Muchos han sido los estudios que, desde diversas ópticas y disciplinas, han abordado la realidad de África. No obstante, aún existen grandes divergencias; por un lado, en torno a los sucesos más recientes y más “antiguos”; por otro, sobre las vías o alternativas de esta región en las condiciones actuales.
Dentro de las aproximaciones y enfoques sobre el continente africano ha predominado la visión eurocentrista, que responde a una concepción racista y colonial. En ese contexto, estudiosos como Cheikh Anta Diop, han advertido sobre las miradas “bien intencionadas” que solo ven paisajes, vidas salvajes y tribus ancestrales, que perpetúan una imagen estática de África, negando sus avances, sus urbes globales y su vibrante producción cultural contemporánea.
Junto al enfoque eurocentrista, no puede obviarse, como advirtió la novelista Chimamanda Ngozi Adichie, el peligro de una sola historia, pues roba la dignidad, enfatiza nuestra diferencia en lugar de nuestra humanidad común (...) solo cuando comprendemos que nunca existe una única historia- subraya- recuperamos una especie de paraíso. En ese sentido, el novelista nigeriano Chinua Achebe llamó a la necesidad de “un equilibrio de historias”.
Indudablemente, hubo situaciones que motivaron que la mayoría de los países africanos se ubicaran en condiciones de subordinación y dependencia: las consecuencias de la trata, el impacto de la colonización, por solo citar algunos.
No obstante, el papel de África ha sido transformador, desafiando las estructuras de poder internacional. Ello se demuestra en el proceso de descolonización que reconfiguró el mapa geopolítico; así como en el panafricanismo, que pasó a formar parte del acervo de los líderes independentistas y se convirtió en una de las contribuciones intelectuales más importantes de la diáspora africana.
Seguidamente, se encuentra el texto “Pragmatismo y seguridad. La política exterior de China hacia Afganistán (1979-2021)”, del licenciado Silvio Javier Jiménez Sánchez. Se trata de un análisis de los rasgos fundamentales de los vínculos entre ambas naciones asiáticas, marcados por un conflicto armado y sus implicaciones para la seguridad nacional y regional.
Finalmente, cierran el número las licenciadas en Relaciones Internacionales Yeleinis Esther Figueredo González y Yasmín Fagundo Alonso, con la sección “A la luz del Derecho Internacional”. Su trabajo, “El conflicto por la soberanía del Ártico: Estados Unidos vs. Rusia ante el Derecho del Mar (2000-2001)”, evalúa el marco jurídico internacional aplicable al Ártico y su papel en la estabilidad de las relaciones marítimas internacionales, con énfasis en las reclamaciones territoriales de Rusia y Estados Unidos durante los años de estudio.
El Comité Editorial de la Revista Ad Hoc aprovecha esta nota para agradecer a los especialistas del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) y profesores del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI) por su apoyo en la revisión de los manuscritos aquí presentados.
nOTA EDITORIAL
Todo ello tuvo como colofón la lucha contra el apartheid. La batalla contra el régimen racista de Sudáfrica se convirtió en una causa global que unió al continente y a la comunidad internacional. Figuras como Nelson Mandela se convirtieron en símbolos universales de resistencia, dignidad y reconciliación.
Además, la participación de los países africanos en el Movimiento de los No Alineados y otros organismos multilaterales, esencialmente los de Naciones Unidas, ha marcado las relaciones multilaterales, tanto en la etapa de la bipolaridad, como posteriormente.
Este número de la Revista Científica Universitaria Ad hoc es un esfuerzo conjunto con la Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos de Cuba (ALADAA) para tratar de contribuir a desmontar los mitos perniciosos sobre ese continente, como un antídoto a ese peligro que esconde la realidad.
Nuestro objetivo es, en el espíritu de Chinua Achebe, buscar el equilibrio de historias tan urgentemente necesario. En estas páginas, el lector no encontrará un África exótica y estática, sino un continente vibrante, plural y en constante diálogo con su pasado y su futuro, con dinámicas internas y externas, entre otros aspectos.
Ocho artículos conforman este número. Los mismos nos llevan de la mano sobre dinámicas esenciales de antes y ahora. El primero, a través de una entrevista, nos adentra en Zimbabwe y los 24 años que ha estado bajo el yugo de medidas coercitivas unilaterales. En ese caso, se observa cómo el imperialismo utiliza mecanismos semejantes en diferentes escenarios y cómo sus consecuencias entorpecen el desarrollo de los países del sur.
“La cultura de la resistencia: África y los afrodescendientes en América Latina y el Caribe” ofrece una mirada a las principales manifestaciones de la cultura de la resistencia en la región y su intervinculación con el continente originario.
Sobre la interacción de potencias exógenas y los países de África se presenta un artículo que aborda sus relaciones con la nación japonesa. Se trata del trabajo “Del río Orange al monte Fuji. Las relaciones históricas y estratégicas entre Sudáfrica y Japón”.
Asimismo, se presentan dos artículos vinculados a problemáticas internas: el primero, “La geopolítica de la Alianza de los Estados del Sahel: una alternativa emancipadora y antihegemónica” y, el segundo, “Extractivismo contemporáneo en África: ¿minería sostenible o acaparamiento verde?”
Sobre la interrelación de África con Europa se presenta el artículo: “Resultados de la sexta cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana”.
Los últimos dos manuscritos abordan temáticas novedosas. El primero aborda “La vertiente suní del derecho islámico frente al Derecho Internacional: desafíos contemporáneos de armonización jurídica” y, el segundo, “De Luanda a La Habana: impacto de la guerra de Angola en el arte cinematográfico y musical cubano”.
Los invitamos, pues, a dejar atrás los prejuicios y adentrarse en la complejidad. Porque, en el siglo XXI, comprender la multifacética realidad de África no es un lujo académico, sino un paso esencial para entender nuestro mundo interconectado. Esta es nuestra humilde contribución a ese viaje de (re)conocimiento.
Desde diversas perspectivas y voces, esta revista tiene como objetivo divulgar las dinámicas africanas desde variados ángulos, porque más allá de un solo relato, urge deconstruir y re-conocer la realidad africana.
María Elena Álvarez Acosta
Especialista de ALADAA Cuba.
Grettel Gómez García
Directora Ejecutiva de la Revista Ad Hoc
Conflicto de Intereses:
La Revista declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Revista Científica Universitaria Ad Hoc. (2025). 24 years under the yoke of unilateral coercive measures. Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 6(4). p.7-13.
In a context of increasing application of unilateral coercive measures by Western powers, the voice of the affected nations is essential in order to understand the real scope of these policies. On this subject, the chargé d’affaires of the Embassy of the Republic of Zimbabwe in Cuba, Ms Margaret Muskwe, gave a special interview to the Ad Hoc Universitary Scientific Journal.
ZIMBABWE- 24 YEARS UNDER THE YOKE OF UNILATERAL COERCIVE MEASURES
After the country’s independence, several measures were implemented for the benefit of the population, particularly in the agricultural sector. Could you refer to these latter measures? What was the reaction of the colonial powers to the Government’s policies?
Zimbabwe was under colonialism for more than 100 years. On 18 April 1980, the country gained its independence after a protracted war, mainly between the black disenfranchised peasants and a white minority which ruled the country. Inequality in the distribution of land was one of the significant reasons that drove many young men and women to join guerrilla warfare.
Although political independence was achieved, distribution of wealth and land took longer. Consequently, in 2000, the Government implemented the Fast Track Land Reform Program in response to calls by indigenous Zimbabweans.
It is this program of correcting colonial imbalances that triggered the imposition of sanctions by the United States, United Kingdom and the European Union. As it stands, the land reform program is complete; however, some sanctions remain, particularly those under the Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act (ZIDERA). The European Union has taken steps to remove some measures and US President Joe Biden signed an Executive Order on 4 March 2024 revoking a series of other orders that authorized some specific sanctions against Zimbabwe. Regrettably, the reputational damage caused by isolation and negative media coverage remains and will take a long time to resolve.
As we know, it is not the first time that nations of the so-called Third World have become the target of imperialist siege following the implementation of nationalist policies. From Zimbabwe’s perspective, how do you define and characterize the measures imposed against the country?
Coercion in the form of sanctions is a political tool deployed by powerful countries to punish states such as Zimbabwe, Cuba, Venezuela and Nicaragua. Zimbabwe has been under sanctions for the past twenty-four years, and various euphemisms have been introduced to sanitise this anomaly, which has negatively impacted the country’s development pathway.
Imposers have called them “smart” and “targeted”, but the reality of the matter is that the imposition of these illegal measures has hindered Zimbabwe’s development and limited the country’s access to financial resources. The perception of Zimbabwe remains negative, impeding the country’s investment prospects. And above that, the entire population continues to bear the brunt of these coercive measures proving that the actions are neither “targeted” nor “smart”.
In that context, could you provide examples of the behavior of the United States, the European Union, and the United Kingdom toward Zimbabwe?
In 2001, the US Congress passed the Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act (ZIDERA), aimed at restricting Zimbabwe’s access to the international financial system. The European Union and the United Kingdom imposed travel bans and asset freezes on Zimbabwe. On the surface, it appears that the sanctions are symbolic; however, in reality, Zimbabwe has lost billions of dollars due to the high risk profile which deters investors.
Beyond the national impact of these measures, their consequences are reflected in Zimbabwe’s relations with other African nations. What has been the stance of regional organizations, specifically the Southern African Development Community (SADC), regarding this?
The impact of sanctions on Zimbabwe has also harmed the SADC region; hence, the regional body decided to mark 25 October each year as a day to call for the removal of sanctions imposed on Zimbabwe. In October 2020, SADC leaders stated that they were “(…) acutely aware that the continuation of sanctions not only impacts negatively on socio-economic progress in Zimbabwe itself, but also on the attainment of SADC’s 2050 vision, the African Union Agenda 2063 and the 2030 UN Agenda for Sustainable Development”.
In his address to the 78th Session of the United Nations General Assembly, His Excellency President Emmerson D. Mnangagwa, called for the lifting of sanctions not only imposed on Zimbabwe but also on Cuba without conditions.
Speaking of the United Nations (UN), could you provide examples of the stance of this organization towards the measures imposed against Zimbabwe?
In a 2022 Institute for Security Studies of Africa report, expert assessment noted that targeted US sanctions on Zimbabwe create a high-risk premium that deters investors. Furthermore, experts reported that, because of ZIDERA, Zimbabwean banks lose close to USD 1 billion annually in higher bank charges. In 2021, the UN Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures, Ms Alena Douhan, following a visit to Zimbabwe, observed in her report that widespread collateral damage had been inflicted in all socio-economic sectors as a result of these illegal measures. In her recommendations, she reminded the imposers that “(…) all parties are on their obligation under the UN Charter to observe principles and norms of international law, including principles of sovereign equality, political independence, non-intervention in the domestic affairs of States, and peaceful settlement of international disputes”. The United Nations endorsed the report on 14 September 2022.
Historically, Zimbabwe and Cuba have been critical voices against the Western-led liberal order. Could you explain how this common stance influences their bilateral relationship and their joint strategy in foreign policy?
Zimbabwe’s foreign policy is guided by the principle of being “a friend to all and enemy to none,” reflecting its commitment to peaceful, cooperative, and mutually beneficial international relations. In this spirit, Zimbabwe continues to pursue a policy of engagement and re-engagement with all countries, irrespective of past differences, to foster dialogue, strengthen partnerships, and promote global cooperation.
This approach, championed by President Mnangagwa since 2017, seeks to normalize ties with both traditional Western partners and emerging global powers while maintaining strong regional, continental, and international alliances.
Zimbabwe and Cuba have maintained a strong bond of solidarity, particularly within multilateral platforms such as the United Nations, where they consistently work together to challenge the imposition of unilateral coercive measures. Both nations, having experienced the negative impact of such restrictive measures, advocate for the principles of sovereignty, non-interference, and equality among states. At the UN, Zimbabwe and Cuba jointly call for the lifting of sanctions, emphasizing their illegality under international law and their adverse effects on the socio-economic well-being of ordinary citizens. Through coordinated diplomacy, mutual support in resolutions, and active participation in debates, the two countries amplify each other’s voices in rallying the international community against coercive measures and in defence of a fairer, more inclusive global order.
The dialogue with Ms Muskwe confirms that for nations such as Zimbabwe and Cuba, the fight against unilateral coercive measures is a pillar of their foreign policy. It reflects how the impact of these sanctions has served as the basis for a diplomatic strategy of South-South cooperation, in pursuit of a multipolar world order and respect for international law.
En un contexto de creciente aplicación de medidas coercitivas unilaterales por las potencias occidentales, resulta esencial la voz de las naciones afectadas, en aras de comprender el alcance real de estas políticas. Sobre este tema, la encargada de negocios de la Embajada de la República de Zimbabwe en Cuba, Sra. Margaret Muskwe, concedió una entrevista especial a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc.
ZIMBABWE - 24 AÑOS BAJO EL YUGO DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES
Después de la independencia del país se implementaron varias medidas de beneficio a la población, sobre todo, en el sector agrícola. ¿Pudiera referirse a estas últimas? ¿Cuál fue la reacción que tuvieron los poderes coloniales ante las políticas del Gobierno?
Zimbabwe estuvo bajo el colonialismo durante más de 100 años. El 18 de abril de 1980, el país obtuvo su independencia después de una guerra prolongada, principalmente entre los campesinos negros privados de derechos y una minoría blanca que gobernaba el país. La desigualdad en la distribución de la tierra fue una de las razones significativas que impulsó a muchos jóvenes a unirse a la lucha guerrillera.
Aunque se logró la independencia política, la redistribución de la riqueza y la tierra tardó más en llegar. En consecuencia, en el año 2000, el Gobierno implementó el Programa de Reforma Agraria Acelerada en respuesta a las demandas de los zimbabwenses indígenas.
Fue este programa de corrección de los desequilibrios coloniales lo que desencadenó la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. En la actualidad, la reforma agraria está completa; sin embargo, algunas sanciones permanecen, particularmente aquellas bajo la Ley de Recuperación Económica y Democracia en Zimbabwe (ZIDERA). La Unión Europea ha dado pasos en la eliminación de algunas medidas, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una Orden Ejecutiva el 4 de marzo de 2024, revocando una serie de otras leyes que autorizaban específicas sanciones contra Zimbabwe. Lamentablemente, el daño reputacional causado por el aislamiento y la cobertura mediática negativa permanece y tomará tiempo resolverlo.
Como sabemos, no es la primera vez que las naciones del llamado Tercer Mundo se vuelven objeto del asedio imperialista tras la implementación de políticas nacionalistas. Desde la perspectiva de Zimbabwe, ¿cómo define y caracteriza las medidas impuestas contra el país?
La coerción en forma de sanciones es una herramienta política utilizada por países poderosos para castigar a Estados como Zimbabwe, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Zimbabwe ha estado bajo sanciones durante los últimos venticuatro años, y se han introducido varios eufemismos para maquillar esta anomalía, que ha impactado negativamente en la trayectoria de desarrollo del país.
Quienes las imponen las han llamado “sanciones inteligentes” y “dirigidas”, pero la realidad es que la imposición de estas medidas ilegales ha obstaculizado el desarrollo de Zimbabwe y ha limitado el acceso del país a los recursos financieros. La percepción sobre Zimbabwe sigue siendo negativa, lo que impide las perspectivas de inversión en el país. Encima de eso, la población completa continúa soportando el peso de estas medidas coercitivas, lo que prueba que no son “dirigidas” ni “inteligentes”.
En ese contexto, ¿pudiera ejemplificar los comportamientos de Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido hacia Zimbabwe?
En 2001, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Recuperación Económica y Democracia en Zimbabwe (ZIDERA), destinada a restringir el acceso de Zimbabwe al sistema financiero internacional. La Unión Europea y el Reino Unido impusieron prohibiciones de viaje y congelaciones de activos a Zimbabwe. En la superficie, parece que las sanciones son simbólicas; sin embargo, en realidad, Zimbabwe ha perdido billones de dólares debido al alto perfil de riesgo que disuade a los inversores.
Más allá del impacto nacional de estas medidas, sus consecuencias se reflejan en las relaciones de Zimbabwe con otras naciones africanas. Cuál ha sido la postura de las organizaciones regionales como la Southern African Development Community (SADC) ante esto?
El impacto de las sanciones en Zimbabwe también ha perjudicado a la región de la SADC; por lo tanto, el organismo regional escogió el 25 de octubre de cada año como un día para pedir la eliminación de las sanciones impuestas a Zimbabwe. En octubre de 2020, los líderes de la SADC declararon que eran “… muy conscientes de que la continuación de las sanciones no solo impacta negativamente en el progreso socioeconómico en el propio Zimbabwe, sino también en el logro de la visión 2050 de la SADC, la Agenda 2063 de la Unión Africana y la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible”.
En su discurso ante el 78º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente Emmerson D. Mnangagwa, en su declaración, pidió el levantamiento de las sanciones impuestas no solo a Zimbabwe sino también a Cuba, sin condiciones.
Hablando de Naciones Unidas (ONU), pudiera ejemplificar la postura de ese organismo hacia las medidas impuestas a Zimbabwe?
En un reporte de 2022 del Instituto Africano de Estudios de Seguridad, la evuación de expertos observó que las sanciones estadounidenses dirigidas a Zimbabwe crearon un alto riesgo que disuade a los inversores. Asimismo, los expertos reportan que, debido a ZIDERA, los bancos zimbabwenses pierden cerca de 1 billón anual en pagos bancarios mayoritarios. En 2021, la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, Sra. Alena Douhan, tras visitar Zimbabwe, observó en su informe que se había infligido un daño colateral generalizado en todos los sectores socioeconómicos como resultado de estas medidas ilegales. En sus recomendaciones, recordó a los impositores que “(…) todas las partes están en su obligación bajo la Carta de la ONU de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las disputas internacionales”. Las Naciones Unidas respaldaron el informe el 14 de septiembre de 2022.
Históricamente, Zimbabwe y Cuba han sido voces críticas frente al orden liberal liderado por Occidente. ¿Podría explicar cómo esta postura común influye en su relación bilateral y su estrategia conjunta de política exterior?
La política exterior de Zimbabwe se guía por el principio de ser “amigo de todos y enemigo de nadie”, lo que refleja su compromiso con relaciones internacionales pacíficas, cooperativas y mutuamente beneficiosas. Con este espíritu, Zimbabwe continúa persiguiendo una política de compromiso y recompromiso con todos los países, independientemente de las diferencias pasadas, para fomentar el diálogo, fortalecer las asociaciones y promover la cooperación global.
Este enfoque, impulsado por el Presidente Mnangagwa desde 2017, busca normalizar las relaciones tanto con los socios occidentales tradicionales como con las potencias globales emergentes, manteniendo al mismo tiempo fuertes alianzas regionales, continentales e internacionales.
Zimbabwe y Cuba han mantenido un fuerte vínculo de solidaridad, particularmente dentro de plataformas multilaterales como las Naciones Unidas, donde trabajan consistentemente juntos para desafiar la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Ambas naciones, habiendo experimentado el impacto negativo de tales medidas restrictivas, abogan por los principios de soberanía, no interferencia e igualdad entre los Estados.
En la ONU, Zimbabwe y Cuba piden conjuntamente el levantamiento de las sanciones, enfatizando su ilegalidad según el derecho internacional y sus efectos adversos en el bienestar socioeconómico de los ciudadanos comunes. A través de una diplomacia coordinada, apoyo mutuo en resoluciones y participación activa en debates, los dos países amplifican sus voces para movilizar a la comunidad internacional contra las medidas coercitivas y en defensa de un orden global más justo e inclusivo.
El diálogo con la Sra. Muskwe permite confirmar que para naciones como Zimbabwe y Cuba, la lucha contra las medidas coercitivas unilaterales constituye un pilar de su política exterior. Se refleja cómo el impacto de estas sanciones ha servido de base para una estrategia diplomática de cooperación Sur-Sur, en busca de un orden mundial multipolar y en respeto del derecho internacional.
Recibido: 5 de septiembre de 2025
Conflicto de Intereses:
La autora declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 3 de octubre de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por la autora, quien otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. La autora podrá establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Álvarez Acosta, M.E. (2025). Cultura de resistencia: África y los afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Revista Cientifica Universitaria Ad Hoc. 6(4).14-28 p.
. (2025). La cultura de la resistencia: África y los afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 6(4). p 14-28.
resumen
El desarrollo del sistema capitalista tuvo como uno de sus pilares el comercio triangular. En ese contexto, la trata de esclavos, componente esencial del mismo, determinó que los africanos fueran parte de la conformación de las sociedades americanas y caribeñas. La concepción eurocentrista, con sus cuotas de discriminación, racismo y visión civilizatoria fue la base para encubrir y justificar intromisiones y despojos de muchos pueblos africanos y afrodescendientes. En ese escenario, la cultura de la resistencia se manifestó como una acción cotidiana en la preservación de valores y formas de hacer, tanto en África como en América Latina y el Caribe. El objetivo final de este artículo es ofrecer una mirada sobre las principales manifestaciones de la cultura de resistencia en la región y su intervinculación con el continente originario. Se confirma que, con sus particularidades, han existido expresiones que han demostrado la intervinculación trasatlántica: por ejemplo, el panafricanismo a fines del siglo XIX y la Sexta Región en el siglo XXI.
Palabras Clave: racismo, afrodescendientes, diáspora, cultura de la resistencia, panafricanismo.
ABSTRACT
The development of the capitalist system had triangular trade as one of its pillars. In this context, the slave trade, an essential component of it, determined that Africans were part of the formation of American and Caribbean societies. The Eurocentric conception, with its quotas of discrimination, racism, and civilizational vision, was the basis for concealing and justifying the intrusions and dispossessions of many peoples, where Afro-descendants and Africans hold a prominent place. In that scenario, the culture of resistance manifested itself as a daily activity in the preservation of values and ways of doing things, both in Africa and in Latin America and the Caribbean. This work aims to expose some of the main manifestations of the culture of resistance of Afro-descendant communities in the Latin American and Caribbean landscape. At the same time, it explores the role of Africa towards these communities. The ultimate goal is to offer an insight into the main manifestations of the culture of resistance in the region and the interconnection between these and the originating continent. It is confirmed that, with their particularities, there have been expressions that have demonstrated transatlantic interconnection: for example, Pan-Africanism at the end of the 19th century and the Sixth Region in the 21st century.
Keywords: racism, Afro-descendants, diaspora, culture of resistance, pan-Africanism.
introducción
El desarrollo del sistema capitalista tuvo como uno de sus pilares el comercio triangular. La trata de esclavos, componente esencial del mismo, determinó que los africanos fueran parte de la conformación de las sociedades americanas y caribeñas. Sin embargo, la concepción eurocentrista, con sus cuotas de discriminación, “racismo y visión civilizatoria”, ha sido base para encubrir políticas, intromisiones y despojos de muchos pueblos africanos, incluidos los trasladados hacia América Latina y el Caribe.
La colonización europea conllevó a que las personas negras se ubicaran en el estrato inferior de la jerarquía social. Las élites hicieron todo lo posible por mantener su statu quo. A ello tributaron los prejuicios y el racismo, como un mecanismo contemporáneo de descalificación de los afrodescendientes para perpetuar la dominación (Quijano, 1999, 2000 y 2005, citado por CEPAL y UNFPA, 2020). Esto, en última instancia, no solo legitimó la explotación y la esclavitud, sino que introdujo dinámicas y prácticas de discriminación que perduraron incluso después de los procesos de independencia.
En las últimas décadas, se ha evidenciado un ascenso de las actividades y demandas de los afrodescendientes en América Latina y el Caribe, así como una interrelación mayor entre estos y los países y organizaciones de África, tanto en el plano bilateral, como en el multilateral.
Con independencia de que existen diversas aproximaciones conceptuales sobre la temática, a continuación, se exponen algunos criterios básicos. Ante la pregunta ¿quiénes son los afrodescendientes?, Aguledo (2019) responde que este concepto incluye a las personas de origen africano subsahariano conocidas de forma genérica como poblaciones negras e incorpora otros términos como mulatos, zambos, prietos, morenos, creoles. Integra, además, otras categorías correspondientes a rasgos etnohistóricos específicos como en los casos de las poblaciones garífuna, los saramaka, yudka, boni, palenqueras, raizales, y a las apelaciones que relacionan el origen africano.
El autor aclara que la terminología surge, a modo general, en el contexto histórico colonial con sus consecuentes connotaciones raciales. Asimismo, puntualiza que se origina como iniciativa de los movimientos sociopolíticos latinoamericanos en el proceso de preparación de la Conferencia de Durban de 2001, a la que se hará referencia en lo adelante del presente trabajo. Para estos, se trataba de encontrar un concepto genérico que diera cuenta de la diáspora africana como sujeto de derecho y actor político y social frente al flagelo del racismo y la discriminación1 (Aguledo, 2019).
Por tanto, el concepto reafirma la existencia-similitud-diferenciación de un grupo y establece su singularidad, al tiempo que incorpora la conformación del mismo como actor que reclama sus derechos2.
Por su parte, la diáspora incluye las comunidades descendientes de africanos esclavizados que fueron obligados a migrar fuera de África, principalmente en las Américas, y que mantienen vínculos culturales, históricos e identitarios con el continente. O sea, la diáspora no solo incluye el desplazamiento, sino también la construcción de identidades híbridas y la resistencia cultural (Aguirre, 2008).
Mientras, la Unión Africana (UA) ha definido la diáspora africana como una comunidad de “gentes de origen africano que viven por fuera del continente, independientemente de su ciudadanía y nacionalidad, quienes están dispuestos a contribuir al desarrollo del continente y a la construcción de la Unión Africana” (Unión Africana, 2011).
La historia misma acuñó el término de diáspora africana en la década de 1960 cuando comenzaron los procesos de descolonización en el continente africano, vinculado con el desarrollo de los fundamentos de panafricanismo3 y los afrodescendientes. Como se observa, se reafirma el criterio de intervinculación de África y su diáspora, expresado en la definición de la Unión Africana.
