nOTA EDITORIAL
El presente número de la Revista Científica Universitaria Ad Hoc ve la luz en un contexto nacional complejo, lo que ha representado un reto adicional en términos de acceso a recursos, conectividad y conciliación de los tiempos de investigación con las crecientes demandas cotidianas. Sin embargo, las limitaciones no han sido impedimento para la reflexión y el pensamiento critico comprometidos con la realidad del país y con los temas de la agenda internacional.
La edición que el lector tiene en sus manos reúne once artículos que abordan diferentes temáticas, con las cuales conmemoramos el sexto aniversario de nuestra publicación. Este año, al igual que los anteriores, reafirmamos el valor de la ciencia como herramienta de transformación social y lo invitamos a continuar leyendo el mundo entre líneas.
La primera de nuestras propuestas nos acerca al uso de los atributos de la Imagen Cuba por antagonistas de la Revolución, indagando si se trata de usurpación o legitimidad, desde una perspectiva vinculada a la comunicación y la cultura. Le sigue un análisis de la crisis y las perspectivas de renovación del Partido Demócrata en Estados Unidos tras su derrota en 2024, así como un estudio sobre Italia y la Iniciativa de la Franja y la Ruta como una oportunidad truncada. Se examinan, además, dinámicas geopolíticas complejas como la construcción de un Japón dependiente a partir de la imposición constitucional de 1947, el sistema de alianzas en el conflicto sirio y el acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo en 2025.
En el plano económico, se incluyen una reflexión acerca de las limitaciones estructurales que enfrentan las pequeñas economías para establecer el desarrollo sostenible como estrategia de inserción internacional y el análisis del ciclo actual de inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos. La agenda multilateral también está presente a través del artículo sobre el legado de Doha y el futuro de la Organización Mundial del Comercio desde la posición del Sur Global.
Este número presenta nuevamente la sección A la luz del Derecho Internacional, con su habitual análisis de fenómenos políticos, económicos o sociales vinculados a la codificación y desarrollo progresivo del Derecho. Esta vez, el espacio va dedicado al estudio del primer juicio de Núremberg y sus aportes histórico jurídicos.
Finalmente, se ofrece un ensayo con apuntes sobre los estudios coreanos en la sección cubana de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, como parte de un esfuerzo por construir puentes académicos entre ambas regiones.
A pesar de las adversidades nacionales, esta edición logra convocar a investigadores desde una mirada plural, rigurosa y comprometida. Cada artículo representa un esfuerzo por comprender las transformaciones del mundo actual y aportar, desde Cuba, al debate académico global.
Recibido: 19 de febrero de 2026
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 7 de abril de 2026
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición): Jerez Cuello, B. E. y Osorio Abad , J.C. (2026). Uso de los atributos de la imagen Cuba por antagonistas de la Revolución : ¿Usurpación o Legitimidad? Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(2), 8-19.
introducción
La imagen-país constituye un recurso estratégico que articula dimensiones políticas, culturales, económicas y simbólicas, y que influye tanto en la proyección internacional del Estado como en la percepción que otros actores tienen de su legitimidad y de sus intereses (Anholt, 2007). En el caso de la imagen-país de Cuba, conocida como imagen Cuba, el Artículo 71.1 de la Ley de Comunicación Social (2024) la define como el reflejo de la identidad, la cultura y la realidad cotidiana de la nación, proyectada de manera armónica e integrada hacia el interior y el exterior del país para que sea percibida por los públicos. Asimismo, en el Artículo 2. se señala que:
La construcción de la imagen Cuba es un proceso consciente, intencional y voluntario, al que aportan los órganos, organismos y entidades del Estado, las organizaciones de masas y sociales, los medios de comunicación social, los actores económicos y sus productos y servicios, el pueblo, sus artistas e intelectuales, deportistas, hombres y mujeres de ciencia y demás actores sociales.
Al decir de Aronczyk (2013) esta combinación ha convertido a Cuba en un signo especialmente visible y disputado en el escenario internacional, donde distintos actores, estatales y no estatales, compiten por definir qué significa y quién puede hablar en su nombre. Por ello, en el contexto global contemporáneo, la construcción de la imagen-país va más allá de las instituciones oficiales. Esto es producto de la expansión de las plataformas digitales, la centralidad de la cultura como vector de poder blando y el papel creciente de las diásporas o ciudadanos de un país que viven en otro.
Organizaciones, empresas, colectivos de ciudadanos en el exterior e individuos con proyección mediática producen y difunden sus propias representaciones de Cuba en campos como la cultura, el deporte, los medios de comunicación y las actividades comerciales. Estas representaciones complementan, matizan o rechazan el discurso estatal, y generan un campo de tensiones donde se entrecruzan objetivos identitarios, económicos y fundamentalmente políticos.
Esta diversidad de imágenes conduce a que la seguridad nacional deba pensarse también en términos de seguridad simbólica. Esto abre debates sobre legitimidad de representación, derechos de propiedad intelectual y sobre las fronteras entre expresión cultural legítima, activismo político y aprovechamiento económico de símbolos nacionales (Nye, 2011). En este marco, la presente investigación se propone como objetivo analizar la construcción de la imagen Cuba por actores y narrativas que contradicen la representación oficial de la nación en el período 2015-2025.
desarrollo
Antecedentes
Desde la etapa prerrevolucionaria, Cuba ya configuraba una identidad nacional rica en símbolos culturales, naturales y comerciales que trascendían fronteras, forjados en luchas independentistas del siglo XIX y consolidada durante la República Neocolonial (1902-1958). Emblemas como el ron Havana Club, destilería fundada por la familia Arechabala en 1934, el prestigio artístico de figuras de renombre en la radio y televisión, espectáculos musicales y de cabarets, son otros ejemplos. Sin embargo, esta riqueza identitaria operaba bajo dinámicas capitalistas dependientes de Estados Unidos, con élites criollas y extranjeras, que controlaban sectores clave, lo cual generaba tensiones latentes entre propiedad privada transnacional y aspiraciones nacionalistas (Pérez, 1999).
El Triunfo de la Revolución el 1ro de enero de 1959 transformó radicalmente este panorama, desencadenando la nacionalización masiva de activos extranjeros y nacionales colaboracionistas (incluyendo el 48% de la industria azucarera, bancos y destilerías como Havana Club) mediante la Ley 890 del 13 de octubre de 1960. Esta recuperación soberana de recursos estratégicos, justificada como fin del latifundismo y la dominación neocolonial, provocó la emigración inmediata de aproximadamente 10,000 empresarios y familias propietarias (Arechabala incluida), quienes trasladaron sus reclamaciones patrimoniales a Miami y Washington. Por su parte, el gobierno revolucionario registró marcas internacionales legítimamente (Havana Club en EE.UU. en 1976), pero los exiliados preservaron documentos originales, lo que sentó las bases para una guerra de reclamaciones extrajudiciales enmarcada en la narrativa de “expropiación comunista ilegal” (Mesa-Lago, 2000).
Esta emigración masiva que alcanzó 1.6 millones de cubanos entre 1959-1994, el 80% de ellos concentrado en EE.UU., cristalizó en grupos de presión cubanoamericanos organizados (como la Fundación Nacional Cubano Americana, creada en 1981), que hicieron lobby legislativamente para recuperar “propiedades confiscadas”. Políticas como la Ley Helms-Burton (1996) codificaron estas reclamaciones, permitiendo demandas judiciales contra terceros que “traficaran” con activos nacionalizados. Igualmente facilitaron la transferencia de derechos simbólicos; por ejemplo, Bacardí comprando derechos Arechabala en 1994. En paralelo, el éxodo deportivo sistemático (primeras deserciones en los años sesenta) y cultural-visual (como el retiro de Miss Universo en 1961) evidenció, según López (2014), cómo estos grupos capitalizaron la migración para suplantar la representación legítima, presentando su versión de “cubanidad exiliada” como auténtica frente a la Revolución.
Tras el colapso soviético y desde el denominado Período Especial, se aceleraron estas dinámicas de intentos de usurpación. Mientras Cuba defendía sus registros ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y tribunales internacionales, lo cabecillas de grupos anticubanos crearon entidades paralelas financiadas por élites transnacionales. Este patrón, al decir de Domínguez (2006) demuestra una estrategia continua de despojo simbólico originada en la resistencia a la nacionalización revolucionaria, donde la pérdida de privilegios económicos se transmuta en apropiación de la identidad nacional para erosionar la legitimidad del proyecto socialista.
Actores y narrativas en la representación no oficial de Cuba. Repercusiones en la imagen país, la seguridad simbólica y social y la política exterior de Cuba
La imagen Cuba, históricamente asociada a la resistencia política, la excelencia deportiva y la riqueza cultural, ha sido blanco de ataques continuos en la última década. Según Anholt (2007), esta es un activo estratégico que, al ser percibido de manera positiva o negativa, influye directamente en el prestigio, la influencia y el comercio exterior de un Estado. En el caso cubano, la proliferación de representaciones no oficiales tanto desde grupos anticubanos, como desde corporaciones extranjeras, tiene como objetivo fragmentar la percepción global de Cuba como marca nacional. Lo que ha sido una imagen homogénea, símbolo de baluartes revolucionarios como soberanía, cultura y solidaridad, se ha intentado pluralizar en diversas versiones que coexisten y compiten entre sí: la Cuba oficial, la Cuba de emigrados, la Cuba del exilio empresarial y la Cuba de la marca comercial.
Las narrativas construidas por estos actores enfatizan una Cuba esencializada como sinónimo de música, baile y exotismo tropical pero desconectada frecuentemente de su contexto sociopolítico actual1. En festivales como los organizados en Miami bajo el rótulo “cultura cubana auténtica”, se privilegia la salsa, el son y el folclore como elementos transnacionales; de modo que se presenta a Cuba como cuna eterna de ritmos universales sin referencia al sistema cultural estatal (Benítez, 1998). Estas representaciones suelen incorporar símbolos como la bandera cubana y la imagen de La Habana vintage, fundamentalmente de los años anteriores al Triunfo de la Revolución. Sin embargo, omiten o critican abiertamente a las instituciones oficiales, posicionándose como guardianes de una “cubanidad pura” frente a la supuesta “corrupción revolucionaria”.
Los principales actores que utilizan la imagen Cuba se pueden clasificar en tres grandes grupos: organizaciones culturales y comerciales, colectivos políticos y de los emigrados, y figuras individuales con proyección mediática. Las organizaciones culturales incluyen festivales de música “cubana”, academias de baile y productoras audiovisuales radicadas principalmente en EE.UU., España y México, que comercializan “Cuba” como garantía de autenticidad exótica sin coordinación con el Instituto de Información y Comunicación Social2.
En el ámbito político, asociaciones de emigrados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se presentan en foros internacionales como “voz del pueblo cubano” y participan en eventos de derechos humanos o culturales sin formar parte de delegaciones oficiales reconocidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX). Estas figuras individuales, influencers, artistas disidentes y activistas, operan mayoritariamente en plataformas digitales como YouTube, Instagram y X, donde se autodefinen como “representantes de la Cuba real” o la “Cuba libre”. En otras palabras, forman parte de un “patrón sistemático de apropiación” que busca suplantar la representación legítima del Estado (Cubadebate, 2025a).
Las narrativas de ONG y activistas cubanos residentes en el exterior construyen una imagen de Cuba como territorio de represión y resistencia. En este sentido, utilizan testimonios personales y eventos conmemorativos para hablar “en nombre del pueblo cubano”. Estas historias resaltan valores de libertad individual y emprendimiento, con la finalidad de atacar la soberanía colectiva y resistencia antiimperialista.
Los eventos donde actores no oficiales se arrogan la representación de Cuba incluyen paneles en foros multilaterales, festivales culturales y campañas digitales. Un caso paradigmático ocurrió en 2018 durante el evento “Jailed for what?” organizado por Estados Unidos en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus siglas en inglés), donde participantes de origen cubano, presentados como “voces del pueblo cubano”, denunciaron según sus consideraciones la situación de derechos políticos en la isla sin formar parte de delegación oficial. La misión cubana respondió interrumpiendo el acto con consignas como “¡Cuba sí, bloqueo no!”, calificándolo de “espectáculo anticubano” con “actores al servicio de una potencia extranjera” (Rodríguez, 2018). El objetivo de este grupo de disidentes era claro, usurpar el puesto de los diplomáticos cubanos contando con el respaldo del gobierno estadounidense.
El uso de símbolos nacionales en estas narrativas es sistemático: la bandera aparece en el 80% de los eventos culturales identificados, mientras que frases como “la verdadera Cuba” legitiman la representación alternativa. Para el Estado este patrón se interpreta como intento de “vaciar de contenido soberano los íconos culturales” del país (Granma, 2025). Aunque el robo o usurpación de la identidad no va solo en la dirección cultural, sino que utiliza cualquier vía donde el nombre de Cuba aparezca o pudiera aparecer representado. En el último lustro los medios digitales amplifican esta dinámica, donde influencers proyectan una Cuba de lucha heroica contra el gobierno, capitalizando la empatía internacional mediante etiquetas en redes sociales como #CubaLibre o #PatriaYVida3.
Los casos de atletas cubanos que abandonan delegaciones oficiales en el extranjero, debido a la captación de talento, representan una vulneración constante de la imagen deportiva nacional. Este fenómeno, lejos de ser esporádico, es histórico, sistemático y abarca múltiples disciplinas, debilitando uno de los pilares del prestigio internacional de Cuba: el deporte.
Un ámbito donde esta apropiación de la imagen deportiva cubana se hace más visible y simbólicamente dolorosa es en las competiciones olímpicas, donde atletas formados en la Isla compiten y triunfan bajo banderas de otros países. Los Juegos de París 2024 ofrecieron una estampa poderosa de este fenómeno: en el podio del triple salto masculino, las medallas de oro, plata y bronce fueron ganadas por Jordan Díaz (España), Pedro Pichardo (Portugal) y Andy Díaz (Italia), todos ellos cubanos nacionalizados. En total, 21 deportistas de origen cubano compitieron para otras naciones en esos Juegos, consiguiendo un conjunto de medallas similar al de la delegación oficial del país. Esta situación, donde los atletas que el sistema deportivo cubano formó terminan engrosando el medallero de otros paises, es denunciada como robo de capital humano y aprovechamiento indebido de recursos pues ha sido el Estado desde la atención a este sector quienes los ha formado como parte de la estrategia de deporte para todo el pueblo.
En gran parte este éxodo contribuyó a que Cuba tuviera su peor actuación olímpica en 52 años. Esto fue manejado por la prensa anticubana y financiada por el gobierno norteamericano como una derrota simbólica que cuestiona la eficacia del modelo deportivo estatal frente a las oportunidades económicas y profesionales que ofrece el exterior.
La dimensión geopolítica se agudiza con medidas como la de negar visas a 70 deportistas cubanos en 2025, lo cual el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) calificó como política que “genera incertidumbre e inseguridad” y “atenta directamente contra la preparación rumbo a Los Ángeles 2028” (La Jornada, 2025). Esta acción fue un bloqueo asimétrico que limitó la proyección deportiva cubana. Por consiguiente, este patrón consolida la Imagen Cuba como víctima de extracción sistemática, donde cada medalla bajo bandera ajena va encaminada a demostrar la pérdida de soberanía deportiva y menoscabar el prestigio revolucionario construido durante décadas. Resulta evidente que la formación autónoma de atletas por parte de cada país implicaría un mayor gasto económico. Sin embargo, la captación de talentos deportivos ya formados en otros países como Cuba, se presenta como una estrategia necesaria para otras naciones.
En diciembre de 2024, el presidente Joe Biden firmó la “Ley de Marcas No Robadas”, que prohíbe a los tribunales estadounidenses reconocer marcas que considere “confiscadas ilegalmente” por Cuba desde 1959, a menos que el propietario original lo consienta. Esta medida revitalizó un litigio histórico: la disputa por Havana Club, lo cual amenaza directamente la renovación del registro de Cubaexport en EE.UU. prevista para 2026.
En este sentido, Cuba denunció ante el Consejo General de la OMC que la usurpación de la marca Havana Club constituye una grave violación de los compromisos multilaterales de Estados Unidos en materia de propiedad industrial. A este reclamo se sumaron naciones como Argentina, Angola, Bolivia, Brasil, China, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Unión Europea (bloque regional), Uruguay, Vietnam y Zimbabwe.
La reacción de Cuba fue contundente y de máxima alerta diplomática. El canciller Bruno Rodríguez (2024) denunció en la red X que la ley es una “medida agresiva contra Cuba” cuyo objetivo es “abrir la puerta (...) al robo de marcas cubanas legítimamente registradas en ese país” en violación del Derecho Internacional. La subdirectora para EE.UU. de la Cancillería, Johana Tablada (2024), acusó que la ley “debería llamarse Ley Bacardí” y destacó la “hipocresía” de EE.UU., ya que Cuba protege miles de marcas estadounidenses registradas en la isla. Para la nación caribeña, este no es un simple litigio comercial, sino un ataque económico y simbólico a un ícono de exportación nacional, enmarcado en la política de bloqueo.
Esta disputa evidencia una estrategia deliberada de despojo económico y alegórico contra la soberanía industrial revolucionaria. Dicha maniobra trasciende lo comercial, pues pretende reescribir la historia económica cubana, al presentar la nacionalización como “confiscación” para legitimar la apropiación de un ícono revolucionario que genera divisas estratégicas para el desarrollo nacional.
En otros ámbitos culturales y artísticos mencionados, como los concursos de belleza, se presenta el caso de Miss Universe Cuba. Este certamen encarna una disputa directa sobre quién tiene la autoridad para representar la imagen nacional. La ganadora de Miss Cuba 2025 durante la segunda edición celebrada en la Florida, fue Lina Luaces, una joven de 22 años nacida en Miami, hija de la conocida figura del entretenimiento Lili Estefan y sobrina de los músicos de abierta trayectoria anticubana Emilio y Gloria Estefan. Su elección, que le otorga el derecho a representar a Cuba en el mayor certamen de belleza en el mundo, Miss Universo, fue inmediatamente controvertida por su condición de miembro de la diáspora cubanoamericana, nacida y criada fuera de la isla.
La respuesta de las instituciones oficiales cubanas fue rápida y crítica. A través de un extenso artículo de opinión publicado en Cubadebate, se cuestionó abiertamente la legitimidad de la modelo para encarnar a Cuba. Los argumentos se centraron en tres aspectos principales: su lugar de nacimiento (Miami), el hecho de que nunca ha visitado la provincia de Santiago de Cuba, a la cual representó, y que no habla español con fluidez. El artículo calificó a Miss Universo como “una industria que se lucra del show” y que “cosifica” a la mujer, retórica que evoca la posición histórica del gobierno revolucionario.
Este cuestionamiento oficial revivió un debate ideológico de larga data. Las críticas esgrimidas por los medios estatales reflejan directamente los argumentos utilizados en la década de 1960 para retirar a Cuba de las competencias de belleza internacionales. Al reanudar su participación en Miss Universo tras 57 años de ausencia, en 2024, pero a través de una organización con sede en Miami, se creó un vacío de representación, lo cual fue rechazado además por el público cubano que vive en la Isla. Para el gobierno cubano, la elección de una figura ajena a la cultura, realidad e identidad cubanas, simboliza una apropiación de la imagen nacional por parte de una comunidad en el exilio. Esto representa una versión de la cubanidad desconectada de la realidad sociopolítica y las condiciones de vida en la nación.
Sin embargo, el análisis de la representación de Cuba en Miss Universe 2025 no debe limitarse a lo nominal, sino inscribirse en un fenómeno histórico más amplio. Este certamen es la manifestación contemporánea de una práctica recurrente: que mujeres que no residen ni compiten en su país, lo representen4. Si en los años 60 Miss Cuba Libre perdió funcionalidad para la contrarrevolución, hoy dicha representación adquiere una nueva utilidad estratégica como mecanismo de apropiación simbólica de la identidad nacional. Esto se evidencia al capitalizar el contexto migratorio de jóvenes cubanos que, por motivos predominantemente económicos, han abandonado la nación en el último decenio.
El discurso construido en torno a la candidata enfatiza una narrativa de aspiraciones frustradas en el país, presentando a Estados Unidos como el único escenario posible para la realización personal y profesional. La retórica se complementa con una puesta en escena que refuerza este posicionamiento ideológico desde dos aristas. Por un lado, en las competencias de traje típico, mediante la incorporación de símbolos que contrastan abiertamente con la Cuba real y revolucionaria (Ver anexos A y B); por otro, en sus intervenciones públicas que exaltan valores y narrativas alineadas a esa visión. De este modo, su participación trasciende lo estético para convertirse en un vehículo de contraposición política y reafirmación de un proyecto identitario alternativo.
En otras esferas del propio arte es válido mencionar la falsa “Cuban Film Commission”, de Miami, que representa un fraude institucionalizado que amenaza la soberanía audiovisual revolucionaria, simulando autoridad para ofrecer servicios inexistentes de filmación en la isla. Esta entidad apócrifa utilizó logotipos falsificados y presencia digital simulada para comercializar permisos y beneficios fiscales fantasma, exponiendo a productoras internacionales a engaños económicos mientras usurpa las funciones legítimas del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) (Cubasí, 2025). La denuncia pública en el Mercado Internacional Audiovisual de Italia 2025, liderada por el presidente del ICAIC Alexis Triana, calificó esta maniobra como agresión simbólica directa que busca fracturar la imagen institucional cubana en el ámbito cinematográfico global.
Esta acción fraudulenta consolida el patrón documentado de suplantación cultural sistemática, donde actores de la emigración instrumentalizan nombres y símbolos nacionales para lucrarse a expensas de la credibilidad revolucionaria. La respuesta estratégica cubana —alerta internacional inmediata en foros profesionales— protege no solo la integridad económica del sector audiovisual, sino la representación soberana del arte cubano como expresión de identidad nacional frente a intentos de parasitismo comercial. Este caso refuerza la necesidad de vigilancia institucional permanente ante amenazas que combinan falsificación gráfica con explotación económica de la marca Cuba (Cubasí, 2025).
A pesar de los constantes embates, el país mantiene toda la fuerza y presencia en los espacios multilaterales, donde la cultura y el deporte constituyen logros de un modelo social alternativo y resistente. Sin embargo, la creación de nuevos espacios en el monopolio sobre la voz y el signo “Cuba” reduce la capacidad del Estado para mantener su reputación global en instrumentos de poder blando sostenibles para los contrarrevolucionarios asistidos por el gobierno norteamericano. El resultado es ambivalente y exige reformularse: no puede sostenerse una identidad admirada por su legado histórico y al mismo tiempo ser políticamente cuestionada y económicamente disputada.
Es en esta instancia, el concepto de “seguridad simbólica” adquiere un papel central al analizar los desafíos que implican las apropiaciones de la imagen Cuba. Este término, derivado de los estudios de cultura y seguridad, se refiere a la capacidad de los Estados para proteger los símbolos que sustentan su legitimidad interna y su reconocimiento externo (Hall, 1996). Asimismo, otro termino de relevancia ante estos acontecimientos es el de “seguridad social o societal” que se define según el profesor Ole Waeber (1993) de la Universidad de Copenhague como:
(...) la capacidad de una sociedad para persistir en su carácter esencial bajo condiciones cambiantes y amenazas posibles o reales. Más específicamente, se trata de la sostenibilidad, dentro de condiciones aceptables para la evolución, de los patrones tradicionales de lenguaje, cultura, asociación, identidad y costumbres religiosas y nacionales.
En Cuba, los intentos de usurpación, ya sean culturales, deportivos o comerciales, se interpretan desde la institucionalidad como amenazas directas a la soberanía. La defensa de marcas, atletas e instituciones culturales no se concibe únicamente como una cuestión económica o reputacional, sino como un acto de preservación del orden simbólico construido por la Revolución.
La respuesta oficial frente a estas amenazas se ha manifestado en tres niveles: primero, a través de políticas diplomáticas y comunicacionales que denuncian públicamente los intentos de suplantación o fraude; segundo, mediante gestiones jurídicas internacionales, representadas emblemáticamente por la disputa de la marca Havana Club ante la Organización Mundial del Comercio; y, tercero, mediante acciones simbólicas en foros multilaterales que buscan reforzar la autoridad moral del Estado frente a actores externos, como el episodio del evento “Jailed for what?” en Naciones Unidas.
No obstante, esta estrategia defensiva también revela tensiones internas. Autores como Fernández (2007) y Clifford (1994) subrayan que las diásporas o comunidades de residentes en el exterior, al reconfigurar las identidades nacionales fuera del territorio, se convierten en fuentes de legitimidad cultural con capacidad para coexistir o chocar con los marcos oficiales. En este sentido, la seguridad simbólica cubana se enfrenta a un dilema: proteger los símbolos identitarios nacionales sin aislar las expresiones legítimas de cubanidad emergentes en el interior de la isla y luego en el exterior, incluso aquellas que han sido catalogadas como pseudoculturales.
Estas disputas por la imagen-país y las estrategias de defensa simbólica han impactado también en la política exterior cubana, conduciendo al Estado a adoptar un enfoque más activo en la Diplomacia Cultural y económica. Cuba, tradicionalmente reconocida por su diplomacia de la cultura y su proyección solidaria, en la última década no ha cedido su presencia institucional en ámbitos de cultura y comunicación internacional, una medida fundamental para contrarrestar las narrativas emergentes.
En este sentido, el MINREX y el MINCULT (Ministerio de Cultura) han reforzado su trabajo conjunto en foros como el Fondo Internacional de Emergencia de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, según sus siglas en ingles) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), argumentando que la defensa de la identidad cultural es parte de la lucha contra el bloqueo económico, lo que en la práctica ha sido evidente. Al mismo tiempo, la diplomacia económica se ha visto involucrada en conflictos prolongados por el control de marcas comerciales, como se mencionó anteriormente. Estos casos evidencian que la defensa económica, como parte de la política exterior es fundamental debido a que los ataques a la marca o los símbolos son leídos como agresiones políticas.
En paralelo, la proyección deportiva cubana, elemento clave para el prestigio de la Isla por sus resultados relevantes, enfrenta desafíos que repercuten directamente en sus relaciones internacionales. El éxodo de atletas, las restricciones de movilidad y las narrativas globales sobre “fuga de talento” reducen el poder simbólico del deporte como herramienta diplomática. Esto ha impulsado la necesidad de reformular convenios de cooperación deportiva y modernizar marcos legales para garantizar que la representación atlética siga siendo componente del capital simbólico de la nación en el exterior.
conclusiones
La apropiación de la Imagen Cuba, como vía para alcanzar las pretensiones en contra de la Revolución ha sido utilizada por distintos actores. Artistas, deportistas, políticos y cubanos disidentes muestran como real todo aquello que va alineado en contra de la Revolución; incluso si fue creado por esta, o en su seno, se pretende mostrar como algo alternativo y desligado a la Cuba posterior a 1959. Sin embargo, detrás de cada uno de estos “libertadores” se encuentra la financiación del gobierno estadounidense o figuras contrarrevolucionarias económicamente poderosas.
Esta visión es acompañada por narrativas que van desde mostrar una “verdadera Cuba” en el exilio, y la apropiación de espacios que le permitan evidenciar sus posturas como si fueran reales. El uso de los símbolos patrios y los medios de comunicación en contra de la imagen Cuba oficial, y la construcción de una narrativa en contra del país, no es más que la búsqueda de legitimidad por parte de quienes la pretenden usurpar.
Las apropiaciones no oficiales de la Imagen Cuba han obligado al Estado a apostar por una diplomacia identitaria, donde la defensa de la cultura, el deporte y las marcas forma nparte integral de la estrategia de proyección internacional. Esta nueva fase de la acción exterior cubana busca equilibrar soberanía simbólica y apertura cultural, protegiendo la integridad de su identidad en un mundo donde las representaciones nacionales se negocian cada vez más en el terreno de la comunicación global y la economía transnacional.
Referencias
notas
resumen
En la era de la globalización cultural y la hiperconectividad digital, la imagen de un país trasciende fronteras físicas para convertirse en activo estratégico de poder blando y seguridad nacional. Este estudio revela cómo, entre 2015-2025, organizaciones y personas en el exterior han convertido la imagen-país de Cuba, o imagen Cuba, en un signo global disputado, al representarla sin aval oficial en cultura, deporte, medios y marcas comerciales. Esto ha generado tensiones inéditas sobre la soberanía simbólica del Estado cubano. Se identifican actores clave de la emigración, colectivos culturales, influencers políticos y empresas transnacionales, que proyectan narrativas sobre la cubanidad, desde el exotismo comercial hasta la crítica política. El éxodo deportivo, los concursos de belleza no avalados y hasta batallas legales pretenden fragmentar la imagen nacional en múltiples versiones que compitan por legitimidad global. El trabajo denuncia los usos inadecuados e ilegítimos, con fines políticos, que se aplican sobre la imagen-país, la seguridad simbólica y la diplomacia cultural cubana, e invita a reflexionar sobre los límites de la soberanía en un mundo donde identidades nacionales se negocian en mercados culturales y plataformas digitales. Al mismo tiempo, se crean interrogantes sobre cómo proteger la esencia de una nación si su imagen circulara libremente, y hasta qué punto se crea un ambiente favorable o contrario a esta.
Palabras Clave: imagen Cuba, seguridad simbólica, diplomacia cultural, representación transnacional, poder blando.
ABSTRACT
In the era of cultural globalization and digital hyperconnectivity, a country’s image transcends physical borders to become a strategic asset of soft power and national security. This study reveals how, between 2015-2025, organizations and individuals abroad have transformed Cuba´s country-image into a globally contested sign, representing it without official endorsement across culture, sports, media, and commercial brands, generating unprecedented tensions over Cuban state symbolic sovereignty. Key migrations actors, cultural collectives, political influencers, transnational corporations, are identified as projecting alternative Cuban narratives, from commercial exoticism to political critique. Mass sports exodus, unauthorized beauty pageants, and the legal battle exemplify how the national image fragments into competing global legitimacies. The analysis demonstrates profound impacts on Cuba’s country image, symbolic security, and cultural diplomacy, inviting reflection on sovereignty limits in a world where national identities are negotiated in cultural marketplaces and digital platforms. At the time, it does questions as how to protect a nation’s essence when its image circulates freely.
Keywords: Cuba image, symbolic security, cultural Diplomacy, transnational representation, soft power.
Recibido: 4 de febrero de 2026
Conflicto de Intereses:
El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 30 de marzo de 2026
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por el autor, quien otorga a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. El autor podrá establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Arias Díaz, A. (2026). El partido demócrata en los EE.UU. tras la derrota en 2024: crisis y perspectivas de renovación política. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(2), 20-29.
resumen
El presente artículo brinda una breve caracterización de la situación del Partido Demócrata de los Estados Unidos de América en el año posterior a las elecciones presidenciales de 2024. Mediante el análisis de fuentes oficiales, académicas y periodísticas, se examinan de forma general los factores políticos, económicos y sociales que han influido en la evolución del partido tras su derrota electoral frente al Partido Republicano en dicho año. El estudio considera que los efectos ocasionados por la erosión del apoyo en sectores del electorado que tradicionalmente apoyaban a los demócratas, las contradicciones entre las facciones dentro del partido y la falta de liderazgo son aspectos que inciden negativamente en su situación interna. Cabe resaltar que se tienen en cuenta las condiciones del contexto político en los Estados Unidos durante la última década, como son el aumento en la polarización, la crisis de ese modelo democrático y la desconexión entre votantes y sus representantes. Estos factores también han limitado la capacidad del Partido Demócrata para ofrecer una alternativa sólida y eficaz frente al dominio republicano. Como resultado, aunque el partido mantiene su cuota de influencia correspondiente en ese sistema; enfrenta una crisis de identidad, falta de estrategia e incapacidad comunicacional de cara a las elecciones de medio término de 2026 por lo que sería pertinente renovar su discurso y redefinir el proyecto para reconectar con el electorado.
Palabras Clave: Estados Unidos de América, Partido Demócrata, Partido Republicano, contexto político, elecciones.
ABSTRACT
This article provides a brief characterization of the situation of the Democratic Party of the United States of America in the year following the 2024 presidential elections. Through the analysis of official, academic, and journalistic sources, it broadly examines the political, economic, and social factors that have influenced the party’s evolution after its electoral defeat to the Republican Party in that year. The study argues that the erosion of support among sectors of the electorate that traditionally backed the Democrats, internal contradictions between factions within the party, and a lack of leadership are factors that negatively affect its internal condition. It also takes into account the broader political context in the United State over the past decade, including rising polarization, a crisis of the democratic model, and the growing disconnection between voters and their representatives. These factors have further limited the Democratic Party’s ability to present a solid and effective alternative to Republican dominance. As a result, although the party maintains its corresponding share of influence within the system, it faces a crisis of identity, lack of strategy, and communication shortcomings ahead of the 2026 midterm elections, making it necessary to renew its discourse and redefine its project in order to reconnect with the electorate.
Keywords: United States of America, Democratic Party, Republican Party, political context, elections.
introducción
La alternancia entre los partidos Republicano y Demócrata, si bien no ha cambiado radicalmente la esencia del comportamiento de los Estados Unidos de América (EE.UU.) en la arena internacional, resulta determinante en el establecimiento, la conformación, la aplicación de políticas hacia lo interno y lo externo. En ese sentido, la situación política del país incide de forma directa o indirecta en diversos campos de las ciencias sociales a nivel global, fundamentalmente en la economía y las relaciones internacionales.
Tras un año del mandato de Trump, la nación aún atraviesa una crisis en las instituciones políticas consideradas democráticas. Ejemplo de esto fue el asalto al Capitolio por parte de los seguidores más radicales de Donald Trump1. A ello se suma la alta polarización política que se vive en el país, en auge desde la campaña electoral por la presidencia en el año 2024. En esa contienda, Trump obtiene el ejecutivo por segunda vez, los republicanos alcanzan mayoría en ambas Cámaras del Congreso y el Tribunal Supremo queda dominado por el conservadurismo.
