que suspendió la Constitución y declaró una toma militar que inicialmente contemplaba un período de transición de 18 meses.

La fuga de Rajoelina el 12 de octubre marcó el colapso del gobierno. El presidente abandonó el país a bordo de una aeronave militar francesa desde la isla de Sainte Marie, en un aparente arreglo diplomático coordinado por París para evitar derramamiento de sangre (ISS Africa, 2026). Desde un lugar no revelado, Rajoelina denunció un supuesto intento de asesinato y reivindicó su legitimidad, mientras la Asamblea Nacional procedía a su destitución por abandono de cargo.

La Alta Corte Constitucional, lejos de declarar la vacancia presidencial en favor del presidente del Senado según establecía la Constitución, optó por otra vía institucional. El presidente del Senado, general Richard Ravalomanana, aliado de Rajoelina, fue declarado no disponible por la propia Cámara, que argumentó responder a las aspiraciones del pueblo malgache por estabilidad y gobernanza transparente (ISS Africa, 2026). La Corte utilizó este vacío institucional para “invitar” al coronel Randrianirina a ejercer las funciones de jefe de Estado, quien fue juramentado el 17 de octubre como presidente de la Refundación de la República de Madagascar, con un periodo de transición extendido entre 18 y 24 meses.

La nueva autoridad militar consolidó rápidamente el poder, mediante una serie de decisiones que generaron desconfianza entre los propios sectores que habían respaldado la caída de Rajoelina. El nombramiento de un primer ministro vinculado a figuras del antiguo gobierno y la posterior destitución del gabinete completo, sumados a una ola de arrestos dirigidos contra actores cercanos al gobierno anterior, alimentaron temores de que la justicia estuviera siendo instrumentalizada para fines de venganza política (African Arguments, 2025). El 25 de octubre, el nuevo gobierno emitió un decreto revocando la nacionalidad malgache de Rajoelina, tomando como base su ciudadanía francesa, y lo inhabilitó para futuras contiendas electorales (Radio Francia Internacional, 2025).

Respuestas internacionales y dilemas de la transición

La comunidad internacional respondió de manera fragmentada ante los eventos en Madagascar. La Unión Africana, a través de su Consejo de Paz y Seguridad, emitió comunicados de emergencia los días 13 y 15 de octubre de 2025, en el que condenó enérgicamente la toma de poder militar como un cambio inconstitucional de gobierno y suspendió inmediatamente a Madagascar de todos los órganos e instituciones del bloque, hasta el restablecimiento del orden constitucional (Union Africana, 2025a). El Consejo exigió, además, el retorno a un gobierno de transición liderado por civiles y la organización de elecciones libres, justas y transparentes, advirtiendo con sanciones dirigidas contra los actores involucrados si persistía la interferencia militar.

Por el contrario, la Comunidad de Desarrollo de África Austral (CDAA) optó por no suspender a Madagascar, argumentando que el traspaso de poder había sido formalizado por la Alta Corte Constitucional y no constituía un golpe de Estado en los términos estrictos de su jurisprudencia (ISS Africa, 2026). Esta divergencia entre organizaciones regionales, refleja la ausencia de consenso continental sobre cómo calificar situaciones donde la manipulación judicial, proporciona una apariencia de legalidad a rupturas constitucionales. La CDAA convocó una cumbre virtual en diciembre de 2025, donde instó a Randrianirina a iniciar un diálogo nacional inclusivo y presentar un plan de transición hacia elecciones presidenciales en 2027.

La transición ha asumido una orientación geopolítica compleja. El nuevo gobierno ha mantenido una política de apertura hacia diversos socios, viendo un primer acercamiento a la Federación Rusa, cuyo embajador fue el primer representante diplomático en reunirse con Randrianirina tras su investidura (Amaniafrica, 2026). Simultáneamente, el gobierno francés coordinó la salida de Rajoelina y posteriormente estableció un diálogo de cooperación con las nuevas autoridades, lo que revela la permanencia de intereses geopolíticos tradicionales en el Canal de Mozambique.

conclusiones

El golpe de estado ocurrido en Madagascar en octubre de 2025 constituye un evento político cuya comprensión requiere el análisis de factores estructurales, institucionales y coyunturales que convergieron de manera singular. Los resultados de esta investigación permiten identificar, al menos, cinco elementos fundamentales: una crisis institucional originada por la doble nacionalidad del presidente; las condiciones de pobreza y desigualdad estructural que afectan a la mayoría de la población; el colapso del suministro de servicios públicos básicos que funcionó como catalizador inmediato de la movilización; la articulación de una protesta juvenil descentralizada y potenciada a través de las redes sociales; y la defección del CAPSAT, unidad militar de élite, que se sumó a la presión popular para ejecutar la transición.

Este acontecimiento no es solamente una acción militar autónoma, ni una revuelta espontánea sin consecuencias institucionales. Se trata de un caso de colapso de gobernanza en el que la insatisfacción de las clases sociales más empobrecidas se articuló con el mando militar y el ámbito judicial, para promover un cambio de gobierno. La participación de la misma unidad militar —el CAPSAT— y la misma Corte Constitucional en los procesos de 2009 y 2025, evidencia los arreglos institucionales informales que trascienden administraciones particulares, y que constituyen una constante en la “armazón estructural” de la política malgache.

Desde una perspectiva comparada, el golpe de 2025 se inserta en la cadena de rupturas constitucionales que ha afectado al continente africano en los últimos años, con casos similares en Mali (2020 y 2021), Guinea (2021), Burkina Faso (2022), Níger (2023) y Gabón (2023). Al igual que en estos precedentes, el golpe de Madagascar comparte elementos como el descrédito de la clase política gobernante, el protagonismo de unidades militares de élite y la invocación de la voluntad popular como legitimación del cambio de gobierno. Sin embargo, se distingue por el papel inédito que jugó la movilización juvenil, organizada a través de redes sociales, lo que le otorga un carácter híbrido entre revuelta popular y golpe institucional. Esta característica ha llevado a algunos analistas a denominarlo una “coupvolution” (ISS Africa, 2026), concepto que captura la intersección entre insurrección civil y acción militar.

El papel de la Generación Z en este proceso, merece una reflexión específica. Su dependencia de las nuevas tecnologías como herramientas de organización política, no sólo aceleró la coordinación de las protestas, sino que también dotó al movimiento de una visibilidad internacional que condicionó las respuestas de los actores externos. La horizontalidad de la movilización, articulada sin líderes claros ni estructuras partidarias, representa una forma emergente de acción política, que contrasta con los patrones tradicionales de oposición malgache y que podría, de cierta manera, replantear las formas de movilización popular en África subsahariana en años venideros.

En términos de continuidad histórica, el golpe de 2025 no representa una ruptura con el historial de inestabilidad de Madagascar, sino su continuidad bajo nuevas formas. La recurrencia del CAPSAT como actor decisivo en las transiciones políticas, la instrumentalización de la Alta Corte Constitucional y la persistencia de condiciones de pobreza estructural, sugieren que el problema de fondo no reside en la persona del presidente de turno, sino en las debilidades sistémicas del Estado malgache. Que hayan sido las clases sociales más empobrecidas las que encabezaran la movilización, indica que el umbral de tolerancia ante la privación material y la corrupción ha alcanzado un punto crítico que los mecanismos institucionales existentes son incapaces de procesar.

La consolidación de un orden constitucional estable en Madagascar, dependerá, en última instancia, de la capacidad de la transición de llevar a cabo reformas estructurales de rendición de cuentas, distribución equitativa de recursos y fortalecimiento de la independencia judicial. Sin estas condiciones, el ciclo de inestabilidad que caracteriza la política malgache desde 1972, tiene altas probabilidades de repetirse.

Referencias bibliográficas

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notas

El Índice de Transformación de Bertelsmann es un instrumento de medición comparativa elaborado por la Fundación Bertelsmann de Alemania. Evalúa el estado de la transformación política y económica en países en desarrollo y en transición, así como la calidad de la gobernanza. El BTI analiza más de 130 países a partir de criterios como el estado de derecho, la participación democrática, el desempeño económico y la gestión del gobierno (Bertelsmann Transformations Index [BTI], 2026)
La Generación Z (también conocida como Gen Z, iGen o posmileniales) hace referencia a la cohorte demográfica nacida aproximadamente entre 1997 y 2012 (QuestionPro, 2026). En Madagascar, este grupo representa la mayoría de la población joven urbana. A nivel global, la Gen Z se caracteriza por haber crecido en un entorno de plena digitalización, con acceso nativo a internet y redes sociales, lo que ha moldeado sus formas de organización política y social, privilegiando la acción horizontal, descentralizada y mediada por plataformas

resumen

Este artículo identifica los factores determinantes que condujeron al golpe de estado ocurrido en Madagascar en octubre de 2025, el cual derrocó al presidente Andry Rajoelina e instauró un gobierno militar liderado por el coronel Michael Randrianirina. La crisis fue desencadenada por un conjunto de factores: condiciones de pobreza y desigualdad que afectan a aproximadamente el 80% de la población; una crisis de servicios públicos fundamentalmente en el suministro de electricidad y agua potable; la controversia sobre la doble nacionalidad del presidente que debilitó su legitimidad institucional; la erosión progresiva de la independencia judicial evidenciada en las decisiones de la Alta Corte Constitucional; y una movilización juvenil coordinada mediante redes sociales. El papel del Cuerpo de Administración de Personal y Servicios Administrativos y Técnicos (CAPSAT), unidad militar de élite, resultó decisivo: fue precisamente esta unidad la que, al negarse a reprimir las manifestaciones y alinearse con los protestantes, precipitó la caída del gobierno. Este suceso constituye un caso de colapso institucional en el contexto de la gobernanza africana frágil, donde la insatisfacción popular de las clases más empobrecidas, se articuló con el mando militar para un cambio de gobierno que pone de manifiesto la fragilidad de los mecanismos de rendición de cuentas en Estados con democracias precarias.

Palabras Clave: Madagascar, golpe de estado, crisis política, gobernanza, movilización social

ABSTRACT

This article identifies the determining factors that led to the coup d’état that occurred in Madagascar in October 2025, which overthrew President Andry Rajoelina and established a military government led by Colonel Michael Randrianirina. The crisis was triggered by a set of factors: poverty and inequality conditions affecting approximately 80% of the population; a public services crisis fundamentally in the supply of electricity and drinking water; the controversy over the president’s dual nationality that weakened his institutional legitimacy; the progressive erosion of judicial independence evidenced in the decisions of the High Constitutional Court; and a coordinated youth mobilization through social media. The role of the Personnel Administration and Administrative and Technical Services Corps (CAPSAT), an elite military unit, proved decisive: it was precisely this unit that, by refusing to suppress demonstrations and aligning with protesters, precipitated the fall of the government. This event constitutes a case of institutional collapse in the context of fragile African governance, where popular dissatisfaction among the most impoverished classes connected with military command to produce a change of government that highlights the fragility of accountability mechanisms in states with precarious democracies.

Keywords: : Madagascar, coup d’etat, political crisis, governance, social mobilization

Recibido: 1 de marzo de 2026

Conflicto de Intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.

Contribución de Autoría:

No aplica

Agradecimientos:

No aplica

Financiación:

No aplica

PrePrint:

No publicado

Aprobado: 30 de marzo de 2026

Derechos de Autor:

Cómo citar (APA, séptima edición):

Hernández González, B. (2026). Migración y apatridia: un acercamiento a sus dinámicas en Costa de Marfil. Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 7(3), 24-34.

resumen

La región de África occidental se caracteriza por los altos niveles de migración laboral y desplazamientos forzados. En este tema Costa de Marfil sobresale como uno de los mayores receptores de migrantes. Dicha tendencia está asociada a factores internos y externos a lo largo de los años. Igualmente, la nación posee un alto número de apátridas, lo que ha condicionado determinados modos de actuación del Estado marfileño en su política doméstica y su relación con el Derecho Internacional. Es posible afirmar que la migración es una de las causas de la apatridia en Costa de Marfil, unido al deficiente tratamiento dado en los marcos regulatorios. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la relación existente entre la migración y la apatridia en Costa de Marfil.

Palabras Clave: Costa de Marfil, apatridia, migración, Derecho Internacional, derecho interno.

ABSTRACT

The Wester Africa region is characterized by the high levels of laboral migration and forced displacement. In this context, Côte d’Ivoire stands out as one of the largest recipients of migrants. This trend is associated with various internal and external factors over the years. Likewise the country has a high number of stateless persons, which has conditioned certain action of the Ivorian state in its domestic policy and its relationship with the International Law. It´s possible to state that migration is one of the cause of statelessness in Côte d’Ivoire, coupled with the deficient treatment given in the regulatory framework.

Keywords: Côte d’Ivoire, statelessness, migration, International Law, domestic law.

introducción

La región de África occidental se caracteriza por los altos niveles de migración laboral y desplazamientos forzados (Oslen, 2011 citado por Teye, 2022). Al decir de Teye (2022): “La movilidad intrarregional es la tendencia dominante en el oeste africano”. Los flujos migratorios en la subregión se han orientado en varios sentidos: desde los países del Sahel hacia las zonas costeras, con destino a los polos económicos, como por ejemplo Nigeria, y desde los campos hacia las ciudades a lo interno de los países.

En naciones de la costa atlántica como Ghana, Senegal y Costa de Marfil se desarrolló la economía de plantación de cacao y café. Esto motivó que desde el inicio del colonialismo se incentivaran los movimientos de mano de obra entre los diferentes territorios. Los flujos migratorios en la región han motivado cambios notables en las dinámicas internas de los territorios y en las relaciones internacionales.

En este sentido destaca el caso de Costa de Marfil por su condición de mayor receptor de migrantes en África occidental y el segundo destino más importante para los migrantes internacionales del continente después de Sudáfrica. Asimismo, el país posee una de las poblaciones más numerosas de apátridas en el mundo.

El presente trabajo acepta el concepto de migración dado por la Organización Internacional de la Migraciones, que la cataloga como el “movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país” (Organización Internacional de las Migraciones, [OIM] 2015). Asume la definición de nacionalidad citada por Lepoutre y Riva (1998) como “derecho humano fundamental que establece el vínculo jurídico esencial entre el individuo y el Estado, en virtud del cual una persona es miembro de la comunidad política que un Estado constituye según el Derecho Interno y el Derecho Internacional” (p. 4).

2015). Asume la definición de nacionalidad citada por Lepoutre y Riva (1998) como “derecho humano fundamental que establece el vínculo jurídico esencial entre el individuo y el Estado, en virtud del cual una persona es miembro de la comunidad política que un Estado constituye según el Derecho Interno y el Derecho Internacional” (p. 4).

Asimismo, se compromete con la descripción de naturalización entendida como “cualquier forma de adquisición, después del nacimiento, de una nacionalidad que no se poseía antes y que requiera la presentación de una solicitud por la persona interesada o su representante legal, así como un acto de concesión de la nacionalidad por parte de una autoridad pública” (European Union Democracy Observatory on Citizenship, 2015). Además, toma la explicación de apátrida expresada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954: “se clasifica como apátrida a aquel individuo que no sea considerado como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación”.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la relación existente entre la migración y la apatridia en Costa de Marfil. Para ello se propone, entre otros aspectos, describir la situación socioeconómica de Costa de Marfil desde su independencia y evaluar el impacto de las acciones tomadas en el tratamiento de estos fenómenos en la nación.

desarrollo

Situación socioeconómica de Costa de Marfil

Costa de Marfil se fundó en 1893 como colonia francesa y en el año 1947 su región norte fue incorporada a Alto Volta (actual Burkina Faso). Alcanzó su independencia de Francia en 1960. En el mismo año se realizaron las primeras elecciones presidenciales en las que fue elegido Félix Hophouët-Boigny como primer presidente del país. La política del mandatario se caracterizó por el liberalismo económico, la atracción de la inversión extranjera y la colaboración económica con la antigua metrópoli. Esto permitió el despliegue de un plan de obras públicas y la modernización de la infraestructura del país. Una arista de notable atención en la política de Hophouët-Boigny fue el desarrollo agrario. En la década de 1960, Costa de Marfil se posicionó como el mayor productor de cacao en el mundo y uno de los principales exportadores de café.

En el periodo comprendido entre 1960 y 1965, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita creció entre el 11% y el 12% por año. Entre 1960 y 1978 el PIB se multiplicó por doce (Rochi, 2018). Este crecimiento económico fue conocido como el “milagro marfileño”, sostenido fundamentalmente en el avance de la producción de cacao y café.

Tras el desplome de los precios de ambos productos en el mercado internacional a principios de la década de 1980 se produjo una caída en los indicadores de la economía marfileña. La deriva económica generó tensiones políticas, así como el movimiento de personas hacia Burkina Faso y otros países de la región. La crisis económica hizo que cambiara la retórica política hacia los inmigrantes, ya que se les culpó de usurpar puestos de trabajo a los autóctonos y, en consecuencia, fueron objeto de ataques xenófobos (Traore y Torvikey, 2022).

Durante la presidencia de Konan Bédié (1993-1999) fue impulsada la política del “ivoirité”. Este concepto tenía el objetivo de definir la identidad cultural marfileña, lo que devino en una forma de discriminación hacia los migrantes y sus descendientes, principalmente los que residían en la región norte (García-Luengos, 2004).

Como consecuencia de esta política las personas descendientes de un solo padre marfileño carecían de derechos políticos. Este fue el caso de la exclusión de Alassane Ouattara1 en las elecciones presidenciales del año 2000. A raíz de estas posiciones discriminatorias las insurgencias norteñas agrupadas en las Fuerzas Nuevas de Costa de Marfil lanzaron una ofensiva contra el gobierno de Laurent Gbagbo en 2022.

Al enfrentamiento entre los partidarios del gobierno y las insurgencias norteñas se le conoció como la primera guerra civil marfileña. Finalizó en 2007 con la firma del Acuerdo de Ouagadougou. Con este acto se restableció la autoridad estatal en todo el territorio nacional mediante el redespliegue de la administración pública. Asimismo se comprometieron a celebrar nuevas elecciones que finalmente se retrasaron hasta 2010 (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2007).

Los resultados en estos comicios fueron el detonante de un segundo conflicto en Costa de Marfil. En las elecciones de 2010 la Comisión Electoral declaró como vencedor a Alassane Ouattara, sin embargo, el Consejo Constitucional anuló el resultado,y reconoció como ganador al presidente Laurent Gbagbo. La autoproclamación de cada candidato como ganador desencadenó el enfrentamiento entre sus seguidores en el norte y sur del país. Ouattara lideró a las tropas del norte y contó con el apoyo de Francia y de fuerzas de las naciones Unidas. Las beligerancias terminaron con la captura de Gbagbo en abril de 2011 y la victoria de Ouattara, desde entonces presidente de Costa de Marfil (The Washington Post, 2011).

Finalizadas las beligerancias en 2012, la nación comenzó a experimentar el conocido como “segundo milagro marfileño”. Entre 2012 y 2019 la economía reportó un crecimiento promedio del 8.2%, mientras que en medio de la pandemia de COVID-19 tuvo una tasa del 2% (Banco Mundial, 2024).

En 2021, el país recuperó su trayectoria de alto crecimiento, posicionándose como una de las economías más dinámicas de África subsahariana. Entre sus principales renglones económicos se encuentran el petróleo, el café y el cacao. En 2025 reportó una tasa de crecimiento económico de 6.3% y un déficit fiscal en reducción progresiva (Africa Trade News, 2026). Este país se ha convertido en un centro económico regional y polo importante de la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO)2.

Dinámicas de la migración y la apatridia en Costa de Marfil

La necesidad de satisfacer la demanda de mano de obra para las plantaciones de café y cacao condicionó la política migratoria marfileña desde 1960. El beneplácito gubernamental para dicho fin se unía a la relativa estabilidad del país (interrumpida por periodos de beligerancias internas) para favorecer el flujo de migrantes.