En ese ámbito, es imprescindible recordar que, el racismo, según Frantz Fanon (Ballesteros Trujillo, 2016) es:
(…) un elemento de un conjunto más vasto: el de la opresión sistemática de un pueblo”, en el que la lógica de la destrucción de los valores culturales, las formas de existencia, la lengua, la vestimenta y la desvalorización de las técnicas propias son identificadas como prácticas constantes en la conducta del pueblo oprimido. Se trata de una relación de sujeción y poder en la que “el panorama cultural es desgajado, los valores burlados, borrados, vaciados (p.173.)
Tras ese flagelo que constituye el racismo, se oculta y omite la riqueza material y espiritual de lo que han aportado los afrodescendientes y africanos, respectivamente, a sus sociedades y al mundo. Ante esto, los pueblos han luchado por sus derechos y para cambiar ese orden de sujeción. En ese ámbito, la cultura de resistencia ha sido cotidiana. Esta se expresó de diversos modos entre la diáspora africana y en el continente de origen.
Al referirse a la cultura de resistencia, Álvarez Acosta (2024) refiere que esta incluye las acciones mediante las cuales las comunidades de origen africano han preservado, adaptado y transformado su identidad cultural a lo largo de siglos4. A través de una relación dialéctica entre adaptación y resistencia, estas comunidades han conservado elementos culturales africanos (religiones, músicas, lenguas, gastronomía) a la vez que forjaron expresiones propias, contribuyendo de manera invaluable al acervo cultural de la región (García, 2018).
La cultura de resistencia abarca el universo espiritual, los valores, la ética, las costumbres en los sectores sociales más amplios. (...) Este proceso no es premeditado; es un camino enmarañado: lo africano, lo autóctono, predomina en la visión y vida cotidiana y la capacidad de sumar, readaptando las nuevas realidades con una perspectiva sui generis (Álvarez Acosta, 2011, p.28).
El nivel de resistencia también es un parámetro esencial en lo que se califica como civilización o “cultura”. En ese caso, la cultura africana ha ocupado los primeros planos en la defensa de su autenticidad y en su capacidad de supervivencia en el continente de origen y más allá. Como plantea Iniesta (1986):
Ha habido cambios en las mentalidades, en los mecanismos institucionales, en los referentes míticos en casi todas la culturas negro-africanas, pero perviven los cimientos de una sólida cosmovisión tradicional.
La cultura de resistencia no solo incluye lo histórico y la cultura africana, que antecedió a la explotación capitalista en África, sino que expresa parámetros únicos y diversos, donde lo tradicional y lo moderno evolucionan de forma yuxtapuesta y el primero incorpora elementos del segundo, adaptándolo a su cosmovisión y viceversa (Álvarez, 2011). Esa cultura de resistencia también se ha manifestado en el plano de la política exterior y en el multilateralismo, lo que se ha evidenciado en el apoyo a los afrodescendientes en su accionar.
Este trabajo se propone exponer algunas de las principales características y manifestaciones de la cultura de resistencia de las comunidades afrodescendientes en el panorama latinoamericano y caribeño. Simultáneamente, explora el rol de África hacia dichas comunidades. En resumen, el objetivo final es ofrecer una mirada sobre las principales manifestaciones de la cultura de resistencia en la región y su intervinculación con el continente originario.
desarrollo
Los afrodescendientes
Existe una serie de características que se manifestaron durante la llegada y período de la trata de esclavos que, en última instancia, explican las diversas formas de adaptación, participación y resistencia de lo afro en las sociedades latinoamericana y caribeña. En ese ámbito, de acuerdo con Aguirre (2008), las comunidades esclavas:
De forma general, todas las expresiones y acciones afro combinaban dos componentes esenciales: adaptación y resistencia. Precisamente, la experiencia de las poblaciones de origen africano en la región, durante la esclavitud e incluso después de la abolición, puede sintetizarse en la relación dialéctica entre asimilación y rechazo, apropiación de modelos, valores ajenos y el desarrollo de formas propias (Aguirre, 2008).
Con independencia de las peculiaridades y formas de hacer de estos grupos y de las políticas discriminatorias y exclusionistas hacia ellos en cada Estado, hay una realidad válida para todos los casos: los afrodescendientes han tenido un papel protagónico en la conformación de la identidad latinoamericana y caribeña.
Entre la colonización y la
independencia
El eurocentrismo se expresó en los métodos de la colonización que incluyeron la diferenciación-exclusión, sobre la base de que algunos seres humanos eran superiores a otros. En este sentido, la sociedad se distinguía por la superioridad del “blanco”, frente a las otras categorías: “indio”, “negro” o “mestizo”. Las desigualdades y discriminaciones basadas en la concepción étnico-racial que impuso la colonización, se han mantenido como mecanismos contemporáneos.
Las diferencias sociales generadas a partir de las estructuras coloniales fueron codificadas como diferencias raciales, étnicas y nacionales, siendo el racismo la más visible manifestación de la “colonialidad del poder5” (Quijano, 1999, 2000 y 2005, citado por CEPAL y UNFPA, 2020).
Los afrodescendientes siempre han sido objeto de estereotipos racistas y formas entre sutiles y explícitas de discriminación y segregación ejercidas por la sociedad. Las estadísticas establecidas por diversas instituciones internacionales muestran claramente la relación directa entre la exclusión social y la discriminación racial (Agudelo, 2010).
En el devenir de la realidad latinoamericana y caribeña se han establecido dinámicas estructurales que, en última instancia, han determinado las desventajas de los afrodescendientes con respecto a otros grupos.
Entre los factores que han influido en el papel y lugar de cada “raza” en la estructura de los países y han mantenido el statu quo sobresalen la matriz productiva6 y la cultura del privilegio7. Ello bajo las desigualdades históricas estructurales en el plano económico y socio político (CEPAL y UNFPA, 2020).
En América Latina, predomina estructuralmente la elevada concentración de la propiedad y de la riqueza, tanto en el número de empresas como de personas. El mercado laboral vincula la estructura productiva con la desigualdad que le es inherente, en la productividad, el acceso y la calidad en materia de empleo (CEPAL y UNFPA, 2020).
O sea, la matriz productiva asegura y reproduce la matriz de desigualdad social que se asienta en una cultura del privilegio. “Esta última, por una parte, es constitutiva de la configuración histórica y social de las sociedades y economías latinoamericanas y se sigue reproduciendo hasta nuestros días a través de una variedad de actores, instituciones, reglas y prácticas” (CEPAL, 2018c, en CEPAL y UNFPA, 2020).
La matriz productiva y la cultura del privilegio han mantenido inmensas diferencias en lo económico, político y social entre las “razas”: es la discriminación institucionalizada. Las jerarquías naturalizadas por la cultura del privilegio según criterios de clase, de condición étnico-racial, de género o una combinación de todos esos factores contribuyen a reforzar la inercia del poder y la desigualdad (CEPAL, 2018c en CEPAL y UNFPA, 2020). En la práctica, aunque se reconozcan las desigualdades y hasta sus causas, como plantea la CEPAL:
Las personas afrodescendientes son una de las poblaciones que han sido dejadas atrás en lo referente a los beneficios del desarrollo, debido a históricos procesos de exclusión que se expresan en profundas desigualdades en desmedro de estas poblaciones. Asimismo, los Estados no han sido capaces de reconocer el enorme aporte económico, social y cultural que han hecho las personas y comunidades afrodescendientes al desarrollo de nuestros países. (CEPAL, 2018c en CEPAL y UNFPA, 2020, p.9)
En la práctica, la matriz productiva y la cultura del privilegio han condicionado el inmovilismo social, por lo que los afrodescendientes han mantenido su condición de explotados. Precisamente, sobre esta población, los censos no revelan la situación de pobreza en que viven, el poco acceso a la educación que enfrentan, las necesidades particulares de los servicios de salud, lo que se agrava en el caso de las mujeres, a esto se suma, la violencia y el uso de la mujer negra como objeto sexual. Esto se agrava en el caso de las féminas, a lo que se suma la violencia y el uso de la mujer negra como objeto sexual (Wilson Thatum, 2009).
Algunas cifras necesarias
En América Latina, la discriminación se ha mantenido y reproducido en todos los ámbitos de la vida. Según el Banco Mundial (2023):
De los 18 países incluidos en el estudio, hay un limitado acceso a la atención sanitaria de la población afrodescendiente, que se traduce también en altos índices de mortalidad materna, embarazos precoces y padecimientos epidemiológicos, mayoritariamente enfermedades drepanocíticas, las crónicas (como hipertensión, diabetes) y el VIH.
En la práctica, existen diferencias en todos los ámbitos de la vida de los afrodescendientes con respecto a los “otros”.
Los afrodescendientes y sus
acciones en contra de lo
establecido
A partir del fin del decenio de 1980, los movimientos afrodescendientes contra la discriminación racial y por la igualdad, se hacen más visibles en el debate sobre reivindicaciones que giran en torno a la diferencia cultural, el uso y manejo de los recursos naturales y la afirmación de la propiedad de los territorios que constituyen su hábitat y sus derechos políticos (Agudelo, 2019).
En varios países latinoamericanos los movimientos sociales de afrodescendientes obtuvieron el reconocimiento de importantes derechos colectivos y obligaron a sus Estados y a la opinión pública a aceptar la persistencia del racismo en sus respectivas sociedades. Asimismo, han librado luchas cada vez más visibles y exitosas por la obtención de diversos tipos de derechos colectivos, con el fin de superar la discriminación racial y la exclusión social y política. (Hooker, 2013, párr.1)
Asimismo, durante los años ochenta y noventa varios Estados latinoamericanos establecieron nuevos regímenes de ciudadanía multicultural. Consecuentemente, los afrodescendientes obtuvieron algunos derechos colectivos en cuanto a propiedad de la tierra y a la cultura. Sin embargo, estos no llegan a ser tan significativos como los logrados por los pueblos indígenas. Asimismo, en naciones como Brasil y Colombia se obtuvieron derechos contra la discriminación racial. A pesar de estos importantes logros, los derechos colectivos siguen siendo objeto de polémicas (Hooker, 2013).
En los años 90, la visibilidad estadística constituyó una reivindicación de movimientos sociales afrodescendientes respaldada por organismos internacionales, así como con el impulso de políticas públicas de inclusión social y superación de los problemas de discriminación racial (Agudelo, 2019). Se manifestaban diferentes formas de organización y lucha. Destacan los siguientes ejemplos:
Primeramente, el 25 de julio de 1992, mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en República Dominicana, para dar lugar al Primer Encuentro de Mujeres Negras de América Latina y el Caribe. Allí se constituyó la Red de Mujeres afrolatinoamericanas y afrocaribeñas11; un espacio regional como plataforma de denuncia, intercambio y reflexión regional.
En segundo lugar, se da la participación de algunos movimientos afrodescendientes en el cuestionamiento de la celebración de los 500 años del “descubrimiento” de América. Sobresale que la respuesta del movimiento indígena con la consigna de “500 años de resistencia indígena” y la implementación de manifestaciones a escala continental, se transformó con la llegada de sectores del movimiento afro, en “500 años de resistencia indígena, negra y popular en América” (Martínez, 1992, en Aguledo, 2019).
Por último, el siglo XXI también ha sido testigo de nuevas firmas de organización de los afrodescendientes. Por ejemplo: la conformación de la Coalición Internacional por la Defensa, Conservación, Protección de los Territorios, del Medio Ambiente, Uso de la Tierra, y Cambio Climático de los Pueblos Afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Integrada por 19 organizaciones12, se acordó su formación bajo la Declaración de Chota, el 17 de septiembre de 2022. Dicha coalición se oficializó en el Encuentro para el Fortalecimiento Organizacional y la Defensa de los Territorios Afrodescendientes en América Latina impulsado por el Proceso de Comunidades Negras – PCN Colombia, con el apoyo de Rights and Resources Initiative en el Territorio Ancestral Afrochoteño, en el Valle del Chota, Imbabura, Carchi, Ecuador.
En dicha declaración se establecieron varios objetivos, en función de la defensa de los territorios de los pueblos de afrodescendientes, entre los que destaca: impulsar una estrategia comunicacional que permita visibilizar las problemáticas y acciones generadas en los países en defensa de los territorios afrodescendientes y retomar los lineamientos del Plan de Acción de Durban, además de incluir los principios del vivir bien, como filosofía de los pueblos negros – afrodescendientes de América Latina y el Caribe (Declaración de Chota, 2022).
Algunos otros logros más importantes de esta etapa en América Latina, Agudelo (2019) los resumen en:
Sin embargo, en cuanto a la actividad de los afrodescendientes se plantea que: “(…) las expresiones de movilización y organización de estas poblaciones, aunque han existido, han sido más bien marginales” (Serbin 1991; Andrews 2007; Wade 2000 en Agudelo, 2010).
En ese contexto, debe destacarse que las acciones desde el continente originario han sido uno de los aspectos esenciales que ha contribuido a la lucha de los afrodescendientes.
África y los afrodescendientes
El V Congreso panafricano celebrado en Manchester en 1945 fue organizado por afrodescendientes y africanos; se iniciaba el proceso de unidad entre la diáspora y el continente originario15. En ese momento, se estableció una agenda compartida donde se priorizó la independencia inmediata de África.
Precisamente, bajo ese prisma, se fundó la Organización para la Unidad Africana (OUA) en 1963, que luchó por la unidad, la independencia y contra el racismo; fue el antecedente de la Unión Africana. Los vínculos entre la diáspora y el continente se incrementaron tras la fundación de esta última en julio de 2002.
Ese fue un momento de inflexión, pues se aprobó la participación de la diáspora en la agenda gubernamental de la organización. En la práctica, los afrodescendientes fueron incorporados a la construcción de la UA.
La expresión más representativa de la unidad e integración entre ambos lados del Atlántico fue la constitución de la Sexta Región (2003)16, que incluía a la diáspora, como otra región geográfica del continente africano17. En ese marco, destacan diversas acciones desarrolladas por la Unión Africana y la Diáspora como encuentros y conferencias con intelectuales, movimientos sociales. Ejemplo de esto es la Primera Conferencia de Intelectuales de África y la Diáspora, con la inclusión de participantes de los movimientos sociales de las Américas y el Caribe, celebrada en Dakar en octubre de 2004.
En el 2013, cuando se conmemoró el 50 aniversario de la fundación de su predecesora, la OUA, la UA decidió fortalecer su relación con la diáspora africana global y la elevó a prioridad permanente dentro de la estructura administrativa de la Comisión de la Unión Africana. Fue una cumbre conmemorativa especial que debatió el panafricanismo y el renacimiento africano.
En otro ámbito, los países africanos mantienen la promoción de diversas formas de acercamiento y apoyo a los afrodescendientes: desde los programas de intercambio académico y cultural, hasta campañas para incentivarlos a visitar/reconectar con sus raíces. En la práctica, se ha tratado de preservar la cultura y la identidad afro a través de la protección del patrimonio cultural africano en la diáspora, la promoción de fórmulas para enseñar historia africana, entre otros.
Asimismo, se ha aumentado la cooperación con organismos regionales en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en 2015, durante la III Cumbre CELAC-UA, se emitió una declaración conjunta que incluía el compromiso de trabajar contra el racismo estructural y promover la inclusión de los afrodescendientes. Las acciones conjuntas se han mantenido hasta la actualidad.
Además, la UA apoya explícitamente el plan de reparaciones históricas de la CARICOM que exige compensaciones históricas por la esclavitud. También líderes africanos han participado en cumbres caribeñas (declaraciones conjuntas contra el racismo estructural, informes que exponen la discriminación en América Latina y envío de observadores a audiencias sobre derechos de afrodescendientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros).
Han existido factores que han influido en la proyección del continente originario hacia la diáspora. Sobresalen: limitaciones presupuestarias para implementar proyectos, dificultades para poder coordinar acciones por el gran número de países que integran la organización (55 Estados miembros de la UA), conflictos internos, golpes militares, entre otros.
Mientras, desde la diáspora se ha coordinado ayuda humanitaria hacia países en conflictos o desastres naturales en África, entre otros; pero muchos gobiernos donde existe diáspora africana han restado importancia a la necesidad de avanzar en la cooperación entre América Latina y el Caribe con África.
Sistema de Naciones Unidas
En América Latina y el Caribe las acciones y demandas de los afrodescendientes han tenido una interrelación con las movilizaciones transnacionales de estos y las acciones a escala global y multilateral. A partir de los años 90 del siglo pasado hubo un ascenso en ese ámbito, donde se destaca el papel de las organizaciones y países africanos en la promoción de propuestas, apoyo, votación y soporte económico de los proyectos, entre otros.
Por ejemplo, en 1994 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lanza el programa «Las Rutas de las personas esclavizadas: resistencia, libertad y patrimonio» más conocido como La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad y patrimonio, que ha incentivado la creación de una red transnacional de investigadores sobre la historia de la trata esclavista. Además, promueve una serie de eventos en América Latina, el Caribe y África en los que participan historiadores(as) e intelectuales especialistas en el tema, se incluyen además líderes y activistas de movimientos afrodescendientes. Este programa ha contribuido a la producción de conocimientos innovadores, el desarrollo científico e iniciativas en recordatorio de lo que fue la esclavitud, su abolición y la resistencia que esta generó (UNESCO, 2024)18.
Durante el siglo XXI las acciones multilaterales se consolidaron en el reconocimiento y la lucha por los derechos de los afrodescendientes, lo que coincide con los pasos dados por la Unión Africana en la conjugación de los esfuerzos de unir a los afrodescendientes y los países del continente.
Hablando del plano multilateral, resulta esencial retomar los intercambios nacionales, subregionales y del conjunto de Latinoamerica y el Caribe celebrados a inicio del siglo XXI. Entre estos sobresale, además, la Pre-conferencia de las Américas celebrada en Santiago, Chile. En ella se delinearon los elementos de lo que sería la posición de los movimientos indígenas y afrodescendientes frente a los objetivos de dicha conferencia. Allí, los afrodescendientes comienzan a ser reconocidos como sujetos de Derecho Internacional (Agudelo, 2019), lo que le permite tener reconocimiento jurídico y una participación más proactiva en la defensa de sus derechos.
Estas reuniones formaron parte del proceso de preparación del evento que marcaría un punto de inflexión respecto del tema de los afrodescendientes y la lucha por sus derechos: la ya referida Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia. Se llevó a cabo en septiembre de 2001, en Durban, Sudáfrica, país que desempeñó un papel esencial19.
De la Conferencia de Durban surgió la Declaración y Plan de Acción de Durban. Los Estados de América Latina y el Caribe, presentes en dicho evento, se suscribieron a dicho documento para combatir la discriminación y el racismo manifiesto contra los grupos étnicos y las minorías. Se expusieron aspectos medulares sobre la situación de los afrodescendientes y se pidieron acciones concretas.
En la práctica fue un proceso de visibilización de las reivindicaciones de los afrodescendientes20.
A pesar de los avances en estos marcos, es válido destacar que aún no se ha logrado una posición consensual entre el conjunto de los movimientos afrodescendientes ni de parte de los Estados. Tanto el evento de Santiago como el de Durban, fueron insuficientes para lograr que los Estados reconocieran la persistencia del racismo y la discriminación sufrida por indígenas y afrodescendientes y la forma como dichos factores se relacionan directamente con la marginalidad y la pobreza en que viven estas poblaciones.
Sin embargo, no hay dudas de que Durban marcó un hito en la lucha por los derechos de los afrodescendientes. Posteriormente, se multiplicaron los foros, encuentros, seminarios, cumbres, en ámbitos nacionales y de carácter internacional. En términos generales, y con diferentes acentos y matices, se reiteran en estos espacios, los contenidos programáticos y reivindicativos de los objetivos de la conferencia de 2001.
Posteriormente, la Asamblea General de Naciones Unidas, proclamó 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes y, posteriormente, declaró el Decenio de los afrodescendientes de 2015 a 2024 con el propósito de priorizar, durante este periodo de tiempo, las medidas necesarias para lograr las reivindicaciones de las poblaciones afrodescendientes a escala mundial.
Por supuesto, la UA apoyó explícitamente el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) declarado por la ONU. Por otra parte, los países africanos han impulsado resoluciones sobre derechos de afrodescendientes en el Consejo de Derechos Humanos.
En general, los resultados han sido hasta cierto punto positivos, pero no suficientes. Se muestran algunos cambios en la inclusión de los afrodescendientes en las agendas globales (de los organismos internacionales) y en algunos de los gobiernos de la región, donde se han implementado a través de reformas constitucionales, así como por medio de leyes y decretos, entre otros.
El 20º aniversario de la aprobación de la Declaración y Programa de Acción de Durban (DPAD), junto con sus procesos y mecanismos de seguimiento, como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, la Agenda Hacia un Cambio Transformador en Pro de la Justicia e Igualdad Raciales, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, supuso una oportunidad para trabajar por la igualdad y justicia raciales en el centro de las agendas internacionales, regionales y nacionales.
Destacan algunas acciones, además de las planteadas, donde se demuestra que los afrodescendientes ocupan un espacio importante en la agenda internacional.
Por ejemplo, se ha creado el Foro Permanente de Afrodescendientes y un mecanismo internacional de expertos independientes sobre justicia e igualdad racial en el contexto de la aplicación de la ley en todo el mundo. Además, el 31 de agosto de 2021 se celebró por primera vez el Día Internacional de los Afrodescendientes.
Los logros en el ámbito multilateral, fundamentalmente en el sistema de Naciones Unidas, en cuanto a defensa de los derechos de los afrodescendientes han sido múltiples. Esto ha incidido hacia el interior de los países latinoamericanos y caribeños, aunque aún queda un largo camino por recorrer. Los resultados de sus luchas han dependido en gran medida de la ayuda internacional y de los objetivos y proyecciones de los países en cuestión.
conclusiones
Frente a la discriminación y las prácticas excluyentes, la cultura de resistencia ha sido una práctica cotidiana; los afrodescendientes en América Latina y el Caribe han luchado por preservar sus costumbres, tradiciones y formas de hacer, al igual que lo han hecho los habitantes del continente africano frente a la colonización, aunque en otro contexto y realidades.
Como consecuencia de la cultura del privilegio y la matriz productiva en América Latina y el Caribe, la descolonización no significó la igualdad para los afrodescendientes de la región, sino que los convirtió en víctimas de una discriminación estructural e institucionalizada, que ha derivado en diversas formas de lucha por sus derechos.
La cultura de resistencia ha tenido peculiaridades; no obstante han existido expresiones que han demostrado la intervinculación trasatlántica: por ejemplo, el panafricanismo a fines del siglo XIX y la Sexta Región en el siglo XXI. Ambos, aunque en momentos, etapas, formas de hacer y organizaciones diferentes, han perseguido la unidad y colaboración entre el continente y sus descendientes. Paralelamente, la defensa de los derechos de lo afro se ha ampliado y se evidencian en los ámbitos bilaterales, continentales y multilaterales en general.
Las formas de lucha por los derechos de los afrodescendientes han contribuido a que se visualice y se haya convertido en uno de los aspectos más discutidos en el plano multilateral. En ese ámbito, la lucha contra la discriminación y por los derechos de los afrodescendientes ha ocupado centro de debates y acuerdos.
África ha pasado a tener un papel más activo en la defensa de los afrodescendientes, utilizando mecanismos diplomáticos, culturales y de apoyo en diversos planos. Aunque aún puede mejorarse la coordinación y el impacto tangible, estas acciones han expresado un compromiso creciente con la diáspora como parte integral de la identidad africana.
La cultura de resistencia ha sido una forma de tolerar las condiciones que impuso el capitalismo, pero al mismo tiempo, luchar contra lo que agrede y cambiar el orden de cosas. Dicha cultura se ha manifestado a ambos lados del Atlántico, con métodos y objetivos que han variado a partir de las condiciones concretas de cada parte, pero ha sido algo que, en última instancia, como lo expresó tempranamente el panafricanismo, ha formado parte del mismo proceso.
referencias
bibliográficas
Notas
Recibido: 6 de septiembre de 2025
Conflicto de Intereses:
El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 13 de octubre de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos porel autor, quien otorga a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. El autor podrá establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Abreu Veranes, L.E. (2025). Del río Orange al Monte Fuji. Las relaciones históricas y estratégicas entre Sudáfrica y Japón. Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 6(4). p.29-41.
resumen
El presente artículo pretende demostrar cómo se fueron construyendo las relaciones entre Sudáfrica y Japón desde sus cimientos, a través de la articulación de intereses de mutua conveniencia. Los vínculos entre ambas naciones atravesaron disímiles obstáculos durante el siglo XX, relacionados con el endurecimiento de la política etno-racial del colonato blanco sudafricano, especialmente su rama afrikáner, artífice del Apartheid. Sin embargo, los nexos entre los dos países se fueron fortaleciendo a través de un pragmatismo económico que atravesó momentos difíciles, principalmente en el contexto de la lucha contra el apartheid. El texto reconstruye los principales puntos de inflexión que caracterizaron esa relación histórica hasta nuestros días.
Palabras Clave: Apartheid, pragmatismo económico, relaciones bilaterales, inversión extranjera.
ABSTRACT
This article aims to demonstrate how the relations between South Africa and Japan were built from their foundations through the articulation of mutually beneficial interests. The ties between both nations faced diverse obstacles throughout the 20th century, related to the hardening of the ethno-racial policies of the whites South African settler regime, especially its Afrikaner branch, the architect of Apartheid. However, the bonds between the two countries were strengthened through economic pragmatism that endured difficult moments, mainly in the context of the struggle against apartheid. The text reconstructs the main turning points that have characterized this historical relationship up to the present day.
Keywords: Apartheid, economic pragmatism, bilateral relations, foreign investment.
introducción
En las postrimerías del siglo XIX se desarrollaron encuentros y desencuentros que condujeron los vericuetos de las alianzas que se conformarían y conducirían a la Primera Guerra Mundial, como resultado de las contradicciones interimperialistas propias de la fase superior del capitalismo. Una de las naciones que no formaban parte de ese pequeño núcleo de las tradicionales potencias, pero que emergieron con una gran fuerza debido a sus procesos endógenos, fue Japón. El país del sol naciente después de la Restauración Meiji se abocó a un conjunto de transformaciones estructurales que le posibilitaron una vida exterior mucho más activa. Y es ahí cuando se observa el gran encuentro entre Japón y Sudáfrica.
