El inicio del 2026 ha estado marcado por una combinación de crisis acumuladas y evidentes tensiones que atraviesan el sistema internacional. Crecen los debates sobre hegemonismo y las transformaciones estructurales que llevan a la reconfiguración del orden mundial actual. En este contexto, nuestra Revista Científica Universitaria Ad Hoc se reafirma como un espacio para el análisis crítico de las dinámicas de poder, los conflictos internacionales y la emergencia de nuevos actores y alternativas desde diferentes regiones.
El 2025 fue un año de importantes logros para nuestra revista. Se fortaleció el trabajo editorial y se consolidaron nuevas secciones para abrir el marco de posibilidades a la comunidad de autores que elige compartir sus resultados investigativos en esta plataforma.
Destacamos el reconocimiento institucional y un mayor alcance de nuestras publicaciones, tanto dentro como fuera de Cuba, a lo que incorporamos recientemente la indexación en LatinRev. Estos avances reflejan nuestro compromiso con la calidad académica, el rigor y la ética como espacio para todo público estudiantil o profesional apasionado por la ciencia política.
Los números anteriores han demostrado interés por problemáticas clave de la actualidad, con especial énfasis en el Sur Global y el estudio interdisciplinario de las relaciones internacionales. Este año, en aras de mantener este enfoque, Ad Hoc se propone perfeccionar la transparencia y las pácticas editoriales responsables, al tiempo que busca continuar promoviendo la investigación desde distintas corrientes teóricas y ampliar el diálogo sobre procesos regionales y globales entre la academia y la sociedad.
Sobre esta línea, la primera entrega del volumen 7 incluye 8 manuscritos que exploran, desde diferentes perspectivas, los retos para el sistema internacional. Abren el número dos escritos especiales; el primero, una carta editorial que invita a la concientización sobre la guerra híbrida y el papel de las redes sociales en tiempos de conflictos; el segundo, un análisis esclarecedor de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos días antes de los sucesos del 3 de enero.
A continuación, la sección “El Mundo de Hoy” nos trae tres artículos que analizan interesantes temáticas en distintas naciones que han resultado el foco de varios debates durante los últimos años. Por un lado, se examinan los principales avances en las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel; por otro, la política energética de Estados Unidos y la presión que ejercen los lobbies de hidrocarburos en las regulaciones ambientales; por último, el papel desempeñado por Turquía como mediador en el conflicto ruso-ucraniano.
Los siguientes dos trabajos permiten examinar el campo de la digitalización y el desafío que representa esta para la gobernanza global. Primeramente, el debate se abre en el ámbito económico, con el análisis del marco regulatorio estadounidense en materia de criptomonedas bajo la actual administración y sus efectos en los mercados de criptoactivos. Le sigue un estudio enfocado en la irrupción de la inteligencia artificial y la necesidad de establecer un régimen jurídico internacional que regule su uso en la ciencia global.
Finalmente, cierra nuestra entrega de enero la sección de proyectos estudiantiles. Esta vez, el artículo presenta el sistema de Modelo de Naciones Unidas y su importancia como ejercicio académico para el desarrollo de habilidades diplomáticas y competencia lingüística, específicamente en el caso ORBIS.
El equipo editorial invita a la comunidad académica y científica a la lectura reflexiva de los trabajos presentados, así como a enviar sus manuscritos para pensar y difundir juntos el conocimiento crítico sobre relaciones internacionales. Que este primer número de 2026 llegue a todos como una ventana al análisis del contexto global actual.
Asimismo, la Revista Ad Hoc agradece a quienes han acompañado y hecho posible sus publicaciones: contribuyentes, árbitros, editores y asesores, fundamentalmente del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI). Continuemos divulgando ciencia juntos.
Seguidamente, se encuentra el texto “Pragmatismo y seguridad. La política exterior de China hacia Afganistán (1979-2021)”, del licenciado Silvio Javier Jiménez Sánchez. Se trata de un análisis de los rasgos fundamentales de los vínculos entre ambas naciones asiáticas, marcados por un conflicto armado y sus implicaciones para la seguridad nacional y regional.
Finalmente, cierran el número las licenciadas en Relaciones Internacionales Yeleinis Esther Figueredo González y Yasmín Fagundo Alonso, con la sección “A la luz del Derecho Internacional”. Su trabajo, “El conflicto por la soberanía del Ártico: Estados Unidos vs. Rusia ante el Derecho del Mar (2000-2001)”, evalúa el marco jurídico internacional aplicable al Ártico y su papel en la estabilidad de las relaciones marítimas internacionales, con énfasis en las reclamaciones territoriales de Rusia y Estados Unidos durante los años de estudio.
El Comité Editorial de la Revista Ad Hoc aprovecha esta nota para agradecer a los especialistas del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) y profesores del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI) por su apoyo en la revisión de los manuscritos aquí presentados.
nOTA EDITORIAL
análisis esclarecedor de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos días antes de los sucesos del 3 de enero.
A continuación, la sección “El Mundo de Hoy” nos trae tres artículos que analizan interesantes temáticas en distintas naciones que han resultado el foco de varios debates durante los últimos años. Por un lado, se examinan los principales avances en las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel; por otro, la política energética de Estados Unidos y la presión que ejercen los lobbies de hidrocarburos en las regulaciones ambientales; por último, el papel desempeñado por Turquía como mediador en el conflicto ruso-ucraniano.
Los siguientes dos trabajos permiten examinar el campo de la digitalización y el desafío que representa esta para la gobernanza global. Primeramente, el debate se abre en el ámbito económico, con el análisis del marco regulatorio estadounidense en materia de criptomonedas bajo la actual administración y sus efectos en los mercados de criptoactivos. Le sigue un estudio enfocado en la irrupción de la inteligencia artificial y la necesidad de establecer un régimen jurídico internacional que regule su uso en la ciencia global.
Finalmente, cierra nuestra entrega de enero la sección de proyectos estudiantiles. Esta vez, el artículo presenta el sistema de Modelo de Naciones Unidas y su importancia como ejercicio académico para el desarrollo de habilidades diplomáticas y competencia lingüística, específicamente en el caso ORBIS.
El equipo editorial invita a la comunidad académica y científica a la lectura reflexiva de los trabajos presentados, así como a enviar sus manuscritos para pensar y difundir juntos el conocimiento crítico sobre relaciones internacionales. Que este primer número de 2026 llegue a todos como una ventana al análisis del contexto global actual.
Asimismo, la Revista Ad Hoc agradece a quienes han acompañado y hecho posible sus publicaciones: contribuyentes, árbitros, editores y asesores, fundamentalmente del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI). Continuemos divulgando ciencia juntos.
Grettel Gómez García
Directora Ejecutiva de la Revista Científica Universitaria Ad Hoc
Recibido: 20 de noviembre de 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 14 de enero de 2026
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Massó Zayas, L.A. y Gallego Sánchez, J.A. (2026). Guerra híbrida y desinformación en redes sociales: aproximaciones analíticas a conflictos contemporáneos. Revista Científica Universitaria Ad Hoc 7 (1), 7-11.
Estimado Editor:
En el actual entorno informativo digital, las redes sociales digitales, que operan como infraestructuras de difusión, amplificación y validación de narrativas, se han consolidado como un componente estructural de la denominada guerra híbrida. Esta última se entiende como la combinación de herramientas militares, políticas, económicas y comunicacionales orientadas a influir sobre contextos de conflicto sin recurrir necesariamente a enfrentamientos armados directos (Atlantic Council, 2025; International Crisis Group, 2024).
A diferencia de los conflictos interestatales tradicionales, este tipo de confrontación se desarrolla de manera difusa, persistente y transversal. Afecta no solo a los actores directamente involucrados, sino también a las sociedades que consumen y reproducen información en espacios digitales.
En regiones como Oriente Medio y el Sahel, caracterizadas por dinámicas de inestabilidad prolongada, gobernanza fragmentada y alta penetración de tecnologías móviles, las plataformas digitales se han convertido en espacios centrales de disputa simbólica y narrativa (United Nations Office on Drugs and Crime, 2024). Desde una perspectiva analítica, este fenómeno plantea interrogantes fundamentales sobre la relación entre comunicación digital, percepción pública y estabilidad política (Pew Research Center, 2025).
La literatura reciente coincide en señalar que la desinformación constituye una herramienta estratégica utilizada, tanto por actores estatales como no estatales, para influir en audiencias nacionales e internacionales (Newman et al., 2025; Woolley & Howard, 2025). Sin embargo, resulta metodológicamente relevante subrayar que estas prácticas no se restringen a un único actor, ideología o bloque geopolítico. Por el contrario, forman parte de un repertorio cada vez más extendido en conflictos contemporáneos, donde la competencia por la atención y la credibilidad se convierte en un recurso estratégico en sí mismo (Atlantic Council, 2025).
Informes institucionales documentan la existencia de campañas coordinadas que combinan información verificable con contenidos engañosos, que aprovechan la arquitectura algorítmica de las plataformas digitales para maximizar su alcance y persistencia (European External Action Service, 2025). En términos éticos, este uso instrumental de la información plantea desafíos sustantivos sobre la responsabilidad de quienes producen, difunden y consumen contenidos en entornos digitales.
Desde esta óptica, las redes sociales digitales, entendidas como infraestructuras sociotécnicas, funcionan como amplificadores de influencia, al permitir la difusión masiva de narrativas simplificadas, emocionalmente cargadas y, en ocasiones, desconectadas de contextos empíricos complejos (Vosoughi et al., 2018). La evidencia sugiere que los contenidos que apelan a emociones intensas, como el miedo, la indignación o la humillación, tienden a circular con mayor rapidez que aquellos basados en análisis matizados o información contextualizada.
En el Sahel, por ejemplo, diversos estudios describen la circulación de discursos críticos hacia la presencia de actores externos, en un entorno marcado por la debilidad de los sistemas mediáticos locales y altos niveles de consumo de las plataformas digitales de redes sociales entre poblaciones jóvenes (International Crisis Group, 2024; Sánchez, 2025). De manera comparable, en Oriente Medio se han identificado campañas que promueven interpretaciones conspirativas de la dinámica regional, lo que contribuye a la desconfianza hacia actores políticos, medios de comunicación e instituciones internacionales (Rodríguez, 2025; Torres, 2025).
No obstante, desde una perspectiva ética y analítica, resulta fundamental evitar lecturas reduccionistas que atribuyan la eficacia de la desinformación únicamente a la acción de actores externos. La recepción y reproducción de estos contenidos está profundamente mediada por condiciones estructurales locales, como la exclusión social, la falta de confianza en las instituciones, la precariedad económica y las experiencias históricas de violencia o intervención extranjera.
La desinformación no crea tensiones desde cero, sino que tiende a explotar divisiones ya existentes , amplificando percepciones de agravio o injusticia en determinados sectores sociales. Reconocer esta interacción entre factores externos e internos permite una comprensión más equilibrada del fenómeno y evita interpretaciones normativas o moralizantes que simplifican su complejidad.
La inserción sistemática de contenidos engañosos o polarizantes en el ecosistema informativo tiene efectos acumulativos que pueden incidir, tanto en la esfera individual como en la colectiva (Newman et al., 2025). A nivel social, diversas investigaciones sugieren que la exposición reiterada a narrativas polarizantes puede debilitar el apoyo ciudadano a mecanismos de cooperación internacional y a alianzas políticas o militares, así como intensificar fracturas identitaria previas (North Atlantic Treaty Organization, 2022; Pew Research Center, 2025). A nivel individual, la normalización de discursos hostiles y la sobre exposición a información contradictoria pueden generar fatiga informativa, cinismo político o retraimiento del debate público. Desde un punto de vista ético, estos efectos plantean interrogantes sobre el derecho de las sociedades a un entorno informativo que favorezca la deliberación racional y el acceso a información contextualizada.
Asimismo, el uso de cuentas automatizadas, bots y redes coordinadas contribuye a distorsionar el debate público, particularmente en contextos de fragilidad institucional y baja alfabetización mediática (United Nations Office on Drugs and Crime, 2024). Estas prácticas no solo alteran la percepción de consensos sociales, sino que también dificultan la identificación de voces auténticas dentro del espacio digital.
Sin embargo, la automatización y el uso de algoritmos no son intrínsecamente problemáticos; su impacto depende de los fines perseguidos, los marcos regulatorios existentes y el grado de transparencia con el que operan. Desde una ética de la tecnología, el desafío radica en equilibrar la innovación digital con la necesaria protección de la integridad del debate público, la transparencia informativa y la rendición de cuentas.
En este escenario, el análisis académico de la guerra híbrida y la desinformación requiere enfoques comparativos, interdisciplinarios y basados en evidencia empírica (European Commission, 2025). Más que atribuir responsabilidades de manera unilateral, resulta pertinente examinar los mecanismos, condiciones y efectos de estas prácticas en distintos contextos regionales, atendiendo tanto a las estrategias de los emisores como a las capacidades críticas de las audiencias.
Desde el punto de vista de los autores, una aproximación ética al fenómeno implica reconocer que la lucha contra la desinformación no puede limitarse a la censura o a la supresión de contenidos. Estas medidas pueden entrar en tensión con principios fundamentales como la libertad de expresión y el pluralismo informativo.
Variables como la alfabetización mediática, el fortalecimiento del periodismo profesional y la cooperación internacional en materia de gobernanza digital, emergen como elementos centrales para comprender y, eventualmente, mitigar el impacto de la desinformación en los conflictos contemporáneos (Newman et al., 2025; Woolley & Howard, 2025). Desde una perspectiva ética, estas estrategias no deben orientarse a imponer narrativas oficiales, sino a ampliar la capacidad de las sociedades para evaluar críticamente la información, distinguir entre hechos y opiniones, y contextualizar los mensajes que circulan en el entorno digital. En última instancia, la guerra híbrida y la desinformación plantean menos un problema de “enemigos externos” que un desafío estructural para las democracias, los sistemas mediáticos y la convivencia social en un mundo interconectado.
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
Recibido: 4 de enero de 2026
Conflicto de Inereses:
El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aceptado: 13 de enero de 2026
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por el autor, quien otorga a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. El autor podrá establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Rosés Pérez, A. (octubre de 2025). Monroísmo renovado: qué revela el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7 (1), 12-19.
El siguiente artículo corresponde a un análisis previo a los sucesos del 3 de enero de 2026.
La exhibición de buques y efectivos militares estadounidenses en el Mar Caribe, con maniobras de ataques y allanamientos extrajudiciales sobre diversas embarcaciones, ha trastocado el escenario geopolítico regional en el último semestre del 2025. Bajo el supuesto de una amplificación de los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos (EE.UU.) ha tomado un grupo de medidas de carácter intimidatorio para maximizar las presiones sobre Venezuela y entablar una relación más avasalladora con gobiernos latinoamericanos y caribeños. Se trata de la expresión más clara hasta el momento del nuevo Corolario Trump: la actualización de la Doctrina Monroe como dispositivo de seguridad estadounidense.
Luego de que la Casa Blanca ampliara las prerrogativas del Pentágono para supuestamente combatir a los cárteles de la droga en agosto pasado, se han estacionado en el Caribe –mayormente frente a las costas venezolanas- unos 15 000 soldados, 12 buques de guerra -destructores, portahelicópteros y cruceros con misiles guiados-, 1 portaviones de propulsión nuclear, 1 submarino de ataque y más de una decena de medios aéreos (Ledur y George, 2025). Este despliegue, a todas luces desproporcionado y poco eficaz para acciones contra el narcotráfico, constituye la mayor concentración de fuerzas militares de Estados Unidos en la región desde la intervención multinacional en Haití de 1994 (Operación Uphold Democracy) y muestra un amplio trasfondo geopolítico.
Se conoce que, desde septiembre hasta la fecha, los misiles de estos buques en el Caribe han eliminado 11 lanchas con 48 personas que supuestamente transportaban cocaína hacia territorio estadounidense. A ello se suma la liquidación de otras 16 lanchas en estos meses por parte de otros activos militares del Comando Sur en el Pacífico Oriental, que elevan la cifra total de muertos a 104 en el marco de la llamada Operación Lanza del Sur (Southern Spear) (Associated Press News, 2025). Son ataques que, en clara contravención del Derecho Internacional, revelan una aplicación arbitraria y desmedida de la fuerza sin siquiera demostrar algún tipo de efectividad en el cumplimiento de sus objetivos declarados.
Desde un inicio, Venezuela ha sido el mayor foco de atención y eventualmente el actor más amenazado por estas acciones. Estados Unidos bajo Trump ha revigorizado la narrativa hegemónica contra el gobierno bolivariano, al que incrimina por supuestos vínculos con el narcotráfico. La cercanía de los buques a las costas del país sudamericano y las agresivas conminaciones a Nicolás Maduro a abandonar el poder han aumentado las tensiones bilaterales y plantean con cada vez más fuerza la posibilidad de producirse una incursión militar sobre territorio venezolano.
En este mes de diciembre, en uno de los capítulos más graves de esta confrontación, Donald Trump anunció un “bloqueo total” sobre los barcos sancionados que entraran o salieran de Venezuela, y se ha reportado la incautación ilegal -secuestro de facto- de 2 buques petroleros cargados de dos millones de barriles de crudo que operaban en el comercio energético venezolano (Seisdedos y Singer, 2025). Se trata de un hecho sin precedentes en la región, tildado de “piratería” por Caracas y otros actores, que amplifica aún más la política de máxima presión contra el país sudamericano.
De manera general, se aprecian dos dimensiones fundamentales en este nuevo militarismo estadounidense en el Caribe: supone una agudización de la estrategia de “cambio de régimen” contra Venezuela y, a su vez, se corresponde con los esfuerzos de Washington por afianzar su poderío geopolítico en América Latina y el Caribe y reconfigurar su relacionamiento con la región.
Del narcotráfico al robo de petróleo: cómo se fabrica la narrativa sobre Venezuela
El esfuerzo por remover a Nicolás Maduro de la presidencia venezolana marcó una de las principales líneas de acción del primer gobierno de Trump (2017-2021) hacia América Latina y el Caribe, en el que se configuraron las vigentes sanciones económicas y una política regional de aislamiento diplomático sobre Caracas. Tras un relativo impasse durante los años de Biden, la nueva administración republicana y el protagonismo adquirido por Marco Rubio como Secretario de Estado han determinado que se editen nuevos escenarios de máxima presión sobre Venezuela.
En tal sentido, este despliegue devenido en cerco naval marca uno de los puntos más álgidos en las políticas de cambio de régimen sobre el país sudamericano –implementadas, al menos, desde los años finales del gobierno de Obama. La narrativa que acompaña a estas acciones alega que la caída del gobierno bolivariano eliminaría a un actor involucrado en el tráfico de drogas en la región y permitiría recuperar recursos y activos “anteriormente robados” a Estados Unidos.
La lucha contra el narcotráfico ha sido instrumentalizada recurrentemente en las estrategias panamericanistas de Washington desde Richard Nixon para fortalecer su presencia militar en América Latina y el Caribe y asegurar el alineamiento de actores regionales a sus intereses. El gobierno de Donald Trump, por su parte, ha repotenciado el uso de este argumento en sus proyecciones hemisféricas y lo ha utilizado para intentar dotar de legitimidad a su intentona belicista en el Caribe.
La actual administración republicana ha elaborado una narrativa para presentar a Venezuela como un “narco-estado”, alegando una supuesta articulación de su gobierno y sus instituciones con estructuras criminales para la producción y envío de drogas a territorio estadounidense. Para ello, Trump y Rubio apuntan al Tren de Aragua y el Cártel de los Soles como las bases de una de las “redes de tráfico de cocaína más grande del mundo”, cuyo liderazgo le es atribuido a Nicolás Maduro y otros altos cargos del gobierno bolivariano (Arlachi, 2025).
Estas acusaciones, sin embargo, contrastan con las informaciones ofrecidas por las principales autoridades en la lucha anti-narcóticos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD o UNODC, por sus siglas en inglés), en su informe de 2025, notificó que en los últimos 15 años Venezuela se habría consolidado como un país libre de cultivo ilícito de estupefacientes, y que solamente un 5% de la cocaína producida en Colombia en 2024 había intentado transitar por territorio venezolano (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2025). La DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no ofrece datos que respalden las declaraciones de Washington en contra de Caracas y no coloca al país sudamericano como un actor relevante en las rutas de ingreso de dicha sustancia a territorio estadounidense (Misión Verdad, 2025b).
Llegado este punto, es evidente la intencionalidad política que subyace tras estas incriminaciones, y también es muestra de ello el protagonismo que se otorga en esta trama al Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, designados por Washington como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, en inglés) y peligros para su seguridad nacional (The White House, 2025). En el caso del primer grupo, si bien se ha reportado que sus operaciones se extienden a otros países del continente y algunos estados de EE.UU. -aunque Venezuela alega que ha sido parcialmente desmantelado en su territorio-, el mismo no ostenta una estructura consolidada que se compare con alguna de las principales organizaciones criminales de México o Colombia, ni representa tal amenaza para algún gobierno (Quesada, 2025).
Por su parte, el Cártel de los Soles no posee una existencia real, sino que se corresponde más bien con una etiqueta periodística usada desde los años 90 para hacer referencia a casos de corrupción y clientelismo dentro del estamento militar venezolano. El Departamento de Justicia ha utilizado esta idea para lanzar condenas judiciales contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Sin embargo, no se han comprobado conexiones verídicas entre altos mandos del gobierno y el ejército de Venezuela con el tráfico de drogas (Ferrer, 2025).
Más recientemente en diciembre, Donald Trump ha intentado justificar el mencionado bloqueo naval como una acción que busca que Caracas “devuelva” a Estados Unidos el petróleo y las tierras que, según él, les fueron expropiadas ilegalmente (CNN en español, 2025). A la par, el Asesor de Seguridad Interna, Stephen Miller, catalogó las nacionalizaciones de la industria petrolera venezolana en 1976 y 2007 como “el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense” (Swiss Info, 2025). En ambos casos se trata de afirmaciones distorsionadas que desconocen la legitimidad y legalidad con la que se realizaron estos procesos.
Estas alocuciones sugieren un cambio de enfoque interesante en la narrativa estadounidense hacia Venezuela. El argumento de la lucha contra el “narcoterrorismo” comienza a ser sustituido por una proclama unilateral en favor de apoderarse de los recursos energéticos del país sudamericano. La Casa Blanca se sincera sobre uno de los principales motivos que subyacen detrás de una década de sanciones contra Caracas.
La reivindicación del petróleo venezolano conecta más directamente con uno de los principales objetivos planteados en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, publicada el pasado 4 diciembre: reforzar el control sobre los minerales estratégicos de América Latina y el Caribe (Misión Verdad, 2025a). Se puede entender que, con este nuevo enfoque, Estados Unidos se estaría planteando recuperar su acceso en condiciones muy favorables al petróleo venezolano, que ha disminuido en los últimos años como resultado de las propias sanciones estadounidenses. Sin embargo, Washington entiende también que este regreso, para que sea verdaderamente ventajoso, solo puede producirse con un nuevo interlocutor en el gobierno venezolano, por lo que podría estar acelerando sus operaciones de cambio de régimen en este país.
Cambio de régimen en Venezuela: ¿Es este el momento?
Dadas las inconsistencias en las justificaciones de Estados Unidos en torno al despliegue, no pocos analistas han venido planteando desde agosto la posibilidad de que se produzca una agresión armada para poner fin a la Revolución Bolivariana. Esta opción, sin embargo, encuentra determinados inconvenientes para Washington, los que generan todavía mucho escepticismo al momento de estimar sus probabilidades reales.
Lo primero a señalar es que asegurar el éxito de una operación de este tipo en un país como Venezuela no sería nada sencillo. Se trata de una nación con importantes capacidades militares y demográficas, una geografía extensa y variada y un poder central bien consolidado. Estos elementos, junto a los apoyos que Caracas pudiera recibir de sus aliados geopolíticos en China, Rusia e Irán, complejizarían de gran manera este posible enfrentamiento y obligarían a Estados Unidos a emplearse a fondo, con un alto riesgo de generar una crisis humanitaria en la región.
Es posible también que una intervención militar tenga costos políticos que el gobierno estadounidense pudiera no estar dispuesto a asumir. El despliegue, y específicamente los ataques contra las lanchas de supuestos narcotraficantes, han tenido un impacto negativo en el Congreso, que complejiza la agenda legislativa de Trump (Misión Verdad, 2025c). En la esfera diplomática, la ausencia de argumentos legítimos podrían hacer que una acción de este tipo afecte la credibilidad del gobierno estadounidense de cara a gobierno de dentro y fuera del área regional.
No obstante, se hace notar que la postura belicista de un grupo de actores de peso en la política exterior estadounidense, donde destacan Marco Rubio y Stephen Miller, determina que no pueda descartarse una agresión militar hacia Venezuela, que estaría precedida por la fabricación de un casus belli. La imprevisibilidad que ha caracterizado a la política exterior de la administración Trump y el continuo deterioro de la situación obligan a considerar dicha opción hasta último momento.
También, como en otros contextos, el despliegue militar se correspondería con la intención de la Casa Blanca de buscar un cambio de régimen en Venezuela de manera indirecta. Las presiones políticas y económicas, generadas por el bloqueo naval y las tentativas de un ataque, podrían forzar la salida de Nicolás Maduro del poder en un escenario de ingobernabilidad interna. Es una opción que, teniendo en cuenta la debilidad actual de la oposición venezolana, solo sería posible con la implicación de sectores a lo interno del chavismo y de las fuerzas armadas.