En este contexto, el Partido Demócrata enfrenta una crisis causada por diferentes factores de tipo social, demográfico, político y económico, agravada tras el resultado de los comicios de 2024. Es por ello que la presente investigación se propone como objetivo caracterizar la situación del Partido Demócrata en el año posterior a las elecciones de 2024.
Esto resulta esencial debido a la importancia e impacto que tienen los cambios políticos en los EE.UU. para el mundo y la geopolítica. Con este fin, se realizará un análisis de los resultados en las recientes elecciones, así como de los sondeos de opinión sobre la situación política del país.
Los datos estadísticos analizados se encuentran disponibles en las páginas oficiales estadounidenses. Para el análisis de las tendencias de voto se valoraron todos los cambios registrados en las páginas referidas, y no únicamente los que se enmarcan en el período estudiado, pues para comprender dichas tendencias es necesario conocer el comportamiento de las elecciones desde inicios de siglo hasta 2024.
desarrollo
La administración de Barack Obama significó, en su momento, un cambio de liderazgo en el Partido Demócrata tras la crisis de 2007-2008, el desgaste de la administración neoconservadora de George W. Bush y los efectos de las guerras en Afganistán e Iraq. Consecuentemente, los demócratas se beneficiaron de cierta estabilidad durante los dos mandatos de Obama, 2008-2012 y 2012-2016. Sin embargo, la primera victoria de Trump en las elecciones presidenciales de 2016 significó una derrota para los demócratas y un cambio en las formas de hacer política en los EE.UU. A pesar de ganar el voto popular ese año, Hillary Clinton perdió estados clave como Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania y Florida (Comisión Federal Electoral, 2017).
Desde entonces, el movimiento Make America Great Again (MAGA), liderado por Trump, se ha apoderado del Partido Republicano. Este último se ha caracterizado por su retórica populista, un discurso agresivo y xenófobo, en defensa de los “valores tradicionales” de los votantes blancos norteamericanos y una crítica hacia las instituciones del país.
En ese contexto, las elecciones presidenciales de 2024 representaron una difícil tarea para los demócratas. A lo largo de su mandato, Joe Biden enfrentó problemas económicos acumulados -inflación y aumento de la deuda- y agravados por la pandemia de COVID-19, que no pudo solventar de forma satisfactoria. Su manejo de la crisis migratoria y el apoyo al genocidio israelí, entre otras cuestiones, alimentaron progresivamente la alternativa del discurso republicano. Como resultado, su popularidad estaba afectada, a lo que se suma su desaprobación debido a un notorio deterioro de su estado físico y mental (Arias Díaz, 2024).
Con la retirada tardía de Biden de la campaña presidencial en 2024 a favor de su entonces vicepresidenta, Kamala Harris, los demócratas pretendían recortar la ventaja que llevaba Trump de cara a los comicios. Sin embargo, los 107 días de campaña no fueron suficientes para los encargados de convertir a Harris en vencedora.
En entrevista para el podcast Pod Save America tras la derrota en las elecciones, el equipo de campaña de Harris atribuyó el resultado principalmente al poco tiempo disponible para preparar a la candidata, al ambiente político hostil y la alta participación en los estados clave2 que favoreció a Trump (O´Malley Dillon et al., 2024). Esto último fue un elemento decisivo no esperado por los demócratas en el resultado.
Sin embargo, otros criterios como el de Piker (2024) y Bazelon et al. (2025) coinciden en que una causa fundamental de la derrota demócrata es la desconexión entre los objetivos del partido y las necesidades de la mayoría de los votantes. En relación con esto sobresale la errada campaña comunicativa demócrata que no logra sintonizar incluso con sus propios partidarios. En concordancia, el principal error del partido es que sus políticas se han distanciado cada vez más de la clase obrera que votaba por este y han afectado de forma general a la clase media estadounidense.
En cuanto al ambiente político, los votantes de ambos partidos han experimentado una radicalización respecto a sus opuestos. Esto se pone de manifiesto en la alta polarización, la desconfianza mutua, el apoyo a prácticas antidemocráticas -como el asalto al Capitolio, la incentivación del fraude previo o la no aceptación de la derrota-, la justificación de la violencia política, los discursos extremos y la desinformación (Voelkel et al., 2024; Dhabhai, 2024).
Respecto a la alta participación en los estados clave, los demócratas se vieron desfavorecidos al perder alrededor 89 mil votantes en Arizona, 67 mil en Michigan y 62 mil en Pennsylvania. Aunque ganaron 37 mil en Wisconsin, 74 mil en Georgia y mil en Nevada el saldo fue negativo con 106 mil votantes perdidos como promedio. Los márgenes se mantuvieron bastante estrechos: Arizona 5.5%, Wisconsin 0.9%, Michigan 1.4%, Georgia 2.2% y Pennsylvania 1.8%, y el revés en Nevada 3.1% (Comisión Federal Electoral, 2025; CNN Español, 2024).
En este sentido, aunque el voto popular no decide las elecciones, la pérdida de votantes a nivel federal en el lapso de 2020 a 2024 es otra muestra de la erosión de las bases demócratas. Tras el resultado histórico de 81 millones de votos para Biden en 2020, estos experimentaron una pérdida de alrededor de 6 millones de votos en la contienda de 2024, pues la candidata Kamala Harris obtuvo cerca de 75 millones de votos frente a los 77 millones de su adversario. Cabe resaltar que en ese período Trump ganó casi 3 millones de votos (Comisión Federal Electoral, 2020; 2025).
Diagnósticos electorales de organizaciones de renombre como Edison, APVoteCast, Catalist y Pew Research Center resaltan la pérdida de votantes negros, latinos, asiáticoamericanos, inmigrantes y menores de 30 años para los demócratas al comparar los resultados de 2020 y 2024. Por ejemplo, la reducción media del margen del voto popular –media de los márgenes analizados, pues se tomaron en cuenta 4 encuestadoras– fue de 10 puntos porcentuales entre votantes negros, 21 entre latinos y 14 entre asiáticos (Kondik, 2025a).
Cabe resaltar que las políticas aprobadas durante la administración Biden con el objetivo de mantener unidas a las distintas facciones dentro del partido también fueron problemas que tuvo que enfrentar Harris como su sucesora. Algunas de estas fueron la aprobación de enormes paquetes de estímulos que contribuyeron a la inflación, la seguridad relajada en la frontera y las órdenes ejecutivas sobre justicia ambiental, derechos trans y condonación de deudas estudiantiles (Silver, 2025). Si bien estos tópicos, exceptuando las deudas estudiantiles, han sido considerados no sustanciales, han servido a las fuerzas conservadoras republicanas para criticar a los demócratas por su labor pro-woke.
Tras los resultados de 2024, el Partido Demócrata ha enfrentado diversos retos que influyen en el deterioro de su imagen. Según diversas encuestas y sondeos como la del diario The Wall Street Journal, publicado el 25 de julio de 2025, solo el 33% de los votantes tiene una opinión favorable sobre los demócratas (Zitner, 2025). Además, según Kiley (2025), los líderes demócratas del Congreso poseían un 24% de aprobación.
En primer lugar, los demócratas se encuentran altamente divididos y sin un liderazgo claro, al contrario de sus adversarios. Según Silver (2025), el partido está lleno de desacuerdos -agudizados tras la derrota en 2024- que responden a una larga tradición de lucha entre facciones para alcanzar la supremacía en el seno del partido, principalmente entre centristas e izquierdistas.
Existen varios aspirantes a llenar esa vacante como la congresista demócrata por Nueva York Alexandria Ocaso-Cortez, quien ha valorado la posibilidad de disputar el liderazgo del partido en el Congreso de manera general, como una voz de referencia al desafiar a su colega Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado (Parnes, 2025). Otro ejemplo es el gobernador de California Gavin Newsom –cuyo mandato termina en enero de 2027 y no puede reelegirse–, quien ha manifestado que evalúa aspirar la Presidencia en 2028. Este ha sido uno de los adversarios más visibles del presidente Trump, imitando su estrategia en redes sociales y desafiándolo en el plano nacional (Univision, 2025). Ambos casos evalúan postularse a la Presidencia en 2028.
No obstante, existen otras figuras importantes dentro del partido como Bernie Sanders o Hakeem Jeffreis. En el medio de ese debate interno las posturas centristas e izquierdistas, y los que reclaman una renovación generacional en contra del establishment dominante no alcanzan una agenda común para levantarse tras la derrota de 2024 y redefinir la línea a seguir para recuperar a los votantes. Lo cierto es que, de forma general, se reconoce la necesidad de renovar sus estrategias y asumir una posición más ofensiva ante las acciones de Trump y su gabinete.
En segundo lugar, analistas como Texeira (2025) consideran que el Partido Demócrata se ha alejado de la agenda que le procuraba el apoyo y los votos de sus electores. Ello deviene en el distanciamiento de la imagen de representantes de la clase trabajadora y el acercamiento a una postura enfocada en cuestiones socioculturales. Esta tesis se respalda con el estudio de Kuziemko et al. (2025), donde se expone que el cambio de discurso más enfocado a políticas de “redistribución”3 se ha materializado en una pérdida de votantes con un menor nivel educativo.
En tercer lugar, otro de los retos que enfrenta el partido es el clima político actual dentro del país, caracterizado por la violencia contra funcionarios públicos y activistas4 y los efectos antidemocráticos de los cambios demográficos. Estos elementos se insertan en la dinámica internacional de crisis de la democracia liberal.
Uno de esos efectos antidemocráticos, es un sistema en el que los votos procedentes del Colegio Electoral deciden la elección en detrimento del voto popular. Para ponerlo en perspectiva, en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales los demócratas ganaron el voto popular y, sin embargo, los republicanos ganaron tres veces la presidencia. Esto sucede porque los votos procedentes de dicho colegio no son estrictamente proporcionales ni coherentes con el voto popular.
Esto se traduce en una afectación para los demócratas pues la tendencia se orienta hacia el aumento de la densidad demográfica principalmente en las grandes urbes, que los suelen apoyar, y que a su vez tienen menor relevancia proporcionalmente a otros estados con menor población como regiones rurales, que suelen apoyar a los republicanos. Un resultado de este fenómeno es que los senadores -dos por cada estado- demócratas representen a más personas que sus adversarios y sin embargo posean la misma capacidad de decisión, o incluso menor (Royo, 2023).
Otro elemento que desfavorece a los demócratas es la manipulación de redistribución de los distritos electorales5, con esta práctica los demócratas se han visto en clara inferioridad en el control de las legislaturas, pues sus adversarios la han utilizado con mayor eficiencia. De forma general, todos estos factores tributan a una desconexión entre los votantes y sus representantes en el poder ejecutivo y legislativo, lo que acentúa la falta de consensos y la deslegitimación del sistema (Royo, 2023).
Una alternativa para hacer frente a las estrategias republicanas es repetir la que ha llevado a cabo el gobernador de California, Gavin Newsom, para redistribuir los distritos electorales del Estado y así obtener hasta 5 nuevos escaños en el Congreso. Emular esta respuesta en otros estados, ante la nueva manipulación del mapa electoral en Texas por parte de los republicanos, compensaría la desequilibrada balanza electoral en la que representantes de un mayor número de votantes tienen la misma capacidad de acción que sus opuestos, aunque estos representen a un menor número de electores (Kondik, 2025c).
La sumatoria de retos históricos y de nueva generación agudiza los desafíos actuales del Partido Demócrata, el cual debe solucionar sus problemas para obtener resultados satisfactorios en las elecciones de medio término de 2026. Ahí tendrán la oportunidad de aprovechar el desgaste de la administración actual.
En ese contexto, el análisis del panorama que ofrece (Kondik, 2025b), tras el cierre del Gobierno Federal el 1 de octubre de 20256, resalta la oportunidad para canalizar la insatisfacción existente en el electorado demócrata e independiente, a través de una figura que “luche” a favor de las demandas del pueblo estadounidense. Los sondeos realizados tras el cierre podrían ser beneficiosos para los demócratas, pues muestran que el público consideraba más culpable a Trump y los republicanos en el Congreso, con un margen del 13.8%, que a los demócratas (Kondik, 2025b).
En ese sentido, una serie de cifras reflejan la creciente impopularidad del gobierno de Trump. En una encuesta nacional realizada por la Quinnipiac University7 (2025), el 63% de los votantes desaprueba el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein por parte de la administración Trump; en materia de política exterior el 54 % se encuentra en desacuerdo y en cuestiones de inmigración solo el 40% lo aprueba.
Las encuestas de Kiley (2025) exponen que solo el 40% de los estadounidenses tienen una opinión favorable de Trump y James D. Vance, mientras que el 58 y 51% los perciben respectivamente desfavorablemente. En cuanto a los líderes del Congreso8, son vistos favorablemente por solo el 25 y 16% respectivamente de los estadounidenses, el 38 y 26% los ve desfavorablemente y alrededor de un 36 y 56% no han oído hablar de ellos.
Además, en materia de economía -que suele definir elecciones- aproximadamente la mitad de los estadounidenses -53%- dice que, desde que asumió el cargo, las políticas económicas de Trump han empeorado las condiciones y alrededor de tres cuartas partes de los estadounidenses -74%- describen las condiciones económicas como regulares o malas (Copeland, 2025). Según este centro de encuestas, el criterio de los estadounidenses sobre la economía doméstica y sus proyecciones es notablemente pesimista.
Finalmente, el criterio de los votantes respecto a la operación militar que condujo al secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, se ha manifestado ampliamente en contra de la administración Trump. Incluso en la base republicana existen opiniones divididas al respecto.
Estas estadísticas, si bien son similares e incluso peores en algunos casos para los demócratas, reflejan la posibilidad de sumar votantes descontentos con la administración Trump para lograr una recuperación paulatina del Partido Demócrata. Esto depende de la capacidad del partido para conectar con el electorado y corregir sus estrategias, así como de renovar su comunicación política, en la que pueden obtener enseñanzas de las campañas realizadas por candidatos demócratas en las elecciones especiales de 2025 como Zohran Mamdani y revertir la correlación de fuerzas en las elecciones de medio término a realizar en noviembre del 2026.
Si bien el escenario político futuro parece incierto debido a las contradicciones internas demócratas y las fracturas en el movimiento MAGA, así como la dependencia de los republicanos de la figura de Trump y sus seguidores, la acumulación de insatisfacciones con la administración Trump -evidenciadas en las masivas protestas NoKings- y la costosa e impopular guerra en Irán probablemente serán determinantes en dichas elecciones de medio término. Aunque los demócratas ganen esa contienda, esto no se traduciría aún como solidez y cohesión partidaria.
conclusiones
Los efectos de la crisis del 2008, como expresión de las contradicciones del sistema capitalista, inciden directamente en el sistema electoral de los EE.UU. La alta polarización política, desconfianza en las instituciones, aumento de la agresividad en los discursos, desconexión entre los votantes y sus representantes, así como el desequilibrio democrático responden a elementos estructurales de este sistema.
De forma general, la situación del Partido Demócrata tras la derrota en las elecciones presidenciales está caracterizada por dichos factores, los que se insertan en una crisis de la democracia a nivel mundial con efectos notables dentro del país. Estos elementos suponen patrones de ruptura en la política tradicional en los EE.UU. y dificultan la elaboración de pronósticos y posibles escenarios electorales.
Al cierre del año 2025 y en el primer trimestre de 2026, el Partido Demócrata enfrenta retos hacia lo interno como la erosión del apoyo de sus electores tradicionales -grupos subalternos como afroamericanos y latinos estadounidenses de clase media o con menor nivel educativo-, la disputa entre las facciones dentro del partido que pugnan por el control y la proyección hacia el futuro de sus estrategias, así como la falta de liderazgo y de un discurso común que englobe las preocupaciones del electorado. Sin embargo, estos desafíos no constituyen elementos aislados de otras crisis de identidad partidaria dentro de la política estadounidense; sino que se relacionan -con sus particularidades- con otros momentos históricos.
Finalmente, existen alternativas para sortear los obstáculos que enfrenta el partido: la canalización de la insatisfacción general de los electores a través de una figura que represente una renovación del partido y la redistribución de distritos electorales para enfrentar los desequilibrios que desfavorecen a los demócratas y consolidan el poder legislativo de los republicanos.
referencias
bibliográficas
Notas
Recibido: 20 de febrero de 2026
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aceptado: 1 de abril de 2026
Derechos de Autor:
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Góngora Nuñez, K. M. y Jiménez Sánchez , C.L. (2026). Italia y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Una oportunidad truncada? Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(2), 31-41.
RESUMEN
Las relaciones bilaterales entre Italia y China en los últimos años han estado caracterizadas por un pragmatismo económico que alcanzó el punto culminante de su desarrollo en 2019, cuando Italia se convirtió en el primer y único país del G7 en adherirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Esta decisión, concebida como un catalizador para el reimpulso de la economía italiana, generó un amplio debate sobre sus implicaciones estratégicas y el equilibrio entre el interés comercial y la lealtad a los aliados transatlánticos. Sin embargo, la llegada al poder de Giorgia Meloni y su enfoque prooccidental supusieron un “cambio” en la posición italiana hacia la Iniciativa. En consecuencia, Italia decidió no renovar el memorando en 2023, lo cual no implicó una ruptura total, sino la transición hacia un modelo de cooperación más acotado y calculado. El caso italiano ilustra el dilema de las potencias europeas: mantener vínculos económicos con China mientras refuerzan su alineamiento político con Occidente. De igual forma, este plantea un interesante caso de estudio sobre la influencia de China en el mundo globalizado, y sobre las repercusiones del asunto tanto para Italia como para la Iniciativa. En este contexto, el presente trabajo se propone analizar el impacto de la salida de Italia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta a través de una perspectiva económica y política. Para ello, examina las motivaciones del giro político italiano, la reconfiguración del esquema de cooperación bilateral y el posicionamiento de Italia en el escenario global.
Keywords: China, Italia, Iniciativa de la Franja y la Ruta, pragmatismo económico, relaciones bilaterales.
Abstract
Bilateral relations between Italy and China in recent years have been characterized by an economic pragmatism that reached its peak in 2019, when Italy became the first and only G7 country to join the Belt and Road Initiative. This decision, conceived as a catalyst for revitalizing the Italian economy, generated widespread debate over its strategic implications and the balance between commercial interests and loyalty to transatlantic allies. However, the rise to power of Giorgia Meloni and her pro-Western approach marked a “shift” in Italy’s position toward the Initiative. Consequently, Italy decided not to renew the memorandum in 2023 — a move that did not imply a complete rupture, but rather a transition toward a more limited and calculated model of cooperation. The Italian case illustrates the dilemma facing European powers: maintaining economic ties with China while reinforcing their political alignment with the West. Likewise, it presents an interesting case study on China’s influence in a globalized world, as well as on the repercussions of this matter for both Italy and the Initiative. In this context, this paper aims to analyze the impact of Italy’s withdrawal from the Belt and Road Initiative from an economic and political perspective. To this end, it examines the motivations behind Italy’s political shift, the reconfiguration of the bilateral cooperation framework, and Italy’s positioning on the global stage.
Keywords: China, Italy, Belt and Road Initiative, economic pragmatism, bilateral relations.
introdución
La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), principal proyecto de política exterior y geoeconómica de la China contemporánea, ha redefinido las dinámicas de cooperación internacional al erigirse en una plataforma integral para la conectividad global y la integración económica. En este marco, y ante un contexto interno de estancamiento económico, la decisión de Italia en 2019 de convertirse en el primer y único país del G7 en adherirse al Memorando de Entendimiento de la BRI constituyó un movimiento estratégico de gran trascendencia política, motivado fundamentalmente por la búsqueda de nuevos motores de crecimiento económico e inversión.
Hasta ese momento, la BRI ya integraba a más de 130 países de Asia, África, América Latina y Europa, con proyectos que abarcaban desde la construcción de infraestructuras hasta inversiones en energía y telecomunicaciones. En el ámbito europeo, destacaba la modernización de puertos como el Pireo, en Grecia, y el avance en corredores ferroviarios estratégicos en Hungría y Polonia. Italia, al sumarse en 2019, buscaba aprovechar puertos como Trieste y Génova, así como atraer Inversión Extranjera Directa (IED).
Sin embargo, la permanencia de Italia en la iniciativa se vio progresivamente condicionada por una reconfiguración tanto del escenario político interno como del contexto global. En el ámbito nacional, el ascenso al poder de la primera ministra Giorgia Meloni1, materializó una visión más alineada con Occidente y crítica hacia una posible dependencia de China. Paralelamente, las presiones sostenidas de aliados históricos, especialmente de Estados Unidos, y la necesidad de armonizar su postura con la de la Unión Europea (UE), impulsaron al gobierno italiano a reevaluar su participación.
Ante este escenario, el gobierno de Meloni ejecutó su salida de la BRI en 2023, acto que definió la alineación de Italia en el ámbito internacional. En consecuencia, este trabajo se propone analizar el impacto de la salida de Italia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Para ello, examina las motivaciones del giro político italiano, la reconfiguración del esquema de cooperación bilateral y el posicionamiento de Italia en el escenario global. Esta investigación basa su objetivo en la necesidad de promover los análisis desde perspectivas marxistas sobre los complejos procesos geopolíticos actuales, siendo el estudio de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, así como el relacionamiento de China con potencias medias occidentales, un eje de interés para la comprensión de tendencias modernas en las relaciones internacionales.
desarrollo
La Iniciativa de la Franja y la Ruta surge en 2013 como respuesta a un contexto global marcado por la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Es un proyecto inspirado en la antigua Ruta de la Seda que combina elementos históricos con una estrategia contemporánea de conectividad global. Desde sus inicios, la iniciativa se concibió como un proyecto multidimensional que integraba infraestructura, logística, energía, telecomunicaciones, cooperación financiera y vínculos culturales. Esta amplitud sectorial permitió que la BRI escalara rápidamente: de un proyecto inicialmente centrado en Asia Central pasó a convertirse en una red global que, en pocos años, abarcó más de 60 países.
La expansión acelerada de la Iniciativa se explica por su capacidad para responder a necesidades concretas de los países participantes. En Asia y África, la iniciativa financió puertos, carreteras, ferrocarriles y parques industriales que difícilmente habrían sido posibles sin capital chino. En Europa, tras la firma de memorandos de entendimiento con China, se obtuvieron significativas inversiones en infraestructura y transporte. El caso del puerto del Pireo, Grecia, transformado en uno de los más dinámicos del Mediterráneo tras la entrada de COSCO2, demostró que la BRI no era solo un concepto geopolítico, sino un mecanismo operativo con resultados tangibles. La presencia creciente de China en el mar Adriático y los Balcanes reforzó la percepción de que la BRI estaba reconfigurando las rutas comerciales hacia Europa, y que quedar fuera de esta red podría significar perder competitividad frente a otros países de la región.
Para Italia, estos avances no pasaron desapercibidos. Aunque su economía ya estaba integrada en los mercados europeos, la iniciativa ofrecía oportunidades que iban más allá del comercio con acceso preferencial a inversiones en infraestructura, la posibilidad de revitalizar puertos estratégicos como Trieste y Génova, y la apertura de nuevos canales para sus exportaciones destino a Asia. Además, la iniciativa incluía sectores de alto interés para Italia, como energía renovable, logística portuaria, manufactura avanzada y cooperación cultural.
Este atractivo creciente de la Iniciativa china sumado a la situación interna italiana, fueron factores clave para entender la posterior decisión italiana. En 2018, la economía presentaba signos claros de estancamiento. Ese año marcó un punto de inflexión hacia la fragilidad económica y, con ello, el fin de una breve etapa de recuperación, sembrando las condiciones para un cambio de rumbo en su política económica. Según datos oficiales del Fondo Monetario Internacional [FMI] (2024), el crecimiento anual del PIB se situó en 0.8%, cifra que evidenciaba una desaceleración respecto al 1.6% en 2017 (Ver Anexo 1).
Sin embargo, la gravedad de la situación se reveló en la evolución trimestral de 2018: tras dos trimestres de crecimiento marginal, la economía italiana se contrajo en 0.1% en el tercero y 0.2% en el cuarto, configurando una recesión técnica (Istat, 2019). Esta recesión, tras 14 trimestres de expansión consecutiva, no fue un fenómeno aislado, sino que coincidió con un enfriamiento de la economía europea, tensiones comerciales globales e incertidumbre política interna, generada por el nuevo gobierno de cambio entre La Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S, por sus siglas en italiano)3.
Frente a la delicada coyuntura económica interna, asume en junio de 2018 el gobierno presidido por Giuseppe Conte, el cual articuló un discurso de explícita confrontación con las instituciones europeas. Este relato identificaba a la Unión Europea y, de manera particular, a Alemania, como responsables directos del estancamiento y la rigidez fiscal del país.
Dicho marco narrativo, forjado durante la campaña electoral, no se limitó a la retórica, sino que se tradujo en una política económica de choque. En este sentido, su materialización concreta fue la presentación, en octubre de 2018, de un presupuesto que contravenía deliberadamente las normas de déficit de la UE, y que el Ejecutivo italiano justificó como una medida necesaria para impulsar el crecimiento (Deutsche Welle, 2018a).
Sin embargo, el rechazo de la Comisión Europea no hizo más que intensificar la retórica oficial, y la respuesta de los líderes italianos fue una personalización del conflicto4. Esta escalada consolidó la percepción de un orden europeo restrictivo y, por tanto, la necesidad de un realineamiento estratégico fuera de su eje tradicional.
En este contexto, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, cuyo perfil geoeconómico global crecía, se presentó como una alternativa viable. El realineamiento culminó así en una acción diplomática concreta: la firma, el 23 de marzo de 2019, del Memorando de Entendimiento5 que convertía a Italia en el primer y único miembro del G7 en adherirse a la iniciativa emblemática de Pekín.
La decisión de adhesión italiana no fue percibida de manera unánime en la literatura especializada en el tema. Desde el inicio, diversos autores presentaron interpretaciones divergentes. Una corriente de estos la calificó como una ruptura populista y soberanista respecto a la tradición diplomática italiana (García-Herrero & Amighini, 2023), mientras que otra la interpretó como la continuidad pragmática de agendas comerciales preexistentes con Pekín (Pugliese, Ghiretti, & Insisa, 2022). Dentro de estas interpretaciones, una línea de análisis recurrente subrayó lecturas críticas sobre China y su rol global (Andornino, 2024), consolidando un juicio negativo hacia la BRI. Esta valoración sería retomada años después por el propio gobierno de Giorgia Meloni al calificar la firma original como un gran error.
La firma italiana, lejos de ser un acercamiento aislado, continúa con una lógica prestablecida de relaciones bilaterales. China ya era un socio económico relevante para Italia, donde Roma exportaba maquinaria, textiles y productos agroalimentarios, mientras importaba manufacturas y bienes tecnológicos. En el plano político, los vínculos eran cordiales y pragmáticos, aunque Italia mantenía su alineación con la UE y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Pekín veía a Italia como un socio estratégico por su ubicación en el Mediterráneo, su red portuaria y por el peso que tenía la adición de un miembro del G7 para la BRI, mientras que Roma buscaba diversificar inversiones y abrir nuevos mercados.
En contraste, la presente investigación plantea que la aproximación de Italia al proyecto chino debe entenderse no como una continuidad estratégica ni como una ruptura ideológica con posturas previas, sino como una evolución condicionada. Dicha evolución estuvo impulsada por necesidades económicas estructurales que obligaron al país a adaptarse a una panorámica comercial global dominada por China, sin por ello abandonar los lazos políticos fundamentales con sus socios tradicionales en Occidente.
La adhesión de Italia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta representó, ante todo, una estrategia económica pragmática para enfrentar la situación económica. El país enfrentaba un estancamiento económico, con una productividad crónicamente baja, un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) anémico y una deuda pública que rondaba el 134% del PIB (Comisión Europea, 2024). En ese contexto, la BRI ofrecía una vía para reactivar una economía sin motores internos de crecimiento: acceso privilegiado al mercado chino, atracción de IED y diversificación de destinos de exportación.
Sin embargo, este cálculo fue puesto a prueba por la pandemia de COVID-19. En 2020, Italia sufrió la contracción económica más severa de su historia reciente, con una caída del PIB del 8.9% (Fondo Monetario Internacional, 2024). En ese escenario, el canal comercial con China mostró su utilidad como estabilizador parcial, pues mientras las exportaciones italianas globales se desplomaban, las ventas a China crecieron. Este desempeño revela que, para ciertos sectores manufactureros exportadores, la relación con China actuó como un amortiguador relativo frente al colapso de la demanda en Occidente. No obstante, su efecto fue puntual y sectorial; incapaz de compensar el hundimiento general de una economía paralizada, especialmente en servicios y turismo.
La recuperación posterior fue impulsada casi exclusivamente por dos factores: la reapertura de la economía y el despliegue del fondo europeo NextGenerationUE, del cual Italia fue el mayor beneficiario, con una asignación de 191 500 millones de euros (European Commission, 2021). En contraste, la inversión china fue modesta y el desequilibrio comercial bilateral se profundizó: entre 2019 y 2023, las exportaciones chinas a Italia superaron el crecimiento de las exportaciones italianas a China (Ver Anexo 2 y 3). Este patrón no debe interpretarse como un fracaso de la BRI, sino como la evidencia de que su diseño no estaba orientado a resolver problemas macroeconómicos como deuda o productividad.
Precisamente aquí es donde la narrativa de “desriesgo”6, promovida por la UE y Estados Unidos, encontró eco en una economía vulnerable. Al mismo tiempo, la visión política del nuevo gobierno de Giorgia Meloni, marcada por un enfoque atlantista que prioriza la alineación con Washington y el refuerzo de la seguridad occidental, facilitó un cambio radical en la membresía de la BRI. Para Roma, la participación en la iniciativa había dejado de constituir una vía de cooperación para transformarse en una fuente de riesgo para su posición dentro del bloque occidental.
Por lo tanto, la decisión de abandonar el memorando reflejó que el verdadero conductor de la política italiana no residía en la balanza comercial, sino en la necesidad de redefinir su posición en un orden internacional crecientemente polarizado. El caso italiano ilustra, en suma, cómo una herramienta para cooperación económica puede ser absorbida y finalmente desplazada por lógicas de poder que trascienden su intención original. Ante la presión constante de aliados clave como Estados Unidos y la propia UE, y con un gobierno resuelto a reforzar su papel dentro de la alianza occidental, los beneficios comerciales relativos de la BRI resultaron políticamente insuficientes, por lo que quedaron subordinados a una lógica de bloques geopolíticos.
La respuesta asiática no se hizo esperar. Pekín lamentó la decisión, pero evitó la confrontación abierta. En lugar de enfatizar la pérdida, el gobierno chino subrayó que la cooperación bilateral con Italia podía continuar en otros ámbitos, incluso fuera del marco de la BRI. Este enfoque refleja la estrategia pragmática de China de minimizar el impacto simbólico de la retirada italiana. Aunque Roma era el único país del G7 que se había adherido a la BRI, su salida no afectó de manera sustancial la continuidad global de la iniciativa y reafirmó su efectividad en el desarrollo de proyectos en la periferia europea (Chen, 2023).
A nivel interno, esta salida opera como un potente instrumento de consolidación política para el gobierno de Meloni, que cierra definitivamente el debate sobre la ambigüedad estratégica e incorpora el espectro político en torno a un renovado consenso atlantista. Al enmarcar la decisión como una evolución hacia una cooperación “equilibrada”, el gobierno logra simultáneamente satisfacer las demandas de seguridad de sus aliados occidentales y apaciguar a los sectores empresariales con intereses en China, presentándose como un ejecutivo pragmático y soberano.
En términos económicos, el impacto inmediato de la salida italiana de la BRI fue más limitado de lo que sugerían los debates públicos previos. Asimismo, existieron opiniones alrededor de posibles represalias chinas (Pattathil, 2023); sin embargo, los flujos comerciales bilaterales se mantuvieron relativamente estables. En este sentido, la adopción de nuevo “Plan de Acción” bilateral con China en 2024, reveló la persistencia de necesidades comerciales italianas pero que operaran sin la arquitectura institucional de la iniciativa. Este plan evidenció que Roma mantiene el interés de comerciar con China, aunque mediante mecanismos que eviten la identificación con la BRI, debido a que afecta la narrativa que las potencias occidentales buscan proyectar sobre China.
De hecho, si bien el desequilibrio comercial se presentó como motivo de preocupación en Italia durante su paso por la BRI, la transición desde el memorando de entendimiento hacia el “Plan de Acción” 2024-2027 no produjo cambios significativos en la dinámica de exportaciones e importaciones. En este sentido, el déficit se mantuvo y la estructura del intercambio comercial apenas se modificó, lo que refuerza la lectura de que la salida tuvo un carácter predominantemente político y simbólico, más que económico.
Para la propia iniciativa, el abandono italiano supuso un impacto principalmente geopolítico. Italia, como único país miembro del G7 que había formalizado su adhesión, erosionó la posición de Pekín para presentar la BRI como un proyecto capaz de integrar de manera plena a economías avanzadas occidentales. Aunque no desencadenó un efecto dominó inmediato en otros países europeos participantes, el caso italiano reforzó la percepción, especialmente en la UE, de que la BRI entrañaba riesgos políticos y de dependencia que podían superar sus beneficios económicos, lo que alimentó un clima de escepticismo frente a nuevos compromisos de largo plazo con la iniciativa.
Como respuesta europea, se consolidó un refuerzo del control normativo frente al capital chino y una reorientación hacia proyectos de menor envergadura. De este modo, la salida funcionó como catalizador para institucionalizar una política de “desriesgo” selectivo, que limita la influencia estructural de actores chinos sin interrumpir por completo los flujos de capital.