El gobierno de Hophouët-Boigny estimuló la llegada de trabajadores procedentes de territorios colindantes al país, fundamentalmente de Alto Volta y Malí. El arribo de los migrantes hacia las plantaciones fue incentivado por la entrega de tierras hecha por el gobierno a quienes las trabajaban, la concesión de ciudadanía y del derecho al voto. También en la década de 1960 Costa de Marfil estableció acuerdos migratorios con Alto Volta en materia de migración laboral.

Tras el desplome de los precios del café y el cacao en el mercado internacional a principios de la década de 1980 se produjo una caída en los indicadores de la economía marfileña. La deriva económica unida a la política de la “ivoirité” generó tensiones políticas y aceleró la disminución de la tasa neta de migración hacia el país. Asimismo se incentivó un importante movimiento de retorno hacia Burkina Faso y otros países de la región. La crisis económica también causó cambios en las percepciones hacia los inmigrantes, ya que se les culpó de usurpar puestos de trabajo a los autóctonos y, en consecuencia, fueron objeto de ataques xenófobos. De igual manera se abolió su derecho a votar y se introdujo el permiso de residencia. En esta etapa a los migrantes se les denegó el acceso a empleos públicos en favor de los nacionales (Traore y Torvikey, 2022).

Las políticas migratorias marfileñas en los años 2000 se han enfocado en la regulación de la entrada y permanencia de los migrantes en el territorio nacional, fundamentalmente los migrantes laborales. Los flujos migratorios disminuyeron en los contextos de crisis internas de 2002 y 2011 pero aumentaron con el inicio del “segundo milagro”. En el siglo XXI la agricultura mantiene su rol de gran contratante en Costa de Marfil. Este sector empleó al 50.4% de los migrantes en 2008 y al 47.4% de los en 2014 (Taore y Torvikey, 2020).

Se estima que en 2020 el 34% de los migrantes africanos vivía en Costa de Marfil (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2020). En 2024 la cifra se situaba en 2 millones 811 mil 282 personas, lo que representa un 8.8% de la población. Los principales países de procedencia de los migrantes hacia este país son Burkina (1.820.882), Malí (400.646) y Guinea (111. 634) (Population Pyramid, 2026). Entre las causas de la migración se encuentran la búsqueda de empleos en la agricultura y otros sectores, la reunificación familiar y la educación (Afrobarómetro, 2018).

Asimismo, la ocurrencia de acontecimientos en la región ha incrementado los flujos migratorios. En este sentido sobresalen el aumento de la violencia y las situaciones de inseguridad en el Sahel, específicamente en los países de emigración histórica hacia Costa de Marfil. Ejemplo de esto son los golpes de Estado ocurridos en Malí en el año 2020 y 2021, así como los que tuvieron lugar en este mismo año en Guinea y Burkina Faso.

Antes de 2020, la cifra de guineanos en Costa de Marfil era de 112 mil 571 mientras que 400 mil 977 migrantes provenían de Malí (Population Pyramid, 2026). Para 2023 se reportaba un aumento en la cantidad de personas en el corredor migratorio. En el caso de la ruta Guinea-Costa de Marfil se contabilizaba en 176 mil 516. En cuanto al corredor Malí-Costa de Marfil la cifra se situaba en 522 mil 146 personas (Portal de Datos sobre Migración, 2023).

La apatridia, una asignatura pendiente

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), esta problemática es poco conocida y menos abordada en la comunidad internacional respecto a otros temas como la migración. Las personas llegan a ser apátridas por diversas razones, entre ellas la sucesión de Estados, la privación arbitraria de la nacionalidad a individuos o grupos por parte del gobierno, los conflictos de leyes, la renuncia personal de una nacionalidad sin antes haber adquirido otra y el hecho de ser descendiente de padres apátridas.

La apatridia supone un impedimento para el acceso a los derechos universales. Es decir, la ausencia de una nacionalidad supone una vulnerabilidad para el desarrollo de los individuos. Al no ser considerado nacional suyo por ningún Estado, estas personas carecen de los derechos a servicios básicos y a garantías legales.

En el caso de Costa de Marfil, la aparición de este fenómeno ha estado motivada por los escasos mecanismos de identificación de las personas migrantes y sobre todo, por los problemas relacionados con los procedimientos administrativos para el otorgamiento de la nacionalidad en los supuestos de conflictos de leyes entre Estados.

La aparición y el aumento en el número de apátridas fueron provocados por la política de exclusión desarrollada por Costa de Marfil en la década de 1990. La legislación nacional estableció plenos derechos solo a los nacidos de ambos padres marfileños, lo que disminuyó las posibilidades de adquisición de la ciudadanía marfileña a los migrantes y sus descendientes, así como el libre ejercicio de sus derechos. Esto fomentó la división social, principalmente entre el norte y el sur, lo que se demostró en las guerras civiles marfileñas. Otra causante de la apatridia en Costa de Marfil es la alteración automática de la nacionalidad en caso de matrimonio. De igual manera se considera también como causante de este fenómeno el incumplimiento con el proceso de registro de los niños en el momento de su nacimiento o llegada al país.

En esta nación africana son catalogados como apátridas los menores de edad abandonados de los cuales no se conocen a sus padres y su documentación de nacimiento no está registrada. También se clasifica como tal a los llegados de países limítrofes que arribaron solos o con sus padres, antes o después de la independencia y no definieron su nacionalidad de acuerdo con la modificación de la ley de 7 ciudadanía de 1973 (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2015).

Según cifras aportadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el número de decretos de naturalización posterior a noviembre de 1962 hasta el 30 de noviembre de 2020 no excede los 10 mil. De hecho, entre los años 2000 y 2019 solo fueron firmados 1.073 procesos de naturalización (Diaha-Yao, 2021).

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado en 2015 se estimaban 750 mil apátridas en Costa de Marfil mientras que en 2025 se contabilizaban 930 mil 958 (ACNUR, 2026). No obstante, las cifras son variables si se toma en cuenta la intensidad de los flujos migratorios históricos y la movilidad entre Costa de Marfil y los países colindantes.

Tratamiento a la migración y la apatridia en Costa de Marfil

Los altos índices de migración y apatridia en Costa de Marfil han motivado la ejecución de varias acciones. Esto expresa la voluntad gubernamental de regular los flujos migratorios y las cuestiones referentes a la adquisición de la nacionalidad de acuerdo con los parámetros internacionales y las peculiaridades nacionales.

Un primer elemento es la incorporación de Costa de Marfil a varios mecanismos del Derecho Internacional. En este sentido, desde el año 2000, la nación forma parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La membresía en dicha institución constituye un apoyo a los esfuerzos nacionales encaminados al tratamiento del tema migratorio y el impacto que tiene en las dinámicas socioeconómicas del país. Entre las áreas de interés común entre el Estado marfileño y la OIM se incluyen el retorno voluntario de migrantes, la gestión de las fronteras, la lucha contra la trata de personas y la explotación, la promoción de la migración laboral, la participación de la diáspora y la facilitación de las vías de migración regular (OIM, 2025).

Costa de Marfil es signataria de varios tratados internacionales en materia de migración. En primer lugar, en 1961 firmó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de Ginebra) de 1951. Esta normativa define quién es un refugiado y los modos de actuación de los Estados hacia ellos. De igual manera explica los derechos fundamentales de estas personas, entre ellos el derecho de movimiento, a la educación, la posibilidad de trabajar y la libertad de religión (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951).

El país africano es signatario de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990. Este tratado tiene como objetivo proteger a estos individuos de la explotación y las violaciones de sus derechos fundamentales. (Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 1990).

La alta tasa de migración en África occidental hace necesaria la cooperación internacional entre los países de la subregión debido a su influencia en las dinámicas socioeconómicas. A partir de esto, Costa de Marfil es parte de la Convención Africana para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos en África (Convención de Kampala) de 2009. Además, como Estado miembro de la CEDEAO, la nación marfileña es firmante de instrumentos regionales sobre la libre circulación.

La adhesión a estos y otros convenios internacionales es de vital importancia a partir de la situación de Costa de Marfil. Dichos tratados establecen un marco legal para garantizar la protección y asistencia a los migrantes a partir del trabajo mancomunado de varios actores. Esto se fundamenta en la necesidad de cooperación internacional en el tratamiento de la migración como un asunto común y no exclusivo de un determinado Estado.

Con respecto a la apatridia, en 2013 Costa de Marfil se adhirió a los principales mecanismos internacionales sobre este fenómeno. El primero de ellos es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. Este documento establece un marco para la protección internacional de las personas apátridas y es el instrumento más completo de los derechos de este grupo (Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, 1954). También en el 2013 firmó la Convención de las Naciones Unidas para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Dicha normativa está diseñada para prevenir el surgimiento de casos de personas con esta condición, estableciendo procedimientos a seguir por los Estados Partes en este sentido y contiene disposiciones para mejorar la situación de las personas apátridas (Convención de las Naciones Unidas para Reducir los Casos de Apatridia, 1961).

La adhesión a convenios internacionales no es suficiente en el tratamiento de temas complejos como la migración y la apatridia. En este sentido, cobra importancia el proceso de incorporación de los tratados internacionales al derecho interno. Esto se basa en el hecho de ser la jurisdicción nacional la que regula la vinculación del Estado con los migrantes y apátridas como “aplicación del principio de soberanía estatal” (Salas, 2024).

El primero de los ejemplos es la constitución nacional, reformada en 2016. En su artículo 4 establece la igualdad de derechos de todos los marfileños y en el artículo 5 la prohibición de la trata de personas, la esclavitud y los tratos degradantes (Constitución de Costa de Marfil, 2016). La Carta Magna introdujo importantes derechos para la diáspora como la representación en el Senado y el derecho de los ciudadanos hijos de un solo padre marfileño a ser elegible para la presidencia (International Center for Migration Policy Development, 2020). Estas decisiones constituyen un avance positivo al establecer canales para la visibilidad y canalización de las posiciones y reclamos de dos sectores vitales de la sociedad marfileña como son los migrantes y sus residentes en el exterior. De igual modo las legislaciones buscan cerrar brechas sociales persistentes en la sociedad marfileña Costa de Marfil.

Con el objetivo de cumplir sus compromisos internacionales y de regular la situación migratoria de acuerdo a las características de África occidental, en el año 2007 se estableció la Orden No. 2007-604. La normativa estableció que los extranjeros que fueran nacionales de países miembros de la

CEDEAO que residieran en Costa de Marfil deberían poseer los documentos de identidad de sus respectivos países y no permisos de residencia (Traore y Torvikey, 2022).

Otros instrumentos jurídicos que abordan lo referente al tema de la migración en Costa de Marfil son la Ley No. 90-437 de 29 de mayo de 1990 sobre la entrada de extranjeros, la Ley No. 2016-1111 contra la trata de personas y la Ley No. 2018-571 para combatir el tráfico ilícito de migrantes (Scalabrini Institute for Human Mobility in Africa, 2025). Estos cuerpos legales rigen los esfuerzos en materia de movilidad fronteriza, estableciendo los requisitos necesarios para la entrada al país y las competencias de las autoridades en este tema.

Entre las alternativas encaminadas a la reducción de la apatridia, el Código de Nacionalidad establece en su artículo 27 que la nacionalidad marfileña puede ser adquirida a través de matrimonio, naturalización, adopción y declaración de acuerdo con la ley de Adquisición de la Nacionalidad por Declaración de 2013 (Diaha-Yao, 2021). Unido a esto en 2020 el Estado marfileño adoptó el primer procedimiento de determinación de la apatridia en África. El reconocimiento formal de esta condición allana el camino para que las personas en dicha situación reciban documentos de identidad, se matriculen en la escuela, accedan a servicios de salud, busquen empleo legal y compren tierras (ACNUR, 2020).

La existencia de varios instrumentos normativos no ha resuelto las problemáticas asociadas a la migración y la apatridia en Costa de Marfil. Varios factores han limitado el alcance de las políticas gubernamentales y han asegurado la continuad de ambos fenómenos. Entre estos elementos se deben considerar la carencia de infraestructuras para garantizar el acceso a servicios básicos en las regiones más impactadas (OIM, 2025) y las escasas tecnologías biométricas para asegurar los controles fronterizos y agilizar los procesos de identificación de personas. Un tercer elemento es la falta articulación de esfuerzos internacionales para el tratamiento de estos fenómenos, agravada por conflictos a lo interno de organismo regionales como la CEDEAO3. La falta de tratamiento de este tema por las partes implicadas puede influir en un aumento de la migración irregular ante las restricciones a la movilidad que pudieran establecerse (Es África, 2024).

conclusiones

La política favorable hacia la migración ha sido un elemento esencial en las diferentes etapas de la historia de Costa de Marfil. Esto se debe a su papel como principal fuente de mano de obra para el desarrollo de la agricultura en su calidad de actividad económica fundamental. La llegada de un amplio número de migrantes al país motivó la necesidad de normativas sobre la adquisición de la nacionalidad, que no siempre cubrían las necesidades reales de la población y conducía a la aparición de casos de apatridia. Por tanto, es posible afirmar que este fenómeno en Costa de Marfil es dependiente de la migración y de las características del ordenamiento jurídico nacional.

La situación económica de Costa de Marfil, su relativa estabilidad política y la escalada de la violencia en los países colindantes la posicionan como un destino idóneo para los migrantes. A partir de este panorama resulta necesaria la cooperación internacional y la ejecución efectiva de políticas mancomunadas sobre la base de considerar la migración como un tema transversal al desarrollo socioeconómico de la región.

Costa de Marfil ha demostrado su voluntad política de abordar las situaciones derivadas de la migración y la apatridia al adherirse a los tratados internacionales, estipular leyes nacionales y trabajar conjuntamente con organismos multilaterales. Sin embargo, el alcance de las medidas no es suficiente debido a factores internos y externos que acentúan la continuidad de ambos fenómenos. Las reformas legales constituyen un paso de avance, pero la realidad marfileña exige la eficacia de acciones prácticas.

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notas

Economista y político que ejerció como primer ministro en el gobierno de Konan Bédié entre 1990 y 1993. Posteriormente ejerció como director general adjunto del Fondo Monetario Internacional.
La CEDEAO es un grupo regional de doce países de África occidental. Fue fundada en 1975 con la firma del Tratado de Lagos. Entre sus principales objetivos se encuentra su actuación como fuerza de mantenimiento de la paz y el desarrollo en la región.
En enero de 2025 Burkina Faso, Malí y Níger se separaron de la CEDEAO. Sin embargo, la organización exigió el reconocimiento de los pasaportes , documentos de identidad y del derecho de sus ciudadanos a la libre circulación conforme a los acuerdos regionales, hasta que los Estados miembros determinen otras acciones (Swissinfo, 2025)

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Alejandrina Barrietos, C. (2026). La diplomacia cultural de Corea del Sur en Cuba: el papel del Sejong Hakdang. Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 7(3). 35-42..

resumen

En las últimas décadas, Corea del Sur ha consolidado una estrategia de proyección internacional basada en el uso de la cultura como recurso diplomático, articulando el idioma, las expresiones artísticas y los intercambios educativos como instrumentos de soft power. En este contexto, los Institutos Sejong han emergido como actores relevantes en la difusión de la lengua y la cultura coreanas a nivel global. El presente artículo analiza el papel del Sejong Hakdang de La Habana como espacio de diplomacia cultural y de intercambio intercultural entre Corea del Sur y Cuba. A partir de un enfoque cualitativo basado en el estudio de caso, se examina cómo el aprendizaje del idioma coreano y la participación en actividades culturales contribuyen a la construcción de percepciones más profundas sobre la sociedad coreana y al fortalecimiento de vínculos culturales entre ambas naciones. Asimismo, se analiza el contexto del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y la República de Corea en febrero de 2024, proceso que otorga una nueva relevancia a los mecanismos de acercamiento cultural existentes. El estudio sostiene que espacios educativos y culturales como el Sejong Hakdang contribuyen a la formación de capital humano con competencias lingüísticas e interculturales que pueden facilitar futuras formas de cooperación académica, cultural y económica entre ambos países.

Palabras Clave: diplomacia cultural; soft power; Sejong Hakdang; Corea del Sur; Cuba.

ABSTRACT

In recent decades, South Korea has consolidated an international projection strategy based on the use of culture as a diplomatic resource, articulating language, artistic expressions and educational exchanges as instruments of soft power. In this context, the King Sejong Institutes have emerged as key actors in the global dissemination of Korean language and culture. This article analyzes the role of the Sejong Hakdang of Havana as a space for cultural diplomacy and intercultural exchange between South Korea and Cuba. Using a qualitative case study approach, it examines how learning the Korean language and participating in cultural activities contribute to building deeper perceptions of Korean society and strengthening cultural ties between both nations. The article also considers the establishment of diplomatic relations between Cuba and the Republic of Korea in February 2024, a development that gives renewed significance to existing mechanisms of cultural rapprochement. It argues that educational spaces such as the Sejong Hakdang contribute to the formation of human capital with linguistic and intercultural competencies that could support future academic, cultural and economic cooperation.

Keywords: cultural diplomacy; soft power; Sejong Hakdang; South Korea; Cuba.

introducción

En el escenario contemporáneo de las relaciones internacionales, la cultura ha adquirido un lugar cada vez más relevante como herramienta de proyección exterior y de construcción de influencia simbólica. Más allá de los tradicionales instrumentos de poder político o económico, numerosos Estados han reconocido el valor estratégico de los recursos culturales para generar afinidad, legitimidad y cercanía con otras sociedades. Corea del Sur constituye un ejemplo paradigmático de esta tendencia. Durante las últimas décadas, el país ha desarrollado una política de diplomacia cultural que articula la difusión del idioma coreano y la promoción de intercambios educativos como pilares fundamentales de su estrategia de soft power (Nye, 2004; Mark, 2010; Ministry of Culture, Sports and Tourism, 2018).

En América Latina, y particularmente en Cuba, este proceso ha encontrado un terreno propicio gracias al creciente interés por Corea del Sur. Dicho interés se manifiesta no solo a través del consumo de productos culturales globalizados, sino también mediante el estudio sistemático del idioma coreano y la participación en espacios institucionalizados de intercambio cultural. En este contexto, el Sejong Hakdang de La Habana emerge como un actor relevante en la mediación entre ambos países. A través de la enseñanza del idioma y la organización de diversas actividades, este espacio contribuye a generar un acercamiento más profundo entre las dos naciones (González, 2021; King Sejong Institute Foundation, 2020).

El objetivo de este artículo es analizar el papel del Sejong Hakdang de La Habana como instrumento de diplomacia cultural, examinando cómo el aprendizaje del idioma coreano y la participación en actividades culturales contribuyen a la construcción de una comprensión más completa de Corea del Sur y al fortalecimiento de los vínculos entre Cuba y el país asiático (González, 2021).

desarrollo

Soft power y diplomacia cultural

El concepto de soft power, desarrollado por Joseph S. Nye (2004), se refiere a la capacidad de un Estado para influir en otros a través de la atracción y la persuasión, en lugar de la coerción o la imposición. Este tipo de poder se sustenta en recursos intangibles como la cultura, los valores políticos y la legitimidad de la política exterior. En este sentido, la diplomacia cultural constituye una de las expresiones más visibles del soft power, al utilizar la cultura como medio para fomentar el entendimiento mutuo y mejorar la imagen internacional de un país (Nye, 2004; Nye, 2011; Mark, 2010)

La diplomacia cultural no se limita a la difusión unilateral de productos culturales, sino que implica procesos de intercambio, diálogo y aprendizaje mutuo. A través de instituciones educativas, centros culturales y programas de intercambio, los Estados buscan generar espacios de contacto directo entre sociedades, con lo que se promueve una comprensión más compleja y menos estereotipada del “otro” (Mark, 2010).

En el caso de Corea del Sur, esta estrategia ha sido particularmente efectiva al combinar la proyección global de sus industrias culturales con iniciativas institucionales orientadas a la enseñanza del idioma y al intercambio académico (Kim, 2013). Los Institutos Sejong se inscriben en esta lógica como plataformas de diplomacia cultural que trascienden la enseñanza lingüística, funcionando como espacios de socialización cultural, transmisión de valores y construcción de vínculos simbólicos duraderos (King Sejong Institute Foundation, 2020).