Hasta el momento, como ha sido la norma en el proceso bolivariano, no se aprecian señales de debilidad en la alianza monolítica construida entre la dirección política y el alto estamento militar venezolano. Tampoco parece haber condiciones reales para que en el corto plazo se genere un episodio de inestabilidad social que conduzca a la caída del gobierno bolivariano. Sin embargo, es necesario prestar atención a la situación económica de Venezuela y los posibles perjuicios ocasionados por el decomiso de nuevos cargamentos de petróleo.
La geopolítica de fondo
Ante el contexto de la situación la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas también debe ser analizada por su correspondencia con los objetivos geopolíticos de Washington en América Latina y el Caribe. Como se hizo patente en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, la actual administración republicana, a la vez que reconoce el declive hegemónico global estadounidense, está promoviendo con más énfasis una renovación de la Doctrina Monroe. En este contexto, Washington incrementa su accionar en la región para fortalecer su poder hemisférico y limitar la presencia de actores externos.
Esta nueva ofensiva estadounidense se realiza en términos notablemente más agresivos. Se aprecia un carácter virulento en las actuales políticas de la Casa Blanca hacia el sur de sus fronteras, donde destacan las presiones comerciales y arancelarias, las amenazas de tomar control sobre el Canal de Panamá y el aumento de las confrontaciones con gobiernos de izquierda. En este sentido, el posicionamiento de buques y efectivos en el Mar Caribe es visto como una proyección del poderío militar estadounidense y un nuevo peldaño en las relaciones de coacción que Washington pretende establecer con los Estados latinoamericanos y caribeños.
Más allá de las presiones sobre Venezuela, el despliegue de Estados Unidos cumple con su objetivo de definir aliados, disciplinar posibles disidencias y reprimir posiciones en algún sentido contrapuestas a sus intereses. Actores como Trinidad y Tobago, Guyana y República Dominicana, a riesgo de debilitar consensos regionales, han optado por establecer -o fortalecer- diferentes grados de cooperación con el Comando Sur en el contexto de estas operaciones, en un intento de obtener condiciones más ventajosas ante la diplomacia transaccional (intercambios concretos) ejercida por la administración Trump. Gobiernos “contestatarios”, como lo ha sido el de Gustavo Petro en Colombia de cara a estas acciones, afrontan consecuencias económicas y la posibilidad de recibir diferentes tipos de sanciones con un impacto considerable para su gobernabilidad (France24, 2025). A un lado, otros países optan por mantener una posición de bajo perfil sobre esta cuestión en el escenario político-diplomático, que les evitaría posibles perjuicios en la relación con Washington.
En tales condiciones, Estados Unidos encuentra una situación más favorable para hacer avanzar puntos de su agenda geopolítica en un contexto de transición del orden internacional. El despliegue militar en el Caribe, como expresión físico-concreta más palpable de estas nuevas relaciones de coacción sobre los gobiernos latinoamericanos y caribeños, permite levantar barreras a Washington en sus objetivos de limitar la presencia económica de China, reconfigurar la seguridad hemisférica y asegurar su primacía sobre los espacios de disputa geoeconómica en su tradicional esfera de influencia.
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
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CNN en español. (17 de diciembre de 2025). Trump insiste en que Venezuela le quitó derechos a EE.UU. y dice que los quiere de vuelta. https://cnnespanol.cnn.com/2025/12/17/eeuu/trump-venezuela-derechos-petroleros-estados-unidos-efe
Ferrer, E. (8 de septiembre de 2025). El Cartel de los Soles: cómo se utiliza una narrativa para impulsar un cambio de régimen. Guacamaya. https://guacamayave.com/el-cartel-de-los-soles-como-se-utiliza-una-tendencia-para-impulsar-un-cambio-de-regimen/
France24. (19 de octubre de 2025). Trump llama a Petro “líder del narcotráfico” y anuncia fin de ayuda financiera a Colombia. https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20251019-trump-llama-a-petro-l%C3%ADder-del-narcotr%C3%A1fico-y-anuncia-fin-de-ayuda-financiera-a-colombia
Ledur, J. y George, S. (17 de diciembre de 2025). These are the U.S. ships and aircraft massing off Venezuela. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/2025/11/01/venezuela-us-military-aircraft-carrier-ships-strikes-caribbean-trump-maduro/
Misión Verdad. (6 de diciembre de 2025a). El giro hemisférico en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. https://misionverdad.com/globalistan/el-giro-hemisferico-en-la-nueva-estrategia-de-seguridad-nacional-de-eeuu.
Misión Verdad. (17 de septiembre de 2025b). La falsedad como política antonarcótica: Venezuela en la lista negra de Washington. https://misionverdad.com/venezuela/la-falsedad-como-politica-antinarcotica-venezuela-en-la-lista-negra-de-washington.
Misión Verdad. (17 de diciembre de 2025c). La recolonización de Venezuela: las nuevas formas de huir hacia adelante de los EEUU. https://misionverdad.com/venezuela/la-recolonizacion-de-venezuela-las-nuevas-formas-de-huir-hacia-adelante-de-los-eeuu.
Quesada, J. D. (30 de marzo de 2025). Verdad, mentira y mito sobre el Tren de Aragua. El País. https://elpais.com/2025-03-30/verdad-mentira-y-mito-sobre-el-tren-de-aragua.html.
Seisdedos, I. y Singer, F. (20 de diciembre de 2025). Estados Unidos intercepta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela. El País. https://elpais.com/america/2025-12-20/estados-unidos-intercepta-un-buque-frente-a-las-costas-de-venezuela.html.
Swiss Info. (17 de septiembre de 2025). La Casa Blanca afirma que la nacionalización petrolera de Vene zuela fue un “robo” a EE.UU. https://www.swissinfo.ch/spa/la-casa-blanca-afirma-que-la-nacionalizaci%C3%B3n-petrolera-fue-un-%22robo%22-a-ee.uu./90656685.
The White House. (20 de enero de 2025). Designating Cartels And Other Organizations As Foreign Terrorist Organizations And Specially Designated Global Terrorists. https://www-whitehouse-gov.translate.goog/presidential-actions/2025/01/designating-cartels-and-other-organizations-as-foreign-terrorist-organizations-and-specially-designated-global-terrorists/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc.
United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]. (2025). World Drug Report 2025: annex and key findings. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2025-annex.html.
fcd146ec2dda50735405627b68905197?utm.
CNN en español. (17 de diciembre de 2025). Trump insiste en que Venezuela le quitó derechos a EE.UU. y dice que los quiere de vuelta. https://cnnespanol.cnn.com/2025/12/17/eeuu/trump-venezuela-derechos-petroleros-estados-unidos-efe
Ferrer, E. (8 de septiembre de 2025). El Cartel de los Soles: cómo se utiliza una narrativa para impulsar un cambio de régimen. Guacamaya. https://guacamayave.com/el-cartel-de-los-soles-como-se-utiliza-una-tendencia-para-impulsar-un-cambio-de-regimen/
France24. (19 de octubre de 2025). Trump llama a Petro “líder del narcotráfico” y anuncia fin de ayuda financiera a Colombia. https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20251019-trump-llama-a-petro-l%C3%ADder-del-narcotr%C3%A1fico-y-anuncia-fin-de-ayuda-financiera-a-colombia
Ledur, J. y George, S. (17 de diciembre de 2025). These are the U.S. ships and aircraft massing off Venezuela. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/2025/11/01/venezuela-us-military-aircraft-carrier-ships-strikes-caribbean-trump-maduro/
Misión Verdad. (6 de diciembre de 2025a). El giro hemisférico en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. https://misionverdad.com/globalistan/el-giro-hemisferico-en-la-nueva-estrategia-de-seguridad-nacional-de-eeuu.
Misión Verdad. (17 de septiembre de 2025b). La falsedad como política antonarcótica: Venezuela en la lista negra de Washington. https://misionverdad.com/venezuela/la-falsedad-como-politica-antinarcotica-venezuela-en-la-lista-negra-de-washington.
Misión Verdad. (17 de diciembre de 2025c). La recolonización de Venezuela: las nuevas formas de huir hacia adelante de los EEUU. https://misionverdad.com/venezuela/la-recolonizacion-de-venezuela-las-nuevas-formas-de-huir-hacia-adelante-de-los-eeuu.
Quesada, J. D. (30 de marzo de 2025). Verdad, mentira y mito sobre el Tren de Aragua. El País. https://elpais.com/2025-03-30/verdad-mentira-y-mito-sobre-el-tren-de-aragua.html.
Seisdedos, I. y Singer, F. (20 de diciembre de 2025). Estados Unidos intercepta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela. El País. https://elpais.com/america/2025-12-20/estados-unidos-intercepta-un-buque-frente-a-las-costas-de-venezuela.html.
Swiss Info. (17 de septiembre de 2025). La Casa Blanca afirma que la nacionalización petrolera de Vene zuela fue un “robo” a EE.UU. https://www.swissinfo.ch/spa/la-casa-blanca-afirma-que-la-nacionalizaci%C3%B3n-petrolera-fue-un-%22robo%22-a-ee.uu./90656685.
The White House. (20 de enero de 2025). Designating Cartels And Other Organizations As Foreign Terrorist Organizations And Specially Designated Global Terrorists. https://www-whitehouse-gov.translate.goog/presidential-actions/2025/01/designating-cartels-and-other-organizations-as-foreign-terrorist-organizations-and-specially-designated-global-terrorists/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc.
United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]. (2025). World Drug Report 2025: annex and key findings. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2025-annex.html.
connect/403edb0044639570ad11bde307648e49/EEE19-badillo-politicas-publicas-accion-cultura-lexterior-espana+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=403edb0044639570ad11bde307648e49
• Prensa Latina. (25 de octubre de 2023). Cuba presente en encuentro regional de educación y cultura. https://archivo.prensa-latina.cu/2023/10/25/cuba-presente-en-encuentro-regional-de-educacion-y-cultura
• Méndez Reyes, E. (2018). Diplomacia Cultural. Aproximación al concepto: y apuntes sobre el modelo de diplomacia cultural en España. Revista de Gestión Cultural. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/114280/10816-42180-1-PB.pdf?sequence=1
• Noya, J. (2007). Diplomacia pública para el siglo XXI. Barcelona: Ariel. ISBN: 978843440004
• Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Succes in World Politics. https://www.academia.edu/28699788/Soft_Power_the_Means_to_Success_in_World_Politics_Joseph_S_Nye_Jr
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023a, 20 de enero de 2023). Visita del antropólogo francés Máxime Toutain a Quisicuaba. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
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Prensa Latina. (25 de octubre de 2023). Cuba presente en encuentro regional de educación y cultura. https://archivo.prensa-latina.cu/2023/10/25/cuba-presente-en-encuentro-regional-de-educacion-y-cultura
Méndez Reyes, E. (2018). Diplomacia Cultural. Aproximación al concepto: y apuntes sobre el modelo de diplomacia cultural en España. Revista de Gestión Cultural. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/114280/10816-42180-1-PB.pdf?sequence=1
Noya, J. (2007). Diplomacia pública para el siglo XXI. Barcelona: Ariel. ISBN: 978843440004
Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Succes in World Politics. https://www.academia.edu/28699788/Soft_Power_the_Means_to_Success_in_World_Politics_Joseph_S_Nye_Jr
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023a, 20 de enero de 2023). Visita del antropólogo francés Máxime Toutain a Quisicuaba. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Bibliografía
NOTAS
Canadá, Alemania, Comisión Europea, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza.
El GAFIC surgió como resultado de las reuniones convocadas en Aruba, en mayo de 1990, y en Jamaica, en noviembre de 1992. Fue creado con el objetivo de lograr la aplicación efectiva y el cumplimiento de las diecinueve Recomendaciones particularmente elaboradas por ellos, así como las Cuarenta Recomendaciones del GAFI. Hacia el año 2000, su membresía estaba compuesta por: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.
El PC-R-EV fue creado por interés del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en coordinación con el GAFI, con el fin de llevar a cabo ejercicios de autoevaluación y evaluación mutua de las medidas contra el LA vigentes en los veintidós países del Consejo de Europa que al momento no contaban con membresía en el GAFI.
El GAP estuvo compuesto inicialmente por Australia, Bangladesh, Taipei Chino, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, República Popular China, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Estados Unidos y Vanuatu (FATF, 1997, p. 25).
En 1997, se desarrolló la Primera Conferencia sobre Blanqueo de Dinero en África Austral y Oriental. Como consecuencia de esta última, y como resultado de una Reunión de Ministros y Representantes de Alto Nivel, celebrada en Arusha, Tanzania, los días 26 y 27 de agosto de 1999, se logró la creación del ESAAMLG, coordinado inicialmente por Tanzania y con una composición de catorce Estados miembros de la región: Botsuana, Kenia, Lesoto, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue (FATF, 1997, p. 25).
Al momento de su creación el GAFISUD estuvo compuesto por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Entre las organizaciones con las que intercambió el GAFI en el periodo 2001-2011 se encuentran: Banco Africano de Desarrollo, Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, el Banco Central Europeo (BCE), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA/CICTE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El GEA fue creado en Moscú, el 6 de octubre de 2004, con una composición inicial de seis países miembros: Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, la República Popular China, la Federación Rusa y Tayikistán.
El MENAFATF, se fundó en Manama (Bahrein), el 30 de noviembre de 2004, con una composición inicial de 14 países miembros: Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Túnez y Yemen.
El EBR exige que los países adapten su sistema ALA/CFT a la naturaleza de sus riesgos particulares, permite aplicar medidas reforzadas cuando los riesgos sean mayores y medidas simplificadas cuando sean menores. Como resultado, los países podrán optimizar sus recursos para detectar delitos financieros, adoptar medidas coercitivas y aplicar medidas preventivas que correspondan a los riesgos de sectores o actividades concretos. (FATF, 2012, p. 16) Dicho enfoque abarca no solo las instituciones financieras de los países, sino también las APNFD, sí realizan prestación de servicios financieros, por lo que están sujetas a las Recomendaciones del GAFI (Gómez, 2022, p. 42).
El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre entidades, actualmente conocidas como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que fueron también incluidos los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. El Grupo Egmont se dedica y consagra a la colaboración y cooperación internacional entre las UIF. (Egmont Group of Financial Intelligence Units, 2014, p. 3)
El término sanciones financieras dirigidas significa tanto el congelamiento de activos como las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y entidades designadas. (Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI], 2012, p. 129)
El GABAC es un organismo de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central y al momento de su inserción en el GAFI, estaba compuesto por: Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Se creó en 2000 con el mandato de luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, evaluar el cumplimiento de las normas del GAFI por parte de sus miembros, proporcionar asistencia técnica a sus Estados miembros y facilitar la cooperación internacional.
Se refiere a innovaciones financieras propiciadas por la tecnología que podrían dar a lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con un efecto sustancial sobre los mercados y las instituciones financieras y la prestación de servicios financieros. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2018, p. 5)
El término RegTech hace referencia a un conjunto de empresas y soluciones que aúnan la tecnología y la normativa para abordar los requisitos normativos en todos los sectores, incluidos los servicios financieros. (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , 2016, p. 1)
Los Papeles de Panamá han sido considerados la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca (Fitz Patrick, s.f.)
REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS
Recibido: 20 de noviembre 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
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No publicado
Aprobado: 7 de diciembre 2025
Derechos de Autor:
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Jiménez Sánchez, C.L y Díaz Oyarzabal, J.E. (2026). Las relaciones bilaterales entre Israel y Argentina durante la presidencia de Javier Milei (2023-2025). Revista Científica Universitaria Ad Hoc 7 (1), 20-30.
introducción
Las relaciones bilaterales entre Israel y Argentina se han caracterizado, históricamente, por una interacción entre afinidades y tensiones. Desde 1949, cuando Argentina fue el primer país latinoamericano en establecer una misión diplomática ante el Estado sionista, la conexión se ha basado en vínculos económicos y la presencia significativa de la comunidad judía argentina.
No obstante, esta relación ha sido también escenario de episodios críticos, como la crisis diplomática derivada del caso Eichmann1, los atentados terroristas contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 19922 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 19943. A pesar de estos acontecimientos, se han registrado importantes intercambios políticos de alto nivel, incluyendo visitas presidenciales y de primeros ministros4 que subrayan la importancia mutua en la agenda diplomática de ambas naciones.
Tradicionalmente, la política exterior argentina hacia Israel ha tenido una equidistancia pragmática que ha buscado equilibrar intereses diversos. Sin embargo, la administración actual, liderada por el presidente Javier Milei y la coalición La Libertad Avanza (LLA), ha marcado un giro político sin precedentes. La declarada postura de alineamiento total con potencias occidentales y la manifiesta preferencia por la cooperación con el Estado sionista han redefinido esta dinámica, lo que ha inaugurado una fase cualitativamente distinta en las relaciones bilaterales.
En este contexto, el presente artículo se propone analizar los principales avances en las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel durante la presidencia de Javier Milei (2023-2025). Para ello, se examinarán las principales iniciativas adoptadas con el gobierno de Benjamin Netanyahu en diversas aéreas de cooperación.
desarrollo
La campaña electoral de Milei anticipaba una reconfiguración significativa de la política exterior argentina. Durante este periodo, Milei anunció reiteradamente la preferencia por el alineamiento con Israel, así como con otros gobiernos cuya ideología coincidiera con su concepción neoliberal de la economía, la sociedad y el Estado. Esta inclinación también fue evidente por sus diversas apariciones públicas portando banderas israelíes o símbolos judíos, lo cual cristalizó su postura pro-Israel. Dicha predilección es aun más notable si se considera su práctica de la fe judía, a pesar de su formación católica (La Nación, 2023).
Las declaraciones y el marcado posicionamiento político en favor de Israel evidenciaron un distanciamiento respecto a la postura de la contraparte política de Milei, representada por Sergio Massa, candidato peronista, y Alberto Fernández, el entonces presidente. A pesar de la condena unánime de estas tres figuras políticas al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, los representantes del sector progresista argentino modularon su posición para criticar la respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). En contraste, Milei mantuvo su respaldo al llamado “derecho israelí a la autodefensa” y a la “lucha contra el terrorismo”, con lo que consolidó su diferenciación diplomática.
Esta postura ideológica, si bien condicionó el apoyo de actores clave dentro de los Estados Unidos e Israel y de influyentes empresarios judeo-argentinos como Eduardo Elsztain5 y Axel Wahnish6, también generó descontento entre un amplio sector ortodoxo de intelectuales, quienes se opusieron a esta manipulación política del judaísmo (Calatrava y Debre, 2024). No obstante, estas objeciones tuvieron un impacto limitado en el transcurso de la campaña, y la comunidad judeo-argentina manifestó un apoyo mayoritario a la candidatura de Milei.
La elección de Milei como presidente representó una disrupción ideológica caracterizada por un acentuado modelo económico neoliberal, una retórica antiestatista y un giro hacia el hiperoccidentalismo7 en política exterior. Esta orientación ha sido descrita por diversas fuentes literarias como un quiebre respecto a la política tradicional argentina de equidistancia. Tal posicionamiento ha determinado la formulación de una agenda exterior que privilegia los vínculos con Israel, declarado como socio estratégico por razones políticas, ideológicas y económicas.
Una vez asumido el mandato, una de las primeras acciones diplomáticas del presidente argentino fue una visita oficial a Israel. En este contexto, Milei reiteró su apoyo incondicional a Israel frente al terrorismo y anunció su intención de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Es válido resaltar que el Estado sionista considera Jerusalén como su capital, mientras que la Autoridad Nacional Palestina reclama la parte oriental de la ciudad como sede de la capitalidad de un futuro Estado palestino.
En el ámbito de la política exterior multilateral, un hito significativo en el alineamiento con Israel fue el retiro del reconocimiento argentino al Estado de Palestina, manifestado a través de su voto en contra de la membresía plena de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas en mayo de 2024 (Calatrava y Debre, 2024). La decisión del gobierno de Milei representó un quiebre en la tradición diplomática argentina, que históricamente respaldó el reclamo palestino de un Estado propio. Sin embargo, este evento se inscribe en un patrón más amplio de modificar posiciones históricas con el propósito de implementar una agenda de política exterior particular.
Se estima que Argentina tiene la comunidad judía más extensa de Suramérica y una de las mayores fuera de Israel (Smink, 2024). Esto parecería irrelevante teniendo en cuenta que la comunidad judía de Israel cuenta con aproximadamente 200 mil miembros (Abramzon, 2018), apenas el 0.4% de la población del país. Sin embargo, la cooperación económica entre Argentina e Israel reporta un importante flujo de ingresos (unos 500 millones de dólares en comercio entre 2021 y 2023), donde la exportación de carnes y otros productos primarios argentinos se retroalimenta en la importación de tecnologías, armamento y servicios especializados israelíes (Ámbito, 2024).
Asimismo, miembros influyentes de la comunidad judía han consolidado su presencia en los círculos de poder político de la nación suramericana, además de poseer extensas propiedades territoriales y empresas que refuerzan su capacidad financiera y su participación en el patrocinio de candidatos políticos. Figuras como Eduardo Elsztain han desarrollado extensos contactos en la administración pública, como los establecidos con Luis Caputo8 y Juan José Aranguren9, relaciones que le han permitido afianzar su influencia sobre amplios sectores de la economía argentina (Polischuk, 2024).
Esta dinámica demuestra la incidencia del sector judío en la política argentina, lo cual ha favorecido el acercamiento sin precedentes de Milei hacia Israel. Un proceso similar de expansión de influencia se produjo bajo el gobierno de Carlos Menem en la década de 1990, cuando se registró un notable incremento de la participación de los capitales judíos en la economía nacional. El contexto actual muestra una tendencia similar, e incluso ascendente, con la adquisición de tierras destinadas al cultivo y al pastoreo, así como en la apropiación de industrias clave por parte de actores relacionados al sionismo, en el marco de una estrategia que es promovida activamente por el Estado argentino.
Paralelamente a la presencia de los intereses de la comunidad judía en la economía argentina, la relación comercial entre Argentina e Israel ha experimentado un salto cuantitativo bajo el gobierno de Milei. En 2023, las exportaciones argentinas hacia Israel alcanzaron aproximadamente los 393 millones de dólares, concentradas principalmente en la carne bovina congelada y productos agropecuarios, y se estima un aumento hasta los 438,9 millones de dólares para 2024 (Observatory of Economic Complexity [OEC], 2025; Centro de Economía Internacional [CEI], 2025). Estos flujos, analizados en el contexto de la crisis económica argentina, explican el interés de una agenda económica en las relaciones bilaterales.
En el ámbito interno y a pesar de la estricta política de la administración Milei a los gastos públicos, en junio de 2025 se implementó una reglamentación de un Convenio con Israel para otorgar beneficios de seguridad social a ciudadanos israelíes residentes en Argentina (La Marejada, 2025). Un análisis de sus disposiciones revela que las prerrogativas concedidas a los ciudadanos israelíes no encuentran equivalencia en los derechos y beneficios que los ciudadanos argentinos gozan en Israel. Esta falta de reciprocidad es un punto clave para entender la naturaleza asimétrica de los acuerdos bilaterales.
El Estado sionista es reconocido como una potencia mundial en tecnología agrícola y gestión de agua en condiciones de sequía y desérticas. Dada la crisis económica y productiva de Argentina, existe un interés gubernamental concreto en la importación de productos, así como de know-how y soluciones tecnológicas israelíes para mejorar la productividad del sector agropecuario argentino, especialmente en zonas con estrés hídrico. Aunque el memorándum hace referencia a los proyectos hídricos conjuntos, la trascendencia de esta dimensión representa una línea de cooperación económica estratégica cuya profundización debería ser más exhaustiva.
Además, se están promoviendo acuerdos de cooperación entre universidades argentinas y el ecosistema de innovación israelí, así como programas para conectar el sector de startups de Tel Aviv con emprendedores argentinos. Esta estrategia no solo fortalece la posición de Israel como socio comercial, sino también como un modelo de construcción de una economía del conocimiento, lo cual complementa la narrativa de modernización de Milei.
Entre las propuestas más impulsadas por Milei destaca el esfuerzo por iniciar los diálogos formales intercancillerías, con el objetivo de concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Israel y Argentina. Sin embargo, esta iniciativa se encuentra limitada por las regulaciones internas del Mercado Común del Sur (Mercosur), que impiden a sus Estados miembros negociar acuerdos comerciales de carácter bilateral, por lo que una de las propuestas de la LLA para 2026 es aprovechar su fuerza parlamentaria para retirar a Argentina del Mercosur y potenciar el intercambio con Israel (Diario Primera Línea, 2025).
La intención de abandonar el Mercosur para poder firmar un TLC bilateral con Israel ilustra la subordinación de la integración regional a la nueva alianza preferencial. Si bien esta medida sería coherente con la visión económica de LLA, su concreción enfrentaría considerables obstáculos políticos y económicos, dada la importancia que aún tienen los mercados regionales para muchas provincias argentinas.