Al mismo tiempo, la decisión proyecta efectos duraderos sobre la posición de Italia en los proyectos alternativos impulsados por Occidente. Al presentarse como un caso paradigmático de “corrección de rumbo” respecto a China, Italia ganó credibilidad y peso político de cara a sus aliados tradicionales, lo cual usó para reclamar un papel central en esquemas como Global Gateway de la UE7 o el Corredor Económico India–Medio Oriente–Europa8, que buscan competir con la BRI en conectividad e infraestructura. De este modo, la acción se traduce en una búsqueda de mayor capacidad para atraer financiación europea y transatlántica hacia proyectos estratégicos en el Mediterráneo y los Balcanes, pero también en una dependencia reforzada de la arquitectura occidental de seguridad y de financiación, lo que limita el espacio italiano para adoptar políticas de equilibrio más autónomas frente a la rivalidad sino-estadounidense.
conclusiones
La trayectoria de Italia en la Iniciativa de la Franja y la Ruta constituye un caso paradigmático de la reconfiguración de las relaciones euro-chinas en la era de la competencia estratégica. Lejos de ser una mera oscilación política, su adhesión en 2019 y su posterior salida en 2023 delinean la evolución condicionada de una potencia media europea que navega entre imperativos económicos inmediatos y construcciones geopolíticas de largo alcance.
Más que un giro motivado por resultados económicos, la salida de Italia de la BRI fue una decisión político-estratégica, impulsada por el giro atlantista del gobierno de Meloni. El cierre de esta etapa permitió a Roma terminar con su ambigüedad estratégica, lo que evidencia una recalibración radical: despojar a la relación bilateral de su carga geopolítica simbólica para subordinarla explícitamente a la arquitectura de seguridad occidental.
A largo plazo, la decisión italiana reconfigura su posición frente a China y sus socios occidentales, donde preserva el acceso a oportunidades comerciales y tecnológicas con China, pero bajo un marco explícitamente subordinado a las prioridades de seguridad definidas por la UE y Estados Unidos. Esto implica que futuras negociaciones con Pekín estarán estructuralmente condicionadas por filtros de “desriesgo” y por una coordinación más estrecha con la Unión Europea, lo que reduce la posibilidad de iniciativas bilaterales como la adhesión original a la BRI.
El caso italiano aporta una conclusión clara: para una potencia media europea, los instrumentos de cooperación con China solo resultan sostenibles cuando se subordinan explícitamente a la arquitectura de seguridad y regulación occidental, lo que reduce los márgenes para estrategias de equilibrio autónomo y confirma que la competencia entre grandes potencias tiende a absorber y redefinir las formas de inserción económica con Pekín. El éxito de su apuesta dependerá de su capacidad para gestionar un complejo equilibrio entre extraer beneficios concretos de una relación económica con China y consolidar su credibilidad como pilar europeo, un acto que prefigura el futuro de la autonomía estratégica europea; a la vez que arriesga las perspectivas económicas para casos como el que se presenta en el trabajo.
referencias
bibliográficas
NOTAS
ANEXOS
Anexo 1
Elaboración propia. Datos: Fondo Monetario Internacional (https://www.imf.org/en/countries/ita#countrydata)
Anexo 2
Elaboración propia. Datos: Observatory of Economic Complexity
(https://oec.world/es/profile/bilateral-country/chn/partner/ita)
Anexo 3
Elaboración propia. Datos: Observatory of Economic Complexity https://oec.world/es/profile/bilateral-country/chn/partner/ita)
Recibido: 10 de febrero de 2026
Conflicto de Intereses:
El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aceptado: 22 de marzo de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. El autor podrá establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Echemendía Acosta, K. R.(2026). La construcción de un Japón dependiente: la imposición constitucional de 1947. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(2), 41-52.
resumen
Tras la derrota de 1945, la ocupación militar estadounidense en Japón empleó la reforma constitucional no solo para la supresión del militarismo imperial, sino también para impulsar una reestructuración integral de las dimensiones políticas, económicas y sociales del país. Esta transformación estaba destinada a alinear al Estado japonés con la estrategia geopolítica de Washington en el orden internacional bipolar que se configuró tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La imposición de este texto introdujo cambios radicales que rompieron con tradiciones consolidadas, incorporando principios ajenos a la cultura política japonesa y estableciendo límites profundos en materia de soberanía y capacidad militar. Este estudio analiza cómo las directrices del Cuartel General Aliado, sus borradores y las negociaciones bajo intensa presión del general MacArthur dieron forma a la Constitución de 1947, con el artículo 9 como su cláusula más controvertida. A través de un enfoque histórico jurídico, basado en el texto constitucional, documentos de la ocupación y doctrina especializada, se explora cómo esta transformación redefinió el poder japonés y orientó su trayectoria estratégica de manera decisiva. El resultado ofrece respuestas ineludibles sobre autonomía, alianza y el legado de una intervención que aún resuena en el Indo Pacífico actual.
Palabras Clave: constitución de 1947; dependencia estructural; imposición estadounidense; ingeniería constitucional; Japón posguerra
ABSTRACT
Following Japan’s defeat in 1945, the U.S. military occupation employed constitutional reform not only to suppress imperial militarism but also to drive a comprehensive restructuring of the country’s political, economic, and social dimensions. This transformation was intended to align the Japanese state with Washington’s geopolitical strategy in the bipolar international order that took shape after the end of the Second World War. The imposition of this text introduced radical changes that broke with entrenched traditions, incorporating principles foreign to Japanese political culture and imposing profound limits on sovereignty and military capacity. This study examines how the directives of the Allied General Headquarters, its drafts, and the negotiations under intense pressure from General MacArthur shaped the 1947 Constitution, with Article 9 as its most controversial clause. Through a historical-legal approach—based on the constitutional text, occupation documents, and specialized scholarship—the analysis explores how this transformation profoundly redefined Japanese power structures and decisively guided its strategic trajectory. The findings provide compelling answers regarding autonomy, alliance, and the enduring legacy of an intervention that continues to resonate in the Indo-Pacific today.
Keywords: 1947 Constitution; constitutional engineering; postwar Japan; structural dependence; U.S. imposition
introducciÓn
La derrota de Japón en agosto de 1945 inauguró un período de transformación profunda en su historia contemporánea. La rendición incondicional a bordo del USS Missouri dio paso a una ocupación militar aliada dominada por Estados Unidos (EE.UU.), bajo el mando del general Douglas MacArthur como Comandante Supremo de las Potencias Aliadas (SCAP1 por sus siglas en inglés). Esta ocupación, que se extendió hasta 1952, no se limitó a desmantelar el militarismo imperial, sino que buscó reconfigurar integralmente la estructura política, económica y social japonesa para alinearla con los intereses geopolíticos de Washington en el emergente orden bipolar de la Guerra Fría.
Gustavo Lagos Matus (1997, p. 253) describe este proceso como uno de los capítulos más notables de la historia mundial, destacando que “ninguna otra ocupación estuvo tan dedicada a la reforma política y social”, y que pocas sociedades han sido reestructuradas tan ampliamente en tan poco tiempo. Esta intensidad reformista permitió modernizar Japón mediante medidas como la redistribución agraria, la disolución de los zaibatsu2 y la implementación de avances en las políticas laborales; todas bajo supervisión directa estadounidense.
Estas reformas, sin embargo, no fueron absolutas, por ejemplo, la redistribución agraria dejó sin tocar la esencia de las desigualdades ya existentes en el reparto de la tierra y varió según la región aplicada. Los zaibatsu “disueltos” se reorganizaron posteriormente a partir de conexiones con grandes bancos y las políticas laborales sufrieron un fuerte freno por parte de las oligarquías industriales que priorizaron la estabilidad industrial sobre cambios más radicales.
Inicialmente, los objetivos usados como pretexto se centraron en apaciguar y reconfigurar institucionalmente el país para prevenir cualquier resurgimiento expansionista, aunque el objetivo principal siempre fue evitar el auge comunista en el país. El avance de la Guerra Fría hizo esto más evidente. Japón, por su posición geoestratégica, se convirtió en un baluarte clave contra la expansión soviética y posteriormente china en Asia-Pacífico.
En este contexto, la reforma constitucional de 1947 emergió como herramienta central de lo que puede denominarse “ingeniería constitucional estratégica”3 : pacificó internamente al país mientras lo vinculaba estructuralmente a la seguridad estadounidense. El objetivo de este artículo es analizar cómo esta influencia rediseñó el poder político japonés y consolidó su rol como aliado estratégico subordinado de Estados Unidos en la región, mediante un enfoque histórico-jurídico.
La tesis central sostiene que la intervención estadounidense no se limitó a una reforma institucional superficial, sino que generó una dependencia sistémica en seguridad: la supremacía popular, el emperador simbólico y, sobre todo, el artículo 9, limitaron su capacidad bélica y orientaron la política exterior hacia la entente con Estados Unidos, formalizada en el Treaty between Japan and the United States (en español, Tratado de Seguridad entre los Estados Unidos y Japón) de 1951, posteriormente revisado y reemplazado en 1960 por el Treaty of Mutual Cooperatión and Security between Japan and the United States (en español, Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua entre Japón y Estados Unidos). La metodología combina análisis del texto constitucional, documentos del Cuartel General (GHQ por sus siglas en inglés) y doctrina especializada, además de la Constitución Meiji de 1889 vigente hasta el cambio constitucional de 1947.
desarrollo
Contexto de ocupación militar y objetivos estratégicos de Estados Unidos
La derrota nipona sellada tras los bombardeos atómicos marcó el fin del conflicto en el Pacífico y el inicio de una ocupación dominada por Estados Unidos bajo Douglas MacArthur. Esta fase, hasta la firma del Tratado de San Francisco en 1952, desmanteló el militarismo imperial y reorientó la sociedad japonesa hacia un modelo institucional foráneo alineado con intereses estadounidenses.
La ocupación adoptó un estilo personalista y reformista que definió toda la intervención (Lagos Matus, 1997, p. 253). En su etapa inicial, se priorizó la destrucción del antiguo aparato castrense y la reconfiguración del modelo político existente para evitar el resurgimiento del expansionismo, tal como exigía la Declaración de Potsdam de 1945 al demandar la eliminación de obstáculos a las tendencias “democráticas”, en obvia alusión a las tendencias occidentales.
Las reformas—disolución de zaibatsu, redistribución agraria y purgas de elementos guerreristas—contribuyeron a pacificar internamente Japón y a redirigir parte de los recursos “antes destinados a la industria bélica” hacia el desarrollo económico, facilitando la integración de Japón al sistema capitalista occidental. (Gómez Salazar, 2021, p. 1).
Desde 1947, Japón dejó de ser un enemigo vencido para convertirse en aliado potencial contra la expansión comunista, acelerado posteriormente por la Revolución China y la Guerra de Corea. Este giro impulsó un rearme limitado (creación de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, JSDF por sus siglas en inglés, en 1954), debido a las restricciones constitucionales, reflejando el dilema entre seguridad y autodeterminación.
La reforma constitucional de 1947 se erigió como instrumento geopolítico central en esta estrategia. Aunque supervisada e impulsada por el Estado Mayor General de MacArthur (quien impuso principios orgánicos propios de Europa y/o EE. UU y de desarme permanente que limitaron estructuralmente la independencia política japonesa) el texto final fue redactado y revisado por autoridades japonesas, lo que facilitó su posterior lectura e interpretación pragmática por parte del gobierno y la sociedad nipona (González Pujol, 2014, p. 33). El artículo 9, en particular, no solo pacificó al país, sino que lo ató de forma permanente al pacto defensivo con Estados Unidos y lo integró al sistema “Hub-and-Spokes”4 de contención estadounidense.
Elaboración de la Constitución como “ingeniería constitucional estratégica”
La Constitución de la posguerra constituyó un caso deliberado de reestructuración institucional por parte de Estados Unidos, destinada a remodelar las bases políticas japonesas, desmantelar su potencial bélico y posicionar al país como “socio” estable en el naciente orden bipolar de la Guerra Fría. El proceso comenzó en octubre de 1945 con instrucciones de MacArthur para reformar la Constitución Meiji. Muchos borradores japoneses fueron rechazados por conservar elementos considerados autoritarios.
En febrero de 1946, el GHQ elaboró en secreto el “MacArthur Draft” en apenas una semana, imponiendo una autoridad suprema del poder público meramente formal, derechos fundamentales impuestos según una concepción ajena y selectiva a la par de una separación de poderes extraña a la tradición política japonesa. Los aportes nacionales resultaron secundarios y mayoritariamente descartados a pesar de la participación nipona y su visto bueno. (González Pujol, 2014, p. 34)
El texto final (promulgado en noviembre de 1946 y vigente desde mayo de 1947) constituyó esencialmente un mandato estadounidense con ajustes simbólicos para facilitar su aceptación cultural. El modelo establecido fue altamente lesivo a la soberanía japonesa mientras priorizaba los intereses exclusivos de la potencia hegemónica norteamericana.
Iván González Pujol (2014, p. 33) resume este proceso al señalar que “la nueva Constitución, supervisada por MacArthur, estableció desde 1947 una política de seguridad completamente nueva para Japón”. El artículo 9, insertado directamente por el GHQ, prohibió la guerra como derecho soberano y la posesión de fuerzas armadas con potencial bélico, dejando al país incapaz de defenderse por sus propios medios.
Tales aspectos subrayan la percepción de ajenidad cultural que persiste en amplios sectores japoneses respecto al texto de 1947, elaborado bajo supervisión militar externa y sin plena correspondencia con tradiciones nacionales. La función dual de esta ingeniería resulta evidente. Por un lado, cambió el escenario interno del país con la modificación de las plataformas desde la que se ejercía el poder. Por otro, alineó estratégicamente a Japón en la órbita anticomunista estadounidense.
Si bien algunos analistas actuales discuten si se trató de una “occidentalización” general o de una integración selectiva de patrones globales (Alarcón et al., 2023), el esquema elaborado por el Cuartel General Aliado evidencia un diseño orientado a ejercer influencia sostenida. Sin embargo, la posterior apropiación japonesa (es decir, la internalización y reinterpretación pragmática del texto constitucional impuesto) contribuyó a transformar estas limitaciones en el llamado “milagro económico japonés” post-ocupación (1955-1973).
Este fenómeno en el ámbito de la economía nipona no fue un desarrollo completamente autónomo ni exclusivamente una imposición estratégica occidental para estabilizar socialmente al país, evitar el ascenso de movimientos sociales y mantener el dominio sobre él. Si bien el contexto posbélico (un ejemplo es la Guerra de Corea como boom para la industria japonesa) y el apoyo estadounidense (dígase reconstrucción financiada) jugaron un rol clave, el verdadero “milagro económico japonés” se sustentó en factores como una burocracia nacional fuerte y centralizadora, el consenso cooperativista entre empresas, sindicatos y gobierno, altas tasas de inversión, una férrea disciplina laboral impuesta y una agresiva orientación exportadora (Alarcón et al., 2023).
Estos rasgos se apoyaban en prácticas previas de organización estatal y empresarial japonesas, que encontraron en la nueva Constitución un marco que podían adaptar a su propia lógica de desarrollo Quizás el costo mayor de esta pujanza económica fue la dependencia estratégica de Washington como aliado principal y la renuncia efectiva a la plena capacidad bélica.
Soberanía, Emperador y poder político: un Estado condicionado por intereses externos
La Constitución de 1947 introdujo principios que aparentaban total capacidad de decisión propia del país pero que no se materializaron a cabalidad. El artículo 1 consagra la soberanía popular como principio fundacional, invirtiendo el modelo Meiji donde el Emperador era soberano absoluto y divinidad inviolable (Daranas Peláez, 2018, p. 1).
Esta transferencia (por lo menos en papel) del poder al pueblo, representado mediante elecciones5 , marcó un giro hacia la “democracia representativa”. Diversos sectores de la élite política y académica japonesa vieron en esta transformación una oportunidad para reconstruir el sistema sobre bases más participativas, aún dentro de un marco diseñado durante la ocupación.
En el preámbulo de la carta magna se prioriza la paz y la cooperación internacional lo que acabó limitando la autonomía nacional al subordinar la política exterior a la unión con una potencia extranjera. Con el tiempo y al asumir el poder el Partido Liberal Democrático (LDP, por sus siglas en inglés) maniobró dentro de este marco para consolidar un sistema político estable y gestionar de forma casi exclusiva la relación con EE.UU., transformando esa dependencia externa en un recurso de poder interno.
El rol del Emperador se redujo a figura simbólica y ceremonial (artículos 1 y 7), actuando únicamente con aprobación del Gabinete y sin iniciativa propia. Esta desmitificación eliminó la base del culto imperial que había sustentado el militarismo previo, alineando el sistema con los objetivos de la ocupación (Lagos Matus, 1997, p. 253). Si bien el Emperador había sido una figura despótica durante el período Meiji, la táctica estadounidense de diluir sus potestades eliminó el liderazgo simbólico centralizado en él, pero no suprimió por completo la capacidad de mando autónomo del país.
Con el tiempo, el papel simbólico del Emperador fue incorporado a una nueva tradición constitucional japonesa, en la que la monarquía conserva centralidad cultural, pero ya no función decisoria directa. El poder real se trasladó y consolidó en la burocracia estatal fuerte, los oligarcas industriales y las estructuras políticas dominantes, permitiendo una continuidad en la gobernanza interna pese a la subordinación a EE.UU.
La Dieta bicameral se erigió como órgano supremo del poder estatal (artículo 41), con primacía legislativa de la Cámara de Representantes y control efectivo sobre el ejecutivo. Roberto L. Blanco Valdés (2024, p. 1) subraya que los parlamentos constituyen “elementos esenciales de la dinámica política institucional que define la vida del Estado constitucional”, pero en el caso japonés esta supremacía quedó restringida.
El equilibrio de poderes —Dieta dominante, ejecutivo parlamentario y judicial independiente— al más clásico estilo Montesquieu, asemejó al de cualquier sistema parlamentario europeo de monarquía constitucional. No obstante, la práctica política japonesa fusionó este esquema con estilos de liderazgo y de negociación propios, dando lugar a una dinámica parlamentaria peculiar, marcada por el dominio del LDP pero también por la acción de partidos opositores y movimientos ciudadanos. Esta configuración permitió una estabilización en lo doméstico.
El artículo 9: pacifismo constitucional y dependencia
de la alianza
El artículo 9 constituye el eje del pacifismo constitucional japonés, renunciando a la guerra como medio para resolver disputas internacionales y prohibiendo el mantenimiento de fuerzas armadas con potencial bélico. Impuesto durante la elaboración de la norma suprema, reflejó el trauma de la Segunda Guerra Mundial y buscó prevenir cualquier resurgimiento del ánimo de guerra. Contó al momento de su aprobación con respaldo mayoritario de la población nipona, pues el recuerdo de las dos bombas atómicas cayendo sobre su territorio nacional era reciente (Mosciatti Gómez, 2023, p. 5).
Su interpretación ha evolucionado progresivamente para permitir la existencia de las Fuerzas de Autodefensa (JSDF, creadas en 1954) como entidad defensiva en el contexto de la Guerra Fría. En tiempos más recientes las mismas han servido para ampliar misiones internacionales y aumentar el gasto de defensa, siempre dentro de los estrictos patrones impuestos por el Departamento de Guerra (llamado durante la mayor parte del tiempo Departamento de Defensa) y/o Estado del otro lado Pacífico. Esta evolución ha sido fruto de interpretaciones jurídicas elaboradas en Japón y de intensos debates políticos y sociales en los que la población se ha dividido en grupos a favor y en contra.
Formalizada en el Tratado de Seguridad entre los Estados Unidos y Japón de 1951, esta relación asimétrica obligó al este último a aplicar la doctrina Yoshida: enfatizar el desarrollo económico bajo la protección norteamericana (González Vázquez, 2009, p. 1), a cambio de permitir instalaciones militares permanentes6 y restricciones a acuerdos con terceros7 . Si bien esta relación ha sido fundamental para la estabilidad japonesa, ha provocado fricciones internas notables.
Los ejemplos más destacados se encuentran en las protestas recurrentes contra la presencia militar norteamericana, concentrada desproporcionadamente en Okinawa. Este territorio, que alberga alrededor del 70% de las instalaciones, es el epicentro de conflictos ambientales, accidentes y episodios de violencia sexual por parte de los soldados extranjeros (Center for Strategic and International Studies [CSIS], 2023). Por otro lado, sectores de izquierda opuestos a los sucesivos gobiernos nipones del último siglo, protestan contra lo que consideran una erosión de la renuncia soberana a la guerra, la cual atribuyen a condicionamientos foráneos (González Pujol, 2014).
A lo largo del tiempo, Japón ha exhibido una notable capacidad pragmática para modular su postura estratégica sin alterar el núcleo del vínculo bilateral, que continúa operando como factor condicionante central en su orientación de seguridad (Liu, 2025, p. 6).
Evolución de la alianza y rol regional de Japón
El vínculo estratégico entre Japón y Estados Unidos ha evolucionado desde una dinámica posbélica de fuerte asimetría hasta erigirse en un eje clave del control occidental sobre el territorio del Indo-Pacífico, sin modificar la lógica subyacente de desigualdad. Durante la Guerra de Corea (1950-1953), Estados Unidos impulsó el rearme limitado mediante la Policía de Reserva Nacional, precursora de las JSDF.
En la Guerra de Vietnam, Japón ofreció apoyo logístico no combativo, lo que impulsó la economía japonesa al aumentar las exportaciones y contratos vinculados al esfuerzo bélico. Concluida la Guerra Fría, participó en misiones de paz de la ONU (Camboya, Timor Oriental) y, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 a EE.UU., en operaciones de apoyo en Irak bajo el gobierno del premier Koizumi, generando nuevas oportunidades para sus empresas y servicios especializados. Estos conflictos actuaron como catalizador de la expansión económica japonesa.
Desde la administración Clinton, y más tarde con Bush y Obama, Washington impulsó que Japón asumiera más responsabilidades de seguridad en la región, en el marco de una estrategia de contención frente al ascenso chino. La percepción japonesa de China como amenaza (no directa a Japón, sino a la hegemonía imperial en Asia-Pacifico) motivó al gobierno japonés a llevar adelante, en 2015, leyes de seguridad que habilitaron la defensa colectiva limitada y aseguraron el puesto de la tierra del sol naciente como peón, sirviendo a intereses estratégicos que poco o nada tienen que ver con una política soberana sino con la instrumentalización de su posición geográfica por una potencia extranjera para mantener al gigante asiático en jaque (Hernández Hernández, 2020, p. 45).
Hasta 2026, la asociación con EE.UU. se ha intensificado ante la guerra en Ucrania (sanciones a Rusia y ayuda a Kiev) y tensiones con la República Popular Democrática de Corea. Shinzo Abe reinterpretó el artículo 9 en 2014 y legó la Visión de un Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP8) como respuesta a la complicada relación chino-nipona (Liu, 2025, p. 48).
Fumio Kishida heredó y profundizó esta agenda, duplicando el gasto en defensa al 2% del PIB en 2023 y fortaleciendo vínculos con el QUAD9. Como observa Yoshihide Soeya (2020, p. 1), “parece haber heredado la agenda conservadora del difunto primer ministro Shinzo Abe”. Pese a que su perfil es visto como más moderado, Kishida ha mantenido y consolidado esa orientación conservadora en política de seguridad.
Japón ha logrado equilibrar su impuesta y selectiva tradición pacifista con una creciente proactividad destacando su liderazgo en el G7, asociaciones con la Unión Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés), ejercicios conjuntos y revisiones de tratados en ciberdefensa y el espacio. Esta posición lo consolida como baluarte del orden occidental, aunque sigue condicionada por subordinaciones históricas plasmadas en su carta magna y debates internos sobre la verdadera libertad de decisión del gobierno en el plano internacional (Auerswald et al., 2023, p. 17).
La alianza como límite a la autonomía nacional
La huella estadounidense en la Constitución de 1947 genera un debate persistente: ¿se trató de una obligación total o facilitó una adaptación pragmática por la parte japonesa? La evidencia doctrinal sugiere una combinación estratégica.
Por un lado, el proceso de elaboración confirma la presión directa del SCAP (Koseki, 1989; Dower, 1999). El artículo 9, como cláusula innegociable, vinculó de manera efectiva la seguridad nipona al marco del Tratado de 1951.
Por otro lado, la apropiación japonesa resultó pragmática y efectiva. La doctrina Yoshida internalizó la supeditación como ventaja competitiva (González Pujol, 2014, p. 35). Sucesivas administraciones luego de los años 60 fueron ampliando el radio de acción de las Fuerzas de Autodefensa. Las reinterpretaciones recientes, como la de Abe, hicieron más visible la conversión del marco constitucional en una herramienta flexible dentro del convenio (Liff, 2022).
Liff argumenta que estas reinterpretaciones representan “victorias pírricas” para Washington: Japón gana capacidades, pero siempre subordinadas, perpetuando la asimetría (Liff, 2022, p. 2315). Esta dinámica se mantiene vigente no solo por la estructura misma de dependencia con EE.UU., sino también por resistencias y ambivalencias en la población japonesa frente a un mayor protagonismo militar, aunque dichas percepciones han experimentado cambios graduales a medida que cambia la situación en la región del Indo-Pacífico.
Las barreras para modificar el texto constitucional refuerzan la idea de condicionamiento duradero, pues, pese al dominio del LDP desde 1955, los intentos de enmendar el artículo 9 han fracasado no solo por condicionamientos externos, sino también por la resistencia de las fuerzas políticas opositoras y por una opinión pública que sigue reticente en esencia a abandonar el “pacifismo constitucional”. A ello se suma la presencia de tropas estadounidenses y la exclusividad del tratado que generan una disuasión implícita contra desvíos significativos.
Las tensiones en Taiwán, el programa de misiles norcoreanos y la militarización del Mar de China Meridional posicionan a Japón como “aliado indispensable” en la contención china (CSIS, 2023). Esta indispensabilidad resulta ambivalente: Japón cubre una porción significativa de los costos de las instalaciones estadounidenses en su territorio, pero mantiene una proyección de poder limitada fuera de sus aguas jurisdiccionales. El esquema configurado en 1947 continúa funcionando como barrera objetiva a una mayor independencia estratégica.
No obstante Japón ha tratado de ampliar gradualmente su margen de maniobra al tiempo que intenta posicionarse en la región. Tokio busca equilibrar su subordinación a Washington con una aspiración creciente de una autonomía estratégica limitada, pero cada vez más visible.
CONCLUSIONES
El estudio de los documentos de la ocupación, los proyectos elaborados por el Cuartel General Aliado y la Constitución Meiji muestra que la Carta Magna de 1947 configuró un esquema institucional que redujo de forma notable la independencia de Japón y ató estrechamente su visión de país a la relación con Estados Unidos. Al mismo tiempo, la recepción y la reinterpretación de este esquema por parte de actores japoneses fue clave para dar contenido concreto a la estructura política, legislativa y económica.
El aporte central de esta investigación es explicar, desde un enfoque histórico-jurídico, como esa reforma operó como un mecanismo de reestructuración estratégica que recortó de manera duradera la soberanía japonesa en materia defensiva, aunque dejó margen para ajustes interpretativos sin alterar el núcleo de la vinculación bilateral. En este marco, el artículo 9 de la Constitución de 1947 aparece como el corazón de la dependencia estructural establecida durante la ocupación militar. Su vigencia se sostiene en un pacifismo en buena medida instrumental, ligado a la idea de que Washington concibe a la nación asiática como su “portaaviones gigante” en una zona clave y cercana a China, su principal rival geopolítico. El resultado concreto de esta norma ha sido privar al país de la capacidad autónoma de defensa y de plena autodeterminación militar.
Las reinterpretaciones aprobadas desde 2015 han introducido cambios muy parciales en la política de seguridad japonesa, como la habilitación de la defensa colectiva limitada y la adquisición de capacidades de contraataque. Las élites nacionales han optado por estirar los márgenes del texto antes que confrontarlo abiertamente, pero el contexto regional más tenso alimenta discusiones sobre una revisión que reconozca explícitamente el rol de las Fuerzas de Autodefensa.
La dependencia estructural constituye el legado más persistente de la intervención estadounidense de 1947. Japón ha incrementado sus capacidades para reforzar su valor como aliado, pero la asimetría persiste y genera tensiones internas sobre la fiabilidad de la alianza. Esta herencia histórica condiciona de manera decisiva la posición de Japón en un Indo-Pacífico cada vez más inestable, donde debe equilibrar su política interna y externa sin poder romper del todo con el esquema que se le impuso en la posguerra.
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
NOTAS
Recibido: 22 de febrero de 2026
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aceptado: 30 de marzo de 2026
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Suárez Rodríguez,K.I. y Aciego Moreno, A.A. (2026). La geopolítica del sistema de alianzas del conflicto sirio. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(2), 53-63
resumen
El conflicto sirio constituye uno de los escenarios bélicos más complejos del siglo XXI, caracterizado por la multiplicidad de actores y la constante reconfiguración de alianzas. Este trabajo analiza cómo se articularon los grupos entre los distintos actores involucrados —gobierno sirio, grupos rebeldes, kurdos, yihadistas— y los apoyos externos: Rusia, Irán, Estados Unidos, Turquía y las monarquías del Golfo. A lo largo de tres etapas diferenciadas, se observa cómo las coaliciones se transformaron en función de los cambios en la correlación de fuerzas sobre el terreno y las prioridades estratégicas de cada actor. El pragmatismo y la flexibilidad de las agrupaciones evidencian una transición en el orden mundial, donde los intereses geopolíticos prevalecen sobre las afinidades ideológicas.
Palabras Clave: intereses imperialistas, Medio Oriente, zonas de influencia, Bashar al-Assad
ABSTRACT
The Syrian conflict is one of the most complex war scenarios of the 21st century, characterized by a multiplicity of actors and the constant reshaping of alliances. This study examines how groups were coordinated among the various actors involved —the Syrian government, rebel groups, Kurds, jihadists— and external supporters: Russia, Iran, the United States, Türkiye, and the Gulf monarchies. Across three distinct stages, it is observed how coalitions evolved in response to changes in the balance of power on the ground and the strategic priorities of each actor. The pragmatism and flexibility of these groups reflect a transition in the world order, where geopolitical interests take precedence over ideological affinities.
Keywords: imperialist interests, Middle East, spheres of influence, Bashar al-Assad
introducciÓn
Tras el fin de la Guerra Fría y la transición a la unipolaridad, Estados Unidos (EE.UU.), en aras de consolidarse como hegemón mundial, fortaleció sus zonas de influencia alrededor del mundo para controlar regiones estratégicas. Por su posición geográfica y riquezas, Medio Oriente fue prioridad dentro de la política expansionista de EE.UU. Consecuentemente, las fuerzas norteamericanas intervinieron en varios países árabes utilizando como pretexto la lucha contra el terrorismo.
Como consecuencia de la colonización en la región, el surgimiento y fortalecimiento de Israel como Estado aliado al bloque Occidental, devino en factor desestabilizador para los países musulmanes vecinos. En este sentido, la República Árabe Siria, uno de los principales actores regionales enfrentados contra Israel, fue uno de los objetivos principales en el área.
El estallido de la guerra en Siria devino en un conflicto regional que influyó en las dinámicas en Medio Oriente y en la conformación de coaliciones. En esta línea, los sistemas de alianzas se presentan como acuerdos formales o informales, generalmente entre Estados o grupos, que se unen para cooperar y alcanzar objetivos comunes.
Durante el conflicto, la conformación de sistemas de alianzas entre actores externos como Rusia, Irán y Turquía e internos como el Ejército Árabe Sirio, los grupos insurgentes, terroristas y los kurdos convirtió este territorio en un punto estratégico de pujas de poder e intereses estratégicos. Ello demostró la flexibilidad y el pragmatismo de las alianzas durante los periodos de crisis hegemónica y transición intersistémica.
La presente investigación tiene como objetivo analizar el sistema de alianzas en el conflicto sirio durante el período de 2011-2024. Para ello, se hará referencia a los antecedentes históricos del conflicto que determinaron la conformación de acuerdos estratégicos de cara a los enfrentamientos. Además, se presentarán los actores regionales y extrarregionales que intervinieron en el conflicto e interactuaron, indistintamente, con las facciones beligerantes. En adición, se proporcionará una periodización de la guerra con tres etapas principalmente: la primera (2011-2013) abarca la conformación de las coaliciones, la segunda (2014-2021) refiere la intervención directa de las potencias y la concreción de cierta estabilidad y la tercera (2022-2024) contiene el derrocamiento de Bashar al-Assad y la proyección exterior del nuevo gobierno sirio.
desarrollo
La herencia de la bipolaridad
El inicio de la Guerra Fría supuso un nuevo orden mundial, basado en un sistema bipolar, donde coexistían dos polos hegemónicos contrapuestos. En este tipo de escenario se redefinieron características específicas del sistema de relaciones internacionales. En esencia, se destaca la rigidez de las alianzas, debido al interés de las potencias en crear distintas áreas de influencia donde ejercer su poder y evitar la expansión de su oponente (Kaplan, 1957; Dallanegra, 1981).
En la región geopolítica de Medio Oriente, las constantes desestabilizaciones por parte de Gran Bretaña y Francia, ex metrópolis coloniales, contribuyeron al surgimiento de un movimiento nacionalista panárabe protagonizado por los gobiernos de Egipto y Siria. De esta forma, se fundó la República Árabe Unida (RAU) con un gobierno progresista y un proyecto económico independiente, que se alineó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) debido a la hostilidad del bloque capitalista. Sin embargo, las contradicciones internas, así como la presión de Occidente condujeron al fracaso del Socialismo Árabe1.
