Vol_6_Numero_III_Ad

introducción

Los vikingos europeos protagonizaron los primeros contactos con el continente americano. Si bien en Canadá estos tuvieron lugar entre los siglos X y XI, no fue hasta el siglo XV que se considera iniciado, oficialmente, el proceso de colonización. El descubrimiento de Canadá se le atribuye a Inglaterra, tras la llegada de John Cabot a la península de El Labrador en 1497. El posterior arribo de exploraciones francesas (1524) marcó la paulatina convergencia de estas dos potencias colonizadoras en el área. Su estancia y el consiguiente asentamiento poblacional estuvieron marcados por contradicciones y enfrentamientos por el dominio del territorio.

No obstante, no fueron ni los franceses ni los ingleses los primeros pobladores de Canadá. El enfrentamiento entre estas dos potencias por el dominio de todo el territorio involucró también a los pueblos indígenas, cuya existencia y derechos legítimos e igualitarios se reconocen en la Constitución de 1982 (Deparment of Justice, 2013). Al igual que otros procesos colonizadores, este no estuvo exento de la intención de asimilación cultural y la subordinación de los grupos originarios. En cambio, la incorporación pacífica de estas minorías a la sociedad sería uno de los primeros rasgos distintivos de la política de integración adoptada por Canadá una vez constituida como Confederación independiente (1857).

La presencia de estos tres componentes etnoculturales determinó la naturaleza heterogénea de la identidad canadiense. A este panorama diverso se incorporarían nuevos elementos, resultantes de las oleadas migratorias del siglo XIX. En este contexto, se afianzó la concepción de respeto y reconocimiento a la confluencia de diferentes culturas en el territorio en igualdad de derechos y se promovió, en torno a ello, la conformación de estrategias gubernamentales de gestión de la diversidad. Como resultado, la esencia nacional radica en un mosaico cultural equilibrado.

La década del 60 del siglo XX representó un desafío para el arraigo y desarrollo de ese modelo etnocultural. Precisamente, el apego y la defensa de lo autóctono implicaron la exacerbación del nacionalismo en Quebec, lo que devino en una flexibilización política con el fin de mantener la concepción de una nación unitaria. De esto se derivan libertades jurídicas y la ampliación de los preceptos de gobierno como la declaración del bilingüismo.

Los rasgos anteriores definieron la existencia del multiculturalismo en Canadá, el cual, más allá de su categorización estricta de reconocimiento a la presencia de varias y diferentes culturas, sería declarado en 1971 como una política y principio de gobierno. En este sentido, el multiculturalismo como fenómeno o rasgo de la sociedad canadiense, ampliaba su categorización y constituía una base de la política de la nación defendida hasta la actualidad.

El Multiculturalismo1 promueve la diversidad cultural y constituye una condición para asegurar un trato igualitario a todas las comunidades en el ámbito político. Su particularidad es que enlaza los derechos diferenciados de los grupos con un equitativo tratamiento de ciudadanía, y fomenta el desarrollo cultural de las minorías. Desde esta perspectiva, el Multiculturalismo, sustentado en un sistema de leyes y programas, pretende favorecer el acomodo y preservación de las minorías de diverso origen cultural y étnico en función de lograr una armonía de la diversidad predominante.

Por ello, el siguiente trabajo se propone analizar el impacto del Multiculturalismo como política de Estado para gestionar la diversidad cultural en Canadá.

Para el estudio, se partió de una amplia revisión bibliográfica, apoyada en la utilización de métodos científicos de los niveles teóricos y empíricos, cuya interacción dialéctica posibilitó la elaboración de un constructo teórico y el procesamiento de la información en función del tema a abordar. Asimismo, se empleó el análisis histórico-lógico para profundizar en las causas de la diversidad cultural canadiense y la evolución del concepto multiculturalismo hasta ser concebido como pilar de la política del país. También, para reflejar los resultados de la investigación se empleó el método análisis-síntesis. Se tuvieron en cuenta, además, las entrevistas y encuestas realizadas a especialistas en el tema y académicos del país y la región, seleccionados de forma no aleatoria, lo cual aportó un enfoque científico y una nueva interpretación del vínculo entre la cultura y la política.

desarrollo

La cultura canadiense es, en esencia, heterogénea desde el período de colonización. Por ello, es considerado un país multicultural, caracterizado por la diversidad étnica, religiosa y lingüística. Por definición, Canadá es un país poliétnico y multinacional. La primera de estas categorías está determinada por la existencia de múltiples minorías producto de las migraciones; y la segunda responde a la participación de dos naciones, Inglaterra y Francia, en su proceso fundacional, además de los pueblos indígenas, lo que determinó la convergencia de nacionalidades diferentes dada la conformación de Quebec (Aguirre, 2014).

La particularidad de Canadá radica en la asimilación social y la gestión estatal de la diversidad cultural. Desde ambas perspectivas se maneja una concepción de respeto y confluencia de todas las culturas, y su inserción e interacción equilibrada en el escenario social. En función de ello, resulta destacable la capacidad de integración de estos factores y, sobre esa base, la conformación de un modelo etnocultural que sustenta la proyección de Canadá como una nación unitaria.