No obstante, Argentina mantiene su posición como principal exportador de carne vacuna a Israel, el cual importa más del 80% del consumo de este producto (Asociación de Productores Exportadores Argentinos [APEA], 2025). En consecuencia, las exportaciones de carne vacuna del Mercosur a Israel experimentaron en 2024 un salto exponencial, registrando un aumento del 48% y alcanzando un total aproximado de 117 mil toneladas (Valor Carne, 2025).
Este acercamiento sin precedentes hacia Israel, condicionado por el gobierno de Milei, no está exento de tensiones y riesgos. A nivel interno, la decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y el retiro del reconocimiento al Estado palestino han generado un rechazo en sectores progresistas de la política, el ámbito académico y organizaciones de derechos humanos, quienes perciben en estas medidas un alineamiento automático que contradice los principios de la política exterior argentina y el Derecho Internacional. A nivel externo, esta postura ha tensado las relaciones con países árabes y con bloques como el Mercosur, que históricamente han mantenido una posición más equilibrada en el conflicto palestino-israelí.
En materia de defensa y seguridad, el gobierno argentino ha ratificado y avanzado en la ejecución de acuerdos de cooperación en ciberseguridad, sistemas de vehículos aéreos no tripulados y transferencia tecnológica para vigilancia y comunicaciones. Delegaciones técnicas argentinas han visitado centros de investigación y desarrollo israelíes, y negociado programas de capacitación y compra de equipos, con énfasis en drones y munición de precisión, iniciativas que han sido divulgadas por las carteras de Defensa y de Seguridad del país bajo la narrativa de la “lucha contra el terrorismo”.
En diciembre de 2024, el entonces ministro de Defensa argentino, Luis Petri, efectuó una visita a Israel. Durante su estancia, fue recibido por su homólogo israelí, Israel Katz. Además del respaldo político mutuo expresado, el encuentro comprendió una amplia agenda de trabajo centrada en la atracción de inversiones, el desarrollo de investigaciones y la transferencia de tecnología a Argentina. Asimismo, acordaron fortalecer la cooperación en materia de defensa, expandiendo los proyectos conjuntos en ciberdefensa, drones, protección fronteriza, comunicaciones por satélite, entre otras (Ministerio de Defensa, 2024).
Uno de los mayores hitos políticos y simbólicos del mandato de Milei fue la firma del Memorándum en Defensa de la Libertad y la Democracia contra el Terrorismo y el Antisemitismo, rubricado durante una visita presidencial a Jerusalén en junio de 2025. Este documento incluyó capítulos de cooperación aduanera, proyectos hídricos conjuntos y lanzamientos satelitales en colaboración. Paralelamente, se anunció la intención de culminar el cambio de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén en 2026 (Lejtman, 2025).
Sin embargo, un aspecto central de este memorándum radica en la confrontación directa con Irán. Anteriormente, el país persa fue un socio económico relevante para Argentina y cooperó en asuntos jurídicos y legales relacionados con los atentados a la AMIA en 1994. La búsqueda de una agenda de defensa mutua con Israel frente al terrorismo, podría percibirse como contradictoria, dado que Argentina no se caracteriza por una alta afectación de la inseguridad o inestabilidad interna derivada de actividades terroristas.
A pesar de los acuerdos específicos en materia de defensa, existe una dimensión crítica en el ámbito de la seguridad interior e inteligencia. Este tema genera sensibilidad en la opinión pública argentina debido a la historia de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. El gobierno de Milei ha impulsado, con el apoyo y la presión de Israel, una reapertura y dirección específica en las investigaciones de los atentados de 1992 y 1994. Estas acciones tratan de responsabilizar directamente a Irán y Hezbolá, lo que ha posicionado al tema como un eje central de la retórica bilateral contra el “terrorismo internacional”, utilizada para justificar el cambio en la política exterior.
Esta postura ha propiciado una ruptura total con la República Islámica, con la que Argentina mantenía una relación compleja, pero que incluía un memorándum de entendimiento para investigar los atentados. Adicionalmente, Milei ha designado a Irán y Hezbolá como enemigos de Argentina, lo que implica un alineamiento incondicional con la posición israelí y estadounidense.
En este sentido, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la AMIA, principales instituciones representativas de la comunidad judía en Argentina, han manifestado su apoyo público al gobierno de Milei y celebrado gestos como el voto en la Naciones Unidas contra Palestina y la anunciada reubicación de la embajada argentina. Sin embargo, este respaldo no es unánime pues sectores progresistas y de derechos humanos dentro de la comunidad judía han criticado abiertamente lo que perciben como una instrumentalización de su identidad y de la memoria de los atentados para fines políticos partidistas y una alineación exterior que consideran dogmática. También señalan que la lucha contra el antisemitismo no debe utilizarse para silenciar las críticas a las políticas del gobierno de Netanyahu.
En el ámbito regional, Milei no solo ha manifestado su alineamiento con Israel, sino que se ha propuesto activamente como su promotor en América Latina. En este sentido, impulsó la creación de un grupo destinado a fortalecer los lazos entre Israel y la región, en el cual promovió la labor de la Organización del Premio Génesis10. La donación de un millón de dólares recibida por Milei de esta organización fue destinada a la constitución de un fondo sin fines de lucro denominado American Friends of the Isaac Acords (AFOIA), cuyo propósito es promover la visión de Milei y alentar a líderes latinoamericanos a apoyar a Israel y enfrentar el antisemitismo y el terrorismo, y así consolidar una agenda pro-israelí en la región (Al Jazeera, 2025). El propósito de esta articulación es contrarrestar la influencia de gobiernos críticos al genocidio en Gaza (como los de Brasil, Colombia o México) y construir un bloque de gobiernos afines en la región (como Paraguay, Ecuador o Bolivia) con el fin de modificar el consenso histórico latinoamericano, que ha sido favorable a la causa palestina.
Por tanto, en el contexto geopolítico regional la estrategia argentina trasciende la mera alineación individual y busca desempeñar un rol como promotor de los intereses israelíes en América Latina. Si bien esta estrategia fortalece el vínculo bilateral con Israel, también genera el riesgo de aislar a Argentina dentro de su entorno regional, pues somete una relación de Estado tradicionalmente estable a las fluctuaciones de la política doméstica y a una dependencia estratégica sin precedentes en la historia del país.
En definitiva, el gobierno de Milei ha logrado institucionalizar una alianza estratégica con Israel a través de memorándums, acuerdos de cooperación y una sintonía política sin precedentes. Este vínculo se sustenta en una convergencia ideológica, intereses económicos complementarios y la influencia de la comunidad judeo-argentina. Sin embargo, la sostenibilidad de este modelo dependerá de la continuidad política de Milei más allá de 2027 y de la capacidad de gestionar los costos diplomáticos derivados de este cambio de rumbo en política exterior.
conclusiones
El gobierno de Javier Milei ha representado un quiebre definitivo con la tradicional política de equidistancia y equilibrio que caracterizó las relaciones de Argentina con Israel. Se pasó de una relación basada en la afinidad histórica y los intercambios comerciales a una alianza estratégica explícita y declarada, alineada con la visión ideológica del hiperoccidentalismo.
Los principales avances bilaterales se materializaron en el retiro del reconocimiento al Estado de Palestina en la Naciones Unidas y el anuncio del traslado de la embajada a Jerusalén; la firma de acuerdos de cooperación en ciberseguridad, drones y transferencia tecnológica, que posicionan a Israel como un proveedor clave para la modernización de las Fuerzas Armadas y de seguridad argentinas. De igual forma, Argentina se ha consolidado como principal proveedor de carne para Israel, a la vez que ha promovido activamente un futuro TLC bilateral, aunque su concreción dependa de una compleja salida del Mercosur.
La sintonía ideológica neoliberal y pro-occidental de Milei, sumada a su identificación personal con el judaísmo y la influencia de figuras clave de la comunidad judío-argentina, fueron factores determinantes para este acercamiento. Esto ha llevado a que el entendimiento entre la presente administración argentina e Israel supere en intensidad a experiencias previas como la del gobierno de Carlos Menem.
Esta nueva etapa genera importantes desafíos. A nivel interno, enfrenta el rechazo de sectores políticos y académicos. A nivel externo, debilita la posición de Argentina en foros multilaterales y tensiona sus relaciones con socios tradicionales y bloques regionales, apostando por una relación bilateral privilegiada que podría resultar vulnerable a los cambios políticos domésticos en el futuro.
Referencias
BIBLIOGRÁFICAS
NOTAS
resumen
Las relaciones bilaterales entre Israel y Argentina se han caracterizado, históricamente, por una interacción entre afinidades y tensiones. Desde 1949, cuando Argentina fue el primer país latinoamericano en establecer una misión diplomática ante el Estado sionista, la conexión se ha basado en vínculos económicos y la presencia significativa de la comunidad judía argentina. Tradicionalmente, la política exterior argentina hacia Israel ha tenido una equidistancia pragmática que ha buscado equilibrar intereses diversos. Sin embargo, la administración actual, liderada por el presidente Javier Milei ha marcado un giro político sin precedentes. Diversas iniciativas de corte económico, el acercamiento imperecedero en materia política, el apoyo ante el genocidio en Gaza y la nueva cooperación en temas de seguridad, han sido varios de los puntos donde más se ha fortalecido la agenda bilateral argentino-israelí. En este contexto, el presente artículo se propone analizar los avances más significativos en las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel durante la presidencia de Javier Milei (2023-2025). Para ello, se examinan las principales iniciativas adoptadas con el gobierno de Benjamin Netanyahu en diversas aéreas de cooperación.
Palabras Clave: Argentina, Israel, relaciones bilaterales, Javier Milei, Benjamin Netanyahu.
ABSTRACT
The bilateral relations between Israel and Argentina have been characterized, historically, by an interaction of affinities and tensions. Since its establishment in 1949, when Argentina became the first Latin-american country to establish a diplomatic representation to the Zionist State, the conection has consisted mainly in economic bounds and the signifcant presence of the argentinian jewish community. Traditionally, argentinian foreign policy towards Israel has had a pragmatic approach, searching to balance diverse interests. However, the current administration, lead by president Javier Milei, has marked an unprecedented political turn. Several economic initiatives, the unprecedented approach in political subjects, the support of the Gaza invasion and the new cooperation regarding security affairs, have been some of the key factors where the bilateral argentinian-israeli agenda has strenghthened. In this context, this research paper proposes to analize the main advances in bilateral relations between Argentina and Israel during Javier Milei’s presidency (2023-2025). To accomplish that, the main iniatiatives adopted in diverse areas of cooperation with the government of prime minister Benjamin Netanyahu are examined.
Keywords: Argentina, Israel, bilateral relations, Javier Milei, Benjamin Netanyahu.
Recibido: 20 de noviembre de 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aceptado: 15 de diciembre de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Luis Águila , A. D., & Salmon Soriano, J. L. (2026). Influencia de los lobbies del sector de los hidrocarburos en la política energética de Estados Unidos (2017-2025) . Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(1), 31-44.
resumen
Este estudio analiza la influencia de los lobbies del sector de los hidrocarburos en la política energética de Estados Unidos (EE. UU.) durante el periodo 2017-2025, un lapso marcado por la alternancia presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, y el retorno de Trump en 2025. Se examina cómo estos grupos de presión, encabezados por el American Petroleum Institute y grandes corporaciones petroleras, moldearon la agenda política para favorecer la expansión de la producción fósil y limitar las regulaciones ambientales, contraponiéndose a los esfuerzos por promover la transición hacia energías limpias y combatir el cambio climático.
Palabras Clave: lobbies, hidrocarburos, política energética
ABSTRACT
This study analyzes the influence of hydrocarbon industry lobbies on US energy policy during the period 2017-2025, a period marked by the presidential transition between Donald Trump and Joe Biden, and Trump’s return in 2025. It examines how these pressure groups, led by the American Petroleum Institute and large oil corporations, shaped the political agenda to favor the expansion of fossil fuel production and limit environmental regulations, opposing efforts to promote the transition to clean energy and combat climate change.
Keywords: lobbies, hydrocarbons, energy policy
introducciÓn
La política energética de Estados Unidos (EE. UU.) se define como el conjunto de normas, estrategias y acciones gubernamentales destinadas a regular la producción, distribución y consumo de energía, con el propósito de garantizar la seguridad energética, promover el crecimiento económico y enfrentar los desafíos del cambio climático. Esta política está influenciada por múltiples actores y factores, siendo uno de los aspectos críticos la relación entre el gobierno y los sectores privados, particularmente el de los hidrocarburos, que históricamente ha moldeado en gran medida el rumbo de estas políticas (U.S. Energy Information Administration, 2024).
En términos teóricos, los lobbies o grupos de presión se conceptualizan como organizaciones que intentan influir en las decisiones públicas a favor de intereses específicos mediante acciones como el cabildeo, financiamiento político, difusión de información y construcción de narrativa pública. En el caso del sector energético en EE.UU., estas organizaciones cuentan con recursos financieros, acceso político y larga existencia para incidir directamente sobre legisladores y reguladores, así como para influenciar la agenda pública (OpenSecrets, 2025). Este poder se deriva tanto del peso económico del sector de los hidrocarburos como de su capacidad para articular sus mensajes en el debate político. Desde la consolidación del American Petroleum Institute1 (API) en el siglo XX, estos grupos han perfeccionado sus métodos para incidir en el diseño y ejecución de políticas públicas.
Desde su fundación en 1919, el American Petroleum Institute ha desempeñado un papel central en la estructura y evolución del lobby del sector de hidrocarburos en EE.UU. Surgió en un contexto donde las empresas petroleras, muchas de ellas resultado de la fragmentación de Standard Oil2, buscaban coordinar esfuerzos para asegurar el suministro eficiente de petróleo, especialmente para apoyar el esfuerzo bélico en la Primera Guerra Mundial.
Entre las décadas de 1920 y 1990, el API desarrolló más de 800 estándares técnicos y promovió la estandarización de equipos, prácticas de seguridad y procedimientos operativos, ganando relevancia técnica y política. Además, se consolidó como el principal lobby del sector. Destacó por su capacidad de organizar la industria frente a crisis, fluctuaciones de precio, promoviendo una imagen de responsabilidad y liderazgo industrial. Durante ese periodo, el API también comenzó a invertir en la recopilación y publicación de estadísticas de producción y consumo, alimentando el análisis económico y político del sector petrolero (Drillers, 2020).
En 1969, la Organización trasladó sus oficinas a Washington D.C., acercándose al centro político para intensificar sus actividades de cabildeo y defensa de intereses. Este fortalecimiento institucional permitió al API ejercer mayor influencia en la configuración de políticas energéticas durante la Guerra Fría, la crisis petrolera de los 70, y los cambios regulatorios y fiscales que marcaron el siglo XX, defendiendo los intereses de la industria frente a la creciente preocupación ambiental.
Para inicios de los 2000, el API intensificó de manera exponencial su labor. Esto se ejemplifica con el gasto de aproximadamente entre 460,000 y 7,300,000 dólares anuales en lobby directo. El enfoque que seguía, por un lado, iba en contra de las regulaciones federales sobre emisiones de metano y otras restricciones ambientales impulsadas por el Departamento del Interior y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), buscando flexibilizar normas para facilitar la producción y exploración. Por otro lado, su accionar se dirigió a la participación en campañas para frenar avances en políticas climáticas y cambio climático, con estrategias para sembrar dudas sobre la ciencia del clima y retardar la implementación de leyes ambientales estrictas (DeSmog, 2024).
Durante los últimos años, las decisiones en materia energética han sido objeto de pronunciados debates en la opinión pública, lo que evidencia una sociedad polarizada respecto a temas como la regulación ambiental, la explotación de recursos fósiles y la transición energética. Esta polarización a menudo se encuentra alimentada por mensajes y campañas que tienen origen o apoyo en los lobbies energéticos, lo que añade una capa de complejidad al análisis político y social del sector. Atendiendo a lo expuesto anteriormente, esta investigación se propone como objetivo analizar la influencia de los lobbies del sector de los hidrocarburos en la política energética de los EE.UU. en el periodo 2017- 2025.
desarrollo
Marco regulatorio de los lobbies en el sistema jurídico estadounidense
Los lobbies no operan libremente. Existe un marco jurídico presente que regula su accionar. En este sentido, se encuentra la Foreign Agents Registration Act (FARA) de 1938, Lobbying Disclosure Act (LDA) de 1995, reforzada por la Honest Leadership and Open Government Act (HLOGA) de 2007. Estas leyes mantienen su total vigencia, aunque la influencia de grandes empresas tecnológicas y la “puerta giratoria”3 entre el sector público y privado siguen siendo objeto de debate sobre la efectividad real de los controles.
La FARA fue reformada en múltiples ocasiones. Es una ley federal que exige la divulgación de actividades realizadas en nombre de intereses extranjeros dentro del país. Su objetivo principal es garantizar la transparencia sobre la influencia extranjera en la política y la opinión pública estadounidense, lo cual permite al gobierno y a la sociedad civil conocer quiénes actúan como agentes de gobiernos, partidos políticos, empresas o individuos extranjeros.
La LDA también constituye una legislación federal que obliga a los lobistas y sus empleadores a registrar públicamente sus actividades de cabildeo ante los aparatos Ejecutivo y Legislativo, así como a presentar informes periódicos sobre los temas, clientes y montos destinados a influir en la toma de decisiones públicas. Esta ley, define las lobbying activities o actividades de lobby como el contacto de cabildeo y esfuerzos en apoyo a tales contactos, incluyendo las actividades de preparación, planificación, investigación y trabajo de fondo, así como la búsqueda de una coordinación de las actividades de cabildeo (Gutiérrez, 2021).
Por su parte, la HLODA constituyó una reforma que afianzó la regulación del lobby, ampliando la transparencia, según plantea, y el establecimiento de nuevas restricciones para funcionarios y lobistas. Fue promulgada en respuesta a escándalos de corrupción y cabildeo, como el caso Abramoff4 , lo que busca fortalecer la confianza pública en el sistema político. En este sentido, exige la publicación de los “earmarks” (asignaciones presupuestarias específicas) en los proyectos de ley, para evitar el uso discrecional de fondos públicos. Asimismo, prohíbe a los lobistas ofrecer regalos, comidas, viajes o cualquier otro beneficio a miembros del Congreso y a sus empleados, salvo excepciones muy limitadas según esta ley.
Por otra parte, el órgano regulador estipulado para llevar a cabo el control de los lobbies es la Oficina de Registros Públicos del Senado (OPR, por sus siglas en inglés), la cual da a conocer a través de su página de internet el registro de los lobbies. Esta recibe, procesa y mantiene registros de inspección pública, informes y otros documentos presentados ante el Senado en relación con la LDA. Se puede consultar los solicitantes de registro de lobbying e informes de años anteriores. De igual modo, existe una base de datos llamada Washington Representatives que permite informarse acerca de quiénes forman la industria del lobby5 (Gutiérrez, 2019).
Vale resaltar que, durante el caso conocido como Citizens United vs Federal Election Commission, llevado a cabo en la Corte Suprema, en 2010, se reconfiguró el entorno legal y político en el que operan los lobbies en EE.UU., ampliando su poder e influencia. A partir de la sentencia de este caso, se limitó la capacidad del Congreso y de los Estados para imponer restricciones estrictas al dinero usado por los grupos de presión, lo que reforzó la idea de que el gasto político es libertad de expresión protegida y el énfasis regulatorio se desplazó hacia la transparencia y divulgación (quién gasta y cuánto), en lugar de prohibiciones. Ello ha fortalecido el ecosistema del lobby en EE.UU. al proteger constitucionalmente el dinero como forma de expresión política, haciendo más compleja su regulación efectiva.
Organización, composición y estructura de la industria del lobby en el sector energético estadounidense
La industria del lobby en el sector energético de EE.UU. se organiza y estructura en torno a grandes asociaciones y corporaciones que actúan como representantes de distintos intereses dentro del sector, incluyendo tanto a las energías fósiles como a las renovables.
Se compone en su mayor parte de empresas pertenecientes a la industria petrolera y gas. Grandes corporaciones como ExxonMobil, Chevron y Shell, junto con grupos como el API, ejercen presión con argumentos basados en el escepticismo hacia las energías renovables, promoviendo la “neutralidad” tecnológica y defendiendo la continuidad del uso de combustibles fósiles.
Por otro lado, se destaca la Asociación de Industrias de la Energía Solar (SEIA, por sus siglas en inglés), que agrupa a más de 2.000 empresas del sector solar y de almacenamiento, y que realiza campañas de lobby para mantener y fortalecer los créditos fiscales para la energía limpia establecidos en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). Esta asociación ha promovido que EE.UU. pase del séptimo al tercer lugar en capacidad de fabricación de módulos solares en el mundo, sustentando la creación de más de 280,000 empleos en la industria solar (pvmagazine, 2025).
Un ejemplo de lobby corporativo renovable es la coalición formada por grandes empresas consumidoras de energía, como General Motors, Johnson & Johnson, Facebook, Intel y Walmart. Estas hacen presión para aumentar la producción y compra de energía renovable a largo plazo en EE.UU., buscando simplificar procesos y reducir costos para lograr sus objetivos de consumo sostenible (Energygov, 2024).
Cada uno de estos grupos cuenta con lobistas profesionales, consultores legales y estrategias de presión en varios niveles gubernamentales (federal y estatal), con campañas de relaciones públicas, reuniones con legisladores, envío de cartas y participación en foros políticos. El sector del lobby energético está altamente diversificado y compuesto por coaliciones que representan distintos segmentos del mercado energético y que compiten e influyen activamente en la formulación de políticas energéticas de EE.UU.
Las redes de cabildeo en el sector energético estadounidense incluyen asociaciones industriales, comités de productores, sindicatos laborales, consultoras y empresas individuales, con diversidad de objetivos. La literatura señala que tal diversidad puede generar coaliciones pragmáticas y soluciones policy-by-policy, que buscan beneficios competitivos a corto y mediano plazo sin comprometer la seguridad energética.
Este enfoque se refiere a una forma de análisis o actuación en la política pública donde se examina o se interviene en cada medida de manera individual, en lugar de manejar un plan o estrategia global unificada. En otras palabras, en lugar de tener una política energética integral, se toman decisiones o ajustes específicos para cada política concreta por separado. Esto puede provocar que distintas políticas se diseñen o implementen de forma aislada según intereses particulares, sin necesariamente articularse en una visión estratégica unificada para todo el sector.
El papel del lobby de los hidrocarburos en la política estadounidense (2017-2021)
En la campaña de 2016, la industria petrolera aportó aproximadamente un millón de dólares en donaciones directas a Trump, una cifra menor comparada con los casi 15 millones donados en la campaña de 2020, pero suficiente para evidenciar una relación de apoyo inicial (Democrats, 2024). Algunos donantes clave para esta campaña incluían ejecutivos de empresas como ExxonMobil, Energy Transfer LP y Continental Resources, que vieron en Trump un aliado para avanzar su agenda política y económica. Tras la victoria del republicano, se comenzó a evidenciar el cumplimiento de las promesas realizadas al sector. Una de las primeras acciones fue la nominación de Rick Perry, con fuertes vínculos al sector petrolero, como Secretario de Energía, lo que reforzó la expectativa de políticas favorables a este desde el principio.
Bajo el mandato de Donald Trump, se impulsó un desmantelamiento sistemático de las políticas energéticas progresistas heredadas de Barack Obama, particularmente aquellas centradas en la transición hacia energías limpias y la mitigación del cambio climático. El API, fue uno de los actores más influyentes en este proceso, logrando influencia directa en la Casa Blanca para promover la expansión del fracking, la perforación en aguas profundas y la flexibilización de las normas ambientales, como la reducción de los límites a las emisiones de metano y el debilitamiento de la EPA. Esta dinámica de poder fue acompañada por la retirada anunciada por EE.UU. del Acuerdo de París, lo cual fue una señal clara del impacto del lobby para priorizar intereses económicos sobre la agenda climática internacional (Gutiérrez, 2021).
El poder del lobby energético no solo se manifestó en la esfera federal, sino también a nivel estatal, donde se apoyaron medidas para facilitar la producción y exportación de hidrocarburos, además de socavar iniciativas locales de regulación ambiental. La llamada Orden Ejecutiva de Independencia Energética de marzo de 2017, fue un hito que sintetizó estas prioridades, suspendiendo varios decretos de Obama y reafirmando el compromiso con los combustibles fósiles como motor principal de la economía estadounidense. Paralelamente, se evidenció una lucha política significativa entre sectores conservadores, alineados con el lobby tradicional, y actores emergentes que promovían energías renovables y sostenibilidad, aunque estos últimos encontraron limitaciones en la implementación de medidas dadas las barreras regulatorias y la resistencia política (BBVA Research, 2024).
A pesar de la fuerte influencia y peso de la industria de los hidrocarburos, se identificaron resistencias y avances a nivel estatal y local, donde gobiernos y organizaciones ambientales han buscado mantener y desarrollar regulaciones y políticas propias para promover la transición energética y enfrentar los retos del cambio climático. Esta tensión refleja el carácter multifacético y contradictorio de la política energética estadounidense, en la que convergen intereses económicos poderosos con demandas sociales crecientes por sostenibilidad, y en la que el lobby energético ha demostrado ser un actor estratégico fundamental para moldear resultados políticos en favor del statu quo del sector petrolero (Gutiérrez, 2021).