La política cultural de Corea del Sur y los Institutos Sejong

Desde finales del siglo XX, Corea del Sur ha implementado políticas sistemáticas orientadas a promover su identidad y su idioma en el exterior. Estas iniciativas responden al reconocimiento del potencial de la cultura como herramienta de posicionamiento internacional (Ministry of Culture, Sports and Tourism [MCST], 2018). En este contexto se crearon los Institutos King Sejong, una red global de centros educativos dedicados a la enseñanza del idioma coreano y a la difusión de la cultura del país. Estas fundaciones funcionan bajo la coordinación de la King Sejong Institte Foundation (KSIF), organismo encargado de promover la expansión internacional de este idioma y de apoyar las actividades educativas y culturales desarrolladas por cada sede (King Sejong Institute Foundation, 2020).

La expansión internacional de dichos centros refleja el interés del gobierno surcoreano por fortalecer la presencia global de su lengua y su tradición. En la actualidad, la red de Institutos Sejong se encuentra presente en decenas de países y continúa ampliándose como parte de la política cultural exterior de Corea del Sur. Este proceso evidencia el creciente interés internacional por el aprendizaje del idioma coreano y por el acceso a la cultura de esa nación (King Sejong Institute Foundation, 2020; Kim, 2013).

El Sejong Hakdang de La Habana y su desarrollo institucional

El Sejong Hakdang de La Habana constituye una de las iniciativas más recientes vinculadas a la difusión del idioma coreano en el Caribe. Su desarrollo responde tanto a la estrategia global de Corea del Sur de expandir su presencia cultural como al creciente interés de estudiantes cubanos por la lengua y la cultura coreanas (King Sejong Institute Foundation, 2020; González, 2021). Aunque el proceso de institucionalización de la academia en Cuba aún se encuentra en consolidación, su actividad ha contribuido a crear un espacio académico y cultural dedicado al aprendizaje del idioma coreano (Embajada de Corea en Cuba, 2024) .

En los últimos años se ha observado un incremento sostenido del interés de estudiantes cubanos por estudiar esta lengua, fenómeno asociado tanto a la creciente visibilidad global de la imagen coreana como al interés académico por comprender mejor la historia, la sociedad y el desarrollo económico de Corea del Sur (Kim, 2013; González, 2021). Desde su funcionamiento en La Habana, el instituto ha promovido diversas iniciativas educativas y culturales orientadas a fortalecer el intercambio entre ambas sociedades. Entre ellas se incluyen cursos de idioma coreano, talleres culturales y actividades académicas que permiten a los estudiantes aproximarse de manera más directa a diferentes aspectos de la cultura coreana (Embajada de Corea en Cuba, 2024).

Actividades culturales y acercamiento intercultural

La diplomacia cultural se materializa en el Sejong Hakdang de La Habana a través de diversas actividades que complementan la enseñanza del idioma coreano. Entre ellas se encuentran la celebración del Día del Hangeul¹, talleres sobre tradiciones coreanas, concursos de oratoria en dicho idioma, proyecciones de cine, presentaciones de libros y encuentros académicos. En este último se incluyen conferencias sobre historia y literatura coreana, presentaciones artísticas y talleres de música y danza (King Sejong Institute Foundation, 2020; Embajada de Corea en Cuba, 2024).

En este sentido, algunos eventos académicos y culturales organizados por el instituto han permitido fortalecer la interacción entre estudiantes cubanos interesados en la cultura coreana. Un ejemplo significativo es el Concurso de Oratoria Habana Sejong Hakdang, actividad en la que los participantes presentan discursos en idioma coreano y cuyo ganador puede representar al instituto en Corea del Sur (Embajada de Corea en Cuba, 2024) . Este tipo de iniciativas no solo incentiva el aprendizaje del idioma, sino que también promueve la participación de estudiantes cubanos en espacios internacionales de intercambio cultural.

Asimismo, el instituto desarrolla actividades vinculadas a festividades tradicionales coreanas como Chuseok² y Seollal³, que permiten a los estudiantes conocer tradiciones asociadas a la historia y la cultura del país asiático (King Sejong Institute Foundation, 2020) . Estas celebraciones incluyen presentaciones culturales, intercambios académicos y actividades educativas que contribuyen a fortalecer el conocimiento mutuo entre ambas sociedades. De igual manera, el desarrollo de eventos culturales relacionados con el fenómeno global del Hallyu4 ha contribuido a ampliar el alcance de estos intercambios (Kim, 2013; Prensa Latina, 2024). Festivales culturales, talleres artísticos y encuentros entre comunidades interesadas en la cultura coreana han generado espacios de interacción entre jóvenes cubanos y representantes de instituciones culturales vinculadas a Corea del Sur.

Además de su dimensión cultural, estos espacios educativos pueden desempeñar un papel relevante en la promoción de oportunidades académicas internacionales. En varios países, los Institutos Sejong han funcionado como plataformas de preparación lingüística para estudiantes interesados en acceder a programas de intercambio académico o becas de estudio en Corea del Sur, lo que amplía las posibilidades de cooperación educativa entre ese país y diferentes regiones del mundo (Rodríguez, 2022).

Relaciones Cuba-Corea y nuevas oportunidades de cooperación

El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y la República de Corea en febrero de 2024 otorgó una nueva dimensión política a los procesos de acercamiento cultural entre ambos países (Gobierno de la República de Cuba – Ministerio de Relaciones Exteriores, 2024; Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea, 2024). Durante más de seis décadas, la ausencia de relaciones diplomáticas formales limitó la cooperación institucional, por lo que los intercambios culturales se desarrollaban principalmente a través de iniciativas académicas, asociaciones culturales o eventos internacionales sin coordinación estatal directa (Chaguaceda, 2015; González Sáez, 2024). Con el establecimiento oficial de relaciones y la posterior apertura de embajadas en La Habana y Seúl, se han creado nuevas plataformas institucionales para promover la diplomacia cultural y el intercambio entre sociedades (Agencia EFE, 2025).

En este contexto, se han impulsado iniciativas como el K-Culture Festival Havana (2025), considerado el primer gran evento cultural surcoreano organizado oficialmente en Cuba (Embajada de Corea en Cuba, 2024; Prensa Latina, 2024) que incluyó actividades de cine, música, gastronomía y presentaciones culturales con la participación de instituciones cubanas como el Ministerio de Cultura, la Universidad de La Habana y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). Asimismo, se han promovido programas de intercambio juvenil como Korea-Cuba Dream Supporters5, que reunió a estudiantes universitarios de ambos países para fomentar el diálogo intercultural y el conocimiento mutuo (Embajada de Corea en Cuba, 2024).

Este tipo de iniciativas refleja cómo la institucionalización de las relaciones bilaterales ha permitido fortalecer y ampliar los intercambios culturales existentes, incorporando un mayor respaldo diplomático y estatal a las dinámicas de acercamiento entre ambos pueblos (Martínez, 2014; Rodríguez, 2022; Tridge, 2024). En este nuevo contexto bilateral, el aprendizaje del idioma coreano y la existencia de espacios institucionales como el Sejong Hakdang, vinculados a la red del Instituto King Sejong, adquieren una relevancia estratégica adicional al contribuir a la formación de capital humano con competencias lingüísticas e interculturales capaces de sostener y ampliar los vínculos emergentes entre ambos países.

Idioma, cultura y construcción de percepciones

Desde la perspectiva estudiantil, el contacto prolongado con el idioma y la cultura coreanas genera una transformación significativa en la percepción de Corea del Sur. El estudio sistemático del idioma permite acceder a rasgos de su identidad menos visibles, como la importancia de la jerarquía, el respeto intergeneracional, la memoria histórica y la coexistencia entre tradición y modernidad (Kim, 2013; Nye, 2011). El idioma coreano es un espejo de la sociedad que lo habla, y entenderlo permite asomarse a dimensiones culturales que, de otro modo, permanecen invisibles.

Su complejidad no reside únicamente en la gramática o el léxico, sino en cómo cada palabra y cada forma de expresión codifican relaciones sociales y valores profundamente arraigados. Por ejemplo, el sistema de niveles de habla y honoríficos no es un simple formalismo, sino una manifestación diaria de la jerarquía y del respeto intergeneracional, donde la edad y el estatus guían no solo la elección de palabras, sino la manera en que se establece una interacción humana. Esta sensibilidad hacia la posición del otro revela una sociedad que internaliza la deferencia y la reciprocidad como parte de la comunicación cotidiana (Kim, 2013). Al mismo tiempo, el idioma preserva la memoria histórica; ciertos términos, expresiones idiomáticas o incluso proverbios llevan consigo ecos de experiencias colectivas que dan forma a una conciencia cultural compartida, impregnada de matices emocionales que no se traducen fácilmente.

Conclusiones

El caso del Sejong Hakdang de La Habana evidencia el papel que pueden desempeñar los institutos culturales en la estrategia de diplomacia cultural de Corea del Sur. A través de la enseñanza del idioma y de actividades culturales integradas, estos centros contribuyen a la construcción de percepciones más profundas y complejas sobre el país, lo que permite fortalecer su soft power en contextos como Cuba y América Latina.

La experiencia de los estudiantes cubanos demuestra que el aprendizaje de este idioma funciona como un puente que permite acceder a nuevas formas de comprensión cultural y a oportunidades de intercambio académico. En el contexto actual de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Corea del Sur, estos espacios adquieren una importancia estratégica adicional al contribuir a la formación de capital humano con competencias lingüísticas e interculturales que pueden facilitar futuras formas de cooperación entre ambos países.

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notas

Día del Hangeul (한글날) es una conmemoración nacional en Corea del Sur que celebra la creación del alfabeto coreano en el siglo XV. Destaca la importancia del sistema de escritura y se celebra con actividades educativas.
Chuseok (추석) festividad tradicional coreana asociada a la cosecha y a la reunión familiar.
Seollal (설날) celebración del Año Nuevo Lunar en Corea, una de las festividades más importantes del calendario cultural coreano.
Hallyu (한류), u “ola coreana”, describe la expansión global de la cultura popular surcoreana (K-pop, K-dramas, K-beauty, entre otros) desde finales de la década de 1990.
Korea-Cuba Dream Supporters es un programa de jóvenes que actúan como “embajadores culturales” para fortalecer la amistad y el intercambio entre Corea del Sur y Cuba.

Recibido: 13 de mayo de 2026

Conflicto de Intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.

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Aprobado: 23 de julio de 2026

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Darias Camejo, A.E. y López Avila, R. (2026). El Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia: Seguridad Nacional y Vladimir Putin. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(3), 43-57.

resumen

El Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, concebido como un órgano consultivo constitucional, ha sido un actor clave en la arquitectura de seguridad nacional del país desde su creación en 1992. A partir de la llegada al poder de Vladimir Putin en el año 2000, este órgano ha experimentado un profundo reforzamiento institucional; tanto sus fundamentos jurídico-constitucionales como su composición y funciones han sido moldeados por el líder ruso con el propósito de consolidar las competencias en materia de seguridad en torno a su figura. De este modo, se ha acentuado la relevancia del Consejo en la definición de doctrinas, estrategias y políticas de seguridad en áreas como la defensa, la seguridad económica, la información y la respuesta a crisis. En definitiva, el Consejo de Seguridad se ha convertido en un órgano indispensable para comprender la gobernanza de la seguridad en la Federación de Rusia.

Palabras Clave: Consejo de Seguridad, órgano consultivo constitucional, seguridad nacional, Federación de Rusia, Vladimir Putin.

ABSTRACT

The Security Council of the Russian Federation, conceived as a constitutional consultative body, has been a key actor in the country’s national security architecture since its creation in 1992. Following Vladimir Putin’s rise to power in 2000, this body has undergone a profound institutional strengthening; both its legal-constitutional foundations and its composition and functions have been shaped by the Russian leader with the aim of consolidating security competencies around his figure. In this way, the Council’s relevance in defining security doctrines, strategies and policies—in areas such as defense, economic security, information, and crisis response—has been accentuated. In short, the Security Council has become an indispensable body for understanding security governance in the Russian Federation.

Keywords: Security Council, constitutional consultive body, national security, Russian Federation, Vladimir Putin.

introducciÓn

La seguridad nacional constituye, en la doctrina jurídica rusa, un estado de protección de los intereses vitales de las personas, la sociedad y el Estado frente a las amenazas internas y externas (Chaika, 2016, pág. 1). El Estado da prioridad, en el marco de la seguridad nacional, a los problemas de la seguridad pública y estatal, la seguridad en la esfera socioeconómica, militar-industrial, información y la seguridad internacional.

Para garantizar la protección ante esta gama de problemas, la Federación de Rusia ha configurado un complejo sistema institucional en cuyo vértice se sitúa el Presidente, y al que se articulan órganos especializados de carácter consultivo y coordinador. Entre ellos, el Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia (en adelante, Consejo de Seguridad) ocupa un lugar preeminente, definido por el legislador como un órgano consultivo constitucional especial que prepara las decisiones del Presidente de la Federación de Rusia sobre cuestiones de seguridad nacional (Ley Federal No. 390-FZ, 2010, art. 13).

La génesis de esta institución está indisolublemente ligada al proceso de descomposición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y a la imperiosa necesidad de reconfigurar el aparato de seguridad del nuevo Estado. Creado por Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 547 el 3 de junio de 1992 y unido a la administración del Presidente de la Federación de Rusia, el Consejo de Seguridad nació con la vocación de ser el centro de coordinación de la política de seguridad, absorbiendo funciones que hasta entonces habían correspondido al disuelto Comité de Seguridad del Estado (KGB) y a otras estructuras soviéticas (Kremlin, s.f.). Su existencia fue posteriormente constitucionalizada en la Carta Magna, aprobada en referéndum el 12 de diciembre de 1993, cuyo artículo 83 establecía que el Presidente forma y encabeza el Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia (Constitución de la Federación de Rusia, 1993, art. 83.g).

A lo largo de sus más de tres décadas de existencia, el Consejo ha experimentado profundas transformaciones que reflejan la propia evolución del régimen político ruso. Durante la presidencia de Borís Yeltsin, el órgano adoleció de una notable inestabilidad, con frecuentes cambios en su secretaría y poca influencia sobre el proceso decisorio (Olkkonen, 2024, pág. 8). Como ha señalado Derleth (1996), el primer presidente ruso se aseguró de que el Consejo permaneciera como un cuerpo subordinado, lejos de convertirse en un nuevo Buró Político1 . La llegada al Kremlin de Vladimir Putin en el año 2000, quien curiosamente había ocupado el cargo de Secretario del Consejo de Seguridad entre marzo y agosto de 1999, marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, y sobre todo desde la promulgación de la Ley Federal “Sobre Seguridad” en 2010 y los Decretos Presidenciales de 2011 y 2020, el Consejo experimentó un proceso de fortalecimiento normativo, ampliación de sus competencias y consolidación institucional que ha situado al Consejo como una pieza clave en la gobernanza de la seguridad del Estado ruso (Schneider, 2019).

El debate académico sobre la verdadera naturaleza de este órgano sigue abierto. Mientras que autores como Schulmann y Galeotti (2021), lo consideran un espacio donde se produce un auténtico debate interinstitucional y se forjan consensos entre las élites de seguridad, otros subrayan su carácter subordinado y su función instrumental al servicio del Presidente (Galeotti, 2019). En el contexto de las reformas constitucionales de 2020, que ampliaron la regulación del Consejo de Seguridad en la Constitución, la cuestión de su estatus jurídico-constitucional ha cobrado renovada actualidad.

El objetivo del presente artículo es examinar la evolución jurídica-constitucional del Consejo de Seguridad ruso, destacando su consolidación como órgano clave en el sistema político bajo la presidencia de Vladimir Putin, y su incidencia en la formación de las políticas de seguridad de la Federación.

desarrollo

Orígenes y estatus jurídico del Consejo de Seguridad

La creación del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia en 1992 no puede entenderse sin atender al contexto de profundas reestructuraciones del Estado que siguió a la desaparición de la URSS. El vacío dejado por la disolución del KGB, cuyo último presidente, Vladimir Kriuchkov, había participado en el intento de golpe de Estado contra Mijaíl Gorbachov en agosto de 1991, obligó a las nuevas autoridades rusas a diseñar un sistema de seguridad completamente renovado. Como explica Schneider (2019), entre diciembre de 1991 y enero de 1992 se produjo la división del antiguo comité en varios servicios independientes: el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), la Agencia Federal de Comunicaciones e Información Gubernamental (FAPSI), el Servicio Federal de Seguridad (FSB), las tropas fronterizas. El Consejo de Seguridad surgió precisamente como el órgano llamado a coordinar a estos nuevos actores y a servir de instancia de asesoramiento directo al presidente en materia de seguridad.

La primera regulación jurídica del órgano estuvo contenida en uno de los capítulos de la Ley de la Federación de Rusia No. 2446-I del 5 de marzo de 1992 “Sobre la Seguridad”, la cual dejó en manos del Presidente la aprobación del Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 547 del 3 de junio de 1992 “Sobre la formación del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia”, que lo definiría como el órgano encargado de preparar decisiones del Presidente en el ámbito de la seguridad y establecería su composición y funciones básicas.

Sin embargo, la inestabilidad política de aquellos años —la crisis constitucional de 1993, el conflicto con el Soviet Supremo, la guerra de Chechenia— impidió que el Consejo adquiriera un perfil definido. Yeltsin, se sirvió de él como un instrumento táctico en sus luchas por el poder, nombrando y destituyendo secretarios en rápida sucesión (Derleth, 1996). Entre 1992 y 1999 desfilaron por el cargo figuras como Yuri Skókov, Evgueni Sháposhnikov, Oleg Lóbov, Aleksandr Lébed, Iván Rybkin, Andréi Kokoshin, Nikolái Bordiuzha, Vladimir Putin y Serguéi Ivanov. Esta rotación, unida a la vaguedad de sus competencias, explica que el órgano fuera percibido como una institución con competencias inciertas más centrada en coordinar políticas ajenas que en formular las suyas propias (Vendil, 2001, pág. 68).

La Constitución rusa de 1993 otorgó al Consejo su primer reconocimiento a nivel constitucional. Sin embargo, lo hizo de manera extremadamente escueta. El artículo 83, en su apartado “g”, se limitaba a establecer que correspondía al Presidente formar y presidir el Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, añadiendo que el estatuto del Consejo de Seguridad sería determinado por una ley federal (Constitución de la Federación de Rusia, 1993, art. 83.g). Esta remisión al legislador dotaba al Consejo de un anclaje constitucional cierto, pero dejaba en manos del Presidente la configuración concreta de sus poderes.

La consolidación normativa definitiva se produjo bajo la presidencia de Vladimir Putin, que supo situarlo en un lugar clave dentro del sistema político ruso, y logró articularlo mediante un conjunto de instrumentos jurídicos fundamentales. El primero de ellos fue la Ley Federal No. 390-FZ “Sobre Seguridad”, aprobada el 28 de diciembre de 2010, que dedicó su Capítulo 3 íntegramente al estatuto del Consejo de Seguridad, derogando la ley de 1992.

En su artículo 13 se define al Consejo de Seguridad como el órgano consultivo constitucional que prepara las decisiones del Presidente de la Federación de Rusia sobre seguridad, organización de la defensa, construcción militar, producción de defensa, cooperación técnico-militar con Estados extranjeros, sobre otras cuestiones relacionadas con la protección del sistema constitucional, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la Federación, así como sobre la cooperación internacional en la esfera de la seguridad (Ley Federal No. 390-FZ, 2010, art. 13.1), mientras que los artículos del 14 a 18 detallan sus tareas, funciones, composición y decisiones. Es crucial subrayar que, según el artículo 18, las decisiones del Consejo entran en vigor tras su aprobación por el Presidente de la Federación de Rusia y, una vez en vigor, son de obligatorio cumplimiento para los órganos y funcionarios del Estado (Ley Federal No. 390-FZ, 2010, arts. 18.2, 18.3).