La nación austral se encontraba absorta en un racimo de disensos que había cubierto todo el curso del siglo XIX, entre los colonatos inglés y boer por el control político de las colonias sudafricanas y de sus economías. Esas divergencias se agudizaron después del descubrimiento de los grandes yacimientos de diamante y oro, lo que provocó que esos dos polos de poder
se enfrentaran a fines de siglo en la Guerra
Anglo-Boer, calificada por Lenin como la
primera guerra imperialista.
La presente investigación pretende reconstruir los puntos de inflexión en las relaciones entre Sudáfrica y Japón, con el objetivo de demostrar el predominio de un pragmatismo económico en la dinámica de los vínculos entre ambos Estados. Aunque este acercamiento entre la nación
austral y el país del este asiático se puso a prueba por los contextos sociopolíticos atravesados como las Guerras Mundiales y el Apartheid, en la larga duración, dicho en términos braudelianos, predominó un creciente acercamiento marcado por las posibilidades para el desarrollo industrial de ambas naciones. Esta aproximación se anclaba en los cuantiosos recursos naturales del país de Mandela y el poderoso crecimiento industrial de Japón, que se aceleró en los años de la segunda posguerra. Algunos de los principales vericuetos en el estrechamiento de los lazos entre Sudáfrica y Japón serán el eje central de este trabajo.
desarrollo
Antecedentes
La intensidad de la vida exterior de las naciones imperialistas y emergentes de la época facilitó el acercamiento entre Sudáfrica y Japón, incluso desde antes de convertirse el primero de estos en una unidad política única. Las guerras de Japón con China y Rusia colocaron al país nipón en condiciones muy favorables por su expansión hacia el exterior, como ocurría con los Estados imperialistas en ese escenario.
El investigador Katsuhiko Kitagawa (1990) coloca en un lugar privilegiado de ese acercamiento entre las dos naciones, el flujo de información existente a nivel consular que se constata en la documentación de los informes consulares de la época. En estos se reflejan los esfuerzos del Estado japonés por expandir su economía hacia el exterior1.
Los datos recogidos por Kitagawa sobre esta información, demuestran que al inicio no eran muy fluidos los intercambios con relación a África, y específicamente Sudáfrica. Las primeras informaciones sobre el continente aparecieron en el Journal of Commercial Report, una publicación mensual del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés que salió entre finales del siglo XIX e inicios del XX, durante las épocas Meiji y Taisho (Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, 2020).
Desde esa temprana época era evidente que Japón prestaba especial atención a los posibles mercados para las manufacturas japonesas. Los representantes japoneses se esforzaron también por recolectar toda la información posible relacionada con el comercio exterior sudafricano, con los mercados de los diferentes productos y la intensa actividad minera de Sudáfrica.
Después de creada la Unión Sudafricana ya se consolidaba el perfil racista y la victoria de las ideologías más conservadoras en las élites políticas y en sus programas de gobierno. Los reportes nipones destacan los intentos por remover el statu de marginados en que habían quedado los japoneses en territorio sudafricano, como parte de la población asiática, mayoritariamente indígena.Teniendo eso en cuenta, las gestiones de Japón estarían encaminadas a buscar una negociación con el gobierno sudafricano para favorecer la inmigración japonesa, proceso que era vetado por la ley de inmigración de 1913.
El interés japonés por Sudáfrica quedó plasmado a través de la intención política de los nipones de extender una diplomacia comercial y económica hacia la nación del río Orange. Esto le permitiría ganar una nueva plaza comercial, que contribuyera a su desarrollo endógeno. Para Japón era fundamental colocar aquellas mercancías excedentes de su mercado interno; por tanto, Sudáfrica fue identificada como un espacio fundamental dentro de su ecuación de expansión comercial.
Entrada la década de 1910 y para los años veinte hubo un aumento considerable de la exportación de mercancías japonesas hacia Sudáfrica. En ese sentido, se debe recalcar el desarrollo marítimo de las navieras japonesas con itinerarios africanos. Desde 1916 la Osaka Shosen Kaisha (OSK) había creado una línea marítima que tenía como principales puntos de desembarco los puertos sudafricanos como Durban, Port Elizabeth, Cape Town, entre otros. De esta forma, Japón pudo ir perforando el mercado sudafricano y de otras regiones de África, a pesar de recibir un trato discriminatorio con relación a las mercancías del Imperio Británico y las leyes proteccionistas.
Durante estos primeros años de la Unión Sudafricana, Japón estuvo representado por Julius Jeppe2. Este inició las gestiones frente al gobierno sudafricano para sacar a los japoneses de la perjudicial ley que impedía la inmigración de los nipones. Esos esfuerzos fueron continuados después de la apertura del consulado en Cape Town en 1918 por el cónsul nombrado en ese momento Yaoichi Shimizu3. No fue hasta los años treinta, después de dos décadas de gestiones, que los japoneses quedaron exentos de la onerosa ley, y pudieron entrar a tierra sudafricana. Aunque antes ocasionalmente eran eximidos del cumplimiento de la ley sudafricana.
Por esta misma etapa se documenta la presencia de un connotado geógrafo proveniente del país nipón que narra sus experiencias en tierra austral africana. Es muy interesante percibir cómo las anotaciones de Shigetaka Shiga entroncan perfectamente con los intereses comerciales de Japón, relacionados con la insistencia de su gobierno para poder ganarse un espacio en ese mercado. Como expresó Shiga: “(…) el poder adquisitivo del consumidor en ese país era alto, especialmente en la colonia de El Cabo (…)” (Kawasaki, 2002, p. 19).
El experimentado geógrafo visitó en dos ocasiones el país austral. El primer viaje se realizó en el mismo año de la conformación de la Unión Sudafricana, 1919. En ese escenario Shiga resaltó algunos aspectos de la vida de las comunidades asiáticas en aquel territorio, que luchaban por sus derechos políticos preteridos. Uno de los elementos más interesantes que salen a relucir, con relación a la presencia asiática desde el punto de vista social, es la equidistancia que mantuvo desde un inicio la exigua pero muy activa económicamente comunidad japonesa en Sudáfrica en comparación con otras comunidades asiáticas como indios y malayos.
Es notable la presencia discontinua de japoneses en Sudáfrica, incluso de objetos y cerámicas antiguas, algunas de las cuales habían llegado a esa tierra por medio de barcos alemanes que naufragaron en el Cabo de Buena Esperanza, y luego fueron expuestas en museos sudafricanos (en la residencia de Cecil Rhodes y otros destinos). Todo parece indicar que Sudáfrica era un lugar de tránsito para los japoneses antes de la apertura del Canal de Suez, un destino o intermedio entre Japón y Europa. Era una ruta utilizada por los japoneses que iban a estudiar a países europeos, algunos de ellos regresaban a su tierra a través del mismo itinerario.
Décadas de relaciones consulares, desde 1910 y durante toda la época de entreguerras, arrojaron un saldo de crecimiento de las mercancías japonesas en el mercado sudafricano, mientras los representantes oficiales del país nipón contribuyeron a remover las barreras de la inmigración creadas por la ley de 1913. Paulatinamente, los japoneses fueron ganando espacios en esa dirección, no solo por la tozudez de sus representantes, sino por la fuerza de la economía japonesa dentro del país austral. Después de años de representación consular, inició una delegación oficial en 1937, mientras los intereses del país del Orange eran representados por la Embajada británica en Japón.
Comportamiento de las relaciones comerciales durante la época del Apartheid.
Después de la segunda conflagración mundial, Japón reconstruyó su presencia en la arena internacional, principalmente con el bloque de las potencias occidentales durante la Guerra Fría. Si bien se encontraban en polos contrarios, después del conflicto bélico se reanudaría el estrechamiento de los lazos prexistentes pero dentro de un nuevo escenario de aislacionismo de Japón por formar pate de la coalición derrotada contra la guerra y por otro lado el ascenso del Apartheid como programa de gobierno en Sudáfrica.
En 1955 se da la Conferencia de Bandung, cónclave de los países africanos y asiáticos independientes que buscaban aunar fuerzas frente al escenario bipolar, con el objetivo de impulsar sus proyectos emancipadores. Japón se insertaría con determinada equidistancia y ductilidad dentro de los mecanismos que emergieron como resultado de este evento. Sin embargo, eso no impidió que las relaciones con Sudáfrica se fortalecieran.
Los lazos entre ambas naciones se hicieron más visibles durante los años sesenta. Japón necesitaba un abastecimiento estable de materias primas para el desarrollo de sus industrias de alta tecnología, mientras Sudáfrica tenía en su suelo muchos de aquellos minerales y materiales de los que Japón carecía. Para los ochenta hubo un salto cuantitativo en el volumen de esas relaciones comerciales, cuando paradójicamente Japón había prohibido las inversiones directas de los ciudadanos japoneses5. (Ver anexo No 1)
En este sentido, los nipones se insertaron como un socio privilegiado dentro de aquel escenario, lo cual explicaba la permisividad con el régimen racista y los gestos del gobierno sudafricano hacia la población japonesa. Ese crecimiento económico se mantuvo en escalada hasta finales de los años ochenta, por lo que Japón ignoró de las demandas internacionales para que condenara el Apartheid y hasta cierto punto, su situación económica le hizo que levantara un muro frente a cualquier argumento moral, que quedó desmontado ante un pragmatismo que pretendía separar la política de los negocios. De esta forma, continuó importando minerales y materiales raros que eran utilizados en la industria tecnológica y Sudáfrica se convirtió en un proveedor estable.
El crecimiento de las relaciones bilaterales a partir de los años sesenta estimuló al gobierno sudafricano a otorgarle a los japoneses un tratamiento especial como “honorary whites”, similar al trato privilegiado de la época entreguerras. Consecuentemente, el núcleo de la pequeña comunidad japonesa se asentó en las principales urbes sudafricanas (Ver anexo No 2).
La nación nipona se nutría de las dos principales vertientes de la economía sudafricana: la minería y la agricultura. Japón mantuvo el crecimiento del consumo de productos como el vanadio, cromo, manganeso y platino, que estimularon el desarrollo de las industrias naval, la electrónica, la eléctrica, la automovilística y otras. Por otro lado, importaba de Sudáfrica producciones como cítricos, huevos y lana.
En cuanto a la agricultura, los japoneses se beneficiaban especialmente de productos tradicionales del agro sudafricano, como el azúcar, que tenían una plaza de consumo importante en el mercado japonés. Mientras, este se convirtió en una variable determinante del progreso, el crecimiento económico y los procesos de industrialización de Sudáfrica.
Japón prohibió la inversión directa de sus ciudadanos en Sudáfrica como un recurso político de cara a las Naciones Unidas, principalmente frente al rechazo de los países africanos y asiáticos que se oponían al contubernio japonés. Esa herramienta prohibitiva fue evadida por la élite japonesa, a través de un sinfín de vericuetos financieros que canalizaron la inversión indirecta, muchas veces promovida por el propio Estado. Uno de los sectores que se convirtió en la punta de lanza de la inversión japonesa en Sudáfrica a partir de los años sesenta fue el automovilístico. Los investigadores han reflejado como un momento simbólico la creación de la primera planta de Toyota en 1962, que abrió una puerta para la inversión en este sector y otras empresas que ulteriormente se establecieron en tierra sudafricana como Nissan, Mitsubishi, Isuzu y Mazda. Toyota llegó a convertirse en el principal fabricante de automóviles del país (Ver anexo No 3).
El proceso de exportación de capitales, de transferencia de patentes y tecnologías, e instalación de fábricas japonesas, se extendió a otros sectores como los fabricantes de neumáticos entre ellos Bridgestone, Yokohama, Toyo Rubber y otros productores de equipos electrónicos y eléctricos como Hitashi, Sanyo, Sony, Sharp, Pioneer, Sansui, Fuji, Akai Canon y Matsushiti, y los fabricantes de motos Honda, Yamaha y Suzuki. Ese crecimiento no se detuvo hasta finales de los años ochenta como resultado de la crisis final del Apartheid y la represión racial, que condujeron a una contracción de la economía producto del aislamiento internacional, que incluso tuvieron que seguir “a regañadientes” sus socios más cercanos como Estados Unidos y Japón.
Las relaciones entre Japón y Sudáfrica en las décadas de los años sesenta y los ochenta fueron un ejemplo del pragmatismo económico que caracterizó los vínculos bilaterales entre ambas naciones; principalmente desde la óptica japonesa; capaz de sobreponerse a cualquier cuestionamiento moral y seguir un ritmo de crecimiento vertiginoso que no tenía comparación en sus relaciones con ningún otro país africano.
Japón desarrolló la exportación de maquinaria pesada y de tecnologías transformando su tradicional comercio de bienes industriales y textiles. Para el año 1987 esa industria pesada ocupaba más del 90% de las exportaciones de Japón a Sudáfrica.
Por su parte las exportaciones de Sudáfrica a Japón también experimentaron una transformación porque el protagonismo que ocupaban los productos agro-ganaderos fue desplazado por los recursos minerales sudafricanos que incrementaron su exportación en gran escala. El cromo, manganeso, rodio, iridio, platino, cobalto, vanadio y tungsteno eran altamente codiciados por las industrias tecnológicas japonesas, muchas de las cuales transferían después sus tecnologías y recursos financieros para la creación de fábricas y plantas ensambladoras en tierra sudafricana (Carim, 1994, p. 25).
La inversión indirecta japonesa estuvo caracterizada por la creación de infinidad de canales financieros y económicos que tributaron a ese drenaje de recursos tecnológicos y monetarios que contribuyeron a la industrialización de Sudáfrica con recursos japoneses. El banco de exportación-importación (Eximbank) fue una de aquellas instituciones que facilitaron a Japón la adquisición de los preciados recursos de Sudáfrica a través de la extensión de créditos y facilidades para las inversiones en desarrollo (Carim, 1994).
El país asiático cubrió a Sudáfrica con su tecnología a través del otorgamiento de licencias por parte de aquellas grandes corporaciones, con el apoyo del gobierno japonés y los créditos del Eximbank. Para evadir la prohibición formal de Japón con relación a las inversiones, muchas empresas invertían a través de subsidiarias o se aliaban con el capital local sudafricano. El drenaje de recursos incluía patentes, tecnologías, recursos humanos y técnicos que facilitaban los procesos inversionistas.
Ese crecimiento y niponización relativa de la inversión extranjera sudafricana contribuyó al enfrentamiento, por parte del régimen austral, a las sanciones que le cerraban el cerco desde el escenario internacional; sin embargo, los principales socios como Estados Unidos y Japón hicieron caso omiso del consenso mundial. En los años ochenta siguió ese proceso expansivo que no se detuvo hasta finales de la década, en plena agonía del régimen. Para 1989 las empresas niponas dominaban el 97% del mercado de ómnibus y camiones, y los automóviles japoneses ocupaban alrededor del 85% del mercado sudafricano (Carim, 1994). Incluso con toda la afectación de estos años e inicios de los noventa como resultado de la caída del Apartheid, Japón continuó ocupando un lugar muy importante en la economía sudafricana.
Relanzamiento de las relaciones entre Sudáfrica y Japón después del Apartheid
Con el fin de la Guerra Fría y la caída del Apartheid, Japón inició un replanteamiento de sus relaciones exteriores con el continente africano y con Sudáfrica en particular. En relación con África, por la necesidad de abrirse un espacio como gran potencia en la política internacional y con respecto a Sudáfrica para poder reconstruir las relaciones con las nuevas fuerzas políticas que derrotaron al régimen con el que Japón había colaborado a lo largo de décadas.
Los años noventa representaron un nuevo punto de inflexión histórica en las relaciones entre estos países. La nación asiática entraba en la nueva época con una situación delicada por haber colaborado durante décadas con el régimen del Apartheid; por tanto, gravitaba el peligro de que el nuevo gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) con Mandela al frente, quisiera pasar factura por la colaboración con el gobierno racista.
Japón comenzó a tener una política más activa en relación con África, para tales objetivos creó una herramienta institucional dentro de los organismos de Naciones Unidas bajo el nombre de Tokyo International Conference on African Development (TICAD) que se ha materializado a través de conferencias que se celebran periódicamente donde se aprueban agendas para contribuir al desarrollo del continente. Lanzó aquella idea con el objetivo de desempeñar un papel predominante en la política mundial, a partir de su poderío económico y sus desembolsos para la contribución al desarrollo de África. Los japoneses tenían la ventaja de no haber sido una de las grandes potencias coloniales en el continente y por tanto, un mejor augurio de sus objetivos en relación con el continente.
Esa política hacia África, desde finales del siglo XX y en el transcurso del siglo XXI, había estado muy concentrada en los programas de apoyo al desarrollo del continente, a colaborar con los organismos internacionales y regionales por el mantenimiento de la paz en zonas de conflicto, y también desde el punto de vista académico y científico que se había incrementado entre las instituciones japonesas y de diversos países africanos. En el caso de la asistencia financiera ha estado muy articulada con el ambiente de apertura política en el continente africano, desregulación económica y empoderamiento de nuevos sectores, favorecidos por los organismos internacionales a fines del siglo XX.
Desde los años noventa la política japonesa hacia África se ha desconcentrado de su núcleo sudafricano y, al mismo tiempo, se han continuado fomentando las relaciones con el país austral. Con la llegada de Mandela al poder se reflejó la constante japonesa de dar continuidad a sus proyectos económicos con Sudáfrica, pero en esta ocasión atrayendo al nuevo gobierno a través de determinados programas. Cuando no había finalizado el Apartheid las empresas japonesas empezaron a darle un vuelco filantrópico a su presencia en Sudáfrica, que se tradujo en apoyo a las víctimas del régimen, de la comunidad negra, lo cual reflejaba el trazado de una estrategia en función del nuevo vencedor.
En el verano de 1995 Mandela fue invitado a realizar una visita de Estado al país del sol naciente. Poco antes de su llegada, el ministro japonés de relaciones exteriores emitió un documento bajo el título “La importancia de la visita del presidente Mandela a Japón”, que reflejaba la esencia de la diplomacia japonesa hacia África y de manera especial hacia Sudáfrica, en los nuevos tiempos que corrían. En esa dirección expresaba que:
(…) La relación de Japón con Sudáfrica es la piedra angular de la diplomacia japonesa hacia África. Con el fin del Apartheid, el carisma y liderazgo del presidente Mandela serán indispensables para el desarrollo estable y la preservación de la unidad de la multirracial Sudáfrica. Japón por este medio expresa su apoyo al liderazgo del presidente (Morikawa, 2005, p. 502-503).
Japón se había esforzado por reconstruir sus lazos con la nueva Sudáfrica, esta vez las relaciones empezaron a desarrollarse a nivel de embajada a partir del año 1992, por lo que el exclusivismo económico de la época precedente cedió paso a relaciones profundas en las áreas diplomáticas, políticas, académicas y todas las esferas posibles. Después de la visita del presidente Mandela en 1995, ese gesto se repitió en el 2001 con el presidente Mbeki. Entre 2001 y 2002, dos primeros ministros nipones visitaron Sudáfrica, Yoshiro Mori y Junichiro Koizumi respectivamente.
Por supuesto, siguió el proceso de expansión en la esfera de la diplomacia económica como no se había visto durante el viejo régimen, (por ejemplo, los Fórum Anuales de negocios que se realizaron a partir del año 2001) mientras el volumen de la actividad comercial se recuperó a mediados de los noventa superando los 3 billones de dólares en el año 1996. Dentro del ambiente de la reconstrucción de las relaciones bilaterales, Japón otorgó dos paquetes de ayuda conocidos como los paquetes Mandela y Mbeki en 1994 y 1999 por un valor de 1,3 billones de dólares y 1,5 billones de dólares “como parte de las gestiones y de las intenciones de construir buenas relaciones con el nuevo liderazgo sudafricano” (Cornelissen, 2016, p. 190) .
En el nuevo siglo XXI se multiplicaron los intercambios y diversas herramientas institucionales que favorecieron esa sinergia. Ejemplo de ello, los eventos de negocios, la firma de un acuerdo para la cooperación en las áreas científica y tecnológica en 2003, Joint Trade Committee del 2004, el Economic Cooperation Policy Committee de 2005, el South Africa-Japan University Forum en 2007, este último para facilitar el intercambio en el área académica.
La diversificación de los intercambios y la redimensión de las relaciones bilaterales no ha estado exenta de contradicciones, principalmente en los organismos multilaterales. Esto se debe a que Japón responde desde la lógica de una gran potencia en su política exterior, mientras que Sudáfrica lo hace desde la perspectiva de un país emergente y en desarrollo. Por tanto, en la geopolítica internacional ambos Estados están gravitando en órbitas diferentes, dicho en términos moderados, en temas relacionados con el orden financiero internacional y los problemas globales como el cambio climático, pues se aprecian criterios divergentes de ambos países en los espacios multilaterales.
Desde el gobierno del presidente Zuma se observó una orientación pro-china de las relaciones exteriores sudafricanas que evidentemente siguieron una tendencia de privilegiar la alianza con el gigante asiático, principalmente dentro del marco del BRICS. No obstante, el año 2010 fue de celebración para Sudáfrica y Japón por el centenario de las relaciones entre ambas naciones, contexto en el que se firmaron diversos acuerdos de cooperación y se creó en Johannesburgo un Centro de Estudios Japoneses que posteriormente se trasladó a Pretoria.
La ocupación de determinados espacios por parte de China, que otrora los hubiese cubierto Japón, se reflejó en determinados gestos como en la declinación de un tratado económico con Japón en la época del presidente Zuma, determinados desacuerdos en los proyectos de infraestructura con los japoneses y en los acuerdos para la entrega de mil locomotoras con la empresa china “China South Rail’’ y la empresa canadiense “Bombardier”. No obstante, Japón se estaba preparando para la época post-Zuma con el objetivo de relanzar las relaciones con Sudáfrica y recuperar los espacios privilegiados, relativamente perdidos por la presencia China y de otros actores internacionales.
El país asiático ha demostrado, a lo largo de más de un siglo, una constancia en las relaciones con Sudáfrica que ha rendido no pocos resultados, y ser capaz de adaptarse a los disímiles contextos de la historia política de la nación del río Orange.
En el 2025, con 115 años de relaciones, Japón y Sudáfrica han fortalecido sus vínculos a través de la Asociación de Cooperación Estratégica establecida en el año 2010. En marzo del presente año, el vicepresidente sudafricano Paul Mashatile visitó el país asiático, y reafirmó el excelente estado de las relaciones económicas y la voluntad de seguir creciendo en los intercambios comerciales y culturales (P. Latina (a), 2025). En agosto de
2025, el presidente sudafricano
Cyril Ramaphosa encabezó una delegación que visitó Japón y participó en la novena
cumbre de la Conferencia Internacional
de Tokio sobre el Desarrollo de África
(TICAD). Este cónclave se organizó en tres sesiones plenarias dedicadas al abordaje de un conjunto de problemas comunes como el desarrollo sostenible, la actividad comercial y la consolidación de un ambiente de seguridad y paz. El país austral, además de estar interesado en la agenda propia, promovió toda una serie de principios que forman parte de la estrategia de la Unión Africana. Por supuesto, la nación de Mandela también llegó a Japón con el interés de fortalecer los vínculos históricos con el empresariado japonés (P. Latina (b), 2025). Sudáfrica y Japón han demostrado a lo largo del tiempo saber relanzar sus vínculos a nuevos niveles y dimensiones con un carácter ventajoso para las partes involucradas.
conclusiones
Los vínculos bilaterales entre Japón y Sudáfrica están marcados por disímiles escenarios que han determinado el trazado de la evolución histórica de ambos pueblos y de las relaciones internacionales durante el siglo XX. De una presencia accidentada y esporádica como parte de la ruta japonesa hacia el continente europeo, el país asiático mediante las transformaciones estructurales implementadas por el emperador Meiji, encontró un nuevo asidero para la salida de sus mercancías en la época del nacimiento del imperialismo a fines del siglo XIX e inicios del XX. A través del comercio y de una minúscula comunidad japonesa, que se fue conformando en los principales centros urbanos, el país del sol naciente encontró una puerta de entrada, una ruta para su relación con el continente africano.
La fuerza de la economía japonesa tuvo un impacto en la relación entre ambos gobiernos que se reflejó con claridad en la flexibilización de la ley migratoria con relación a la comunidad nipona y el tratamiento a la misma en suelo sudafricano. La época de entreguerras fue un periodo de incremento de las relaciones comerciales y diplomáticas, más allá de las crisis económicas internacionales y del tratamiento discriminatorio a las mercancías japonesas como resultado del proteccionismo sudafricano. La Segunda Guerra Mundial fue una época de contracción de las relaciones entre ambas naciones, pues los Estados se encontraban en coaliciones diferentes en dicha confrontación bélica. Sin embargo, ya Japón había encontrado un mercado interesante para sus mercancías y también por la necesidad de importar los productos sudafricanos. Por esta razón, después de la guerra, reconstruyó ágilmente sus relaciones con Sudáfrica, a pesar de los inconvenientes políticos resultantes de la emergencia del régimen del Apartheid.
Después del Apartheid las relaciones entre ambas naciones escalaron a nivel de embajadas y a fines del siglo XX y lo que va del XXI se han desarrollado disímiles canales institucionales que han favorecido las relaciones en diversas dimensiones diplomática, académica, política y por supuesto la económica, aunque en el presente siglo Japón tenga una mayor competencia que en los tiempos del Apartheid, favorecido por el vacío dejado por las sanciones en Sudáfrica. El país austral se ha abierto a otros actores internaciones que dominan actualmente el escenario de las relaciones económicas como China y Estados Unidos.
Sudáfrica, al mismo tiempo, representó una zona de relanzamiento de los vínculos nipones con el continente africano, Sin embargo, es válido destacar que estos últimos no se limitan a las relaciones económicas como ha ocurrido históricamente. Por una parte, Japón ha mantenido diferentes intereses geopolíticos y estratégicos con otros países de la región a través del TICAD. Por otra, Sudáfrica ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de las industrias tecnológicas japonesas, mientras que Japón ha tenido una fuerte presencia tradicional en los proyectos de desarrollo del país africano, pero cada vez más marcado por un escenario de competencia entre las grandes potencias y naciones emergentes en el ámbito económico sudafricano.