Una acción emblemática fue la creación del Consejo Nacional para el Dominio Energético en 2017, establecido para priorizar la producción doméstica de petróleo y gas mediante la agilización de permisos, promoviendo la llamada “dominancia energética” estadounidense. Este Consejo estuvo presidido por el Secretario de Interior y contó con apoyo directo del Secretario de Energía, lo que garantizó el alineamiento político con los intereses del lobby petrolero y gasífero. Además, se impulsaron proyectos específicos como el puerto de aguas profundas GulfLink6 para facilitar exportaciones de crudo, la aprobación condicional de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en Luisiana y el intento de desbloquear gasoductos paralizados en el noreste del país. Estas acciones mostraron un compromiso claro con el fortalecimiento de la industria fósil como motor económico y geopolítico.
El lobby energético también se tradujo en recortes significativos al presupuesto de la EPA, con propuestas de reducción de hasta un 55%, directamente influenciadas por las presiones del sector petrolero, que buscaba minimizar los costos regulatorios vinculados a la reducción de emisiones contaminantes (CEO, 2025). La política de “drill baby drill”7, se concretó en una multiplicación de permisos para exploración y extracción, debilitando políticas anti-cambio climático y congelando iniciativas de energía solar y eólica, que sufrieron retrasos y cortes presupuestarios.
La paradoja se mantuvo en estados como California, donde a pesar del fuerte impulso a la energía solar, se mantuvieron centrales de gas natural para compensar la intermitencia, elevando los costes energéticos para los consumidores. En este contexto, empresas como First Energy Corporation8 fueron beneficiarias clave, con la administración Trump favoreciendo la reapertura de plantas de carbón y nuclear mediante cambios regulatorios y apoyos financieros. Esto generó controversias legales y escándalos relacionados con la corrupción y el financiamiento de proyectos energéticos.
Desde el punto de vista económico, Trump mantuvo inversiones directas en empresas energéticas tradicionales, evidenciando un vínculo personal con el sector. Esto provocó que su agenda política, además de favorecer el fracking y la producción intensiva de hidrocarburos, se acompañara de una campaña para proteger y expandir el mercado interno y las exportaciones energéticas estadounidenses. Sin embargo, esta estrategia también produjo un aislamiento en la política internacional ambiental y la reducción del papel del país en foros globales sobre cambio climático. En contraste, las energías renovables quedaron relegadas a un segundo plano, con recortes en programas de investigación y desarrollo y bloqueos regulatorios.
Otro ejemplo que muestra la influencia del lobby de los hidrocarburos fue la reversión, por parte de la administración Trump, de la cancelación del proyecto de oleoducto Keystone XL, que transporta petróleo canadiense pesado hacia EE.UU. Este proyecto había sido bloqueado bajo Obama por su impacto ambiental, pero el lobby promovió su aprobación como impulso económico y soberanía energética, lo cual generó fuertes controversias.
Asimismo, la industria energética logró mantener beneficios fiscales tradicionales, con un intenso cabildeo para que se conservaran subsidios al carbón y al petróleo, y no se limitaran en la reforma tributaria de 2017. Además, fortalecieron incentivos para nuevas inversiones en infraestructuras fósiles y retrasaron la plena implementación de políticas de energías limpias. En este sentido, el lobby empujó para la apertura o expansión de actividades extractivas en áreas protegidas, incluidas reservas naturales y parques nacionales, como el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Esto implicó cambios legales y ejecutivos que facilitaron el acceso a estas áreas para la explotación petrolera y gasífera.
El papel del lobby de los hidrocarburos en la política estadounidense del 2021-2024
Con la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de la Casa Blanca, se esperaba un cambio (anunciado anteriormente) en la política energética del país. En su agenda política proponía un Green New Deal (GND), el cual se refería a un ambicioso plan para trasformar la economía estadounidense hacia fuentes de energía renovables y sostenibles (Luis y Salmon, 2025).
Para el lobby energético en EE.UU., la iniciativa del GND representaba un desafío que traía consigo varios matices. Esta propuesta de la agenda demócrata, impulsada inicialmente por figuras como Alexandria Ocasio-Cortez y Ed Markey9 , planteaba una transición acelerada hacia una economía 100% renovable y libre de emisiones netas en una década, lo que implicaba una reducción drástica del uso de combustibles fósiles. Esto amenazaba directamente la base tradicional de poder e influencia de las grandes empresas petroleras y gasíferas, que venían operando bajo un modelo económico basado en la extracción y consumo de hidrocarburos durante más de un siglo.
Además de la presión para eliminar gradualmente los subsidios y permisos para la exploración fósil en tierras federales, esta iniciativa incluía una apuesta por la eficiencia energética, la electrificación masiva de sectores económicos y cuantiosas inversiones en energías limpias. Para el lobby, esto significaba enfrentar un escenario regulatorio mucho más restrictivo, con una redefinición radical de la matriz energética, lo que generaba resistencias que se tradujeron en esfuerzos de cabildeo para limitar o modificar aspectos clave del plan (La Vanguardia, 2019). Sin embargo, el plan también despertaba tensiones internas en el propio Partido Demócrata y en sectores industriales que buscaban adaptarse y capturar oportunidades en el emergente mercado verde.
La presión ejercida por el lobby se hizo notar con el objetivo de frenar la eliminación rápida de permisos y concesiones de explotación petrolera y gasífera en tierras federales, como se evidenció con el proyecto petrolero Willow en Alaska. A pesar de la retórica inicial de Biden contra nuevas perforaciones en tierras federales, el lobby impulsó la aprobación de este proyecto que podría liberar más de 287 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, señal clara de que hubo concesiones bajo la presión política y económica del sector fósil (Peinado, 2024).
La incidencia en el Congreso del lobby de los hidrocarburos fue directa. Legisladores republicanos votaron en múltiples ocasiones para frenar algunas disposiciones de la Inflation Reduction Act (IRA)10 de 2022, la mayor inversión climática en la historia estadounidense. Aunque esta ley fue finalmente promulgada, reflejó un lobby activo en bloquear o retrasar regulaciones que afectan sus intereses.
En contrapartida, el mercado de energías renovables vivió una expansión histórica, con inversiones totales estimadas en más de 700,000 millones de dólares a la próxima década, con actores clave como Iberdrola, Repsol y RIC Energy, empresas españolas con fuerte presencia operativa dentro del entramado energético estadounidense. Iberdrola, por ejemplo, a través de su filial Avangrid, ha consolidado su liderazgo con más de 9,700 MW en capacidad renovable instalada y proyectos emblemáticos como el parque eólico marino Vineyard Wind 1, referente pionero en el país. De forma similar, Repsol expandió su influencia mediante adquisiciones y alianzas, como la toma de una participación significativa en Hecate Energy, apuntalando así su pipeline renovable con más de 40 GW en desarrollo y proyectando transformar antiguos terrenos nucleares en una de las mayores plantas solares y de almacenamiento del país (Instituto Coordenadas, 2025).
Durante este periodo, el lobby del sector de los hidrocarburos no solo operó mediante presiones directas a legisladores y agencias reguladoras, sino también aprovechando mecanismos de financiamiento, campañas públicas, entre otros. La transparencia en estos procesos, aunque regulada, presenta desafíos para mapear con precisión integral la influencia ejercida, pero los informes anuales de la Comisión Federal de Elecciones y reportes de asociaciones como el API, muestran cifras significativas de inversión y gasto en cabildeo, así como articulaciones para debilitar normativas ambientales más estrictas (InfluenceMap, 2024).
En el 2023, se dio una reacción enérgica contra las medidas del gobierno de Biden para restringir o pausar aprobaciones de exportaciones de GNL, consideradas estratégicas para mantener el suministro energético a Europa y contrarrestar la influencia rusa. El lobby, destacando el papel de la American Gas Association (AGA), promovió la “Unlocking LNG Potential Act” presentada por August Pfluger11 , la cual limitaba la autoridad presidencial para prohibir exportaciones de GNL y se la otorgaba a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés) (U.S. Congress, 2023). Esta legislación está propuesta para el Congreso de EE.UU. en su sesión 2025-2026 y aún no ha sido promulgada formalmente, aunque cuenta con la aprobación de su Cámara Baja, con amplio respaldo por ambos partidos.
Otra de las leyes impulsadas durante ese año por el lobby, fue la “Save Our Gas Stoves Act”, que busca limitar los estándares de eficiencia energética para estufas y hornos de cocina, especialmente los que utilizan gas natural12 . La propuesta fue aprobada por la Cámara de Representantes, el 14 de junio de 2023, y posteriormente se remitió al Senado en el comité correspondiente, pero no se sometió a votación (US. Congress, 2023).
Por otro lado, se evidenciaron fuertes inversiones en proyectos durante la primera mitad de 2024. La industria del petróleo y gas en EE.UU. destinó más de 70 millones de dólares en actividades de lobby federal, con empresas como Occidental Petroleum y Koch Industries como algunos de los mayores gastadores en esta área. La primera, invirtió aproximadamente 12.2 millones de dólares en la promoción de su programa de captura de carbono, que ha sido un tema controvertido debido a debates sobre su efectividad y beneficios reales para la reducción de emisiones. La segunda, por su parte, aumentó su gasto en lobby en 1.3 millones de dólares este periodo, buscando defender proyectos de expansión de hidrocarburos (OpenSecrets, 2025).
Estas empresas y otras, junto con la asociación American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM), enfocaron su presión para influir en las normativas de la EPA, especialmente aquellas dirigidas a regular las emisiones vehiculares y promover la transición hacia vehículos eléctricos. En este sentido, promovieron leyes como la Preserving Choice in Vehicle Purchases Act, con el objetivo de evitar que la EPA permita a los Estados establecer estándares propios de emisiones que limiten la venta de autos de gasolina. La propuesta fue aprobada en la Cámara Baja del Congreso en 2023 y remitida al Senado, donde permanece en espera de avance. Sus argumentos se centran en que estas regulaciones afectarían la libertad del consumidor, dañarían la economía y aumentarían la dependencia de importaciones críticas, como baterías de China (Environmental Defence, 2025).
El equilibrio entre la presión ejercida por los lobbies de los combustibles fósiles y los defensores de la transición energética produce una política energética dual: por un lado, se apoyan iniciativas para mantener la competitividad energética estadounidense, incluyendo incentivos fiscales al sector fósil; por otro, se fomenta la inversión en tecnologías limpias y la reducción de emisiones. Esta coexistencia se refleja en la arquitectura regulatoria y los debates legislativos de este periodo.
El retorno de Donald Trump
a la Casa Blanca
El regreso del republicano Donald Trump a la presidencia de EE.UU. en 2025 significó, en materia de política energética, la radicalización de su posición a favor del sector de los hidrocarburos, donde el lobby jugó nuevamente un papel central. Desde su campaña presidencial, Trump prometió impulsar la producción energética fósil, disminuir la influencia de las políticas climáticas progresistas de la administración Biden y desmontar las barreras regulatorias para el sector petrolero y gasífero, tal cual lo hizo en su primer mandato.
Durante la campaña y al asumir el puesto presidencial, Trump ejecutó una serie de medidas concretas respaldadas por el lobby de los hidrocarburos, entre las que destacan: la declaración de una emergencia energética nacional que habilitó la eliminación de restricciones sobre nuevas perforaciones en alta mar, la reactivación de permisos para terminales de GNL y la revocación de moratorias sobre concesiones en áreas protegidas como el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Asimismo, promovió la ampliación del acceso a tierras federales para extracción petrolera y gasífera, agilizó los procesos burocráticos y aumentó la apuesta por la exportación energética.
En materia regulatoria, Trump buscó borrar o afectar normativas ambientales vigentes, a través de la cancelación de objetivos de descarbonización y apoyos a energías renovables incluidos en la IRA. Junto con un gabinete plagado de ejecutivos e influencias del sector de los hidrocarburos como Chris Wright (Secretario del Departamento de Energía), Lee Zeldin (Director de la EPA) y Doug Burgum (Sectretario del Departamento del Interior), presionó para detener créditos fiscales a energías limpias y vehículos eléctricos. Estas acciones evidencian una política enfocada en frenar la agenda climática y favorecer los intereses tradicionales del petróleo y gas. Este enfoque cuenta con un fuerte respaldo político en ambas cámaras del Congreso y una Corte Suprema conservadora que limita la capacidad de impugnación judicial.
En el contexto internacional, el retorno de Trump coincidió con un escenario marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones energéticas globales. Esto potenció el papel geoestratégico de EE.UU. como exportador de hidrocarburos para reducir la dependencia energética europea de Rusia, un factor aprovechado por el lobby para justificar más producción y exportación.
Todo lo anterior ha representado para el lobby de hidrocarburos un periodo de apertura política, normativa y económica sin precedentes desde la administración anterior, permitiéndoles ampliar su influencia, debilitar políticas climáticas y reafirmar su dominio en la matriz energética estadounidense y en la estrategia geopolítica global.
CONCLUSIONES
Los grupos de presión del sector de hidrocarburos han sido actores estratégicos y persistentes en la definición de prioridades nacionales. Su capacidad de influenciar tanto la agenda pública como la formulación de políticas se debe a su estructura sólida, poder económico y acceso privilegiado a los centros de decisión política. Esto se refleja en la continuidad de políticas favorables al sector, incluso en contextos de alternancia administrativa y en medio de intensos debates sociales sobre sostenibilidad.
En el primer periodo de la administración Trump, el lobby de los hidrocarburos logró consolidar una agenda regresiva en materia ambiental, desmantelando avances previos e impulsando una expansión agresiva de la producción de combustibles fósiles. La nominación de figuras con vínculos directos a la industria, la flexibilización regulatoria y la priorización de la independencia energética dejaron en claro que el lobby mantiene canales de influencia permanentes, capaces de condicionar tanto nombramientos como decisiones ejecutivas clave.
La llegada de la administración Biden condujo a una reconfiguración de la disputa política, pues a pesar de promover una agenda ambiental progresista, los actores lobistas lograron frenar o matizar iniciativas emblemáticas como el Green New Deal. La negociación de concesiones para grandes proyectos como Willow o la dilución de ciertas metas climáticas mostraron que, a pesar del mandato inclinado por la transición energética, los intereses del sector fósil continúan ejerciendo presión efectiva en el Congreso y en las agencias regulatorias.
El periodo más reciente, marcado por el retorno de Trump al poder en enero de 2025, representó una vuelta al fortalecimiento de la industria fósil, con un gabinete aún más alineado a los intereses petroleros y gasíferos. Las medidas de emergencia energética, la eliminación de restricciones ambientales y la apuesta por los combustibles fósiles como motor económico y geopolítico reafirman el predominio del lobby de los hidricarburos, así como el uso del entorno internacional, como la crisis energética europea, para justificar políticas regresivas.
Finalmente, la investigación confirma que el papel de los lobbies va más allá del simple cabildeo: su presencia estructural ha moldeado la cultura institucional, las prácticas de financiamiento político y la narrativa pública sobre la seguridad y la independencia energética estadounidenses.
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
notas
• Prensa Latina. (25 de octubre de 2023). Cuba presente en encuentro regional de educación y cultura. https://archivo.prensa-latina.cu/2023/10/25/cuba-presente-en-encuentro-regional-de-educacion-y-cultura
• Méndez Reyes, E. (2018). Diplomacia Cultural. Aproximación al concepto: y apuntes sobre el modelo de diplomacia cultural en España. Revista de Gestión Cultural. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/114280/10816-42180-1-PB.pdf?sequence=1
• Noya, J. (2007). Diplomacia pública para el siglo XXI. Barcelona: Ariel. ISBN: 978843440004
• Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Succes in World Politics. https://www.academia.edu/28699788/Soft_Power_the_Means_to_Success_in_World_Politics_Joseph_S_Nye_Jr
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023a, 20 de enero de 2023). Visita del antropólogo francés Máxime Toutain a Quisicuaba. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
connect/403edb0044639570ad11bde307648e49/EEE19-badillo-politicas-publicas-accion-cultura-lexterior-espana+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=403edb0044639570ad11bde307648e49
Prensa Latina. (25 de octubre de 2023). Cuba presente en encuentro regional de educación y cultura. https://archivo.prensa-latina.cu/2023/10/25/cuba-presente-en-encuentro-regional-de-educacion-y-cultura
Méndez Reyes, E. (2018). Diplomacia Cultural. Aproximación al concepto: y apuntes sobre el modelo de diplomacia cultural en España. Revista de Gestión Cultural. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/114280/10816-42180-1-PB.pdf?sequence=1
Noya, J. (2007). Diplomacia pública para el siglo XXI. Barcelona: Ariel. ISBN: 978843440004
Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Succes in World Politics. https://www.academia.edu/28699788/Soft_Power_the_Means_to_Success_in_World_Politics_Joseph_S_Nye_Jr
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023a, 20 de enero de 2023). Visita del antropólogo francés Máxime Toutain a Quisicuaba. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Bibliografía
NOTAS
Canadá, Alemania, Comisión Europea, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza.
El GAFIC surgió como resultado de las reuniones convocadas en Aruba, en mayo de 1990, y en Jamaica, en noviembre de 1992. Fue creado con el objetivo de lograr la aplicación efectiva y el cumplimiento de las diecinueve Recomendaciones particularmente elaboradas por ellos, así como las Cuarenta Recomendaciones del GAFI. Hacia el año 2000, su membresía estaba compuesta por: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.
El PC-R-EV fue creado por interés del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en coordinación con el GAFI, con el fin de llevar a cabo ejercicios de autoevaluación y evaluación mutua de las medidas contra el LA vigentes en los veintidós países del Consejo de Europa que al momento no contaban con membresía en el GAFI.
El GAP estuvo compuesto inicialmente por Australia, Bangladesh, Taipei Chino, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, República Popular China, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Estados Unidos y Vanuatu (FATF, 1997, p. 25).
En 1997, se desarrolló la Primera Conferencia sobre Blanqueo de Dinero en África Austral y Oriental. Como consecuencia de esta última, y como resultado de una Reunión de Ministros y Representantes de Alto Nivel, celebrada en Arusha, Tanzania, los días 26 y 27 de agosto de 1999, se logró la creación del ESAAMLG, coordinado inicialmente por Tanzania y con una composición de catorce Estados miembros de la región: Botsuana, Kenia, Lesoto, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue (FATF, 1997, p. 25).
Al momento de su creación el GAFISUD estuvo compuesto por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Entre las organizaciones con las que intercambió el GAFI en el periodo 2001-2011 se encuentran: Banco Africano de Desarrollo, Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, el Banco Central Europeo (BCE), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA/CICTE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El GEA fue creado en Moscú, el 6 de octubre de 2004, con una composición inicial de seis países miembros: Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, la República Popular China, la Federación Rusa y Tayikistán.
El MENAFATF, se fundó en Manama (Bahrein), el 30 de noviembre de 2004, con una composición inicial de 14 países miembros: Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Túnez y Yemen.
El EBR exige que los países adapten su sistema ALA/CFT a la naturaleza de sus riesgos particulares, permite aplicar medidas reforzadas cuando los riesgos sean mayores y medidas simplificadas cuando sean menores. Como resultado, los países podrán optimizar sus recursos para detectar delitos financieros, adoptar medidas coercitivas y aplicar medidas preventivas que correspondan a los riesgos de sectores o actividades concretos. (FATF, 2012, p. 16) Dicho enfoque abarca no solo las instituciones financieras de los países, sino también las APNFD, sí realizan prestación de servicios financieros, por lo que están sujetas a las Recomendaciones del GAFI (Gómez, 2022, p. 42).
El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre entidades, actualmente conocidas como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que fueron también incluidos los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. El Grupo Egmont se dedica y consagra a la colaboración y cooperación internacional entre las UIF. (Egmont Group of Financial Intelligence Units, 2014, p. 3)
El término sanciones financieras dirigidas significa tanto el congelamiento de activos como las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y entidades designadas. (Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI], 2012, p. 129)
El GABAC es un organismo de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central y al momento de su inserción en el GAFI, estaba compuesto por: Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Se creó en 2000 con el mandato de luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, evaluar el cumplimiento de las normas del GAFI por parte de sus miembros, proporcionar asistencia técnica a sus Estados miembros y facilitar la cooperación internacional.
Se refiere a innovaciones financieras propiciadas por la tecnología que podrían dar a lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con un efecto sustancial sobre los mercados y las instituciones financieras y la prestación de servicios financieros. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2018, p. 5)
El término RegTech hace referencia a un conjunto de empresas y soluciones que aúnan la tecnología y la normativa para abordar los requisitos normativos en todos los sectores, incluidos los servicios financieros. (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , 2016, p. 1)
Los Papeles de Panamá han sido considerados la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca (Fitz Patrick, s.f.)
REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS
Recibido: 6 de septiembre de 2025
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El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
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Aprobado: 21 de septiembre de 2025
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Fabié Rodríguez, D.A. (2026). El papel de Türkiye como mediador en el conflicto ruso-ucraniano (2022-2025). Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 7 (1), 45-54.
introducción
La escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania a partir de febrero de 2022, ha modificado profundamente el sistema internacional, reconfigurando alianzas militares1 y provocando cambios en los patrones de mediación diplomática. En ese contexto, Türkiye ha adquirido una proyección singular a través de una política exterior que combina su pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y sus fuertes vínculos de cooperación y alineamiento con Occidente con relaciones estratégicas con Rusia en ámbitos como la energía, la defensa y el comercio.
Desde su ingreso a la OTAN en 1952, Türkiye ha sido un aliado clave dentro de la arquitectura de seguridad euroatlántica. Su posición geográfica, en la intersección de Europa, Asia y Medio Oriente, le otorga un valor estratégico singular, especialmente como frontera suroriental de la Alianza. Históricamente, la nación euroasiática ha desempeñado un papel activo en diversas operaciones, tanto en el marco de su política de contención frente a la Unión Soviética durante la Guerra Fría como en misiones recientes de seguridad cooperativa.
No obstante, en las últimas dos décadas, la política exterior turca ha experimentado un giro hacia una mayor autonomía estratégica, expresada en una diplomacia más pragmática y centrada en sus intereses regionales inmediatos (Villalón, 2025). Esta tendencia se ha reflejado en la evolución de las relaciones bilaterales entre Türkiye y Rusia, particularmente desde principios del siglo XXI. A pesar de los desacuerdos estructurales en conflictos como Siria o Libia, ambos países han mantenido un vínculo basado en el pragmatismo y la complementariedad, especialmente en los ámbitos energético, comercial y militar.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el papel desempeñado por Türkiye como mediador en el conflicto ruso-ucraniano. Ello permite comprender los intereses estratégicos turcos, las potencialidades de su política exterior y la capacidad de esta nación para consolidarse como actor relevante en el sistema internacional.
desarrollo
En el marco de su política exterior de autonomía estratégica, Türkiye ha buscado reforzar su papel como potencia regional mediante la diversificación de alianzas. La relación con Rusia constituye uno de los ejemplos más claros de esta política de equilibrio. Ankara ha optado por preservar canales de cooperación con Moscú en sectores estratégicos como la energía, el comercio y la defensa. Este acercamiento responde tanto a necesidades económicas inmediatas como a la voluntad de consolidar un margen de maniobra independiente frente a sus aliados occidentales.
Rusia se ha consolidado como uno de los principales socios económicos de Türkiye, siendo proveedor fundamental de gas natural. Asimismo, la adquisición por parte de Ankara del sistema de defensa antimisiles ruso S-400 en 2019 supuso un punto de inflexión, generando tensiones con Estados Unidos (EE.UU.) y con otros miembros de la OTAN, al tiempo que reforzaba los vínculos con Moscú (Tiwari, 2024). Con respecto a esta relación entre Rusia y Türkiye, Omer Ozkizilcik, miembro no residente del Atlantic Council, dijo : “Ambas partes han aprendido a compartimentar sus diferencias. (…) Más recientemente, cuando las fuerzas respaldadas por Turquía derrocaron al régimen de Asad, Erdogan llamó a Putin en su cumpleaños para felicitarlo” (como se citó en Al Jazeera, 2025).
Este doble juego estratégico ha dotado a Türkiye de una posición ambivalente pero privilegiada en el contexto del conflicto ruso-ucraniano. Mientras que la mayoría de los miembros de la Alianza han adoptado una postura claramente confrontativa hacia Moscú, Türkiye ha optado por mantener canales de comunicación abiertos con ambas partes, permitiéndose así presentarse como un mediador creíble y con capacidad de interlocución. Esta ubicación geopolítica intermedia constituye uno de los pilares fundamentales de su política exterior actual y explica, en gran medida, su voluntad de desempeñar un papel activo en la resolución del conflicto.
A diferencia de la mayoría de los Estados miembros de la OTAN y de la Unión Europea (UE), Ankara optó por mantener una posición intermedia, sin alinearse de manera automática con ninguno de los dos bandos en disputa, postura que no debe interpretarse como neutralidad pasiva, sino como parte de una estrategia orientada a preservar la capacidad de mediación y defender sus propios intereses nacionales.
En los primeros momentos del conflicto, Türkiye condenó la invasión rusa de Ucrania como una violación del derecho internacional y reafirmó su compromiso con la soberanía e integridad territorial ucraniana, incluido el estatus de Crimea2 , donde residen cerca de 300 mil tártaros, una minoría musulmana (Villalón, 2025). Sin embargo, evitó sumarse al paquete de sanciones económicas occidentales, y mantuvo abiertas sus relaciones comerciales y diplomáticas con Rusia. Esta actitud permitió que Türkiye se posicionara como uno de los pocos actores internacionales con acceso legítimo y simultáneo a Kiev y Moscú.