Cabe destacar, que esta técnica de validación presidencial convierte las decisiones del órgano en actos con fuerza vinculante, difuminando la frontera entre lo consultivo y lo decisorio. Sin embargo, ello no convierte al Consejo en un órgano de poder estatal en sentido estricto, pues carece de potestades administrativas propias, no puede nombrar ni destituir funcionarios, ni tiene iniciativa legislativa, y su actividad se inscribe siempre en el marco de las competencias presidenciales (Kozhevnikov, Meshcheryakov & Bezrukov, 2021).

El segundo instrumento fue el Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 590 de 6 de mayo de 2011, “Cuestiones del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia”, que aprobó un nuevo Reglamento y derogó la dispersa normativa anterior. No obstante, el actual régimen jurídico del Consejo de Seguridad encuentra su expresión más completa en el Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175 de 7 de marzo de 2020, modificado por los Decretos No. 819 de 2020 y No. 105 de 2024. Este Decreto No. 175 aprobó el Reglamento del Consejo de Seguridad que se encuentra actualmente vigente.

Este documento de treinta y seis artículos desarrolla con un grado de detalle sin precedentes los objetivos, tareas y funciones del órgano. Su artículo 3 enumera hasta ocho tareas, entre ellas se incluye garantizar las condiciones para que el Presidente ejerza sus competencias en materia de seguridad nacional; formar la política estatal y controlar su realización; prever, detectar, analizar y evaluar amenazas internas y externas; y coordinar las actividades de los órganos ejecutivos federales y regionales (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175, 2020, art. 3). El artículo 4, por su parte, enumera veinticuatro funciones, desde la consideración de cuestiones relativas a los intereses nacionales y la seguridad nacional hasta la elaboración y determinación de la estrategia de seguridad nacional y otros documentos conceptuales, la planificación estratégica en el ámbito de la seguridad, la organización de la investigación científica en la materia, la organización del control sobre el gasto de las asignaciones presupuestarias destinadas a la defensa y la seguridad nacional y la preparación de proyectos de decretos y órdenes del Presidente (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175, 2020, art. 4).

Particularmente relevante es la función de realizar la evaluación estratégica basada en el análisis de la información sobre muy diversos ámbitos: la situación sociopolítica y económica del país, el estado del orden público, la observancia de los derechos humanos, el peligro militar, y la seguridad de la información (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175, 2020, art. 4.b).

Las enmiendas constitucionales de 2020 reforzaron esta arquitectura normativa. Como se ha indicado, la nueva redacción del artículo 83.g explicitó por primera vez los fines del Consejo, vinculándolo no solo a la seguridad nacional en sentido tradicional, sino también al mantenimiento de la paz civil y la armonía del país, a la protección de la soberanía y la independencia, a la prevención de amenazas internas y externas, a la creación de condiciones para el crecimiento económico y a la preservación de los valores culturales, espirituales y morales del país. Esta ampliación del mandato constitucional debe ser interpretada como una elevación del estatus jurídico del Consejo, que pasa de ser un simple órgano consultivo a convertirse en un elemento integral del sistema de garantías constitucionales de la seguridad del Estado (Czachor, 2025).

Complementa este marco la Ley Federal No. 172-FZ “Sobre la Planificación Estratégica en la Federación de Rusia”, de 28 de junio de 2014, que sitúa al Consejo como uno de los participantes clave en el sistema de planificación estratégica nacional. Asimismo, los Fundamentos de la Política Estatal en la Esfera de la Planificación Estratégica, aprobados por Decreto No. 633 de 8 de noviembre de 2021, que reafirman que el Presidente de la Federación de Rusia ejerce la dirección general de la política estatal en la esfera de la planificación estratégica y que los documentos estratégicos se desarrollan bajo la coordinación del Consejo de Seguridad (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 633, 2021, arts. 4, 10).

Composición, estructura orgánica y funcionamiento del Consejo de Seguridad

La composición del Consejo de Seguridad constituye un reflejo fidedigno de la estructura del poder en la Rusia contemporánea. El órgano está integrado por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, los miembros permanentes y los miembros. La distinción entre estas dos últimas categorías no es meramente nominal, sino que tiene profundas implicaciones funcionales, pues los miembros permanentes cuentan con voto decisorio, mientras que los miembros participan con derecho al voto deliberativo (Ley Federal No. 390-FZ, 2010, art. 15; Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175, 2020, arts. 7, 8, 13).

La composición actual, determinada por el Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 715 de 25 de mayo de 2012 y sus sucesivas modificaciones2 , incluye como miembros permanentes al Primer Ministro, los presidentes de las dos cámaras de la Asamblea Federal (el Consejo de la Federación y la Duma Estatal), el Jefe de la Administración Presidencial, los ministros de Defensa, Asuntos Exteriores e Interior, los directores del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), y uno de los Asesores del Presidente de la Federación (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 715, 2012). El Vicepresidente y el Secretario del Consejo forman parte asimismo de los miembros permanentes por mandato del artículo 8 del Decreto No. 175 de 2020.

Esta nómina, que reúne a los jefes de las principales estructuras encargadas del cumplimiento de la ley y la seguridad del Estado, refleja también la voluntad de integrar en el órgano a representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, que cuentan igualmente con amplias competencias en materia de seguridad. Los miembros no permanentes, cuyo número ha oscilado históricamente, incluyen a otros ministros, a los representantes plenipotenciarios del presidente en los distritos federales, a los jefes de otros organismos de seguridad y, en ocasiones, a algunos gobernadores3 .

La figura del Secretario del Consejo merece una consideración aparte por su labor de coordinación y conducción del Consejo. El artículo 16 de la Ley Federal No. 390-FZ lo define como el funcionario encargado de asegurar el cumplimiento de las tareas y funciones encomendadas al Consejo de Seguridad, siendo designado y cesado directamente por el Presidente, a quien rinde cuentas de manera inmediata (Ley Federal No. 390-FZ, 2010, arts. 16.1, 16.2). El actual Reglamento del Consejo desarrolla con amplitud sus competencias, que incluyen informar al Presidente sobre el estado de la seguridad nacional, organizar la preparación de las sesiones del Consejo, coordinar el trabajo de los órganos ejecutivos federales y regionales, controlar la ejecución de las decisiones adoptadas, y representar al Consejo en sus relaciones con otras instituciones (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175, 2020, art. 25).

En 2020, las enmiendas introducidas al artículo 15 de la Ley Federal “Sobre Seguridad” y la aprobación del nuevo Reglamento, dieron lugar a la figura del Vicepresidente del Consejo de Seguridad, cuyas funciones se desarrollan en los artículos del 19 al 23 del propio Reglamento. El artículo 19 establece que el Vicepresidente del Consejo de Seguridad coordina la actividad de los miembros permanentes y de los miembros del Consejo en la solución de las tareas asignadas al Consejo (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175, 2020, art. 19). Para ello se le dota de un pequeño equipo compuesto por asistentes y una secretaría, y se le atribuyen competencias propias como informar al Presidente sobre cuestiones de seguridad nacional, participar en la elaboración y realización del curso de política exterior, o representar al Consejo en las relaciones con los órganos federales, regionales e internacionales (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175, 2020, art. 23).

En cuanto a su estructura interna, el Consejo dispone de un Aparato propio4 , que es independiente de la Administración Presidencial, y se ocupa del soporte informativo, analítico y organizativo de las sesiones y reuniones, contando con un soporte técnico que opera a través de un Centro de Situación (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175, 2020, art. 17). Los órganos de trabajo del Consejo se integran en comisiones interdepartamentales, reguladas en los artículos del 26 al 33 del Reglamento. Estos pueden ser permanentes o temporales y se crean por decisión presidencial a propuesta del Vicepresidente o del Secretario. Su función es la de preparar propuestas y recomendaciones al Consejo de Seguridad sobre las orientaciones principales de la política estatal en el ámbito de la seguridad nacional y contribuir a la coordinación de las actividades de los órganos ejecutivos federales y regionales (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175, 2020, art. 29). En la actualidad existen comisiones dedicadas a la seguridad militar, la seguridad pública, la seguridad económica y social, la seguridad de la información, la seguridad ecológica, los problemas de la Comunidad de Estados Independientes, la planificación estratégica, el Ártico, la migración, la protección frente a nuevas infecciones, y la soberanía tecnológica en infraestructuras críticas (Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, s.f.). A ellas se suma un Consejo Científico y de Expertos, de carácter consultivo, encargado de proporcionar apoyo científico, metodológico, experto y analítico a las actividades del Consejo de Seguridad y sus órganos de trabajo (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175, 2020, art. 34; Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 1119, 2024).

Las sesiones del Consejo se celebran con una frecuencia regular, de acuerdo con los planes aprobados por el Presidente del Consejo de Seguridad a propuesta del Secretario, por regla general, una vez al trimestre. (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175, 2020, art. 11). Junto a estas sesiones plenarias, el Reglamento prevé la celebración de reuniones operativas con los miembros permanentes, por regla general, una vez a la semana, para discutir las cuestiones corrientes de la seguridad nacional que requieren la adopción de decisiones de gestión (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175, 2020, art. 14). Estas reuniones operativas se desarrollan sin la presencia de los miembros ni de otros invitados, lo que subraya el carácter obligatorio de la asistencia y la prohibición de delegación del voto, disposiciones que reflejan la voluntad de garantizar que las decisiones sean producto de la deliberación colegiada de todos los miembros con derecho a voto (Olkkonen, 2024). Adicionalmente, el Reglamento prohíbe a los miembros del Consejo poseer la ciudadanía de un Estado extranjero o tener cuentas en bancos extranjeros, en consonancia con las enmiendas constitucionales de 2020 y las leyes federales (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175, 2020, arts. 8.1, 8.2).

El Consejo de Seguridad

en la era Putin

La presidencia de Vladimir Putin ha sido el factor determinante en la configuración actual del Consejo de Seguridad. Su conocimiento directo del órgano, del que fue Secretario entre marzo y agosto de 1999, y su proyecto político de reconstrucción del poder estatal han condicionado tanto la evolución normativa del Consejo como su papel en el sistema político y en la gestión de la seguridad.

Putin heredó un Consejo de Seguridad débil, con un perfil errático y sometido a las convulsiones de las políticas de Yeltsin. Su respuesta fue un proceso de reforzamiento institucional que se desarrolló en varias fases. La primera, en el año 2000, consistió en colocar al Consejo bajo su control inmediato. Poco después, en 2003, una profunda reforma administrativa permitió la absorción por parte del Consejo de la Agencia Federal de Comunicaciones e Información Gubernamental (FAPSI) y de las tropas fronterizas. Esta reestructuración supuso que el Consejo recuperara las principales funciones las del antiguo KGB, con la sola excepción de la inteligencia exterior y la protección de altos cargos del Estado. De este modo, el Consejo de Seguridad pasó a supervisar un conglomerado de agencias e instituciones que lo convertían, al menos sobre el papel, en un coordinador general de la seguridad nacional (Schneider, 2019).

La segunda fase fue la de consolidación normativa, que culminó con la aprobación de la Ley Federal No. 390-FZ en 2010 y el Decreto No. 590 en 2011, los cuales proporcionaron al Consejo un marco legal estable y sistematizaron su funcionamiento. Pero quizás el factor más decisivo en la transformación del Consejo fue la designación, en 2008, de Nikolái Pátrushev como su Secretario. Antiguo director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y compañero de Putin desde los tiempos del KGB en Leningrado, Pátrushev permaneció en el cargo durante dieciséis años, convirtiéndose en una de las figuras más visibles del régimen y en el principal portavoz de una línea dura en materia de seguridad, caracterizada por la denuncia constante de las injerencias occidentales y la reivindicación de los valores tradicionales (Galeotti, 2019). Su larga permanencia al frente del Consejo contribuyó a dotar al cargo de un peso político muy superior al que formalmente le corresponde.

Las enmiendas constitucionales de 2020 impulsadas por el Presidente Putin, introdujeron elementos que refuerzan el papel del Consejo en el sistema de seguridad. La creación del cargo de Vicepresidente del Consejo de Seguridad, inmediatamente ocupado por Dmitri Medvédev tras dejar la jefatura del Gobierno, puede interpretarse como un intento de integrar a un civil de alto rango en un órgano tradicionalmente dominado por los servicios de seguridad, y al mismo tiempo de ofrecer a un expresidente un espacio institucional de relevancia (Galeotti, 2020). La asignación a Medvédev de la supervisión de nuevas comisiones interdepartamentales —sobre el Ártico y la seguridad epidemiológica— reforzó el papel del Vicepresidente como gestor de áreas estratégicas concretas.

Al mismo tiempo, con un impulso decisivo del Presidente, la agenda del Consejo de Seguridad experimentó una notable ampliación hacia esferas que tradicionalmente le habían sido ajenas, siendo los Fundamentos de la Política Estatal para la Preservación y el Fortalecimiento de los Valores Espirituales y Morales Tradicionales Rusos, aprobados por Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 809 el 9 de noviembre de 2022, el ejemplo más ilustrativo los. Este documento de planificación estratégica, elaborado en el marco de la prioridad nacional de protección de los valores tradicionales recogida en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 (Estrategia de Seguridad Nacional, 2021, arts. 90-91), define los valores tradicionales como directrices morales que configuran la cosmovisión de los ciudadanos de Rusia, transmitidos de generación en generación, que sustentan la identidad de toda Rusia y al espacio cultural único del país (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 809, 2022, art. 4).

El texto enumera como valores protegidos la vida, la dignidad, el patriotismo, la familia, la memoria histórica y la unidad de los pueblos de Rusia (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 809, art. 5), al tiempo que identifica como amenazas la actividad de organizaciones extremistas y terroristas, de determinados medios de comunicación y las acciones de Estados extranjeros inamistosos (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 809, art. 13). La respuesta institucional prevista abarca la educación, la cultura, los medios de comunicación y la protección del idioma ruso, previendo expresamente la participación en su implementación de los órganos ejecutivos federales encargados de la defensa, la seguridad del Estado, los asuntos internos y la seguridad pública (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 809, arts. 10, 24-29).

La elaboración de este documento con la participación del Consejo de Seguridad pone de manifiesto que, bajo la presidencia de Vladimir Putin, la protección del acervo cultural, espiritual y moral ha pasado a integrarse de manera explícita en el núcleo de las políticas de seguridad del Estado ruso, ampliando el concepto de seguridad nacional más allá de su dimensión militar o económica

La sustitución de Pátrushev en 2024, por Serguéi Shoigú, quien fue ministro de Defensa entre 2012 y 2024, constituye el capítulo más reciente de esta evolución. Shoigú, figura de enorme peso en la élite rusa, aporta un perfil más gestor que ideológico, lo que podría anunciar un giro hacia una mayor profesionalización técnica del Consejo, sin que ello suponga necesariamente un abandono de la línea de confrontación con Occidente que caracterizó la era Pátrushev (Delong, 2020).

En todo caso, la continuidad institucional parece asegurada por la propia inercia del Aparato y por el mantenimiento del marco normativo establecido en 2020. El Consejo de Seguridad se encamina así hacia un modelo de dirección compartida, en el que el Presidente mantiene el control último, pero delega en dos figuras de primer nivel —el Secretario y el Vicepresidente— la gestión cotidiana del órgano y, con ella, una parte significativa de la supervisión de la política de seguridad.

Importancia del Consejo para la seguridad de la nación.

Como veníamos sosteniendo, el Consejo de Seguridad desempeña un papel central en la planificación estratégica de la seguridad de la Federación de Rusia, e incide de forma directa en tres planos de la misma: la configuración del corpus doctrinal que define amenazas, intereses y prioridades; la capacidad de respuesta coordinada ante crisis y emergencias; y la función de articulación interinstitucional que permite superar la fragmentación del aparato de seguridad.

La labor doctrinal del Consejo5 es, sin duda, su contribución más visible. La Estrategia de Seguridad Nacional de la Federación de Rusia, aprobada por Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 400 de 2 de julio de 2021, constituye el principal producto de esta actividad. En su elaboración participaron activamente el Aparato del Consejo y sus comisiones interdepartamentales, que integraron las aportaciones de los distintos ministerios y agencias. El documento concibe la seguridad como el estado de protección de los intereses nacionales frente a amenazas externas e internas, asegura la realización de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos, una calidad y un nivel de vida digno, la paz y la concordia civil en el país, la protección de la soberanía, la independencia y la integridad estatal, y el desarrollo socioeconómico del país (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 400, 2021, art. 5.1). Esta definición, que vincula la seguridad con el desarrollo socioeconómico y los valores culturales y espirituales de la nación, refleja la influencia del Consejo en la configuración de una concepción holística de la seguridad.

Bajo la supervisión del Consejo de Seguridad se han elaborado y actualizado otros documentos doctrinales de primer orden para la defensa del país. La Doctrina Militar aprobada por el Presidente de la Federación en 2014, y desarrollada por el Consejo, contiene referencias expresas a su labor en la definición de los peligros y amenazas militares (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. Pr-2976, 2014, arts. 12-14). La Doctrina de Seguridad Energética de 2019 estipula, en su artículo 40, que su ajuste se realizará por decisión del Presidente de la Federación de Rusia sobre la base de propuestas preparadas por el Gobierno con la participación del Consejo de Seguridad (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 216, 2019, art 40). La Estrategia de Seguridad Económica hasta 2030 prevé un mecanismo similar, al disponer que su ajuste se lleve a cabo por decisión del Presidente de la Federación de Rusia cada seis años sobre la base de propuestas preparadas por el Gobierno de la Federación de Rusia con la participación del Consejo de Seguridad (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 208, 2017, art 35). La Estrategia para el Desarrollo del Ártico hasta 2035 reserva al Consejo un papel supervisor en su implementación, y los Fundamentos de la Política Estatal en el Ártico hasta 2035 establecen que el Secretario del Consejo informa anualmente al Presidente sobre el estado de la seguridad nacional en la región (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 164, 2020; Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 645, 2020)

Incluso esferas tradicionalmente ajenas al ámbito de la seguridad, como la preservación de los valores espirituales y morales, han sido objeto de documentos elaborados con su participación, como los Fundamentos de la Política Estatal para la Preservación y el Fortalecimiento de los Valores Espirituales y Morales Tradicionales Rusos, aprobados por Decreto No. 809 en 2022 (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 809, 2022).

En el plano de la gestión de crisis, el Consejo de Seguridad ha desempeñado un papel de apoyo fundamental, aunque la toma de decisiones en situaciones de emergencia corresponde en última instancia al Presidente. La anexión de Crimea en 2014, fue acompañada de un intenso trabajo del Aparato del Consejo en la preparación de las medidas legislativas y administrativas necesarias para la integración de la península en la Federación de Rusia (Delong, 2020).

Por otra parte, la pandemia de COVID-19 activó los mecanismos de respuesta del Consejo, que creó un grupo de trabajo específico y una comisión interdepartamental dedicada a la protección frente a nuevas infecciones (Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, s.f.). Más recientemente, desde el inicio de la Operación Militar Especial el 24 de febrero de 2022, el Consejo se ha situado como centro de toma de decisiones donde se evalúan las opciones estratégicas y se coordinan las respuestas militares y diplomáticas (Czachor, 2025).

La función de co ordinación i nterinstitucional del Consejo es, probablemente, su contribución más silenciosa pero efectiva a la estabilidad del sistema de seguridad ruso. La fragmentación del aparato de seguridad, con múltiples agencias que compiten por recursos y competencias, y cuyas funciones en muchas ocasiones se conectan, es un hecho (Chaika, 2016). Por ello, el Consejo de Seguridad constituye el principal mecanismo institucional para mitigar esta fragmentación. A través de sus sesiones plenarias y, sobre todo, de sus reuniones operativas semanales, el Presidente puede impartir directrices que vinculan a todos los ministerios de seguridad, forzando la cooperación y reduciendo los conflictos de competencias. Las comisiones interdepartamentales, que reúnen a representantes de los distintos organismos implicados en cada ámbito sectorial, son el instrumento cotidiano de esta labor.