El Estado sirio, conformado después de la RAU y dirigido por Hafez al-Assad, se caracterizó por la ampliación de las relaciones de producción capitalista y la centralización estatal. Asimismo, se opuso al expansionismo estadounidense y a la agresión del sionismo contra el mundo árabe, lo que suscitó la conformación de un sistema de alianzas con la URSS e Irán, debido a la convergencia de intereses geopolíticos comunes.
En consecuencia, Siria ofrecía un posicionamiento estratégico contra Occidente y recibía respaldo económico y militar (Hinnebusch, 2001). Cabe destacar, su ingreso a la coalición llamada Eje de la Resistencia2 como contrapeso directo a la influencia y operaciones de Arabia Saudí e Israel en la región.
En oposición, la puja de poder para conformar zonas de influencia conllevó al despliegue de los intereses expansionistas de EE. UU. en la región. Para ello, promovió procesos de desestabilización y conflictos mediante el respaldo político, económico y militar a Israel. Paralelamente, convergieron intereses de fortalecimiento de potencias regionales como Arabia Saudita y Turquía.
El fin de la Guerra Fría significó un cambio en el orden internacional, que transitó hacia un sistema unipolar. Esto supuso el debilitamiento de las alianzas del bloque socialista y obligó a sus Estados a transformar sus economías; en el caso de Siria, ello contribuyó a la recesión de los 90. Por ende, el nuevo gobierno sirio, dirigido por Bashar al-Assad3, se vio obligado a aplicar políticas de corte económico neoliberal para superar la crisis interna.
Los cambios establecidos se basaron en la promoción de políticas librecambistas, esencialmente con países de la región. Este proceso llamado infitah (en español “Puertas Abiertas”) benefició, esencialmente, a los sectores burgueses por medio de la apertura y modernización económica. Sin embargo, la base tradicional del baazismo, esencialmente campesinos y trabajadores (Amuchástegui, 1988), fue severamente afectada. Esta situación agravó las contradicciones internas en Siria, lo que condicionaría el descontento poblacional y, posteriormente, protestas masivas en importantes urbes contra el oficialismo.
Entre 2010-2012 se iniciaron una serie de protestas en Medio Oriente, generalmente, como resultado de la situación económica y política de varios países árabes y la marcada influencia propagandística estadounidense. La manipulación de las manifestaciones se dio desde los medios de comunicación masiva y las redes sociales. Este proceso, denominado por Occidente como “Primavera Árabe”4, fue aprovechado, bajo falsos intereses de democratizar las estructuras de estos Estados, para promover cambios de régimen, intervenciones militares e inestabilidad política.
Mapeado de actores internos
en el conflicto sirio
En el caso sirio, se iniciaron protestas auspiciadas por EE. UU., que aspiraban a reformas económicas y sociales. Sin embargo, la escalada de violencia influyó en la organización de grupos rebeldes opuestos a al-Assad y, posteriormente, en la guerra civil siria. Resulta significativo la manipulación del factor religioso como un elemento diferenciador entre la población siria, mayormente sunní, para crear nuevos enfrentamientos. Esto condicionó la estratificación religiosa entre los sunníes y los alauitas en la nación (Alcira Mohanna, 2019).
Desde el inicio del conflicto se identificó una división entre los actores internos: por un lado, el gobierno sirio, respaldado por el Ejército Árabe Sirio y apoyado por el Eje de la Resistencia, Irán y Rusia indirectamente. Por otro, las organizaciones opuestas a al-Assad, conformadas por agrupaciones rebeldes: fuerzas kurdas, grupos moderados y extremistas suníes. También desde la primera etapa, había apoyo indirecto de las monarquías árabes del Golfo Pérsico5 a la disidencia, facilitándoles la entrada de armamentos y a través del discurso mediático.
Las agrupaciones rebeldes se caracterizaron por la creación de distintas organizaciones como fue el Consejo Nacional Sirio (CNS), radicado en Turquía e integrado por la oposición desde el exterior. Este era una coalición que tenía el objetivo de derrocar al gobierno de al-Assad e instaurar una “democracia civil y pluripartidista”.
Asimismo, se creó el Ejército Libre Sirio, brazo armado de los rebeldes, que aglutinó a un importante número de desertores de las Fuerzas Armadas Árabes Sirias y milicianos reclutados en el terreno. Esta fuerza armada era la principal contraparte del gobierno sirio, sin embargo, fue desplazada luego de la aparición de grupos yihadistas que procedieron a liderar las operaciones contra al-Assad. Estos grupos fundamentalistas encontraron el apoyo, indistintamente, de Occidente, Turquía y las monarquías del Golfo.
Otro actor importante lo constituye la comunidad kurda, privada de un Estado propio por Francia y Gran Bretaña luego del desmembramiento del imperio Otomano. Ellos han sido utilizados intencionalmente por Occidente como factor disruptivo a nivel regional. Su principal apoyo proviene de EE.UU. (Torres, 2025), por lo que interactúan en los sistemas de alianzas contrario a los Estados entre los cuales quedaron divididos (principalmente Turquía, Irak, Siria e Irán). Consecuentemente, el debilitamiento de estos países, garantiza la presencia hegemónica de Washington en Medio Oriente.
Entre las principales agrupaciones yihadistas se destaca la rama de Al-Qaeda en Siria conocida como el Frente al-Nusra y el autodenominado Estado Islámico en Irak y Levante (ISIS), integrado sobre todo por yihadistas internacionales (Álvarez-Ossorio, 2022). Estos grupos se vieron apoyados financieramente por las monarquías del Golfo y, de forma secreta, por Turquía y EE.UU. (Al Mayadeen Español, 2021).
La escalada obligó al desplazamiento de civiles sirios fuera del país. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR, 2024), se estiman aproximadamente 7,2 millones de desplazados internos y más de 4,8 millones de personas refugiadas en países vecinos, donde destacan Turquía, Líbano, Irak, Egipto y Jordania. Esto, conjuntamente con la multiplicidad de actores, su impacto transfronterizo y la intervención de potencias externas, configuró al conflicto como un fenómeno regional, pues el constante flujo de refugiados devino en problemas de seguridad para los Estados receptores y condicionaron la actuación de actores en el conflicto y sus posturas respecto al sistema de alianzas.
Interacciones del sistema de alianzas (2011-2013)
Durante el periodo 2011-2013, los actores internos involucrados en el conflicto fueron respaldados por las distintas potencias, a través de apoyo logístico-militar y político. En el plano multilateral, las iniciativas internacionales sobre la guerra siria se limitaron a denuncias en las Conferencias de Paz y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin lograr consensos efectivos. Ante los constantes desacuerdos, EE.UU. fortaleció medidas unilaterales contra el gobierno de al-Assad y presionó a Europa para que también impusiera sanciones a Siria.
En cambio, el gobierno de al-Assad fue respaldado por el Eje de Resistencia, liderado por Irán a través de las Fuerzas Quds, división del Cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica, y por el grupo libanés Hezbolá, que combatieron sobre el terreno junto al Ejército Árabe Sirio. La participación directa de los milicianos de Hezbolá en la batalla de Qusair en la primavera de 2013 permitió al gobierno sirio recuperar esa localidad estratégica cercana a la frontera con Líbano y retomar la iniciativa de la guerra, que el año anterior había pertenecido a la oposición (Giménez, 2013).
Por otro lado, Washington apoyó de manera encubierta a la oposición siria y a los terroristas con armas e información de inteligencia y denunció ante la ONU al gobierno de al-Assad de utilizar armas químicas contra la población (Ghotme, 2015). El suceso de Ghuta6 estuvo a punto de desencadenar una intervención militar liderada por EE.UU., pero finalmente la mediación de Rusia paralizó, al menos de forma temporal, la acción extranjera en Siria.
El desenvolvimiento de la guerra evidenció los intereses de los actores regionales y extraregionales en Medio Oriente. Primeramente, EE.UU. se presentó como líder en el proceso para derrocar a al-Assad, apoyando indistintamente a grupos rebeldes moderados y extremistas, así como a la comunidad kurda. También, el gobierno de Erdogan buscó beneficiarse de la crisis siria para fortalecer su posición estratégica en la región y garantizar su integridad territorial con el enfrentamiento a los separatistas kurdos. Además, las monarquías del Golfo Pérsico, financistas de grupos terroristas como al-Nusra, y, posteriormente, la Hayat Tahrir al-Sham (HTS)7 e ISIS, buscaban debilitar a Irán y Siria, pues el desarrollo de estos modelos republicanos constituye una amenaza a su sistema monárquico conservador.
Dinámicas del sistema
de alianzas (2014-2021)
A partir del año 2014, se incrementó la presencia extranjera en el conflicto. El despliegue militar convirtió al territorio sirio en un escenario de enfrentamiento de intereses estratégicos entre las potencias. Ante este contexto, se evidenciaron cambios en la correlación de fuerzas que supeditaron la formación de mecanismos de negociación (Sanamé Chavez, 2026).
La administración de Barack Obama utilizó la conformación del ISIS como pretexto para intervenir militarmente en el territorio sirio bajo la excusa de la guerra contra el terrorismo. Consecuentemente, inició un plan militar de bombardeos aéreos a zonas controladas por ISIS y apoyó a fuerzas locales como las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por grupos militares kurdos (Lister, 2016).
En este contexto, el gobierno sirio solicitó el apoyo de Rusia ante la creciente crisis en el país. La entrada directa del Kremlin al conflicto manifestó las contradicciones entre las potencias imperialistas en Medio Oriente. Moscú envió tropas terrestres, asesores militares y su fuerza de aviación de guerra, que debilitaron las posiciones rebeldes.
El respaldo ruso catalizó el proceso de recuperación de territorios ocupados como las ciudades de Alepo y Homs9. De esta forma, Rusia contrarrestó la influencia de EE.UU. y la OTAN en la región (Solana, 2016). Como consecuencia de ello, Moscú garantizó su zona de influencia en el mar Mediterráneo mediante el fortalecimiento de su base naval en Tartús y la expansión de la base aérea de Khmeimim.
La entrada de Rusia provocó un cambio drástico en el equilibrio de fuerzas dentro de la guerra. Aprovechando esto, el Eje de Resistencia reconfiguró sus estrategias para establecer una coordinación con los efectivos rusos. Ello se percibe a partir del cambio de la concepción estratégica de las milicias iraníes, las cuales pasaron de combatientes principales a fuerzas de contrainsurgencia. Igualmente, se observó la reducción parcial de la presencia de tropas de Hezbolá luego de la reconquista de Alepo (Vélez Castro, 2017).
Otro aspecto significativo es la intervención de tropas turcas en el conflicto. A partir del año 2016, Ankara realizó cuatro operaciones militares en territorio sirio con el objetivo de contener la amenaza separatista de los kurdos y respaldar a grupos de la oposición moderada contra al-Assad. Asimismo, se centró en la expulsión del grupo ISIS del territorio de Idlib9. Por lo tanto, los objetivos militares establecidos por Turquía provocaron fricciones con las fuerzas ruso-iraníes.
La escalada de violencia derivada del intervencionismo de las potencias dispuso un escenario propicio a la realización de negociaciones. En esta línea, Rusia, Irán y Turquía impulsaron el formato de Astaná, donde se evidencia la conformación de alianzas entre Estados con posiciones contrarias sobre Siria para asegurar sus objetivos estratégicos en el país. Entre los acuerdos establecidos se encontraba determinar “zonas de distención” entre estos Estados, que resultó en la recuperación del 70% del territorio sirio por Damasco y el establecimiento de un mayor control con la frontera turca, sofocando a las fuerzas kurdas (Petrini et al., 2021).
Paralelamente en EE.UU., la elección del presidente Donald Trump impulsó nuevas estrategias para el conflicto. En esta etapa, las fuerzas estadounidenses lograron avances militares como la recuperación de Raqqa, centro de operaciones de ISIS, con el apoyo de las Fuerzas Democráticas Sirias. Sin embargo, la presencia y el avance ruso condicionaron el debilitamiento de la hegemonía de Washington en la región. Por consiguiente, para octubre de 2019, la Casa Blanca anunció la salida de tropas norteamericanas, manteniéndose únicamente una base militar activa en el norte de Siria.
El conflicto sirio se consolidó como una guerra regional influenciada por intereses de las potencias interventoras. Esto provocó la fragmentación de la sociedad siria y su polarización. Asimismo, el respaldo de Rusia e Irán garantizó el mantenimiento y fortalecimiento del gobierno de al-Assad. En conjunto con lo anterior, la retirada de EE.UU., a causa de la influencia de Moscú en la guerra, y la desarticulación del ISIS supusieron la imposición de un nuevo statu quo con escaramuzas aisladas y una guerra de guerrillas en el desierto.
Siria post al-Assad: reconfiguración de alianzas bajo el nuevo gobierno islámico
La relativa estabilidad del conflicto condicionó la reducción de las operaciones bélicas a gran escala. La intervención militar de las potencias estableció un equilibrio de fuerzas en los sistemas de alianzas formados, lo que desvió el foco mediático internacional de Damasco. En adición, se materializó la normalización de las relaciones entre el gobierno sirio con las monarquías del Golfo a partir de su readmisión en la Liga Árabe, anunciada el 7 de mayo de 2023, tras una década de aislamiento (Al Jazeera, 2023). De esta forma, se constituyeron alianzas en materia de seguridad y comercio.
Durante 2024, los aliados históricos de al-Assad -Rusia e Irán- habían reconfigurado sus prioridades estratégicas respondiendo a sus intereses: el inicio de la guerra ruso-ucraniana y la nueva ofensiva militar de Israel contra Palestina y el Eje de la Resistencia, respectivamente. Un ejemplo de esto constituye la disminución, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), al 15% del presupuesto militar ruso a Siria (frente al 40% en 2021) (Yacoubian, 2022). A la par de este debilitamiento del apoyo externo, resurgieron células terroristas reorganizadas, entre la que destaca HTS al mando del líder extremista Abu Mohammed al-Golani, que condujeron a una nueva escalada en el conflicto y, posteriormente, al derrocamiento del partido Baaz.
Finalmente, el 8 de diciembre de 2024, Damasco se rindió ante las tropas del HTS. El grupo insurgente logró capturar ciudades clave como Alepo, Hama y Homs, en un breve periodo de tiempo. Esto permitió a las fuerzas yihadistas avanzar hacia la capital con escasa resistencia. Como consecuencia de esto, al-Assad se trasladó hacia Rusia en busca de asilo político.
El gobierno islámico, encabezado por el presidente interino Ahmed al-Sharaa, se ha caracterizado por una agenda pragmática en el ámbito internacional, pues ha mantenido relaciones estratégicas con los aliados y detractores del gobierno de al-Assad. En este sentido, la política exterior siria se ha manifestado estratégicamente, promoviendo discursos de cooperación y seguridad. De esta forma, se evidencia una reconfiguración en el sistema de alianzas conformado al inicio de la guerra.
Entre los principales reajustes se encuentra un acercamiento a Rusia a través de acuerdos comerciales y de apoyo diplomático (Grippo, 2025), donde se pactó el mantenimiento de su posición estratégica en la base naval en Tartús y el aeródromo de Khmeimim. Asimismo, se han firmado acuerdos en materia de cooperación militar, comercial y estratégica con los antiguos países detractores del presidente al-Assad, entre los cuales destacan EE.UU., Turquía, las monarquías del Golfo e Israel. Ello ha otorgado al gobierno de transición significativa legitimidad internacional, conduciendo al levantamiento, por parte de la administración Trump, de las sanciones económicas contra el Estado sirio y el aumento de la inversión en sectores estratégicos como industria, energía, infraestructura, desarrollo inmobiliario y tecnologías financieras (Prensa Latina, 2025). Cabe destacar que Ahmed al-Sharaa se convirtió en el primer jefe de Estado sirio en visitar la Casa Blanca desde que el país árabe obtuvo su independencia de Francia en 1946 (La Sexta, 2025).
CONCLUSIONES
El sistema de alianzas en el conflicto sirio (2011-2024) demuestra que las reconfiguraciones responden a contradicciones e intereses interimperialistas por el control de zonas estratégicas, donde la flexibilidad de los alineamientos constituye la manifestación superestructural de los cambios en la correlación de fuerzas entre potencias. La multiplicidad de actores, tanto internos como externos, complejizaron el escenario geopolítico, pues defendían intereses propios e interactuaban con pragmatismo según puntos comunes en sus agendas.
Situado en un contexto regional inestable, el gobierno de al-Assad devino en el foco mediático mundial, lo que reflejó la importancia estratégica conferida al Estado sirio. En este sentido, se evidenció la conformación de coaliciones pragmáticas a partir de mecanismos de desestabilización regional como la instrumentalización del factor religioso y el financiamiento a grupos opositores y yihadistas por parte de las monarquías del Golfo —con el apoyo de EE.UU. y Turquía—. De esta forma, se produjo un debilitamiento en las capacidades conjuntas del Eje de la Resistencia otorgando a Israel una ventaja en sus operaciones expansionistas.
Por su parte, el gobierno sirio, respaldado por el Eje de la Resistencia y Rusia, constituyó un actor contrahegemónico a Washington en la región y a los intereses de Israel hacia el mundo árabe. Esta alianza estratégica, y su posterior intervención directa, equilibró la correlación de fuerzas del conflicto institucionalizando la cooperación entre potencias con el formato de Astaná. Consecuentemente, Moscú se posicionó como principal socio militar de Damasco, incrementando su influencia en el país árabe y su capacidad de proyección regional en Medio Oriente.
La disminución del apoyo externo a Siria, el resurgimiento de células opositoras organizadas y la aparente estabilidad en el conflicto condicionaron el derrocamiento de al-Assad. El nuevo gobierno ha proyectado su política exterior con el objetivo de asegurar reconocimiento internacional y legitimidad. Para ello, ha concretado relaciones diplomáticas y estratégicas tanto con Occidente, Israel y las monarquías del Golfo como con la Federación de Rusia.
REFERENCIAS
Bibliográficas
notas
Recibido: 1 de Febrero de 2026
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 26 de Marzo de 2026
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición): Rodríguez Fabié, D. A. (2026).El acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo en 2025. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(2), 64-72
resumen
Las relaciones entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda se han caracterizado por una tensión estructural vinculada a factores históricos, geoestratégicos y económicos. La reactivación del Movimiento 23 de Marzo (M23) desde 2021, con el respaldo tácito de las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR), exacerbó la crisis de seguridad en el este de la RDC, generando inestabilidad regional. Ante la ineficacia de los mecanismos africanos de resolución de conflictos, actores externos como Estados Unidos y Qatar desempeñaron un papel determinante en la mediación del conflicto. El acuerdo intergubernamental firmado en Washington en junio de 2025 y la posterior Declaración de Principios en Doha entre el M23 y la RDC constituyen hitos diplomáticos relevantes, articulados bajo una lógica de intercambio de seguridad por acceso a minerales estratégicos. La configuración del pacto refleja la creciente instrumentalización de la diplomacia como vehículo para intereses geoeconómicos, especialmente en el contexto de la competencia global por recursos naturales. La fragilidad de los mecanismos de implementación y la exclusión del M23 del acuerdo central comprometen la sostenibilidad del proceso y la posibilidad de una paz duradera.
Palabras clave: M23, Estados Unidos, República Democrática del Congo, Ruanda, conflicto, intereses geoeconómicos, recursos naturales
ABSTRACT
Relations between the Democratic Republic of the Congo (DRC) and Rwanda have been marked by structural tensions linked to historical, geostrategic, and economic factors. The resurgence of the March 23 Movement (M23) since 2021, with the tacit support of the Rwandan Defense Forces (RDF), exacerbated the security crisis in eastern DRC, generating regional instability. Given the ineffectiveness of African conflict resolution mechanisms, external actors such as the United States and Qatar played a decisive role in mediating the conflict. The intergovernmental agreement signed in Washington in June 2025 and the subsequent Declaration of Principles in Doha between the M23 and the DRC constitute significant diplomatic milestones, structured around a logic of exchanging security for access to strategic minerals. The structure of the pact reflects the growing instrumentalization of diplomacy as a vehicle for geoeconomic interests, especially in the context of global competition for natural resources. The fragility of the implementation mechanisms and the exclusion of the M23 from the central agreement compromise the sustainability of the process and the possibility of lasting peace.
Keywords: M23, United States, Democratic Republic of the Congo, Rwanda, conflict, geoeconomic interests, natural resources.
introducción
Las relaciones bilaterales entre la RDC y Ruanda se han caracterizado, desde la década de 1990, por disputas en búsqueda de la influencia en la región oriental del Congo. El genocidio de Ruanda en 19941 y la posterior llegada al poder del Frente Patriótico Ruandés (FPR) bajo el liderazgo de Paul Kagame, configuraron un nuevo escenario geopolítico en la región, donde la proyección de poder y el control de los flujos armados y económicos se volvieron prioritarios para ambos Estados.
Durante la Primera (1996-1997) y la Segunda Guerra del Congo (1998-2003), Ruanda desempeñó un papel militar directo en territorio congoleño, justificando sus intervenciones como acciones defensivas contra las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR)2, compuestas por exmilicianos hutus implicados en el genocidio de 1994. A lo largo de las décadas siguientes, las relaciones formales entre Kinshasa y Kigali se mantuvieron oscilantes, influenciadas por el grado de estabilidad interna en la RDC, los cambios en el liderazgo político y los esfuerzos regionales de integración.
Sistemáticamente, RDC ha acusado a Ruanda de respaldar directa o indirectamente a grupos rebeldes armados en un intento por ejercer influencia sobre el este del país, región rica en recursos minerales estratégicos. Por su parte, Ruanda ha señalado a la RDC por permitir la presencia de elementos armados hostiles en su territorio, especialmente las FDLR, consideradas por Kigali como una amenaza latente a su seguridad.
En el contexto contemporáneo, estas tensiones se han agudizado a raíz de la reactivación del M233 desde 2021, fenómeno que intensificó la violencia en la región del Kivu del Norte y condujo a una crisis de seguridad con impacto regional. El conflicto, caracterizado por desplazamientos masivos de población, violaciones sistemáticas de derechos humanos y una fragmentación persistente de la autoridad estatal en el este de la RDC, generó una presión internacional creciente por alcanzar una solución negociada.
La mediación de actores externos luego del fallo de los mecanismos multilaterales africanos, en particular de Estados Unidos (EE.UU.) y Qatar, contribuyó de forma significativa a la configuración de un espacio de diálogo. En este contexto, la firma del acuerdo de paz intergubernamental entre RDC y Ruanda en junio de 2025 constituye un hito relevante para la estabilización de ambas naciones.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el proceso de firma del acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda en 2025.
desarrollo
Desde octubre de 2021, el M23 relanzó operaciones en la provincia congolesa de Kivu del Norte, y expandió rápidamente su presencia en territorios estratégicos como Ndiza, Cyanzu y Runyoni. Entre marzo y junio de 2022, el M23 invadió áreas clave en el territorio de Rutshuru, incluida la ciudad fronteriza de Bunagana, lo que obligó a soldados congoleños a huir a Uganda (Centro Africano de Estudios Estratégicos, 2022). La Comunidad de África Oriental (CAO) desplegó la Fuerza Regional de la Comunidad de África Oriental (EACRF, por sus siglas en inglés), aunque esta acción no produjo resultados viables.
El 26 de enero de 2023, el M23 capturó Kitchanga y, para marzo de 2024, había invadido el territorio de Rutshuru, con lo que ocupó Rwindi y la zona pesquera de Vitshumbi a lo largo del lago Edward. En junio de 2024, las fuerzas del M23 y las FDR tomaron Kanyabayonga y Kirumba y entraron en el territorio de Lubero.
Entre el 23 y el 30 de enero de 2025, apoyadas por entre quinientos y mil soldados ruandeses, las fuerzas del M23 asumieron el control de Goma, capital de Kivu del Norte, mediante una ofensiva relámpago. Posteriormente, tomaron Bukavu, capital de Kivu del Sur, lo que les permitió consolidar su dominio territorial en localidades mineras claves como Rubaya, vital para la extracción de coltán y controlado desde 20234 (Mulegwa, 2023).
Estos asaltos militares provocaron una crisis humanitaria de dimensiones regionales sin precedentes: más de 700 mil personas se vieron desplazadas internamente solo en la región de Goma, mientras que cerca de 7,8 millones de desplazados internos fueron registrados en todo el país a comienzos de 2025 (Actualite.cd, 2025). La magnitud de dicha crisis rebasó las fronteras nacionales y afectó la estabilidad de los países limítrofes, lo que atrajo la atención de la comunidad internacional sobre la urgencia de una solución negociada. Asimismo, diversos organismos internacionales han documentado continuas ejecuciones y violencia sexual, así como reclutamiento forzado de menores de edad, a lo largo de toda la campaña del M23 (Human Rights Watch, 2023).
La reactivación del M23 desde 2021 responde a la poca o nula actividad regulatoria de las autoridades congoleñas en su periferia oriental; una región rica en recursos minerales pero cuya explotación se ha visto limitada por su distancia geográfica del pequeño sector costero de la RDC, lo que limita el interés del Estado congoleño en su atención y defensa. En adición, la presión económica que han ejercido las élites mineras aliadas al gobierno de Ruanda y al capital extranjero sobre diversos sectores sociales con el fin de obtener los recursos minerales prácticamente inexplorados del Kivu, ha conducido al rearme de este y otros grupos paramilitares. Asimismo, la ausencia de mecanismos regionales de supervisión fronteriza, junto con el deterioro de formas de integración como la Comunidad de África Oriental (CAO), ha determinado la extensión de un conflicto a gran escala.
A pesar de las claras evidencias documentadas de vinculaciones operativas entre el M23 y el Ejército Ruandés, Kigali ha negado sistemáticamente su implicación. No obstante, dicha postura resulta difícil de sostener, teniendo en cuenta que en un informe encargado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) se estimó la presencia de entre 3 y 4 mil efectivos de las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR) en el este de la RDC, superando incluso los 3 mil combatientes estimados del propio M23. Esto evidencia una participación estatal directa que contradice las declaraciones oficiales de Kigali.
El gobierno de la RDC, por su parte, declaró formalmente al M23 como organización terrorista, rechazando toda negociación directa. Patrick Muyaya Katembwe, portavoz del gobierno de RDC, criticó también la postura de la Comisión de la Unión Africana (UA) al referirse al M23 como oposición política y militar, al tiempo que enfatizó el carácter terrorista del grupo y el apoyo que recibe de Ruanda (Muamba, 2025).
En respuesta a la escalada del conflicto, el CSNU adoptó la Resolución 2773 en febrero de 2025, exigiendo el cese inmediato de las ofensivas del M23, la disolución de instituciones paralelas y el desmantelamiento del apoyo estatal desde Ruanda, mientras urgía al gobierno congoleño a dejar de respaldar a la milicia FDLR. En dicho documento, se recoge:
El Consejo de Seguridad,
(…) Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
(…) 2. Decide que el M23 deberá poner fin de inmediato a las hostilidades, retirarse de Goma, Bukavu y todas las zonas controladas, incluidas las rutas terrestres y lacustres, y revocar por completo las administraciones paralelas ilegítimas establecidas en el territorio de la RDC, y que no deberá obstaculizarse esa retirada;
(…) 4. Exhorta a la Fuerza de Defensa de Rwanda a que deje de apoyar al M23 y se retire inmediatamente del territorio de la RDC sin condiciones;
(…) 6. Condena el apoyo prestado por las fuerzas militares de la RDC a determinados grupos armados, en particular las FDLR, y pide que se ponga fin a tal apoyo y se cumplan urgentemente los compromisos para neutralizar al grupo (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas [CSNU], 2025).
Es importante señalar que el contenido de la resolución evidencia una lógica de equilibrio político más que de justicia efectiva, al distribuir responsabilidades entre las partes sin establecer mecanismos concretos de verificación ni sanción. En este sentido, si bien la resolución contribuye a legitimar la presión internacional sobre Ruanda y la RDC, su alcance práctico resulta limitado, dado que no modifica sustancialmente las condiciones que sostienen el conflicto, particularmente la disputa por el control de recursos estratégicos en el este congoleño.
Ante la situación en su territorio, la RDC encontró en Estados Unidos y Qatar mediadores eficaces para impulsar una solución rápida. Desde finales de 2023, Washington había comenzado a intensificar su presencia diplomática en el conflicto, revitalizando progresivamente su papel como actor mediador en la región. La nación norteamericana decidió intervenir de forma directa5, condicionando, no obstante, su mediación a la consecución de intereses económicos y geoestratégicos sobre la RDC y Ruanda (Al Jazeera, 2025). Ello se debió a que la prolongada serie de intentos de resolución encabezados por mediadores africanos como Angola, Kenya y la Unión Africana, no tuvo la capacidad de generar acuerdos.
El 27 de junio de 2025, en Washington D.C., la RDC y Ruanda firmaron el Acuerdo de Paz, ampliamente conocido como el Washington Accord, en una ceremonia presidida por el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. El acto formal tuvo lugar en la Sala de Tratados del Departamento de Estado estadounidense (Núñez, 2025).
Este acuerdo se estructuró alrededor de varios compromisos clave, que incluyen la retirada de fuerzas ruandesas en los 90 días posteriores a la firma, un mecanismo conjunto entre ambas naciones en un plazo de 30 días para supervisar el cumplimiento de obligaciones militares y la desmovilización de elementos del M23 y de la FDLR con posibilidad de integración a las fuerzas de seguridad estatales. Ambos gobiernos se comprometieron a no apoyar militarmente a grupos rebeldes y a respetar mutua soberanía, en línea con la Resolución 2773 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Se acordó la creación de un plan de colaboración económica regional vinculando inversiones de EE. UU. y cooperación bilateral para explotar recursos como cobre, cobalto, litio y coltán (Departamento de Estado de los EE.UU., 2025). El presidente estadounidense Donald Trump, antes de la firma del acuerdo, declaró: “Recibiremos, para Estados Unidos, muchos de los derechos mineros del Congo como parte de este acuerdo. Es un gran honor para ellos estar aquí. Nunca pensaron que vendrían” (Al Jazeera citando a Trump, 2025).
El acuerdo consolida la creciente política exterior estadounidense basada en la lógica de seguridad por minerales, como forma de acceder a materias primas. Con ello se alinean los intereses geopolíticos con la diplomacia y el intervencionismo, no solo para expropiar a las naciones de sus recursos naturales, sino también para garantizar cadenas de suministro seguras y confiables.
En este sentido, Washington Accord se propone facilitar al gobierno y a las empresas estadounidenses obtener acceso a minerales críticos como tantalio, oro, cobalto, cobre y litio. Estos son esenciales para gran parte de la producción tecnológica mundial en un momento en que Estados Unidos y China compiten activamente por influencia en África. Al respecto, en el documento final del acuerdo se menciona:
En este marco, las Partes iniciarán y/o ampliarán la cooperación en prioridades compartidas, como la gestión de parques nacionales, el desarrollo hidroeléctrico, la reducción de riesgos en las cadenas de suministro de minerales, la gestión conjunta de los recursos del lago Kivu y cadenas de valor minerales transparentes y formalizadas de extremo a extremo (desde la mina hasta el metal procesado) que vinculen a ambos países, en asociación, según corresponda, con el gobierno de Estados Unidos y los inversores estadounidenses (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2025).
Los ministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones, Thérèse Kayikwamba Wagner (RDC) y Olivier Nduhungirehe (Ruanda), firmaron el acuerdo subrayando que, aunque existe optimismo, queda “mucho trabajo” por delante para materializar los compromisos asumidos (Khandelwal, 2025). A pesar del logro diplomático, el acuerdo no incluye mecanismos robustos de rendición de cuentas ni justicia transicional que garanticen su adecuado cumplimiento.
El M23 no fue incluido en el acuerdo intergubernamental por su condición de grupo paramilitar, aunque esto puede generar asimetrías que condicionarían el conjunto del proceso. Ello se debe a que el grupo armado mantiene el control de facto sobre Goma y Bukavu, dos centros urbanos de relevancia estratégica, lo que le confiere una capacidad de presión real sobre la implementación de los compromisos adquiridos entre Kinshasa y Kigali. Por ello, RDC y el grupo se enfocaron en un proceso de diálogo, impulsado mediante negociaciones en Doha bajo mediación qatarí, iniciadas en abril de 2025.
El 19 de julio de 2025, en Doha, el gobierno de la RDC y representantes del M23 firmaron una Declaración de Principios que estableció un mandato de cese al fuego inmediato, el intercambio de prisioneros, el compromiso de restaurar la autoridad estatal en todo el territorio y el inicio de negociaciones de paz antes del 8 de agosto, con plazos que obligaban a alcanzar un acuerdo integral antes del 18 de agosto (Afriyie, 2025). De estos elementos, solo se han cumplido los dos primeros.
La sostenibilidad del Acuerdo de Washington y la Declaración de Principios de Doha se enfrenta a limitaciones que comprometen su implementación efectiva. Ello se debe a que ninguno de los instrumentos firmados contempla mecanismos vinculantes de rendición de cuentas, ni un marco de justicia transicional que atienda las graves violaciones de derechos humanos documentadas durante el conflicto.
Asimismo, la dimensión geoeconómica del acuerdo introduce un factor de incertidumbre adicional, pues si los compromisos de acceso mineral y, en consecuencia, los beneficios económicos esperados, no se materializan en los plazos previstos, podrían generarse tensiones en la implementación del acuerdo. En este escenario, la paz se presenta como un subproducto contingente de intereses estratégicos externos y expresión de la dependencia asimétrica de la periferia al centro capitalista.
conclusiones
La dinámica de las relaciones entre la RDC y Ruanda sigue siendo el eje de una crisis prolongada que se ha renovado con radical intensidad desde 2021. Con la firma del Acuerdo de Paz en Washington el 27 de junio de 2025 y la Declaración de Principios en Doha del 19 de julio, se han sentado bases diplomáticas, pero no estructurales, que permitan solucionar el conflicto.