La gestión del espacio aéreo y marítimo también revela la flexibilidad de su postura. Ankara aplicó la Convención de Montreux3 para restringir el acceso de buques de guerra al mar Negro, pero sin bloquear por completo la presencia naval rusa en la región (Riboua, 2025). Al mismo tiempo, continuó proporcionando asistencia a Ucrania, incluyendo el suministro de drones Bayraktar TB2, que desempeñaron un papel relevante en los primeros meses del conflicto, aunque dicha cooperación fue manejada con discreción por el Estado turco (Swissinfo, 2024). A medida que la guerra se prolongó, Türkiye intensificó sus esfuerzos diplomáticos para aportar una resolución al conflicto. La mediación turca ha estado marcada por una serie de iniciativas diplomáticas concretas con impacto significativo en la gestión de la guerra.
Uno de los momentos más relevantes fue la organización del encuentro bilateral ruso y ucraniano apenas semanas después del inicio de la invasión. Durante el Foro de Diplomacia de Antalya celebrado el 10 de marzo de 2022, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, se reunieron bajo el auspicio del Gobierno turco. Fue el primer contacto de alto nivel desde el inicio de la guerra a gran escala, aunque no produjo avances sustanciales (Ministerio de Asuntos Exteriores de Türkiye, 2022).
Türkiye asumió la mediación en el Acuerdo de Granos del mar Negro, firmado en julio de 2022 junto con Rusia, Ucrania y las Naciones Unidas. Este acuerdo permitió reanudar las exportaciones de cereal ucraniano a través de puertos bloqueados por el conflicto, con implicaciones directas en la seguridad alimentaria de países del Sur Global, particularmente en África y Medio Oriente.
Ankara desempeñó un papel esencial no solo en la facilitación del acuerdo, sino también en su implementación y supervisión a través del Centro de Coordinación Conjunta establecido en Estambul. Aunque el acuerdo fue interrumpido por Moscú, su firma representó un hito de la actividad diplomática turca en medio del conflicto de alta intensidad (Atalan, 2024).
Entre el 15 y 16 de mayo de 2025, Türkiye albergó las primeras negociaciones bilaterales directas entre Rusia y Ucrania desde 2022, realizadas en el Palacio Dolmabahçe de Estambul. La delegación ucraniana estuvo encabezada por el ministro de Defensa Rustem Umerov, mientras que Rusia fue representada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky y otros altos mandos militares y diplomáticos.
Se acordó el intercambio humanitario de mil prisioneros de guerra por cada lado y el retorno de cuerpos de soldados fallecidos, incluida la entrega de mil cuerpos ucranianos en una fase posterior (BBC, 2025). Sin embargo, no se alcanzó consenso sobre un alto el fuego; ambas partes acordaron presentar propuestas escritas sobre el posible cese de hostilidades, sin progreso hacia un acuerdo político.
La segunda ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia, también acogida por Estambul, se celebró el día 2 de junio de 2025. El encuentro, que duró aproximadamente una hora, finalizó sin un acuerdo de alto al fuego puesto que Moscú exigió la retirada de las tropas ucranianas de las cuatro regiones liberadas, como condición para alcanzar una tregua.
Adicionalmente, para el fin definitivo del conflicto, el Kremlin exigió que Ucrania reconozca la anexión de Crimea y que renuncie al ingreso en la OTAN (TeleSurTV, 2025). No obstante, el encuentro culminó con un acuerdo para intercambio de prisioneros que incluyó a los heridos y aquellos entre 18 a 25 años de edad (Pérez y Rey, 2025).
La tercera ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev se celebró el pasado 23 de julio en la ciudad de Estambul, como las anteriores. La reunión de ambas delegaciones duró solo 40 minutos y ambas acordaron intercambiar 1200 prisioneros de guerra cada una. La delegación rusa reiteró su voluntad de diálogo político y mantuvo las condiciones para cese al fuego y paz de los encuentros anteriores. Por su parte, la delegación ucraniana instó a su contraparte a establecer una reunión de alto nivel entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. La parte rusa propuso establecer tres grupos de trabajo con Ucrania para abordar asuntos políticos, humanitarios y militares (Xinhua, 2025).
Además de encuentros diplomáticos, Türkiye también ha protagonizado operaciones de intercambio de prisioneros de guerra, en coordinación con organizaciones internacionales, lo cual refuerza su papel humanitario y le permite presentarse como actor comprometido con el derecho internacional (Rivero y Pérez, 2025). Estas acciones, si bien discretas en su cobertura mediática, son fundamentales para sostener mínimas condiciones de confianza entre los beligerantes y alimentar perspectivas de desescalada futura. Ziya Meral, del Royal United Services Institute (RUSI), expresó:
Turquía tiene posibilidades de ganar diplomáticamente, independientemente del rumbo de las conversaciones. Esto cumple el deseo de Ankara de ser un negociador y un actor clave en los acontecimientos regionales. El hecho de que Ankara esté en condiciones de interactuar tanto con Estados Unidos y Rusia como con Ucrania es sin duda un éxito diplomático (como se citó en Al Jazeera, 2025).
La decisión de Türkiye de adoptar un papel activo como mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania obedece a una serie de motivaciones que reflejan su ambición de consolidarse como potencia regional y actor relevante en el sistema internacional. Esta orientación responde a un diseño de política exterior cada vez más autónomo, en el cual la mediación se convierte en un instrumento de poder para ampliar su influencia y preservar sus intereses en un entorno de alta conflictividad. Omer Ozkizilcik, mencionado arriba, dijo al respecto:
Hay muchas razones por las que Turquía acoge las conversaciones. Antes, los estados neutrales como Suiza, sin ningún interés en el conflicto, mediaban. Ahora, bajo un nuevo modelo, Turquía negocia con éxito en conflictos donde sí tiene intereses diplomáticos, económicos y geopolíticos. Es un nuevo modelo turco que está haciendo que el país surja como una potencia diplomática regional (Al Jazeera citando a Ozkizilcik, 2025).
En primer lugar, desde el plano geopolítico, la mediación turca no puede entenderse como una mera táctica coyuntural, sino como la expresión de una reconfiguración profunda del rol que Ankara aspira a desempeñar en el sistema internacional. Al conservar relaciones funcionales, aunque tensas y selectivas, tanto con Moscú como con Kiev, Türkiye no solo busca posicionarse como actor bisagra entre Oriente y Occidente, sino como una potencia autónoma, capaz de articular su propia agenda de seguridad, economía y legitimidad normativa.
Esta aspiración responde directamente a su progresivo ascenso como economía emergente y potencia media con capacidades globales. Desde principios del siglo XXI, Türkiye ha consolidado una base industrial diversificada, una sofisticada industria de defensa, visible en exportaciones de drones y armamento pesado, y una proyección diplomática que la ha llevado a operar en escenarios tan diversos como Siria, Libia, el Cáucaso y el Cuerno de África. Este crecimiento material ha dotado al Estado turco de un margen de maniobra estratégico sin precedentes desde la caída del Imperio otomano, permitiéndole rechazar la lógica binaria de alineamiento y reivindicar una política exterior de autonomía, donde la cooperación es pragmática, pero la soberanía no es negociable.
Este impulso económico estructural se ve reforzado por el auge del neootomanismo como marco discursivo y programático del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Esta transformación ideológica, lejos de ser un mero recurso retórico nostálgico, ha mostrado que funciona como una ideología de Estado que redefine la identidad nacional turca, sustituyendo la narrativa kemalista de ruptura con el pasado islámico y otomano por una concepción de Türkiye como heredera legítima de una tradición imperial multiétnica y diplomática.
Bajo esta lógica, los antiguos territorios otomanos, desde los Balcanes hasta el Levante, pasando por el Norte de África y el Cáucaso, no son simples vecinos, sino una zona de “responsabilidad histórica”. Paralelamente, la afinidad lingüística y étnica con los pueblos túrquicos de Asia Central se ha convertido en un vector que busca consolidar una red de cooperación económica, energética y de seguridad. Esta ambición, sin embargo, entra en fricción directa con los intereses rusos, que históricamente han considerado a Asia Central como su patio trasero, y cuyo control es clave para la proyección de Moscú como potencia euroasiática. Así, la mediación turca en Ucrania no solo busca estabilidad inmediata, sino también abrir espacios de influencia en una región disputada, en la que Ankara aspira a actuar como contrapeso con respecto a Rusia.
Al mismo tiempo, la reorientación exterior de Türkiye es inseparable de sus tensiones acumuladas con Occidente, resultado de un proceso histórico de distanciamiento que combina factores ideológicos, políticos y de identidad. El giro iliberal del régimen de Erdogan ha profundizado el déficit de legitimidad democrática percibido por la UE y Washington.
Más allá de las críticas normativas, es crucial destacar que la exclusión estructural de Türkiye del proyecto europeo ha sido un factor decisivo en esta reconfiguración. A pesar de haber iniciado las negociaciones de adhesión y haber recibido el estatus de candidato en 1999, el proceso se ha estancado desde mediados de la década de 2000, con cada vez más Estados miembros de la UE expresando su oposición abierta a la incorporación de un país de mayoría musulmana. Este diagnóstico ha alimentado una narrativa de soberanía como resistencia, en la que la política exterior agresiva y el discurso anti-hegemónico sirven tanto para desviar la atención de los problemas internos como para movilizar un nacionalismo conservador que ve en el liderazgo de Erdogan la defensa frente a una conspiración exterior.
Adicionalmente, existen consideraciones de seguridad nacional y estabilidad regional que impulsan al desarrollo de la mediación. Türkiye comparte frontera marítima con Rusia y Ucrania en el mar Negro, por lo que la prolongación del conflicto supone un riesgo directo para sus intereses estratégicos. La desestabilización de esta región afecta a rutas comerciales, infraestructuras energéticas y equilibrios militares, además de incrementar la presión migratoria y los riesgos de confrontación naval (Riboua, 2025).
Asimismo, Türkiye mantiene un volumen comercial considerable con ambas partes4, especialmente en sectores sensibles como la energía, los alimentos y el turismo. Rusia es uno de sus principales proveedores de gas natural y turistas, y un socio en inversiones estratégicas como la planta nuclear de Akkuyu (Gobierno de Turkiye, s.f). En adición, el proyecto TurkStream, un gasoducto que conecta directamente Rusia con Türkiye a través del Mar Negro, existe un Consejo Empresarial Rusia-Türkiye y una Comisión Intergubernamental Mixta que coordinan la cooperación comercial, en la que participan más de 100 empresas turcas y 36 regiones rusas en proyectos conjuntos (Rosoboronexport, s.f).
Ucrania, por su parte, es un actor clave en el suministro de cereales y productos agrícolas. La interrupción de estas cadenas de suministro afectaría directamente la economía turca, ya de por sí tensionada por una prolongada crisis inflacionaria. En este contexto, la mediación se convierte en una forma de garantizar la estabilidad de los flujos económicos y de mostrar a los mercados internacionales la capacidad de Ankara para gestionar crisis de alto nivel.
Debe considerarse una dimensión simbólica y de política interna, en la que el presidente Recep Tayyip Erdogan ha utilizado la mediación como un recurso discursivo de legitimación, tanto en el plano internacional como ante su electorado nacional. La imagen de líder global que busca soluciones donde otros promueven confrontaciones es coherente con su narrativa de una Türkiye fuerte, soberana e influyente. Esta imagen se ve estimulada por los preceptos de unión del “mundo otomano” que ha caracterizado el discurso nacionalista del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) de Erdogan.
Steven Horrell, miembro del Centro de Análisis de Políticas Europeas (ACEP, por sus siglas en inglés), explicó: “Turquía se considera no solo un líder regional, sino un verdadero líder a nivel mundial. Se beneficiarán en sus relaciones bilaterales con Rusia y Ucrania si contribuyen a la consecución de los objetivos de paz (Horrel, como se citó en Al Jazeera, 2025).”
Türkiye aspira a consolidarse como un actor global autónomo pero su mediación también interactúa con la posición y expectativas de EE.UU. Esta última reconoce que la nación turca puede facilitar un punto de contacto con Rusia cuando otros actores occidentales están congelados políticamente debido a las sanciones. No obstante, desde Washington, Türkiye es vista más como facilitador que mediador pleno, con capacidad principalmente para abrir espacios de diálogo, pero sin asumir responsabilidad real en negociar acuerdos políticos finales. EE.UU. ha insistido repetidamente en que resultados significativos dependerán de negociaciones de alto nivel, idealmente entre los presidentes Trump y Putin o por lo menos delegaciones con autoridad política plena (Pérez y Rey, 2025).
conclusiones
La actuación de Türkiye como mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania refleja una táctica deliberada de afirmación internacional, orientada a reforzar su autonomía estratégica, preservar sus intereses vitales y consolidar su posición como actor intermedio en el nuevo orden en transición. Su política exterior ha operado desde una lógica pragmática, capaz de mantener vínculos simultáneos con Moscú y Kiev, lo que le ha permitido desempeñar un papel operativo allí donde otros actores han sido políticamente desactivados.
Los hechos analizados revelan que la mediación turca, aunque limitada en sus resultados políticos, ha generado impactos concretos en la gestión del conflicto. La organización de negociaciones bilaterales, la participación en el Acuerdo de Granos del Mar Negro y la coordinación de intercambios de prisioneros demuestran una capacidad de intervención flexible y efectiva, fundamentada en una diplomacia de amplio espectro.
Esta ha situado a Ankara en una posición ambivalente pero funcional, capaz de mantener interlocución con ambos beligerantes. El papel que ha desempeñado en iniciativas como el Acuerdo de Granos del Mar Negro, la facilitación de encuentros diplomáticos de alto nivel y la coordinación de intercambios humanitarios revela una mediación no tradicional, guiada por el pragmatismo y orientada a preservar intereses nacionales, estabilidad regional y autonomía estratégica.
Este modelo de mediación funcional, que combina posicionamiento geoestratégico y proyección simbólica, permite a Türkiye fortalecer su influencia sin quebrar sus compromisos formales con alianzas como la OTAN. Aunque no ha logrado avances sustantivos hacia un alto al fuego, su accionar ha contribuido a mantener canales abiertos y preservar ciertas condiciones mínimas de interlocución. En un escenario internacional signado por la fragmentación y la rivalidad sistémica, Türkiye representa un ejemplo de mediación adaptativa, caracterizada por el equilibrio entre intereses nacionales y ambición global.
referencias
BIBLIOGRÁFICAS
notas
internacional/2025/05/16/6825ff21e9cf4ac1748b45a0.html
corbetas/87768540#:~:text=Baykar%2C%20la%20empresa%20turca%20que,terminar%20las%20obras%20este%20a%C3%B1o.
Ucrania y Rusia acuerdan un gran intercambio de prisioneros en su primera negociación directa en más de tres años. (16 de mayo de 2025). BBC. https://www.bbc.com/mundo/articles/cx2jp2g7ewdo
Villalón, L. (16 de mayo de 2025). La ‘pax turca’: Erdogan emerge de nuevo como mediador clave en la guerra de Ucrania. El Mundo. https://www.elmundo.es/
NOTAS
nternacional/2025/05/16/6825ff21e9cf4ac1748b45a0.html
Workman, D. (2024). Principales socios comerciales de Turquía. World Top Exports https://www.worldstopexports.com/turkeys-top-import-partners/
2do Foro Diplomático de Antalya, 11-13 de marzo de 2022. (13 de marzo de 2022). Ministerio de Asuntos Exteriores de Turkiye. https://www.mfa.gov.tr/ikinci-antalya-diplomasi-forumu--11-13-mart-2022.es.mfa
NOTAS
Los minerales críticos son, aunque escasos, de vital importancia económica y fundamentales para la tecnología moderna. Algunos de estos minerales son: litio, cobalto, níquel, cobre y las denominadas tierras raras. Los minerales críticos han tomado el centro de atención en la batalla global por las materias primas esenciales en el desarrollo tecnológico, llegándose a considerar el oro del siglo XXl (Marcó del Pont, 2025).
El término “acaparamiento verde” o “green grabbing” se refiere a la apropiación de tierras y recursos naturales bajo justificaciones ambientalistas. Frecuentemente se asocia al desarrollo sostenible y la conservación medioambiental, pero puede traer consigo la expropiación y exclusión de asentamientos locales (Pohl Schnake, 2019).
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo energético para promover el uso de energías limpias y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El “capitalismo verde” pretende ser una estrategia para enfrentar la crisis ecológica. Mercantiliza la naturaleza, la sostenibilidad, y legitima nuevas formas de extractivismo, reproduciendo los mismos patrones capitalistas bajo una apariencia ecologista (Nadal, 2024).
El “Green New Deal” (Nuevo Pacto Verde) es un conjunto de propuestas políticas en EE. UU. que busca descarbonizar la economía estadounidense en 10 años, garantizando empleo, justicia social y sostenibilidad. Está inspirado en el “New Deal” de Roosevelt como solución a la Crisis del 29 (Congreso de Estados Unidos, 2019).
El “European Green Deal” (Pacto Verde Europeo) es una estrategia lanzada por la UE con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050 mediante una transformación económica hacia un modelo sostenible y competitivo (Unión Europea, 2019).
La medida de la vinculación de los países africanos en estas primeras etapas de la cadena de valor está dada por la fuerte presencia de tecnologías y empresas extranjeras en el continente.
El autor hace uso de “procesamiento avanzado”, ya que en muchos casos las mismas empresas extranjeras en África son las que comienzan con el procesamiento primario (trituración, molienda, entre otros).
La protección ambiental para el Corredor de Lobito se traza a partir de una mejor implementación de las tecnologías y recursos para la construcción de este proyecto, donde se cumpla con los “más altos estándares internacionales” (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2024).
GudynasNuevoExtractivismo10Tesis09x2.pdf
notas
En su artículo “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory”, Robert W. Cox (1981) propone entender el desarrollo de los procesos globales mediante el concepto de estructura histórica, la cual está constituida por la interacción de las capacidades materiales, las ideas y las instituciones. De ellas emanan los distintos órdenes internacionales que, a su vez, sitúan, jerarquizan y definen los intereses y márgenes de posibilidad de los diferentes actores sociales. Cox utiliza este enfoque para criticar las teorías tradicionales de las Relaciones Internacionales, argumentando que estas naturalizan las estructuras existentes, en lugar de reconocerlas como construcciones históricas sujetas a cambios.
La crisis de 1890, también conocida como pánico de 1890, constituyó una profunda depresión que derivó en una crisis económica y financiera que afectó a Argentina durante la presidencia de Miguel Juárez Celman.
Se conoce como “Década Infame” al período entre 1930 y 1943 en Argentina, caracterizado por el fraude electoral, la corrupción política y una creciente dependencia económica del Reino Unido tras el golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen.
La Constitución de 1853 tomó como modelo la Constitución de Estados Unidos que establecieron los padres fundadores, inspirada en los principios del liberalismo clásico y la doctrina política del federalismo. Estableció un sistema republicano, con división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esta Carta Magna legitimaba un orden constitucional en función de los intereses de la oligarquía terrateniente agroexportadora.
La dictadura militar argentina utilizó la guerra de Malvinas en 1982 como una estrategia para desviar la atención de su creciente pérdida de legitimidad, la crisis económica y el descontento social. El régimen buscó generar un sentimiento de unidad nacional y reforzar su control a través del patriotismo, pero la derrota frente al Reino Unido aceleró su desgaste y contribuyó a su caída, dando paso a la transición democrática.
Para profundizar más sobre los vínculos entre los “think tanks”, las ONG y la dictadura de 1976, consultar Fuchs, J., y Vélez, J. C. (2007). Argentina de rodillas. Terrorismo económico de Martínez de Hoz a Cavallo. Editorial de Ciencias Sociales.
El kirchnerismo es un movimiento político argentino surgido en 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner. Se enmarca dentro del peronismo y se caracteriza por un fuerte rol del Estado en la economía, políticas de inclusión social, confrontación con sectores de poder y un discurso basado en la defensa de la soberanía nacional y los derechos humanos. Ha influido de manera significativa en la política argentina del siglo XXI, generando tanto un respaldo considerable como una fuerte oposición.
La ideología liberal-libertaria combina elementos del liberalismo clásico y el libertarismo. Dentro de este marco, el anarcocapitalismo es una corriente radical que propone la eliminación total del Estado, argumentando que todas las funciones gubernamentales pueden ser reemplazadas por acuerdos voluntarios y mercados privados. Sus defensores sostienen que la propiedad privada y el libre comercio garantizan el orden social sin necesidad de una autoridad centralizada.
El término woke se refiere originalmente a estar “despierto” o consciente de las injusticias sociales, especialmente en temas de racismo y discriminación. Con el tiempo, su significado se ha ampliado para incluir diversas causas progresistas, aunque en algunos contextos se usa de manera peyorativa para criticar posturas percibidas como excesivamente políticamente correctas. [ La protección ambiental para el Corredor de Lobito se traza a partir de una mejor implementación de las tecnologías y recursos para la construcción de este proyecto, donde se cumpla con los “más altos estándares internacionales” (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2024).][ La protección ambiental para el Corredor de Lobito se traza a partir de una mejor implementación de las tecnologías y recursos para la construcción de este proyecto, donde se cumpla con los “más altos estándares internacionales” (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2024).]
resumen
En el actual entorno internacional, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha permitido que Türkiye emerja como un actor singular, pues su potencial y prestigio a nivel regional e internacional le han permitido convertirse en un mediador efectivo entre ambos contendientes. En este sentido, su pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, combinada con relaciones estratégicas sostenidas con Rusia, le ha conferido una capacidad de interlocución única que ha sido instrumentada en el desarrollo de iniciativas diplomáticas concretas. La mediación ejercida por Ankara no responde a principios de neutralidad, sino a una lógica de autonomía estratégica, donde se articulan su proyección como potencia regional y la defensa de intereses económicos y geopolíticos. El análisis del desempeño turco permite identificar una diplomacia que ha favorecido contactos de alto nivel, acuerdos humanitarios e iniciativas relevantes como el Acuerdo de Granos del Mar Negro, en un contexto de creciente parálisis de los mecanismos multilaterales tradicionales. Esta capacidad de mediación limitada pero efectiva posiciona a Türkiye como un actor de creciente relevancia en el escenario internacional, con un modelo de política exterior basado en la flexibilidad táctica y la maximización de beneficios en contextos de alta conflictividad.
Palabras Clave: : Türkiye, mediación, conflicto ruso-ucraniano, negociaciones, diplomacia
ABSTRACT
In the current international environment, the conflict between Russia and Ukraine has allowed Türkiye to emerge as a unique actor, as its potential and prestige at the regional and international levels have enabled it to become an effective mediator between the two contenders. In this regard, its membership in the North Atlantic Treaty Organization, combined with sustained strategic relations with Russia, has given it a unique capacity for dialogue that has been instrumental in the development of concrete diplomatic initiatives. Ankara’s mediation is not based on principles of neutrality, but rather on a logic of strategic autonomy, which articulates its projection as a regional power and the defense of economic and geopolitical interests. An analysis of Turkey’s performance reveals a diplomacy that has favored high-level contacts, humanitarian agreements, and relevant initiatives such as the Black Sea Grain Agreement, in a context of growing paralysis of traditional multilateral mechanisms. This limited but effective mediation capacity positions Türkiye as an increasingly relevant actor on the international stage, with a foreign policy model based on tactical flexibility and the maximization of benefits in highly conflictive contexts.
Keywords: Türkiye, mediation, Russian-Ukrainian conflict, negotiations, diplomacy
Translated with DeepL.com (free version) the continent’s subordination in the global economy and worsening local socioeconomic precarity, thus characterizing the phenomenon more as green grabbing than as genuine development.
Keywords: Africa, extractivism, green capitalism, green grabbing, sustainable mining.
Recibido: 27 de Noviembre de 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 15 de Diciembre de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Rodríguez Gamón, K. y Rojas González, A. (2026). Análisis de las políticas regulatorias de la administración Trump y su impacto en los mercados de criptoactivos (2025). Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(1), 55-72.
resumen
Este artículo examina el impacto del marco regulatorio estadounidense sobre criptoactivos bajo la administración del presidente Donald Trump en 2025, particularmente a través de la Ley GENIUS para stablecoins. El objetivo es analizar cómo esta regulación, más allá de proporcionar seguridad jurídica, busca integrar estratégicamente las criptomonedas en el sistema financiero tradicional para fortalecer la demanda de deuda pública y consolidar el dominio global del dólar. Metodológicamente, se emplea un análisis cualitativo de discursos, documentos oficiales e informes especializados, complementado con un modelo de regresión por mínimos ordinarios (OLS) para graficar el impacto de las nuevas regulaciones en el mercado de criptoactivos. Los hallazgos sugieren que el marco regulatorio estadounidense ha evolucionado de un enfoque fragmentado a una política de Estado cohesiva, utilizando la regulación como una herramienta para objetivos fiscales y geopolíticos más amplios, transformando así la gobernanza de los activos digitales.
Palabras clave: Criptoactivos, stablecoins, políticas regulatorias, Ley Genius, Trump, Estados Unidos.