A ello se suma la función de control, pues como se ha señalado, el Secretario del Consejo está facultado para controlar la ejecución de las decisiones del Consejo, así como la actividad de las Fuerzas Armadas y otros órganos, con la participación de los órganos estatales de control y supervisión (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia No. 175, 2020, art. 25.g). Esta capacidad de fiscalización indirecta, unida al control sobre el gasto presupuestario en defensa y seguridad, otorga al Consejo una influencia que excede la de un simple órgano consultivo. En suma, la importancia del Consejo de Seguridad para la seguridad de Rusia no reside tanto en su capacidad de decisión autónoma —que formalmente no posee— como en su función de nodo central desde el que se articulan las doctrinas, se coordinan los actores y se supervisa la ejecución de las políticas. En un sistema estatal caracterizado por la concentración de poder en la figura presidencial, el Consejo opera como el principal instrumento institucional para la gobernanza de la seguridad nacional, proyectando su influencia sobre todos los ámbitos en los que el Kremlin identifica riesgos y amenazas para la soberanía y la integridad de la Federación.

CONCLUSIONES

El Consejo de Seguridad es una institución con un sólido anclaje constitucional y jurídico que ha experimentado un proceso de fortalecimiento progresivo desde su creación en 1992 hasta la actualidad. La evolución de su régimen jurídico —desde la escasa regulación del artículo 83 de la Constitución de 1993 hasta el detallado Reglamento de 2020— ha discurrido en paralelo a la consolidación del poder presidencial, de manera que existe una correlación positiva entre la fortaleza del Presidente y la del Consejo.

El marco normativo vigente configura al Consejo como un órgano consultivo constitucional de alta complejidad, dotado de funciones de análisis, planificación, coordinación y control que exceden las de un mero asesor. Sin embargo, la dependencia de la validación presidencial para la entrada en vigor de sus decisiones y la carencia de potestades administrativas propias impiden caracterizarlo como un órgano de poder estatal en sentido estricto.

La composición del Consejo, que reúne a los jefes de las principales estructuras encargadas del cumplimiento de la ley y la seguridad del Estado, bajo la presidencia del jefe de Estado, lo convierte en un foro único de articulación de las élites de seguridad. Esta función de espacio de encuentro, negociación y consenso lo ha convertido en un mecanismo de trascendental importancia institucional dentro del sistema político ruso, y le ha posibilitado una producción doctrinal de marcada relevancia para la seguridad nacional.

Bajo la presidencia de Vladimir Putin, el Consejo de Seguridad ha conocido su máximo desarrollo institucional. La estabilidad en la Secretaría durante dieciséis años, la creación del cargo de Vicepresidente, la ampliación de sus competencias de control, y la constitucionalización de sus fines en la reforma de 2020 son hitos que reflejan la voluntad del líder ruso de situar al Consejo en el centro de la gobernanza en materia de seguridad nacional.

Desde el punto de vista de la seguridad efectiva, el Consejo ha contribuido a una mayor coherencia en la planificación estratégica y a una mejor coordinación interinstitucional entre los ministerios y agencias que tienen a su cargo la defensa de la soberanía nacional. Ha sido central en la modernización del pensamiento militar, la articulación de la disuasión nuclear y convencional, y la respuesta a los desafíos en materia de seguridad que enfrenta la nación. El Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia se presenta, en definitiva, como una institución compleja y polivalente, cuyo estudio ofrece claves indispensables para entender la política de seguridad, la ingeniería constitucional y la propia dinámica del poder en la Rusia contemporánea.

REFERENCIAS

Bibliográficas

Legal

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nOTAS

Máximo órgano de poder en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), clave en la toma de decisiones trascendentales para el país, e integrados por las figuras más importantes e influyentes del gobierno, desde donde se determinaba el rumbo político y estratégico del Estado.
Modificado por el Decreto del Presidente de la Federación de Rusia de 6 de noviembre de 2012 No. 1487, 13 de noviembre de 2012 No. 1528, 25 de marzo de 2013 No. 285, 22 de abril de 2013 No. 379, 8 de julio de 2013 No. 616, 10 de septiembre de 2013 No. 704, 28 de marzo de 2014 No. 181, 12 de mayo de 2014 No. 329, 16 de mayo de 2014 No. 339, 5 de abril de 2016 No. 159, 11 de abril de 2016 No. 170, 7 de mayo de 2016 No. 214, 12 de agosto de 2016 No. 408, 29 de septiembre de 2016 No. 508, 5 de octubre de 2016 No. 526, 1 de enero de 2018 No. 4, 28 de mayo de 2018 No. 262, 3 de julio de 2018 No. 401, 18 de septiembre de 2018 No. 523, 19 de noviembre de 2018 No. 660, 28 de noviembre de 2018 No. 675, 18 de febrero de 2019 No. 52, 19 de septiembre de 2019 No. 461, 16 de enero de 2020 No. 15, 16 de enero de 2020 No. 18, 3 de febrero de 2020 No. 89, 2 de agosto de 2021 No. 443, 27 de septiembre de 2021 No. 547, 25 de octubre de 2021 No. 599, 30 de mayo de 2022 No. 327, 15 de enero de 2024 No. 34, 25 de octubre de 2024 No. 911, 16 de febrero de 2026 No. 89. (Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, s.f.)
Actualmente el Consejo de Seguridad está integrado por 22 miembros: Alexander Belgov, Gobernador de San Petersburgo; Yury Chaika, Enviado Presidencial Plenipotenciario para el Distrito Federal del Cáucaso Norte; Konstantin Chuychenko, Ministro de Justicia; Alexei Dyumin, Asistente del Presidente; Valery Gerasimov, Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia y Primer Viceministro de Defensa; Alexander Gustan, Fiscal General de la Federación de Rusia; Igor Komarov, Enviado Plenipotenciario Presidencial al Distrito Federal del Volga; Gennday Krasnikov, Presidente de la Academia de Ciencias de Rusia; Alexander Linets, Jefe de la Dirección Principal de Programas Especiales del Presidente de la Federación Rusa; Denis Manturov, Primer Viceprimer Ministro del Gobierno de la Federación Rusa; Rashid Nurgaliyev, Primer Subsecretario del Consejo de Seguridad; Igor Rudenya, Enviado Presidencial Plenipotenciario para el Distrito Federal Noroeste; Anatoly Seryshev, Enviado Presidencial Plenipotenciario para el Distrito Federal de Siberia; Igor Shchegolev, Enviado Presidencial Plenipotenciario para el Distrito Federal Central; Anton Siluanov, Ministro de Finanzas; Veronika Skvortsova, Jefe de la Agencia Federal Médico-Biológica (FMBA); Sergei Sobyanin, Alcalde de Moscú; Yury Trutnev, Viceprimer Ministro del Gobierno de la Federación Rusa y Enviado Presidencial Plenipotenciario para el Distrito Federal del Lejano Oriente; Vladimir Ustinov, Enviado Presidencial Plenipotenciario para el Distrito Federal del Sur; Viktor Zolorov, Director del Servicio Federal de las Tropas de la Guardia Nacional de la Federación Rusa y Comandante en Jefe de las Tropas de la Guardia Nacional de la Federación Rusa; Artem Zhoga, Enviado Presidencial Plenipotenciario para el Distrito Federal de los Urales; y Alexander Kurenkov, Ministro para la Defensa Civil, Emergencias y Eliminación de consecuencias ante Desastres Naturales. (Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, s.f.)\
El Aparato del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia es una subdivisión independiente de la Administración del Presidente de la Federación de Rusia y se compone por la Oficina Ejecutiva del Consejo de Seguridad y la Secretaría del Vicepresidente del Consejo de Seguridad. (Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, s.f.)
En el sistema ruso de planificación estratégica, regulado por la Ley Federal No. 172-FZ de 28 de junio de 2014, los documentos de alto nivel se clasifican en diversas categorías (doctrinas, estrategias, conceptos, fundamentos). No obstante, la propia legislación rusa se refiere genéricamente al conjunto de estos documentos como “documentos conceptuales y doctrinales”, y se emplea esta misma expresión para aludir a todo el corpus de textos de alto nivel que orientan la política de seguridad, según la Ley Federal No. 390-FZ, 2010, art. 14.2.3.
FederatiLAW_172989/7327668c04c0470317b26d354e36cb828a4af319/
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notas

entre los países miembros.

Un claro ejemplo que demuestra esta dinámica es la promoción de la Iniciativa de Facilitación de Inversiones dentro de la OMC. Esta iniciativa, auspiciada inicialmente por un grupo de países desarrollados y apoyada por más de 110 miembros, es un acuerdo “plurilateral” que busca establecer normas para facilitar las inversiones extranjeras. Sin embargo, muchos países en desarrollo y organizaciones de la sociedad civil han argumentado que este tipo de acuerdos se negocian a menudo mediante presiones selectivas, ofreciendo a algunos países beneficios específicos a cambio de que apoyen la iniciativa, con el objetivo de fracturar la posición coordinada de bloques como el del Sur Global. Críticos como la Federación Sindical Internacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (PSI) sostienen que este acuerdo limitaría la capacidad de los gobiernos para regular las inversiones en interés de sus economías locales y de los servicios públicos, lo que perpetúa la desventaja estructural. (Ferrari, S. 2024)

Este modelo se fundamenta en la práctica. El Acuerdo de Contratación Pública (ACP) es un ejemplo clásico de plurilateralismo en la OMC. La dificultad radica en aplicar esta lógica a temas contenciosos como el comercio digital o las inversiones.

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• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==

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Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==

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Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==

Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==

Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==

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Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
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NOTAS

Canadá, Alemania, Comisión Europea, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza.

El GAFIC surgió como resultado de las reuniones convocadas en Aruba, en mayo de 1990, y en Jamaica, en noviembre de 1992. Fue creado con el objetivo de lograr la aplicación efectiva y el cumplimiento de las diecinueve Recomendaciones particularmente elaboradas por ellos, así como las Cuarenta Recomendaciones del GAFI. Hacia el año 2000, su membresía estaba compuesta por: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.

El PC-R-EV fue creado por interés del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en coordinación con el GAFI, con el fin de llevar a cabo ejercicios de autoevaluación y evaluación mutua de las medidas contra el LA vigentes en los veintidós países del Consejo de Europa que al momento no contaban con membresía en el GAFI.

El GAP estuvo compuesto inicialmente por Australia, Bangladesh, Taipei Chino, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, República Popular China, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Estados Unidos y Vanuatu (FATF, 1997, p. 25).

En 1997, se desarrolló la Primera Conferencia sobre Blanqueo de Dinero en África Austral y Oriental. Como consecuencia de esta última, y como resultado de una Reunión de Ministros y Representantes de Alto Nivel, celebrada en Arusha, Tanzania, los días 26 y 27 de agosto de 1999, se logró la creación del ESAAMLG, coordinado inicialmente por Tanzania y con una composición de catorce Estados miembros de la región: Botsuana, Kenia, Lesoto, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue (FATF, 1997, p. 25).

Al momento de su creación el GAFISUD estuvo compuesto por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Entre las organizaciones con las que intercambió el GAFI en el periodo 2001-2011 se encuentran: Banco Africano de Desarrollo, Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, el Banco Central Europeo (BCE), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA/CICTE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El GEA fue creado en Moscú, el 6 de octubre de 2004, con una composición inicial de seis países miembros: Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, la República Popular China, la Federación Rusa y Tayikistán.

El MENAFATF, se fundó en Manama (Bahrein), el 30 de noviembre de 2004, con una composición inicial de 14 países miembros: Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Túnez y Yemen.

El EBR exige que los países adapten su sistema ALA/CFT a la naturaleza de sus riesgos particulares, permite aplicar medidas reforzadas cuando los riesgos sean mayores y medidas simplificadas cuando sean menores. Como resultado, los países podrán optimizar sus recursos para detectar delitos financieros, adoptar medidas coercitivas y aplicar medidas preventivas que correspondan a los riesgos de sectores o actividades concretos. (FATF, 2012, p. 16) Dicho enfoque abarca no solo las instituciones financieras de los países, sino también las APNFD, sí realizan prestación de servicios financieros, por lo que están sujetas a las Recomendaciones del GAFI (Gómez, 2022, p. 42).

El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre entidades, actualmente conocidas como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que fueron también incluidos los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. El Grupo Egmont se dedica y consagra a la colaboración y cooperación internacional entre las UIF. (Egmont Group of Financial Intelligence Units, 2014, p. 3)

El término sanciones financieras dirigidas significa tanto el congelamiento de activos como las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y entidades designadas. (Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI], 2012, p. 129)

El GABAC es un organismo de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central y al momento de su inserción en el GAFI, estaba compuesto por: Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Se creó en 2000 con el mandato de luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, evaluar el cumplimiento de las normas del GAFI por parte de sus miembros, proporcionar asistencia técnica a sus Estados miembros y facilitar la cooperación internacional.

Se refiere a innovaciones financieras propiciadas por la tecnología que podrían dar a lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con un efecto sustancial sobre los mercados y las instituciones financieras y la prestación de servicios financieros. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2018, p. 5)

El término RegTech hace referencia a un conjunto de empresas y soluciones que aúnan la tecnología y la normativa para abordar los requisitos normativos en todos los sectores, incluidos los servicios financieros. (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , 2016, p. 1)

Los Papeles de Panamá han sido considerados la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca (Fitz Patrick, s.f.)

REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS

Recibido: 1 de marzo de 2026

Conflicto de Intereses:

El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.

Contribución de Autoría:

No aplica

Agradecimientos:

No aplica

Financiación:

No aplica

PrePrint:

No publicado

Aprobado: 5 de abril de 2026

Derechos de Autor:

Los derechos de autor son mantenidos por el autor, quien otorga a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. El autor podrá establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.

Cómo citar (APA, séptima edición):

Arranz Flores, J.C; García Herrera, B; Gómez León, L. (2026). Cuba ante el mundo: la Ley ordenamiento diplomático de la República en Armas (1896). Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 7(3), 58-70.

resumen

El presente artículo tiene como objetivo el análisis histórico-jurídico del proyecto de “Disposiciones Generales para la Organización y Régimen de la Representación de Cuba en el Extranjero”, elaborado el 29 de julio de 1896 por el Secretario de Relaciones Exteriores de la República de Cuba en Armas, Rafael María Portuondo Tamayo, y presentado al Consejo de Gobierno durante la Guerra de Independencia cubana. La investigación examina el contexto histórico-político en que surge este instrumento normativo, las necesidades estratégicas, militares y financieras que lo motivaron, y la arquitectura jurídica que propone para articular la acción exterior de la causa independentista. Mediante los métodos histórico-jurídico, exegético y de análisis documental, se demuestra que dicho proyecto constituyó una expresión avanzada de institucionalización jurídica y diplomática en condiciones de guerra, representando la voluntad de la República de Cuba en Armas de dotarse de un sistema propio de relaciones internacionales que legitimara su lucha ante la comunidad internacional. Los resultados de la investigación aportan elementos relevantes para la historiografía jurídica cubana y para la comprensión del derecho constitucional en situaciones de ruptura estatal.

Palabras Clave: República de Cuba en Armas; relaciones internacionales; historia del derecho; Guerra de Independencia.

ABSTRACT

This article provides a historical-legal analysis of the draft “General Provisions for the Organization and Regime of Cuba’s Representation Abroad”, prepared on July 29, 1896, by the Secretary of Foreign Relations of the Republic of Cuba in Arms, Rafael María Portuondo Tamayo, and submitted to the Government Council during the Cuban War of Independence. The study examines the historical and political context in which this regulatory instrument emerged, the strategic, military, and financial needs that motivated it, and the legal architecture it proposes to articulate the external action of the independence cause. Using historical-legal, exegetical, and documentary analysis methods, the article demonstrates that this draft constituted an advanced expression of legal and diplomatic institutionalization under wartime conditions, representing the will of the Republic of Cuba in Arms to develop its own system of international relations to legitimize its struggle before the international community. The research results contribute relevant elements to Cuban legal historiography and to the understanding of constitutional law in situations of state rupture.

Keywords: Republic of Cuba in Arms; international relations; history of law; War of Independence.

Introducción

La historia del derecho cubano, entre otras cuestiones, no debe comprenderse al margen del proceso revolucionario que, a lo largo del siglo XIX, transformó la condición colonial de la isla en un proyecto político emancipador de alcance continental. En ese marco, la República de Cuba en Armas generó un ordenamiento jurídico singular: normas aprobadas en condiciones de beligerancia, en territorios no controlados completamente, pero con la vocación de organizar un Estado soberano (Estévez González, 2014; Torres-Cuevas y Loyola Vega, 2001; Vega Vega, 1988). Entre esas normas se encuentra el proyecto de “Disposiciones Generales para la Organización y Régimen de la Representación de Cuba en el Extranjero”(Llaverías y Santovenia, 1928), presentado al Consejo de Gobierno el 29 de julio de 1896 por el Secretario de Relaciones Exteriores, Rafael María Portuondo Tamayo.

La relevancia científica de este documento reside en que constituye, hasta donde alcanza la historiografía disponible, uno de los instrumentos más sistemáticos y elaborados que la República de Cuba en Armas produjo para regular su acción exterior y uno de los pocos que hasta hoy se conoce en el periodo del constitucionalismo mambí. En él convergen el derecho internacional, el derecho administrativo, el derecho financiero y la estrategia militar, conformando un cuerpo normativo de cuarenta y un artículos organizados en siete capítulos, cuya finalidad era articular la representación diplomática, la captación de recursos y la organización de expediciones armadas desde los Estados Unidos y otras naciones hacia el territorio cubano.

Teniendo esto en cuenta, el presente artículo tiene como objetivo el análisis histórico-jurídico del proyecto de “Disposiciones Generales para la Organización y Régimen de la Representación de Cuba en el Extranjero” (Llaverías y Santovenia, 1928).

Para ello, la investigación emplea los métodos histórico-jurídico, exegético y de análisis documental. El método histórico-jurídico permite situar el proyecto en su contexto de producción y valorar su significación en el marco del constitucionalismo mambí. El método exegético orienta el análisis del articulado, su estructura interna y los principios jurídicos que lo sustentan. El análisis documental garantiza el tratamiento crítico de las fuentes primarias, en particular de la edición de Llaverías y Santovenia (1928), que constituye la fuente principal del proyecto.

El análisis se desarrolla a partir de dos dimensiones inseparables. Como producto histórico, el proyecto solo puede comprenderse cabalmente en el marco de la Guerra de Independencia y del sistema constitucional inaugurado por la Constitución de Guáimaro en 1869 —primera expresión del constitucionalismo mambí— y consolidado por la Asamblea de Jimaguayú en 1895, que confirió al Consejo de Gobierno la facultad de legislar en materia de relaciones exteriores. Como texto normativo, demanda un examen exegético de su estructura, sus categorías jurídicas y sus mecanismos de control, capaz de revelar hasta qué punto la República de Cuba en Armas aspiraba a constituirse en sujeto pleno de derecho internacional.

Desarrollo

Contexto histórico: Cuba en armas contra el dominio colonial español

Antecedentes: de la Guerra de los Diez Años a la Guerra Necesaria

La lucha por la independencia de Cuba frente al dominio colonial español no fue un acontecimiento súbito, sino el resultado de un prolongado proceso de acumulación de tensiones políticas, económicas y sociales ( López Civeira et al., 2004; Torres-Cuevas y Loyola Vega, 2001). La Guerra de los Diez Años (1868-1878), iniciada con el alzamiento del 10 de octubre, bajo el liderazgo de Carlos Manuel de Céspedes, constituyó el primer gran esfuerzo de organización estatal insurrecional cubano.

Durante ese conflicto, la República en Armas aprobó la Constitución de Guáimaro (1869), que estableció los cimientos de un gobierno republicano en condiciones de guerra y fijó la separación de poderes, la abolición de la esclavitud y los principios del derecho público cubano (Vega Vega, 1988).