Referencias
NOTAS
ANEXOS
Anexo NO. 1.
Comercio de Japón con Sudáfrica (En millones de dólares americanos)
Año Importación Exportación
1976 938.50 883.35
1977 1014.77 853.37
1978 921.50 868.29
1981 1556.20 1991.06
1982 1860.28 1667.27
1983 1584.00 1736.50
1984 1603.40 1825.36
Fuente: Africa Contemporary Record 1979-1980: Customs Bureau, Ministry of Finance, Tokyo; Japan Tariff Association; Africa No 147, November 1983. (Tomado de Richard J. Payne. Japan`s South Africa policy: Political Rhetorics and Economic realities)
Anexo NO. 2.
Comunidad japonesa en las principales ciudades de Sudáfrica.
Año Ciudad del Cabo Johannesburgo Pretoria Durban
1975 40 516 23 11
1985 45 679 24 33
1990 52 425 24 19
1995 2517 523 51 30
2000 499 460 104 114
Anexo NO. 3.
Principales productos comerciales en 1985. (Valor en millones de dólares americanos)
Exportaciones japonesas Importaciones japonesas
a Sudáfrica desde Sudáfrica
Autos 369 Carbón 378
Componentes de autos 206 Minerales metálicos 289
Video grabadoras 91 Platino 246
Radio y televisión 51 Aleaciones ferrosas 160
Motores y generadores 44 Oro 52
Recibido: 6 de septiembre de 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aceptado: 10 de octubre de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Aciego Moreno, A. A. y Suárez Rodríguez, K. (2025). La geopolítica de la Alianza de los Estados del Sahel: una alternativa emancipadora y antihegemónica. Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 6(4). p 42-54.
resumen
La investigación analiza la Alianza de los Estados del Sahel como un proyecto geopolítico contrahegemónico en el contexto de África Occidental, surgido tras los golpes de Estado en Malí, Burkina Faso y Níger. Esta Alianza es una respuesta al legado del colonialismo y neocolonialismo francés, caracterizado por la dependencia económica, la injerencia militar y la instauración de gobiernos locales serviles a intereses extranjeros. La inestabilidad regional e instrumentalización del terrorismo por potencias occidentales condicionaron el surgimiento de Juntas Militares con agendas emancipadoras y antiimperialistas. En un contexto de transición intersistémica hacia la multipolaridad, la coalición se conceptualiza como un mecanismo de integración regional alternativa que busca la emancipación mediante la defensa colectiva, la expulsión de tropas extranjeras, la soberanía sobre los recursos naturales y su rol respecto a la supremacía de Occidente, viéndose un incremento de las influencias de la República Popular China y la Federación Rusa en el continente. Aunque se destaca el potencial de esta para desafiar el orden occidental y promover un desarrollo endógeno, se reconocen sus limitaciones: su corta existencia y su limitada capacidad para proyectar influencia panafricana y consolidar una agenda unificadora frente a la oposición de organismos regionales.
Palabras Clave: Alianza de los Estados del Sahel, neocolonialismo francés, terrorismo, multipolaridad.
ABSTRACT
The research analyzes the Alliance of the States of the Sahel as an anti-hegemonic geopolitical project, in the context of West Africa, emerging after the coups in Mali, Burkina Faso, and Niger. This Alliance is a response to the legacy of French colonialism and neocolonialism, characterized by economic dependence, military interference, and the establishment of local governments subservient to foreign interests. Regional instability and the instrumentalization of terrorism by Western powers conditioned the emergence of military juntas with emancipatory and anti-imperialist agendas. In a context of inter-systemic transition towards multipolarity, the coalition is conceptualized as a mechanism of alternative regional integration that seeks emancipation through collective defense, the expulsion of foreign troops, sovereignty over natural resources, and its alternative role to the supremacy of the West where the People’s Republic of China and the Russian Federation have increased their influence on the continent. Although its potential to challenge the Western order and promote endogenous development is highlighted, its limitations are recognized: its short existence and its limited capacity to project pan-African influence and consolidate a unifying agenda in the face of opposition from regional organizations.
Keywords: Alliance of Sahel States, french neocolonialism, terrorism, multipolarity
introducciÓn
Al sur del desierto del Sahara, la región del Sahel es un cinturón de tierra de cinco mil kilómetros que va desde la costa atlántica de África hasta el mar Rojo. La zona comprende cuatro países que bordean el lago Chad: Camerún, Chad, Níger y Nigeria, así como Burkina Faso, Gambia, Guinea, Malí, Mauritania y Senegal (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2024). La región alberga una amplia variedad de recursos naturales como yacimientos de oro, petróleo y uranio, lo que convierte el territorio en un punto estratégico para los intereses de los grandes capitales transnacionales.
Históricamente, como consecuencia de la colonización, el panorama político y económico del continente africano ha estado caracterizado por una profunda deformación estructural del aparato estatal y una posición periférica en el contexto internacional. Esto se ha visto expresado desde la distorsión social provocada por la trata de personas esclavizadas hasta la perpetuación de la dependencia económica hacia las ex metrópolis coloniales, estableciendo un sistema capitalista de corte marginal y propulsor del subdesarrollo en la región.
En el siglo XXI, gran parte de África continúa subordinada a los intereses imperialistas, con Estados dirigidos por burguesías compradoras1 al servicio del capital foráneo que protegen las relaciones neocoloniales. Esta situación provocó el deterioro, en estos países, del estatus de gobernabilidad2 , conduciendo a una crisis política agravada. Asimismo, las brechas sociales se han incrementado a la par de la inestabilidad regional, sirviendo de caldo de cultivo para el surgimiento, penetración y expansión de redes terroristas en la zona del Sahel, lo que ha agudizado la crisis de seguridad.
Ante este contexto, surgen procesos que rompen con el orden establecido del neocolonialismo en el Sahel: una ola golpista de Juntas Militares con agendas políticas antiimperialistas que pretenden desmontar los mecanismos generadores de dependencia impuestos por las potencias Occidentales. Esta tendencia ha tenido lugar, principalmente, en tres países: Malí, Burkina Faso y Níger. Estos nuevos Estados militares crearon la Alianza de Estados del Sahel (AES) en septiembre de 2023, en aras de potenciar un proyecto anti hegemónico que desafíe los intereses imperialistas en la región.
La presente investigación se propone analizar la Alianza de Estados del Sahel desde una perspectiva contrahegemónica hacia el neocolonialismo europeo. Para ello, se identificarán los factores que, desde el periodo colonial hasta hasta la creación de las Juntas Militares, determinaron el surgimiento de la alianza.
desarrollo
El legado subdesarrollante del colonialismo y el neocolonialismo
El proceso de colonización de África tuvo sus particularidades respecto a otras zonas geográficas, como América Latina y Asia, pues se produjo en la fase imperialista del desarrollo capitalista. Este se organizó a partir de la Conferencia de Berlín, donde las potencias imperialistas de Europa occidental subordinaron al continente a sus intereses en la búsqueda de fuentes de materias primas. Además, se acordó la ocupación militar como forma de legitimación del control territorial, por lo que el despliegue de tropas en África fue masivo, desplazando los elementos tradicionales y la cultura de las sociedades africanas. Como consecuencia, a través de la implementación de las relaciones de producción capitalistas, el proceso colonizador provocó la inserción periférica del continente en la División Internacional del Trabajo3 , negando a África sus propias lógicas de desarrollo y estableciendo la segregación de sus pueblos.
Cabe destacar que el proceso de colonización fue heterogéneo a partir de las propias potencias ocupantes. El caso de África Occidental, donde se ocupa el objeto de estudio de la investigación, se distinguió por la ocupación francesa. Esta metrópoli se caracterizó por el uso de un gobierno directo, basado en el control de las instituciones, lo que derivó en la dominación política y económica de la subregión. Asimismo, en el aspecto social, Francia utilizó la denominada “política de asimilación”, cuyo objetivo era la imposición de la cultura francesa a sus colonias, avasallando el elemento cultural; un ejemplo de ello fue la instauración de la lengua francesa (African History, 2023).
En el aspecto económico, la zona del África Occidental se basó esencialmente en el comercio de productos tradicionales para la exportación y el establecimiento de plantaciones (Álvarez Acosta, 2011). Esto limitó el desarrollo natural de la infraestructura y la industria de los países de la región, lo que se tradujo en una incapacidad de recircular el capital y condicionó el carácter dependiente a las alternativas de la burguesía imperialista.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, en las colonias africanas se evidenció una radicalización del pensamiento independentista. A causa de condicionantes externas como la victoria de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre el fascismo y la descolonización de Asia, a su vez, los altos niveles de descontento popular a lo interno se tradujeron en el surgimiento de una conciencia de clase, lo que condicionó el agravamiento de las contradicciones entre colonias y metrópolis (Álvarez Acosta, 2011).
Como consecuencia de ello, Francia optó por otorgar la independencia en bloque a todas sus colonias después del fracaso en el “Referéndum de la Unión Francesa”, donde se consultaba la posibilidad de la anexión de los países africanos a la Unión Francesa. Sin embargo, la exmetrópoli implementó mecanismos que garantizaban su influencia y presencia en las nuevas Repúblicas, manteniendo las relaciones de dependencia.
En el plano armado, se instauraron bases militares francesas en zonas estratégicas de las ciudades africanas y unidades de fuerzas de intervención inmediata basificadas en Francia (Chaigneau, 1984; Aymeric, 2020). Esto permitía la represión, a través de la injerencia, de movimientos emancipatorios que surgieran en el área subsahariana, a la par que aseguraba la protección de los intereses extractivistas de las élites. Desde la década del 60, se han contado 52 operaciones por parte del Estado europeo en la región (The Conversation, 2025).
Referente a la esfera económica, se heredaron las deudas coloniales e implementaron dos divisas distintas, una destinada a África Occidental y otra a la zona Central, bajo el nombre de Franco CFA (Colonias Francesas de África) (Urbisaglia, 2023). La moneda colonial, en su esencia, estableció la convertibilidad fija al franco francés, la libertad de trasferencia dentro de la zona franco y garantizó la subordinación al banco europeo mediante préstamos a los nuevos Estados africanos (Samba Sylla, 2023). Esto supuso un instrumento de drenaje de excedentes y limitación de la soberanía monetaria, lo que restringió el acceso a sus propios fondos, forzándolos a solicitar préstamos a los franceses a tarifas comerciales fijas, lo que impidió la libertad financiera de estos países (Diplomacia Activa, 2021).
El proceso de descolonización en las excolonias francesas no significó una independencia práctica, sino la instauración de un régimen neocolonial mediante los acuerdos denominados “política de cooperación” o Françafrique (Diplomacia Activa, 2021). Este sistema perpetuó la dominación metropolitana a través de mecanismos de sujeción económica, militar y política, mediante el apoyo a una burguesía compradora local aliada a los intereses imperialistas. Así, la independencia política devino en una dependencia estructural integrada en la División Internacional del Trabajo con gobiernos serviles a los intereses imperialistas e incapaces de garantizar estabilidad regional.
En el contexto de la Guerra Fría, el continente africano no estuvo exento de las disputas por el alineamiento a los bloques antagónicos del sistema internacional. En la región de África Occidental, específicamente, se evidenció el surgimiento de movimientos revolucionarios con proyectos socialistas que rompían con el modelo neocolonial imperante. Un ejemplo de ello fue el golpe militar que devino en el gobierno del líder Thomas Sankara en Burkina Faso (1983-1987). El mandatario formó un programa panafricanista y antineocolonial que promovía la soberanía y la desvinculación de las potencias occidentales. A pesar de su corto tiempo en el poder, Sankara sentó un precedente para la historia burkinesa. Finalmente, fue asesinado por su mano derecha Blaise Compaoré, quien se alió con Francia para deponerlo y detener el programa emancipador.
Para finales de los años 80, el continente africano fue objeto de la aplicación de fórmulas neoliberales de gobierno: la eliminación de la función económica y social del Estado; las privatizaciones e instauración de una economía de mercado; la apertura externa a través del trato favorable a las inversiones extranjeras y el fomento a los rubros económicos exportables (Mutti, 2011). El resultado de su aplicación fue el agravamiento de las condiciones objetivas del subdesarrollo, caracterizadas, principalmente, por la promoción de cultivos destinados a la exportación en detrimento de aquellos objetivos de la auto-subsistencia (Mutti, 2011). Esto devino en la crisis de hambruna en el continente para finales de la década del 90.
La etapa neoliberal significó un retroceso para los Estados africanos en materia económica y política. A partir de la naturaleza de las medidas, se perpetuó aún más el neocolonialismo, debido a que las estructuras africanas no se desarrollaron, pues se estabeció un modelo de crecimiento hacia el exterior. En este contexto, surgen gobiernos que responden a los intereses imperialistas.
La amenaza del terrorismo en la región del Sahel
El terrorismo ha experimentado un aumento considerable en los últimos 15 años en la región del Sahel. Este proceso denominado como “sahelización” de los movimientos insurgentes, surge a partir de la expansión del Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) a la zona subsahariana, a partir de la inestabilidad causada por la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) luego de la caída del gobierno de Gadafi en Libia y la intervención de los tuaregs4 en Malí, Níger y el norte de Mauritania (González, 2021).
Los movimientos insurgentes, catalogados por los medios occidentales como grupos “yihadistas”, se han convertido en un factor de inestabilidad para la zona subsahariana. Entre los principales grupos terroristas en el área se destacan el AQMI, caracterizado por su estructura definida; y se encuentran los katibas, células o brigadas que resultan inestables por la falta de mando (González, 2021).
La expansión de los grupos terroristas hasta el año 2020 se ha concentrado, principalmente, en tres países: Malí, Níger y Burkina Faso (Anexo 1). En estos territorios se han desplegado distintas células que permiten un rango de ataque superior. Según Marta Driessen (2022), estas áreas resultan proclives al reforzamiento de las fuerzas insurgentes debido a los síntomas de descomposición social generada por la explotación neocolonial. La pobreza estructural, la falta de perspectivas y la desposesión de recursos crean el caldo de cultivo para que estas fuerzas encuentren base social y conformen un corredor de crimen organizado en la zona.
Paralelamente, esta situación ha sido funcional a las potencias imperialistas, en específico Francia y Estados Unidos, proporcionando el pretexto para la intervención militar permanente y consolidando un aparato securitario que garantiza el control de los recursos estratégicos en la región en lo que puede interpretarse como una forma de acumulación por desposesión5 . Un ejemplo de ello es la Operación Barkhane, dirigida por fuerzas francesas, la cual basó su estrategia en la capacitación de las fuerzas locales y en la promoción de mecanismos de coalición internacional desde el año 2014 hasta el 2022 (Altuna Galán, 2024).
Sin embargo, estas intervenciones militares no impidieron el aumento de la inestabilidad en estos países, debido a que esta situación le permite a Francia expandir su control por los territorios africanos y mantenerlos completamente dependientes. En este sentido, se evidencia la instrumentalización de estos grupos terroristas como un pretexto para prolongar la presencia internacional en los territorios africanos.
La ruptura con el orden neocolonial: Emergencia de las Juntas Militares
Ante el contexto de la situación socioeconómica agravada por la COVID-19, se dan las condiciones para el surgimiento de una ola de golpes de Estado en la zona del África Occidental. Estos procesos golpistas deben entenderse como la reacción popular canalizada por sectores del ejército contra gobiernos que responden a intereses foráneos, incapaces de garantizar la seguridad nacional y la soberanía. La llegada de Juntas Militares con un discurso antiimperialista y nacionalista, entre las que destacan por su radicalidad las de Malí (2020), Burkina Faso (2022) y Níger (2023), representa una ruptura con el bloque de poder neocolonial y un desafío directo a la hegemonía francesa y occidental en la región.
El primer país en acontecer un golpe de Estado exitoso fue en Malí. En el año 2020, este país presenció un descontento popular a partir de los resultados en los comicios legislativos, así como la realización de demandas de renuncia del presidente por su mala gestión frente al terrorismo (Bèle, 2020; González, 2023). Esto devino en el asalto al cuartel Kati y la posterior dimisión del presidente Aboubakar Keita. La presidencia fue tomada por el Coronel Assimi Goita, luego de un contragolpe en el año 2021. A partir de este proceso, han ocurrido 10 intentos de golpes de Estado en la región de África Central y Occidental (Lawal, 2024).
Luego, en el año 2022, ocurrió el golpe de Estado en Burkina Faso por fuerzas internas del ejército al mando de Ibrahim Traoré. Este ocurre en un contexto de crisis de seguridad en el territorio, debido a la ocupación del 40% por grupos y células terroristas. Asimismo, el 26 de julio de 2023, se une Níger a la oleada golpista con la toma de gobierno por el General Abdourahamane Tchiani (Lawal, 2024).
Estos gobiernos militares se diferencian de sus precedentes en la región, entre otros elementos, por el origen de clase social y la orientación ideológica de sus líderes, el respaldo y participación activa de organizaciones y sectores populares, y una base programática nacional endógena, panafricana y antiimperialista. Por tanto, las dirigencias militares que integran los Estados del África Occidental se distancian de los golpes arquetípicos aliados con Occidente durante las décadas de 1960 y 1980.
Desde los medios de comunicación occidentales, estos movimientos son presentados como dictatoriales e ilegítimos basándose en la naturaleza golpista de su ascenso al gobierno. En este sentido, se ha desplegado una campaña internacional de descrédito de las Juntas Militares, alegando su distanciamiento de los paradigmas democráticos establecidos por las ex metrópolis, y la supuesta violación de los derechos humanos en estos países. Sin embargo, la campaña mediática ignora la tradición de los pueblos africanos e impone una visión diferente, por lo que se proyecta con sesgos hacia las nuevas dinámicas en África Occidental. Estas campañas responden a un enfoque occidentalista que, en última instancia, refleja los intereses extranjeros.
Los nuevos gobiernos militares se han caracterizado por la implementación de un programa emancipador. Entre las principales medidas establecidas se encuentra la expulsión de las tropas francesas desplegadas en estos territorios, así como la nacionalización de los principales recursos naturales. En este sentido, se presenta un proyecto emancipador que busca el desarrollo interno de los países del África Occidental.
Asimismo, han desplegado una campaña de reivindicación cultural. Esto es una expresión de la necesidad de acompañar las transformaciones estructurales con un proyecto genuino y nacional. En este sentido, la radicalización de estos procesos ha sopesado la carga ideológica en el ejercicio de búsqueda de la identidad propia que la intervención imperialista francesa desplazó durante el periodo colonial.
El proceso hacia la emancipación: La geopolítica tras la Alianza de los Estados del Sahel
Los golpes de Estado han dividido el consenso subregional entre quienes apoyan y rechazan la llegada al gobierno del estamento castrense (Hernández Pollero, 2024). En este sentido, tanto la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO) y el G5 Sahel 6 han rechazado a los nuevos gobiernos militares. Específicamente, la CEDEAO ha impuesto sanciones económicas a las Juntas, así como amenazas de intervenciones militares a la República de Níger. Ante las hostilidades de estas organizaciones, los Estados de Burkina Faso, Malí y Níger, acordaron retirar sus membresías de los mencionados grupos internacionales, lo que demarcó el inicio de una nueva alianza.
La creación de la Alianza de los Estados del Sahel se oficializó con la carta Liptako-Gourma (diciembre de 2023), donde se establecen los objetivos principales, normas correspondientes a la coalición y preceptos de la asociación. Esta emerge como un mecanismo de concertación política y se basa, esencialmente, en la defensa colectiva entre los Estados frente a agresiones externas como redes terroristas, el crimen organizado en la región, y amenazas de naturaleza militar o económica. Asimismo, se estipula que cualquier violación de la soberanía o integridad territorial de un miembro es una agresión contra todas las partes del grupo, lo que obliga a una respuesta coordinada y mutua (Liptako-Gourma, 2023).
Con esta premisa, en marzo de 2024, se crearon las Fuerzas Conjuntas de la Alianza de los Estados del Sahel, cuya primera operación se realizó un mes después. En esta línea, durante el año 2025, los tres Estados miembros han optado por incrementar el volumen de sus tropas (que comprenden cinco mil efectivos), desarrollar capacidad aérea propia, equipamiento especializado y recursos de inteligencia autónoma (Al Mayadeen Español, 2023).
En adición, la alianza comprende una estrategia económica de desarrollo que potencia las relaciones comerciales entre estos países. En la carta Liptako-Gourma, se establece la financiación a través de contribuciones de los Estados Miembros. Además, se anunció la creación de un banco de inversión confederal, el cual se financiará mediante gravámenes aduaneros (Resumen Latinoamericano, 2025). Este plan, en última instancia, busca reemplazar el mecanismo de deuda neocolonial del Franco CFA y promover el financiamiento autónomo a los programas de desarrollo.
La recuperación de los recursos naturales bajo control foráneo, especialmente aquellos con valor en la industria energética, se perfila como otro de los puntos esenciales de la Alianza, terminando así con el ciclo de acumulación por desposesión. Como parte de este plan, se prevé la construcción de una central eléctrica confederal para reducir la dependencia energética y redirigir las materias primas antes destinadas a la exportación hacia la industria nacional (Resumen Latinoamericano, 2025).
Además, la integración de los mencionados tres Estados del Sahel se consolida como un bloque contrahegemónico a la influencia de Occidente, siendo la supremacía de los paradigmas neoliberales en los elementos culturales una de las principales formas de dominación. En este sentido, se realizan eventos culturales y de conocimiento como talleres y foros con alto valor tradicional.
Otro aspecto significativo de la Alianza es la recomposición de nuevos acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas con la Federación Rusa y la República Popular China. Por una parte, el apoyo ruso se destaca en la esfera militar y de seguridad por la cooperación en operaciones de contrainsurgencia, con el apoyo del Africa Corps7 , y el suministro de armamento y equipamiento. Asimismo, la Federación Rusa ha accedido a negociaciones con el sector energético para la financiación de programas de extracción y explotación de recursos naturales.
Además, China ha incrementado considerablemente su presencia en el continente africano con la creación, desde el año 2000, del Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC, por sus siglas en inglés). A través de este mecanismo, ofrece financiamiento a los Estados africanos e incrementa sus áreas de influencia. Específicamente, se ha expandido por la zona del Sahel mediante la inversión en infraestructura manufacturera, por lo que resulta un importante socio económico para los países de la zona (Organisation for Research on China and Asia, 2022). El gigante asiático ha dirigido su financiamiento hacia distintos rubros económicos de la región, específicamente en la minería, energía y seguridad, desplazando a antiguas organizaciones como Sahel 5G.
Mientras organizaciones africanas e internacionales se niegan a colaborar e invertir en los países de la AES bajo el pretexto de ser gobiernos ilegítimos, la estrategia económica china es muy pragmática y mantiene su actividad comercial con los distintos gobiernos, respetando su autodeterminación e ideología. En este sentido, la relación con las Juntas Militares del Sahel no ha presentado cambios en las inversiones realizadas por el Estado chino (Forum Africa-China Cooperation, 2024). Esto se evidencia con la participación de los tres países africanos a la Conferencia de la FOCAC, donde se acordó un presupuesto de 50 billones de yuanes para distintos sectores de interés para ambas partes (Semanario Universal, 2024).
En un contexto complejo de transición a un sistema multipolar, Rusia y China se benefician de la pérdida de influencias de Francia en el continente africano. Esto les permite afianzar sus nuevos paradigmas de relacionamiento entre los países de la región y las grandes potencias. Asimismo, posibilita la expansión económica en un territorio reconocido por la riqueza en recursos naturales y las carencias legadas de los modelos colonial y neocolonial.
La unificación militar de los Estados del Sahel y el programa de emancipación económica han sentado las bases para el desarrollo de una fuerte agenda panafricanista, cuya premisa es la búsqueda de la identidad africana y el desarrollo de los Estados africanos, alejándose del atrasado modelo neocolonial existente. En esta línea, se evidencia el interés sustancial de traducir la autodeterminación política de estos gobiernos en la independencia económica que demanda un plan progresista y social, priorizando esferas como la alimentación y la energía. Sin embargo, dada su incipiente etapa de formación, la Alianza de Estados del Sahel cuenta con reducidas capacidades para proyectar influencia en terceros países y, de esta forma, articular un programa panafricanista unificador e identificativo.
CONCLUSIONES
La conformación de la Alianza de los Estados del Sahel fue determinada por la contradicción fundamental entre el neocolonialismo y los gobiernos militares de carácter nacionalista con aspiraciones de soberanía y desarrollo endógeno. Este proceso fue catalizado por la crisis estructural originada por la expansión del terrorismo y el fracaso de las intervenciones militares occidentales que son, a su vez, resultado de la imposición de un modelo neocolonial subdesarrollante; creando las condiciones para el surgimiento de un proyecto de integración panafricanista basado en la autodeterminación y la lucha contra la explotación imperialista.
El proceso emancipatorio ha demandado el desmontaje de los mecanismos de dominación neocolonial y la apuesta por una integración económica y militar por parte de los Estados miembros de la Alianza. Consecuentemente, la influencia de la Federación Rusa y la República Popular China ha posibilitado la flexibilización de las políticas de presión económica impuestas por organizaciones financieras proccidentales, así como proporcionado el equipamiento militar para garantizar la capacidad combativa contra las redes criminales y la defensa territorial; a la vez que ha convertido a la zona del Sahel en un terreno en disputa entre los grandes poderes en el contexto de la transición a la multipolaridad, donde Francia, Estados Unidos, Rusia y China son los principales actores externos.
Aunque es de reciente constitución, la AES ha logrado avances en la materialización de un proyecto antiimperialista, entendido hacia la reconstitución de una soberanía territorial y la integración económica y cultural de sus Estados. Ello se evidencia a partir de la expulsión de tropas foráneas, la implementación del programa de independencia económica, la defensa colectiva ante los intentos de agresión y la ruptura con la burguesía compradora para devolver al Estado la soberanía sobre sus recursos naturales.
Además, la coalición, con la salida concertada de la CEDEAO y el G5 Sahel, demuestra el interés en la creación de nuevas estructuras institucionales al margen de los intereses y la influencia occidental. Igualmente, los proyectos de infraestructura energética conjunta y la facilitación del comercio intra-saheliano promueven un circuito económico que disminuye la dependencia del mercado y el capital imperialista occidental.