ABSTRACT
This article examines the impact of the U.S. regulatory framework on crypto-assets under the administration of President Donald Trump in 2025, particularly through the GENIUS Act for stablecoins. The objective is to analyze how this regulation, beyond providing legal certainty, strategically seeks to integrate cryptocurrencies into the traditional financial system to strengthen the demand for public debt and consolidate the global dominance of the U.S. dollar. Methodologically, a qualitative analysis of speeches, official documents, and specialized reports is employed, complemented by an ordinary least squares (OLS) regression model to chart the impact of the new regulations on the crypto-asset market. The findings suggest that the U.S. regulatory framework has evolved from a fragmented approach into a cohesive state policy, using regulation as a tool for broader fiscal and geopolitical objectives, thereby transforming the governance of digital assets.
Keywords: Criptoassets, stablecoins, regulatory policies, Genius Act, Trump, United States.
introducción
La irrupción de las criptomonedas ha generado un impacto significativo en la economía global. Frente a la visión que las considera un antídoto contra la hegemonía del dólar -capaces de contrarrestar sanciones unilaterales y asimetrías del sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)- se alzan análisis que prevén su posible cooptación por el sistema financiero tradicional. Esta perspectiva advierte que la dependencia de infraestructuras centralizadas y la posible estandarización global de marcos regulatorios como el estadounidense o europeo podrían consolidar, más que desafiar, el dominio de los actores establecidos.
La administración del presidente Donald Trump ha subrayado el objetivo de integrar las criptomonedas dentro del sistema financiero tradicional. Bajo la consigna de hacer de Estados Unidos (EEUU) “la capital cripto del mundo”, ha promovido iniciativas como la Ley GENIUS, una Reserva Estratégica de Bitcoin y la oposición a una Moneda Digital de Banco Central (CBDC) desde este banco, buscando alinear la innovación digital con el fortalecimiento del dólar y las instituciones financieras existentes.
Este artículo tiene como objetivo examinar el marco regulatorio estadounidense en materia de criptomonedas bajo la actual administración, así como sus efectos en los mercados de criptoactivos y el sistema monetario. Para esto se confeccionó un marco conceptual operacional y se analizaron discursos, documentos oficiales, e informes y artículos de instituciones especializadas como el Bank for International Settlements (BIS), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la Reserva Federal. Finalmente, a partir de informaciones de los principales índices de adopción de criptoactivos y de datos actualizados sobre el mercado de criptomonedas, se aplicó un modelo de regresión por mínimos ordinarios (OLS) para cuantificar el impacto de las regulaciones de 2025 sobre rendimientos, volatilidad y volumen, con control de factores macroeconómicos y tendencias del mercado.
desarrollo
Este estudio se enmarca en un contexto de maduración regulatoria global sin precedentes. La actual administración estadounidense ha impulsado iniciativas como la Ley GENIUS, que establece un marco para las stablecoins, generando un efecto armonizador que trasciende las fronteras del país. Este fortalecimiento regulatorio representa un eje central que define los estándares de seguridad y transparencia para la operación de criptoactivos, facilitando la confianza de los usuarios y la integración de estos activos digitales dentro del sistema financiero tradicional.
Para analizar sistemáticamente este panorama regulatorio complejo y en evolución, se hace indispensable establecer un marco conceptual bien definido que permita clasificar y comparar las distintas posturas nacionales.
A partir de este marco conceptual se puede establecer una jerarquía donde el activo digital constituye la categoría más amplia, subdividido en criptoactivos, que son activos digitales asegurados mediante criptografía, y las monedas virtuales. La criptomoneda emerge como un tipo específico de moneda virtual, caracterizada por ser descentralizada y basada en modelos criptográficos. Paralelamente, las monedas digitales son aquel subconjunto de activos digitales que poseen curso legal, representando digitalmente una moneda soberana.
Grados de legitimación estatal de las criptomonedas: tipología normativa
Ante los desafíos globales de los criptoactivos, los organismos internacionales han desarrollado marcos regulatorios claves. El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB)1 se centra en los riesgos para la estabilidad financiera global, habiendo publicado principios para las monedas estables y un marco regulatorio integral para los criptoactivos. Paralelamente, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece los estándares globales para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, exigiendo a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) que implementen procedimientos de “Conozca a su Cliente” (KYC), políticas Anti-Money Laundering (AML)-Combating the Financing of Terrorism (CFT) y la denominada “Regla de Viaje”, que obliga a recopilar y compartir información de los ordenantes y beneficiarios de las transacciones.
En el ámbito de la supervisión bancaria, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, 2025) ha establecido el tratamiento prudencial para las exposiciones bancarias a criptoactivos. Su marco, efectivo desde el 1 de enero de 2025, clasifica los criptoactivos en dos grupos: el Grupo 1 (activos tokenizados y stablecoins que cumplen condiciones estrictas) se somete a los requisitos de capital tradicionales, mientras que el Grupo 2 (como Bitcoin) enfrenta requisitos de capital mucho más severos, con ponderaciones de riesgo de hasta el 1250%, y está sujeto a un límite de exposición global.
Por otro lado, en cuanto a la clasificación de los marcos regulatorios, los investigadores Xiong y Luo (2024) los dividen en ocho categorías principales, que abarcan; desde la prohibición absoluta (“General Ban”) o parcial (“Partial Ban”), pasando por marcos estrictos (“Restrictive Regulation”) o favorables al desarrollo del mercado (“Supportive Regulation”), hasta el reconocimiento como moneda de curso legal (“Legal Tender”). También incluyen posiciones intermedias, como la simple expresión de preocupación (“Concerned”), la no intervención (“Laissez-faire”), o la falta de información disponible (“No information”). Esta amplia variación refleja la falta de consenso internacional sobre cómo abordar los criptoactivos.
Xiong y Luo (2024) identifican igualmente que los países pueden integrar la normativa en su marco legal existente (“Existing Framework”), desarrollar uno nuevo específico para criptoactivos (“New Framework”) o adoptar un “Hybrid Approach” que combine ambos. (Véase anexos 1 y 2) Estos marcos regulatorios, ya sean nuevos, existentes o híbridos, tienen un impacto medible y directo en los índices de adopción, como lo demuestra el caso de Estados Unidos, donde su “New Framework” específico ha sido un factor clave para su elevada posición en los rankings globales. (Véase anexos 3 y 4)
Evolución del marco regulatorio de las criptomonedas en Estados Unidos
Antes de la aprobación de la propuesta de marcos legislativos integrales, la regulación de activos digitales en Estados Unidos se caracterizó por un enfoque reactivo y fragmentado. Agencias como el Internal Revenue Service (IRS) y la Securities and Exchange Commission (SEC) aplicaban normativas existentes —leyes tributarias y de valores— a estos nuevos activos, en lo que se denominó “regulación por aplicación de la ley” (regulation by enforcement). El IRS estableció que las criptomonedas constituían “propiedad” a efectos fiscales, obligando a declarar transacciones y calcular ganancias de capital, sentando así las bases de la obligación tributaria en este ámbito (Sidley, 2022).
Los primeros esfuerzos legislativos buscaron crear un marco regulatorio integral. Iniciativas bipartidistas como la Ley de Innovación Financiera Responsable (RFIA) de junio de 2022, establecieron distinciones cruciales, definiendo cuándo un activo digital era un commodity bajo jurisdicción de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y cuándo era un valor regulado por la SEC. Paralelamente, agencias federales adoptaron un enfoque de supervisión proactiva; la Reserva Federal instó a los bancos a notificar actividades con criptoactivos y demostrar controles efectivos para gestionar riesgos, mientras la SEC mantuvo su enfoque de regulación por aplicación de la ley.
Esta incertidumbre regulatoria federal propició un panorama fragmentado a nivel estatal. Estados como Wyoming se posicionaron como hubs innovadores, permitiendo servicios de custodia y reconociendo las criptomonedas como dinero, mientras Nueva York implementó marcos más estrictos como la exigente BitLicense2 (Nikita, 2025) (Véase anexo 5). Esta falta de estándar nacional unificado creó un complejo mosaico regulatorio que consolidó la demanda de certidumbre federal mediante un marco legislativo claro y comprensivo.
La administración Trump
La administración Trump marcó un punto de inflexión al impulsar iniciativas regulatorias federales dirigidas a unificar este panorama fragmentado. Mediante la Orden Ejecutiva del 23 de enero de 2025, titulada “Fortalecimiento del Liderazgo Estadounidense en Tecnología Financiera Digital”, se estableció un Grupo de Trabajo para desarrollar un marco regulatorio federal preciso en 180 días. Esta medida, complementada con el impulso a proyectos de ley como el Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21) y la prohibición explícita de las CBDCs, buscó crear un entorno predecible que atrajera la innovación y consolidara el liderazgo global de EE.UU. en el sector de activos digitales, transformando la fragmentación estatal en una estrategia nacional cohesionada.
La administración Trump complementó su estrategia en materia de activos digitales, con acciones ejecutivas y de gobierno concretas durante el primer semestre de 2025. Para liderar este esfuerzo, se realizaron cambios clave en el liderazgo de las agencias reguladoras: a principios de año, Trump nombró a Caroline Pham presidenta en funciones de la CFTC y a Mark Uyeda presidente de la SEC, dos comisionados que habían abogado por marcos más claros y favorables a la innovación en el sector. Bajo este nuevo liderazgo, la SEC creó un grupo de trabajo sobre criptomonedas dirigido por la comisionada Hester Peirce, conocida por su postura pro-cripto, con el mandato específico de desarrollar un marco regulatorio integral en colaboración con la industria y el Congreso.
Estas iniciativas se enmarcaron en una estrategia de desregulación más amplia, que se materializó a través de dos órdenes ejecutivas fundamentales. La Orden Ejecutiva 14178, firmada el 23 de enero de 2025, constituyó el pilar regulatorio inicial, al establecer el “Grupo de Trabajo sobre Mercados de Activos Digitales” y encomendarle la tarea de proponer un marco regulatorio federal en un plazo de 180 días, al tiempo que revocaba las directrices de la administración anterior y prohibía explícitamente el desarrollo de una moneda digital del banco central (CBDC) en los Estados Unidos (Casa Blanca, 2025).
Posteriormente, el 6 de marzo de 2025, una segunda orden ejecutiva, “Establecimiento de la Reserva Estratégica de Bitcoin y la Reserva de Activos Digitales de los Estados Unidos”, creó un mecanismo concreto para la acumulación de estos activos. Instituyó la Reserva Estratégica de Bitcoin, destinada a mantener el bitcoin propiedad del gobierno como un activo de reserva nacional, y una Reserva de Activos Digitales para otras criptomonedas (Trump, 2025). (Véase anexo 6)
El trabajo iniciado a partir de estas órdenes ejecutivas culminó en acciones tangibles durante el primer semestre de 2025. El 30 de julio de ese año, el Grupo de Trabajo entregó su informe final con recomendaciones detalladas para un marco regulatorio integral (President’s Working Group on Digital Asset Markets, 2025). Este proceso se vio acelerado por la “Semana Cripto” en el Congreso, que trajo como resultado la promulgación de la Ley GENIUS para stablecoins, y la aprobación en la Cámara de Representantes de la Ley CLARITY, destinada a delimitar las jurisdicciones de la SEC y la CFTC. Así, las órdenes ejecutivas no solo definieron la política, sino que actuaron como catalizadores para una transformación regulatoria histórica que integró los activos digitales en el sistema financiero estadounidense.
La siguiente sección analiza la Ley GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins), promulgada el 18 de julio de 2025. Esta norma constituye la legislación federal más importante hasta la fecha sobre criptomonedas en Estados Unidos y ha sido señalada como “un punto de inflexión tras años de vacío regulatorio para las stablecoins” (Kingsley & Garg, 2025, p. 2).
La Ley GENIUS
La Ley GENIUS surge como respuesta a un prolongado vacío regulatorio evidenciado inicialmente con la propuesta de Libra en 2019, que reveló tanto los riesgos de los sistemas monetarios privados como la fragmentación competencial entre agencias federales. Esta incertidumbre se agravó durante la administración Biden con la política de “regulación por demandas” de la SEC. La norma establece por primera vez un marco predecible para stablecoins, distribuyendo claramente las competencias regulatorias y abordando simultáneamente los riesgos de estabilidad financiera y lavado de dinero (U.S. Congress, 2025).
Un aporte fundamental de la ley es la creación de una definición legal precisa de “stablecoin de pago” como activo digital destinado a pagos, cuyo emisor debe canjearlo por valor monetario fijo y mantener su valor estable (U.S. Congress, 2025, sec. 2(14)). Para eliminar ambigüedades, establece expresamente que estas stablecoins no serán consideradas valores ni commodities, excluyéndolas de la jurisdicción de la SEC y la CFTC (U.S. Congress, 2025, sec. 14).
La norma implementa una estructura de tres niveles para regulación de emisores, permitiendo que tanto instituciones depositarias como entidades no bancarias operen bajo supervisión federal o estatal, fomentando la competencia (U.S. Congress, 2025, sec. 4(a)(7) y sec. 7). Para garantizar estabilidad exige reservas líquidas de alta calidad en proporción 1:1 con las stablecoins en circulación (U.S. Congress, 2025, sec. 4(a)(1) y (2)), junto a requisitos de capital y amplias facultades al Tesoro para normas antilavado adaptadas a blockchain (U.S. Congress, 2025, sec. 4; a), 4 y 5).
La trampa de las stablecoins
Más allá de la protección al tenedor, estos estrictos requisitos de reserva establecidos en la Ley GENIUS constituyen una herramienta de política fiscal estratégica. Ante el desafío de unos tipos de interés a largo plazo persistentemente altos y una oferta de deuda pública que supera la demanda a los tipos actuales, el gobierno de Estados Unidos ha tenido dos opciones: aumentar ingresos y reducir gastos, para que el déficit público no sea tan elevado y facilite un superávit presupuestario que reduzca el stock de deuda pública; o incrementar la demanda de deuda pública de los inversores aún cuando no aumenten los tipos de interés. Donald Trump optó por la segunda vía (Ramón Rallo, 2025).
El actual gobierno estadounidense pretende impulsar la demanda de su deuda a través de las stablecoins, criptomonedas que requieren reservas masivas en dólares o activos convertibles para mantener su paridad. Esta necesidad se convirtió en una obligación legal con la Ley GENIUS, que canaliza capital del ecosistema cripto de manera directa hacia la deuda pública estadounidense.
Al definir exhaustivamente los activos elegibles para respaldar las stablecoins, la ley canaliza obligatoriamente una porción significativa del capital del ecosistema cripto hacia la deuda pública estadounidense de corto plazo. Esto obliga a invertir en deuda pública estadounidense para la emisión de stablecoins y aumenta la demanda global de deuda pública estadounidense.
Como se establece en las secciones 3 y 4 (U.S. Congress, 2025), las reservas pueden consistir en letras, pagarés y bonos del Tesoro con vencimientos inferiores a 93 días, así como en acuerdos de recompra (repos) respaldados por estos valores:
It shall be unlawful for any person other than a permitted payment stablecoin issuer to issue a payment stablecoin in the United States.” (pág 8)
(1) IN GENERAL.—Permitted payment stablecoin issuers shall— (A) maintain reserves backing the issuer’s payment stablecoins outstanding on an at least 1 to 1 basis, with reserves comprising (i) United States coins and currency (including Federal reserve notes); (ii) funds held as demand deposits (or other deposits that may be withdrawn upon request at any time) at insured depository institutions, regulated foreign depository institutions, or insured shares at insured depository institutions, subject to limitations established by the Corporation and the National Credit Union Administration, respectively, to address safety and soundness risks of such insured depository institutions; (iii) Treasury bills, notes, or bonds— (I) with a remaining maturity of 93 days or less; or (II) issued with a maturity of 93 days or less; (iv) repurchase agreements with a maturity of 7 days or less that are backed by Treasury bills with a maturity of 90 days or less; (v) reverse repurchase agreements with a maturity of 7 days or less that are collateralized by Treasury notes, bills, or bonds on an overnight basis, subject to overcollateralization in line with standard market terms, that are— (I) tri-party; (II) centrally cleared through a clearing house; or (III) bilateral with a counterparty that the issuer has determined to be adequately creditworthy even in the event of severe market stress; (vi) money market funds, invested solely in underlying assets described in clauses (i) through (iv) of subparagraph (A); or (vii) Central Bank reserve deposits; (...)” (pág 9-10)
El impacto potencial de la Ley GENIUS sobre la demanda de deuda del Tesoro estadounidense es significativo, dadas la escala y las proyecciones de crecimiento del mercado de stablecoins. Este mercado ya procesa un volumen anual que supera los $4 billones (USD) y representa alrededor del 30% de todo el volumen de transacciones on-chain (TRM Labs, 2025), lo que subraya su adopción masiva. Respaldando esta trayectoria, las proyecciones de Citi (2024) anticipan un crecimiento exponencial del sector para 2030, por lo que el requisito de respaldo 1:1 con activos seguros y líquidos se erige como un mecanismo de absorción estructural de valores gubernamentales.
Informe de 180 Días sobre la política de activos digitales.
Aunque su alcance se limita principalmente a orientar la acción del poder ejecutivo federal, la Orden Ejecutiva 14178 estableció las bases de política para el desarrollo del ecosistema de activos digitales en Estados Unidos. El documento resultante de esta orden, el Informe de 180 Días de la Casa Blanca, si bien carece de carácter normativo vinculante por sí mismo, constituye un documento de política fundamental que articula la necesidad crítica de establecer un marco regulatorio unificado para los activos digitales. El informe enfatiza que “un marco regulatorio sólido y claro es esencial para apoyar una economía digital vibrante e inclusiva” (President’s Working Group on Digital Asset Markets, 2025, p. 5), destacando específicamente la urgencia de delimitar jurisdiccionalmente las competencias de la SEC y la CFTC en la clasificación de activos digitales. Esta distinción es fundamental para establecer un mercado seguro y competitivo, especialmente considerando que “sin un sistema de clasificación claro y acordado, los participantes del mercado han tenido que navegar un mosaico de interpretaciones y orientaciones” (p. 45). La propuesta no solo permitiría una supervisión más eficaz, sino que sentaría las bases conceptuales para una innovación responsable, asegurando que Estados Unidos mantenga su liderazgo en la evolución financiera global.
El informe adopta un enfoque estratégicamente gradual al recomendar que las agencias reguladoras utilicen sus facultades existentes de manera inmediata, mientras se desarrolla una legislación especializada en el Congreso. Esta aproximación reconoce la urgencia de proporcionar certidumbre al mercado mediante mecanismos administrativos disponibles, aunque plantea interrogantes sobre la suficiencia de medidas provisionales para un ecosistema de rápida evolución.
El documento es categórico al señalar que “la SEC y la CFTC deben usar sus autoridades existentes para permitir inmediatamente la negociación de activos digitales a nivel federal” (President’s Working Group on Digital Asset Markets, 2025, p. 10), promoviendo el uso de exenciones regulatorias y figuras como “puertos seguros” para acelerar la innovación doméstica. No obstante, esta estrategia depende críticamente de la subsecuente acción legislativa para crear un marco estable, lo que introduce incertidumbre respecto a la permanencia de dichas medidas si la legislación integral se retrasa sustancialmente.
Ley Clarity
La Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Ley CLARITY) establece las bases estructurales para el ecosistema de criptoactivos al delimitar jurisdicciones regulatorias. Esta legislación bipartidista asigna a la SEC la supervisión de activos digitales ofrecidos como contrato de inversión y a la CFTC el control de las “mercancías digitales”, definidas como “activos digitales intrínsecamente vinculados a un sistema de blockchain” cuyo valor deriva del uso de dicho sistema (U.S. Congress, 2025, p. 22-23). La ley crea un régimen de registro específico para plataformas de intercambio e introduce un proceso formal de “Certificación de Sistemas de Blockchain Maduros” que permite la transición de activos de valores a mercancías (TRM Labs, 2025).
Un aspecto crucial de la ley es su tratamiento de las stablecoins, definiendo explícitamente las “stablecoins de pago permitidas” fuera de su ámbito como producto básico digital:
Esta delimitación anticipa una legislación especializada para estos instrumentos y establece los requisitos de registro para “bolsas de productos básicos digitales”, “corredores” y “distribuidores” en el Título IV, Secciones 404 y 406.
La norma refuerza significativamente el marco contra el lavado de capitales al enmendar la Ley de Secreto Bancario para incluir expresamente a corredores, distribuidores y bolsas de productos básicos digitales (U.S. Congress, 2025, p. 58).
Además, obliga al Secretario del Tesoro a emitir requisitos específicos que incluyan programas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (p. 58-59), asegurando que la expansión del mercado no comprometa la integridad financiera. La Ley CLARITY opera como el andamiaje regulatorio del mercado, complementando el enfoque de política fiscal de la Ley GENIUS en un modelo dual de gobernanza.
Ley contra el Estado de Vigilancia de la Moneda Digital del Banco Central
La mencionada Ley contra el Estado de Vigilancia de la Moneda Digital del Banco Central representa una postura legislativa preventiva frente a los riesgos percibidos en las CBDC minoristas. Su objetivo explícito es prohibir que la Reserva Federal emita este tipo de moneda, fundamentando que una CBDC podría institucionalizar un sistema de vigilancia financiera sin precedentes, vulnerando las libertades civiles y la privacidad de los ciudadanos (Emmer, 2023). Este enfoque refleja una profunda desconfianza hacia la arquitectura potencial de una CBDC, la cual, según sus críticos, podría permitir al gobierno rastrear y controlar transacciones en tiempo real, erosionando los principios de privacidad financiera.
No obstante, la viabilidad de esta iniciativa legislativa es cuestionable, como se advierte en el análisis del informe, dado el significativo rechazo de los legisladores demócratas. La polarización política en torno al tema sugiere que, a pesar del apoyo bipartidista a otras iniciativas como la Ley CLARITY, una prohibición absoluta carece del consenso necesario para su aprobación.
Este escenario subraya un dilema regulatorio más amplio: mientras la oposición ideológica puede frenar el desarrollo de las CBDC, también puede obstaculizar la creación de un marco robusto que, en lugar de una prohibición, establezca salvaguardas técnicas y legales para prevenir los abusos. Esto deja a Estados Unidos en una posición reactiva frente a otras jurisdicciones que avanzan en sus propios proyectos de moneda digital.
Evaluación del impacto regultorio de la Ley Genius en los mercados de criptoactivos a través del Modelo de Regresión por Mínimos Ordinarios (OLS)
El análisis cuantitativo del impacto regulatorio se fundamentó en la estimación de un modelo de Regresión por Mínimos Ordinarios (OLS), diseñado específicamente para aislar el efecto causal de la implementación de la Ley GENIUS sobre los rendimientos diarios de los principales criptoactivos. El modelo se fundamentó en la siguiente ecuación, estimada de forma independiente para cada activo digital (i):
Rendimiento_i,t = β₀ + β₁(Post_GENIUS)_t + β₂(Rendimiento_S&P500)_t + ε_i,t
Donde la variable dependiente Rendimiento_i,t representa el cambio porcentual diario en el precio de cada criptomoneda (Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano). La variable independiente clave Post_GENIUS es una dicotómica que toma valor 0 para todos los días previos al 18 de julio de 2025 y valor 1 para el período posterior, capturando así el cambio estructural asociado a la nueva regulación. Para controlar los movimientos generales del mercado, se incluyó como covariable el Rendimiento_S&P500. El coeficiente β₁ es, por tanto, el estimador del impacto medio diferencial atribuible a la ley, una vez controlado el efecto del mercado tradicional.
La construcción de las series temporales se realizó con datos diarios desde enero de 2023 hasta noviembre de 2025. Los datos primarios de precios y volumen se obtuvieron de las Application Programming Interface (APIs) de Yahoo Finance, CoinMarketCap, CoinGecko, Glassnode y Coin Metrics asegurando una alta frecuencia y precisión en las cotizaciones. Para complementar el análisis con métricas de adopción, actividad institucional y contexto de mercado, se integraron datos e informes sectoriales del Cambridge Centre for Alternative Finance (2025), el Coinbase Institute (2025) y Chainalysis (2025), lo que permitió una contextualización robusta de los resultados puramente financieros.
La estimación de los parámetros se realizó minimizando la suma de cuadrados de los residuos, y la inferencia estadística se basó en errores estándar robustos para corregir potenciales problemas de heterocedasticidad y autocorrelación inherentes a las series financieras. La validez y significancia del impacto regulatorio ( β₁ ) se evaluó mediante la prueba t de Student, examinando su valor-p y su intervalo de confianza al 95%. Un valor-p superior al umbral de 0.05 indicaría la no rechazabilidad de la hipótesis nula de un efecto igual a cero, es decir, la ausencia de un impacto estadísticamente significativo en el corto plazo.