Desde el punto de vista histórico-jurídico, la Constitución de Guáimaro contó con disposiciones que, si bien no configuraban un sistema diplomático articulado, sentaron las bases normativas de las relaciones internacionales de la República en Armas. Su artículo 24 atribuyó al Presidente de la República la facultad de “celebrar tratados con las naciones extranjeras con la aprobación de la Cámara”. Esta disposición, aparentemente escueta, revistó una significación política y jurídica de primera magnitud: al establecer la competencia del ejecutivo para negociar con potencias extranjeras, la Constitución reconocía implícitamente la necesidad de proyectar hacia el exterior la existencia de un Estado cubano en formación, capaz de asumir compromisos internacionales y de reclamar el reconocimiento de beligerancia por parte de terceros países.

El artículo 23 de la propia Constitución encomendaba al Presidente el despacho de los asuntos del gobierno a través de Secretarios responsables, entre los que se encontraba el Secretario de Relaciones Exteriores. La creación de esta Secretaría, incorporada ya al texto constitucional de 1869, demuestra que desde el primer momento del constitucionalismo mambí la gestión de las relaciones con el exterior fue concebida como una función específica y diferenciada dentro de la estructura del gobierno insurrecto, no como una actividad marginal o acumulada a otras competencias ejecutivas. Ello otorgaba a la diplomácia revolucionaria cubana una base institucional que, aunque modesta en su alcance práctico inicial, era jurídicamente relevante.

La Constitución de Guáimaro también contempló en su artículo 26 la posibilidad de que la Cámara de Representantes autorizara al ejecutivo a “buscar auxilios pecuniarios en el extranjero”, es decir, a gestionar recursos financieros internacionales para el sostenimiento de la guerra. Esta norma tenía una dimensión práctica inmediata: la insurreción no podía sostenerse sin el flujo continuo de armas, municiones y fondos procedentes del exterior, especialmente de la emigración cubana en los Estados Unidos. Al constitucionalizar esta facultad, el texto de 1869 reconocía que la acción exterior de la República en Armas era una condición de supervivencia del propio proyecto independentista, y no un aspecto accesorio de la organización estatal.

Sin embargo, la práctica de las relaciones internacionales bajo la Constitución de Guáimaro no estuvo exenta de tensiones, precisamente por la estructura de controles que el texto establecía. Uno de los episodios más ilustrativos de las fricciones entre el ejecutivo y la Cámara de Representantes en este ámbito fue la designación, por parte del Presidente Carlos Manuel de Céspedes, de Gonzalo de Quesada como Ministro Plenipotenciario en los Estados Unidos. Esta decisión provocó una aguda disputa entre los llamados “aldamistas” y “quesadistas”, que expresaba, más allá de las rivalidades personales, el conflicto entre distintas concepciones sobre quién debía controlar la acción diplomática y los recursos de la emigración. Este enfrentamiento puso de manifiesto las limitaciones prácticas del modelo constitucional de Guáimaro en materia de política exterior: la exigencia de aprobación legislativa para los actos diplomáticos importantes, lejos de garantizar una gestión eficaz y cohesionada de las relaciones exteriores, generaba obstáculos y conflictos que debilitaban la capacidad de acción del gobierno insurrecto.

La experiencia de la Guerra de los Diez Años en materia de relaciones exteriores dejó, por tanto, una lección jurídico-política decisiva: la necesidad de concentrar las facultades de conducción diplomática en el ejecutivo, reduciendo la intervención legislativa que, en condiciones de guerra, resultó más paralizante que garantista. Esta lección fue recogida por los constituyentes de Jimaguayú en 1895, que optaron por un modelo de gobierno radicalmente distinto: un Consejo de Gobierno con plenas facultades ejecutivas y legislativas, incluida la conducción de la política exterior, sin parlamento que frenara o condicionara sus decisiones. El proyecto de Disposiciones Generales de 1896 es, precisamente, el desarrollo normativo de esa competencia constitucional concentrada, heredera de las enseñanzas del primer constitucionalismo mambí.

La Paz del Zanjón (1878) puso fin temporalmente al enfrentamiento, pero dejó irresuelta la cuestión de la soberanía cubana y frustradas las aspiraciones independentistas de una parte significativa de los combatientes.

Tras el armisticio, José Martí emprendió la tarea de unificar a los cubanos dispersos en la emigración bajo una estrategia política coherente. Con este propósito, fundó el Partido Revolucionario Cubano (PRC) en 1892, organización que articuló a las comunidades emigradas en Tampa, Cayo Hueso, Nueva York y otros centros urbanos de los Estados Unidos, así como en América Latina y Europa (Arranz Flores y García Herrera, 2026; González Quevedo, 2016; López Civeira et al., 2004; Pérez Véliz y Crespo Hernández, 2018; Torres-Cuevas y Loyola Vega, 2001). El PRC no era solo una estructura política: era también el sustento logístico y financiero de la futura guerra. Su labor consistió en recaudar fondos, comprar armas, organizar expediciones y mantener viva la conciencia independentista entre los cubanos en el exterior (Fernández Bulté, 2005; Pichardo, 1984). Martí comprendió que la liberación de Cuba requería simultáneamente la acción militar en la isla y la acción diplomática y material desde el exterior (Arranz Flores y García Herrera, 2026; López Civeira et al., 2004).

La Guerra Necesaria (1895) y la institucionalización del gobierno insurgente

El 24 de febrero de 1895, el Grito de Baire marcó el inicio de la denominada Guerra Necesaria, nombre con que Martí bautizó el último esfuerzo independentista. En pocas semanas, las fuerzas insurrectas, al mando de figuras como Máximo Gómez y Antonio Maceo, extendieron la conflagración a lo largo de la isla.

La muerte de José Martí en combate, el 19 de mayo de 1895, privó a la causa de su más alto liderazgo político, pero no detuvo el avance militar (López Civeira et al., 2004). En septiembre de ese mismo año, la Asamblea de Jimaguayú aprobó una nueva constitución que concentraba los poderes ejecutivo y legislativo en un Consejo de Gobierno presidido por un Presidente, e integrado por representantes de las fuerzas militares y civiles insurrectas. La Constitución de Jimaguayú respondía a la necesidad de dotar al movimiento de una estructura de gobierno ágil, capaz de conducir la guerra sin los obstáculos de un parlamento y un ejecutivo en constante conflicto, como había ocurrido durante la Guerra de los Diez Años1 (Arranz Flores y García Herrera, 2026; Torres-Cuevas y Loyola Vega, 2001; Torres-Cuevas y Suárez Suárez, 2018; Vega Vega, 1988).

En ese marco, el Consejo de Gobierno asumió funciones legislativas, ejecutivas y de conducción de la política exterior (Hernández Corujo, 1960; Torres-Cuevas y Suárez Suárez, 2018). Asimismo, la creación de la Secretaría de Relaciones Exteriores como una de las carteras del Consejo de Gobierno refleja la voluntad de proyectar hacia el exterior la imagen de un Estado en formación, con capacidad de celebrar acuerdos, gestionar recursos y representar diplomáticamente a la nación en armas (Arranz Flores y García Herrera, 2026; Hernández Corujo, 1960). Esta decisión respondía, además, a una realidad insoslayable: sin abastecimiento externo de armas, municiones y recursos financieros, la guerra no podría sostenerse.

El papel estratégico de la emigración y de los Estados Unidos

La emigración cubana, especialmente la radicada en los Estados Unidos, desempeñó un papel determinante en el sostenimiento material y político de la insurrección. Las comunidades de Tampa y Cayo Hueso aportaron recursos financieros a través de contribuciones regulares organizadas por el PRC. Nueva York se convirtió en el centro neurálgico de la actividad diplomática, financiera y propagandística de la causa cubana. La simpatía de amplios sectores de la sociedad estadounidense hacia la independencia de Cuba —expresada en la prensa, en el Congreso y en los círculos empresariales— ofrecía un terreno favorable para la gestión de recursos y el establecimiento de contactos internacionales.

La proximidad geográfica de los Estados Unidos con Cuba, su consolidado desarrollo industrial, el acceso privilegiado a un mercado de armas y la existencia de una numerosa comunidad cubana en su territorio convirtieron a ese país en el escenario natural desde el cual organizar las expediciones armadas en apoyo a los independentistas cubanos durante las guerras de 1868-1898. No obstante, el gobierno de Washington mantenía una declaración oficial de neutralidad que, en la práctica, resultaba contradictoria y selectiva.

El contexto internacional complejizaba aún más este escenario. Las autoridades españolas ejercían una presión sistemática sobre los gobiernos de países con colonias caribeñas o intereses estratégicos en la región para impedir el tráfico de armas hacia Cuba, lo que generaba fricciones diplomáticas con Washington. Frente a ello, el gobierno estadounidense adoptó una postura ambigua: aplicaba la legislación de neutralidad de manera intermitente y con criterios discrecionales, lo que en la práctica permitió el flujo de recursos materiales y humanos hacia la insurgencia cubana. Esta ambigüedad no era casual, sino que respondía a los crecientes intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos en Cuba y en el Caribe en general, que encontrarían su desenlace con la intervención militar de 1898 y el posterior establecimiento de una república bajo tutela estadounidense.

Dicha neutralidad imponía restricciones legales a la salida de buques armados desde puertos estadounidenses, lo que obligaba a los organizadores de las expediciones a actuar con extrema cautela y reserva, sorteando la vigilancia de las autoridades federales mediante redes clandestinas de financiamiento y logística. Esta circunstancia explica la minuciosidad de las disposiciones relativas a la organización de expediciones que contiene el proyecto de 1896, elaborado en el seno de la emigración cubana en los Estados Unidos. Sin embargo, la llamada neutralidad estadounidense distaba de ser imparcial: mientras se perseguían formalmente las actividades de apoyo a la insurgencia cubana, amplios sectores del empresariado, la prensa y el Congreso norteamericano manifestaban abiertamente su simpatía hacia la causa independentista, cuando no la alentaban de manera encubierta. Esta tensión entre el discurso oficial de neutralidad y las prácticas concretas de permisividad —o incluso complicidad— configura lo que puede denominarse una política de falsa neutralidad.

El andamiaje jurídico-político de la República de Cuba en Armas

Para comprender el proyecto de 1896 es imprescindible examinarlo en el contexto del sistema jurídico-constitucional que la República de Cuba en Armas había construido desde 1895. La Constitución de Jimaguayú estableció las bases de ese sistema: un Consejo de Gobierno con plenas facultades para legislar, administrar y conducir la guerra, un Lugarteniente General como jefe de las fuerzas armadas y una estructura de secretarías que cubrían los principales ámbitos de la administración pública insurgente, lo que puede constatarse en su artículo 1 (Fernández Bulté, 2005; Torres-Cuevas y Suárez Suárez, 2018; Vega Vega, 1988). Entre esas secretarías, la de Relaciones Exteriores tenía como misión esencial gestionar los vínculos de la República en Armas con otros gobiernos, con la emigración cubana y con los organismos internacionales que pudieran reconocer o apoyar la causa independentista.

El texto constitucional de 1895 no detalló los instrumentos normativos mediante los cuales se organizaría la actividad exterior del gobierno insurrecto; esa tarea quedó reservada a la legislación secundaria. El proyecto de Disposiciones Generales de 1896 es, precisamente, el desarrollo normativo de esa competencia constitucional, el cual es desconocido hasta nuestros días por la historiografía jurídica de nuestro país. Su presentación formal ante el Consejo de Gobierno por parte del Secretario Portuondo, con una exposición de motivos detallada y un articulado sistemático, evidencia la seriedad con que el gobierno insurrecto asumía la tarea de dotar de institucionalidad jurídica a su acción exterior. No se trataba de instrucciones informales ni de circulares administrativas; se trataba de un proyecto de ley en toda regla, elaborado con técnica jurídica notable para las condiciones de su tiempo.

Desde una perspectiva iusfilosófica, el proyecto refleja la conciencia de que la legitimidad de la República de Cuba en Armas no se sustentaba únicamente en la fuerza de sus ejércitos, sino también en la construcción de un orden jurídico propio que la diferenciara de una simple facción armada. Esta distinción era crucial para obtener el reconocimiento de beligerancia por parte de las potencias extranjeras, especialmente los Estados Unidos, cuyo apoyo —o al menos cuya tolerancia— resultaba indispensable para el suministro de armas. Al dotarse de un sistema de relaciones exteriores regido por normas precisas, la República en Armas afirmaba su condición de sujeto de derecho internacional.

Análisis histórico-jurídico del proyecto de Disposiciones Generales (1896)

El proyecto orgánico presentado por el Secretario Rafael María Portuondo Tamayo el 29 de julio de 1896 comprende 41 artículos estructurados en siete capítulos, precedidos de una detallada exposición de motivos que justifica cada decisión organizativa (Llaverías y Santovenia, 1928).

El Capítulo I artículos 1-7 establece los preceptos generales, definiendo la jerarquía entre la Delegación en Nueva York —como centro principal—, las agencias subordinadas en Europa y América, y la Secretaría de Relaciones Exteriores como instancia de articulación. El artículo 5 resulta especialmente relevante: dispone que los cargos de representación exterior son obligatorios y gratuitos, otorgándose prioritariamente a quienes hayan prestado servicios a la causa independentista o procedan de los campos de la Revolución. Esta norma conjuga el deber cívico del servicio patriótico con el mérito revolucionario como criterio de acceso a la función pública.

El Capítulo II artículos 8-17 regula al Delegado Plenipotenciario, figura central del sistema, que concentra la alta inspección, la gestión diplomática, la facultad de levantar empréstitos con garantía de rentas presentes y futuras de la República, y la emisión de papel moneda y sellos. El artículo 17 introduce un límite esencial: los contratos del Delegado requieren ratificación del Consejo de Gobierno. Asimismo, la doble firma del Delegado y el Tesorero opera como mecanismo de control sobre los empréstitos. En la exposición de motivos, Portuondo advierte sobre la necesidad de limitar el endeudamiento para no hipotecar el futuro económico de la República independiente (Llaverías y Santovenia, 1928).

El Capítulo III artículos 18-23 regula la figura del Tesorero, depositario de todos los fondos republicanos en el exterior, que solo puede efectuar pagos contra órdenes respaldadas con recibos duplicados. Debe rendir cuentas mensuales, resúmenes trimestrales y un balance anual, sistema que garantiza transparencia y protege a los funcionarios ante posibles acusaciones de corrupción (Llaverías y Santovenia, 1928).

El Capítulo IV artículos 24-35 se dedica al Jefe de Expediciones, responsable de organizar y conducir personalmente las operaciones, guardando absoluta reserva. Los artículos 27 a 33 especifican condiciones técnicas de los buques expedicionarios —velocidad mínima de doce millas por hora, poco calado, lancha de nafta para el alijo— y el embalaje de armas y municiones. El artículo 35 ordena cumplir las disposiciones de la Delegación relativas a las leyes de los Estados Unidos, evidenciando la conciencia sobre el marco legal del país anfitrión (Llaverías y Santovenia, 1928).

El Capítulo VII artículos 38-40 somete a los cubanos residentes en el exterior a las leyes y tribunales de la República, afirmando la jurisdicción personal del Estado insurrecto sobre sus nacionales con independencia del territorio donde se hallen. Ello dota al gobierno de un instrumento de disciplina y cohesión esencial para el esfuerzo bélico desde el exterior.

En cuanto a su significación jurídica debemos decir, que el proyecto de 1896 al ser aprobado constituye la primera codificación sistemática del derecho de relaciones exteriores cubano, adelantándose en décadas a los instrumentos normativos de la República neocolonial. Evidencia que la República de Cuba en Armas no era un mero estado de excepción bélica, sino un proyecto de Estado moderno con vocación de permanencia, dotado de instituciones especializadas, normas técnicas y mecanismos de control. Desde el derecho internacional, asumía implícitamente los criterios de beligerancia reconocida: organización política y militar, control territorial, capacidad de cumplir normas bélicas y voluntad de asumir responsabilidades internacionales. Finalmente, la figura de Rafael M. Portuondo emerge como la de un jurista y estadista que integra las necesidades del presente bélico con la construcción de los fundamentos jurídicos del Estado futuro (Llaverías y Santovenia, 1928).

El Delegado Plenipotenciario: concentración de atribuciones y límites institucionales

Los artículos 8 al 17, correspondientes al Capítulo II, regulan las atribuciones del Delegado Plenipotenciario, que emerge como la figura central del sistema (Llaverías y Santovenia, 1928). El Delegado concentra la alta inspección de todos los ramos de la Delegación, la gestión política y diplomática, la facultad de levantar empréstitos con garantía de las rentas públicas presentes y futuras de la República, y la posibilidad de emitir papel moneda y sellos de correos en nombre de Cuba.

La atribución de emitir bonos y papel moneda es especialmente significativa desde la perspectiva del derecho financiero. El proyecto establece que los empréstitos deben destinarse exclusivamente a la compra y remisión de material de guerra para el Ejército Libertador, y que los bonos deben ser firmados conjuntamente por el Delegado y el Tesorero. Esta doble firma no es un formalismo, es un mecanismo de control que impide la unilateralidad en el manejo de recursos públicos. El artículo 17 añade que los contratos y convenios celebrados por el Delegado requieren ratificación del Consejo de Gobierno para tener validez, lo que subordina la autonomía operativa del representante exterior al control supremo del órgano legislativo-ejecutivo. Se trata de un diseño institucional que equilibra eficacia y legitimidad.

En la exposición de motivos, Portuondo justifica la necesidad de limitar los empréstitos a lo absolutamente necesario, argumentando que la voluntad de los patriotas en armas es redimir a Cuba de toda dependencia política y económica que impida o perjudique el libre desenvolvimiento de su riqueza en lo porvenir. Esta formulación es de una significación histórica notable: en plena guerra, el gobierno insurrecto ya pensaba en los riesgos de endeudamiento que la futura república independiente podría heredar de la lucha armada, expresando una conciencia política que trasciende el inmediatismo de las circunstancias bélicas.

La organización de expediciones armadas: técnica jurídica al servicio de la estrategia militar

El Capítulo IV, dedicado al Jefe de Expediciones (artículos 24 al 35), es quizás el segmento más operativo del proyecto, y constituye una muestra de cómo el derecho puede ponerse al servicio de la estrategia militar sin perder su carácter normativo. El Jefe de Expediciones es responsable de la dirección y organización de todas las expediciones, y está obligado a conducirlas personalmente en el mayor número de casos posible, guardando absoluta reserva sobre todos sus particulares.

Los artículos 27 al 33 regulan los aspectos técnicos de los buques expedicionarios: velocidad mínima de doce millas por hora, poco calado, dotación de botes salvavidas y lancha de nafta para el alijo del cargamento. También se detalla el modo en que deben envasarse las armas —en tela impermeable, en paquetes de cuatro o cinco— y las municiones —con envoltura interior de hoja de lata y exterior de madera, con peso máximo de cuarenta libras—. Estas especificaciones técnicas en un texto jurídico revelan la fusión entre el saber práctico de los organizadores de expediciones y la voluntad de la administración de normalizar y estandarizar los procedimientos logísticos para garantizar la eficacia y la seguridad de las operaciones.

El artículo 35 remite expresamente al cumplimiento de las disposiciones de la Delegación relativas a las leyes de los Estados Unidos, evidenciando la conciencia del gobierno insurrecto acerca de la necesidad de actuar dentro del marco legal del país anfitrión para no comprometer la tolerancia del gobierno estadounidense, esencial para el funcionamiento de la base de operaciones en Nueva York.