La ausencia de mecanismos vinculantes de cumplimiento y la imposición de intereses tanto foráneos como de clases dominantes internas comprometen la sostenibilidad del proceso de paz. Asimismo, la exclusión inicial del M23 del acuerdo intergubernamental introduce una contradicción fundamental al dejar fuera a un actor con control territorial efectivo, lo que reduce la viabilidad de la implementación de los compromisos asumidos por ambas naciones.
El resurgimiento del M23 y los avances territoriales en Goma y Bukavu precipitaron una situación de urgencia regional y global: desplazamientos masivos, violaciones sistemáticas de derechos humanos y un escenario que amenazaba con escalar en enfrentamiento directo entre Estados. En este sentido, la legitimidad política del acuerdo principal puede verse debilitada por la exclusión del grupo paramilitar, y aunque la declaración en Doha representa un avance, el control de facto del grupo sobre ciudades aún condiciona del escenario regional.
La injerencia de potencias externas en conflictos africanos con el fin de perpetuar sus intereses no es un fenómeno nuevo; sin embargo, en el actual escenario global adquiere características singulares, asociadas a la competencia geoeconómica por recursos estratégicos. En este sentido, la mediación internacional no constituye únicamente un mecanismo de resolución de conflictos, sino también una nueva forma de inserción de intereses estructurales en economías periféricas.
El proceso analizado refleja las limitaciones de los mecanismos contemporáneos de resolución de conflictos cuando estos se articulan con dinámicas geoeconómicas globales. Esta condición de minerales por seguridad, impulsada por Estados Unidos, abre nuevos caminos a la dominación imperialista, lo que perpetúa el ciclo de dependencia y del modelo primario-exportador de las naciones africanas hacia el centro capitalista.
referencias
Notas
Recibido: 5 de Febrero de 2026
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 29 de Marzo de 2026
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Rodríguez Acosta, Y., Vega Barani, L. C., & Bisbe Montero, L. (2026). El desarrollo sostenible como estrategia de inserción internacional de las pequeñas economías. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(2), 73–86.
resumen
El desarrollo sostenible se ha consolidado como un desafío estratégico para las pequeñas economías en el sistema internacional contemporáneo, marcado por profundas desigualdades estructurales, crisis recurrentes y crecientes presiones ambientales. El objetivo del presente artículo es analizar el desarrollo sostenible como una estrategia clave para reducir vulnerabilidades estructurales y fortalecer la inserción internacional de las pequeñas economías. La investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, mediante el análisis documental de informes de organismos internacionales, marcos normativos multilaterales y literatura académica especializada en desarrollo y relaciones internacionales. Los resultados evidencian que la adopción de modelos de desarrollo sostenible contribuye a mejorar la resiliencia económica, diversificar las estructuras productivas y fortalecer la competitividad internacional de las pequeñas economías. Asimismo, se destaca el papel de la cooperación internacional y del sistema multilateral como mecanismos esenciales para apoyar estos procesos, especialmente en el caso de los países del Sur Global. Se concluye que el desarrollo sostenible trasciende su dimensión normativa y se configura como un imperativo estratégico para una inserción internacional más equitativa y resiliente.
Palabras clave: desarrollo sostenible; pequeñas economías; inserción internacional; competitividad; cooperación internacional
ABSTRACT
Sustainable development has become a strategic challenge for small economies in the contemporary international system, characterized by profound structural inequalities, recurrent crises, and increasing environmental pressures. The objective of this article is to analyze sustainable development as a key strategy to reduce structural vulnerabilities and strengthen the international insertion of small economies. The research adopts a qualitative approach, based on documentary analysis of reports from international organizations, multilateral normative frameworks, and specialized academic literature on development and international relations. The results show that the adoption of sustainable development models contributes to enhancing economic resilience, diversifying productive structures, and strengthening the international competitiveness of small economies. Likewise, the role of international cooperation and the multilateral system is highlighted as essential mechanisms to support these processes, particularly in the case of countries of the Global South. It is concluded that sustainable development goes beyond its normative dimension and constitutes a strategic imperative for a more equitable and resilient international insertion.
Keywords: sustainable development; small economies; international insertion; competitiveness; international cooperation
introducción
En el sistema internacional contemporáneo, el desarrollo sostenible se ha consolidado como uno de los ejes centrales del debate global en torno al crecimiento económico, la equidad social y la protección del medio ambiente (Naciones Unidas, 1987). Su relevancia estratégica se ha intensificado en un contexto marcado por crisis económicas recurrentes, el aumento de las desigualdades y la aceleración de los efectos del cambio climático, fenómenos que afectan de manera diferenciada a los Estados según su nivel de desarrollo, sus capacidades institucionales y su posición dentro del sistema internacional (Jansson, 2025).
En este escenario, las pequeñas economías pueden comprenderse como unidades estatales cuya inserción en el sistema internacional está estructuralmente condicionada por la reducida escala de sus mercados internos, la limitada diversificación de sus estructuras productivas y una elevada dependencia de factores externos, particularmente en materia de comercio, financiamiento y acceso a tecnología (Mazzucato, 2021). Esta condición no responde únicamente a una dimensión cuantitativa, sino a una posición relativa dentro de la economía mundial que restringe su capacidad de incidencia en los procesos de gobernanza global y amplifica su exposición a dinámicas externas. En consecuencia, su análisis exige una aproximación que trascienda el criterio de tamaño y atienda a los condicionantes estructurales que inciden en sus márgenes de autonomía, sus niveles de vulnerabilidad y sus estrategias de inserción internacional.
Las pequeñas economías enfrentan desafíos particulares derivados de su limitada diversificación productiva, su elevada dependencia externa y su reducida capacidad de incidencia en los procesos de toma de decisiones internacionales. Estas condiciones incrementan su vulnerabilidad ante fluctuaciones del mercado global, crisis financieras y perturbaciones ambientales, condicionando significativamente su inserción en la economía mundial (van Niekerk, 2024). En consecuencia, los modelos tradicionales de crecimiento económico, centrados exclusivamente en el incremento de indicadores macroeconómicos, resultan insuficientes para garantizar un desarrollo estable y sostenido. Ello ha impulsado la búsqueda de enfoques alternativos que integren de manera equilibrada las dimensiones económica, social y ambiental (Mazzucato, 2021).
Desde la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible se define como un enfoque orientado a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias, articulando el crecimiento económico con la inclusión social y la protección del medio ambiente (Naciones Unidas, 1987, 2015). Este concepto ha sido institucionalizado progresivamente mediante diversos instrumentos multilaterales, entre los que destaca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 como marco global de acción para enfrentar los principales desafíos del desarrollo contemporáneo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022). Sin embargo, la implementación de esta agenda tiene lugar en un contexto internacional caracterizado por importantes asimetrías, donde las economías de menor escala enfrentan limitaciones persistentes en el acceso a financiamiento, transferencia tecnológica y condiciones favorables de inserción en los mercados globales.
En la literatura académica sobre desarrollo y relaciones internacionales, el desarrollo sostenible ha sido ampliamente analizado desde perspectivas ambientales, sociales y económicas, así como en relación con grandes economías emergentes y potencias regionales (Mazzucato, 2021; Nye, 2021). No obstante, persiste un vacío analítico en los estudios que examinan de forma integrada su carácter estratégico específicamente para las pequeñas economías, considerando su potencial como herramienta para reducir vulnerabilidades, fortalecer capacidades endógenas y mejorar su posicionamiento internacional. Esta ausencia de enfoques sistémicos limita la comprensión del desarrollo sostenible no solo como un objetivo normativo global, sino también como un instrumento de inserción internacional, legitimidad y fortalecimiento de la competitividad (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2023; van Niekerk, 2024).
Asimismo, el debate sobre sostenibilidad no puede desvincularse del funcionamiento del sistema multilateral ni de los mecanismos de cooperación internacional. Para las pequeñas economías, la cooperación constituye un factor clave para compensar limitaciones históricas y facilitar la transición hacia modelos de desarrollo más resilientes (Banco Mundial, 2023). Sin embargo, la efectividad de estos mecanismos suele verse condicionada por relaciones de poder asimétricas, criterios de condicionalidad y limitaciones institucionales que, en determinados contextos, pueden reproducir patrones de dependencia económica y tecnológica.
Desde la visión cubana, se ha insistido en la necesidad de transformar las estructuras actuales del sistema económico internacional como condición indispensable para alcanzar un desarrollo sostenible genuino (Rodríguez Parrilla, 2020, 2021). Esta perspectiva subraya que la sostenibilidad no puede concebirse de manera aislada de la justicia social, la soberanía nacional y el respeto al derecho al desarrollo, elementos especialmente relevantes para los países del Sur Global y para las economías de menor escala, cuyas capacidades de respuesta suelen estar condicionadas por factores externos y restricciones estructurales (Chancel, 2020; Rodríguez Parrilla, 2021).
En este marco, el objetivo del presente artículo es analizar las limitaciones estructurales que enfrentan las pequeñas economías para establecer el desarrollo sostenible como estrategia de resiliencia y de inserción internacional.
desarrollo
El desarrollo sostenible en el sistema internacional contemporáneo
El desarrollo sostenible se ha consolidado en las últimas décadas como uno de los ejes estructurantes del sistema internacional contemporáneo, al responder a problemáticas globales que trascienden las capacidades individuales de los Estados y requieren soluciones colectivas (Prihardini, 2021). Fenómenos como el cambio climático, la degradación ambiental, las crisis económicas recurrentes y el incremento de las desigualdades sociales han puesto en evidencia los límites de los modelos tradicionales de crecimiento económico, basados en la explotación intensiva de recursos naturales y en patrones de acumulación marcados por profundas asimetrías.
En este sentido, el desarrollo sostenible no debe interpretarse únicamente como un conjunto de políticas ambientales o como una agenda técnica de mitigación ecológica. Por el contrario, constituye una construcción política, económica y normativa que articula de manera integrada las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo (Jansson, 2025; Mazzucato, 2021). Su progresiva incorporación a la agenda internacional ha estado acompañada de un proceso de institucionalización multilateral expresado en acuerdos, declaraciones y marcos normativos globales que buscan orientar el comportamiento de los Estados y otros actores internacionales hacia objetivos de sostenibilidad y equidad intergeneracional.
Un hito fundamental de este proceso lo representa la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual establece un marco común de acción basado en objetivos universales, interdependientes e indivisibles. Este consenso internacional reconoce que los desafíos del desarrollo no pueden abordarse de forma fragmentada y que la sostenibilidad requiere transformaciones estructurales en los modelos productivos, los patrones de consumo, los sistemas de gobernanza y las relaciones económicas internacionales (Ayeni, 2025). Sin embargo, la implementación de este marco ocurre en un contexto global caracterizado por profundas desigualdades estructurales, donde persisten brechas significativas entre países desarrollados y en desarrollo en cuanto a capacidades tecnológicas, financiamiento, infraestructura e institucionalidad.
En el sistema internacional contemporáneo, el desarrollo sostenible adquiere una dimensión estratégica creciente, en tanto condiciona el acceso a mercados, inversiones, financiamiento internacional y mecanismos de cooperación (Fondo Monetario Internacional (FMI), 8 de febrero de 2023; van Niekerk, 2024). La incorporación de estándares ambientales y sociales en el comercio internacional, así como la expansión de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones financieras y empresariales, refuerzan la centralidad de este enfoque como un factor de competitividad, legitimidad y posicionamiento internacional. En consecuencia, la sostenibilidad comienza a operar como un criterio transversal que incide en la estructura de oportunidades disponibles para los Estados en la economía mundial.
No obstante, estas dinámicas no impactan de manera homogénea a todos los países. Mientras las economías desarrolladas disponen de mayores capacidades financieras, tecnológicas e institucionales para adaptarse a las exigencias de la sostenibilidad, las economías de menor escala enfrentan limitaciones estructurales que restringen su margen de acción. En este sentido, el desarrollo sostenible se configura también como un terreno de disputa dentro del sistema internacional, donde se reproducen relaciones de poder y desigualdad que determinan las posibilidades reales de implementación. En particular, el establecimiento de regulaciones ambientales más estrictas puede convertirse en un desafío para las pequeñas economías, que deben asumir procesos de transformación productiva sin contar siempre con los recursos necesarios para hacerlo en condiciones equitativas (Adom, 2024).
Por tanto, el desarrollo sostenible debe comprenderse no solo como un ideal normativo, sino como un componente central de la gobernanza global contemporánea, con implicaciones directas en la reconfiguración de las estrategias nacionales de desarrollo y en la capacidad de los Estados para insertarse en el sistema internacional. Para las pequeñas economías, esta realidad implica que la sostenibilidad no representa únicamente un compromiso ético o ambiental, sino un factor estratégico determinante para reducir vulnerabilidades, ampliar oportunidades de cooperación y mejorar su posicionamiento en un orden global crecientemente condicionado por estándares de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y gobernanza económica.
Vulnerabilidades estructurales de las pequeñas economías
Las pequeñas economías presentan un conjunto de características estructurales que incrementan su exposición a las dinámicas inestables del sistema internacional contemporáneo. Estas vulnerabilidades no deben analizarse de manera aislada, sino como un entramado de factores interdependientes que, en su interacción, refuerzan patrones históricos de dependencia externa, reducen los márgenes de autonomía económica y limitan la capacidad de respuesta ante crisis económicas, ambientales y geopolíticas (Hussian et al., 2026).
Uno de los rasgos más relevantes es la limitada diversificación productiva y exportadora. En numerosos casos, las pequeñas economías dependen de un número reducido de sectores o productos de exportación, lo que incrementa significativamente su sensibilidad ante las fluctuaciones de los precios internacionales y los cambios en la demanda global. Esta concentración productiva restringe la generación de valor agregado, limita el desarrollo de encadenamientos productivos internos y dificulta la inserción en cadenas globales de valor en condiciones competitivas y sostenibles.
A esta condición se suma una elevada dependencia externa en sectores estratégicos, particularmente en el suministro de energía, alimentos, insumos industriales y tecnologías. La necesidad de importar bienes esenciales reduce la autonomía económica y amplifica la vulnerabilidad frente a perturbaciones del mercado internacional, crisis logísticas y conflictos geopolíticos. Como consecuencia, estas economías suelen experimentar déficits estructurales en su balanza de pagos, presiones inflacionarias y restricciones financieras que afectan su estabilidad macroeconómica y su capacidad de inversión.
Asimismo, la vulnerabilidad ambiental constituye un factor crítico en la estructura de riesgo de las pequeñas economías, especialmente en aquellas localizadas en zonas costeras, insulares o con alta dependencia de actividades sensibles al clima. La exposición a fenómenos extremos como huracanes, sequías, inundaciones y degradación ambiental impacta directamente sectores clave como la agricultura, el turismo y la infraestructura, generando efectos económicos persistentes, pérdida de capacidades productivas y aumento del gasto público destinado a recuperación y reconstrucción.
En consecuencia, la vulnerabilidad de las pequeñas economías no se explica únicamente por su tamaño relativo, sino por su posición estructural dentro de la economía mundial. Su inserción internacional suele estar condicionada por patrones de especialización primaria o de baja complejidad productiva, lo que limita la acumulación de capacidades tecnológicas, reduce su competitividad y refuerza relaciones asimétricas en el comercio y las finanzas internacionales.
Otro elemento determinante es el acceso desigual a financiamiento y tecnología, lo cual limita la capacidad de estas economías para implementar estrategias sostenibles de modernización productiva. Las restricciones para acceder a créditos internacionales en condiciones favorables, sumadas a las barreras para la transferencia tecnológica y la dependencia de patentes o cadenas de suministro controladas por economías desarrolladas, dificultan la incorporación de innovaciones necesarias para elevar la productividad, mejorar la eficiencia energética y fortalecer la resiliencia climática.
Los desafíos estructurales evidencian cómo la interacción entre dependencia externa, baja diversificación, vulnerabilidad ambiental y limitaciones financieras configura un mecanismo de retroalimentación estructural que incrementa la vulnerabilidad. En este contexto, las pequeñas economías enfrentan dificultades para transitar hacia modelos de desarrollo más sostenibles si no se producen transformaciones estructurales profundas y coherentes.
La baja diversificación incrementa la dependencia externa; la dependencia externa agrava la vulnerabilidad financiera; y la vulnerabilidad ambiental amplifica las pérdidas económicas, dificultando la acumulación de capacidades internas. Por ello, la superación de estos desafíos no puede lograrse mediante políticas sectoriales aisladas ni respuestas coyunturales, sino a través de estrategias integrales orientadas a transformar las estructuras productivas y fortalecer capacidades endógenas.
En este escenario, el desarrollo sostenible adquiere relevancia estratégica al ofrecer un marco para reducir dependencias, diversificar la base productiva y fortalecer la resiliencia ante crisis externas. Para las pequeñas economías, avanzar hacia modelos sostenibles no constituye únicamente un compromiso ambiental, sino una vía para enfrentar de manera estructural las condiciones de vulnerabilidad que limitan su inserción internacional.
Desarrollo sostenible y competitividad internacional
En el escenario internacional contemporáneo, la competitividad de los Estados no se define exclusivamente por indicadores tradicionales como el crecimiento del producto interno bruto, el volumen de exportaciones o la atracción de inversión extranjera directa (Scandurra et al,. 2018). De manera creciente, la sostenibilidad se ha convertido en un componente central de la competitividad internacional, al incidir directamente en el acceso a mercados, en la captación de financiamiento, en la legitimidad internacional y en la capacidad de insertarse en cadenas globales de valor bajo estándares cada vez más exigentes.
En este contexto, la competitividad internacional se encuentra crecientemente condicionada por la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en los procesos productivos y comerciales. La expansión de regulaciones ambientales, la demanda global de productos sostenibles y la creciente importancia de certificaciones internacionales han generado nuevas formas de competencia, donde los países que no logren adaptarse a dichos estándares corren el riesgo de enfrentar barreras comerciales, pérdida de oportunidades de inversión y reducción de su acceso a mercados estratégicos. En consecuencia, el desarrollo sostenible deja de ser una opción voluntaria para convertirse en una condición necesaria de inserción internacional.
Para las pequeñas economías, integrar el desarrollo sostenible en sus estrategias nacionales implica reorientar los modelos productivos hacia prácticas más eficientes, resilientes e inclusivas. La adopción de energías renovables, por ejemplo, contribuye no solo a la reducción de emisiones contaminantes, sino también a disminuir la dependencia energética externa y fortalecer la seguridad económica (ONU, 2019). De igual forma, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles favorece la seguridad alimentaria, incrementa la resiliencia frente al cambio climático y facilita el cumplimiento de estándares internacionales.
Asimismo, la sostenibilidad influye en la capacidad de las pequeñas economías para insertarse en cadenas globales de valor, dado que los mercados internacionales incorporan de forma creciente requisitos relacionados con el impacto ambiental, el respeto a derechos laborales y el cumplimiento de marcos regulatorios de gobernanza.
Experiencias como la de Costa Rica evidencian cómo una pequeña economía puede utilizar la sostenibilidad como estrategia de posicionamiento internacional (Naciones Unidas, 2019). Mediante políticas orientadas al desarrollo de energías renovables, la protección ambiental y la promoción del turismo sostenible, este país ha logrado diversificar su economía y consolidar una imagen internacional asociada a la responsabilidad ambiental, lo cual fortalece su capacidad de atracción de inversiones y de inserción en mercados globales. De manera similar, Bután ha priorizado indicadores de bienestar social y conservación ambiental como pilares de su modelo de desarrollo, incorporando enfoques alternativos que trascienden la lógica exclusivamente economicista y refuerzan su legitimidad internacional en el debate global sobre sostenibilidad.
Estas experiencias demuestran que el desarrollo sostenible puede contribuir de forma significativa a mejorar la competitividad internacional de las pequeñas economías, siempre que se articule en estrategias coherentes y de largo plazo. Sin embargo, resulta necesario subrayar que estas políticas no son automáticamente replicables, ya que su éxito depende de condiciones nacionales específicas, de capacidades institucionales y de la disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos.
En este marco, la priorización de determinados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en pequeñas economías responde tanto a necesidades internas como a exigencias externas del sistema internacional. Objetivos vinculados a la equidad social, el crecimiento económico inclusivo, la seguridad alimentaria y la acción climática suelen adquirir mayor relevancia debido a su impacto directo en la estabilidad económica y social. En consecuencia, el desarrollo sostenible se configura como un componente estratégico para fortalecer la resiliencia estructural, diversificar fuentes de crecimiento y consolidar una inserción internacional más competitiva en un sistema global crecientemente condicionado por criterios de sostenibilidad (Naciones Unidas, 2019).
En la distribución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizados por pequeñas economías, se destacan aquellos vinculados a la reducción de desigualdades, el crecimiento económico inclusivo y la acción climática. Esta tendencia se explica por el carácter estructural de sus vulnerabilidades: mientras los ODS sociales se asocian a la estabilidad interna y al fortalecimiento del capital humano, los ODS ambientales responden a la exposición elevada al riesgo climático, especialmente en economías insulares o dependientes del turismo y la agricultura. La priorización de ODS se obtuvo mediante un análisis comparativo de los documentos estratégicos nacionales de desarrollo sostenible de 12 pequeñas economías de América Latina y el Caribe y Asia considerando la frecuencia de mención y la relevancia asignada a cada ODS. En este sentido, la priorización de ODS constituye un indicador indirecto de las estrategias de adaptación y competitividad internacional.
Cooperación internacional y multilateralismo: oportunidades y límites
La cooperación internacional desempeña un papel fundamental en la transición de las pequeñas economías hacia modelos de desarrollo sostenible, en tanto constituye un mecanismo destinado a compensar limitaciones estructurales relacionadas con financiamiento, capacidades institucionales y acceso a tecnologías (Moncada, 2024). Caracterizado por el incremento de riesgos climáticos y por una creciente presión global para cumplir estándares ambientales y sociales, la cooperación internacional se ha convertido en un instrumento estratégico para apoyar procesos de adaptación, modernización productiva y fortalecimiento de resiliencia.
A través de mecanismos multilaterales, programas de asistencia técnica y esquemas de transferencia tecnológica, el sistema internacional ofrece herramientas orientadas a facilitar la implementación de políticas sostenibles en países con capacidades limitadas. En particular, el financiamiento climático se ha posicionado como una de las vías principales para impulsar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en economías vulnerables. Asimismo, los programas de fortalecimiento de capacidades institucionales contribuyen a mejorar la planificación del desarrollo, la gobernanza ambiental y la gestión de riesgos, aspectos esenciales para avanzar hacia modelos sostenibles de largo plazo.
En términos normativos, estos mecanismos se sustentan en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el cual reconoce que los países desarrollados poseen una mayor responsabilidad histórica en la degradación ambiental global y, por tanto, deben asumir compromisos más significativos en términos de financiamiento y cooperación (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [UNFCCC], 1992, 2015; Naciones Unidas, 2015). No obstante, aunque este principio representa un avance en la legitimación de demandas del Sur Global, su aplicación práctica se ve frecuentemente limitada por factores estructurales vinculados al funcionamiento real del sistema internacional.
En efecto, la garantía de la cooperación internacional dista de ser homogénea. En numerosos casos, los mecanismos de financiamiento están condicionados por criterios técnicos, burocráticos o políticos que dificultan el acceso de las pequeñas economías. Los procedimientos complejos de aprobación de proyectos, la insuficiencia de capacidades nacionales para cumplir requisitos administrativos, la lentitud en el desembolso de fondos y la dependencia de agendas externas limitan el impacto real de la cooperación y pueden reproducir relaciones de subordinación y dependencia. En este sentido, la cooperación internacional puede convertirse en un instrumento de inserción desigual si no se estructura sobre bases de equidad y corresponsabilidad.
Además, la arquitectura institucional del sistema multilateral refleja desequilibrios de poder que influyen directamente en la definición de prioridades globales y en la distribución de recursos. La capacidad de negociación de las pequeñas economías suele ser limitada frente a los intereses estratégicos de las grandes potencias y organismos financieros internacionales, lo que reduce su influencia en la formulación de políticas globales de desarrollo sostenible. Como resultado, muchas veces las necesidades específicas de las pequeñas economías no se traducen adecuadamente en programas efectivos de cooperación, limitando su acceso a recursos esenciales para transitar hacia modelos productivos resilientes.
En este contexto, resulta imprescindible repensar la cooperación internacional desde una perspectiva más equitativa, orientada al fortalecimiento de capacidades endógenas y a la reducción de dependencias estructurales. La cooperación debe concebirse no como un mecanismo de asistencia puntual o de corto plazo, sino como un proceso de corresponsabilidad global que contribuya a la autonomía estratégica, a la diversificación productiva y al desarrollo sostenible de largo plazo. Para las pequeñas economías, fortalecer el multilateralismo implica no solo recibir apoyo financiero, sino también asegurar condiciones de transferencia tecnológica, acceso a mercados y participación efectiva en la gobernanza global.
La cooperación internacional constituye simultáneamente una oportunidad y un desafío: puede facilitar la transición hacia la sostenibilidad, pero también puede reproducir patrones de desigualdad si se encuentra subordinada a dinámicas de poder asimétricas. El multilateralismo requiere transformaciones institucionales que permitan garantizar un acceso más justo a financiamiento, tecnología y mecanismos de cooperación, especialmente para las economías pequeñas del Sur Global.
La cooperación internacional debe evaluarse no solo por su volumen financiero, sino por su capacidad de generar transformaciones estructurales sostenibles. Cuando los flujos de cooperación se orientan únicamente a proyectos aislados, sin fortalecer capacidades productivas internas ni consolidar autonomía tecnológica, sus efectos tienden a ser limitados y no modifican las condiciones de inserción internacional. De ahí que el desafío principal consista en convertir la cooperación en un instrumento de desarrollo estructural, y no únicamente en un mecanismo de mitigación temporal de crisis.
La perspectiva cubana sobre desarrollo sostenible y cooperación internacional
Desde su condición de pequeño Estado en desarrollo, Cuba aporta una perspectiva crítica al debate sobre desarrollo sostenible y cooperación internacional, fundamentada en principios de soberanía nacional, justicia social y solidaridad. Esta visión se inserta dentro de una interpretación estructural del sistema internacional, donde la sostenibilidad no puede analizarse únicamente como una cuestión técnica o ambiental, sino como un proceso condicionado por relaciones históricas de desigualdad económica, asimetrías de poder y mecanismos de dependencia financiera y tecnológica.
La posición cubana sostiene que un desarrollo sostenible genuino resulta difícilmente alcanzable sin transformaciones profundas del orden económico internacional, caracterizado por reglas comerciales asimétricas, concentración de recursos y capacidades en las economías desarrolladas, y desigual distribución del acceso a financiamiento e innovación (Rodríguez Parrilla, 2021). En este sentido, la diplomacia cubana ha enfatizado la necesidad de un multilateralismo inclusivo que garantice la participación efectiva de las pequeñas economías en los procesos de toma de decisiones globales, así como la construcción de un sistema internacional basado en principios de equidad, cooperación y respeto al derecho al desarrollo.
Un elemento distintivo de esta perspectiva es la defensa de una cooperación internacional desprovista de condicionamientos políticos, orientada al fortalecimiento de capacidades nacionales y al desarrollo de estrategias endógenas de sostenibilidad. Desde esta óptica, la cooperación no debe limitarse a la provisión de recursos financieros de corto plazo, sino que debe favorecer la transferencia de conocimientos, la formación de capacidades técnicas y el acceso a tecnologías que permitan modificar estructuras productivas de manera sostenible. En esta línea, Cuba ha promovido activamente la cooperación Sur-Sur como un mecanismo complementario a los esquemas tradicionales de asistencia, priorizando el intercambio de experiencias, la solidaridad y la construcción de redes de colaboración entre países en desarrollo.
Asimismo, la experiencia cubana pone de relieve las contradicciones persistentes del sistema internacional contemporáneo, donde se promueven objetivos globales de desarrollo sostenible mientras se mantienen prácticas que pueden obstaculizarlos. Entre estas dinámicas se destaca la imposición de sanciones unilaterales, las cuales generan restricciones comerciales y financieras que afectan de manera desproporcionada a economías de menor escala, limitando su acceso a mercados, tecnologías e insumos estratégicos (Tandrayen-Ragoobur, 2026). En este contexto, Cuba sostiene que la sostenibilidad no puede reducirse a un marco normativo global, sino que debe contemplar las condiciones reales de implementación y los obstáculos estructurales que enfrentan los países del Sur Global.
En este marco, la perspectiva cubana contribuye a enriquecer el análisis del desarrollo sostenible como estrategia internacional al subrayar su dimensión política y estructural. Desde este enfoque, la sostenibilidad se encuentra indisolublemente vinculada a la justicia social, la soberanía nacional y la democratización del sistema multilateral. Esta visión refuerza la idea de que el desarrollo sostenible no constituye únicamente una agenda ambiental o económica, sino un proyecto político orientado a la construcción de un orden internacional más justo, inclusivo y equilibrado.
Por tanto, el caso cubano ilustra cómo, incluso bajo condiciones de restricciones externas y limitaciones estructurales, es posible priorizar dimensiones sociales del desarrollo y promover formas alternativas de cooperación basadas en la transferencia de conocimientos, la solidaridad internacional y la articulación de estrategias de desarrollo orientadas al bienestar (Rodríguez Parrilla, 2020). Esta experiencia reafirma que, para las pequeñas economías, el desarrollo sostenible no puede concebirse únicamente como adaptación a estándares internacionales, sino como una estrategia integral de resiliencia y defensa del derecho al desarrollo.
La visión cubana coincide con enfoques críticos del desarrollo que advierten que las agendas globales, aunque necesarias, pueden resultar insuficientes si no se acompañan de transformaciones estructurales en las relaciones económicas internacionales. Para las pequeñas economías, ello implica que la sostenibilidad debe articularse con estrategias de soberanía económica, diversificación productiva y cooperación internacional efectiva, evitando reproducir patrones históricos de dependencia.
conclusiones
Las pequeñas economías enfrentan en el sistema internacional contemporáneo un conjunto de vulnerabilidades estructurales que condicionan su capacidad de desarrollo y su inserción en un entorno global caracterizado por asimetrías persistentes. La dependencia externa, la limitada diversificación productiva, la exposición a riesgos ambientales y climáticos, así como las restricciones en el acceso a financiamiento y tecnología, configuran un escenario de fragilidad que reduce los márgenes de autonomía económica y limita la capacidad de respuesta ante crisis recurrentes.
El análisis desarrollado permite afirmar que el desarrollo sostenible trasciende su dimensión normativa y se consolida como una estrategia para enfrentar dichas vulnerabilidades. La integración equilibrada de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo constituye una vía fundamental para fortalecer la resiliencia estructural de las pequeñas economías, diversificar sus bases productivas y mejorar su posicionamiento en el sistema internacional. En este sentido, la sostenibilidad se configura como un componente estratégico de la competitividad internacional, al influir directamente en el acceso a mercados, inversiones, financiamiento y mecanismos de cooperación.
Asimismo, el estudio evidencia que la efectividad de las estrategias de desarrollo sostenible en las pequeñas economías depende en gran medida del funcionamiento del sistema multilateral y de la calidad de los mecanismos de cooperación internacional. Si bien estos instrumentos representan oportunidades relevantes para compensar limitaciones estructurales, su impacto se ve condicionado por relaciones de poder asimétricas, criterios de condicionalidad y barreras institucionales que, en determinados contextos, pueden reproducir dinámicas de dependencia financiera y tecnológica. Por ello, resulta necesario avanzar hacia esquemas de cooperación más equitativos, orientados al fortalecimiento de capacidades endógenas, al acceso efectivo a transferencia tecnológica y al respeto de la soberanía nacional.
La perspectiva cubana aporta un enfoque crítico al debate al subrayar que un desarrollo sostenible genuino requiere transformaciones en las estructuras del orden económico internacional. Desde esta visión, la sostenibilidad se encuentra vinculada a la justicia social, la solidaridad internacional y la democratización del multilateralismo. La experiencia cubana muestra que, incluso bajo condiciones de restricciones externas, es posible priorizar dimensiones sociales del desarrollo y promover formas alternativas de cooperación basadas en el intercambio de conocimientos y la solidaridad entre países en desarrollo.
En conclusión, el desarrollo sostenible debe comprenderse como una herramienta estratégica para que las pequeñas economías enfrenten los desafíos del sistema internacional contemporáneo, reduzcan sus vulnerabilidades estructurales y fortalezcan su inserción internacional en condiciones más equitativas y resilientes. Este enfoque no solo responde a las exigencias del contexto global, sino que constituye una oportunidad para replantear los modelos de desarrollo, fortalecer la autonomía estratégica y contribuir a la construcción de un sistema internacional más justo, inclusivo y sostenible.
referencias BIbliográficas
Recibido: 4 de febrero de 2026
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 30 de marzo de 2026
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Vasconcelos González, B y Gutiérrez Morales, O. (2026). El ciclo actual de inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos: ¿burbuja tecnológica? Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(2), 87–99.
resumen
La reciente expansión de la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos ha estado acompañada por un ciclo de inversión de magnitud impulsado por grandes corporaciones tecnológicas con elevada capacidad de movilización de capital. Este proceso se apoya en infraestructuras digitales desarrolladas durante la adopción masiva de internet en los noventa, así como en la solidez financiera de empresas consolidadas como actores primordiales en los mercados bursátiles y de deuda corporativa. La creciente centralidad de estas compañías plantea interrogantes sobre la naturaleza del ciclo tecnológico y sus implicaciones para la estabilidad financiera, especialmente ante la hipótesis de una burbuja tecnológica. El presente trabajo adopta una metodología de análisis comparativo histórico-financiero, basada en el examen de indicadores de valoración, datos de mercado y reportes institucionales, con atención al período reciente (2022–2025) y su contraste con la burbuja puntocom (1995–2000). Se examinan tres dimensiones principales: la concentración bursátil en torno al sector tecnológico vinculado a la IA, la expansión acelerada de la inversión en infraestructura digital y las dinámicas de interconexión financiera entre grandes empresas del sector. Estas dinámicas se comparan con episodios históricos de sobrevaloración, en particular la burbuja puntocom de finales de los noventa, con el objetivo de identificar, en el actual ciclo de expansión de la IA, rasgos compatibles con dichos procesos. Los resultados sugieren que, aunque existen fundamentos industriales sólidos en el desarrollo de la IA, la magnitud de la inversión y la concentración del mercado generan interrogantes sobre la sostenibilidad del ciclo actual.