Resultados empíricos y su representación gráfica
Los resultados de la estimación OLS, detallados en el análisis de salida, revelan que los coeficientes asociados a la variable Post_GENIUS fueron negativos para todos los activos analizados (Bitcoin: -0.439; Ethereum: -0.212; Solana: -0.535; Cardano: -0.604), pero en ningún caso alcanzaron significancia estadística al nivel convencional del 5% (valores-p entre 0.0634 y 0.5082). Esto indica que, en el corto plazo, la promulgación de la ley no tuvo un impacto estadísticamente discernible en los rendimientos diarios de estas criptomonedas, una vez controlado el efecto del mercado accionario tradicional (S&P 500). A partir de estos resultados cuantitativos y de las proyecciones de crecimiento del mercado de stablecoins (Citi, 2024), se confeccionaron los gráficos de los anexos 7 a 11. Estos visualizan, respectivamente, la evolución de los rendimientos en los períodos pre y post-ley, la correlación entre los activos, y las proyecciones de demanda de deuda del Tesoro derivadas del requisito de reservas 1:1 de la Ley GENIUS, ilustrando el mecanismo de absorción estructural de valores gubernamentales.
conclusiones
La trayectoria regulatoria estadounidense evidencia una transición estratégica desde un enfoque fragmentado hacia la construcción de un marco integral y proactivo. Esta evolución trasciende la mera supervisión para consolidarse como política de Estado, donde la regulación se articula como herramienta para múltiples objetivos nacionales.
La Ley GENIUS trasciende su objetivo regulatorio inicial al anclar legalmente las stablecoins a los activos del Tesoro, reforzando estructuralmente la demanda de deuda pública y, por extensión, fortaleciendo la posición global del dólar estadounidense en el sistema monetario internacional.
La gobernanza de los activos digitales ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en pilar fundamental de la estrategia económica y geopolítica estadounidense, integrando estos activos de manera segura al sistema financiero tradicional mientras consolida la competitividad tecnológica del país.
referencias
BIBLIOGRÁFICAS
Bibliografía
Notas
Anexos
Fuente: TRM Labs.
Fuente: Obtenido de Xiong, X., & Luo, J. (2024). Global Trends in Cryptocurrency Regulation: An Overview. arXiv. https://arxiv.org/abs/2404.15895v2.
Fuente: Chainanalysis
Fuente: TRM Labs
Nota explicativa de las columnas de la tabla:
Elaborado por el autor del artículo científico.
Fuente: CoingeckoAPI
Elaborado por el autor del artículo científico.
Elaborado por el autor del artículo científico.
Elaborado por el autor del artículo científico.
Elaborado por el autor del artículo científico.
Elaborado por el autor del artículo científico.
Recibido: 25 de octubre de 2025
Conflicto de Intereses:
La autora declara que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 2 de enero de 2026
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por el autor, quien otorga a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. El autor podrá establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Paz Nardo, N. (2026). Autoría, inteligencia artificial y vacíos globales: hacia una gobernanza convergente.Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7 (1), 73- 84.
resumen
La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la creación de obras científicas plantea un desafío sin precedentes para el Derecho de Autor a nivel global. Este análisis explora cómo la IA al ser una herramienta sin personalidad jurídica, cuestiona el principio fundamental de autoría humana, vigente desde el Convenio de Berna hasta las legislaciones nacionales actuales. Mediante un estudio comparado de los enfoques emergentes en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, se evidencia que el marco legal actual, aunque sólido, está fragmentado y es insuficiente para regular creaciones que son, por naturaleza, transfronterizas. Se identifican vacíos críticos en tres áreas: la atribución de la autoría, la protección de las obras híbridas y la gestión de sus derechos económicos en el entorno digital. La conclusión subraya una necesidad urgente: la comunidad internacional debe avanzar hacia un marco de gobernanza coordinado que armonice los enfoques nacionales y establezca directrices claras y uniformes. Solo así se podrá proteger y aprovechar estas creaciones, asegurando la equidad y fomentando la innovación en la ciencia global.
Palabras Clave: inteligencia artificial, derecho de autor, derecho internacional, gobernanza global, convergencia normativa.
ABSTRACT
The emergence of Artificial Intelligence (AI) in the creation of scientific works poses an unprecedented challenge to copyright law at the global level. This analysis explores how AI, as a tool without legal personality, calls into question the fundamental principle of human authorship that has prevailed from the Berne Convention to current national legislations. Through a comparative study of emerging approaches in the European Union, the United States, and Japan, it becomes evident that the existing legal framework, although robust, is fragmented and insufficient to regulate creations that are, by nature, transnational. Critical gaps are identified in three areas: the attribution of authorship, the protection of hybrid works, and the management of their economic rights in the digital environment. The conclusion underscores an urgent need: the international community must move toward a coordinated governance framework that harmonizes national approaches and establishes clear and uniform guidelines. Only in this way will it be possible to protect and leverage these creations, ensuring fairness and fostering innovation in global science.
Keywords: artificial intelligence, copyright, international law, global governance, regulatory convergence.
introducción
Como parte de la evolución histórica de las sociedades humanas y del desarrollo paralelo de las ciencias, la cultura y el derecho, surgió el derecho de autor, como una rama jurídica cuyo fundamento y razón de ser han residido, desde su origen, en la protección exclusiva de la inventiva humana. La supremacía del principio de autoría humana constituye su eje central, donde se le otorga un reconocimiento jurídico y moral a la persona natural como única fuente de la originalidad y de la personalidad expresada en una obra intelectual. Este principio, piedra angular del sistema, no solo otorga derechos económicos, sino que consagra un derecho moral inalienable, erigiéndose así como el núcleo fundamental sobre el que se ha edificado toda la arquitectura legal de la propiedad intelectual a escala internacional.
Precisamente este principio fundacional, centrado de manera incuestionable en el ser humano, enfrenta hoy una prueba sin precedentes debido a una transformación radical en los modos de generar conocimiento. Esta época se caracteriza por un cambio global, impulsado por la irrupción de la Inteligencia Artificial generativa (IA gen) como una fuerza transformadora en el trabajo intelectual. La IA, en su concepción contemporánea, desdibuja la línea que separa a la herramienta del creador y plantea desafíos legales que trascienden las fronteras nacionales (Boden, 2018). Su impacto es especialmente palpable en el ámbito científico, donde sistemas informatizados pueden redactar apartados de artículos, sintetizar literatura, proponer hipótesis y construir modelos complejos, todo dentro de un ecosistema digital sin límites geográficos.
Para el Derecho de Autor, la rama del derecho que tradicionalmente ha protegido a los creadores humanos, este avance presenta un desafío fundamental. Toda su arquitectura legal, desde las leyes nacionales hasta tratados internacionales como el Convenio de Berna (OMPI, 1979)1 o el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (Organización Mundial del Comercio [OMC], 1994) se ha construido sobre el concepto primario: la figura del autor como persona natural2. Ante este principio, el uso de la IA se encuentra en un vacío legal; es una herramienta sofisticada, pero carece de personalidad jurídica.
Al observar los diferentes enfoques que están tomando la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EE.UU.) y Japón —tres actores clave que, por su peso económico, tecnológico e influencia normativa, están definiendo los estándares globales—, se hace evidente que la normativa actual, aunque sólida en su núcleo centrado en el ser humano, está hecha de retazos dispersos. Esta fragmentación la vuelve incapaz de dar respuestas coherentes a unas creaciones que son, por definición, transfronterizas, generando vacíos críticos en la atribución de la autoría, la protección de las obras híbridas y la gestión de sus derechos dentro del entorno digital.
Abordar el nuevo contexto sin considerar la adaptación de las normas existentes puede ser un enfoque limitado y podría dar lugar a conflictos adicionales. Las relaciones que emergen en este escenario son complejas, implicando diversos actores, como los desarrolladores del algoritmo, los usuarios que lo utilizan y los propietarios de los datos empleados en su entrenamiento; actores que a menudo operan desde jurisdicciones con sistemas legales divergentes entre sí.
El objetivo principal del presente artículo es fundamentar el papel transformador de la inteligencia artificial en la generación de obras científicas y la importancia de crear un marco normativo en el ámbito global que garantice a los investigadores seguridad jurídica. Para ello, se establecen tres objetivos específicos: estudiar las implicaciones de la IA como instrumento bajo el principio de autoría humana en el derecho del sistema internacional y comparado; identificar los vacíos regulatorios y los conflictos legales que surgen en el entorno del proceso investigativo global con asistencia de IA; y esbozar los principios esenciales para un marco regulatorio complementario, idealmente bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)3. El desarrollo de este análisis busca sentar las bases de un sistema legal que integre, de manera pragmática y ética, las capacidades de la inteligencia artificial, manteniendo y reforzando la primacía de la autoría humana en el proceso creativo.
desarrollo
Surgimiento Histórico y Principio Fundamental del Derecho de Autor
El derecho de autor es una construcción jurídica de carácter histórico, desarrollada para proteger y fomentar la creación intelectual humana. Su evolución, ligada al auge de la imprenta y al creciente reconocimiento social de la originalidad, consolidó un orden que reconoce y recompensa la inversión de intelecto, ingenio y carácter personal. Desde sus primeras formulaciones en estatutos como el Estatuto de la Reina Ana de 1710 (Centro Español de Derechos Reprográficos [CEDRO], 2018) hasta su consagración en tratados internacionales, su núcleo esencial —la primacía del autor humano como único titular de derechos— ha permanecido incólume.4
Este principio de autoría no es una mera formalidad técnica, sino el fundamento sobre el que se erige toda la arquitectura de la propiedad intelectual. Representa el reconocimiento de que la obra es una prolongación de la personalidad de su creador, merecedora de protección tanto moral como económica. Dicha concepción alcanzó su máxima expresión al ser acogida como derecho humano fundamental en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), dotando a la creación intelectual de una dimensión que trasciende lo comercial para arraigarse en la dignidad y el desarrollo de la humanidad.5
La Naturaleza Instrumental de la IA y la Autoría Humana en el Derecho
Internacional y Comparado
El análisis jurídico sobre la IA debe fundamentarse en una caracterización correcta y consistente del fenómeno a través de diversas jurisdicciones. La Inteligencia Artificial, en cualquiera de sus formas, constituye una herramienta de mediación tecnológica sofisticada. Su funcionamiento consiste en procesar datos y generar resultados basados en parámetros, patrones y objetivos definidos por humanos durante su diseño y entrenamiento. Aunque es capaz de producir resultados novedosos o generar contenido, esta capacidad es un producto de su arquitectura y programación, careciendo de intencionalidad creativa, conciencia y autonomía moral propiamente humanas. En última instancia, es el resultado de un proceso de concepción, desarrollo y supervisión enteramente humano.
Esta condición de herramienta encuentra un respaldo natural en el principio de autoría humana, que es la piedra angular de los principales acuerdos internacionales en la materia. El Convenio de Berna (art. 3)6 se refiere implícitamente a los “autores” como seres humanos, y el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC sigue esta misma línea. Al observar cómo se aplica este principio en diferentes países, encontramos un consenso notable. Por ejemplo, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos ha sido clara al afirmar que el registro requiere una “mente humana” detrás de la obra, denegando protección cuando la creación se atribuye únicamente a una máquina. En la misma línea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha enfatizado en jurisprudencias como Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening que una obra es original cuando constituye “una creación intelectual propia de su autor”, reflejando la personalidad de éste (Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE], 2009). Por lo tanto, es la persona natural quien, al concebir, guiar y elegir entre lo que la IA genera, imprime su juicio y se convierte en la verdadera responsable intelectual del resultado final. Esta conclusión se alinea con el análisis doctrinal que sostiene que, a pesar de la sofisticación de las máquinas, el eje de la autoría sigue siendo la dirección creativa humana (Ginsburg & Budiardjo, 2019).
En consecuencia, el principio rector que debe direccionar cualquier análisis jurídico sobre creaciones asistidas por inteligencia artificial es el de la autoría humana. Aunque la IA posea una capacidad técnica generativa que produce resultados novedosos, estos son siempre la consecuencia última de una cadena de decisiones humanas: desde la concepción del algoritmo y la selección de los datos de entrenamiento, hasta la formulación de la tarea y la evaluación crítica de los resultados. La herramienta, por sofisticada que sea, ejecuta y amplifica una intencionalidad que le es externa; no sustituye el juicio, la creatividad ni la responsabilidad moral de la persona que la emplea. Por lo tanto, el producto final, más que una obra “de la máquina”, es la materialización de un proceso intelectual humano mediado tecnológicamente. La protección jurídica, en coherencia con los pilares del derecho de autor a nivel global, debe anclarse en aquellas personas que aportaron esta dirección creativa esencial, asegurando que la ley continúe promoviendo y reconociendo el ingenio humano, incluso cuando se expresa a través de las herramientas más avanzadas.
Vacíos Emergentes y Desafíos Transnacionales en la Creación Científica Asistida por IA
A pesar de la claridad con que el derecho ampara el principio de autoría humana, la práctica real de la investigación científica asistida por inteligencia artificial en un contexto global expone una serie de vacíos significativos. El marco legal internacional actual no ofrece respuestas específicas ni coordinadas para los desafíos que surgen cuando la creatividad humana se entrelaza con herramientas algorítmicas, creando una zona gris donde la certidumbre jurídica se desdibuja.
La falta de un marco normativo global armonizado sobre autoría y responsabilidad genera una incertidumbre jurídica que frena la inversión en proyectos de investigación con IA, imponiendo un coste económico y de innovación tangible. Creadores e instituciones enfrentan riesgos legales impredecibles sobre la protección y explotación de sus obras, lo que obliga a destinar recursos a complejas evaluaciones caso por caso, desincentivando la adopción de estas herramientas. Un ejemplo concreto de este vacío es la atribución de autoría en obras de naturaleza híbrida. Para un investigador que utilice una IA desarrollada en un país y entrenada con datos de otro, el desafío reside en determinar el nivel de intervención humana suficiente para ser considerado autor, un criterio que varía enormemente entre legislaciones. Mientras algunas jurisdicciones podrían aceptar una supervisión mínima, otras exigen una contribución creativa sustancial y personal. Esta discrepancia genera inseguridad en la autoría de artículos científicos y en la evaluación de su originalidad, pudiendo desencadenar conflictos legales complejos cuando una posible infracción traspasa fronteras, y ralentizando en última instancia el avance científico.
Junto a esto, se suma una serie de responsabilidades cuando el contenido generado por la IA resulta ilícito o erróneo. Si un sistema produce un resultado que infringe derechos de autor o divulga información falsa, el principio de autoría humana señala al usuario final como responsable último. Sin embargo, distribuir esa responsabilidad entre el investigador que usó la herramienta, los desarrolladores del algoritmo y quienes aportaron los datos de entrenamiento—posiblemente ubicados en tres países distintos—es un territorio inexplorado por los tratados internacionales vigentes. Los instrumentos como el Convenio de Berna no contienen un régimen armonizado para estos casos, lo que crea un riesgo legal palpable. Este vacío puede llegar a frenar la colaboración científica internacional y fomentar el denominado forum shopping o foro de conveniencia, donde las partes buscan deliberadamente la jurisdicción que más les favorezca.
Finalmente, la gestión de los derechos económicos se vuelve extraordinariamente compleja en este ecosistema global. Esta complejidad pone de relieve el problema fundamental de la mercantilización del conocimiento. La incertidumbre en la gestión de derechos se enmarca en una dinámica donde la lógica del mercado puede distorsionar la producción científica. La presión por comercializar resultados puede priorizar la investigación en áreas con aplicaciones lucrativas inmediatas, en detrimento de la ciencia básica o de problemas sociales urgentes. En el contexto de la IA, este riesgo se agrava porque los altos costos de desarrollo concentran la capacidad de generar nuevo conocimiento en manos de grandes corporaciones tecnológicas, que a través de sus condiciones de uso pueden imponer regímenes de licencia privados sobre obras generadas con sus herramientas.
Cuando una obra científica creada con una asistencia significativa de IA se comercializa internacionalmente, la falta de directrices claras genera un panorama fragmentado. Una ley nacional, como la Ley No.154/2022 “De los Derechos del Autor y del Artista Intérprete” (Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, 2022) puede regular la transmisión de derechos, pero sin abordar los matices que introduce una herramienta autónoma. A escala global, esta ausencia de previsión se amplifica, sembrando dudas sobre qué derechos son explotables en cada territorio y si serán necesarios mecanismos de compensación o regímenes especiales de dominio público para ciertos tipos de resultados generativos.
La fragmentación legal en la gestión de la IA no opera en el vacío, sino que se superpone a una profunda desigualdad tecnológica. Esta disparidad se evidencia en que países, corporaciones o regiones geográficas tienen mayor acceso a la herramienta; pues, si bien la globalización ha hecho de su uso una cotidianidad, los resultados son totalmente diferentes dependiendo de las condiciones propias de los territorios. El mercado de la IA está dominado por corporaciones de unas pocas jurisdicciones, como Estados Unidos, las cuales operan bajo marcos legales mucho más laxos y, en algunos aspectos, más desarrollados que los establecidos en Europa. Esta concentración significa que la capacidad para definir la autoría, explotar derechos y mitigar riesgos legales está distribuida de manera radicalmente desigual, reproduciendo y ampliando las brechas científicas y económicas globales al condicionar la agenda de investigación según los intereses y contextos de quienes controlan la tecnología.
Ante este panorama de vacíos e incertidumbre, las respuestas legislativas y jurisprudenciales comienzan a emerger de manera fragmentada, delineando un mosaico normativo donde cada jurisdicción ensaya su propio equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los creadores. Este paisaje regulatorio, aún en formación, ofrece los primeros criterios concretos cuyas divergencias radican en la calificación de la autoría, el tratamiento del entrenamiento de modelos y la gestión de los derechos económicos, reflejando la ausencia de un estándar internacional único.
En un extremo del espectro, jurisdicciones como Estados Unidos reafirman estrictamente el principio de autoría humana. La Oficina de Derechos de Autor de EE.UU., en su informe Copyright and Artificial Intelligence (U.S. Copyright Office, 2023-2025), concluye que el derecho vigente es adecuado y que la protección requiere una contribución creativa sustancial por parte de una persona, estableciendo que “copyright can protect only material that is the product of human creativity”7 y que, con la tecnología generalmente disponible, las instrucciones por sí solas no otorgan al usuario un control suficiente sobre los elementos expresivos para ser considerado autor; esta postura se ha traducido en directrices específicas de registro (U.S. Copyright Office, 2023).8
La Unión Europea (UE) aborda el desafío combinando este principio con mecanismos específicos para regular el desarrollo de la IA. El Artículo 53(1)(c) y (d) del Reglamento de la Unión Europea 2024/1689 (Unión Europea, 2024) obliga a los proveedores de modelos de IA de propósito general a cumplir con la legislación de derechos de autor de la UE y a publicar un resumen detallado del contenido utilizado para el entrenamiento9. Este marco se complementa con la excepción obligatoria para la minería de texto y datos (Text and Data Mining - TDM) establecida en la Directiva de la Unión Europea (UE) 2019/790 (Unión Europea, 2019), que permite el uso de obras para entrenar modelos a menos que el titular se reserve expresamente sus derechos10.
En contraste, Japón ha optado por una vía que facilita el entrenamiento de IA mediante una excepción legal precisa. El Artículo 30-4 de la Ley de Derechos de Autor de Japón (Japón, 1970) permite la explotación de una obra para un propósito de no disfrute, como el análisis de datos para el entrenamiento de IA, siempre que no perjudique injustificadamente los intereses del titular11. Como se detalla en el Report on AI and Copyright Issues by Japanese Government (Nagashima & Partners, 2024), esta disposición se interpreta para cubrir el entrenamiento de IA generativa, aunque se delimita cuidadosamente para excluir casos donde el propósito sea generar expresiones creativas idénticas a las obras utilizadas (Stephens, 2024).
Este mosaico de respuestas nacionales, aunque valioso como banco de pruebas, subraya la naturaleza transnacional del problema y genera nuevos vacíos operativos. La divergencia en criterios esenciales, como la definición de una autoría humana “suficiente” en EE.UU., o la legalidad del entrenamiento bajo la excepción de TDM de la UE y el Artículo 30-4 japonés en contraste con jurisdicciones que carecen de tales salvaguardias, crea un rompecabezas de cumplimiento normativo para investigadores y empresas globales. Una misma actividad puede ser legal en un territorio e infringir la ley en otro, activando riesgos de forum shopping y convirtiendo la colaboración científica internacional en un complejo ejercicio de ingeniería legal. Por tanto, estas respuestas nacionales, lejos de resolver el desafío global, lo reconfiguran, haciendo aún más patente la urgencia de construir puentes normativos que trasciendan las fronteras.
Hacia un Marco Regulatorio
Internacional Pragmático para la Creación Intelectual Asistida por IA
Como advierte Guibault (2021), “el futuro del derecho de autor en esta edad digital requiere adaptación”, la solución al desafío que la inteligencia artificial presenta para el campo de la creación no reside en destruir el principio del autor —fundamento esencial de la ética y la ley—, sino en la construcción progresiva de un andamiaje regulatorio específico que se integre a los sistemas jurídicos vigentes. Como señala Abbott (2020), “el enfoque debe ser pragmático, buscando un equilibrio razonable entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos existentes”.
Dada la transversalidad y transnacionalidad del fenómeno, los esfuerzos puramente nacionales resultan, en la práctica, fragmentarios y a menudo contradictorios. Por lo tanto, la respuesta más viable se encontrará a través de la cooperación internacional escalonada, que podría materializarse inicialmente en directrices armonizadoras impulsadas por foros especializados como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Unesco y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con miras a instrumentos que precedan a compromisos jurisdiccionales más vinculantes. Este marco específico debe organizarse alrededor de pilares interdependientes, diseñados a partir de lecciones extraídas del derecho comparado y con el objetivo pragmático de proveer seguridad jurídica, fomentar la innovación dentro de marcos predecibles y preservar la integridad del sistema creativo.
Primeramente, la categorización armonizada de los niveles de intervención humana se presenta como una necesidad práctica para reducir la incertidumbre legal actual. Un marco internacional factible podría promover estándares comunes de clasificación para las obras resultantes —como “obra creada con asistencia de IA” u “obra producida por IA bajo dirección artística humana”—. Esta tipología, más allá de su rigor conceptual, serviría como herramienta operativa para que los distintos países converjan progresivamente en criterios de atribución de autoría, la cual seguiría recayendo en las personas naturales que ejerzan el control creativo final. Así, se mitigaría la situación actual, donde una misma obra enfrenta tratamientos jurídicos radicalmente diferentes según la jurisdicción, generando riesgos para la circulación global de contenidos.
En segundo lugar, el desarrollo de un régimen internacional de responsabilidad civil graduada y clara responde a la complejidad operativa de la cadena de creación. Dado el espectro de actores —desde desarrolladores y proveedores de datos hasta usuarios finales—, un modelo binario de responsabilidad resulta inviable en la práctica. Un análisis regulatorio realista apuntaría a un sistema que distribuya las cargas de manera proporcional, tomando en cuenta factores demostrables como la posible negligencia del usuario, vicios de diseño en el algoritmo que generen daños previsibles, y el grado de supervisión efectiva ejercida. Un sistema así, construido a partir de jurisprudencia y principios de fiabilidad ya existentes, proporcionaría certidumbre a los actores del ecosistema y establecería reglas más predecibles para los litigios transfronterizos, que hoy son inevitables.
Un tercer pilar, con avances ya en curso en el ámbito científico y editorial, es la implementación progresiva de un deber de declaración. El marco podría impulsar la adopción de estándares internacionales que exijan la declaración explícita del uso de sistemas de IA generativa en producciones intelectuales, encontrando respaldo en principios éticos internacionales (UNESCO, 2021), siguiendo el liderazgo de organismos como la Unesco y revistas académicas pioneras. Esta declaración, que incluiría la identificación de la herramienta y el alcance de su uso, se está convirtiendo en una práctica real que fortalece la integridad académica, permite evaluar la contribución humana real y construye una base de transparencia necesaria para la credibilidad social de estas creaciones.
Finalmente, el cuarto pilar se enfoca en la explotación práctica, donde ya existen experimentos y adaptaciones en el mercado. Se requieren mecanismos de licenciamiento y gestión colectiva ágiles que evolucionen a partir de esquemas existentes, como las licencias Creative Commons, pero adaptados a las particularidades de las obras con aporte de IA. Paralelamente, es pragmático potenciar el papel de las organizaciones de gestión colectiva de derechos, las cuales, por su experiencia y alcance multiterritorial, están en posición de administrar licencias, facilitar compensaciones y resolver obstáculos prácticos en la explotación global, respondiendo a una necesidad ya identificada por la industria.
En conclusión, la arquitectura propuesta no busca reemplazar el sistema de derecho de autor tradicional de manera abrupta, sino dotarlo de una capa de regulación especializada que evolucione con la tecnología. Al armonizar categorías, definir responsabilidades, exigir transparencia y adaptar los mecanismos de explotación, este marco internacional complementario y evolutivo ofrecería la estabilidad y claridad que hoy faltan. Su objetivo último sería equilibrar el delicado acto de integrar las capacidades transformadoras de la inteligencia artificial en el ecosistema creativo, mientras se reafirma y protege, con herramientas jurídicas modernas y efectivas, el papel insustituible de la autoría humana.
conclusiones
La presente investigación confirma que los principios del derecho de autor, como base de los derechos de autoría ética y legal, se mantienen intactos y que el derecho internacional y comparado los respalda por igual. Instrumentos como el Convenio de Berna, o la jurisprudencia de tribunales en la Unión Europea y Estados Unidos, reafirman el principio de que solo la personalidad natural, a través de su juicio creativo e intencional, puede ser titular de derechos de autor. La Inteligencia Artificial es definida jurídicamente como una herramienta inteligente, pero carente de intencionalidad creativa y personalidad jurídica, por lo que es incapaz de sustituir este principio fundacional.