Otro aspecto crucial sobre la Alianza lo supone el cambio superestructural de los procesos, promoviendo un discurso que reivindica la identidad nacional y los elementos tradicionales frente a la amenaza de la colonización cultural. Del mismo modo, ello ha garantizado un amplio respaldo de organizaciones y sectores sociales a los gobiernos militares, lo que legitima los programas de las Juntas Militares.
REFERENCIAS
notas
anexos
Anexo 1
Fuente: Elaboración propia, con datos de la ACLED Data base. ACLED
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• Prensa Latina. (25 de octubre de 2023). Cuba presente en encuentro regional de educación y cultura. https://archivo.prensa-latina.cu/2023/10/25/cuba-presente-en-encuentro-regional-de-educacion-y-cultura
• Méndez Reyes, E. (2018). Diplomacia Cultural. Aproximación al concepto: y apuntes sobre el modelo de diplomacia cultural en España. Revista de Gestión Cultural. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/114280/10816-42180-1-PB.pdf?sequence=1
• Noya, J. (2007). Diplomacia pública para el siglo XXI. Barcelona: Ariel. ISBN: 978843440004
• Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Succes in World Politics. https://www.academia.edu/28699788/Soft_Power_the_Means_to_Success_in_World_Politics_Joseph_S_Nye_Jr
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023a, 20 de enero de 2023). Visita del antropólogo francés Máxime Toutain a Quisicuaba. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
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Prensa Latina. (25 de octubre de 2023). Cuba presente en encuentro regional de educación y cultura. https://archivo.prensa-latina.cu/2023/10/25/cuba-presente-en-encuentro-regional-de-educacion-y-cultura
Méndez Reyes, E. (2018). Diplomacia Cultural. Aproximación al concepto: y apuntes sobre el modelo de diplomacia cultural en España. Revista de Gestión Cultural. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/114280/10816-42180-1-PB.pdf?sequence=1
Noya, J. (2007). Diplomacia pública para el siglo XXI. Barcelona: Ariel. ISBN: 978843440004
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Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023a, 20 de enero de 2023). Visita del antropólogo francés Máxime Toutain a Quisicuaba. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Bibliografía
NOTAS
Canadá, Alemania, Comisión Europea, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza.
El GAFIC surgió como resultado de las reuniones convocadas en Aruba, en mayo de 1990, y en Jamaica, en noviembre de 1992. Fue creado con el objetivo de lograr la aplicación efectiva y el cumplimiento de las diecinueve Recomendaciones particularmente elaboradas por ellos, así como las Cuarenta Recomendaciones del GAFI. Hacia el año 2000, su membresía estaba compuesta por: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.
El PC-R-EV fue creado por interés del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en coordinación con el GAFI, con el fin de llevar a cabo ejercicios de autoevaluación y evaluación mutua de las medidas contra el LA vigentes en los veintidós países del Consejo de Europa que al momento no contaban con membresía en el GAFI.
El GAP estuvo compuesto inicialmente por Australia, Bangladesh, Taipei Chino, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, República Popular China, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Estados Unidos y Vanuatu (FATF, 1997, p. 25).
En 1997, se desarrolló la Primera Conferencia sobre Blanqueo de Dinero en África Austral y Oriental. Como consecuencia de esta última, y como resultado de una Reunión de Ministros y Representantes de Alto Nivel, celebrada en Arusha, Tanzania, los días 26 y 27 de agosto de 1999, se logró la creación del ESAAMLG, coordinado inicialmente por Tanzania y con una composición de catorce Estados miembros de la región: Botsuana, Kenia, Lesoto, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue (FATF, 1997, p. 25).
Al momento de su creación el GAFISUD estuvo compuesto por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Entre las organizaciones con las que intercambió el GAFI en el periodo 2001-2011 se encuentran: Banco Africano de Desarrollo, Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, el Banco Central Europeo (BCE), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA/CICTE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El GEA fue creado en Moscú, el 6 de octubre de 2004, con una composición inicial de seis países miembros: Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, la República Popular China, la Federación Rusa y Tayikistán.
El MENAFATF, se fundó en Manama (Bahrein), el 30 de noviembre de 2004, con una composición inicial de 14 países miembros: Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Túnez y Yemen.
El EBR exige que los países adapten su sistema ALA/CFT a la naturaleza de sus riesgos particulares, permite aplicar medidas reforzadas cuando los riesgos sean mayores y medidas simplificadas cuando sean menores. Como resultado, los países podrán optimizar sus recursos para detectar delitos financieros, adoptar medidas coercitivas y aplicar medidas preventivas que correspondan a los riesgos de sectores o actividades concretos. (FATF, 2012, p. 16) Dicho enfoque abarca no solo las instituciones financieras de los países, sino también las APNFD, sí realizan prestación de servicios financieros, por lo que están sujetas a las Recomendaciones del GAFI (Gómez, 2022, p. 42).
El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre entidades, actualmente conocidas como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que fueron también incluidos los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. El Grupo Egmont se dedica y consagra a la colaboración y cooperación internacional entre las UIF. (Egmont Group of Financial Intelligence Units, 2014, p. 3)
El término sanciones financieras dirigidas significa tanto el congelamiento de activos como las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y entidades designadas. (Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI], 2012, p. 129)
El GABAC es un organismo de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central y al momento de su inserción en el GAFI, estaba compuesto por: Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Se creó en 2000 con el mandato de luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, evaluar el cumplimiento de las normas del GAFI por parte de sus miembros, proporcionar asistencia técnica a sus Estados miembros y facilitar la cooperación internacional.
Se refiere a innovaciones financieras propiciadas por la tecnología que podrían dar a lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con un efecto sustancial sobre los mercados y las instituciones financieras y la prestación de servicios financieros. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2018, p. 5)
El término RegTech hace referencia a un conjunto de empresas y soluciones que aúnan la tecnología y la normativa para abordar los requisitos normativos en todos los sectores, incluidos los servicios financieros. (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , 2016, p. 1)
Los Papeles de Panamá han sido considerados la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca (Fitz Patrick, s.f.)
REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS
Recibido: 6 de septiembre de 2025
Conflicto de Intereses:
El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 21 de septiembre de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por el autor, quien otorga a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. El autor podrá establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Viltre Coss, C.E. (2025). Extractivismo contemporáneo en África: ¿minería sostenible o acaparamiento verde? Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 6 (4). p 55- 65.
resumen
El presente trabajo analiza las actividades de los actores internacionales más relevantes inmersos en el extractivismo contemporáneo en África y su impacto en la soberanía económica regional, con el objetivo de determinar si los discursos retóricos sobre minería sostenible y capitalismo verde constituyen una forma de acaparamiento. Mediante el análisis de conceptos como extractivismo y acaparamiento verde se evalúan las estrategias de Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia y Emiratos Árabes Unidos. Los principales resultados revelan que, si bien estas potencias promueven discursos de desarrollo sostenible y transición energética, sus prácticas reproducen dinámicas de dependencia neocolonial. De igual forma, lejos de fomentar la industrialización local, las cadenas de valor se concentran fuera de África y las comunidades locales sufren desplazamientos. Se concluye que la minería sostenible opera como una coartada que legitima la extracción a gran escala, exacerbando la subordinación del continente en la economía global y agravando la precariedad socioeconómica local, por lo que el fenómeno se caracteriza más como acaparamiento verde que como un genuino desarrollo.
Palabras Clave: Acaparamiento verde, África, capitalismo verde, extractivismo, minería sostenible.
ABSTRACT
This study analyzes the activities of the most relevant international actors involved in contemporary extractivism in Africa and their impact on regional economic sovereignty, with the objetive of determining whether the rhetorical discourses about sustainable mining and green capitalism constitute a form of green grabbing. Through the analysis of concepts such as extractivism and green grabbing, the strategies of the United States, the European Union, China, Russia, and the United Arab Emirates are evaluated. The main findings reveal that, while these powers promote discourses of sustainable development and energy transition, their practices reproduce neocolonial dependency dynamics. Likewise, far from promoting local industrialization, value chains are concentrated outside Africa, and local communities suffer displacement. It is concluded that sustainable mining operates as a pretext that legitimizes large-scale extraction, exacerbating the continent’s subordination in the global economy and worsening local socioeconomic precarity, thus characterizing the phenomenon more as green grabbing than as genuine development.
Keywords: Africa, extractivism, green capitalism, green grabbing, sustainable mining.
introducción
El continente africano ha albergado durante siglos grandes reservas de recursos naturales (RR.NN.), condición que ha suscitado históricamente el interés de actores extrarregionales en función de su crecimiento económico. Actualmente, las necesidades que impone el desarrollo industrial y tecnológico de estos países han implicado un aumento de su presencia en el territorio africano con el propósito de extraer RR.NN. esenciales.
Ante esta realidad, el experto en el tema Eduardo Gudynas (2018) ha definido el término extractivismo como un tipo de apropiación de RR.NN. “en grandes volúmenes y/o alta intensidad, donde la mitad o más son exportados como materias primas, sin procesamiento industrial o procesamientos limitados” (p. 62).
El fenómeno en África es impulsado principalmente por actores globales como Estados Unidos (EE.UU.), la Unión Europa (UE), China, Rusia y Emiratos Árabes Unidos (EAU), quienes se presentan como dinamizadores del mercado laboral y promotores del desarrollo en el continente a través de diversas estrategias en sectores como la minería, el transporte, la agricultura, entre otros.
Sin embargo, dichas iniciativas han propiciado, en última instancia, la extracción de RR.NN. y su aprovechamiento fuera del continente, generando grandes latifundios, mayor acaparamiento de tierras, contaminación ambiental y desplazamientos de comunidades locales (Moyo, 2011). Como consecuencia, el extractivismo ha reproducido patrones de dependencia que, unidos al contexto de la crisis climática global y la creciente competencia geopolítica entre potencias, sitúan al continente africano como epicentro de este fenómeno.
En los últimos años los minerales críticos1 han emergido como recursos esenciales para el avance tecnológico y la transición energética hacia fuentes de energía renovables, ya que son fundamentales en la producción de drones, aviones de guerra furtivos, teléfonos celulares, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, y otros productos relevantes. El cobre y las tierras raras son algunos de los minerales críticos de mayor producción y estos son dominados a nivel mundial, principalmente por China. La creciente estrategia minera del gigante asiático en el continente africano ha entrado en contradicción con los intereses de EE.UU. y la UE, actores que han desarrollado disímiles proyectos para reducir la presencia de China en el territorio y su capacidad como principal socio económico de África.
Es por ello que se plantea como objetivo principal de la presente investigación analizar el impacto del extractivismo contemporáneo en África. Para dicho propósito, se evaluará el papel de los principales actores internacionales inmersos en el sector minero del continente, así como la disyuntiva que surge, en torno a la catalogación de sus prácticas, entre minería sostenible o acaparamiento verde2.
desarrollo
La transición energética3 ha reconfigurado las estrategias geopolíticas de las potencias mundiales por la importancia de los minerales críticos en los últimos años. Esto, ha propiciado el incremento de sus intereses sobre territorios que, aunque ricos en minerales estratégicos, presentan limitaciones en cuanto a financiamiento y desarrollo de infraestructura.
Dicho proceso ha convertido al continente africano en un importante espacio para los grandes actores globales y su competencia por los RR.NN. necesarios para la transición energética. Ello ha dado lugar al extractivismo contemporáneo africano, el cual puede analizarse bajo la perspectiva crítica ofrecida por el especialista africano Sam Moyo (2011) quien, a pesar de no referirse al término de manera explícita, resalta que este fenómeno no solo propicia el acaparamiento verde, sino que favorece el incremento de la dependencia por parte del campesino u obrero y de la subordinación del continente al capital monopolista (p.73).
La subordinación y lucha geopolítica condiciona, en el continente africano, diferencias en los métodos extractivos, pero no en el propósito ciertamente declarado. Cabe destacar que estos elementos de subordinación vienen dados por siglos en los que principalmente países europeos marcaron la estricta relación metrópoli-colonia con África, y en los que surgió el denominado extractivismo clásico. Es decir, el extractivismo contemporáneo africano es una adaptación del fenómeno clásico del que se deriva, y aunque mantiene escasos beneficios para el continente, se le otorga una mayor participación a los Estados africanos.
Actualmente, habiéndose producido la descolonización formal, se ha mantenido presente la dependencia económica comercial, de ahí que los principales países receptores de materias primas provenientes de África, y los mayores inversores en dicho territorio, sean europeos, en conjunto con países como EE.UU. y China.
Estrategia de EE. UU. y la UE en África
El concepto de extractivismo ha estado ausente en la historia de las narrativas occidentales que, moldeadas principalmente por EE.UU. y la UE, han justificado el control de los recursos y minerales estratégicos, tomando por bandera el capitalismo verde4 y la minería sostenible.
En medio de la transición energética, y la lucha constante por los RR.NN. y los minerales críticos, Occidente ha hecho uso de discursos defensores del desarrollo y la sostenibilidad. En muchos casos, estas posturas son adyacentes a lo que se conoce como “Green New Deal”5 y “European Green Deal”6. A través de estas dinámicas, en el sector minero han sido desarrolladas diversas estrategias, dígase la implementación de proyectos estratégicos o la aprobación de normativas regulatorias (Congreso de Estados Unidos, 2019; Unión Europea, 2019).
Por un lado, la Asociación de Seguridad de Minerales (MSP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa lanzada por el Departamento de Estado de EE.UU. (2022), que promueve una estrategia para alcanzar una minería medioambientalmente sostenible, así como promover el reciclaje de las tecnologías y diversificar las cadenas de suministro de minerales críticos. Posteriormente, en el año 2024, se creó el Foro de la Asociación para la Seguridad de los Minerales (MSP Forum), una nueva plataforma para ampliar el alcance de dicha asociación y a la que se unieron otros países, incluyendo algunos africanos como la República Democrática del Congo (RDC) y Namibia (Unión Europea, 2024).
Sin embargo, al analizar estas iniciativas, resulta evidente que no surgen para desafiar el extractivismo, sino para modernizarlo y adaptarlo al discurso medioambientalista de estas potencias. De igual modo, a pesar de que en este tipo de mecanismos se encuentran países africanos, no representa un cambio efectivo en las dinámicas extractivas capitalistas ni en las cadenas de valor globales. Esto se debe a que de las distintas etapas en las que se divide la cadena de valor minera, África, de forma escalonada y ascendente, por lo general solo participa en los primeros pasos. Es decir, los países africanos se involucran en mayor o menor medida desde la exploración, luego la extracción, hasta finalmente la exportación de las materias primas hacia otro continente7. En cambio, el procesamiento avanzado8, la comercialización y la distribución (etapas donde se generan la mayor parte de los beneficios), tienen lugar fuera de África (Stuart, 2022).
Por otro lado, proyectos como el Corredor de Lobito (Angola), han sido financiados por EE.UU. y respaldados por la UE. Esta iniciativa es una infraestructura estratégica desplegada para conectar por tierra los océanos Atlántico e Índico, lo que le confiere el nombre de “la ruta de los dos océanos” (Diversifica Mais, s.f.). De igual manera, conecta los puertos ubicados en el Atlántico con yacimientos de minerales críticos en el interior africano, fundamentalmente en la RDC y Zambia, lo cual acelera los procesos extractivos y el acceso a materias primas para su posterior exportación. Este último elemento evidencia el poco interés que existe por parte de Occidente en fomentar la industrialización africana o, simplemente, el procesamiento local, aspectos que generarían un mayor ingreso para las economías del continente (Braeckman, 2024).
A pesar de los crecientes y evidentes intereses de estas potencias en África, fuentes oficiales estadounidenses como el Departamento de Estado (2024) señalan también la importancia del Corredor de Lobito para la integración económica y la exclusividad transfronteriza, así como para la protección ambiental9. No obstante, la seguridad local y medioambiental se ha visto afectada de diversas maneras, principalmente por la deforestación masiva, lo que ha desplazado a comunidades nativas, alterado ecosistemas y tornado más vulnerable el terreno aledaño a estas zonas.
Presentada explícitamente por la UE en el año 2021 como una “asociación para un desarrollo sostenible e integrador”, la “Nueva estrategia UE-África” surgió con cinco temáticas; una de ellas enfocada específicamente en la transición ecológica y el acceso a la energía (Parlamento Europeo, 2021). Asimismo, en diciembre del propio año, se presentó la Global Gateway, una estrategia que promueve el desarrollo tecnológico y de los sistemas de salud y educación de todo el mundo. Dicha herramienta fue implementada en África con un paquete de inversiones sostenibles para “reforzar la transformación socioeconómica, ecológica y digital de África a través de fuentes innovadoras de financiación” (Comisión Europea, Global Gateway in Sub-Saharan Africa, s.f.). Posteriormente fue lanzada la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, destinada a garantizar un suministro sostenible de materias primas fundamentales para la industria europea (Comisión Europea, 2024).
Si bien algunas de estas acciones están regidas por leyes y cuentan con estatutos que buscan transparencia y estabilidad para los procesos, también suponen riesgos para la autonomía política y económica de los países socios en África, resultando comprometedoras al estar vinculadas a intereses geoestratégicos y comerciales de las potencias anteriores. Igualmente, estas naciones han allanado los caminos de sus políticas energéticas exteriores en pos de desplazar al gigante asiático de las cadenas de suministro de RR.NN.
Estrategia de China en África
La cada vez más evidente presencia de África en los temas globales sobre minerales críticos, y la existencia de una gran parte de las reservas de los mismos en dicho continente, ha posicionado a China como principal actor económico de este. Durante décadas, el gigante asiático ha desplegado en el continente africano una política basada en la promoción de una cooperación integral a través del impulso de diversos proyectos tecnológicos.
Bajo el financiamiento y/o dirección del país asiático se construyeron, entre otros, la primera gran infraestructura transnacional en Africa - Ferrocarril Tanzania-Zambia (TAZARA)-, la primera Zona Económica Especial en Zambia y, en Yibuti, la primera base militar china fuera del territorio nacional.
Durante 16 años China se ha mantenido como el principal socio de África y, anualmente, el volumen comercial total ha presentado un crecimiento vital. Esto se concretó en 2024, donde la cifra del año anterior (282.1 mil millones de dólares) ascendió a un aproximado de 294 mil millones (China-Africa Business Council, 2024; Consejo de Estado de la República Popular de China, 2025).
La expansión económica china también se ha dado en los últimos años gracias al despliegue de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, (BRI: Belt and Road Initiative, por sus siglas en inglés). Esta ha protagonizado también el incremento de la inversión de este país en el continente africano, lo que se ha visto reflejado en un total de 29.2 mil millones de dólares, aproximadamente un 26% de la inversión china dentro del programa de la BRI (Nedopil, 2025).
Detrás de cada una de estas cifras se hallan esfuerzos impulsados a través de diversos foros, así como medidas que reflejan el empeño por afianzar los lazos del país asiático con los que representan la mayor parte de África. En este sentido, es válido destacar la relevancia del Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC). Dicha plataforma ha contribuido al crecimiento económico de varios países africanos, facilitando además el libre comercio y la cooperación en virtud del desarrollo económico de ambas partes. A partir de esto, la estrategia de China en el sector minero africano se ha robustecido con el empleo del joint venture (colaboración empresarial) y contratos a largo plazo.
En la RDC, por ejemplo, la mina Tenke Fungurume Mining S.A. (TFM), desde 2019, tiene una participación mayormente china. Con un 80% de la participación por parte de la empresa minera china CMOC Group Limited, y el 20% restante proveniente de la compañía congoleña Gecamines S.A., TFM se ha convertido en uno de los mayores productores de cobre y cobalto de la RDC y una de las principales fuentes de ingresos, local y nacional, por lo que representa el mayor empleador de la región (Copperbelt Katanga Mining, 2020).
Otra acción tomada por China fue la exención de aranceles para 33 países africanos, anunciada durante la Cumbre del FOCAC en 2024. Esto facilitaría la entrada en condiciones competitivas de productos al mercado chino (Cerus, 2024).
En términos de estrategias económicas -como la generación de dinámicas de cooperación favorables que han facilitado el acceso de los países africanos a infraestructura y financiamiento- China ha consolidado una posición de supremacía industrial frente a las demás potencias extranjeras en África. Esto también se ha sustentado en la postura del gigante asiático que, a diferencia de las potencias occidentales, no impone condicionantes ni políticas intimidatorias, lo que lo convierte en un socio favorable para muchos gobiernos africanos que optan por una mayor independencia frente al orden mundial tradicionalmente impuesto (Hojas, 2025).
A pesar de las evidentes garantías ofrecidas por China, el contexto africano evidencia lo difícil que resulta romper con los mecanismos extractivistas en la región, por lo que persiste el rol de África como proveedora de materias primas mientras el control manufacturero y tecnológico permanece concentrado fuera del continente, reproduciendo la desequilibrada cadena de valor global y el extractivismo como forma estructural de dependencia económica.
Otras potencias extranjeras en África
Más allá de la competencia entre las grandes potencias occidentales y China dentro del territorio africano, otros actores como Rusia y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han aumentado su presencia en diferentes aristas estratégicas del sector minero africano, donde de forma ascendente participan en proyectos con el objetivo de asegurar y fortalecer sus suministros de RR.NN. vitales para el desarrollo y la transición energética.
En el caso de Rusia, la explotación de grandes minas de cobre, como Udokan en Siberia, constituye una referencia a seguir que se replica en África a través de empresas conjuntas y acuerdos especialmente en Egipto, Sudáfrica y países del Norte de África (Hernández Polledo & Isasi, 2024). El discurso ruso enfatiza sobre la cooperación e impulsa proyectos con mayor grado de transferencia tecnológica. Sin embargo, el control sigue siendo principalmente ruso, y los beneficios para África, limitados, observándose un mantenimiento de las principales directrices de este fenómeno en África.
Por su parte, EAU, cuarto país en cuanto a inversión directa en África, ha consolidado una actividad extractivista en el continente, combinando inversión minera, control de puertos e infraestructura, así como inversión en energías renovables. Asimismo, son el mayor comprador de minerales en países como Mali, Sudán y Uganda (Collins, 2025).
En cuanto al despliegue de estrategias en el continente africano, EAU ha adquirido el control de cerca de 20 terminales portuarias y ha construido infraestructuras logísticas decisivas, como los puertos de Berbera y Dakar, asegurando el flujo eficiente de materias primas hacia el Golfo y mercados globales. Su apuesta por proyectos en África también trasciende a inversiones en energías renovables lideradas por la urbe ecológica de Masdar en ciudades africanas como Dakar (Senegal), Berbera (Somalia), Maputo (Mozambique) y Luanda (Angola). Aunadas, estas acciones configuran una estrategia multipropósito que asegura recursos para el crecimiento propio y de una industria de transición energética global, así como el aumento del comercio, de las inversiones en la región y el despliegue de infraestructuras (Garrido Guijarro, 2025).
La disyuntiva del extractivismo contemporáneo africano: ¿minería sostenible o acaparamiento verde?
El crecimiento de las estrategias extractivas analizadas parte fundamentalmente en la narrativa de la minería sostenible, basada en el aprovechamiento de RR.NN. y energéticos de un país determinado, maximizando los beneficios socioeconómicos y reduciendo los impactos ambientales (BBVA, 2024). Asimismo, este término es complementado con el de desarrollo verde que, de acuerdo con Silverio González (2022), es entendido como el “transitar hacia un nuevo modelo de gestión económica capitalista con un enfoque responsable del medioambiente y que combine la protección ambiental con la modernización”, así como la “necesidad de mantener los niveles de explotación de los recursos naturales en una relación ahora “amigable” con los ecosistemas” (p.132).
Sin embargo, esta visión requiere enormes volúmenes de minerales críticos, lo que sigue manteniendo en la retórica el discurso sostenible promovido en función de la transición energética y, por consiguiente, exacerbando la presión sobre los territorios africanos. El desarrollo verde, en lugar de ser inclusivo, en África retoma y profundiza la competencia imperialista por el control de recursos, rememorando la etapa colonial de los siglos XIX y XX.
Aunque el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) define que este contexto “resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas”, la demanda global de minerales críticos demuestra que en la práctica esto no se realiza en su totalidad. Es decir, las actividades mineras promovidas en el continente africano no se traducen concretamente en desarrollo local, predominando la exportación hacia otros países de dichas materias primas de las que solo un 2% es exportada dentro del propio continente (PWYP, 2024).
A su vez, el contexto actual africano ha favorecido la penetración de capital extranjero y la inversión en segmentos extractivos e industriales que, a decir de Silverio González (2022) “no siempre respeta los ecosistemas ni propicia la inclusión social” (p.132). Dentro de este aspecto el discurso de la minería sostenible ha sido fundamental para la propaganda y desarrollo del extractivismo, donde disímiles empresas catalogan sus acciones de responsables y respetuosas con las normas internacionales. Sin embargo, gran parte del crecimiento económico de África se ve frenado por dichos inversores, sin los que se podrían obtener 2.3 millones plazas laborales y un aumento de hasta 24 mil millones de dólares al PIB africano (PWYP, 2024).
Las consecuencias del accionar de los actores internacionales en torno al extractivismo en territorio africano han dado lugar al término de acaparamiento verde. Este surge como denuncia puntual desde movimientos sociales globales que advierten sobre la justificación ambiental que se le da a la irracional disposición de las tierras, en este caso africanas, en manos de monopolios extranjeros. Aunque por estas entidades se declara la no existencia de mecanismos de expropiación, estos se han reformulado bajo regulaciones como los bonos de carbono, los cuales eximen a sus portadores de cierta responsabilidad al emitir una determinada cantidad de dióxido de carbono o un equivalente en gases de efecto invernadero (Arko, 2024). Estas iniciativas abren una brecha para la libertad de operar sin consulta previa ni beneficios.