Palabras Clave: burbuja tecnológica, concentración bursátil, inteligencia artificial, inversión, sostenibilidad.
ABSTRACT
The recent expansion of artificial intelligence (AI) in the United States has been accompanied by an investment cycle of considerable magnitude, driven by large technology corporations with a high capacity to mobilize capital. This process relies on digital infrastructures developed during the mass adoption of the internet in the 1990s, as well as on the financial strength of companies established as key players in both stock markets and corporate debt. The growing centrality of these firms raises questions about the nature of the technological cycle and its implications for financial stability, especially under the hypothesis of a technological bubble. This study adopts a historical-financial comparative methodology, based on the examination of valuation indicators, market data, and institutional reports, with attention to the recent period (2022–2025) and its contrast with the dot-com bubble (1995–2000). Three main dimensions are examined: stock market concentration around the technology sector linked to AI, the accelerated expansion of investment in digital infrastructure, and the dynamics of financial interconnection among large companies in the sector. These dynamics are compared with historical episodes of overvaluation, particularly the dot-com bubble of the late 1990s, with the aim of identifying, in the current cycle of AI expansion, traits compatible with such processes. The results suggest that, although there are solid industrial foundations in the development of AI, the magnitude of investment and market concentration raise questions about the sustainability of the current cycle.
Keywords: technological bubble, stock market concentration, artificial intelligence, investment, overvaluation.
introducción
En la última década, y particularmente desde la difusión masiva de modelos de lenguaje de gran escala en 2022, la inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como uno de los principales vectores de inversión y acumulación de capital en la economía estadounidense (International Monetary Fund, 2024). Empresas vinculadas al desarrollo de semiconductores avanzados, infraestructuras de cómputo en la nube y modelos fundacionales han experimentado incrementos significativos en su capitalización de mercado, lo que contribuye de manera desproporcionada al desempeño de los principales índices accionarios en Estados Unidos. Este fenómeno plantea una cuestión analíticamente relevante para la economía internacional y los estudios financieros, debido a la interrogante de si el ciclo inversor actual en la IA responde a fundamentos productivos sostenibles o presenta rasgos consistentes de una burbuja de activos, que posee potenciales implicaciones sistémicas, especialmente cuando la dinámica reciente comienza a mostrar matices que suelen asociarse con fases de expansión cuyo desenlace depende de la capacidad del entorno financiero para sostener ritmos de valorización tan concentrados.
Las burbujas financieras se entienden como procesos de distorsión en los precios de los activos, en los que las valoraciones se separan de sus fundamentos económicos y se sostienen por expectativas de revalorización futura. Este tipo de dinámicas suelen estar acompañadas por retroalimentación positiva, donde el alza de precios refuerza la creencia en nuevas alzas. En este sentido, la divergencia entre precios de mercado y fundamentos puede describirse como un mecanismo en el que los agentes incorporan creencias sobre incrementos futuros que no están respaldados por fundamentos económicos plausibles (Brunnermeier, 2009).
En el presente trabajo se emplea el término burbuja tecnológica para referirse a episodios de sobrevaloración de activos financieros vinculados a sectores tecnológicos específicos. En este sentido, los conceptos de burbuja financiera y burbuja de activos se utilizan como términos equivalentes, aunque el análisis se sitúa particularmente en el ámbito tecnológico asociado a la inteligencia artificial.
Para aproximarse a la identificación de estos episodios, se puede recurrir a diversos indicadores de valoración. Entre ellos destaca el coeficiente de Tobin’s Q, que compara el valor de mercado de una empresa con el costo de reposición de sus activos y se emplea como señal potencial de sobrevaloración cuando dicho valor supera significativamente la unidad (Tobin, 1969). De forma complementaria, el CAPE (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio), que ajusta los beneficios corporativos por inflación y los promedia durante un periodo de diez años con el objetivo de reducir los efectos del ciclo económico en las valoraciones bursátiles (Shiller, 2015). Otro indicador relevante es el price-to-sales ratio, que relaciona la capitalización bursátil de una empresa con sus ingresos totales y permite estimar valoraciones en sectores donde los beneficios aún no se han consolidado (Fisher, 1984). En tal sentido, estos instrumentos ofrecen un marco operativo para examinar señales de sobrevaloración y aproximarse al debate sobre la sostenibilidad de los ciclos financieros vinculados a la IA.
El debate sobre la inversión en IA suele recurrir a la comparación con la burbuja puntocom; sin embargo, esta analogía resulta insuficiente para comprender la complejidad del escenario actual. Más allá de las semejanzas históricas, el ecosistema contemporáneo de la IA se distingue por una concentración de capital sin precedentes, una integración vertical que conecta infraestructura con aplicaciones y una vinculación directa con estrategias industriales y de seguridad nacional. Estas dinámicas sugieren que, incluso si no existe una burbuja en sentido estricto, la magnitud de la exposición financiera y la centralidad de estas empresas en los mercados globales plantean interrogantes relevantes sobre la sostenibilidad del ciclo actual de inversión tecnológica.
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la compatibilidad del actual ciclo de inversión en IA en Estados Unidos con las características propias de una burbuja tecnológica. En términos metodológicos, el análisis se desarrolla a partir de un enfoque comparativo histórico-financiero. Se examinan indicadores de valoración como el CAPE, el coeficiente de Tobin’s Q y el price-to-sales ratio, junto con datos de mercado y reportes de organismos internacionales y entidades financieras. El estudio se centra en el período reciente de expansión de la IA (2022–2025) y lo contrasta con la burbuja puntocom (1995–2000), con el objetivo de identificar patrones de sobrevaloración y dinámicas de riesgo sistémico.
En consecuencia, la hipótesis que orienta el análisis sostiene que el ciclo inversor en IA presenta señales parciales de sobrevaloración, particularmente en términos de concentración bursátil y expectativas de crecimiento implícitas, lo cual incrementa la concentración del riesgo y su potencial transmisión sistémica. En este sentido, el artículo no parte de una afirmación categórica sobre la existencia de una burbuja, sino que examina la probabilidad y las condiciones bajo las cuales dicha caracterización sería consistente con la evidencia actual en la sociedad estadounidense.
desarrollo
Conceptualización de burbujas
financieras y tecnológicas.
Desde su formulación inicial en la conferencia de Dartmouth en 1956, asociada a John McCarthy, la inteligencia artificial ha experimentado ciclos recurrentes de expansión y contracción (los denominados AI winters) vinculados tanto a límites tecnológicos como a expectativas desmedidas. En términos conceptuales, la IA puede definirse como un campo interdisciplinario orientado al diseño de sistemas capaces de realizar tareas que requieren, en distintos grados, capacidades cognitivas humanas, incluyendo aprendizaje, inferencia y procesamiento del lenguaje natural (Russell & Norvig, 2010).
Tecnologías con estas características suelen clasificarse como tecnologías de propósito general (general-purpose technologies, GPT), es decir, innovaciones con potencial de aplicación transversal, complementariedad con otros sectores y capacidad de generar externalidades de red (Bresnahan & Trajtenberg, 1995). Bajo esta categoría también se han incluido históricamente la electricidad o las tecnologías de la información. La clasificación de la IA como GPT refuerza el argumento de que su desarrollo podría generar aumentos sustantivos de productividad. Sin embargo, también implica que su valorización financiera puede anticipar retornos cuya materialización es incierta y de largo plazo.
Desde mediados de la década de 2010, el avance del aprendizaje profundo (deep learning), impulsado por contribuciones de investigadores como Geoffrey Hinton, coincidió con la disponibilidad de grandes volúmenes de datos y con la expansión de la capacidad de cómputo escalable en la nube (Hinton, 2015). Este punto de inflexión tecnológico se produjo en un entorno caracterizado por elevada liquidez global y tasas de interés históricamente bajas, condiciones que facilitaron la canalización de capital de riesgo y financiamiento bursátil hacia empresas vinculadas con la IA (International Monetary Fund, 2023).
La burbuja puntocom: comparación
y diferencias con el ciclo actual.
El antecedente histórico más citado en la discusión pública es la burbuja puntocom (1995–2000).
Fig. 1: Evolución comparativa del índice NASDAQ Composite Index en los periodos previos a la burbuja puntocom (1997–2000) y al auge reciente de la inteligencia artificial (2022–2025) (Australian Financial Review, 2025).
Como se muestra en la figura 1, la pendiente del crecimiento en el periodo reciente (2022–2025) presenta similitudes con la fase expansiva previa al año 2000, lo que sugiere la presencia de dinámicas de valorización acelerada comparables, aunque no necesariamente idénticas en términos estructurales. Durante ese período, el índice NASDAQ Composite, encargado de agrupar principalmente empresas tecnológicas y de innovación cotizadas en el mercado estadounidense, registró un incremento acumulado superior al 500%, seguido por una contracción cercana al 75 % entre 2000 y 2002 (NASDAQ, 2020). Este episodio se caracterizó por valoraciones extremadamente elevadas en términos de Tobin’s Q y del CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings), una intensa actividad en ofertas públicas iniciales de empresas sin beneficios operativos, y el uso generalizado de métricas no convencionales, como el tráfico web, en sustitución de indicadores fundamentales (Ofek & Richardson, 2003). En esencia, la burbuja consistió en una expansión especulativa donde los precios de las acciones reflejaban expectativas desmesuradas de crecimiento futuro, desvinculadas de los flujos de caja1 y la rentabilidad real de las compañías vinculadas al entorno .com o al sector de Internet.
No obstante, una correcta comparación exige identificar diferencias estructurales. A finales de los noventa, muchas empresas carecían de modelos de negocio viables y dependían de expectativas de crecimiento sin una infraestructura consolidada. En contraste, el actual ecosistema de la IA está dominado por empresas con flujos de caja positivos, integración vertical y acceso privilegiado a infraestructuras críticas como centros de datos, chips especializados y plataformas globales. Además, la inversión en IA implica activos físicos intensivos en capital, como plantas de semiconductores y data centers, cuyo financiamiento está estrechamente vinculado a mercados de deuda y políticas industriales.
Estas diferencias no eliminan la posibilidad de sobrevaloración, pero modifican los mecanismos de transmisión del riesgo. Mientras que la corrección puntocom afectó principalmente a empresas emergentes y al mercado bursátil tecnológico, una eventual corrección en el sector de la IA podría tener efectos más amplios debido a la elevada concentración bursátil y a la influencia de las empresas involucradas en índices globales y carteras institucionales (Abis, Buffa, & Choudhary, 2021).
La combinación de alta concentración de capitalización bursátil, interconexión financiera, a través de fondos indexados y derivados, así como la dependencia de cadenas globales de suministro, en particular en semiconductores avanzados, puede amplificar la volatilidad ante shocks tecnológicos, regulatorios o geopolíticos (Abis, Buffa, & Choudhary, 2021; International Monetary Fund, 2023). En términos de estabilidad financiera, esta configuración sugiere que el análisis no debe limitarse a la valoración de empresas individuales, sino incorporar métricas como la concentración del mercado, la correlación sectorial y la exposición de intermediarios financieros.
Un rasgo distintivo del ciclo actual de la IA es la elevada concentración en los segmentos críticos de infraestructura, particularmente en servicios de computación en la nube (cloud computing) y en la producción de semiconductores avanzados. Diversos informes de mercado estiman que los tres principales proveedores: Amazon (a través de AWS), Microsoft (Azure) y Alphabet (Google Cloud), concentran la mayor parte del mercado global de infraestructura como servicio (IaaS), en una estructura oligopólica con barreras de entrada significativas asociadas a economías de escala, requerimientos de capital intensivo y efectos de red (McKinsey Global Institute, 2023).
Dicha configuración implica que el acceso al mercado para desarrolladores de modelos de IA depende, en gran medida, de los denominados hyperscalers2. Ello genera una doble dependencia tecnológica, en la medida en que el entrenamiento y despliegue de modelos de gran escala requieren acceso a centros de datos y chips especializados, y contractual, dado que las condiciones de licencia, integración y comercialización se negocian en entornos dominados por estos actores (McKinsey Global Institute, 2023).
Asimismo, el predominio de empresas estadounidenses en la provisión de infraestructura crítica introduce una dimensión económica relevante. Sistemas de IA desarrollados en terceros países dependen frecuentemente de hardware, software o servicios de nube de origen estadounidense, lo que refuerza la centralidad sistémica de este mercado (McKinsey Global Institute, 2023; Microsoft Corporation, 2024; Nvidia Corporation, 2024). No obstante, esta dependencia no constituye por sí misma evidencia de burbuja, sino un factor estructural que puede amplificar los efectos de una eventual sobrevaloración.
Mecanismos financieros,
infraestructurales y económicos
del ciclo actual de la IA.
Para evaluar si el actual ciclo inversor asociado a la inteligencia artificial presenta características compatibles con una burbuja financiera, es necesario establecer criterios consistentes. A través de los planteamientos de Irrational Exuberance (Shiller, 2015) y los marcos analíticos desarrollados por Brunnermeier (2009), pueden identificarse varias dimensiones fundamentales que permiten aproximarse al fenómeno desde una perspectiva empírica y teórica.
Una primera dimensión se refiere a la desalineación entre precios de mercado y fundamentos económicos, observable mediante métricas como el CAPE sectorial y el coeficiente de Tobin’s Q. En 2024, varias empresas tecnológicas vinculadas a la IA, como Nvidia, llegaron a cotizar con múltiplos superiores a 50 veces sus beneficios, mientras que el CAPE del sector tecnológico superó en más de un 40% su promedio histórico (MarketScreener, 2025). Estas herramientas permiten evaluar si las valoraciones se encuentran significativamente por encima de sus promedios históricos o de lo que justificarían los flujos de caja esperados. En este sentido, los niveles observados sugieren una valoración elevada del sector tecnológico asociado a la IA en comparación con sus referencias históricas, lo cual constituye una señal compatible con dinámicas tempranas de sobrevaloración financiera (Brunnermeier, 2009).
Una segunda dimensión analítica se relaciona con la concentración excesiva del rendimiento bursátil. En 2025, siete grandes tecnológicas (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla) representaban más del 30% de la capitalización del S&P 500, y el sector tecnológico en su conjunto alcanzaba cerca del 45% del índice, niveles comparables a los observados en la burbuja puntocom (MarketScreener, 2025). Esta concentración puede medirse mediante indicadores como el Herfindahl-Hirschman Index (HHI) aplicado a capitalización bursátil, que muestra valores récord en el S&P 500 (Axios, 2024). La elevada concentración del rendimiento bursátil en un número reducido de empresas refuerza la vulnerabilidad del mercado ante revisiones de expectativas, una característica frecuentemente asociada con episodios de burbuja tecnológica (Brunnermeier, 2009)
Una tercera dimensión se vincula con la expansión acelerada de la inversión de capital (capex3). En 2024, las inversiones globales en centros de datos se estimaron en 455 mil millones de dólares, con un crecimiento interanual del 51%, impulsadas por la demanda de infraestructura para IA. McKinsey (2025) calcula que la carrera por escalar capacidad de cómputo podría movilizar hasta 7 billones de dólares en la próxima década. Esta aceleración del gasto en infraestructura sugiere la existencia de fuertes expectativas de crecimiento futuro en torno a la IA, aunque a la vez plantea el riesgo de episodios de sobreinversión si la adopción efectiva de estas tecnologías no alcanza la escala proyectada.
Finalmente, una cuarta dimensión corresponde a las dinámicas de retroalimentación financiera, donde las valoraciones elevadas facilitan nuevas rondas de inversión que refuerzan expectativas de crecimiento y sostienen precios crecientes. En 2024, el número de rondas de inversión en IA alcanzó 1.245 acuerdos en un solo trimestre, el nivel más alto desde 2022, aunque con una caída del 29% en el volumen total de financiamiento respecto al trimestre anterior, lo que refleja tensiones entre expectativas y flujos efectivos de capital (CB Insights, 2024).
En este sentido, el actual ciclo de inversión en IA evidencia varios rasgos asociados con episodios de burbuja tecnológica, entre ellos valoraciones elevadas respecto a sus promedios históricos, concentración bursátil significativa, expansión acelerada de la inversión en infraestructura y dinámicas de retroalimentación financiera. No obstante, la presencia de estos indicadores no constituye por sí misma evidencia concluyente de una burbuja plenamente desarrollada, sino más bien señales compatibles con fases tempranas de sobrevaloración sectorial.
La evidencia empírica reciente refuerza estas dimensiones. De acuerdo al Global Investment Strategy Team de J.P. Morgan, las acciones relacionadas con IA han sido responsables de aproximadamente el 75% de la rentabilidad total del S&P 500, el 80% del crecimiento de las ganancias y el 90% del crecimiento de la inversión, fenómeno originado tras el lanzamiento de ChatGPT en 2022. Asimismo, Morgan Stanley (2025) pronostica que el costo de expansión en hardware y centros de datos necesarios para sostener el crecimiento de la IA alcanzará los 3 billones de dólares hacia 2028, cifra comparable al PIB de Francia en 2025 (3.36 billones de dólares) según datos del International Monetary Fund (2025).
En los últimos diez años, las empresas han multiplicado por trece su inversión en IA. Solo en 2025, Amazon, Google, Meta y Microsoft invirtieron 315 mil millones de dólares, frente a ingresos directos de apenas 12 100 millones, lo que implica un déficit de 302 900 millones (PitchBook Data Inc., 2025). Un informe de la iniciativa NANDA4 del Massachusetts Institute of Technology (MIT) (2025) concluyó que el 95% de las inversiones en IA no registraron retorno, lo que refuerza el argumento de que gran parte del ciclo actual presenta rasgos de burbuja de activos.
Otra señal que define la burbuja es la financiación circular entre gigantes tecnológicos. Una nota de Bloomberg (2025) explica cómo OpenAI, creador de ChatGPT, y Nvidia, a través de acuerdos mutuos y con otras compañías, impulsó el gasto alrededor de 1 billón de dólares. Estas operaciones incluyen un acuerdo de inversión de Nvidia por 100 mil millones de dólares en OpenAI, que simultáneamente se comprometió a incluir chips de Nvidia en sus centros de datos. Otras compañías como Oracle, AMD, Intel y Microsoft forman parte de esta red de acuerdos, lo que evidencia esquemas de deuda circular.
Por otra parte, estas inversiones en startups de IA no se realizaron en forma de dinero, sino como accesos a las infraestructuras de estos hyperscalers, de modo que los modelos sirvieran para mejorar dichas infraestructuras, lo que provocó una subida del precio de las acciones de los propios hyperscalers. En otras palabras, las empresas estimulan sus acciones entre sí, lo que refuerza expectativas más que resultados tangibles.
Asimismo, las promesas hechas en el mercado se alejan cada vez más de la realidad material del funcionamiento de estos sistemas, de sus límites y de sus umbrales reales. Para preservar ratios inancieros aceptables, se han desplazado 120 mil millones de dólares en deuda a vehículos de propósito especial (SPVs), financiados por el mercado de crédito privado y Wall Street, práctica que opaca la transparencia y redistribuye el riesgo de manera sistemática (Financial Times, 2025).
Un eje adicional de análisis es el contraste entre inversión proyectada y generación directa de ingresos. En fases tempranas de tecnologías de propósito general es esperable que la inversión anteceda a la rentabilidad; sin embargo, cuando la brecha entre capex y flujos de caja se amplía de manera persistente, la literatura sobre ciclos financieros advierte sobre la posibilidad de una sobreinversión sistémica (Minsky, 1986). Algunas evaluaciones académicas y reportes institucionales han cuestionado la magnitud de los retornos observables en proyectos de IA, lo que señala que la definición de retorno depende del horizonte temporal y del tipo de muestra analizada (Massachusetts Institute of Technology, 2025; McKinsey & Company, 2025).
Un indicador relevante es la relación price-to-sales en empresas cuyo crecimiento de ingresos aún no converge con la expansión de su capitalización bursátil. Asimismo, la evaluación de Tobin’s Q puede ofrecer señales de sobrevaloración agregada cuando supera persistentemente la unidad en sectores específicos (Brunnermeier, 2009; Shiller, 2015).
Otro aspecto clave es la interconexión entre grandes actores tecnológicos y fabricantes de hardware especializado como Nvidia, AMD e Intel. La existencia de acuerdos cruzados de inversión y compromisos de compra a largo plazo genera dinámicas de retroalimentación: las expectativas de expansión de modelos de IA elevan la demanda anticipada de hardware, lo que incrementa la capitalización de los fabricantes y refuerza la narrativa de crecimiento estructural del sector (Bloomberg, 2025). Estas interdependencias pueden analizarse mediante marcos de redes financieras, donde la concentración de nodos centrales aumenta la probabilidad de contagio ante shocks negativos.
El aumento en la demanda de unidades de procesamiento gráfico (GPUs), memoria avanzada y capacidad energética para centros de datos ha generado presiones en cadenas de suministro específicas. Aunque tales dificultades pueden interpretarse como evidencia de dinamismo tecnológico, también reflejan patrones de acaparamiento estratégico y expectativas de crecimiento extrapolativas (Bloomberg, 2025; McKinsey & Company, 2025).
La expansión acelerada de infraestructura intensiva en capital puede conducir a episodios de sobrecapacidad si la adopción efectiva de aplicaciones de IA no alcanza la escala anticipada. En ese escenario, la corrección no solo afectaría a valoraciones bursátiles, sino también a mercados de crédito vinculados a la financiación de centros de datos y plantas de semiconductores (Financial Times, 2025).
En este contexto, la combinación de factores como la concentración oligopólica, la expansión masiva de capex, la interconexión financiera y la elevada participación del sector en índices accionarios, configura un entorno en el que la hipótesis de sobrevaloración no puede descartarse. No obstante, la confirmación empírica de una burbuja exige un análisis sistemático de métricas financieras y fundamentales, así como una evaluación de escenarios de estrés que permita estimar la magnitud potencial de un ajuste y sus canales de transmisión por todo el sistema financiero internacional (International Monetary Fund, 2025).
La dimensión mundial del ciclo inversor en IA introduce factores adicionales que condicionan su estabilidad financiera y amplían el marco analítico necesario para evaluar su sostenibilidad. Por ejemplo, la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China ha configurado un entorno en el que la expansión del sector no responde únicamente a señales de mercado, sino también a objetivos estratégicos vinculados a la política industrial y a la seguridad nacional (OECD, 2024; Segal, 2023). En este contexto, el economista chino Justin Yifu Lin (2023) señala que la magnitud de la inversión concentrada en torno a la inteligencia artificial en Estados Unidos presenta rasgos que recuerdan episodios históricos de sobreacumulación de capital. Más allá de la comparación puntual con crisis anteriores, el elemento relevante es que, cuando la asignación de recursos está simultáneamente impulsada por expectativas financieras y por imperativos geopolíticos, el umbral de tolerancia al riesgo tiende a ampliarse. Ello puede traducirse en una expansión de la inversión menos disciplinada por criterios estrictos de rentabilidad privada y más orientada a objetivos estratégicos de largo plazo.
No obstante, la dinámica macrofinanciera del ciclo inversor en IA puede analizarse incluso prescindiendo de su dimensión geopolítica explícita. El punto de partida consiste en evaluar si la combinación de elevada concentración bursátil, expansión acelerada de la inversión en capital fijo y expectativas de crecimiento de largo plazo configura un patrón compatible con episodios históricos de sobrevaloración tecnológica. Uno de los rasgos más distintivos del periodo reciente ha sido la contribución desproporcionada de un conjunto reducido de empresas vinculadas directa o indirectamente a la IA al desempeño de los principales índices estadounidenses. Este fenómeno puede cuantificarse mediante la participación acumulada de las cinco o siete mayores compañías en la capitalización total y en la rentabilidad anual del S&P 500 (Axios, 2024; MarketScreener, 2025). Cuando la evolución del índice depende crecientemente de un número limitado de emisores, aumenta la vulnerabilidad agregada ante shocks idiosincráticos o revisiones sectoriales de expectativas (Bank for International Settlements, 2023).
Esta concentración interactúa con dinámicas de valoración basadas en expectativas de crecimiento extraordinario. En la medida en que los precios actuales incorporan tasas de expansión sostenida de ingresos y márgenes elevados durante horizontes prolongados, pequeñas revisiones en los supuestos de adopción tecnológica pueden generar ajustes significativos en los precios descontados. Este mecanismo es consistente con los modelos de burbuja racional, en los que los agentes internalizan la posibilidad de reventa a precios superiores mientras persista la tendencia alcista (Brunnermeier, 2009).
El ciclo actual de la IA se caracteriza también por una intensidad de capital sustancialmente mayor que la observada en fases tempranas del modelo económico digital. El entrenamiento y despliegue de modelos de gran escala requiere centros de datos especializados, suministro energético estable y semiconductores avanzados. Desde la teoría de ciclos de inversión, la expansión simultánea de múltiples actores en un sector con expectativas de crecimiento elevadas puede derivar en sobrecapacidad si la demanda efectiva no alcanza los niveles proyectados. La literatura inspirada en Hyman Minsky sugiere que, en fases de optimismo prolongado, los agentes tienden a financiar proyectos bajo supuestos cada vez más favorables, desplazándose desde posiciones cubiertas hacia posiciones especulativas o incluso Ponzi5.
Aunque no existe evidencia concluyente de que el sector de la IA haya alcanzado esta última fase, el rápido incremento de compromisos de inversión financiados mediante deuda corporativa y crédito privado constituye un indicador que requiere monitoreo constante (Bank for International Settlements, 2023).
Más allá de las valoraciones individuales, el potencial riesgo depende del grado de interconexión entre el sector de la IA y el sistema financiero en su conjunto. Existen al menos tres mecanismos de amplificación: la exposición pasiva a través de fondos indexados y ETFs6 que replican índices altamente concentrados; el financiamiento estructurado y el crédito privado destinado a infraestructura tecnológica, cuya transparencia puede ser limitada; y los efectos de riqueza y retroalimentación macroeconómica, dado que el desempeño del mercado tecnológico influye en expectativas de consumo e inversión agregada (International Monetary Fund, 2025). En un escenario de corrección pronunciada, estos canales podrían interactuar, lo que amplificaría el impacto sobre carteras institucionales, condiciones de crédito e inversión agregada.
En conjunto, los indicadores examinados sugieren que el ciclo inversor en inteligencia artificial combina elementos de innovación estructural con dinámicas financieras potencialmente inestables. La concentración bursátil, la expansión acelerada de la inversión en infraestructura y la interconexión creciente entre empresas tecnológicas y mercados de crédito constituyen rasgos que, en episodios históricos, han acompañado procesos de sobrevaloración sectorial. No obstante, a diferencia de ciclos anteriores como la burbuja puntocom, el núcleo del ecosistema actual está compuesto por empresas altamente rentables y con acceso privilegiado a financiación global. Esta combinación de fundamentos industriales sólidos y expectativas financieras extraordinariamente elevadas configura un entorno en el que la expansión tecnológica y las dinámicas de valorización financiera coexisten, lo que dificulta delimitar empíricamente hasta qué punto el actual ciclo puede interpretarse como un proceso de sobrevaloración de activos.
conclusiones
El actual ciclo de inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos puede interpretarse como una fase de expansión tecnológica caracterizada por una elevada concentración de capital, una rápida intensificación de la inversión en infraestructura digital y una fuerte centralidad de un reducido grupo de empresas en los mercados financieros. Estos elementos reflejan la consolidación de la inteligencia artificial como uno de los principales motores de acumulación de capital en la economía digital contemporánea.
El examen de indicadores financieros y estructurales muestra que el sector presenta varios rasgos que históricamente han acompañado episodios de sobrevaloración tecnológica. Entre ellos destacan la elevada valoración bursátil de empresas vinculadas a la inteligencia artificial, la concentración significativa del rendimiento del mercado en un número reducido de compañías y la expansión acelerada de la inversión en infraestructuras intensivas en capital. En este contexto, dichos elementos sugieren la existencia de condiciones compatibles con dinámicas de burbuja de activos en el sector tecnológico asociado a la inteligencia artificial.
Sin embargo, el análisis también revela diferencias relevantes con episodios históricos como la burbuja puntocom. Por ejemplo, las empresas que lideran el actual ecosistema de la inteligencia artificial presentan elevados niveles de rentabilidad, modelos de negocio consolidados y acceso a fuentes de financiación diversificadas. Esta base económica introduce fundamentos productivos más sólidos que los observados en ciclos especulativos anteriores.
En consecuencia, el análisis indica que el ciclo actual de inversión en inteligencia artificial no puede identificarse de forma concluyente como una burbuja de activos plenamente desarrollada, aunque sí presenta múltiples señales de compatibilidad con procesos de sobrevaloración sectorial. La evolución futura del sector dependerá en gran medida de la capacidad de transformar la actual expansión de la inversión en incrementos sostenidos de productividad y generación efectiva de valor económico.
referencias
bibliográficas
notas
Recibido: 25 de noviembre de 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
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Financiación:
No aplica
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No publicado
Aceptado: 3 de enero de 20265
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Cuevas Ramos, J. y Rodríguez Gamón, K. (2026). El legado de Doha y el futuro de la OMC: la posición del Sur Global. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(2), 100-114.
resumen
Este artículo analiza la crisis de legitimidad de la OMC y la posición estratégica del Sur Global ante la reforma institucional. El fracaso de la Ronda de Doha y el bloqueo del Órgano de Apelación consolidan una desconfianza sistémica en las negociaciones actuales. La agricultura constituye el núcleo de las demandas mediante la petición de eliminación de subsidios distorsionadores y la protección de la seguridad alimentaria nacional. El Sur Global rechaza la incorporación de temas como el comercio digital o la sostenibilidad sin garantías previas sobre la brecha tecnológica y el financiamiento de una transición justa. La persistencia de asimetrías estructurales sugiere una evolución hacia acuerdos plurilaterales con riesgo de una mayor fragmentación comercial. Esta dinámica evidencia que la relevancia futura de la organización depende de su capacidad para la integración efectiva de las prioridades de desarrollo en un contexto de alta rivalidad geopolítica.
Palabras Clave: Sur Global, Organización Mundial del Comercio, Ronda de Doha, agricultura
ABSTRACT
This article examines the WTO legitimacy crisis and the Global South’s strategic stance regarding institutional reform. The Doha Round’s failure and the Appellate Body deadlock consolidate a systemic mistrust in contemporary negotiations. Agriculture represents the core of these demands through the request for the elimination of distorting subsidies and the protection of national food security. The Global South rejects the inclusion of digital trade and sustainability issues without prior guarantees regarding the technological divide and the financing of a just transition. Persistent structural asymmetries suggest an evolution toward plurilateral agreements with a risk of further trade fragmentation. This dynamic demonstrates that the organization’s future relevance depends on its capacity for the effective integration of development priorities within a context of high geopolitical rivalry.
Keywords: lGlobal South, World Trade Organization, Doha Round, agriculture
introducciÓn
El sistema multilateral de comercio enfrenta una crisis de credibilidad, evidenciada por el retroceso en sus principios fundamentales. Según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio bajo la cláusula de Nación Más Favorecida1 descendió al 74%, lo que marca un retroceso significativo tras la política de aranceles universales implementada por la segunda administración de Donald Trump en abril de 2025. Esta regresión, impulsada por tensiones geopolíticas, ha sido documentada por el Foro Económico Mundial (2025) como un factor que ha marginado sistemáticamente al Sur Global.
La OMC sufre una parálisis funcional que le impide cumplir sus misiones esenciales. Su Órgano de Apelación2 permanece bloqueado desde diciembre de 2019, lo que sume en incertidumbre jurídica a numerosos casos. A esto se suma el estancamiento de su función negociadora, simbolizado por el fracaso histórico de la Ronda de Doha y la continua incapacidad para alcanzar consensos en temas comerciales emergentes.
Este artículo analiza las principales demandas del Sur Global en la reforma de la OMC, para lo cual examina cómo el legado de desconfianza de la Ronda de Doha condiciona su posición colectiva. Mediante el estudio de documentos oficiales y alianzas emergentes, se evalúan estrategias diplomáticas y fracturas internas, buscando esbozar si la reforma conducirá a una OMC más inclusiva o a una mayor fragmentación comercial.
desarrollo
El análisis de la posición del Sur Global en la reforma de la OMC requiere, en primer lugar, una definición operativa clara de este concepto. El “Sur Global” se conceptualiza no como una mera categoría geográfica, sino como una posición política y económica común dentro de la arquitectura de la gobernanza global, particularmente en las negociaciones comerciales. Representa a un conjunto diverso de países que comparten experiencias históricas de colonialismo y marginación, y que se unen para desafiar las asimetrías estructurales del sistema multilateral (González & Valencia, 2024). Esta posición común se articula en torno a la demanda de un trato especial y diferenciado, la rectificación de desequilibrios en los acuerdos existentes y la búsqueda de un espacio político para implementar sus propias estrategias de desarrollo.