Asimismo, se aprecia la existencia de vacíos legales específicos y peligrosos creados por la asistencia de la IA a escala global. Se establece que la falta de criterios armonizados para atribuir la autoría de obras de naturaleza híbrida genera: incertidumbre jurídica, lo que desalienta la inversión al aumentar el riesgo y frena la innovación debido al alto costo de las evaluaciones caso por caso. Asimismo, se percibe la ausencia de un régimen internacional de responsabilidad civil para distribuir la carga entre los actores del desarrollo y el uso de la IA, lo que crea un riesgo legal palpable para investigadores e instituciones y fomenta la práctica del forum shopping.
Además, el estudio comparado revela que la actual fragmentación de los enfoques nacionales no solo crea inseguridad, sino que exacerba las desigualdades tecnológicas y económicas globales. La concentración del desarrollo y de la capacidad normativa en pocas jurisdicciones (como Estados Unidos y la Unión Europea) replica y amplía las brechas científicas existentes, condicionando la agenda de investigación mundial según los intereses de quienes controlan la tecnología y dejando en desventaja a las regiones con marcos normativos más débiles.
La investigación encuentra que los tratados internacionales vigentes (como el Convenio de Berna y el ADPIC) son insuficientes para regular un fenómeno esencialmente transfronterizo y de múltiples capas. Esta carencia es evidente en la incapacidad de las herramientas actuales para ofrecer soluciones consistentes a los problemas de autoría difusa, responsabilidad distribuida y gestión de derechos a gran escala en el contexto digital, lo que demuestra la obsolescencia del paradigma actual frente a la realidad tecnológica moderna.
Finalmente, la insuficiencia indiscutible de cualquier esfuerzo regulatorio puramente nacional constituye un problema significativo en la unificación de una norma jurídica que proteja indistintamente a los países teniendo en cuenta sus características. De ello se desprende que la única forma de restablecer la seguridad jurídica y fomentar una innovación responsable es construir un marco de gobernanza internacional, preferentemente bajo los auspicios de una institución específica como la OMPI. Esta institución ya ha identificado los desafíos clave a través de documentos como su Revised issues paper on intellectual property policy and artificial intelligence (OMPI, 2020), lo que la posiciona como el foro idóneo para establecer de manera pragmática y armonizada los pilares identificados: categorización de la intervención humana, responsabilidad civil, transparencia y mecanismos de explotación de derechos.”
referencias
bibliográficas
notas
Received: November 25, 2025
Conflict of Interest:
The authors declares that there are no conflicts of interest related to the article.
Authorship Contribution:
Not applicable.
Acknowledgments:
Not applicable.
Funding:
Not applicable.
Preprint:
Not published.
Approved: January 14, 2026
Copyright:
Copyright is retained by the authors, who grant the University Scientific Journal Ad Hoc the exclusive rights of first publication. Authors may enter into additional agreements for the non-exclusive distribution of the version of the work published in this journal (for example, publication in an institutional repository, on a personal website, publication of a translation, or as a book chapter), provided that acknowledgment is given that the work was first published in this journal. With regard to copyright, the journal does not charge any fees for submission, processing, or publication of articles.
How to cite (APA, 7th edition):
Maza Amores, D., Chávez Cuelar, S. & Reyes López, J. (2026). ORBIS: A competency-based framework for english studies at Universidad Central “Marta Abreu“ de Las Villas. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(1), pp.85-96.
ABSTRACT
Orbis, which means “world” in Latin, is the name of the United Nations Model of Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas that seeks to engage university students in discussions about major issues on the international agenda. Every year, this university along with the Cuban Association of the United Nations, the Faculty of Social Sciences, and the University Student Federation convene a new edition of Orbis with the purpose of raising a topic of high international complexity. Orbis in itself is a potential competency-based approach, which qualifies students to develop fluency, accuracy, specific vocabulary and confidence to express themselves within a professional context. Likewise, this event challenges students to make decisions, resolve conflicts and find creative solutions in simulated situations. This proposal seeks to empower Orbis so that it accounts as a professional education laboratory where English language students develop professional skills, like public address and management, and the lab where curricular courses come alive and help to sort out professional issues. Through a mixed-methods approach involving document analysis, faculty interviews, and student surveys, the study designs and validates a pedagogical model that systematically incorporates Orbis simulations into the academic program. The findings demonstrate that this integration not only enhances linguistic proficiency but also equips students with the professional readiness required for global careers in diplomacy, tourism, and international relations, thereby setting a benchmark for competency-based language education in Cuba.
Keywords: Orbis, competency-based education, Model United Nations, professional skills, higher education, Cuba
resumen
Orbis, que significa “mundo” en latín, es el nombre del Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, que busca involucrar a estudiantes universitarios en debates sobre temas importantes de la agenda internacional. Cada año, esta universidad, junto con la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, la Facultad de Ciencias Sociales y la Federación Estudiantil Universitaria, convoca una nueva edición de Orbis con el propósito de abordar un tema de alta complejidad internacional. Orbis constituye, en sí mismo, un enfoque basado en competencias que capacita a los estudiantes para desarrollar fluidez, precisión, vocabulario específico y confianza para expresarse en un contexto profesional. Asimismo, este evento desafía a los estudiantes a tomar decisiones, resolver conflictos y encontrar soluciones creativas en situaciones simuladas. Esta propuesta busca potenciar Orbis para que funcione como un laboratorio de formación profesional donde los estudiantes de inglés desarrollen habilidades profesionales, como la oratoria y la gestión, y donde los cursos curriculares cobren vida y ayuden a resolver problemas profesionales. Mediante un enfoque de métodos mixtos que incluye análisis de documentos, entrevistas al profesorado y encuestas a estudiantes, el estudio diseña y valida un modelo pedagógico que incorpora sistemáticamente simulaciones Orbis en el programa académico. Los resultados demuestran que esta integración no solo mejora la competencia lingüística, sino que también capacita a los estudiantes para carreras internacionales en diplomacia, turismo y relaciones internacionales, estableciendo así un referente para la enseñanza de idiomas basada en competencias en Cuba.
Palabras Clave: Orbis, enseñanza basada en competencias, Modelo de la Naciones
Unidas, competencias profesionales, educación superior, Cuba.
introduction
From reading Candia Osorio (2025) these authors learned about the challenge of higher education these days in preparing students to navigate an increasingly complex and interconnected international environment. This globalized context requires not only the acquisition of theoretical knowledge, but also the development of practical skills that enable future professionals to operate effectively in a multicultural and dynamic setting. In this sense, Model United Nations (MUN) programs emerge as an innovative pedagogical tool that goes beyond the transmission of theoretical knowledge by offering students an immersive experience in diplomacy and international relations.
Orbis, which means “world” in Latin, is the name of the MUN at Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV). It seeks to engage university students into discussions about major issues on the international agenda. It is a students’ event in every aspect, organization, facilitation, management and participation. Students assume the role of delegates from UN nation members, representing their countries’ stances and interests. Additionally, it is logistically supported by the students’ own alma mater, UCLV.
Cuban universities, like those in Pinar del Río, Havana, Isla de la Juventud, Matanzas, and Santiago de Cuba, as well as the Higher Institute of International Relations (ISRI), also hold similar models. However, Villa Clara’s model has the peculiarity of being the first to include a press team within its configuration.
Since its creation in 2011, Orbis has aided the professional growth of several generations of students. The massive number of participants in this type of event not only poses a challenge for the organizing committee, but also represents a source of pride for our university (Rodríguez, 2024). To this day, according to one of its founding members and promoter, “Orbis continues to be a space to raise our voices, to debate national and international policies, to think and reflect on what is happening in the world” (Burgos, 2023).
Every year, UCLV alongside with the Cuban Association of the United Nations (ACNU), the Faculty of Social Sciences, and the University Student Federation (FEU) convene a new edition of Orbis with the purpose of raising a topic of high international complexity. Then, the topic is modelled through work in commissions, which include the General Assembly, the UN Security Council, the Human Rights Council, and the Economic and Social Council (ECOSOC, which is conducted entirely in English).
The present Cuban English Language Degree Course with Second Foreign Language (ELDCSL) curriculum (Curriculum E) highlights that professional focus will predominantly center on the tourism sector, international events, or diplomatic affairs. Associated to this demand, recent studies, like that of Dilaram (2025) has indicated that, “in diplomacy, language becomes a bridge that connects countries with different histories, ideologies, and cultures. The effectiveness of diplomatic dialogue largely depends on the ability to use language precisely, respectfully, and strategically.”
From its beginning at UCLV, 25 participants come from ELDCSL every year. Based on the co-authoring students’ experience and self-observation, their fellow students face several challenges when preparing adequately. Above all, and driving this proposal, there is a gap where all the profiled professional competencies are not fully developed and practiced. There are not enough opportunities or conventions centers in the central region to practice business or diplomatic competencies, to name some.
According to Anuyahong and Songakul (2024), Content-Based Language Teaching (CBLT) has garnered substantial attention in the field of language education due to its integrative approach, which seeks to simultaneously develop language proficiency and subject matter knowledge. Also adding that it “emerged in response to the limitations of traditional language teaching methods that often focus on decontextualized language practice” (Anuyahong and Songakul, 2024).
With the purpose of looking at Orbis from an academic perspective and attempting to benefit the UCLV English Studies in successfully training their future professionals, these authors reviewed some previous papers published on the matter. One of them (Toni, 2017) approached the MUNs as a pedagogical contribution for Argentinian university students majoring in History. A second study, from Santiago de Cuba Universidad de Ciencias Médicas (Dorado & Fontanals, 2024), studied the singularity of these models to the overall training of their professionals.
To UCLV English Studies, Orbis presents as a potential competency-based approach, which has been defined as a system of instruction, assessment, grading and reporting on learning, based on the learners’ demonstration of both the knowledge and skills they are expected to acquire (Niehoff, 2020).
Connecting the potential in Orbis to the referred curriculum, not only enhances linguistic proficiency, but also trains students with the professional readiness required for global careers in diplomacy, tourism, and international relations, thereby setting a benchmark for competency-based language education in Cuba. This would be the main purpose driving this paper.
development
The study was conducted at UCLV within ELDCSL. The sample selection followed an intentional criterion to ensure relevance to the research objectives, focusing on participants with direct experience in Orbis.
The chart below illustrates key elements in this methodological stage:
In synthesizing these findings, it becomes evident that Orbis addresses critical curricular gaps by fostering competencies aligned with global standards. To maximize its impact, a hybrid pedagogical model is recommended. For example, embedding ECOSOC-style debates into language courses could simultaneously reinforce linguistic precision and diplomatic communication. Concurrently, preparatory workshops on formal vocabulary and document drafting would bolster written skills, addressing the current imbalance.
Orbis as a Model United Nations
Let us start by stating what Toni (2017) pointed out about MUNs, that they are to be considered highly significant simulation games in terms of pedagogy, becoming this way both an educational and cultural event at the highest level, thus promoting the academic growth and training of all participants, generating the development of skills such as public speaking, rhetoric, negotiation, peaceful conflict resolution, document drafting, consensus building, crisis management agreements, and cooperation, which are very useful for the personal and professional lives of those who have participated.
According to Barroso (2025), the methodology of these models originated at Harvard University in 1953, involving high school and university students. Now, they are held in more than 90 countries and in all languages. It was also applied in Cuba and in 1996, with the collaboration of Cuernavaca campus, and Norma Flores, the professor in charge of the model at that institution then, the Havana United Nations Model (HAVMUN) was founded. Closely linked with the Cuban Higher Institute of International Relations (ISRI), HAVMUN became then, a yearly event, solidifying its structure with support from the Cuban Association of the United Nations (ACNU) and the University Student Federation (FEU).
Starting in 2005, HAVMUN invited Cuban university students to participate. They planted the seed that would eventually lead to the creation of new models all over the nation. Today, there are around 6 Cuban MUNs: AGORA MUN, HAVMUN, ONUPINAR, PUENTES, ONUCARIBE, and Orbis. These models keep convening every year ever since. Thousands of students have participated, and many are already professionals. When interviewed, they acknowledged the positive impact, the preparation and skills acquired through these models had on their present professional performances in foreign affairs and related spheres.
In the opinion of the authors, one of the main advantages of MUNs is that they allow students to develop skills like public speaking, research, negotiation, and teamwork. They also provide opportunities to familiarize with the dynamics and functioning of the UN, as well as to delve into topics of global interest. These simulations also serve as a platform to express opinions and viewpoints on issues of international relevance, contributing to their development as critically engaged global citizens.
All through the MUNs, students take on roles as country representatives or political actors, collaborate and negotiate with other delegates to reach agreements or resolve conflicts. This strengthens their ability to lead, make decisions, and work effectively in a multicultural environment. These events promote civic awareness and social commitment by addressing issues relevant to global society. As students gain a deeper understanding of world challenges and the importance of finding effective solutions, they feel inspired to be agents of change and seek ways to contribute to the well-being of their communities and the world in general. Moreover, MUN events offer the possibility to establish connections and build professional networks with students from other international universities, opening doors to further growth opportunities such as internships, scholarships, or academic and cultural exchange programs (Dorado & Fontanals, 2024).
Before moving any further, it is necessary to list the objectives of the Cuban MUNs, as defined by its rules of procedure and organizational aspects, for a better understanding of its stated potential as a framework to the English Language Studies at UCLV:
a) To promote the study, primarily among young university students, of the United Nations system and International Law, as well as the principle of respect for the independence and sovereign equality of all states, through the MUN.
b) To create spaces for discussion and analysis on the most impactful international topics.
c) To reflect the work of the UN organs and commissions, and the political negotiation dynamics established within each of them.
d) To re-evaluate the functioning logic of the United Nations for the 21st century and its need for change.
e) To uphold and defend the reality and political stance of our country on the most pressing issues of the current international dynamics. To promote the study and assimilation among young university students of the values and attitudes that should characterize international diplomacy, particularly revolutionary Cuban diplomacy.
According to ACNU, the structure of the models is very simple. They consist of an organizing committee made up of students, making them protagonists in all aspects. Both the Cuban FEU and the Youth Commission of ACNU work together in organizing the events. The Youth Commission always advises and supports the organizing committees. The selection of topics for debate goes through a process that begins with the proposal made by the Organizing Committee and is reviewed by ACNU, whose criteria and contributions are taken into account to reach the final decision. Likewise, an ACNU official always participates in the models, advising on the debates and evaluating the results of the event.
As stated in the delegate manual within the rules of procedure and organizational aspects, the main bodies of the United Nations are the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council (ECOSOC), the Trusteeship Council, the International Court of Justice, and the UN Secretariat. All established under the UN Charter when the Organization was founded in 1945.
Orbis within the English Language Studies at UCLV
Based on the authors’ considerations, as Orbis participants themselves, UCLV provides its students with unique opportunities for growth and development. As a matter of fact, ECOSOC, operating primarily in English as its official language, offers a valuable platform to acquire and refine essential skills and competencies to their academic and professional development. Essentially, this experience complements their theoretical and practical training by providing a simulated environment for international negotiation and diplomacy.
Turning to the specifics, the authors consider that, the students’ participation in ECOSOC activities significantly enhances their English language proficiency. Beyond that, engaging in debates and negotiations in English provides students with practical experience in articulating ideas clearly, persuasively, and confidently.
The authors ponder the way delivering speeches in English helps students build confidence and proficiency in public speaking, a skill that is essential for both academic and professional success. For instance, students learn to structure arguments logically, deliver presentations effectively, and handle questions from the audience with poise.
Furthermore, it has equally been observed how translation and interpretation skills are also honed through ECOSOC. Although English is the official language, the potential use of other languages requires translation into English. Consequently, they develop a valuable skill set applicable in various international contexts.
In terms of analytical abilities, ECOSOC contributes to the development of critical reading and comprehension skills. Engaging with complex texts, resolutions, and reports enhances their ability to analyze, interpret, and synthesize information in the target language. That is to say, students learn to think critically about the information they encounter and to form well-reasoned opinions.
Equally important to the English Language students’ development is the writing skills: drafting resolutions, positioning papers, and other formal documents refines their academic and professional writing skills. Clarity, coherence, and adherence to formal conventions are all emphasized. Thus, students learn to communicate their ideas effectively in written form, a crucial skill in diplomatic settings.
Importantly, ECOSOC participation promotes intercultural competence. By interacting with delegates from diverse linguistic and cultural backgrounds, students develop the ability to communicate effectively and respectfully. They learn to navigate cultural differences, adapt their communication style, and build rapport with individuals from various backgrounds.
Finally, the immersive nature of ECOSOC, helps students build confidence in language use. Indeed, this is perhaps one of the most valuable outcomes of ECOSOC participation, which encourages students to use their English skills in high-pressure and professional environments.
Competency-based learning
Rooted in the principle that language learning is most effective when grounded in context and intertwined with the acquisition of subject matter knowledge, CBLT has evolved from immersion programs into various instructional models.
CBLT emerged in response to the limitations of traditional language teaching methods that often focus on decontextualized language practice. It draws on theories of language acquisition that emphasize the importance of meaningful communication and contextualized learning. Two primary educational theories underpin CBLT: Communicative Language Teaching (CLT) and Content and Language Integrated Learning (CLIL).
Just recently, Anuyahong and Songakul (2024) published that CBLT also aligns with Vygotsky’s socio-cultural theory, which highlights the role of social interaction and the use of language as a cognitive tool in learning (Vygotsky, 1978). Their research indicates that CBLT can significantly enhance various aspects of language proficiency in TEFL contexts.
Implementing a
competency-based model
The cornerstone of course design within this framework lies in a rigorous initial assessment of the real-world tasks learners will be expected to execute in their specific contexts. The linguistic demands associated with these professional duties are then scrutinized, and the competencies requisite for proficient task completion are identified. These competencies then form the precise bedrock upon which the curriculum is constructed.
Rather than focusing on abstract grammatical concepts or general vocabulary, the CBLT approach directs the focus towards functional language and practical application. This means training learners to handle the specific challenges they will encounter in real-life situations, boosting their confidence and ability to function within their chosen fields.
In this particular case, it means much more than a simple academic exercise. It appears before the English Studies as a tool that implements what was just described as a competency-based Orbis approach for English language learning. Orbis in itself, stands as a comprehensive competency-based model, which qualifies students to develop fluency, accuracy, specific vocabulary and confidence to express themselves within a professional context. Therefore, it needs to be observed and used as the powerful instrument it means, to enhance the UCLV English Studies.
The proposal
The integration of Orbis as a competency-based framework into the UCLV English Degree, needs a structured approach that aligns theoretical instruction with experiential learning. Drawing from the principles of CBLT and the pedagogical strengths of MUN simulations, the proposal emphasizes four core features designed to bridge curricular gaps and enhance professional readiness. Below, there is an elaboration of these features, supported by practical teaching suggestions tailored to the UCLV context.
1.Competency-driven simulations in ECOSOC
Central to the proposal is the strategic use of Orbis ECOSOC simulations as a platform for immersive language practice. These simulations, conducted entirely in English, replicate real-world diplomatic scenarios, requiring students to draft resolutions, negotiate multilateral agreements, and deliver persuasive speeches. For instance, during a session on sustainable development goals, students might assume roles as delegates from diverse nations, debating policy solutions while adhering to formal diplomatic protocols. This approach operationalizes CBLT principles by prioritizing observable behaviors —such as crisis management, consensus-building, and intercultural communication— over rote memorization.
To enhance both linguistic proficiency and professional competencies, two interconnected teaching strategies are proposed. Firstly, task-based role-playing can be implemented by assigning students country-specific roles in ECOSOC debates. This requires them to research geopolitical contexts, draft position papers, and articulate policies in English—a methodology that aligns with Richards’ (2005) advocacy for contextualizing language use within real-world professional scenarios. Following this, structured peer feedback sessions should be integrated post-simulations to refine negotiation strategies and linguistic precision. For instance, students could evaluate peers’ adherence to formal register or the clarity of their arguments during debates. Moreover, this interactive process fosters collaborative learning, enabling students to identify strengths and areas for improvement. By combining immersive role-playing with reflective peer evaluations, the framework ensures that theoretical knowledge is dynamically applied, critiqued, and refined, thereby bridging the gap between classroom instruction and real-world diplomatic demands.
2.Emphasis on professional writing and public speaking
The focus of Orbis on drafting resolutions and delivering speeches directly addresses a key gap identified in student surveys: the need to strengthen formal writing and public speaking skills. By requiring students to produce UN-style documents—such as policy briefs or press releases—the framework reinforces clarity, coherence, and adherence to diplomatic conventions. To operationalize this, workshops on diplomatic writing can be introduced, emphasizing argument structure, formal lexicon (e.g., “whereas,” “hereby”), and citation of international legal frameworks, supported by templates and exemplars from past Orbis events. Furthermore, mock press conferences can simulate high-pressure media interactions, where students defend their delegation’s stance in English, fostering improvisation and confidence.
3. Resource development and faculty training
To address logistical challenges such as time constraints and resource limitations, the proposal prioritizes capacity-building initiatives, including the creation of a digital repository featuring case studies, procedural manuals, and recorded debates from past Orbis editions to standardize preparation. Additionally, faculty training workshops would equip instructors with strategies to align simulations with CBLT outcomes. For practical implementation, open-access digital toolkits—such as video tutorials on parliamentary procedure or glossaries of diplomatic terms—can support self-paced learning, while faculty-student co-creation ensures cultural relevance and academic rigor. For instance, collaborative design of simulation scenarios could focus on Cuba’s role in multilateral organizations, integrating national diplomatic values into debates. By combining institutional resource development with participatory design, the framework fosters sustainability and contextualized learning, empowering both educators and students to navigate global challenges effectively.
By synthesizing the experiential strengths of Orbis with those of CBLT methodologies, this proposal redefines language education at UCLV as a dynamic interplay of theory and practice. The outlined features—simulations, modular integration, skill-specific training, and resource development—collectively address the program’s identified gaps while fostering globally competent professionals. As Toni (2017) emphasizes, such frameworks transform students from passive learners into proactive agents of change, equipping them to navigate the complexities of international engagement with linguistic precision and strategic acumen. Through sustained collaboration between faculty, students, and institutional stakeholders, Orbis can evolve from an extracurricular activity into a cornerstone of UCLV’s English Studies program, setting a benchmark for competency-based language education in Cuba.
The proposal was validated by five (5) specialists—experienced professors from the English Language Department at UCLV with expertise in curriculum design and competency-based education— and the feedback was overwhelmingly positive, with all aspects of the proposal receiving high ratings (average scores of 4.5–4.9/5). Specifically, the specialists unanimously rated the proposal’s correspondence with student needs (4.8/5) and social relevance (4.9/5) as exceptional, noting its direct alignment with the program’s goal to develop globally competitive graduates for diplomacy, tourism, and international relations. Moreover, the applicability of tasks (4.6/5) and methodology (4.7/5) were praised for their practicality, particularly the integration of ECOSOC simulations as capstone projects in core courses like Advanced Speaking and Intercultural Communication. Additionally, the proposal’s potential to motivate English learning (4.8/5) and raise awareness of professional competencies (4.8/5) was highlighted as transformative, since it shifts focus from theoretical knowledge to real-world application. While flexibility (4.5/5) and originality (4.6/5) were also commended, specialists suggested minor enhancements, such as expanding the digital repository to include more Latin American case studies and formalizing faculty training workshops to ensure seamless implementation. Overall, the specialists endorsed the framework as “innovative and urgently needed” to bridge curricular gaps, emphasizing that its structured yet adaptable design positions Orbis as a benchmark for competency-based language education in Cuba.
conclusions
This paper has explored the integration of Orbis, the Model United Nations (MUN) initiative at Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), as a competency-based framework for the English Language Degree Course with a Second Foreign Language. The study was driven by the need to bridge the gap between theoretical instruction and real-world professional demands, particularly in fields such as diplomacy, tourism, and international relations—core employment sectors for graduates identified in Curriculum E.
The diagnostic phase revealed significant gaps in the current curriculum. While Curriculum E emphasizes linguistic proficiency, translation, and intercultural mediation, it lacks structured opportunities for students to apply these skills in authentic, high-stakes scenarios. For instance, competencies such as diplomatic negotiation, crisis management, and persuasive communication—essential for global professional environments—are underrepresented in coursework and assessments. This misalignment was further corroborated by faculty interviews, where professors unanimously acknowledged that traditional methods fall short in preparing students for dynamic, multicultural workplaces. Consequently, Orbis emerges not merely as an extracurricular activity but as a vital complementary framework that addresses these curricular deficiencies.
In conclusion, this research confirms that Orbis is far more than a simulation exercise; it is a dynamic, competency-based framework that transforms theoretical knowledge into professional readiness. By fostering skills in public speaking, critical thinking, and cross-cultural collaboration, Orbis equips students to navigate the complexities of globalized workplaces while upholding the values of Cuban diplomacy. Future steps should focus on institutional partnerships, faculty training workshops, and longitudinal studies to measure the long-term impact of this integration. As the data illustrates, Orbis is not just an academic tool—it is a rehearsal for global leadership.
references