El Tesorero y el control financiero republicano

El Capítulo III (artículos 18 al 23) regula la figura del Tesorero con un detalle que refleja una concepción avanzada de la administración financiera pública. El Tesorero es depositario de todos los fondos de la República en el exterior, y está obligado a custodiarlos en bancos de reconocido crédito. Solo puede efectuar pagos contra órdenes del Delegado o del Jefe de Expediciones, siempre respaldadas por recibos duplicados que identifican el concepto del gasto. Adicionalmente, el Tesorero debe rendir cuentas mensuales detalladas, resúmenes trimestrales y un balance anual, remitiendo copias a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Este sistema de rendición de cuentas tiene una doble función: garantizar la transparencia en el manejo de los recursos recaudados entre la emigración y los simpatizantes extranjeros, y proteger a los funcionarios de acusaciones de corrupción o malversación. En la exposición de motivos, Portuondo destaca que el cargo de Tesorero permite librar al Delegado de las tareas enojosas de esa dependencia y aprovechar los conocimientos financieros del titular para asesorar en materias de compra de material de guerra y contratación. Esta racionalización funcional expresa una comprensión clara de la especialización administrativa como condición de eficacia institucional.

La comunidad emigrada como sujeto jurídico

El Capítulo VII (artículos 38 y 39) aborda la situación de los cubanos residentes en el exterior, determinando que el Delegado y los Agentes serán los encargados de regular el cumplimiento del artículo 19 de la Constitución por parte de esa comunidad. Aunque el texto no transcribe dicho artículo constitucional, es conocido que establecía deberes de contribución a la causa de los cubanos en condiciones de hacerlo. La disposición final del artículo 40 es de una contundencia jurídica notable: todos los funcionarios y cubanos residentes en el extranjero están sometidos a las leyes y tribunales de la República, y comparecerán ante el Consejo de Gobierno cuantas veces lo estime necesario.

Esta norma tiene un significado político de primer orden: afirma la jurisdicción personal de la República de Cuba en Armas sobre sus nacionales con independencia del territorio en que se encuentren, reclamando para el Estado insurrecto una de las facultades propias de la soberanía estatal reconocida por el derecho internacional de la época. Al extender su autoridad sobre la emigración, el gobierno insurrecto se dotaba de un instrumento de disciplina y cohesión que era esencial para la organización efectiva del esfuerzo bélico desde el exterior.

Significación histórico-jurídica del proyecto de 1896

El proyecto de Disposiciones Generales de 1896 ocupa un lugar singular en la historia del derecho público cubano por varias razones. En primer término, representa la primera codificación sistemática del derecho de las relaciones exteriores producida por el Estado cubano, adelantándose en décadas a los instrumentos normativos que regularían la diplomacia de la República en el período neocolonial inaugurado en 1902. En segundo lugar, el proyecto evidencia que la República de Cuba en Armas no era un simple estado de excepción bélica, sino un proyecto de Estado moderno con vocación de permanencia, dotado de instituciones especializadas, normas técnicas y mecanismos de control. Esa vocación de Estado es lo que distingue a la insurrección cubana de otros movimientos armados de la época y lo que le confirió una legitimidad política que trascendió el espacio latinoamericano.

Desde la perspectiva del derecho internacional, el proyecto asumía implícitamente los criterios de la beligerancia reconocida: organización política y militar, control de territorio, capacidad de cumplir con las normas del derecho de la guerra y voluntad de asumir responsabilidades internacionales. Al establecer un sistema de representación exterior con funciones diplomáticas, financieras y consulares claramente delimitadas, la República en Armas buscaba acreditar ante la comunidad internacional que no era una facción insurgente sino un sujeto de derecho internacional con capacidad de actuar en nombre de la nación cubana.

Finalmente, la figura de Rafael M. Portuondo como autor del proyecto merece una consideración específica. Portuondo, jurista camagüeyano de formación rigurosa, demostró con este documento una capacidad técnica y una visión política que lo sitúan entre los forjadores del derecho público cubano. Su exposición de motivos no es el texto de un administrador improvisado por las circunstancias de la guerra; es el razonamiento de un estadista que piensa simultáneamente en las necesidades del presente bélico y en los fundamentos jurídicos del Estado futuro.

Conclusiones

El proyecto surge en un contexto de guerra de independencia en el que el gobierno insurrecto cubano, legitimado por la Constitución de Jimaguayú de 1895, necesitaba articular de manera sistemática y eficiente su acción exterior para garantizar el abastecimiento material del Ejército Libertador y proyectar internacionalmente la legitimidad de su causa.

El texto normativo exhibe un notable nivel de técnica jurídica, estructurándose en capítulos temáticos que regulan de manera detallada las funciones del Delegado Plenipotenciario, el Tesorero, el Jefe de Expediciones, el Secretario y los Agentes y Sub-Agentes, con mecanismos de control, rendición de cuentas y jerarquía funcional que anticipan los principios modernos del derecho administrativo cubano.

El proyecto expresa la voluntad de la República de Cuba en Armas de constituirse en sujeto de derecho internacional, al dotarse de un sistema de relaciones exteriores propio que incluía funciones diplomáticas, financieras y consulares, y al afirmar la jurisdicción personal del Estado insurrecto sobre los cubanos residentes en el exterior.

La exposición de motivos elaborada por el Secretario Portuondo constituye un documento de particular valor para la historia del pensamiento jurídico-político cubano, por la coherencia de su argumentación, la conciencia de los riesgos del endeudamiento externo y la afirmación de la soberanía como valor supremo de la causa independentista.

El proyecto de 1896, convertido en Ley, representa un antecedente fundamental para la historiografía jurídica cubana que merece mayor atención en los estudios sobre el derecho público de la nación, especialmente en el análisis de la continuidad y la ruptura entre el ordenamiento jurídico insurrecional del siglo XIX y el derecho positivo de la República instaurada en 1902.

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notas

Esta decisión no fue arbitraria. La Constitución de Jimaguayú respondía directamente a las lecciones extraídas de la Guerra de los Diez Años (1868-1878), durante la cual el conflicto permanente entre el parlamento y el ejecutivo había debilitado estructuralmente el esfuerzo bélico y contribuido, en última instancia, al fracaso de aquella primera insurrección. El nuevo diseño constitucional buscaba, por tanto, un gobierno ágil, capaz de conducir la guerra con eficiencia y sin los obstáculos derivados de una división rígida de poderes en tiempo de conflicto armado, donde el mando civil no interfiriese en el militar para frenar el avance de la contienda.

Recibido: 20 de febrero de 2026

Conflicto de Intereses:

El autor declara que no existen

conflictos de intereses relacionados

con el artículo.

Contribución de Autoría:

No aplica

Agradecimientos:

No aplica

Financiación:

No aplica

PrePrint:

No publicado

Aprobado: 20 de marzo de 2026

Derechos de Autor:

Los derechos de autor son mantenidos por el autor, quien otorga a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. El autor podrá establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, su publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, la publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.

Cómo citar (APA, séptima edición):

Rodríguez Gamón, K. (2026). Geopolítica y espacio algorítmico: hacia nuevos enfoques teóricos en la era blockchain. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7 (3), 71-87.

RESUMEN

El presente artículo propone un marco teórico-metodológico para el estudio del poder estatal en la era digital, en el que se integra la teoría económica marginalista al análisis geopolítico para conceptualizar el espacio algorítmico como un nuevo dominio de competencia estratégica. A partir de una revisión de la evolución de los espacios de proyección de poder —desde el territorial hasta el ciberespacio—, se argumenta que el poder algorítmico constituye una forma emergente de dominio basada en el control de protocolos, reglas de consenso y código autoejecutable. Como principal novedad científica, el artículo operacionaliza este enfoque mediante la construcción del Índice de Soberanía Blockchain Estatal (ISBE), un instrumento cuantitativo que permite medir y comparar la capacidad de los Estados para proyectar soberanía en el dominio algorítmico a través de cinco dimensiones empíricamente fundadas: reservas estratégicas, validación soberana, minería institucional, infraestructura de nodos y plataforma soberana.

Palabras clave: geopolítica; poder; blockchain; espacio algorítmico; soberanía estatal.

ABSTRACT

This article proposes a theoretical-methodological framework for the study of state power in digital age, integrating marginalist economic theory into geopolitical analysis to conceptualize algorithmic space as a new domain of strategic competition. Based on a power projection spaces evolution review —from territorial to cyberspace— it argues that algorithmic power constitutes an emerging form of domination based on the control of protocols, consensus rules, and self-executing code. As its main scientific contribution, the article operationalizes this approach by constructing the State Blockchain Sovereignty Index (SBSI), a quantitative instrument that enables measuring and comparing states’ capacity to project sovereignty in the algorithmic domain through five empirically grounded dimensions: strategic reserves, sovereign validation, institutional mining, node infrastructure, and sovereign platforms.

Keywords: geopolitics; power; blockchain; algorithmic space; state sovereignty.

INTRODUCCIÓN

La geopolítica, como disciplina que estudia la proyección del poder en el espacio, es un campo en perpetua evolución. El término fue acuñado por el politólogo sueco Rudolf Kjellén, en 1899, quien lo concibió como “la ciencia que estudia al Estado como un organismo geográfico sujeto a las mismas leyes de crecimiento y desarrollo que los seres vivos” (Kjellén, 1899, p. 285). Desde sus orígenes, centrados en la influencia del territorio físico, la disciplina ha evolucionado para analizar la competencia en ámbitos cada vez más abstractos e intangibles. El prefijo “geo-” ha trascendido, así, su significado puramente geográfico para aplicarse a la disputa por el control de recursos estratégicos como los flujos de información, los estándares tecnológicos y la arquitectura de las redes digitales. Este giro refleja la comprensión de que la soberanía y la influencia contemporáneas se proyectan y se disputan en espacios funcionales y capas lógicas de gobernanza que redefinen las relaciones internacionales. Así, la competición estratégica se desplaza hacia dominios donde la capacidad de establecer las reglas de funcionamiento de sistemas descentralizados marca la nueva frontera del poder.

En este contexto de transformación, los protocolos descentralizados blockchain han emergido como la materialización concreta de este nuevo dominio estratégico intangible: el espacio algorítmico, el cual se ha convertido en una herramienta geopolítica de primer orden. Su utilidad trasciende lo financiero para operar como infraestructura crítica en conflictos contemporáneos, instrumentalizada por una amplia gama de actores. Por un lado, Estados bajo sanciones internacionales han institucionalizado las criptomonedas descentralizadas para crear circuitos financieros paralelos que evaden restricciones. Por otro, actores no estatales, desde organizaciones terroristas hasta cárteles, las emplean para financiación encubierta y lavado de dinero. Simultáneamente, Estados en conflicto abierto como Ucrania o aislados financieramente como Corea del Norte, las usan para crowdfunding bélico o como arma de guerra híbrida.

El objetivo central de este artículo no es profundizar en los usos geopolíticos específicos de las criptomonedas (véase anexo 1), un ejercicio ya realizado por una literatura creciente, sino aplicar los postulados de la teoría económica marginalista al análisis cratológico de las relaciones internacionales, con especial énfasis en la geopolítica. Esto permite explicar el fenómeno del poder en la era digital, conceptualizar el espacio o dominio algorítmico como el nuevo teatro de competencia por recursos intangibles, y operacionalizar esta mirada mediante la propuesta de un Índice de Soberanía Blockchain Estatal (ISBE) que permita medir y comparar cuantitativamente la capacidad de los Estados en este ámbito. Para ello, esta investigación emplea métodos teóricos como el histórico-lógico, el análisis-síntesis y el sistémico, y técnicas empíricas que incluyen el análisis documental sistemático y modelos de IA LLM (DeepSeek-V3.2, Grok y Gemini 2.5 Flash) para la corrección de la redacción del artículo científico. Por último, se empleó el análisis estadístico descriptivo y la normalización de datos cuantitativos provenientes de fuentes públicas especializadas (Bitnodes.io, Arkham Intelligence, Cambridge Centre for Alternative Finance, CoinMarketCap, Chainanalysis e institucionnes oficiales de varios gobiernos) para la construcción del Índice de Soberanía Blockchain Estatal.

DESARROLLO

El poder constituye una constante transversal tanto en los sistemas naturales como en las estructuras sociales humanas. Desde una perspectiva biológica, autores como Charles Darwin (1859) mostraron cómo la competencia por recursos escasos y la adaptación al entorno configuran relaciones asimétricas de supervivencia, donde la capacidad de influir, dominar o resistir determina la continuidad de las especies. Esta lógica relacional se proyecta en la sociedad humana, donde el poder deja de ser exclusivamente biológico para institucionalizarse y adquirir dimensiones políticas, económicas y simbólicas.

El análisis del poder supone la presencia de cuatro elementos importantes: el sujeto (individuo, grupo u organización que ejerce el poder); el objeto (individuo, grupo u organización sobre los cuales es ejercido); el medio (bien o recurso que el sujeto utiliza para ejercer poder sobre el objeto); y el fin (objetivo con el cual el poder es ejercido por el sujeto sobre el objeto). Luego de los estudios del poder llevados a cabo por Max Weber en su obra “Economía y sociedad” (1922), el politólogo italiano Norberto Bobbio, en “Teoría general de la política” (1999), formuló la tipología moderna de las formas de poder, a partir de los medios a través a de los cuales es ejercido:

• Poder Económico: Se ejerce a través de la posesión de bienes, recursos o necesidades, lo que crea una situación de escasez para influir en el comportamiento de aquellos que no los poseen, y los induce a realizar un cierto tipo de trabajo.

• Poder Político: Se fundamenta en la posesión de los instrumentos a través de los cuales se ejerce la fuerza física, es decir, a través de las armas de cualquier especie y grado.

• Poder Ideológico: Se basa en la influencia de ideas formuladas de cierta manera o emitidas en ciertas circunstancias, por figuras de autoridad, y difundidas para influir en el comportamiento de los gobernados.

A partir del análisis de Bobbio se puede apreciar que el poder, visto desde la politología, parte de la acción humana y la contrafactualidad1. Es precisamente esto último el basamento de la definición propuesta: “El poder es una relación social mediante la cual un actor altera el curso esperado de la acción de otro, induciendo una decisión o conducta distinta a la que habría ocurrido en ausencia de dicha relación.” (Elaborado por el autor)

Esto implica cuatro supuestos ontológicos: (1) La acción humana es intencional, pero limitada por estructuras; (2) los actores eligen entre cursos alternativos de acción; (3) el poder se revela en la desviación del resultado esperado, (4) el poder no es una cosa, sino una relación causal observable ex post (Mises, 1949/2007; Hoppe, 2015). Estos supuestos ontológicos encuentran su fundamento material en la escasez.

La escasez, en este marco, no se reduce a la mera limitación física. Un bien se convierte en un medio escaso relevante para el poder cuando la necesidad que satisface supera la cantidad disponible del mismo. Esto implica que la escasez es una relación subjetiva y contextual entre fines humanos ilimitados y medios limitados. Un medio escaso es, por tanto, cualquier recurso —material o inmaterial— cuya disponibilidad es limitada en relación con su demanda, cuya distribución es potencial o realmente asimétrica, y cuya posesión o acceso condiciona decisivamente el abanico de acciones posibles para otros.

La escasez así entendida puede ser natural (petróleo, tierra fértil), pero también creada (patentes, licencias), mantenida (monopolios legales) o institucionalizada (el derecho a votar en una democracia). Esta concepción amplia permite superar enfoques reduccionistas y entender cómo el control diferencial de cualquier recurso escaso, desde el capital hasta la legitimidad o los algoritmos, constituye la base estructural de toda relación de poder.

Del poder al Estado: institucionalización y monopolio de la escasez estratégica

La naturaleza relacional y estructural del poder, fundamentada en el control asimétrico de recursos escasos, presenta una inherente inestabilidad: depende de la capacidad continua de los actores para imponer su voluntad, está sujeta a la resistencia y es vulnerable a la contingencia de las disputas inmediatas. Como advirtió Max Weber (1922), el poder, basado únicamente en la coerción o el carisma es efímero; requiere transformarse en dominación legítima, es decir, en un orden institucionalizado que sea percibido como válido y que opere de manera impersonal y predecible. Este proceso de institucionalización —mediante el cual las relaciones de poder se cristalizan en normas, roles y estructuras que trascienden a los individuos— es el mecanismo histórico que convierte el dominio circunstancial en autoridad duradera.

Este proceso de estabilización encuentra su expresión formal en la institucionalización del poder, es decir, “el mecanismo mediante el cual el control sobre medios escasos se codifica en sistemas de reglas, normas y organizaciones impersonales” (Elaborado por el autor). Estas estructuras permiten la reproducción automática y relativamente independiente de las relaciones de dominio, lo que trasciende la voluntad o presencia de individuos específicos. Sus características clave son: (1) durabilidad, pues el poder sobrevive a sus titulares originales; (2) legibilidad, al volverse reconocible y socialmente aceptable; (3) previsibilidad, al reducir la incertidumbre en su ejercicio; y (4) reproducibilidad, ya que puede ejercerse sin recurrir constantemente a la coerción explícita.

En este marco, las instituciones se revelan como tecnologías de poder especializadas en el control estable de la escasez. El derecho, por ejemplo, administra la escasez de lo permitido y lo prohibido; la burocracia estatal gestiona la escasez de acceso a servicios y autorizaciones; la moneda de curso legal monopoliza la escasez del medio de intercambio legítimo; y la soberanía define la escasez última de la autoridad política en un territorio. Lejos de ser meros arreglos administrativos neutrales, instituciones como la ciudadanía o el sistema financiero son artefactos diseñados para cristalizar y perpetuar asimetrías en el control de recursos decisivos, lo que transforma relaciones de poder contingentes en órdenes sociales predecibles y perdurables.

Este proceso de institucionalización encuentra su expresión más completa y coercitiva en el Estado moderno2. Sin embargo, su esencia como tecnología de poder va más allá: el Estado es la forma históricamente más exitosa de institucionalización porque monopoliza y crea recursos escasos fundamentales. Estos son: (1) la violencia legítima (poder político), (2) la moneda de curso legal (poder económico), (3) la producción de normatividad (poder jurídico), y (4) la legitimidad simbólica (poder ideológico). Así, el Estado no es una entidad natural o eterna, sino una solución histórica y un aparato especializado en concentrar y administrar las formas de escasez más decisivas para la vida social, al tiempo que estabiliza el poder en una estructura de dominación duradera y territorialmente definida. Esta consolidación del Estado como monopolizador de escaseces estratégicas —violencia, moneda, ley y legitimidad— lo constituye en el actor central del sistema internacional y en el eje de la geopolítica clásica3. Esta última puede definirse, de acuerdo con lo abordado hasta el momento, como el estudio de la competencia interestatal por el control de recursos escasos —territorio, rutas estratégicas, materias primas— en distintos espacios, con el fin de acumular poder relativo4 (Klare, 2001; Mearsheimer, 2001).

Evolución de los espacios de proyección de poder: del dominio5 terrestre al algorítmico.

La proyección geopolítica del Estado se fundamenta en ficciones jurídico-políticas que transforman realidades materiales y humanas en unidades de gobierno y competencia internacional. La soberanía (el control exclusivo sobre un territorio delimitado), la población (transformada en ciudadanía administrativa) y la frontera (línea que convierte el espacio continuo en jurisdicción discreta) son construcciones que permiten al Estado operar como un actor unitario en el escenario global. Es sobre este sustrato que la geopolítica clásica erige su teoría, la cual toma el espacio terrestre como el ámbito primordial donde se disputa el poder.

Para Friedrich Ratzel (1897), el Estado era un organismo que necesitaba territorio para sobrevivir y crecer (Lebensraum), concibiendo el suelo como el medio escaso fundamental. Halford Mackinder (1904) profundizó este análisis al identificar la “Región Cardial” (Heartland) de Eurasia como la zona terrestre cuyo dominio permitiría controlar el mundo. Esta visión fue complementada y contestada por Nicholas Spykman (1942), quien argumentó que el verdadero poder no radicaba en el Heartland, sino en el “Territorio Costero” o Rimland —el cinturón litoral de Eurasia—, pues desde ahí se podía proyectar poder tanto marítimo como terrestre y contener cualquier hegemonía continental. En esta tradición, el ejército, la frontera y la ley son los instrumentos mediante los cuales el Estado ejerce y defiende su monopolio sobre el territorio y sus recursos, lo que establece la base física de toda competencia geopolítica posterior.