Plataformas de negociación y definición de la agenda común
La Tercera Conferencia Ministerial de la OMC en Seattle (1999) se considera un punto de inflexión histórico, pues la oposición cohesionada del Sur Global logró vetar la expansión de la agenda de negociación hacia los “Temas de Singapur”3 impulsados por los países desarrollados. Se demostró que la distribución de poder había cambiado lo suficiente como para que el Sur Global colectivamente pudiera imponer sus intereses defensivos y de desarrollo en la agenda multilateral, un logro que se consolidó con el lanzamiento posterior de la Ronda de Doha.
Sin embargo, este éxito inicial en la definición de la agenda contrasta con el posterior estancamiento. El fracaso de la Ronda de Doha y de conferencias ministeriales posteriores (como las de Cancún, Buenos Aires y Abu Dabi) ha evidenciado una creciente fragmentación del poder negociador del Sur Global (Hao, 2025). Frente a esta parálisis, los países en desarrollo han tenido que adaptar su estrategia. Aunque la principal plataforma de coordinación política amplia sigue siendo el Grupo de los 77 más China (Grupo de los 77, s.f.), en la práctica operativa de la OMC esta heterogeneidad de intereses ha impulsado la formación de coaliciones más pequeñas, tácticas y centradas en temas específicos para buscar una mayor influencia en las negociaciones concretas.
• El Grupo de los 90 (G-90): Esta amplia coalición reúne a más de 100 países en desarrollo, integrando al Grupo Africano, los Países Menos Adelantados (PMA) y los Estados del Caribe y el Pacífico. Surgido en Cancún (2003) como contrapeso a las potencias comerciales, el G-90 defiende una agenda centrada en el desarrollo, exigiendo acceso equitativo a mercados, la eliminación de subsidios agrícolas distorsivos y la plena aplicación del Trato Especial y Diferenciado. Aunque heterogéneo, actúa como una plataforma crucial para amplificar la voz de las economías más vulnerables en las negociaciones multilaterales.
• Grupo de los 20 (G-20 agrícola): Formado en 2003 en el contexto de la Ronda de Doha y de cara a la Conferencia Ministerial de Cancún, este grupo reúne a grandes economías en desarrollo exportadoras de productos agrícolas, como Brasil, India, China y Sudáfrica. Su origen responde a la resistencia coordinada frente a los altos niveles de apoyo agrícola en los países desarrollados. Su demanda central es la reducción sustancial de las ayudas internas y a la exportación, así como una liberalización efectiva del comercio agrícola mundial.
• El G-33: surgió en 2003 durante las negociaciones agrícolas de la Ronda de Doha, impulsado por países en desarrollo con amplios sectores agrícolas de subsistencia. Centra su agenda en la seguridad alimentaria y la protección de los medios de vida rurales. Su principal demanda es la creación de un Mecanismo de Salvaguardia Especial (MSE) que permita responder a shocks de importaciones y caídas abruptas de precios, además de mayor flexibilidad para programas públicos de adquisición de alimentos.
• Grupo Africano (GPAC) y Países Menos Adelantados (PMA): El Grupo Africano se formaliza como coalición negociadora en la OMC en 1995, mientras que los PMA son reconocidos como categoría internacional desde 1971 y actúan coordinadamente en la OMC desde su creación. Ambos priorizan el Trato Especial y Diferenciado como principio estructural del sistema. Sus principales demandas incluyen acceso a mercados libre de aranceles y cuotas (ALAC), asistencia técnica reforzada y flexibilidad normativa para compensar sus limitadas capacidades productivas e institucionales.
• Grupo ACP: los países de África, el Caribe y el Pacífico se constituyeron originalmente como grupo en 1975 con el Convenio de Lomé, y han actuado como grupo negociador en la OMC desde 1995. Integrado en su mayoría por pequeñas economías insulares y países de renta baja, el ACP defiende la preservación de tratos preferenciales, asistencia técnica sostenida y flexibilidades regulatorias. En el marco multilateral, insiste en que las nuevas disciplinas no generen cargas desproporcionadas para sus economías vulnerables.
• NAMA-11: Este grupo se formó en 2003 en el contexto de las negociaciones sobre Acceso a Mercados para Productos No Agrícolas (NAMA). Integrado por economías intermedias con sectores industriales sensibles, adopta una postura defensiva frente a las propuestas de liberalización profunda. Su principal demanda es preservar la flexibilidad arancelaria y el principio de “menos que plena reciprocidad”, a fin de proteger y desarrollar industrias nacientes.
• El Grupo de Cairns: se creó en 1986 durante la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en la ciudad australiana de Cairns, como una coalición informal de países exportadores agrícolas competitivos, tanto desarrollados como en desarrollo. Su origen responde al objetivo común de contrarrestar el proteccionismo agrícola de las principales potencias comerciales. Integra países del Sur global, pero no es un grupo compuesto solo por ellos. Se trata de una coalición mixta, que reúne países desarrollados y en desarrollo, unidos no por su nivel de renta sino por su condición de exportadores agrícolas competitivos. Su demanda central es la liberalización profunda del comercio agrícola, mediante la eliminación de subsidios a la exportación y la reducción de apoyos internos distorsivos. Aunque sigue operativo, hoy actúa principalmente como espacio de coordinación técnica y política, más que como bloque negociador formal.
Dentro de esta arquitectura, los Países Menos Adelantados (PMA) constituyen una categoría reconocida formalmente con necesidades específicas. Este grupo ha abogado por concesiones comerciales no recíprocas y un apoyo sustancial para el desarrollo de su capacidad productiva. Si bien su participación en el comercio mundial casi se duplicó en las últimas tres décadas, hasta situarse aproximadamente en el 1.17% en 2023, aún enfrenta déficits comerciales estructurales (OMC, 2025). (Véase anexo 1).
Iniciativas concretas de implementación han ganado relevancia frente a las grandes negociaciones estancadas. Un pilar clave es el programa “Aid for Trade” (Ayuda para el Comercio), lanzada en la OMC en 2005, cuyo objetivo explícito es asistir a los países en desarrollo, especialmente los menos adelantados, para superar limitaciones estructurales, construir infraestructura crítica y desarrollar capacidades productivas para integrarse de manera efectiva en el sistema comercial multilateral. La importancia operativa de este mecanismo se confirma con el récord de desembolsos alcanzado en 2022, que superó los 50,000 millones de USD, destinados en gran parte a proyectos de conectividad, eficiencia aduanera y apoyo al sector privado (UNCTAD, 2025). (Véase anexo 2).
La Ronda de Doha:
la promesa incumplida
La interacción y a veces la tensión entre el amplio marco del G77+China y los intereses más específicos de grupos negociadores como el G33, el GPAC y los PMA, han definido en gran medida la capacidad de negociación y las estrategias del Sur Global, desde la promesa de desarrollo de la Ronda de Doha hasta la parálisis actual. Lanzada en 2001, la Ronda de Doha para el Desarrollo (PDD) representó un compromiso histórico para situar las necesidades de los países en desarrollo en el centro del sistema multilateral de comercio. Los Ministros de la OMC se comprometieron explícitamente a realizar “esfuerzos positivos para que los países en desarrollo, y especialmente los menos adelantados, obtengan una parte del incremento del comercio internacional que corresponda a las necesidades de su desarrollo económico” (OMC, 2001, p. 2). Este ambicioso programa de negociación, estructurado como un “todo único”, buscaba corregir los desequilibrios de rondas comerciales anteriores mediante un trato especial y diferenciado sustantivo para el Sur Global.
El núcleo del fracaso negociador residió en la imposibilidad de resolver lo que se conoció como el “triángulo de hierro”: agricultura, acceso a mercados para productos no agrícolas (AMNA) y servicios. Las demandas del Sur Global sobre la eliminación de subsidios agrícolas distorsionadores en países desarrollados chocaron con la resistencia de estos a desmantelar sus estructuras de protección, mientras que las economías desarrolladas presionaban por una apertura comercial masiva en AMNA y servicios que los países en desarrollo consideraban una amenaza para su espacio de políticas industriales. (García, 2021).
Este impasse se tornó irreversible en la Conferencia Ministerial de Nairobi (2015), donde por primera vez la declaración final omitió reafirmar el mandato de Doha. Sin embargo, lejos de desaparecer, las cuestiones centrales de Doha han resurgido persistentemente en las negociaciones posteriores. En la Conferencia Ministerial de Ginebra en 2022 (MC12) y la de Abu Dabi en 2024 (MC13) los mismos temas que definieron el “triángulo de hierro” continuaron bloqueando el consenso, lo que demostró que las divisiones estructurales entre miembros desarrollados y en desarrollo permanecen sin resolver.
El desenlace confirmó para el Sur Global la reticencia de las economías avanzadas a modificar un statu quo estructuralmente favorable para estas últimas. Dicho resultado consolidó una profunda desconfianza que continúa determinando las posiciones negociadoras de los países en desarrollo en todos los frentes de la reforma de la OMC. Esta dinámica se evidencia en la resistencia a compromisos ambiciosos en comercio digital sin garantías sobre la brecha tecnológica, en la demanda de flexibilidades irrenunciables en agricultura y en el requisito de que las medidas ambientales no devengan en barreras comerciales encubiertas. (Véase anexo 3)
La cuestión agrícola:
el campo de batalla irrenunciable
Para las economías del Sur Global, la agricultura constituye el núcleo no negociable de la reforma de la OMC. Esta posición se fundamenta en la necesidad imperiosa de corregir distorsiones históricas en los mercados globales y preservar un espacio político vital para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. La experiencia de la fallida Ronda de Doha demostró que, sin avances sustanciales en este pilar, resulta imposible lograr un consenso general que legitime el sistema multilateral. Países como Cuba y los integrantes del Grupo Africano coinciden en que cualquier acuerdo que no aborde de frente los desequilibrios estructurales en la agricultura estará condenado al fracaso, pues ignora las realidades económicas y sociales de la mayoría de los miembros de la organización.
La demanda central gira en torno a la reducción sustancial de los subsidios agrícolas distorsionadores por parte de las economías desarrolladas. Estas transferencias masivas, particularmente en sectores como el algodón, los cereales y las carnes, generan excedentes artificiales que inundan los mercados internacionales, lo que deprime los precios globales y socava la competitividad de los productores del Sur. El caso de los subsidios al algodón, objeto de una disputa iniciada por Brasil contra Estados Unidos ante el Órgano de Solución de Diferencias4 de la OMC en 2002, ejemplifica esta dinámica. Mientras Brasil obtuvo una victoria legal, algunos productores africanos agrupados en la iniciativa “Algodón-4”5 no consiguieron beneficios comerciales significativos. Como documenta la OMC, esta disparidad “dio una gran ventaja competitiva a sus productos agrícolas en el mercado internacional” (Consejo General, documento WT/GC/W/765/Rev.2, 2019, p. 4). Esto evidencia cómo las distorsiones de mercado perpetúan la pobreza rural en las economías más vulnerables.
En materia de seguridad alimentaria versus normas comerciales, el conflicto se manifiesta con particular intensidad en torno a los programas de existencias públicas. India se ha erigido como el principal defensor de una “solución permanente” que facilite a los gobiernos de países en desarrollo constituir y mantener reservas estratégicas de alimentos sin enfrentar desafíos legales bajo las normas de la OMC sobre subsidios. Para naciones con altos niveles de pobreza rural e inseguridad alimentaria, estos programas representan un instrumento esencial de protección social y estabilidad política. La resistencia a comprometer estos mecanismos sin una cláusula de protección permanente refleja la priorización absoluta de la seguridad alimentaria nacional sobre las disciplinas comerciales abstractas; una posición que cuenta con el respaldo unánime del G33, el Grupo Africano y los PMA.
Por su parte, el Trato Especial y Diferenciado (S&D)6 encuentra en la agricultura su expresión más concreta a través de las flexibilidades operativas demandadas por el Sur Global. La materialización de este principio se traduce en mecanismos específicos como la designación de Productos Especiales, cultivos sensibles excluidos de los recortes arancelarios por su importancia para la seguridad alimentaria y el sustento rural, y un Mecanismo de Salvaguardia Especial robusto que permita a los países en desarrollo incrementar aranceles temporalmente frente a importaciones masivas o caídas abruptas de precios. Estas demandas surgen de la evaluación crítica de que las disposiciones actuales de S&D han resultado insuficientes. Como argumenta la comunicación conjunta WT/GC/W/777/Rev.2, la mayor parte de estas disposiciones “son cláusulas de ‘máximo empeño’ y carecen de precisión, eficacia, operatividad y exigibilidad” (Consejo General de la OMC, 2019, p. 2), lo que las convierte en instrumentos de escasa utilidad práctica para enfrentar los desafíos del desarrollo.
La agenda inconclusa vs. los nuevos temas: una cuestión de prioridades
Existe una clara fractura entre la agenda de reforma promovida por las economías desarrolladas y la agenda inconclusa de Doha que el Sur Global considera prioritaria. Mientras los primeros impulsan con vigor la incorporación de temas novedosos como el comercio digital, las disciplinas sobre empresas estatales y las normas ambientales, los segundos insisten en que deben resolverse primero los desequilibrios históricos en agricultura y acceso a mercados. Para países como Sudáfrica y Cuba, por ejemplo, esta divergencia refleja visiones antagónicas sobre el propósito mismo del sistema multilateral: mientras el Norte prioriza la apertura de nuevos mercados, el Sur enfatiza la corrección de asimetrías estructurales.
En el ámbito del acceso a mercados para productos no agrícolas (NAMA), persiste el “fantasma de la desindustrialización” como argumento central de la resistencia a una mayor liberalización industrial. Los países en desarrollo argumentan que sus sectores manufactureros incipientes necesitan protección temporal para alcanzar escalas competitivas y diversificar sus economías. La experiencia histórica demuestra que las actuales potencias industriales utilizaron ampliamente instrumentos similares durante sus procesos de desarrollo, y negar estas herramientas a las economías del Sur constituiría una grave injusticia histórica. Esta postura defensiva se ve reforzada por el reconocimiento de que, en un contexto de creciente automatización y deslocalización productiva, la ventana de oportunidad para la industrialización se estrecha progresivamente para los rezagados.
La defensa del estatus de país en desarrollo emerge como una línea roja en las negociaciones de reforma. Bajo presión liderada por Estados Unidos para negar los beneficios del Trato Especial y Diferenciado a economías emergentes como China e India, se ha generado una resistencia unificada que trasciende las tradicionales divisiones Sur-Sur. El argumento central es que el desarrollo es un proceso multidimensional que no puede reducirse al tamaño agregado de una economía, y que indicadores como el producto interno bruto (PIB) per cápita, los niveles de pobreza y las estructuras productivas evidencian brechas estructurales que justifican plenamente el tratamiento diferenciado. Privar a estos países del S&D, argumentan, “constituiría una grave infracción de los principios fundamentales de justicia y equidad” (Consejo General de la OMC, 2019, p. 12), lo que sienta un precedente peligroso para todos los países en desarrollo.
Finalmente, la resistencia a la nueva agenda representa la convicción generalizada en el Sur Global de que se trata de una reconfiguración estratégica para desviar la atención de los temas pendientes de Doha. La inclusión de temas complejos como el comercio digital, las inversiones y las empresas estatales es vista con profunda suspicacia, pues podría consolidar nuevas formas de asimetría en beneficio de los países tecnológicamente más avanzados. La profunda brecha digital, evidenciada por las disparidades en conectividad, capacidades tecnológicas y propiedad de patentes, convierte estas negociaciones en un juego de desventaja estructural para la mayoría de los miembros de la OMC. En este contexto, el Sur Global insiste en que cualquier discusión sobre nuevos temas debe ser precedida por avances concretos en la agenda de desarrollo pendiente, particularmente en la cuestión agrícola que afecta directamente a sus poblaciones más vulnerables.
El Órgano de Solución de Diferencias: una demanda clave dentro de la Reforma
El sistema de solución de diferencias fue un elemento clave de la Ronda Uruguay7 . El mecanismo de solución de diferencias8, basado en reglas, limitaba el poder de las grandes economías para imponer sus objetivos de forma unilateral y permitía a los países en desarrollo defender sus intereses comerciales. El Órgano de Apelación de la OMC garantizaba la coherencia y previsibilidad del sistema, lo que fortalecía la seguridad jurídica para todos sus miembros.
La parálisis del Órgano de Apelación, el problema más grave de la OMC, fue el resultado de una estrategia de bloqueo sistemático iniciada por Estados Unidos en 2017 bajo la política “America First”. El mecanismo fue posible porque los nombramientos de los siete miembros del Órgano requieren consenso entre todos los países de la OMC. Estados Unidos ejerció su derecho a vetar de forma continuada el proceso de renovación y reposición de los magistrados cuyos mandatos expiraban. Este proceso de erosión gradual, mantenido durante los años siguientes, redujo progresivamente el número de miembros. La situación llegó a un punto crítico en diciembre de 2019, cuando al quedar un único miembro en el cargo, el Órgano perdió el quórum necesario (tres miembros) para conocer de apelaciones. Esto determinó el colapso de la instancia final del sistema de solución de diferencias. (Véase anexo 4)
Las objeciones estadounidenses, mantenidas posteriormente por la administración Biden y por la segunda administración de Trump, se centran en un supuesto activismo judicial. Alegan que el Órgano excedió su mandato al crear jurisprudencia que impone obligaciones no negociadas por los países miembros, y critican el incumplimiento crónico del plazo legal de 90 días para emitir sus informes. Estas críticas se enmarcan en un escepticismo histórico de Estados Unidos hacia los tribunales multilaterales y en la creciente competencia geopolítica con China9.
La restauración del Órgano de Apelación es una demanda no negociable para la gran mayoría de los países del Sur. Lo ven como una condición fundamental para la legitimidad y el funcionamiento de la OMC, en lugar de como una ficha de cambio en una negociación más amplia sobre la reforma. Sin un sistema de apelación funcional, las disputas se resuelven mediante el poder económico, en perjuicio de los países más vulnerables. Esto ha dado como resultado el surgimiento de mecanismos alternativos de solución de diferencias:
1. El Mecanismo de Apelación Provisional Multiparte (MPIA): conocido oficialmente en los documentos de la OMC como el Procedimiento Arbitral Multipartito de Apelación Provisional (PAMAP), es un acuerdo interino basado en el Artículo 25 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) que funciona como un sustituto de la instancia de apelación. Consiste en un grupo de árbitros permanentes que revisan las apelaciones de los informes de los grupos especiales, replicando la función del Órgano de Apelación inoperativo, con un procedimiento que debe completarse en un plazo de 90 días. Este mecanismo ha sido aceptado por más de 30 miembros de la OMC10 . Sin embargo, su adopción en el Sur Global, particularmente en África, ha sido limitada, siendo Benín el único participante africano hasta la fecha, lo que refleja el temor de que este acuerdo provisional pueda legitimar la ausencia permanente del Órgano de Apelación (Organización Mundial del Comercio, s.f.).
2. Buenos Oficios, Conciliación y Mediación : Estos procedimientos, regulados en el Artículo 5 del ESD, son métodos voluntarios y confidenciales que buscan facilitar una solución mutuamente aceptada con la ayuda de un tercero neutral. A diferencia de los mecanismos con membresía definida, estos están disponibles para todos los miembros de la OMC y no requieren una adhesión formal. Su naturaleza cooperativa y menos onerosa los hace especialmente atractivos para los países en desarrollo. El ESD refuerza su utilidad para el Sur Global al establecer condiciones especiales bajo la Decisión de 5 de abril de 1966 del GATT11 , que puede ser invocada por un país en desarrollo en una diferencia contra un país desarrollado (Organización Mundial del Comercio, s.f.).
3. Soluciones Mutuamente Convenidas y Arbitraje Ad Hoc: El ESD expresa una clara preferencia por que las partes resuelvan sus diferencias mediante Soluciones Mutuamente Convenidas, un arreglo bilateral negociado en cualquier etapa del procedimiento que debe ser compatible con los acuerdos de la OMC. Esta es la alternativa más utilizada y está abierta a todos los miembros sin una membresía específica. Por otro lado, la flexibilidad asociada al Arbitraje según el Artículo 25 del ESD permite a las partes en una disputa específica, de manera ad hoc, diseñar sus propias reglas y procedimientos. Al igual que las soluciones mutuas, este mecanismo está disponible para cualquier miembro que así lo acuerde con su contraparte en un caso concreto, lo que representa una vía para mantener control sobre el proceso y evitar los costos de un litigio prolongado (Organización Mundial del Comercio, s.f.).
El debate sobre
comercio y sostenibilidad
Ante el creciente debate sobre comercio y sostenibilidad, los países en desarrollo manifiestan una profunda ambivalencia. Aunque apoyan los objetivos ambientales en principio, perciben que normas climáticas como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea pueden convertirse en un proteccionismo “verde” encubierto. Argumentan que estas medidas unilaterales, que penalizan a los productores sin acceso a tecnología limpia, son discriminatorias y constituyen una amenaza directa para sus exportaciones, ya que ignoran el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Frente a esta situación, el Sur Global introduce el concepto de “transición justa”, mediante el cual exige que las nuevas reglas ambientales incluyan financiación y transferencia de tecnología. Sin este apoyo, consideran que las políticas verdes del Norte imponen una carga desproporcionada a sus economías. Esta preocupación se extiende más allá del carbono, ya que normas sobre deforestación y debida diligencia afectan el acceso de productos vitales como el café o el cacao, lo que consolida una amenaza de proteccionismo verde multisectorial para su desarrollo.
Estrategias, alianzas y fracturas internas
Las coaliciones son la principal fuente de poder del Sur Global en la OMC. Bloques negociadores como el G33, el Grupo Africano o los PMA coordinan posiciones para defender sus intereses colectivos con mayor eficacia. Su influencia se basa en el principio de consenso de la organización, que permite a cualquier miembro vetar un acuerdo. Esta capacidad ha sido utilizada de manera efectiva por el G33 para proteger sus intereses agrícolas. En este sector, su cohesión en temas como la seguridad alimentaria ha sido determinante en las negociaciones multilaterales.
En este contexto, el rol de China ha evolucionado notablemente. Su reciente decisión de renunciar voluntariamente a futuras disposiciones de trato especial y diferenciado, aunque paradójica por suponer un sacrificio de beneficios propios, consolida su posición como defensor del Sur Global. Simultáneamente, han emergido coaliciones más flexibles y temáticas, como las relativas a subsidios pesqueros, donde países de distintas regiones se alían temporalmente, creando una dinámica de alianzas fluidas y complejas según los temas en discusión.
A pesar de la fortaleza de sus coaliciones, el Sur Global enfrenta importantes fracturas internas. Los intereses económicos de sus miembros son cada vez más divergentes y complejos. Un país exportador neto de productos agrícolas como Brasil tiene prioridades distintas a las de un importador neto de alimentos como Egipto. Las diferencias dificultan la formulación de una postura unificada en temas clave.
La brecha digital es otra fuente de división. Las economías emergentes con un sector tecnológico en crecimiento, como la India o Indonesia, tienen una perspectiva diferente sobre el comercio electrónico que los PMA. Estos últimos carecen de la infraestructura y la capacidad regulatoria necesarias para competir. Intentan evitar que nuevas reglas en esta área consoliden las ventajas de las grandes plataformas tecnológicas globales. (Véase anexo 5)
La proliferación de acuerdos comerciales regionales (ACR) ha introducido una nueva capa de complejidad. Acuerdos como la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) buscan crear mercados continentales más integrados, dirigidos a fortalecer la posición negociadora de una región. Sin embargo, también pueden fragmentar los intereses del Sur12.
Además, la asimetría de recursos coloca al Sur Global en una desventaja estructural permanente, ya que muchos países en desarrollo carecen de la capacidad técnica y las grandes delegaciones con que cuentan los países desarrollados para seguir las múltiples negociaciones simultáneas. Esta vulnerabilidad es explotada regularmente mediante presiones individuales y ofertas de acuerdos selectivos que buscan fracturar el consenso del bloque13 . Por ello, la capacidad de gestionar sus diferencias internas se convierte en un factor crítico para que el Sur Global pueda configurar efectivamente las futuras reglas del comercio mundial.
Posibles escenarios
El escenario más realista para la OMC es uno de avance fragmentado, donde la organización funcione principalmente a través de acuerdos plurilaterales entre grupos de países dispuestos. Este modelo de “geometría variable”14 permitiría progresar en temas nuevos sin requerir el consenso de sus 164 miembros. Sin embargo, este camino perpetuaría la debilidad del sistema multilateral central y mantendría postergadas las demandas históricas del Sur Global.
Un acuerdo integral que satisfaga tanto a las economías desarrolladas como a los países en desarrollo parece improbable en el corto plazo. Un escenario optimista requeriría concesiones sin precedentes de las grandes potencias en agricultura y un compromiso del Sur Global para negociar seriamente la nueva agenda. El actual clima de desconfianza y las tensiones geopolíticas, particularmente entre Estados Unidos y China, hacen que un pacto de esta envergadura sea extremadamente difícil de alcanzar.
Si la OMC no logra reformarse para abordar sus asimetrías estructurales, su relevancia como foro central de la gobernanza comercial se verá erosionada progresivamente. La alternativa sería un sistema comercial global más fragmentado, regido por bloques regionales y acuerdos bilaterales donde las reglas serían dictadas predominantemente por los actores más poderosos, lo que margina aún más los intereses de las economías más vulnerables. (Véase Anexo 6)
CONCLUSIONES
La posición del Sur Global en la reforma de la OMC constituye una defensa fundamental del principio de multilateralismo inclusivo y una demanda por corregir las injusticias históricas del sistema comercial. Sin embargo, la realización de esta agenda se ve seriamente amenazada por la profundización de las divisiones geopolíticas y la resistencia de las economías desarrolladas a modificar un statu quo que les favorece.
La OMC debe decidir si puede reformarse para abordar las asimetrías estructurales que la definen. La alternativa es su progresiva irrelevancia como foro central de la gobernanza comercial. En ese caso, el mundo se movería hacia un sistema de bloques regionales y acuerdos bilaterales, con reglas dictadas por los más poderosos.
La creciente rivalidad geopolítica, especialmente entre Estados Unidos y China, redefine el contexto. El comercio se vincula cada vez más con la seguridad nacional y la competencia tecnológica. La OMC fue creada en un mundo unipolar y ahora debe operar en uno multipolar. Su supervivencia depende de su capacidad para gestionar estas nuevas tensiones estratégicas entre sus miembros más influyentes.
REFERENCIAS
Bibliográficas
notas
ANEXOS
1. Mapa de dispersión: Posiciones Multidimensionales del Sur Global.
Fuente: Elaboración propia.
2. Índice de capacidad productiva, grupos de países seleccionados (2000-2022)
Fuente: Base de datos UNCTADstat.
3. Cronología de actividades hasta el Programa de Doha.
Fuente: Organización Mundial de Comercio.
4. Mecanismo de solución de diferencias.
Fuente: Organización Mundial de Comercio.
5.Evolución temporal: tendencias de posiciones del Sur Global, análisis histórico comparativo.
Fuente: Elaboración propia.
6. Análisis prospectivo de la reforma OMC y Posición del Sur Global.
Fuente: Elaboración propia.
Recibido: 15 de diciembre de 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 29 enero de 2026
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Arranz Flores, J.C; García Herrera, B. y Gómez León, L. (2026). El primer juicio de Núremberg: entre la legalidad y la justicia.Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(2),115-126.
resumen
El primer juicio de Núremberg, celebrado entre 1945 y 1946, representó un acontecimiento sin precedentes en la historia jurídica internacional, pues surgió de la necesidad de responder a los crímenes cometidos por el régimen nazi tras la Segunda Guerra Mundial y de establecer responsabilidades individuales frente a las atrocidades que habían desbordado el marco del derecho tradicional. Impulsado por las potencias aliadas —Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética—, el tribunal introdujo categorías inéditas como los crímenes contra la humanidad y los crímenes contra la paz, sentando las bases para posteriores tribunales internacionales y, décadas más tarde, para la Corte Penal Internacional. No obstante, su legitimidad ha sido objeto de controversia: mientras se le reconoce como un paso decisivo hacia la consolidación del derecho penal internacional, también se le critica por haber sido un juicio de vencedores contra vencidos, en el que los aliados juzgaron a los derrotados sin someterse ellos mismos a escrutinio. Se cuestionó la legalidad de sancionar conductas que no estaban previamente tipificadas, lo que tensionó el principio de irretroactividad penal. En consecuencia, Núremberg fue simultáneamente un acto de justicia innovador y un ejercicio político complejo, cuyo legado continúa influyendo en el debate sobre justicia internacional.
Palabras Clave: juicio, crímenes, legitimidad, legalidad, justicia.
ABSTRACT
The first Nuremberg trial, held between 1945 and 1946, represented an unprecedented event in the history of international law, as it arose from the need to respond to the crimes committed by the Nazi regime after World War II and to establish individual responsibility for atrocities that had exceeded the framework of traditional law. Driven by the Allied powers—United States, United Kingdom, France, and the Soviet Union—the tribunal introduced novel categories such as crimes against humanity and crimes against peace, laying the foundations for subsequent international tribunals and, decades later, for the International Criminal Court. Nevertheless, its legitimacy has been the subject of controversy: while it is recognized as a decisive step toward the consolidation of international criminal law, it has also been criticized for having been a trial of victors against the vanquished, in which the Allies judged the defeated without subjecting themselves to scrutiny. The legality of punishing conduct that had not been previously codified was also questioned, which strained the principle of non-retroactivity in criminal law. Consequently, Nuremberg was simultaneously an innovative act of justice and a complex political exercise, whose legacy continues to influence the debate on international justice.
Keywords: trial, crimes, legitimacy, legality, Justice.
introducción
El primer Juicio de Núremberg (1945-1946) constituye un acontecimiento fundacional del derecho penal internacional y un hito en la justicia global contemporánea. Organizado por las potencias aliadas (Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética), tuvo como propósito juzgar a los principales dirigentes del régimen nazi.
La creación del Tribunal Militar Internacional mediante el Acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945 estableció por primera vez la responsabilidad penal individual de líderes políticos y militares por crímenes
que trascendían las fronteras nacionales y afectaban a la humanidad en su conjunto (Gómez, 2020; Acuerdo de Londres, 1945). Este precedente rompió con la inmunidad tradicional de los jefes de Estado y altos mandos militares, inaugurando la idea de que ciertos crímenes poseen carácter universal y deben ser sancionados por la Comunidad Internacional (Rainer, 2005).
Dado que el primer juicio de Núremberg ha sido objeto de numerosos estudios históricos y jurídicos, resulta pertinente precisar en qué sentido el presente trabajo ofrece una contribución diferenciada. La mayor parte de la literatura existente aborda el proceso desde una perspectiva crónica o descriptiva, centrada en sus resultados o en la figura de los acusados. Este trabajo, en cambio, propone un análisis estructural de las tensiones que atravesaron el juicio —particularmente la oposición entre legalidad formal y justicia material, y entre soberanía estatal y responsabilidad individual— mostrando cómo dichas tensiones no fueron accidentales, sino constitutivas del modelo de justicia penal internacional que Núremberg inauguró. Este enfoque permite comprender por qué los mismos dilemas reaparecen décadas después en la práctica de los tribunales internacionales contemporáneos.
La pertinencia de este estudio no es exclusivamente histórica. El legado institucional de Núremberg se proyecta directamente sobre la Corte Penal Internacional (CPI), establecida mediante el Estatuto de Roma en 1998, que recogió y sistematizó los principios emanados del proceso de 1945. Sin embargo, la práctica reciente de la CPI ha puesto de manifiesto que las contradicciones estructurales de Núremberg persisten. En 2023, la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra en el contexto del conflicto armado en Ucrania, iniciado con la invasión a gran escala de febrero de 2022. En 2024, la misma Corte emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el contexto del conflicto en Gaza.
Ambos casos han reavivado con inusitada vigencia los debates que inauguraron los juicios de 1945: la selectividad de la justicia internacional, la acusación de parcialidad política, la negativa de potencias no signatarias del Estatuto de Roma a reconocer la jurisdicción del tribunal, y la recurrente tensión entre soberanía estatal y responsabilidad universal. Que estos dilemas sigan apareciendo en el siglo XXI con la misma intensidad con que se plantearon en 1945 revela que Núremberg no es solo un episodio cerrado de la historia, sino el punto de origen de una arquitectura jurídica internacional aún en construcción y en disputa. Examinar sus contradicciones fundacionales resulta, por tanto, una vía necesaria para comprender las limitaciones y los desafíos del orden penal internacional contemporáneo.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el primer juicio de Núremberg desde una perspectiva histórica, jurídica, y doctrinal, atendiendo a su contexto, tensiones que generó, así como las disposiciones normativas y principios que lo sustentaron. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo histórico-jurídico, orientado a reconstruir críticamente el rito procesal y sus fundamentos. Para la consecución de esta meta se aplicó la técnica de revisión documental de fuentes primarias como las actas del tribunal militar internacional y secundarias provenientes de literatura indexada. Así mismo, se recurrió al método histórico-lógico para contextualizar el juicio, y al de análisis-síntesis, con la finalidad de integrar aportes de literatura especializada y asegurar coherencia en el análisis.
desarrollo
Contexto Histórico-Jurídico
Antes de los juicios de Núremberg, el derecho internacional era aún incipiente y carecía de mecanismos efectivos para sancionar violaciones graves. Tras los conflictos bélicos predominaba la práctica de conceder amnistías generales a los gobernantes derrotados, lo que perpetuaba la impunidad. Además, la responsabilidad recaía exclusivamente en el Estado por los delitos cometidos por sus soldados, sin reconocimiento de la responsabilidad penal individual, como la que hoy ejerce la Corte Penal Internacional.