Aunque para denominar el carácter de las actividades extractivistas resulta contradictorio el uso de los términos minería sostenible y acaparamiento verde, este último no solo revela las discrepancias entre los discursos ambientalistas y las prácticas extractivistas, sino que también expone las asimetrías que persisten en la gobernanza de los RR.NN. Frente a este escenario, resulta imprescindible visibilizar las voces que cuestionan estos modelos impuestos, fortaleciendo alternativas que prioricen la justicia territorial y la soberanía local.
conclusiones
El extractivismo contemporáneo africano, con el impulso de China, Estados Unidos y la Unión Europea, y con la participación de actores como Rusia y Emiratos Árabes Unidos en menor medida, se configura actualmente como un mecanismo que reproduce políticas coloniales de expropiación, legitimado discursivamente mediante la lucha contra el cambio climático. En este marco, los minerales críticos y las fuentes de energía limpia se posicionan como motor fundamental para el desarrollo y la transición energética mundial.
La aspirada transición energética está condicionada, en gran medida, por recursos naturales que deberían estar regidos por una lógica ambientalista, en este caso, mediante la minería sostenible. Sin embargo, la aplicación de este proceso no se traduce específicamente en bienestar para África, sino que conduce a su subordinación en las cadenas de valor dentro del sector minero y a la pérdida de derechos territoriales. Por ello, diversos sectores sociales han denominado esta dinámica como acaparamiento verde, término que describe una práctica opuesta a la noción de minería sostenible.
La gran disyuntiva de la catalogación de las acciones extractivistas depende considerablemente del punto de vista desde el que se analicen estas políticas. No obstante, el escaso fortalecimiento que ha ganado la soberanía económica africana a partir de las inversiones solo evidencia que, lejos de representar un accionar en pos de las luchas contra el cambio climático y los derechos humanos, el extractivismo contemporáneo en África profundiza las dificultades en las condiciones de vida y desarrollo de las poblaciones locales. Esta contradicción plantea el desequilibrio global que impera, donde se presenta en el contienete africano como simple proveedor de recursos naturales.
Socioeconómicamente, el modelo extractivista genera un agravamiento de la precariedad laboral y doméstica, concentrando los recursos estratégicos en manos de monopolios extrarregionales y despojando considerablemente al continente de todo derecho sobre las abundantes materias primas disponibles. La justicia medioambiental, tal como se promueve hoy, representa más una estrategia de legitimación de la explotación que una estrategia de transformación estructural para los Estados africanos.
referencias
NOTAS
notas
En su artículo “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory”, Robert W. Cox (1981) propone entender el desarrollo de los procesos globales mediante el concepto de estructura histórica, la cual está constituida por la interacción de las capacidades materiales, las ideas y las instituciones. De ellas emanan los distintos órdenes internacionales que, a su vez, sitúan, jerarquizan y definen los intereses y márgenes de posibilidad de los diferentes actores sociales. Cox utiliza este enfoque para criticar las teorías tradicionales de las Relaciones Internacionales, argumentando que estas naturalizan las estructuras existentes, en lugar de reconocerlas como construcciones históricas sujetas a cambios.
La crisis de 1890, también conocida como pánico de 1890, constituyó una profunda depresión que derivó en una crisis económica y financiera que afectó a Argentina durante la presidencia de Miguel Juárez Celman.
Se conoce como “Década Infame” al período entre 1930 y 1943 en Argentina, caracterizado por el fraude electoral, la corrupción política y una creciente dependencia económica del Reino Unido tras el golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen.
La Constitución de 1853 tomó como modelo la Constitución de Estados Unidos que establecieron los padres fundadores, inspirada en los principios del liberalismo clásico y la doctrina política del federalismo. Estableció un sistema republicano, con división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esta Carta Magna legitimaba un orden constitucional en función de los intereses de la oligarquía terrateniente agroexportadora.
La dictadura militar argentina utilizó la guerra de Malvinas en 1982 como una estrategia para desviar la atención de su creciente pérdida de legitimidad, la crisis económica y el descontento social. El régimen buscó generar un sentimiento de unidad nacional y reforzar su control a través del patriotismo, pero la derrota frente al Reino Unido aceleró su desgaste y contribuyó a su caída, dando paso a la transición democrática.
Para profundizar más sobre los vínculos entre los “think tanks”, las ONG y la dictadura de 1976, consultar Fuchs, J., y Vélez, J. C. (2007). Argentina de rodillas. Terrorismo económico de Martínez de Hoz a Cavallo. Editorial de Ciencias Sociales.
El kirchnerismo es un movimiento político argentino surgido en 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner. Se enmarca dentro del peronismo y se caracteriza por un fuerte rol del Estado en la economía, políticas de inclusión social, confrontación con sectores de poder y un discurso basado en la defensa de la soberanía nacional y los derechos humanos. Ha influido de manera significativa en la política argentina del siglo XXI, generando tanto un respaldo considerable como una fuerte oposición.
La ideología liberal-libertaria combina elementos del liberalismo clásico y el libertarismo. Dentro de este marco, el anarcocapitalismo es una corriente radical que propone la eliminación total del Estado, argumentando que todas las funciones gubernamentales pueden ser reemplazadas por acuerdos voluntarios y mercados privados. Sus defensores sostienen que la propiedad privada y el libre comercio garantizan el orden social sin necesidad de una autoridad centralizada.
El término woke se refiere originalmente a estar “despierto” o consciente de las injusticias sociales, especialmente en temas de racismo y discriminación. Con el tiempo, su significado se ha ampliado para incluir diversas causas progresistas, aunque en algunos contextos se usa de manera peyorativa para criticar posturas percibidas como excesivamente políticamente correctas. [ La protección ambiental para el Corredor de Lobito se traza a partir de una mejor implementación de las tecnologías y recursos para la construcción de este proyecto, donde se cumpla con los “más altos estándares internacionales” (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2024).][ La protección ambiental para el Corredor de Lobito se traza a partir de una mejor implementación de las tecnologías y recursos para la construcción de este proyecto, donde se cumpla con los “más altos estándares internacionales” (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2024).]
Recibido: 20 julio de 2025
Conflicto de Intereses:
El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
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Agradecimientos:
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Financiación:
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Aprobado: 28 de septiembre de 2025
Derechos de Autor:
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Rodríguez Fabié, D.A. (2025). Resultados de la sexta cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 6(4). p 67-75.
resumen
La Sexta Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana pretendió continuar con la asociación entre ambas regiones del mundo en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19, crisis migratorias y tensiones económicas. La cumbre reunió a líderes de ambos continentes para abordar temas clave como cooperación, financiamiento, paz y seguridad, desarrollo sostenible y cambio climático. Se estructuró en siete mesas temáticas que promovieron diálogos sobre inversiones, salud, educación y movilidad, entre otros. El principal resultado fue la Declaración Conjunta, la cual incluía un paquete financiero bajo ese plan, de 150 mil millones de euros, que ha mantenido la dependencia del continente madre a Europa. En adición, la lentitud en su cumplimiento y la imposición de condicionalidades financieras para su aplicación se han implementado como mecanismos para preservar la influencia económica de Europa en la región. Aunque el evento reflejó avances en la institucionalización del diálogo y la inclusión de actores no estatales, su impacto real dependerá de la voluntad política para superar dinámicas históricas de dependencia y despojo económico para garantizar una cooperación efectiva. En este sentido, el presente artículo tiene como objetivo describir el desarrollo de la Sexta Cumbre entre la Unión Europeaa y la Unión Africana a partir de sus principales acuerdos.
Palabras clave: Sexta Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana, dependencia, Plan de Inversión Global Gateway, cooperación, financiamiento
ABSTRACT
The Sixth Summit between the European Union and the African Union sought to continue the partnership between the two regions of the world in a context marked by the COVID-19 pandemic, migration crises, and economic tensions. The summit brought together leaders from both continents to address key issues such as cooperation, financing, peace and security, sustainable development, and climate change. It was structured around seven thematic tables that promoted dialogue on investment, health, education, and mobility, among other topics. The main outcome was the Joint Declaration of a €150 billion financial package under the Global Gateway Investment Plan, which has maintained the African continent’s dependence on Europe. In addition, the slow pace of implementation and the imposition of financial conditions for its application have been implemented as a mechanism to preserve Europe’s economic influence in the region. Although the event reflected progress in institutionalizing dialogue and including non-state actors, its real impact will depend on the political will to overcome historical dynamics of dependence and economic dispossession in order to ensure effective cooperation.The present article aims to describe the development of the Sixth Summit between the European Union and the African Union based on its main agreements.
Keywords: Sixth Summit between the European Union and the African Union, dependence, Global Gateway Investment Plan, cooperation, financing
introducciÓn
Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA)1 han atravesado un proceso de evolución condicionado por vínculos de dependencia de las zonas periféricas africanas al centro imperialista europeo. A través de sucesivas cumbres, ambas organizaciones han buscado consolidar la cooperación y el financiamiento del Continente Viejo hacia el africano, a partir de temáticas como la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, la migración, el cambio climático y la gobernanza.
En este contexto, la Sexta Cumbre UE-UA, representó un hito relevante tanto por su contexto geopolítico como por las transformaciones propuestas en los términos de cooperación interregional. Esta cumbre se desarrolló bajo un clima internacional marcado por los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19, las crisis migratorias, las disputas comerciales, y las dinámicas de confrontación en el sistema internacional.
Estas condiciones impulsaron a ambos bloques a revisar sus prioridades estratégicas, apostando por una asociación renovada basada en un enfoque más igualitario, orientado a la gestión de agendas compartidas. Con la participación de líderes de ambos continentes y la estructuración del evento en torno a mesas temáticas, se reflejan tanto la ambición de la agenda como la diversidad de intereses implicados.
El presente artículo tiene como objetivo describir el desarrollo de la Sexta Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana a partir de sus principales acuerdos.
desarrollo
Las cumbres entre la UE y la UA han estado marcadas por la evolución en el contenido y el enfoque del diálogo entre ambas regiones. Desde el año 2000, cuando tuvo lugar la Primera Cumbre África-UE en El Cairo, ambos bloques han intentado redefinir sus relaciones más allá de los legados coloniales, a pesar de la permanencia de mecanismos de dominación europeos en los países africanos. El impacto de la primera cumbre fue limitado por la falta de institucionalización efectiva de los mecanismos acordados.
En la Segunda Cumbre, celebrada en Lisboa en el año 2007, se adoptó el primer Plan de Acción Conjunto África-UE 2008-2010, acompañado de la creación del Asociación Estratégica África-UE, lo cual marcó un avance hacia la formalización de instrumentos multilaterales de cooperación. Las Tercera (Trípoli, 2010) y Cuarta (Bruselas, 2014) Cumbres estuvieron dominadas por tensiones derivadas del intervencionismo europeo en el continente, el auge de conflictos armados intraestatales, y la creciente preocupación europea por la migración irregular.
La Quinta Cumbre (Abiyán, 2017) tuvo lugar en un contexto de creciente presión migratoria hacia Europa y consolidación de liderazgos africanos más firmes respecto a la defensa de la soberanía continental. El enfoque se centró en temas estructurales del desarrollo africano y las causas profundas de la migración. Esta cumbre, además, permitió reforzar el papel institucional de la Comisión de la UA como interlocutor central.
Las cumbres, en su conjunto, se han presentado como una cobertura ideológica y mediática que pretende ocultar el carácter hegemónico de Europa en la relación entre ambas organizaciones. De esta forma, se plantea la necesidad de establecer nuevas bases de diálogo que reconozcan el papel de África como actor autónomo con prioridades propias, más allá del rol tradicional de receptor de inversiones de capital extranjero o fuente de materias primas.
Principales actividades de
la Sexta Cumbre
La Sexta Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana fue celebrada los días 17 y 18 de febrero de 2022 en Bruselas (Bussines Europe, 2022). El evento estuvo copresidido por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente de Senegal, quien en ese momento presidía rotativamente la UA, Macky Sall.
En la reunión participaron jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de ambas organizaciones, junto con representantes de instituciones continentales como la Comisión Europea y la Comisión de la UA. Además, hubo representación de organismos multilaterales invitados como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Africano de Desarrollo (BAD).
El contexto político en el que se celebró la cumbre estuvo marcado por la pandemia de COVID-19, que profundizó las desigualdades interregionales, generando tensiones respecto al acceso equitativo a vacunas, la condonación de deudas y la recuperación económica. Por otro lado, la amenaza inminente del conflicto en Ucrania, que estallaría una semana después, influía de forma latente en los debates sobre seguridad global y posicionamiento internacional de la UE (Consejo Europeo b), 2024). Estos factores otorgaron a la cumbre un tono de urgencia y de revisión crítica del multilateralismo actual, así como las intenciones europeas de buscar apoyo internacional frente a Rusia, que la mayoría de los países africanos no otorgaría (Pinto, 2024).
Asimismo, es válido mencionar que ciudadanos de las Comoras, la República Democrática del Congo (RDC) y Etiopía bloquearon la entrada al Consejo Europeo durante la Cumbre (Africanews, 2022). Ello demostró la oposición de algunos países africanos al intervencionismo económico y militar europeo, así como a la histórica dependencia de sus naciones al centro capitalista.
Específicamente, los comorenses criticaron duramente al presidente francés, Emmanuel Macron, al que consideraban “responsable de todas las desgracias que azotan a las Comoras”. Los manifestantes denunciaron además a los presidentes Paul Kagame y Yoweri Museveni, de Ruanda y Uganda, respectivamente, a quienes consideraban responsables de la desestabilización de la RDC debido al constante saqueo de sus recursos naturales y por su alianza táctica con los Estados Unidos para la venta de los bienes expropiados. Los etíopes condenaron los crímenes de guerra, las masacres y la violencia sexual perpetrados en Tigray, y exigieron la retirada de las fuerzas eritreas del país (Africanews, 2022).
A pesar de las incidencias, la cumbre fue concebida como una oportunidad para redefinir las relaciones euroafricanas como una asociación renovada para la solidaridad, la seguridad, la paz y el desarrollo sostenible. Con este fin, el diseño de la cumbre se estructuró en torno a siete mesas de trabajo temáticas paralelas, cada una enfocada en áreas clave de cooperación: finanzas, crecimiento sostenible e inversión; cambio climático y transición energética, digital y agrícola; paz, seguridad y gobernanza; migración y movilidad; educación, ciencia, tecnología e innovación; apoyo al sector privado y a la integración económica; y salud y producción de vacunas (Consejo Europeo a), 2024).
Además de estas mesas, se realizaron sesiones plenarias de alto nivel, reuniones bilaterales entre mandatarios y encuentros entre representantes del sector privado, sociedad civil y juventudes. La cumbre se caracterizó por un intento deliberado de adoptar un enfoque más horizontal, lo que se tradujo en la inclusión de diversos actores no estatales africanos y europeos en el proceso consultivo previo.
Una característica destacada de la cumbre fue la voluntad política explícita de superar la relación donante-beneficiario y avanzar hacia una asociación basada en intereses estratégicos compartidos. En este sentido, se habló de “visión compartida” de las iniciativas conjuntas, especialmente en sectores como el desarrollo de infraestructuras, la soberanía digital y la autonomía sanitaria (Marín, 2022).
Evolución de los principales acuerdos de la Cumbre
Los resultados de la Sexta Cumbre UE-UA se plasmaron en una Declaración Conjunta que reafirmó el compromiso de ambas partes con una asociación estratégica renovada y se acompañó de un paquete financiero de 150 mil millones de euros bajo el marco del Plan de Inversión Global Gateway África-Europa. En dicho documento, se citaba:
Anunciamos un Paquete de Inversiones África-Europa de al menos 150.000 millones de euros que respaldará nuestra ambición común para 2030 y la Agenda 2063 de la UA, compuesto por un Paquete de Inversión, un Paquete de Salud y un Paquete de Educación. El Paquete de Inversión contribuirá a construir economías más diversificadas, inclusivas, sostenibles y resilientes. Nuestros dos continentes aspiran a demostrar y compartir con el resto del mundo el éxito de una agenda de prosperidad que respete a nuestras poblaciones y a nuestro planeta. Este Paquete de Inversiones Global Gateway tiene como objetivo impulsar la inversión pública y privada, aprovechando iniciativas y alianzas ya existentes (Comité de Seguimiento Ministerial UE-UA, 2022).
Este paquete se organizó en torno a los acuerdos alcanzados en las siete mesas de trabajo, cuyos compromisos ofrecen una perspectiva amplia sobre la agenda birregional. Asimismo, tiene un enfoque en infraestructuras sostenibles, desarrollo urbano y conectividad transcontinental. Se comprometió el financiamiento de proyectos clave en transporte, energía renovable y acceso digital; aunque, estas inversiones tributan a los intereses de la UE a partir de la construcción y perfeccionamiento de infraestructuras para la explotación y traslado de materias primas (Consejo Europeo a), 2024).
Desde 2022, la UE ha canalizado fondos a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, apoyando proyectos como el corredor Dakar-Abiyán, la expansión del acceso a electricidad solar en África Occidental y el fortalecimiento de redes digitales en África Oriental (AERAP Science, 2022). Sin embargo, varios gobiernos africanos han criticado la lentitud de la ejecución, los criterios de condicionalidad financiera, y la escasa implicación de actores africanos en la planificación debido a la penetración de capitales europeos en la estructura económica de las naciones, además de los altos niveles de endeudamiento y cobro de intereses (Marín, 2022).
Con respecto al cambio climático y la transición energética, se reafirmó el compromiso de ambas organizaciones con los objetivos del Acuerdo de París, el fortalecimiento de la resiliencia climática y la transición en las matrices energéticas. Además, se discutió el apoyo a la transformación digital de África y a la seguridad alimentaria a través de sistemas agrícolas sostenibles.
Se han financiado iniciativas para el desarrollo de energía solar y eólica en países como Marruecos, Sudáfrica y Kenia, y se establecieron consorcios digitales público-privados, como la Fuerza de Trabajo de Economía Digital África-Europa (AEDET, por sus siglas en inglés). A pesar de estos avances, la transferencia tecnológica sigue siendo limitada, y los subsidios agrícolas europeos continúan distorsionando los mercados africanos, lo que ha generado reclamos sobre la incoherencia de políticas (Zero Carbon Analytics, 2024).
Los acuerdos referentes a migración reafirmaron el principio de “movilidad segura y ordenada”, con énfasis en combatir las redes de tráfico de personas, fomentar vías legales de migración y ampliar los programas de retorno voluntario y reintegración. Se han implementado nuevas fases del Programa Conjunto África-UE sobre Migración y Movilidad, pero la UE ha priorizado el control fronterizo tras la aprobación en 2024 del Nuevo Pacto de Migración y Asilo y ello condujo a la externalización de la gestión migratoria, particularmente con países del Magreb.
Si bien la cumbre insistió en un enfoque equilibrado entre control fronterizo, movilidad regular y desarrollo, la realidad posterior ha estado marcada por un refuerzo del enfoque securitario europeo. El financiamiento de patrullajes fronterizos, centros de detención y acuerdos de readmisión ha prevalecido sobre la promoción de vías legales de migración circular, afectando negativamente la percepción africana de la sinceridad europea en este ámbito. Esto ha limitado el potencial transformador de la cumbre y ha reforzado una lógica disuasoria que, lejos de frenar los flujos, ha incrementado su irregularidad y peligrosidad. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esto ha derivado en vulneraciones sistemáticas de derechos, lo que debilita el discurso de movilidad equitativa (Charón, 2024).
En cuanto a la educación, el número de becas Erasmus+ asignadas a estudiantes africanos se ha duplicado desde 2022, y se ha establecido el Africa Initiative del programa Horizon Europe, con más de 300 millones de euros destinados a proyectos de investigación (Waruru, 2024). No obstante, los niveles de acceso y la representación equitativa en la producción científica global siguen siendo retos importantes, debido a las dependencias estructurales persistentes.
Los acuerdos en cuanto a integración económica se centraron en fomentar la inversión europea en empresas africanas, especialmente en pequeñas y medianas empresas (PYME), mediante mecanismos de garantía de riesgo y apoyo técnico. El BEI ha canalizado créditos y fondos de capital semilla hacia ecosistemas emprendedores en ciudades como Kigali, Accra y Nairobi. A nivel político, la UE ha manifestado respaldo a la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC) y al avance de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA, por sus siglas en inglés), aunque sigue priorizando acuerdos bilaterales con países africanos con los que comparte pasado colonial, lo que es visto como contradictorio a su apoyo a la integración regional (Marín, 2022).
A raíz de la desigual distribución de vacunas durante la pandemia, se acordó el desarrollo de capacidades locales para la producción de vacunas en África, así como el fortalecimiento de los sistemas de salud públicos. Se concretó el establecimiento de centros de producción de vacunas de ácido ribonucleico mensajero (ARNm) en Senegal, Sudáfrica, Egipto y Ruanda, con apoyo técnico de la UE y colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Marín, 2022). También se ha financiado la expansión del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC, por sus siglas en inglés). Aun así, la dependencia tecnológica y la negativa de algunas farmacéuticas a compartir licencias han limitado el impacto a corto plazo, puesto que constituye una de las vías en que estas empresas aumentan el nivel de sus ganancias en forma de plusvalía.
La cumbre reconoció la necesidad de dotar a la Unión Africana de mayor autonomía operativa en el tratamiento de conflictos armados, amenazas híbridas y terrorismo transnacional. Al respaldar el fortalecimiento de la Arquitectura Africana de Paz y Seguridad (APSA), la UE asumió el compromiso de apoyar financieramente mecanismos africanos con el objetivo de mantener su influencia e intereses económicos en el continente y garantizar territorios estables para la inversión de capitales.
Sin embargo, se aplicaron notorias reducciones al presupuesto pactado en años anteriores, que fueron justificadas con el creciente protagonismo de otros actores externos, como Estados Unidos, Rusia y China, que disputan el papel tradicional de la UE como socio prioritario en materia de seguridad (The New York Times, 2022). Asimismo, diversas autoridades de la UE se refirieron a la rigidez de las concepciones panafricanistas de algunas naciones, lo que impide la mediación efectiva en disputas territoriales y armadas (Urbasos et al, 2025).
CONCLUSIONES
La Sexta Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana, al igual que sus predecesoras, constituyó un esfuerzo diplomático para formalizar y restituir los principios en que se basa la dependencia del continente africano al europeo. En ese orden, el discurso de cooperación birregional y alineación estratégica se configura como un mecanismo de dominación ideológica para sostener los mecanismos de dominación económica y política heredados de la etapa colonial.
Por otra parte, aunque el paquete de financiamiento Global Gateway se dedica a sectores clave de la economía y la infraestructura social en la región africana, en realidad tributa a nuevas inversiones de capital europeo, o a garantizar mejores condiciones para la extracción, explotación y transporte de materias primas y/o recursos naturales. En este sentido, las diversas condiciones impuestas por Europa para acceder al financiamiento constituyen un mecanismo de este bloque para frenar la competencia de otras potencias económicas en la región a través de la alianza con las élites en los gobiernos.
En su conjunto, los acuerdos y resultados de la Cumbre solo contribuyen a perpetuar y diversificar la histórica relación de dependencia de la periferia hacia el centro, en lugar de permitir un avance hacia la normalización de las relaciones económicas interregionales. Los resultados futuros dependen del fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento, del involucramiento real de los Estados miembros y de la apertura a una gobernanza más eficiente y representativa.
REFERENCIAS
NOTAS
Cumbre Unión Europea-Unión Africana, 17 y 18 de febrero de 2022. (18 de febrero de 2025). Bussines Europe. https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=es&client=wa&u=https://web.archive.org/web/20220218221516/https://www.businesseurope.eu/events/european-union-african-union-summit-17-18-february-2022
Developing Africa’s mineral resources: What needs to happen. (9 de febrero de 2024). Zero Carbon Analytics. https://zerocarbon--analytics-org.translate.goog/archives/netzero/developing-africas-mineral-resources-what-needs-to-happen?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
Intervención del presidente Charles Michel en la rueda de prensa al término de la Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. (7 de febrero de 2024). Consejo Europeo b) https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/02/18/intervention-du-president-charles-michel-lors-de-la-conference-presse-finale-du-sommet-union-europeenne-union-africaine
Líderes africanos y europeos se reúnen en un contexto de problemas persistentes. (17 de febrero de 2022). The New York Times. https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=es&client=wa&u=https://web.archive.org/web/20220217214025/https://www.nytimes.com/2022/02/17/world/europe/europe-africa-summit-eu.html
Marín, A. (2022). ¿Un “new deal” para África? algunas valoraciones de la VI Cumbre UE-Unión Africana. Real Instituto El Cano. https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/un-new-deal-para-africa-algunas-valoraciones-de-la-vi-cumbre-ue-union-africana/
Pinto, F. (2024). El Sahel, flanco sur de la OTAN, peligrosidad en aumento. Desperta Ferro Contemporánea n.º 65. https://www.despertaferro-ediciones.com/2024/sahel-flanco-sur-otan-peligrosidad-rusia-ucrania-espana-africa-yihadismo-terrorismo/
Protestas en Bruselas frente al Consejo Europeo con motivo del inicio de la VI Cumbre UE-África. (17 de febrero de 2022). Africanews. https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=es&client=wa&u=https://www.africanews.com/2022/02/17/protests-in-brussels-outside-european-council-as-6th-eu-africa-summit-takes-off/
Urbasos, I.; Driessen, M. & Mesa, B. (2025). El nexo Seguridad-Desarrollo en el Sahel. Real Instituto El Cano. https://www.realinstitutoelcano.org/podcast/conversaciones-elcano-el-nexo-seguridad-desarrollo-en-el-sahel-5x10
Waruru, M. (2024) Millions of euros in Erasmus+ funds meant for Africa not used. University World News https://www-universityworldnews-com.translate.goog/post-mobile.php?story=20241006162745940&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
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Intervención del presidente Charles Michel en la rueda de prensa al término de la Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. (7 de febrero de 2024). Consejo Europeo b) https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/02/18/intervention-du-president-charles-michel-lors-de-la-conference-presse-finale-du-sommet-union-europeenne-union-africaine
Líderes africanos y europeos se reúnen en un contexto de problemas persistentes. (17 de febrero de 2022). The New York Times. https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=es&client=wa&u=https://web.archive.org/web/20220217214025/https://www.nytimes.com/2022/02/17/world/europe/europe-africa-summit-eu.html
Marín, A. (2022). ¿Un “new deal” para África? algunas valoraciones de la VI Cumbre UE-Unión Africana. Real Instituto El Cano. https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/un-new-deal-para-africa-algunas-valoraciones-de-la-vi-cumbre-ue-union-africana/
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Protestas en Bruselas frente al Consejo Europeo con motivo del inicio de la VI Cumbre UE-África. (17 de febrero de 2022). Africanews. https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=es&client=wa&u=https://www.africanews.com/2022/02/17/protests-in-brussels-outside-european-council-as-6th-eu-africa-summit-takes-off/
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notas
La burguesía compradora se le denomina a la clase que no desarrolla una base productiva nacional e independiente, sino que actúa principalmente como agente o intermediaria del capital imperialista en un país periférico o dependiente. (Bitácora Marxista-Leninista, 2025)
Se entiende gobernabilidad como la capacidad de un sistema político para mantener estabilidad, legitimidad y eficacia en la gestión pública, en un contexto de demandas sociales crecientes, crisis económicas y tensiones institucionales. Esta depende, además, de la legitimidad ciudadana a los procesos de gobernanza y las relaciones interinstitucionales en los poderes ejecutivo y legislativo. (elaboración propia a partir de Enrique Dussel, 2006)
Concepción marxista sobre la especialización de las economías en el sistema capitalista, donde existe un centro desarrollado y una periferia dependiente a este.