La lógica territorial y estática de la geopolítica clásica encuentra su contraparte y complemento en el espacio naval, ámbito donde el poder se ejerce de manera distinta. Su rasgo distintivo es la fluidez: el mar, como bien señaló Alfred Thayer Mahan en “The influence of sea power upon history, 1660–1783” (1890), es una gran vía de comunicaciones y comercio, un espacio que no puede ser apropiado de manera permanente, pero cuyas rutas marítimas —estrechos, canales y corredores oceánicos— constituyen el medio escaso por excelencia. En esta obra, argumentó que el dominio naval, sustentado por una flota de combate, bases estratégicas y una marina mercante, era decisivo para el ascenso de las naciones. Sin embargo, una reinterpretación contemporánea de su legado subraya que el poder naval no se basa en la posesión del espacio, sino en la capacidad de garantizar o interrumpir flujos —comerciales, informativos, energéticos— a escala global.

Esta perspectiva fue afinada por teóricos como Julian Corbett, el cual en “Some principles of maritime strategy” (1911) enfatizó el uso del mar para la proyección de influencia y la interdicción, más que para la batalla decisiva. La adopción estratégica de estas doctrinas por potencias emergentes, como la Armada Imperial Japonesa durante la era Meiji —guiada por teóricos como Sato Tetsutaro—, demostró su validez. El poder naval inaugura entonces una lógica geopolítica superior: la del control de flujos sobre la del mero control de territorios.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la competencia se extendió hacia el espacio aéreo, donde el medio escaso ya no es la ruta, sino la capacidad de proyección tridimensional y el control del cielo. Giulio Douhet (1921), en su tratado “El dominio del aire”, postuló que la superioridad aérea conferiría un poder decisivo al permitir atacar el corazón del enemigo, lo que trasciende las limitaciones de los frentes terrestres y marítimos. Este dominio fue rápidamente superado por la carrera hacia el espacio ultraterrestre, ámbito donde la escasez se redefine en términos de posiciones orbitales privilegiadas, el espectro electromagnético y el acceso a recursos como la energía solar o minerales de asteroides.

Como argumenta Everett C. Dolman en su obra “Astropolitik: Classical geopolitics in the space age” (2002), la astropolítica es la extensión lógica de la geopolítica, donde el control del “alta frontera” se convierte en un multiplicador de poder crítico para la seguridad nacional. En ambos espacios, el actor predominante sigue siendo el Estado tecnológicamente avanzado, aunque en el ámbito ultraterrestre las corporaciones privadas emergen como socios y competidores con creciente influencia. Esta transición demuestra que la desmaterialización progresiva del poder no elimina la escasez, sino que la redefine: de la posesión de territorio al control de capacidades de proyección y, finalmente, al acceso exclusivo a dominios físicos y electromagnéticos de valor estratégico.

La desmaterialización del poder alcanza su expresión más radical en el ciberespacio, un dominio artificial que representa una ruptura histórica con los espacios precedentes: es intrínsecamente no territorial y desafía la aplicación directa de la soberanía clásica basada en fronteras físicas. Como sostiene Joseph Nye en “Cyber power” (2010), el poder en este ámbito se distribuye de manera más difusa, y la escasez principal ya no reside en recursos físicos, sino en la atención, los datos masivos y el acceso a infraestructuras y plataformas digitales. El actor dominante ya no es únicamente el Estado, sino que las plataformas privadas transnacionales —con su control sobre el código, los algoritmos y las redes sociales— ejercen una influencia geopolítica comparable, y, a veces superior, a la de muchos gobiernos. Sin embargo, como argumenta Ronald Deibert en “Black code: Inside the battle for cyberspace” (2013), el ciberespacio no elimina al Estado, sino que lo obliga a adaptarse; mediante estrategias de vigilancia, censura, ciberdefensa y regulación, los Estados buscan reimponer formas de soberanía digital. El ciberespacio debilita la soberanía estatal sin eliminarla, lo que genera un escenario híbrido de competencia, donde el poder se ejerce a través del control de flujos informacionales y de la arquitectura misma de las redes.

La evolución lógica de esta desmaterialización conduce al espacio algorítmico6, una dimensión geopolítica emergente donde el poder se ejerce a través del control de protocolos, reglas de consenso y código autoejecutable (Véase anexo 2). A diferencia del ciberespacio —que comprende la infraestructura de redes, servidores y datos—, el espacio algorítmico es la capa lógica y de gobernanza que organiza la interacción, la validación de la verdad y la distribución de recursos dentro de entornos digitales. Su medio escaso fundamental es la capacidad de definir e imponer las reglas de funcionamiento de un sistema distribuido.

Como sostienen De Filippi & Lovecluck (2016), las tecnologías blockchain materializan este espacio al crear “instituciones autónomas descentralizadas”, donde la soberanía ya no reside en un territorio o una empresa, sino en un protocolo matemático y en los agentes que controlan sus nodos de consenso. La fundamentación técnica del espacio algorítmico reside en su arquitectura de gobernanza distribuida y autoejecutable. A diferencia de las infraestructuras centralizadas del ciberespacio, este se constituye mediante protocolos criptográficos que establecen reglas de consenso para validar transacciones y actualizaciones de estado sin una autoridad central (Nakamoto, 2008).

La escasez crítica aquí es la capacidad de validación y la influencia sobre el protocolo, materializada en la posesión de claves privadas, poder de cómputo o tenencia de tokens nativos. Este diseño crea una soberanía técnica donde el poder se ejerce mediante la participación en la red y el control del código base, no mediante la ocupación física o la jurisdicción legal sobre servidores. Esta arquitectura no es un mero arreglo ingenieril, sino la base material de una nueva forma de competencia geopolítica.

Hacia nuevos enfoques teóricos: escasez algorítmica y mecanismos de control.

En la era contemporánea, la escasez informacional y cognitiva (datos, atención, narrativas) y, emergente, la escasez algorítmica (protocolos, código autoejecutable), representan la última fase de esta evolución. El poder deja de ejercerse predominantemente a través de la coerción directa o la persuasión para establecerse en la infraestructura misma de la interacción: el poder se convierte en arquitectura. Esta transformación del poder en arquitectura actualiza la tipología de Bobbio, dando lugar a nuevas formas de dominio sistémico:

Poder estructural: se ejerce mediante el diseño del entorno de decisión, donde las reglas impersonales del sistema condicionan automáticamente la conducta. Un ejemplo puede ser un sistema financiero internacional que penaliza ciertas transacciones sin intervención directa (Strange, 1996, como se cita en Dubé, 2022; Pustovitovskij, 2016).

Poder algorítmico: Capacidad de ejercer influencia determinante mediante el control, diseño o imposición de las reglas fundamentales (el protocolo) que gobiernan una red crítica. Este poder no reside principalmente en la tenencia de activos, sino en la autoridad para definir e instrumentalizar los mecanismos de consenso, validación, emisión y gobernanza que constituyen su infraestructura misma. (Elaborado por el autor)

La transformación del poder en arquitectura —materializada en sus formas estructural y algorítmica— encuentra en los sistemas digitales descentralizados una de sus expresiones más avanzadas. En particular, los protocolos blockchain han materializado esta lógica al crear infraestructuras soberanas capaces de generar escasez programada, hacer cumplir reglas de intercambio y operar sistemas de validación global sin recurrir a la soberanía territorial del Estado-nación. Su eficacia descansa en pilares como la inmutabilidad del código, la automatización de la autoridad y la aparente neutralidad de las reglas consensuadas, lo que los convierte en artefactos políticos autónomos que redefinen los fundamentos de la confianza y el valor en la era digital.

Sin embargo, el poder algorítmico no se agota en la capa de los criptoactivos. Por el contrario, constituye un fenómeno más amplio y estratificado que opera en distintos niveles tecnológicos, cada uno con su propia lógica de escasez, sus mecanismos de control específicos y sus actores dominantes. En este sentido, la literatura reciente sobre interdependencia armada (weaponized interdependence) ha demostrado que las redes globales asimétricas generan nodos de control desde los cuales ciertos actores pueden imponer costos selectivos, bloquear flujos o extraer información estratégica (Farrell y Newman, 2019). Extendiendo esta lógica al dominio digital-algorítmico, es posible identificar que dicho poder no se concentra en un único plano, sino que se despliega a lo largo de una arquitectura tecnológica vertical cuyas capas son interdependientes pero no equivalentes en términos de poder fundacional (Drezner et al., 2021). Así, es posible distinguir al menos tres capas estratégicas superpuestas, pero analíticamente diferenciables donde se proyecta y disputa este poder:

1. Poder algorítmico ejercido desde la capa de hardware: Se ejerce mediante el control de la litografía a nanoescala, la propiedad intelectual de los diseños de procesadores y el acceso a materiales críticos. Quien domina esta capa posee un poder fundacional y estrangulador, pues puede limitar la capacidad de cómputo de cualquier adversario, lo que condiciona todo desarrollo algorítmico superior. Es el sustrato material que hace posible cualquier ejercicio de poder en las capas cognitiva y de valor.

2. Poder algorítmico ejercido desde la capa de inteligencia artificial: Se ejerce mediante el control de datos masivos, capacidad de cómputo, talento investigador y arquitecturas de aprendizaje. Opera como configuración del entorno informacional y predictivo, define sesgos, optimiza decisiones y moldea percepciones a escala global. Establece las reglas del juego cognitivo dentro de las cuales otros actores se desenvuelven.

3. Poder algorítmico ejercido desde la capa de protocolos blockchain: Se ejerce mediante el control del consenso, la validación de bloques y la gobernanza de redes descentralizadas. Constituye el entorno mismo de la confianza y el valor, definiendo qué transacciones son válidas, qué activos son escasos y qué contratos son ejecutables. Es un poder que establece las reglas fundamentales de coordinación económica y política en el dominio digital.

Precedentes en la medición del poder algorítmico.

La necesidad de medir y comparar el poder de los Estados en cada uno de estos estratos no ha pasado inadvertida para la academia y los centros de pensamiento estratégico. Así, en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) existen ya iniciativas consolidadas como el Global AI Index, que clasifica a los países según su capacidad en investigación, desarrollo, infraestructura y gobernanza algorítmica (Docarmo, 2026), o el AI Index Report de la Universidad de Stanford, que rastrea anualmente el volumen de publicaciones, patentes y financiamiento en IA a nivel global (Stanford University, 2024). Del mismo modo, la capa de hardware cuenta con indicadores indirectos pero reveladores, como la participación en la cadena de valor de los semiconductores —diseño, fabricación, ensamblaje y materiales críticos—, monitorizada por instituciones como el Semiconductor Industry Association (SIA, 2024) o el Observatorio de Tecnologías Críticas de la Unión Europea.

Por su parte, la literatura académica sobre la intersección entre soberanía estatal y tecnologías blockchain ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, aunque predominantemente desde perspectivas teóricas y cualitativas. Reijers et al. (2021) analizan las tensiones entre la gobernanza “on-chain” y “off-chain”, estableciendo paralelismos con el debate entre Kelsen y Schmitt sobre el orden legal positivista7, y señalando vulnerabilidades inherentes a los sistemas de gobernanza puramente automatizados. Por su parte, en la obra “Decentralized Web3 reshaping internet governance: Towards the emergence of new forms of nation-statehood?”, Calzada (2024) propone tres paradigmas emergentes —Network States, Network Sovereignties y Algorithmic Nations— que exploran cómo comunidades, incluyendo grupos indígenas, apátridas y diásporas digitales, pueden alcanzar autodeterminación mediante la soberanía de datos, aunque su enfoque permanece en el plano conceptual sin desarrollar métricas cuantitativas.

En el plano de los instrumentos cuantitativos, más allá de los índices de adopción8 y el hashrate9- la producción académica es notablemente más escasa y reciente. Shah, Chauhan y Chaudhury (2021) proponen un índice de criptomonedas basado en Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés) que supera la subjetividad de índices como CCI3010 mediante una ponderación sistemática y validación con modelos de tres factores. Por su parte, Yuming (2022) desarrolla una teoría de la “blockchain soberana” como infraestructura crítica para la identidad digital y la gobernanza, abordando monedas digitales soberanas como el DCEP desde una perspectiva filosófica y de políticas públicas, aunque sin construir un índice cuantitativo comparable. No obstante, su enfoque se limita al análisis financiero, sin abordar la dimensión geopolítica de la soberanía estatal. Esta ausencia es especialmente llamativa si se considera que, como se ha argumentado, el poder algorítmico ejercido desde la capa de protocolos blockchain constituye una forma específica e irreductible de poder algorítmico, con sus propias lógicas de escasez, mecanismos de consenso y estructuras de gobernanza. De ahí la necesidad de construir una métrica ad hoc que capture estas dimensiones.

Modelo de Poder Algorítmico Estatal: dimensiones empíricas del Índice de Soberanía Blockchain Estatal (ISBE). (Véase anexos 3 y 4)

La operacionalización del poder algorítmico estatal exige un instrumento cuyas variables sean directamente observables, replicables por cualquier investigador u organización, y que capture la multidimensionalidad estratégica del fenómeno. El Índice de Soberanía Blockchain Estatal (ISBE) se construye sobre cinco dimensiones empíricamente fundadas —Capital de Reservas Estratégicas (D1–RES), Capital de Validación Soberana (D2–VAL), Capital de Minería Institucional (D3–MIN), Capital de Infraestructura de Red (D4–NOD) y Capital de Plataforma Soberana (D5–PLT)—, cada una de las cuales representa una forma de capital específica que los Estados despliegan para proyectar influencia en el espacio algorítmico. Estas dimensiones se articulan mediante una agregación geométrica suavizada en forma logarítmica que refleja la complementariedad crítica entre ellas: un déficit severo en cualquiera de las cinco reduce significativamente el índice sin anularlo, penalizando la debilidad estructural sin cancelar la contribución de las dimensiones restantes. (Véase anexo 4)

El ISBE se calcula como la media geométrica suavizada de las cinco dimensiones normalizadas, expresada en forma logarítmica para evitar la anulación del índice ante valores nulos sin abandonar la lógica de complementariedad estructural que fundamenta el modelo.

ISBE〖_i〗=exp(1/5 ∑_(d=1)^5▒ln(D_(i,d)+ε) )donde:

D_{i,d} representa cada dimensión normalizada del Estado i

ε > 0 es un parámetro de suavización pequeño (en esta investigación, ε = 0.01)

Las Cinco Dimensiones (D)

D₁ – Capital de Reservas Estratégicas (RES)

D_(i,1)=〖BTC〗_i/max(BTC)

Donde BTC_i es el número de Bitcoin en posesión directa del Estado y max(BTC) es el máximo observado en la muestra.

D₂ – Capital de Validación Soberana (VAL)

D_(i,2)=V_i/max(V)

Donde V_i es el número total de validadores operados por entidades estatales y max(V) es el máximo observado en la muestra.

D₃ – Capital de Minería Institucional (MIN)

D_(i,3)=〖nivel〗_i/3

Escala ordinal: nivel 0 = sin evidencia; nivel 1 = plan formal; nivel 2 = marco legal vigente con operación; nivel 3 = operación estatal directa con acumulación verificada.

D₄ – Capital de Infraestructura de Red (NOD)

D_(i,4)=〖Nodos〗_i/max(Nodos)

Donde Nodos_i es el número de nodos Bitcoin reachables geolocalizados y max(Nodos) es el máximo observado en la muestra. Solo se consideran nodos geolocalizables.

D₅ – Capital de Plataforma Soberana (PLT)

D_(i,5)=〖nivel〗_i/3

Escala ordinal: nivel 0 = sin evidencia; nivel 1 = en desarrollo; nivel 2 = subred soberana operativa; nivel 3 = L1 soberana plenamente operativa.

Limitaciones metodológicas

Una de las principales limitaciones metodológicas del ISBE deriva de la normalización relativa respecto al máximo observado en la muestra para las dimensiones continuas. Este procedimiento facilita la comparabilidad interna entre actores en un momento dado, pero introduce dependencia estructural de la composición de la muestra: la incorporación o exclusión de un actor con valores extremos modifica automáticamente las puntuaciones relativas del resto. Como consecuencia, las comparaciones entre distintas iteraciones del índice pueden verse afectadas si la muestra cambia o si alguno de los máximos se altera significativamente. Esta propiedad es común a muchos índices compuestos basados en escalamiento relativo, pero debe tenerse en cuenta al interpretar variaciones temporales o ampliaciones del conjunto de países analizados.

Una segunda limitación proviene de la agregación geométrica suavizada utilizada para construir el índice. Aunque la introducción del parámetro de regularización ε evita la anulación total del indicador cuando alguna dimensión es nula, el resultado sigue siendo altamente sensible a valores bajos en cualquiera de los componentes. Esta característica refleja deliberadamente la hipótesis de complementariedad estructural del modelo, según la cual las distintas formas de capital blockchain estatal no son plenamente sustituibles entre sí. No obstante, desde un punto de vista matemático implica que pequeñas variaciones en dimensiones cercanas a cero pueden generar cambios proporcionalmente elevados en el valor final del índice, lo que aconseja interpretar los resultados como aproximaciones estructurales más que como mediciones precisas de magnitud absoluta. (Véase anexo 5 para la aplicación práctica del índice a casos específicos)

CONCLUSIONES

El poder en la era digital evoluciona hacia una forma arquitectónica: se ejerce mediante el diseño y control de protocolos y algoritmos que constituyen el entorno de la acción, automatizando la autoridad a través de reglas de consenso y código autoejecutable.

El espacio algorítmico como un nuevo dominio geopolítico, redefine el poder a partir del control de la escasez algorítmica. En este marco, Bitcoin introduce una «soberanía técnica» basada en protocolos matemáticos y consenso distribuido, al desafiar el monopolio estatal sobre la moneda. La competencia geopolítica se redefine así como una disputa por la capacidad de establecer las reglas de los sistemas descentralizados que organizan el valor y la interacción.

El Índice de Soberanía Blockchain Estatal (ISBE) permite cuantificar y comparar la proyección de poder estatal en el dominio algorítmico mediante cinco dimensiones estratégicas: reservas, validación, minería institucional, infraestructura de nodos y plataforma soberana. Su agregación geométrica evidencia que un déficit en cualquiera de ellas anula la capacidad de proyectar poder algorítmico efectivo.

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ANEXOS

1. Usos geopolíticos de los criptoactivos por actor.

Fuente: Makdoum, E. (2023). La Geopolitica delle Criptovalute: Come Bitcoin & Co. Stanno Cambiando il Mondo; Olalekan, O. (2025). Deconstructing the geopolitics of crypto-currency: The impact of Bitcoin on global economic power dynamics. KASHERE JOURNAL OF POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS, 3(3), 192–204.

2. Tipos de escasez y espacios geopolíticos.

Fuente: Elaborado por el autor.

.3. Modelo de poder algoritmico

Fuente: Elaborado por el autor.

4. Dimensiones del ISBE — Desagregación de componentes y fuentes

Nota: Las escalas ordinales (D3–MIN y D5–PLT) se transforman a valores continuos 0–1 mediante interpolación lineal antes de su incorporación al cálculo del ISBE. Los valores ausentes en D1–RES se codifican como cero cuando no existe dato público verificable.

5. Resultados del cálculo del Índice de Soberanía Blockchain Estatal.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos y reportes especializados, incluyendo Bitcoin Treasuries, Chainalysis, CoinMarketCap, Arkham Intelligence, Bloomberg Línea, ForkLog, Bitnodes, Cambridge Centre for Alternative Finance (Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index), así como reportes y cobertura especializada de Cryptopolitan, Golden Finance, TNGlobal, ChainCatcher y The Tribune India. Se complementa con documentación oficial y comunicaciones institucionales vinculadas a iniciativas blockchain estatales y políticas públicas en El Salvador, Bután, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, China, Reino Unido, Ucrania y Venezuela.