Un cambio incipiente se produjo en 1915, cuando Francia, Reino Unido y Rusia denunciaron las matanzas de la población armenia en el Imperio Otomano, calificándolas como crímenes contra la humanidad y la civilización. En 1919, al concluir la Primera Guerra Mundial, una comisión internacional recomendó procesar a quienes habían provocado el conflicto y las matanzas masivas, aunque la propuesta fue rechazada. El Tratado de Sèvres de 1920 intentó dar los primeros pasos hacia un tribunal internacional, pero nunca fue ratificado.
Por otro lado, el Tratado de Versalles (1919), en su parte VII, en los artículos del 227 al 230, exigió la entrega de personas acusadas de crímenes de guerra, incluido el emperador Guillermo II, señalado por “ofensa suprema contra la moral internacional”. Sin embargo, la competencia se dejó en manos de tribunales nacionales, lo que limitó el alcance del derecho internacional. Los procesos se realizaron en Leipzig y reflejaron la ausencia de un sistema articulado de justicia supranacional.
Durante las décadas de 1920 y 1930, algunos juristas reflexionaron sobre la necesidad de un sistema internacional de justicia. En esa línea, los más prominentes son Hans Kelsen, que defendió la idea de un orden jurídico internacional capaz de garantizar la paz mediante instituciones supranacionales y, el jurista polaco Raphael Lemkin, creador del concepto de “genocidio” que más tarde sería fundamental en la tipificación de crímenes internacionales.
Este era el contexto previo a 1945: un derecho internacional fragmentado, sin reconocimiento de la responsabilidad individual ni instituciones capaces de juzgar crímenes contra la humanidad. Los juicios de Núremberg rompieron con ese esquema limitado, inaugurando un nuevo paradigma jurídico al procesar a los máximos responsables del régimen nazi.
Dichos juicios se sustentaron en el Acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945, mediante el cual las potencias vencedoras establecieron las bases para procesar a los principales dirigentes nazis. El primer juicio, considerado el más importante de los doce, tuvo como objetivo el enjuiciamiento de los líderes políticos y militares más influyentes del régimen.
En total fueron procesados 24 altos dirigentes capturados en la operación Mondorf (Gómez, 2020), aunque solo 22 comparecieron (Corte Penal Internacional, 2002, p. 42): Robert Ley se suicidó antes del inicio y Gustav Krupp fue declarado incapaz por razones de salud. Entre los acusados más notorios figuraban Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Hans Frank, Alfred Rosenberg y Albert Speer.
Las sentencias de Núremberg generaron intenso debate internacional: doce acusados fueron condenados a muerte (once ejecuciones y el suicidio de Göring), tres absueltos y el resto recibió penas de prisión; entre las decisiones más polémicas estuvieron la ejecución de Julius Streicher por su propaganda antisemita, la absolución de Hjalmar Schacht por su papel limitado en la economía nazi y el caso de Albert Speer, cuya defensa basada en arrepentimiento dividió a la opinión pública, lo que reflejó la complejidad jurídica y la tensión entre justicia, política y moral en el nacimiento del derecho penal internacional.
La tensión en torno a Núremberg radicaba en que nunca antes se había enjuiciado a responsables estatales por iniciar una guerra, lo que generó posturas divergentes entre las potencias aliadas. Algunos defendían la ejecución inmediata, siguiendo una práctica propia de épocas como las de César o Napoleón (Pérez, 2007, p. 18), lo que habría significado un retroceso jurídico1. Finalmente se optó por un juicio público que permitiera exhibir pruebas contundentes del régimen nazi. Según el fiscal estadounidense Jackson, el propósito era “juzgar a las autoridades alemanas no por haber perdido la guerra, sino por haberla empezado” (Pérez, 2007, p. 11). Sin embargo, las críticas señalaron que solo se procesó a los altos mandos de las potencias derrotadas, mientras los vencedores tampoco estaban exentos de haber cometido crímenes.
La importancia histórica del Juicio de Núremberg también se proyecta en décadas posteriores. Desde el punto de vista jurídico, sentó las bases para el desarrollo del derecho penal internacional y para la creación de tribunales ad hoc2 en décadas posteriores, como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (1993) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1994). Constituyó además un antecedente directo de la CPI, establecida en 1998 mediante el Estatuto de Roma, que recogió y sistematizó los principios emanados de Núremberg (Rainer, 2005).
Análisis del Primer Juicio
de Núremberg
La elección del lugar para celebrar el mayor juicio de la historia también fue compleja. En un inicio se consideró a Berlín, pero la ciudad estaba devastada por la guerra, lo que dificultaba su viabilidad. Finalmente se optó por Núremberg, que contaba con el mayor tribunal aún en pie y ofrecía un fuerte simbolismo: había sido sede de las concentraciones del partido nazi y escenario de las leyes de 1934 que consolidaron el régimen fascista.
Tras el acuerdo de crear un tribunal internacional, el 8 de agosto de 1945 se firmó en Londres la Carta de Núremberg, junto con los estatutos que regulaban su funcionamiento. Su aplicación generó una controversia jurídica central: se juzgaban conductas cometidas antes de la creación de dichas normas, lo que implicaba la retroactividad de la ley penal. Este fenómeno contravenía el principio de legalidad, expresado en la máxima nullum crimen, nulla poena sine lege, según la cual nadie puede ser sancionado por actos no tipificados previamente como delito (Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, 1945). En consecuencia, someter a los líderes nazis a estas disposiciones fue considerado por muchos una vulneración de la seguridad jurídica, dado que la norma penal debe regir conductas futuras y solo excepcionalmente aplicarse retroactivamente cuando favorece al acusado.
El artículo 6 del Estatuto de Núremberg (1945) estableció tres categorías de delitos para juzgar a las élites nazis. El inciso a) introdujo los crímenes contra la paz, definidos como la planificación y ejecución de guerras de agresión, una noción inédita en el derecho internacional que solo fue precisada décadas después por la ONU en 1974. Su aplicación generó críticas por el argumento tu quoque3, ya que las potencias aliadas también habían incurrido en acciones similares (como el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki o diversas invasiones militares), lo que cuestionaba la coherencia jurídica del tribunal y la vigencia del principio de legalidad.
El inciso b) tipificó los crímenes de guerra, vinculados a violaciones de las leyes y costumbres bélicas, especialmente el trato a prisioneros y civiles. El artículo 8 del Estatuto limitó la defensa basada en la obediencia debida, al considerar que las órdenes superiores no eximían de responsabilidad, pese a que el cumplimiento estricto de órdenes era un principio esencial en los propios ejércitos aliados. Finalmente, el inciso c) definió los crímenes contra la humanidad, incluyendo exterminio, deportación y persecución sistemática de poblaciones civiles.
En el caso británico, su “Manual of Military Law” (Manual de Derecho Militar4 , se introdujo en 1914 el capítulo XIV The Laws and Uses of War on Lands (las leyes y usos de la guerra en tierra) con una disposición en su párrafo 443 que planteaba: “Los miembros de las fuerzas armadas que cometan infracciones de las reglas de la guerra admitidas que hayan estado ordenadas por sus superiores no son criminales de guerra y no pueden ser condenados por esto por el enemigo” (War Office, 1914, p. 302) la cual fue modificada de manera forzosa en 1944 cuando ya las potencias vencedoras planificaban el fin de la guerra justo antes del juicio en aras de no captar la atención de la defensa, sin embargo se mantuvo intacta en la mayor parte del conflicto bélico.
En el mismo sentido se encontraba el artículo 345 de las Rules of Land Warfare o (Reglas de la Guerra Terrestre norteamericanas)5: “Los miembros de las fuerzas armadas no son castigados por estos delitos en caso de que hayan sido cometidos por órdenes o con la sanción de su gobierno o sus superiores” (War Departament, 1940, p. 86), el cual fue modificado en 1944 mediante enmienda “Changes No. 1” y se le añadió un apartado 345.1 que establecía lo siguiente: “Los individuos y organizaciones que violen las leyes y costumbres aceptadas de la guerra podrán ser castigados por ello” (War Departament, 1944, p.2).
Se debe tener presente que en todo el proceso judicial rige la responsabilidad penal individual a pesar de que la gran mayoría de los crímenes fueron provocados por el Estado alemán. Los cargos contra los líderes nazis estaban claramente definidos, pero demostrar su participación directa en cada hecho resultaba complejo. La dificultad radicaba en vincular las acciones de los subordinados con órdenes emitidas por los altos mandos, muchas veces dictadas años antes de los acontecimientos probados (López, 2021). Para superar este vacío probatorio, se recurrió al delito de conspiración (Cordini, 2022), entendido como el acuerdo entre dos o más personas para ejecutar una acción ilícita. Bajo esta figura, la mera planificación bastaba para imputar responsabilidad, sin necesidad de que el acto se consumara.
Sin embargo, en numerosos códigos penales la conspiración exige un acto manifiesto que confirme la intención delictiva, lo que evidencia la excepcionalidad de su aplicación en Núremberg. Esta estrategia, impulsada principalmente por los estadounidenses, reflejaba el propósito de asegurar condenas bajo cualquier circunstancia. Pese a su protagonismo inicial, los jueces finalmente otorgaron al cargo de conspiración un peso limitado en las sentencias, lo que revela la tensión entre la necesidad política de sancionar y la coherencia jurídica del proceso.
El fiscal norteamericano Robert H. Jackson (1945) expresó en su primera intervención que: inaugurar por primera vez en la historia un proceso por crímenes contra la humanidad. Impone una grave responsabilidad (…) que la civilización no puede ignorar porque no podría sobrevivir si todo eso se repitiese (p.1)
Para Jackson, condenar a los acusados era indispensable, pues encarnaban las violaciones sistemáticas de derechos fundamentales cometidas por el régimen nazi. Advertía que ignorar tales crímenes pondría en duda el valor de la justicia y que dejar impunes hechos de esa magnitud representaría un riesgo para la supervivencia de la humanidad.
La cita refleja que la condena era la única salida posible. Desde una perspectiva ética, los acusados estaban en clara desventaja por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, iniciada por el Estado que defendían (Rodríguez, 2014). En este marco, el debate se vincula con las dos grandes corrientes de la filosofía del derecho —positivismo e iusnaturalismo— enfrentadas históricamente sobre cuál ofrece una base más justa y adecuada para legitimar el derecho frente a crímenes de tal magnitud (Molina, 2009; Armenia, 2020).
Desde la óptica positivista, se cuestionaba la validez de juzgar a los acusados bajo normas creadas después de los hechos, lo que contravenía el principio de legalidad penal (nullum crimen, nulla poena sine lege). Para esta corriente, la retroactividad de la Carta de Núremberg y la tipificación inédita de delitos como los crímenes contra la paz o contra la humanidad ponían en riesgo la seguridad jurídica y la coherencia normativa, al sancionar conductas no previamente definidas en el derecho internacional.
Por su parte, el iusnaturalismo defendía la legitimidad de Núremberg sobre la base de principios superiores de justicia y moral universal. Bajo esta visión, las atrocidades del régimen nazi debían sancionarse, aunque no existiera una norma positiva previa que las tipificara, pues ciertos crímenes ofenden a la humanidad en su conjunto y trascienden la estricta legalidad formal (Marcone, s.f., p. 3). La tensión central residía en conciliar la seguridad jurídica, garantizada por normas claras y previas como exige el positivismo, con la necesidad ética de castigar crímenes atroces, como sostiene el iusnaturalismo (Molina, 2009). Esta contradicción convirtió a Núremberg en un escenario paradigmático donde se enfrentaron la legalidad formal y la justicia universal.
En este punto resulta pertinente la célebre fórmula de Radbruch (2007), según la cual “cuando el derecho positivo es extremadamente injusto no se puede aplicar porque constituye un entuerto jurídico o un falso derecho (lex injusta non est lex)”. Esta idea evidencia que, aunque la ley positiva aplicada en Núremberg no era la más adecuada, existía la obligación de recurrir al derecho natural para resolver conflictos de tal magnitud y evitar que la injusticia quedara amparada por la mera formalidad normativa.
Una de las críticas más persistentes a Núremberg es que fue un juicio de vencedores contra vencidos, pues las potencias aliadas diseñaron las reglas y el tribunal para juzgar a los jerarcas nazis. Sin embargo, esta objeción desconoce que otra alternativa era inviable en un contexto de ocupación militar, con Alemania bajo control aliado y sin estructuras democráticas. Además, los acusados habrían sido juzgados por un derecho injusto creado para legitimar las atrocidades del Estado fascista alemán.
La polémica se centra en determinar si el juicio fue un acto de venganza o un verdadero castigo jurídico (Jackson, 1945, p.1). Mientras la venganza carece de justificación y se considera ilegítima, el castigo requiere fundamentación y constituye una función esencial del derecho. Por ello, las sanciones a los líderes nazis debían presentarse como un ejercicio legítimo de justicia estatal e internacional, y no como una represalia política, ya que solo un castigo debidamente argumentado podía otorgar legitimidad al proceso y sentar precedentes para el derecho penal internacional.
Puede surgir la interrogante sobre qué Estado estaba legitimado para imponer castigo, dado que Alemania había perdido el poder y se encontraba bajo control aliado. Para responder a ello resulta clave acudir a Hans Kelsen, padre de la Teoría Pura del Derecho, quien sostiene que la legitimidad de un Estado no depende de su continuidad política, sino de la eficacia de su orden jurídico. Según Kelsen (1934, p.337), cuando un nuevo poder logra imponerse y garantizar obediencia, ese orden se convierte en el derecho válido, desplazando al anterior. De ahí su afirmación de que la validez jurídica se funda en la eficacia, y que un sistema normativo deja de ser derecho cuando pierde la capacidad de imponerse frente a la comunidad.
La legitimidad del tribunal se sostuvo en el derecho internacional, aun cuando Alemania estaba dividida en cuatro zonas de ocupación según los acuerdos de Yalta y Potsdam, ambos en 1945. Las potencias aliadas, unidas bajo el Estatuto de Londres, buscaron impartir justicia mediante un mismo marco normativo. En cuanto al rigor de las sentencias, puede señalarse que no fueron tan severas: de 22 acusados, solo 12 fueron condenados a la horca, pese a la gravedad de los crímenes y las pérdidas humanas y materiales ocasionadas. Es cierto que las formas jurídicas empleadas vulneraron principios fundamentales, pero debe recordarse que hasta entonces no existía un sistema internacional capaz de juzgar individuos (López, 2021), lo que obligó a recurrir al derecho natural como fundamento.
La polémica sobre Núremberg se intensifica al señalar que el tribunal juzgó únicamente a los vencidos, mientras los jefes militares aliados quedaron exentos de responsabilidad (López, 2021), pese a que varias de sus acciones podían tipificarse bajo los mismos cargos. Ejemplo de ello fueron los bombardeos masivos sobre ciudades civiles, como el de Dresde en febrero de 1945, que provocó decenas de miles de muertes y destrucción indiscriminada, semejante a los crímenes de guerra atribuidos a los nazis. Del mismo modo, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 causó la muerte inmediata de más de 100.000 civiles y secuelas devastadoras, constituyendo un caso paradigmático de ataque contra la población civil que podría encajar en la categoría de crímenes contra la humanidad.
Otros ejemplos incluyen la invasión británica de Islandia en 1940, realizada sin declaración de guerra, y la ocupación soviética de territorios de Polonia y Finlandia, que implicó deportaciones y represión sistemática. Estas acciones, de acuerdo con la tipificación del Estatuto de Londres, podían considerarse crímenes contra la paz, pues se trataba de agresiones militares sin justificación jurídica. Sin embargo, ninguno de estos hechos fue objeto de enjuiciamiento, lo que alimentó la crítica de que Núremberg fue un juicio de vencedores contra vencidos.
La omisión de juzgar a los aliados revela la tensión entre la búsqueda de justicia y la realidad política del momento. Mientras los nazis fueron condenados por violar principios universales, los actos de los vencedores quedaron fuera del escrutinio, lo que debilitó la pretensión de imparcialidad del tribunal. Esta desigualdad marcó un límite en la legitimidad del proceso y abrió un debate que aún persiste sobre la necesidad de aplicar el derecho internacional de manera equitativa, sin distinción entre vencedores y vencidos.
En cuanto a la legitimidad del acto, desde una lectura estrictamente kelseniana, el principal problema radica en la universalidad de las normas aplicadas. Núremberg no se presentó como justicia de los vencedores, sino como aplicación de normas universales de derecho internacional, es decir que debían aplicarse a todos por igual.
Aquí la selectividad del tribunal es devastadora lo que compromete tanto su legitimidad como imparcialidad. Hechos protagonizados por los aliados de igual magnitud quedaron impunes como son: los bombardeos de Dresde, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y la masacre de Katy con la ocupación de territorios mediante pactos secretos con la Alemania Nazi (Molotov-Ribbentrop).
Si las normas eran universales, pero solo se aplicaron a los vencidos, entonces no eran realmente normas universales, sino preferencias políticas de los vencedores revestidas de lenguaje jurídico; lo que corroe el fundamento de legitimidad del tribunal. Para que una norma sea genuinamente jurídica en sentido kelseniano, debe tener vocación de generalidad y aplicación uniforme. Un derecho que solo obliga a vencidos no es derecho en sentido técnico ,sino un instrumento político con forma jurídica.
conclusiones
El primer Juicio de Núremberg (1945-1946) constituyó un hito fundacional en la evolución del derecho penal internacional. Su principal aporte radica en la institucionalización la afirmación de la responsabilidad penal individual, rompiendo con la tradición de inmunidad de los jefes de Estado y altos mandos militares. Al establecer que los líderes podían ser juzgados por sus decisiones y actos, se inauguró un principio que hoy resulta esencial en la justicia internacional: ningún cargo político o militar exime de responsabilidad frente a crímenes que impactan de manera negativa a la humanidad.
Asimismo, el Estatuto de Londres tipificó tres categorías inéditas: crímenes contra la paz, vinculados a la planificación y ejecución de guerras de agresión; crímenes de guerra, relativos a violaciones de las leyes y costumbres bélicas; y crímenes contra la humanidad, que comprendían exterminio, deportación y persecución sistemática de civiles. Estas figuras jurídicas marcaron un antes y un después, pues ampliaron el alcance del derecho internacional más allá de la soberanía estatal y sentaron las bases para posteriores tribunales internacionales y la Corte Penal Internacional.
No obstante, el proceso estuvo rodeado de controversias. La aplicación retroactiva de normas penales tensionó el principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine lege), lo que generó dudas sobre la legitimidad de las condenas. Además, , se cuestionó la impunidad ante los crímenes cometidos por los vencedores, mientras se condenaba a los vencidos.
En definitiva, Núremberg fue simultáneamente un acto innovador de justicia y un ejercicio político condicionado por el contexto histórico. Su legado radica en haber iniciado el camino hacia un derecho penal internacional más robusto, capaz de enfrentar crímenes de guerra y reafirmar que las acciones que perjudican a la humanidad en su conjunto no deben quedar impunes.
Referencias
notas
Recibido: 20 de febrero de 2026
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
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Agradecimientos:
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Financiación:
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Aceptado: 23 de marzo de 2026
Derechos de Autor:
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Gonzalez Saez, R. Álvarez Acosta, ME. Fabelo Concepción, S. (2026). Apuntes sobre los estudios la sección cubana de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África: Construyendo puentes. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(2), 127-134.
El 14 de febrero de 2024, Cuba y República de Corea establecieron relaciones diplomáticas. Este hecho, entre otros factores, ha estado marcado por una intensa actividad de intercambio académico. En ese sentido la sección cubana de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) ha sido un exponente del apoyo e impulso de la construcción de vínculos entre ambos países, lo que demuestra el alcance de la academia en términos de política exterior y diplomacia científica.
Si bien ha existido una serie de contactos académicos entre ambos países a lo largo de la historia, especialmente en los últimos 10 años, debe decirse que estos se profundizaron y multiplicaron una vez establecidas las relaciones. En consecuencia se han fomentado los intercambios de diversos tipos, entre los que destaca la visita de jóvenes cubanos a Seúl en 2025. Asimismo, se ha motivado la participación en becas que ya se habían venido desarrollando, dirigidas tanto para jóvenes de origen coreano en Cuba, como para estudiantes de bachiller y de estudios de posgrados.
No obstante, la labor de ALADAA, junto a la de profesores e investigadores pertenecientes a dicha organización, en función de los estudios sobre la República de Corea, comenzó desde su misma fundación en 1975. En ese contexto sobresale tanto el trabajo de los Centros de Educación Superior, como de los institutos de investigación, donde tuvo un papel protagónico el Centro de Estudio de Asia y Oceanía (CEAO)1.
Antecedentes de los estudios sobre República de Corea en ALADAA-Cuba
En las universidades cubanas, así como en las escuelas pedagógicas y en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI) se ha impartido el caso de la Península Coreana dentro de las asignaturas de Historia. En ese ámbito, la actividad científica de alumnos y profesores ha incluido ponencias, publicaciones y trabajos de diploma, que han ido en ascenso.
El CEAO, por su parte, fue uno de los pioneros en tender puentes en las relaciones académicas con la República de Corea y más allá. Se organizaron variadas actividades desde el mismo, donde ALADAA tuvo un papel central. Dentro de las acciones más significativas resalta el acuerdo de Colaboración con la Universidad Nacional de Seúl. Gracias a este proyecto, el Centro representó al Consejo Surcoreano para América Latina y el Caribe (KCLA, por sus siglas en inglés) en la Feria del Libro, fundamentalmente durante el periodo 2000-2004.
Asimismo, en el año 1999, por el acuerdo con el departamento de Idioma Español de la mencionada Universidad Nacional de Seúl, el investigador del centro, José Ariosa, obtuvo una beca de seis meses con el objetivo de actualizar el coreano y hacer investigaciones académicas sobre el país. Con base en dicha colaboración se posibilitó la visita del Director del centro, Jesús Aise Sotolongo, a Seúl, donde se desarrolló un intercambio entre ambas instituciones.
Dentro de los aspectos más importantes relacionados con el trabajo de ALADAA en la labor de promover los estudios sobre la República de Corea se encuentran las investigaciones desde lo histórico, económico, político y mediante la perspectiva de las Relaciones Internacionales. Al respecto se publicaron diversos trabajos, así como se desarrollaron talleres y eventos donde la República de Corea (RC) estuvo presente, unido a los que se habían estado coordinando con la República Popular Democrática de Corea (RPDC).
En el caso de los talleres y eventos destacaron los debates de determinadas situaciones, por ejemplo: Corea del Sur en el contexto de la crisis económica de 1997; la transformación milagrosa de su economía; la política exterior, en especial sus relaciones con variados países, como Japón, Estados Unidos y con América Latina, entre otros2. Además, debe mencionarse la publicación de artículos de autores cubanos, tales como: “Cuba: Economía en recuperación”, de Aise Sotolongo (2000)3 y “Formalización de relaciones: un compás de espera en el acontecer bilateral” de Ariosa Pérez (2000), en el Vol. 11 de la Revista Iberoamericana del Instituto de Estudios Latinoamericanos4.
Precisamente, Ariosa Pérez (2000) cierra su trabajo de esta forma:
El compás es de espera, no podemos aspirar a que Cuba y Corea del Sur desfilen unidas en la próxima Olimpiada del 2004, pero confiemos en que pronto los compases de Arirang y la Guantanamera puedan interpretarse bajo una misma orquestación(p.84).
Pasaron veinte años para que el compás de espera terminara; pero en ese tiempo la asociación desarrolló un arduo trabajo que, a largo plazo, tributó al ascenso de los intercambios y el conocimiento del uno y el otro, así como al propio restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones.
Durante esos años sobresale la inclusión del modelo coreano, entre otros aspectos, en conferencias, cursos de posgrado y eventos en la Universidad de La Habana (UH) y los posgrados impartidos por investigadores del CEAO. Por ejemplo, se desarrolla el Diplomado Internacional de Estudios Asiáticos, en la ciudad de Culiacán, México. Este curso es organizado de conjunto por la Fundación Noroeste, Topolobampo, la Cuenca del Pacífico, la Universidad de Sinaloa y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; todos ellos, miembros de las coordinaciones nacionales de ALADAA.
En la práctica, durante estos años las investigaciones abordaron el acontecer surcoreano desde diversos ámbitos. Merece la pena mencionar el estudio titulado “Las Nuevas Economías Industrializadas: el caso de Corea del Sur”5 de los investigadores José Ariosa Pérez y María Elena Álvarez, del CEAO; ambos autores, miembros de ALADAA (Ariosa Pérez y Álvarez Acosta, 2001).
Dividida en cuatro partes, dicha investigación aborda, primeramente, las particularidades de su historia y cultura, así como las condiciones que posibilitaron el establecimiento del modelo económico surcoreano en la segunda posguerra. Una próxima sección se dedica a las características del modelo económico: desarrollo industrial y comercial de la República de Corea, donde se incluyen los Chaebol y las características de la Planificación Económica en el país. En la tercera, se estudian los periodos del crecimiento, los cambios estructurales, la inequidad, los rasgos de la economía independiente, sus aspectos negativos y positivos. Por último, en la cuarta parte, se analizan las relaciones económicas con el exterior, la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD), su orientación y, particularmente, los vínculos con América Latina y el Caribe.
Este trabajo resalta debido a la objetividad con que se abordaba el tema, al tiempo que expresa la atención priorizada a los estudios de la República de Corea. Se trata de un referente para la docencia universitaria, utilizado no solo como material de consulta, sino como motivación para el debate en torno al devenir de la nación surcoreana y los enfoques sobre el caso, antes y en la actualidad.
Otras acciones desarrolladas en función de estrechar las relaciones académicas entre ambos países han sido las realizadas por la Oficina del Programa Martiano, dirigidas por Armando Hart. Estas iniciativas han fomentado el intercambio en asuntos culturales y en cuanto al pensamiento de Martí, con el departamento de Español en la Universidad Nacional de Seúl.
Como se observa, desde la academia y otros centros se ha tratado de establecer y estrechar las relaciones con la República de Corea. ALADAA ha jugado un rol central en esta tarea, no solo participando con sus entidades y miembros, sino al promover las convocatorias, acciones, seguimiento y apoyo a los estudios, divulgación e intercambios entre las partes. Todo este acontecer, con sus momentos de auge y otros de impasse, ha ido evolucionando a medida que se han fortalecido los vínculos entre ambos países.
Los estudios recientes sobre República de Corea en el contexto del establecimiento de las relaciones diplomáticas
En el 2021 se publica el artículo de González Sáez (2021) en la propia página web de ALADAA por el centenario de la presencia coreana en la Isla de Cuba (la que no se atribuye solo a la llegada de los surcoreanos, dado que el país estaba unificado). Comienza de esta manera a través de ALAADA-Cuba el reimpulso de los estudios surcoreanos. Una de las primeras actividades realizadas de esta nueva etapa fue la participación en un intercambio sobre el mundo en pospandemia, convocado por la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros (HUFS) de manera virtual en el año 2022.
El acercamiento con la Fundación Corea (Korean Foundation) fue un punto importante con el desarrollo de acciones de la sección cubana; también con el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Entre el 2022 y el 2025 se realizaron cinco eventos para analizar diferentes campos del acercamiento académico entre Cuba y la República de Corea a través de actividades diversas con las Universidades de Corea (2022), Kyung Hee (2023) y HUFS (2023, 2024, 2025). Particularmente la Universidad de Corea y HUFS han mantenido vínculos con la Universidad de La Habana desde 2015 y en 2022, dedicaron sus revistas institucionales a artículos vinculados a las relaciones, con el apoyo de miembros de la sección de ALADAA-Cuba (González Saez et al., 2022; González Saez y Jun, 2022).
Los intercambios con Korea Foundation, derivaron en una beca de posdoctorado cuyos principales resultados pueden consultarse en González Saez y Jun (2025). Debe destacarse que en el proceso de desarrollo académico bilateral estuvo la participación activa de destacados profesionales surcoreanos. En este sentido, destacan el Dr. Jeong Hwan Shin como director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de HUFS, el Dr. Jaehak Lee, director del Instituto Hispánico de la Universidad de Corea, el Embajador Cho Kab Dong, presidente en ese entonces de la Asociación de Amistad y Cultura Corea del Sur-Cuba; así como el embajador Han Byung Kil, el presidente del KCLA, entre otros.
A partir de 2023 los contactos se ampliaron y el intercambio se potenció de ambas partes. De la parte surcoreana resalta una serie de actividades a partir de la organización de conferencias en Seúl, organizadas por el Dr. Jeong Hwan Shin. Estos espacios han contribuido significativamente al desarrollo de las relaciones académicas entre Cuba y RC durante los últimos tres años, en coordinación con la Universidad de La Habana y el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI).
La presencia en dichos eventos, así como la publicación de artículos científicos de destacados académicos cubanos, miembros de ALADAA-Cuba6, ha permitido una amplia interacción con contrapartes coreanas donde se han debatido temas de interés común, actualidad y análisis del desarrollo y potencialidades en el acercamiento entre ambos países desde la academia. Esto ha abierto el camino al desarrollo de intercambio político y económico.
Un importante elemento a destacar es que, tras la oficialización de las relaciones diplomáticas en 2024, justamente en agosto del propio año, se realiza el primer acuerdo oficial entre ambas naciones, correspondiente al campo académico. En el mismo se rubrica un memorándum de entendimiento entre la Universidad de La UH y HUFS. Esta vez contó con la presencia de la rectora de la UH, Dra. Miriam Nicado García y el presidente de HUFS, Dr. Park Jeong Woon.
En cuanto a los más recientes intercambios académicos ALADAA-Cuba y el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS), se destaca una publicación especial en la revista del instituto, dedicada al primer aniversario de las relaciones bilaterales. Entre los días 7 y 16 de agosto de 2025, tuvo lugar la III Edición del evento sobre las relaciones entre Cuba y la República de Corea, junto a los investigadores del CIPI. Las ponencias presentadas estuvieron integradas en dos paneles: uno dedicado a la cooperación y la AOD y otro a la agricultura.
En las diversas intervenciones se hizo énfasis en el papel del bloqueo económico comercial y financiero de Estados Unidos y su impacto en la situación actual que atraviesa Cuba. Se expresó el interés en la colaboración y superación de estos obstáculos, siendo la agricultura una de las esferas esenciales para desarrollar proyectos de cooperación.
Hay coincidencia en la identificación del sector agrícola en su estrecho vínculo con la academia, lo que potencia el papel de la ciencia en la búsqueda de un desarrollo sostenible, como un eje para el desarrollo de las relaciones entre ambos países a partir del cual puede transitarse hacia otras áreas. En este sentido, la Asistencia Oficial al Desarrollo en programas de este tipo por parte de la República de Corea es de gran relevancia para poder evadir el bloqueo, al utilizar los diversos mecanismos multilaterales y promoviendo la cooperación triangular.
Es importante destacar que los resultados de investigaciones e intercambios académicos desarrollados en este y otros temas han propiciado que ALADAA se haya convertido también en una plataforma para conectar diversas experiencias que trascienden el área de las ciencias sociales, algo que tradicionalmente caracterizó el ámbito de trabajo de la organización, hacia experiencias de aplicación práctica o asesoría en otros sectores.
En ese sentido, desde el 2022 se han desarrollado investigaciones conjuntas en temáticas relativas a la cooperación ambiental, en temas costeros, la variable del turismo, la cultura y la agricultura como espacios de acercamiento. De ahí que ALADAA no solo apoye estas oportunidades, sino que participe a través de la creación de espacios de intercambio y promoción de oportunidades. Esas acciones se han desarrollado en espacios como la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) o de la Agencia para la Promoción del Comercio y la Inversión de Corea (KOTRA), aprovechando que reúne a muchos de los conocedores de la historia, política, economía asiática y en especial profundice los estudios sobre la RC en particular, así como de toda la Península Coreana que incluye a la RPDC, históricamente cercana a Cuba.
Otros de los encuentros sostenidos entre miembros de ALADAA con importantes instituciones coreanas para los vínculos con Latinoamérica y especialmente con Cuba han sido con el KCLA. Así también tuvo lugar un encuentro con la Asociación de Amistad y Cultura Corea del Sur-Cuba (ACCA), la Asociación de Intercambio Corea del Sur-Cuba y la Universidad Busan de Estudios Internacionales.
Entre los intercambios celebrados destaca el realizado durante la visita en agosto de 2025 al Centro de Corea del Sur del movimiento Saemaul Undong7. Este movimiento tuvo como objetivo darle al pueblo un sentimiento de equilibrio entre la ciudad y el campo. Dicha iniciativa expresa lecciones para procesos de transformación y desarrollo desde la localidad. La colaboración con Saemaul Undong resulta significativa debido a su alcance global, así como la participación de 46 países miembros, incluyendo algunos de estrechos vínculos con Cuba y de sistemas sociopolíticos socialistas como Laos y Vietnam.
Los temas culturales también han tenido un papel significativo en los intercambios Cuba-Corea. El interés cada vez más creciente de los jóvenes cubanos por el K-pop y la cultura coreana en general así como el idioma, es un hecho que encuentra espacio en las actividades promovidas por ALADAA. Por tanto, desde 2021, ALADAA-Cuba ha desarrollado acercamientos con los grupos de estudios coreanos de México, Colombia, Argentina y Chile, mediante los cuales se han organizado encuentros con académicos de diferentes universidades y jóvenes estudiantes coreanos.
En muy poco tiempo se podría calificar de “disparo” lo que ha sucedido en las relaciones entre La Habana y Seúl. Sin dudas, la labor desarrollada por las instituciones y los profesionales que han canalizado los objetivos, acciones y dirección de ALADAA forma parte del auge de estos vínculos, aunque sea en una pequeña proporción. Los espacios propiciados desde su seno han permitido fortalecer lazos oportunos, no solo en el camino hacia el desarrollo sostenible con el cual ambos países están comprometidos, sino también en la construcción de relaciones perdurables.
Referencias
bibliográficas
NOTAS