Los tuaregs son una etnia que dominan las rutas de comercio del desierto de Sahara. En el reparto colonial, este pueblo fue dividido en distintos países: Argelia, Libia, Malí, Níger, Burkina Faso y Norte de Mauritania (González, 2021).
Constituye el proceso de acumulación capitalista que se produce mediante el despojo de recursos a entidades públicas o privadas, generalmente a países subdesarrollados, con el objetivo de centralizar capital
Grupo formado por Chad, Mauritania, Mali, Níger y Burkina Faso para detener los ataques terroristas y recuperar el control de los territorios ocupados.
Grupo presuntamente creado por la seguridad rusa para realizar operaciones contra los movimientos insurgentes. Anteriormente a este grupo, operaba el grupo mercenario Wagner en la zona del Sahel.
anexos
Anexo 1
Fuente: Elaboración propia, con datos de la ACLED Data base. ACLED
connect/403edb0044639570ad11bde307648e49/EEE19-badillo-politicas-publicas-accion-cultura-lexterior-espana+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=403edb0044639570ad11bde307648e49
• Prensa Latina. (25 de octubre de 2023). Cuba presente en encuentro regional de educación y cultura. https://archivo.prensa-latina.cu/2023/10/25/cuba-presente-en-encuentro-regional-de-educacion-y-cultura
• Méndez Reyes, E. (2018). Diplomacia Cultural. Aproximación al concepto: y apuntes sobre el modelo de diplomacia cultural en España. Revista de Gestión Cultural. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/114280/10816-42180-1-PB.pdf?sequence=1
• Noya, J. (2007). Diplomacia pública para el siglo XXI. Barcelona: Ariel. ISBN: 978843440004
• Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Succes in World Politics. https://www.academia.edu/28699788/Soft_Power_the_Means_to_Success_in_World_Politics_Joseph_S_Nye_Jr
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023a, 20 de enero de 2023). Visita del antropólogo francés Máxime Toutain a Quisicuaba. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
connect/403edb0044639570ad11bde307648e49/EEE19-badillo-politicas-publicas-accion-cultura-lexterior-espana+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=403edb0044639570ad11bde307648e49
Prensa Latina. (25 de octubre de 2023). Cuba presente en encuentro regional de educación y cultura. https://archivo.prensa-latina.cu/2023/10/25/cuba-presente-en-encuentro-regional-de-educacion-y-cultura
Méndez Reyes, E. (2018). Diplomacia Cultural. Aproximación al concepto: y apuntes sobre el modelo de diplomacia cultural en España. Revista de Gestión Cultural. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/114280/10816-42180-1-PB.pdf?sequence=1
Noya, J. (2007). Diplomacia pública para el siglo XXI. Barcelona: Ariel. ISBN: 978843440004
Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Succes in World Politics. https://www.academia.edu/28699788/Soft_Power_the_Means_to_Success_in_World_Politics_Joseph_S_Nye_Jr
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023a, 20 de enero de 2023). Visita del antropólogo francés Máxime Toutain a Quisicuaba. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Bibliografía
NOTAS
Canadá, Alemania, Comisión Europea, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza.
El GAFIC surgió como resultado de las reuniones convocadas en Aruba, en mayo de 1990, y en Jamaica, en noviembre de 1992. Fue creado con el objetivo de lograr la aplicación efectiva y el cumplimiento de las diecinueve Recomendaciones particularmente elaboradas por ellos, así como las Cuarenta Recomendaciones del GAFI. Hacia el año 2000, su membresía estaba compuesta por: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.
El PC-R-EV fue creado por interés del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en coordinación con el GAFI, con el fin de llevar a cabo ejercicios de autoevaluación y evaluación mutua de las medidas contra el LA vigentes en los veintidós países del Consejo de Europa que al momento no contaban con membresía en el GAFI.
El GAP estuvo compuesto inicialmente por Australia, Bangladesh, Taipei Chino, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, República Popular China, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Estados Unidos y Vanuatu (FATF, 1997, p. 25).
En 1997, se desarrolló la Primera Conferencia sobre Blanqueo de Dinero en África Austral y Oriental. Como consecuencia de esta última, y como resultado de una Reunión de Ministros y Representantes de Alto Nivel, celebrada en Arusha, Tanzania, los días 26 y 27 de agosto de 1999, se logró la creación del ESAAMLG, coordinado inicialmente por Tanzania y con una composición de catorce Estados miembros de la región: Botsuana, Kenia, Lesoto, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue (FATF, 1997, p. 25).
Al momento de su creación el GAFISUD estuvo compuesto por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Entre las organizaciones con las que intercambió el GAFI en el periodo 2001-2011 se encuentran: Banco Africano de Desarrollo, Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, el Banco Central Europeo (BCE), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA/CICTE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El GEA fue creado en Moscú, el 6 de octubre de 2004, con una composición inicial de seis países miembros: Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, la República Popular China, la Federación Rusa y Tayikistán.
El MENAFATF, se fundó en Manama (Bahrein), el 30 de noviembre de 2004, con una composición inicial de 14 países miembros: Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Túnez y Yemen.
El EBR exige que los países adapten su sistema ALA/CFT a la naturaleza de sus riesgos particulares, permite aplicar medidas reforzadas cuando los riesgos sean mayores y medidas simplificadas cuando sean menores. Como resultado, los países podrán optimizar sus recursos para detectar delitos financieros, adoptar medidas coercitivas y aplicar medidas preventivas que correspondan a los riesgos de sectores o actividades concretos. (FATF, 2012, p. 16) Dicho enfoque abarca no solo las instituciones financieras de los países, sino también las APNFD, sí realizan prestación de servicios financieros, por lo que están sujetas a las Recomendaciones del GAFI (Gómez, 2022, p. 42).
El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre entidades, actualmente conocidas como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que fueron también incluidos los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. El Grupo Egmont se dedica y consagra a la colaboración y cooperación internacional entre las UIF. (Egmont Group of Financial Intelligence Units, 2014, p. 3)
El término sanciones financieras dirigidas significa tanto el congelamiento de activos como las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y entidades designadas. (Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI], 2012, p. 129)
El GABAC es un organismo de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central y al momento de su inserción en el GAFI, estaba compuesto por: Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Se creó en 2000 con el mandato de luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, evaluar el cumplimiento de las normas del GAFI por parte de sus miembros, proporcionar asistencia técnica a sus Estados miembros y facilitar la cooperación internacional.
Se refiere a innovaciones financieras propiciadas por la tecnología que podrían dar a lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con un efecto sustancial sobre los mercados y las instituciones financieras y la prestación de servicios financieros. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2018, p. 5)
El término RegTech hace referencia a un conjunto de empresas y soluciones que aúnan la tecnología y la normativa para abordar los requisitos normativos en todos los sectores, incluidos los servicios financieros. (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , 2016, p. 1)
Los Papeles de Panamá han sido considerados la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca (Fitz Patrick, s.f.)
REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS
Recibido: 24 de Agosto de 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 28 de Septiembre de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Arranz Flores, J.C. y García Herrera, B. (2025). La vertiente suní del derecho islámico frente al Derecho Internacional: desafíos contemporáneos de armonización jurídica. Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 6(4). p 76-86.
resumen
Este artículo ofrece un análisis comparativo y crítico de la vertiente suní del Sistema de Derecho Islámico, con el propósito de comprender su estructura normativa, evolución histórica y relevancia en el contexto internacional. A partir de un enfoque metodológico riguroso, se examinan las fuentes del derecho —incluyendo la Sharía, la legislación positiva, la jurisprudencia y la costumbre— así como la configuración institucional de países representativos como Egipto, Marruecos y Arabia Saudita. El estudio aborda las reformas jurídicas contemporáneas en materia de familia, género y derechos humanos; destacando el diálogo entre herencia jurídica islámica, estándares internacionales emergentes y los desafíos que enfrentan los procesos de armonización jurídica. El artículo contribuye al debate sobre pluralismo jurídico, justicia representativa y legitimidad en la gobernanza global, proponiendo una lectura contextualizada y no eurocéntrica del derecho comparado. Entre sus principales aportes se encuentra la articulación de marcos teóricos con fuentes indexadas, la integración de experiencias jurídicas diversas y la proyección de propuestas para fortalecer la agencia normativa del mundo árabe en espacios multilaterales. Este trabajo está dirigido a investigadores, juristas y diplomáticos interesados en la transformación institucional, la cooperación jurídica internacional y la reforma del orden jurídico global desde una perspectiva crítica y plural.
Palabras clave: Derecho Islámico, Sharía, pluralismo jurídico, derechos humanos, armonización jurídica.
ABSTRACT
This article offers a comparative and critical analysis of the Sunni branch of the Arab legal system, aiming to understand its normative structure, historical evolution, and relevance in the international context. Based on a rigorous methodological approach, it examines the sources of law—including Sharia, statutory legislation, jurisprudence, and custom—as well as the institutional configurations of representative countries such as Egypt, Morocco, and Saudi Arabia. The study addresses contemporary legal reforms in the areas of family, gender, and human rights, highlighting the dialogue between Islamic legal heritage and emerging international standards, as well as the interpretive challenges arising in processes of normative convergence. The article contributes to the debate on legal pluralism, representative justice, and legitimacy in global governance, proposing a contextualized and non-Eurocentric reading of comparative law. Among its main contributions are the articulation of theoretical frameworks with indexed sources, the integration of diverse legal experiences, and the projection of proposals to strengthen the normative agency of the Arab world in multilateral arenas. This work is intended for researchers, jurists, and diplomats interested in institutional transformation, international legal cooperation, and reform of the global legal order from a critical and plural perspective.
Keywords: Islamic Law, Sharia, legal pluralism, human rights, legal harmonization.
introducción
En el actual escenario de transformación institucional y reconfiguración de la gobernanza global, el estudio del sistema jurídico árabe adquiere una relevancia estratégica. No solo por su influencia en más de veinte Estados miembros de la Liga Árabe, sino también por su articulación singular entre Derecho Islámico (Sharía), Derecho positivo y tradiciones jurídicas locales. Esta complejidad normativa ha generado un modelo híbrido que desafía las categorías clásicas del derecho comparado y plantea interrogantes sobre la universalidad de los estándares jurídicos internacionales (Gutiérrez Castillo, 2012).
La diversidad jurídica del mundo árabe se manifiesta en múltiples niveles: desde la existencia de dos grandes ramas suniíta y shiíta, siendo la primera la más difundida con sus escuelas clásicas del fiqh (hanafí, malikí, shafií, hanbalí), hasta las reformas constitucionales contemporáneas que buscan armonizar la tradición islámica con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos (Otto, 2008). Países de la tradición mayoritaria suní como Egipto, Marruecos y Arabia Saudita ilustran esta pluralidad, al combinar sistemas codificados con tribunales religiosos y estructuras consuetudinarias, generando un diálogo entre la herencia islámica y los estándares internacionales emergentes (Mallat, 2007).
El presente artículo tiene como objetivo ofrecer una aproximación analítica a la vertiente suní del sistema de derecho árabe desde una perspectiva comparativa, destacando sus fundamentos históricos, sus fuentes normativas y sus dinámicas institucionales. Asimismo, se examinarán los procesos de reforma jurídica en curso tomando como muestra los países de Egipto, Marruecos y Arabia Saudita, debido a que agrupan características representativas e individualizadoras dentro del sistema de Derecho Islámico. La metodología empleada combina el análisis documental, normativo y comparativo, con énfasis en marcos teóricos del Derecho Internacional y el Derecho Islámico.
desarrollo
Fundamentos históricos y normativos del sistema jurídico árabe
El Derecho Islámico, constituye uno de los sistemas jurídicos más antiguos y complejos del mundo, cuya evolución está íntimamente ligada a la expansión del islam como religión, civilización y orden político. Su principal fuente, la Sharía -literalmente “el camino”-, no se limita a una codificación legal, sino que representa un conjunto de normas éticas, rituales y jurídicas derivadas del Corán, la Sunna (tradición profética), el consenso (ijma), la analogía (qiyas), la interpretación (ijtihad) y la costumbre (urf’) (Otto, 2008; Pinzón Contreras, 2012).
El Corán, libro sagrado similar a la Biblia del cristianismo, es más que un texto religioso. Para la comunidad musulmana constituye una guía completa de vida, se considera la última revelación de Allah a la humanidad. Está compuesto de 114 suras o capítulos y más de 6000 aleyas o versículos, algunos de los cuales poseen un sentido puramente espiritual, ético, orientador y jurídico. En cuanto al sentido normativo de este texto, debemos decir que destina un determinado número de versículos a cada tipo de relación jurídica según la materia, con una vocación de sistematicidad similar a la de los códigos en el derecho romano-germano-francés. De este modo, la literatura jurídica distingue diez versículos con carácter constitucional, setenta que rigen el estatuto personal, otros setenta que contemplan todo lo referente a las relaciones civiles, diez relativos al derecho económico y financiero, trece de carácter puramente procesal, que permiten encausar los conflictos en sede judicial y por último, los referentes a las relaciones internacionales que son veinticinco (Camille Jauffret-Spinosi, 2010, p. 335), los cuales son memorizados y recitados como muestra de alabanza.
La revelación coránica, recibida por el profeta Mahoma entre los años 610 y 632, estableció los principios fundamentales del orden islámico. Sin embargo, la necesidad de interpretar y aplicar estas normas en contextos diversos dio lugar al desarrollo de las otras fuentes: jurisprudencia islámica (fiqh), al consenso de los operadores jurídicos (ijma), a la analogía (qiyas), cuyo uso ha ido aumentando con el paso del tiempo para poder adaptar el sistema jurídico a nuevas situaciones inexistentes en sus tiempos iniciales y a la costumbre (urf’), en determinadas comunidades. Este sistema se consolidó entre los siglos VIII y X con la formación de las cuatro escuelas jurídicas suníes: hanafí, malikí, shafií y hanbalí (Martos Quesada, 2008). Estas escuelas no solo difieren en sus métodos de interpretación, sino también en su concepción del papel de la razón, la costumbre y la autoridad política en la producción normativa (Schacht, 1982; Hallaq, 2009).
La escuela hanbalí, fundada por Ahmad Ibn Hanbal (780-855 d.C), dominante en Arabia Saudita, representa el enfoque más conservador. Se caracteriza por su literalismo y apego exclusivo al Corán y la Sunna, rechazando el uso de fuentes secundarias como la analogía (qiyas) o la costumbre (urf’). Esta rigidez doctrinal ha limitado su capacidad de adaptación, aunque ha permitido reformas puntuales —como la autorización del derecho de las mujeres a conducir y la flexibilización del sistema de tutela masculina— mediante decretos reales que reinterpretan la Sunna en clave de interés nacional, sin modificar la estructura doctrinal tradicional (Schacht, 1982; Alnasir, 2020).
La escuela shafií, fundada por al-Shafii (767-820 d.C), aunque más formalista, ha contribuido a la armonización jurídica mediante el uso del consenso doctrinal (ijma) como base para reformas constitucionales. En países como Egipto, esta doctrina ha sido empleada para justificar avances en libertad religiosa y debido proceso, especialmente en contextos de pluralismo institucional (Otto, 2008; Hallaq, 2009). Sin embargo, su rigidez metodológica ha limitado la incorporación de criterios como el interés público o la costumbre, lo que reduce su flexibilidad interpretativa.
La escuela malikí, fundada por Malik Ibn Anas (711-795 d.C), predominante en el Magreb, ha ofrecido aportes significativos a la armonización jurídica a través del concepto de maslaha mursala (interés público). Esta herramienta ha sido clave en reformas sociales como la del Mudawwana (Código de Familia) en Marruecos (2004), que introdujo principios de igualdad de género sin romper con la legitimidad islámica (Fernández Cabrera, 2022). En Túnez, la misma doctrina ha respaldado la abolición de la poligamia y el reconocimiento de derechos reproductivos, en diálogo con estándares internacionales. Su apertura a la práctica comunitaria de Medina como fuente jurídica ha permitido una interpretación contextualizada de la norma.
Finalmente, la escuela hanafí, fundada por Abu Hanifa (699-767 d.C), ha sido la que más ha contribuido a la armonización jurídica entre el Derecho Islámico y el Derecho Internacional. Su enfoque racionalista, basado en el uso extensivo del razonamiento analógico (qiyas), la preferencia jurídica (istihsan) y la aceptación de la costumbre como fuente subsidiaria, ha facilitado la codificación de sistemas híbridos. Ejemplo de ello es el Mecelle otomano (1876), que integró principios islámicos con el derecho europeo, y el Código Civil egipcio de 1949, redactado por Abd al-Razzaq al-Sanhuri, que armoniza la Sharía con el modelo romano-germánico (Hallaq, 2009; Alnasir, 2020). Esta flexibilidad metodológica ha permitido la recepción de tratados internacionales con reservas mínimas y ha favorecido la adaptación normativa sin desarraigo dogmático, consolidando a la escuela hanafí como la más progresista y eficaz en procesos de convergencia jurídica (Echevarría Arsuaga, 2022).
Estructura institucional y reformas en los ordenamientos jurídicos árabes
La evolución del Derecho Islámico no fue lineal ni homogénea. A partir del siglo XIX, el colonialismo europeo introdujo profundas transformaciones en los sistemas jurídicos árabes (Alnasir, 2020). La imposición de códigos civiles inspirados en el modelo napoleónico, implicó una marginalización de las escuelas jurídicas tradicionales (Ramos Tolosa, 2021). Sin embargo, la Sharía no desapareció. En muchos países árabes, especialmente en materia de derecho de familia, sucesiones y moral pública, sigue siendo fuente normativa principal (Vázquez Gómez, 2007; Shah, 2005).
La estructura institucional del derecho en los países árabes se caracteriza por una articulación compleja entre fuentes religiosas, estatales y consuetudinarias. Esta pluralidad normativa responde tanto a la herencia del Derecho Islámico como a los procesos de codificación moderna y constitucionalización iniciados en el siglo XIX. Aunque existe una base común en la referencia a la Sharía como fuente jurídica, los modelos institucionales varían considerablemente entre países de tradición suniita, como se observa en los casos de Egipto, Marruecos y Arabia Saudita.
En Egipto, el sistema jurídico se apoya en una Constitución escrita que ha sido reformada en múltiples ocasiones, siendo la versión de 2014 una de las más avanzadas en el mundo árabe en términos de derechos fundamentales y separación de poderes (Castañeda Reyes, 2016). Esta Constitución establece que los principios de la Sharía son la fuente principal de legislación, lo que ha generado debate entre el constitucionalismo liberal y la normatividad islámica (Gutiérrez Castillo, 2012).
Marruecos, por su parte, reformó su Constitución en 2011, reconociendo al Islam como religión del Estado, pero también incorporando principios de pluralismo jurídico, diversidad cultural y fortalecimiento del poder judicial (Fernández Cabrera, 2022). En contraste, otros países como Arabia Saudita no poseen una Constitución escrita en sentido occidental; su marco normativo se basa en la Sharía, complementada por decretos reales y normas administrativas, lo que configura un sistema de supremacía religiosa sin codificación formal (Otto, 2008).
La legislación positiva en estos países ha sido profundamente influenciada por modelos europeos, especialmente el francés. Egipto adoptó el Código Civil de 1949, redactado por Abd al-Razzaq al-Sanhuri, quien intentó armonizar el Derecho Islámico con el derecho romano-germánico, creando un cuerpo normativo híbrido que aún rige en gran parte del mundo árabe (Alnasir, 2020).
Marruecos también adoptó códigos civiles y penales de inspiración francesa, aunque mantiene jurisdicciones religiosas en materia de estatuto personal, como el ya mencionado Mudawwana (código de familia islámico), reformado en 2004 para incorporar principios de igualdad de género y protección de la infancia. Arabia Saudita, en cambio, emite legislación por decreto real, basada en interpretaciones hanbalíes de la Sharía, sin codificación sistemática, lo que otorga al juez un amplio margen de discrecionalidad (Schacht, 1982).
La jurisprudencia desempeña un papel interpretativo más que vinculante en los sistemas jurídicos árabes. En Egipto, el Tribunal Constitucional Supremo ha desarrollado una doctrina que influye en la interpretación de derechos fundamentales y en la relación entre la Sharía y el Derecho positivo, estableciendo límites a la aplicación literal de normas religiosas cuando estas contradicen principios constitucionales (Ramos Tolosa, 2021). Marruecos cuenta con un Consejo Constitucional que revisa la constitucionalidad de las leyes, aunque su jurisprudencia no tiene fuerza vinculante general. En Arabia Saudita, los jueces aplican la jurisprudencia islámica (fiqh) según su interpretación personal, lo que genera variabilidad y dependencia del criterio judicial, en ausencia de precedentes obligatorios (Otto, 2008).
La costumbre (urf’) sigue siendo una fuente relevante en muchos países árabes, especialmente en zonas rurales y en materias como derecho de familia, propiedad y resolución de conflictos. En Marruecos, por ejemplo, las jama’as locales y los ‘aduls (notarios y registradores religiosos) aplican normas consuetudinarias reconocidas por el Estado, lo que permite una cierta institucionalización de la costumbre (Shah, 2005). En Arabia Saudita, la costumbre tribal puede influir en decisiones judiciales, aunque subordinada a la Sharía. Egipto, en cambio, ha reducido progresivamente el papel de la costumbre en el sistema jurídico, privilegiando la legislación codificada y la jurisprudencia constitucional.
Por otro lado, la coexistencia de tribunales religiosos y civiles constituye una característica distintiva del derecho árabe. Egipto presenta un modelo de convergencia, donde los tribunales civiles aplican normas religiosas en materia de estatuto personal, diferenciando entre musulmanes, cristianos y judíos. Esta estructura fue consolidada tras la supresión de los tribunales mixtos en 1949, lo que marcó el fin de una etapa de jurisdicción compartida entre jueces nacionales y extranjeros (Mansur, 1950). Marruecos mantiene tribunales de familia que aplican el Mudawwana, pero bajo supervisión estatal, lo que permite cierta armonización entre Derecho Islámico y Derecho positivo. Arabia Saudita opera bajo un sistema de exclusividad religiosa, donde los tribunales son íntegramente islámicos y los jueces son formados en jurisprudencia hanbalí, sin intervención de órganos civiles en la administración de justicia (Fernández Cabrera, 2022).
Las reformas jurídicas en los países árabes en materia de familia, género y derechos humanos han estado marcadas por un complejo equilibrio entre la preservación de la tradición islámica y la necesidad de adaptación a los estándares internacionales. Esta problemática se manifiesta en los códigos de estatuto personal, en las políticas de igualdad de género y en la recepción de instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente en contextos postcoloniales y de transición política.
Uno de los ámbitos más sensibles ha sido el derecho de familia, donde las reformas han buscado compatibilizar los principios de la Sharía con los derechos fundamentales. Marruecos constituye un ejemplo paradigmático con la reforma del Mudawwana en 2004, que introdujo cambios sustanciales en materia de tutela, matrimonio, divorcio y custodia, reconociendo mayor autonomía a las mujeres. Esta reforma fue impulsada por el movimiento feminista local y por la presión internacional, especialmente en el marco de la cooperación con la Unión Europea. Sin embargo, persisten disposiciones que mantienen la desigualdad estructural, como la autorización del matrimonio de menores bajo ciertas condiciones (Fernández Cabrera, 2022).
En Egipto, las reformas han sido más fragmentarias. La Ley nº 1 de 2000 sobre el derecho de la mujer al divorcio (khulʿ) representó un avance significativo, al permitir que las mujeres soliciten la disolución del matrimonio sin necesidad de probar daño, aunque renunciando a derechos económicos (Castañeda Reyes, 2016). A pesar de estos avances, el sistema judicial egipcio continúa aplicando normas diferenciadas según la confesión religiosa, lo que genera desigualdades en el acceso a derechos civiles y familiares (Gutiérrez Castillo, 2012).
Arabia Saudita ha iniciado reformas más recientes, especialmente desde 2018, con la eliminación de restricciones al derecho de movilidad de las mujeres, la autorización para conducir y la flexibilización del sistema de tutela masculina. No obstante, el sistema legal sigue basado en la jurisprudencia hanbalí, sin codificación sistemática, lo que dificulta la garantía de derechos universales (Otto, 2008). La ausencia de una Constitución escrita y de un poder judicial independiente limita la efectividad de las reformas, que son implementadas por decreto real y sujetas a interpretación religiosa.
Armonización jurídica entre el Derecho Islámico, el Derecho Internacional y los sistemas mixtos
Los conflictos derivados de necesidad de actualización jurídica se agudizan en el ámbito de los derechos humanos. Aunque la mayoría de los países árabes han ratificado tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), lo han hecho con reservas sustanciales, especialmente en lo relativo a la igualdad en el matrimonio y la familia (Uruburu Colsa, 2009). Estas reservas se justifican en la incompatibilidad con la Sharía, lo que evidencia una resistencia estructural a la armonización plena con el Derecho Internacional.
La armonización jurídica ha sido promovida por organismos multilaterales y por redes feministas transnacionales, que abogan por una reinterpretación progresista del Islam en clave de justicia de género (Mijares & Ramírez, 2023). En Marruecos y Túnez, esta reinterpretación ha influido en reformas legislativas que reconocen derechos sexuales y reproductivos, aunque con límites impuestos por el conservadurismo religioso y político. En Egipto, la cooperación con Naciones Unidas ha impulsado programas de capacitación judicial y reformas institucionales, pero la represión contra defensores de derechos humanos ha debilitado estos esfuerzos (Pelayo, 2010).
El pluralismo jurídico también plantea desafíos en la implementación de reformas. En contextos donde coexisten tribunales religiosos y civiles, como en Egipto y Marruecos, la aplicación de normas internacionales se ve condicionada por la interpretación judicial y por la resistencia de sectores religiosos. En Arabia Saudita, la ausencia de tribunales civiles impide cualquier tipo de armonización efectiva, aunque se han creado instancias administrativas para atender casos de violencia doméstica y discriminación laboral (Schacht, 1982).
La creciente interdependencia normativa en el sistema internacional ha intensificado el debate sobre la compatibilidad entre el Derecho Islámico (Sharía) y los estándares del Derecho Internacional contemporáneo, especialmente en materia de derechos humanos, género, debido proceso y pluralismo institucional. Esta problemática no se reduce a una dicotomía entre tradición y modernidad, sino que revela la necesidad de construir puentes interpretativos que permitan una armonización sustantiva sin sacrificar la legitimidad cultural ni la coherencia jurídica interna (Gutiérrez Castillo, 2012).
La Sharía, como sistema normativo integral, posee principios éticos y jurídicos que pueden dialogar con el Derecho Internacional, siempre que se adopten metodologías hermenéuticas abiertas, como el ijtihad contextualizado y la reinterpretación de fuentes clásicas desde una perspectiva de justicia sustantiva. Experiencias como las reformas del Mudawwana en Marruecos o el reconocimiento del khul’ en Egipto demuestran que es posible adaptar instituciones islámicas a marcos normativos universales sin desarraigo dogmático (Castañeda Reyes, 2016). No obstante, la armonización enfrenta resistencias doctrinales y políticas, especialmente en contextos donde el Derecho Islámico se considera fuente exclusiva de legitimidad normativa.
Por otra parte, en países donde confluyen fuentes del derecho árabe con tradiciones anglosajonas o de Derecho Continental Europeo —como Sudán, Qatar o Pakistán— se plantea una segunda dimensión de armonización: la coherencia interna del sistema jurídico. La coexistencia de normas islámicas, precedentes judiciales y legislación codificada genera fragmentación normativa, inseguridad jurídica y conflictos de competencia entre tribunales (Ramos Tolosa, 2021). En estos contextos, la armonización requiere reformas institucionales que definan jerarquías normativas claras, delimiten competencias jurisdiccionales y promuevan una codificación integradora que respete la pluralidad sin caer en la contradicción (Fernández Cabrera, 2022).
La armonización del derecho penal árabe con los estándares internacionales también enfrenta obstáculos sustantivos y procedimentales que se concentran en áreas particularmente sensibles: los delitos de hudud, las penas corporales, la criminalización de la apostasía y la blasfemia, y las disposiciones penales en materia de género y moral pública. Estos aspectos, profundamente arraigados en la jurisprudencia islámica clásica, generan fricciones con principios fundamentales del derecho penal moderno, como la legalidad, la proporcionalidad, la tipicidad y la prohibición de tratos crueles o inhumanos.
Uno de los principales focos de conflicto es la aplicación de penas corporales como la flagelación, la amputación o la lapidación, previstas en los delitos de hudud (castigos fijos por delitos graves según la Sharía). Aunque en muchos países árabes estas penas han sido formalmente suspendidas o sustituidas por sanciones alternativas, su presencia en los textos legales y su aplicación ocasional contradicen el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe la tortura y los tratos crueles (Gutiérrez Castillo, 2012).
Otro ámbito problemático es la criminalización de la apostasía y la blasfemia, vigente en países como Arabia Saudita, Sudán y Mauritania. Estas figuras penales vulneran el principio de libertad de pensamiento, conciencia y religión consagrado en el artículo 18 del mismo pacto, y han sido objeto de condena por parte de órganos internacionales de derechos humanos (Ramos Tolosa, 2021). En Egipto, aunque no existe un delito formal de apostasía, se han utilizado disposiciones sobre “desacato a la religión” para perseguir a intelectuales y activistas, lo que evidencia una aplicación expansiva del derecho penal en detrimento de las libertades fundamentales (Castañeda Reyes, 2016).
Las disposiciones penales en materia de género también presentan serias dificultades de armonización. En varios países árabes, los códigos penales contemplan atenuantes para los llamados “crímenes de honor”, lo que implica una discriminación estructural contra las mujeres y una vulneración del principio de igualdad ante la ley (Uruburu Colsa, 2009). Asimismo, la criminalización de relaciones sexuales consensuales fuera del matrimonio y de la homosexualidad, vigente en más de una decena de Estados árabes, contradice los estándares internacionales sobre privacidad, no discriminación y autonomía personal.
Finalmente, el uso del derecho penal para sancionar conductas morales o religiosas, como el consumo de alcohol, el incumplimiento del ayuno en Ramadán o la vestimenta considerada “indecente”, plantea problemas de proporcionalidad y de legitimidad normativa. Estas disposiciones, aunque justificadas por razones culturales o religiosas, deben ser revisadas a la luz del principio de mínima intervención penal y del respeto a los derechos individuales.
La armonización jurídica, tanto externa como interna, exige una voluntad política sostenida, formación judicial especializada y participación activa de actores religiosos, académicos y civiles. No se trata de imponer modelos normativos homogéneos, sino de construir articulaciones coherentes entre sistemas diversos, capaces de garantizar la justicia, la seguridad jurídica y la dignidad humana en contextos culturalmente complejos. La superación de estos obstáculos requiere no solo reformas legislativas, sino también una transformación doctrinal que permita reinterpretar el Derecho Islámico en clave de justicia, dignidad y derechos humanos. La armonización penal no implica la negación de la identidad jurídica islámica, sino su actualización crítica en diálogo con el Derecho Internacional.
Se debe dejar claro que, si bien los modelos jurídicos híbridos —como los de Egipto y Marruecos— ofrecen ventajas significativas para la armonización con el Derecho Internacional, a través de la existencia de marcos constitucionales, tribunales civiles y mecanismos legislativos que permiten reinterpretaciones normativas, también enfrentan desafíos como la fragmentación institucional, la coexistencia conflictiva entre fuentes religiosas y positivas, y la resistencia de sectores conservadores.
Por otro lado, los sistemas más tradicionales —como el de Arabia Saudita— presentan una estructura jurídica más homogénea y una aplicación directa de la Sharía, lo que facilita la coherencia interna, pero limita la incorporación de estándares internacionales, especialmente en materia de derechos humanos. No obstante, la experiencia reciente demuestra que incluso en contextos de supremacía religiosa pueden implementarse reformas puntuales orientadas a la convergencia normativa.
En ese sentido, para que dicha armonización sea sustantiva y no meramente administrativa, resulta indispensable una reforma teológica que habilite metodologías hermenéuticas abiertas, como el ijtihād contextualizado, capaces de reinterpretar las fuentes clásicas del Derecho Islámico en clave de justicia, dignidad y derechos universales. Esta transformación doctrinal no implica una renuncia a la identidad jurídica islámica, sino su actualización crítica en diálogo con los principios del Derecho Internacional.
conclusiones
El análisis comparado de los sistemas jurídicos árabes de vertiente suní permite afirmar que el Derecho Islámico constituye un cuerpo doctrinal dinámico, con capacidad adaptativa y potencial de convergencia con el Derecho Internacional. Las reformas jurídicas recientes en materia de familia, género y derechos humanos evidencian que, tanto en modelos híbridos como en sistemas más tradicionales, existen márgenes de maniobra para avanzar hacia una mayor coherencia normativa. Los modelos híbridos, como los de Egipto y Marruecos, presentan ventajas institucionales para la armonización, como marcos constitucionales, pluralidad de fuentes y tribunales civiles; sin embargo, también enfrentan desafíos como la fragmentación normativa y la coexistencia conflictiva entre fuentes religiosas y positivas. Por su parte, los sistemas tradicionales, como el de Arabia Saudita, ofrecen mayor coherencia interna y continuidad jurisprudencial, pero presentan limitaciones estructurales para incorporar estándares internacionales, especialmente en materia de derechos humanos.
En ambos casos, la armonización jurídica requiere no solo voluntad política e innovación institucional, sino también una transformación doctrinal que habilite metodologías hermenéuticas abiertas —como el ijtihad contextualizado— capaces de reinterpretar las fuentes clásicas en clave de justicia, dignidad y derechos universales. Esta reforma teológica, lejos de implicar una ruptura con la identidad jurídica islámica, puede fortalecer su legitimidad en contextos globalizados y facilitar su integración en espacios multilaterales. Asimismo, se subraya que la armonización debe ser bidireccional: el Derecho Internacional también debe reconocer la legitimidad epistemológica del Derecho Islámico, evitando enfoques impositivos o reduccionistas que obstaculicen el diálogo normativo. En conjunto, estos hallazgos contribuyen a repensar el pluralismo jurídico como herramienta analítica para una justicia global más representativa, contextualizada y legítima.
referencias
Recibido: 1 de Agosto de 2025
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El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.
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Aprobado: 8 de Septiembre de 2025
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Jiménez Sánchez,C.L. (2025). De Luanda a La Habana: impacto de la guerra de Angola en el arte cinematográfico y musical cubano. Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 6(4). p 88-96.
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Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 6(4).
resumen
Este trabajo examina la influencia de la participación internacionalista cubana en la Guerra de Angola (1975-1991) en las expresiones artísticas de la Isla, específicamente en el cine y la música cubanas. El estudio destaca cómo la “Operación Carlota”, que involucró a cientos de miles de cubanos, trascendió el ámbito militar para impregnar la cultura nacional. Para ello, se analizan obras cinematográficas como “Caravana”, “Kangamba”, “Sumbe”, entre otras, las cuales, al recrear las experiencias de los combatientes, obtuvieron una significativa recepción popular y se erigieron en una contranarrativa a las producciones hollywoodenses. En la música, se explora la obra de artistas de la Nueva Trova, como Silvio Rodríguez, y de grupos como Karachi y Sonido Caney, cuyas composiciones se convirtieron en soundtracks emotivos de la época. El artículo argumenta que estas producciones artísticas fueron esenciales para procesar, narrar y memorializar la experiencia angolana, reforzando los lazos culturales de Cuba y África, además de dejar una huella indeleble en la identidad cultural contemporánea de la nación caribeña.
Palabras clave: Guerra de Angola, cine cubano, música cubana, identidad cultural, participación internacionalista cubana.
ABSTRACT
This work examines the influence of Cuba´s internationalist participation in the Angolan War (1975-1991) on the artistic expressions of the island, specifically in its films and music. The study highlights how “Operation Carlota”, which involved hundreds of thousands of Cubans, transcended the military sphere to permeate national culture. Regarding Cuban films, works such as “Caravana”, “Kangamba”, “Sumbe” and others, are analyzed; by recreating the experiences of the combatants, these films achieved significant popular reception and emerged as a counter-narrative to Hollywood productions. In Cuban music, the work of artists from the Nueva Trova movement, such as Silvio Rodríguez, and groups like Karachi and Sonido Caney, whose work became inspiring soundtracks of the time, is explored. The article argues that these artistic productions were essential for processing, narrating and memorializing the Angolan experience, reinforcing cultural ties between Cuba and Africa, and leaving an indelible mark on the Caribbean nation´s contemporary cultural identity.
Keywords: Angolan War, Cuban films, Cuban music, cultural identity, Cuba´s internationalist participation.
introducción
Una de las facetas más significativas de la historia cubana tras el Triunfo de la Revolución en 1959, la constituyó su participación activa en las luchas internacionalistas contra el dominio imperialista, principalmente en África. En este sentido, la presencia de Cuba en la lucha del continente africano, fue determinante para que algunos Movimientos de Liberación Nacional se alzaran con la victoria. Tal fue el caso del triunfo del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA)1 sobre el régimen de Apartheid sudafricano, que buscaba expandir su control en toda la región austral de ese continente. A la par, la experiencia del apoyo a estos procesos tuvo un impacto significativo en la sociedad cubana.
La intervención llevada a cabo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cubanas, en apoyo a las Fuerzas Armadas Populares de la Liberación de Angola (FAPLA), fue bautizada con el nombre en clave de “Operación Carlota”. Su articulación fue de incalculable envergadura, tanto en suelo africano como a lo interno de la nación caribeña. La vinculación directa de más de 377 000 combatientes, durante los 15 años y medio que duró el conflicto (1975-1991), así como de otras 50 000 personas entre educadores, médicos, civiles, artistas e intelectuales cubanos, determinó que la sociedad y arte insulares contemporáneas se viesen altamente influenciadas por el conflicto y la cultura africana (Cubadebate, 2020).
A raíz de ello, palabras popularizadas en los años 90 del siglo pasado como “candonga” o “quimbo”, se volvieron de uso cotidiano en el habla del pueblo cubano, haciendo referencia a lugares de intercambio de bienes, o barrios con una difícil situación socioeconómica, respectivamente. Estos y otros términos, de claro origen africano-angolano, se convirtieron en una de las formas en que se manifestó la incidencia cultural en la Isla.
Asimismo, la migración de Angola hacia Cuba, y viceversa, aumentó de manera tal que, antes de 1990, muchos angolanos viajaron a Cuba a estudiar, o en busca de oportunidades económicas y laborales. Tras la caída del campo socialista y el agravamiento de la situación económica de la Isla, la migración de cubanos hacia Angola se incrementó, aprovechando los lazos familiares que muchos habían establecido durante la guerra (García, 2017).
Sin embargo, a pesar de todas las implicaciones sociolingüísticas que tuvo la reconexión directa de Cuba con sus raíces africanas, unos de los espacios donde más se aprecia la influencia de esta conflagración en el contexto histórico cubano son su cine y su música. Las grandes producciones cinematográficas y musicales, principalmente en el movimiento de la Nueva Trova, creadas por artistas contemporáneos o por otros que hallaron en la epopeya angolana fuente de inspiración, se convirtieron en exponentes de la concepción popular cubana de la empresa internacionalista en África.
En este sentido, es el objetivo del presente artículo presentar el impacto de la intervención cubana en la guerra de independencia de Angola en el arte cinematográfico y musical de la Isla. Para ello, se identificarán algunos de los principales artistas, exponentes, filmes, largometrajes y cortometrajes cubanos que encontraron inspiración en la epopeya bélica.
desarrollo
Mucho se ha escrito y debatido sobre el efecto que tuvo la intervención cubana en los procesos emancipatorios en toda África, principalmente en Angola. Sin embargo, asombra el poco tratamiento que se le ha dado desde la academia a la investigación de lo que la nación antillana obtuvo de este intercambio con culturas.
El impacto del conflicto en el arte cinematográfico cubano.
En el cine de la época, se desarrollaron varias producciones nacionales de gran envergadura que buscaron representar el papel de los combatientes cubanos en la contienda bélica en Angola. Estas, sirvieron para el desarrollo artítico de los ya veteranos directores cubanos, así como para jóvenes actores.
Entre las primeras cintas en ser concebidas de la participación cubana en la Guerra de Angola, está “Caravana” (1990), un filme de ficción histórica, dirigido por Rogelio París2 (La Vanguardia, s.f.). Durante la trama del filme, se puede apreciar la cotidianidad de los soldados y civiles involucrados en la misión internacionalista y su acción combativa, particularmente en una caravana encargada de transportar pertrechos y suministros a lugares recónditos del país, así como el enfrentamiento a las fuerzas de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA)3.
Con este estreno, se hizo llegar a la pantalla cubana una representación de la experiencia en campaña vivida en Angola. Los papeles protagónicos estuvieron encarnados en los actores Manuel Porto, Omar Moynello, Patricio Wood, Samuel Claxton, Enrique Molina, Nancy González y otros, lo que favoreció la implicación directa del público a partir de la identificación con sus personajes y actuaciones. Esta producción dio la vuelta al archipiélago, dejando en el imaginario popular imágenes del heroísmo de los internacionalistas, así como de sus tribulaciones y miedos, en escenas que son, en palabras del codirector Julio César Rodríguez, “(…) un acercamiento a los héroes de carne y hueso, cotidianos, normales en lo extraordinario (…)” (ENDAC citando a Julio César Rodríguez, s.f.).
A pesar de que buena parte de lo que se recuerda sobre la producción cubana respecto a la guerra en Angola son las principales producciones fílmicas, no se puede dejar de mencionar el impacto que tuvo la serie-documental “La epopeya de Angola”, del realizador Milton Díaz Cánter, la cual fue estrenada en 2007. Con una comprometida vocación artística al servicio de la Revolución, y para honrar a sus compañeros de lucha, este productor recurrió a más de 350 entrevistados, muchos de ellos angolanos, namibios y sudafricanos para “reconstruir este ejercicio de la memoria histórica” (Martell, 2017).
El documental se encargó de mostrar, a través de sus más de 20 capítulos, las imágenes más realistas de la acción cubana en Angola, principalmente los acontecimientos desde finales de 1974 hasta 1991.
Otro de los filmes icónicos sobre el tópico, es la película bélica “Kangamba”, producida en 2008 por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), y también con Rogelio París como director. Este material contó con la participación de Alain Ortiz como director artístico, Rafael Rodríguez como productor, y varios actores reconocidos como Armando Tomey, Rafael Lahera, Linnett Hernández, Samuel Claxton, Alexis Díaz de Villegas, Herón Vega y Jorge Enrique Caballero, entre otros (Gran Cine, s.f.).
La cinta tuvo un impacto directo en Cuba y el mundo al narrar, a través de la pantalla, los acontecimientos que tuvieron lugar en el contexto de la Guerra de Independencia de Angola, particularmente la batalla de Kangamba, de 1983, en la provincia de Moxico. Calificada por el Comandante en Jefe Fidel Castro como “uno de los filmes más serios y dramáticos que vi nunca”, se convirtió rápidamente en la película más vista en Cuba durante su año de lanzamiento (Gran Cine, s.f.). Grabada con maestría, las escenas causaron una gran satisfacción en los veteranos y sus familias, pues se mostró como un recordatorio de lo vivido en el África.
Este filme se presentó como una alternativa a las producciones occidentales, dando al pueblo una visión autóctona, verdaderamente crítica y ajustada a los sucesos reales acontecidos en el frente sur de Angola. Según datos del propio ICAIC, tras el lanzamiento, alrededor de 415 000 personas tuvieron acceso a la película en más de 400 salas de cine diseminadas por todo el país, en un período de diez días (Gran Cine, s.f.). Esto, a pesar de que el archipiélago se había visto azotado recientemente por el huracán Ike.
Así mismo, en 2011, se estrenó “Sumbe”, en la provincia de Granma, con la presencia de varios veteranos de la contienda angolana. La obra, dirigida por Eduardo Moya4, narra la batalla que tuvo lugar en la localidad homónima, el 25 de marzo de 1984. Esta elaboración contó con el testimonio de 50 sobrevivientes, utilizados por el director para redactar el guión, lo cual aportó fidelidad a la narración de los sucesos (Televisión Cubana, 2011). La película, como otras, busca reflejar la realidad de los internacionalistas cubanos y se convierte en un catalizador de la experiencia y emociones de toda una generación que se vio involucrada en la lucha de manera directa.
Una de las producciones más recientes es “La emboscada”, la cual también aborda los acontecimientos en Angola. Esta narra la historia de cuatro combatientes que sobreviven a un asalto de las tropas enemigas, involucrándose en un dilema en el que se presentan visiones diversas marcadas por existencialismos generacionales: padres e hijos, viejos y jóvenes, que no comparten determinadas ideas, y que además cuentan con toda una vida que se desarrollaba, paralelamente, en sus hogares dejados atrás. La obra, de Alejandro Gil,5rodada durante 2012 y estrenada en 2015 (García, 2015), evoca las dicotomías propias de un debate entre personas de diferentes grupos etarios que se encuentran ante una situación extrema.
Todas estas producciones cinematográficas tomaron su lugar en la conciencia social del público cubano, recreando los escenarios propios de la lucha internacionalista. Asimismo, crearon una imagen basada en las realidades cubanas, reconociendo sus virtudes y defectos, sin interferencias de la industria cinematográfica hollywoodense.
El impacto de la guerra en las manifestaciones musicales contemporáneas.
Se puede declarar que la participación cubana en la guerra tuvo una incidencia directa en los movimientos musicales de la nación. La influencia del conflicto como fuente de inspiración y escenario para la puesta en acción de nuevas creaciones, fue relevante para que muchos artistas, principalmente exponentes de la Nueva Trova, como el grupo Maguaré, Los Cañas, Vicente Feliú, Noel Nicola y Pablo Milanés (Perrerac, s.f.), enriquecieran su carrera musical.
Uno de los trovadores que pidió fervientemente viajar a Angola fue Silvio Rodríguez, episodio que queda recogido en su carta a Alfredo Guevara6, presidente del ICAIC, donde declaraba:
Primero un saludo y, sin rodeos, al grano: quiero que me des la oportunidad de irme a Angola. (…) Te informo que haré todo lo posible por esta decisión. El camino está meditado y escogido con serenidad y sin romanticismo. (Perrerac, citando a Silvio Rodríguez, s.f.)
Durante su estancia en Angola, el trovador compuso varias canciones que trascenderían en su carrera; algunas incluso hasta momentos actuales como Pioneros, Aceitunas y Canción para mi soldado. Esta última fue dedicada a Ciro Berrio Medina, miembro del Estado Mayor de Cuba que halló la muerte en suelo angolano.
De manera particular, Pioneros tuvo un impacto muy importante entre la población cubana de la época, especialmente entre los veteranos internacionalistas, pues esta evoca la conexión con la patria y los valores que la sostienen. Desde el primer verso, el artista traslada a sus oyentes a la “sanzala”, o sea, a la comunidad. Asimismo, el estribillo “fue como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros”, refuerza la idea de un retorno a las raíces, los vínculos culturales con el pueblo angolano y africano y la importancia de apoyar su liberación. La canción, junto a su disco “Unicornio azul”, tuvo gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, teniendo lugar decenas de conciertos en territorio cubano y africano.
Otro de los grupos que resaltó por su producción asociada al conflicto en Angola fue Sonido Caney, de la cual solo existe un álbum remasterizado en 2004, donde aparecen canciones como Madre Internacionalista y Carta de un internacionalista, que tratan, desde el sentimiento de nostalgia y añoranza, el tema de la partida y la guerra, así como las ansias del retorno a casa y el reencuentro con la familia. Este grupo, si bien parece haber tenido determinado reconocimiento entre la generación de los 80, no tuvo mucha relevancia fuera del círculo de los veteranos de guerra y sus allegados.
Solo a través de entrevistas con algunas de las personas que participaron en la guerra, así como de civiles, profesores y músicos de la Cuba contemporánea, pudo el autor conocer de la existencia de tal grupo. Sin embargo, la fortaleza de su lírica y las sensaciones que transmite su obra sin lugar a dudas es reflejo vívido de lo acontecido en suelo africano y su impacto en los involucrados.
También en esa época emergió el grupo Karachi, creado en el año 1976, destacando entre sus fundadores el saxofonista Pablo Moya. Una de sus obras cumbre estuvo motivada por la epopeya de los internacionalistas cubanos en Angola. El grupo, apodado “la orquesta del pueblo”, lanzó el tema Un solo pueblo, en los carnavales de Santiago de Cuba de 1982, haciendo referencia a la unidad en la propia cultura africana (Figueroa, 2024). El éxito de esta agrupación la llevó a presentarse en varios países de África, Europa y América. Por supuesto, a lo interno de Cuba también impactó la forma en que pudo colocar su música.
Toda esta producción musical inspirada en la labor internacionalista, fue recibida con agrado por el pueblo, el que asistía en masa a los conciertos de Karachi, Silvio u otros, contando con la heterogeneidad de la música cubana para suplir los gustos de toda la población. Muchas de estas canciones se convirtieron prácticamente en himnos o en sonido de fondo para el día a día en las ciudades de Cuba, mientras la nación y sus artistas, a su forma, evocaban la misión que estaba teniendo lugar en defensa de la libertad africana.
conclusiones
La Guerra de Angola tuvo un impacto profundo y multifacético en la sociedad cubana, que se manifestó de manera significativa en sus expresiones artísticas, particularmente en el cine y la música. Estas, se convirtieron en catalizadores para comprender la experiencia internacionalista.
El cine cubano desarrolló un corpus de obras que, lejos de ser meramente expositivas, abordaron la complejidad humana de la guerra, mostrando a los combatientes como individuos con virtudes, temores y dilemas. Películas como “Caravana” y “Kangamba” lograron conectar con el público al proyectar una narrativa autóctona y crítica de los eventos.
La música, encabezada por figuras como Silvio Rodríguez y agrupaciones como Karachi, funcionó como un puente emocional que articuló los sentimientos de nostalgia, heroísmo y conexión cultural con África. Canciones como “Pioneros” trascendieron su época para convertirse en símbolos perdurables de este capítulo histórico.
En su conjunto, el arte cinematográfico y musical sirvió como un mecanismo de memoria colectiva, preservando la historia de la participación cubana en Angola para las generaciones futuras y reafirmando los valores de internacionalismo y solidaridad.
Este fenómeno demuestra la intrínseca relación entre el contexto histórico-político y la producción cultural en Cuba, donde el arte no es solo reflejo de la sociedad, sino también un agente activo en la construcción de su identidad y la narración de su historia.
referencias
notas
notas finales
La elaboración del ensayo contó con aportes dados por entrevistas realizadas a personas involucradas de una manera directa o indirecta al conflicto en Angola; entre ellos: Dra.Cs. María Elena Álvarez (profesora especialista en África), Lic. Lorenzo Jiménez Jiménez (tropas especiales destinadas a Angola), Aníbal Nodarse Pino (educador), Rogelio Rodríguez Viltres (chófer), Francisco Guerra Molina (soldado de reserva, D.A.).