En consecuencia, lo distintivo de la identidad nacional canadiense respecto de otras en el mundo, donde prima una articulación cultural, es caracterizarse por aglutinar de forma armónica lo autóctono de las diferentes culturas y minorías sociales del país, además de ofrecer una visión de unidad. No existe, por tanto, una fragmentación ni subordinación cultural en Canadá, sino un reconocimiento y preservación de su esencia social multicultural (Azurmendi, 2005).

Dentro de la teoría liberal, la concepción clásica del Estado-nación plantea la identidad como única e indivisible, por lo tanto, los grupos “diferentes” o minoritarios presentes en el territorio se percibían como un atentado a la estabilidad que propugnaba este sistema (Aguirre, 20142 ). En consonancia con las transformaciones globales a partir del siglo XIX, se plantea como necesidad la conformación de Estados multiculturales capaces de lidiar con la diversidad cultural mediante la aplicación de políticas diferenciadas, pero que perpetuaran, en esencia, los derechos universales.

La historia de Canadá fue un parteaguas de la nueva legitimidad y en la forma en la que se desarrolló la integración de las pequeñas comunidades en un concepto de sociedad única. Una de las primeras muestras de gestión de la diversidad en Canadá fue el tratamiento de la migración y su incorporación en perfecto equilibrio a la sociedad. El hecho de que la sociedad canadiense haya sido heterogénea desde sus raíces favoreció este proceso, no exento de contradicciones internas y críticas desde la investigación científica como la aplicación de una política de migración selectiva de acuerdo a los preceptos culturales ya existentes en el país. En cambio, la acertada integración del factor migratorio al entramado cultural potenció a Canadá como referente mundial y afianzó su condición multicultural.

En este sentido la migración, por su condición tradicional en esta nación norteamericana, se convirtió en un factor esencial en la formación de la sociedad y economía canadiense. De esta forma, el constante flujo de extranjeros se convirtió en un pilar fundamental, moldeando el desarrollo demográfico, cultural y económico. Muestra de esto es el papel desempeñado por migrantes chinos, ucranianos británicos e irlandeses en la construcción del Canada Pacific Railway (Library and Archives Canada, 2021), así como el hecho de que los inmigrantes representan actualmente casi el 100% del aumento de la fuerza laboral canadiense (Statistics Canada, 2023).

En la década del 60 del siglo XX, la interpretación a lo interno de Canadá como nación multicultural se acentuó frente al ascenso del nacionalismo quebequés, el cual devino en principal contradicción del escenario político de la época. En este período se inicia un proceso de renovación denominado “Revolución tranquila”, que pretendía modernizar Quebec, por lo que se consolida su identidad y se aspira a una mayor autonomía del gobierno federal (Olguín, 2022).

Quebec fue uno de los primeros asentamientos franceses en territorio canadiense, fundado específicamente en 1608, y se ha caracterizado a lo largo de la historia por mantener la cultura francófona. La imposición de la identidad anglófona, predominante en el escenario nacional, y el hecho de ser reconocidos como ciudadanos iguales o sujetos de derecho dentro de la Commonwealth, supone para la comunidad franco-descendiente una ruptura con el concepto de reconocimiento y respeto a su identidad específica y al principio de integración cultural de la nación. El rechazo a lo anterior condujo a la formación y profundización de un sentimiento de nacionalismo que ha provocado incluso intentos de separatismo, lo que implica una autoexclusión y la reclamación de independencia política (Mendoza, 2013).

La postura asumida por Quebec representó un potencial peligro para el programa de integración cultural que se gestaba en el Gobierno canadiense y potenció la consolidación de un modelo de gestión. Por ello, esta región ostenta un tratamiento especial dentro de la política multicultural, en función de asegurar la prevalencia de la imagen unitaria del país; no obstante, aún constituye un desafío para la misma. Sobre esta base, la región francófona quedó reconfigurada bajo el desarrollo del interculturalismo3 pues, desde su perspectiva, el multiculturalismo no consideraba su condición histórica dentro del sistema político canadiense.

La integración progresiva de Quebec partió del análisis del bilingüismo y el biculturalismo: el primero de estos elementos se solventó tras su aprobación, en 1969, como característica oficial del Estado, y el segundo quedaría enmarcado dentro del multiculturalismo, por reconocerse también la influencia de otros factores étnicos, culturales y religiosos en el país (Dávila, 2013; Helly, 2007). Igualmente, ante la imposibilidad de un referendo constitucional, la solución descansó en medidas infraconstitucionales que incluyeron el reconocimiento de esta región como nación dentro de un Canadá unido, su participación en la UNESCO y la posibilidad de seleccionar sus propios inmigrantes. La flexibilización de las políticas gubernamentales y jurídicas del sistema federal refuerza la promoción de los valores centrales de la cultura y la política canadiense, y reafirman la institucionalización de las diferencias en la sociedad.

En este contexto, el interculturalismo constituyó una herramienta de gestión para solventar la cuestión de Quebec; sin embargo, el modelo de gobierno canadiense prevaleció fundamentado en el multiculturalismo. Ello responde a que, si bien ambas perspectivas poseen puntos comunes en cuanto al reconocimiento de la diversidad, el multiculturalismo se posiciona como modelo de gestión frente a la mera convergencia de distintas esencias culturales. Por ende, el interculturalismo quedó contenido como corriente política dentro del Multiculturalismo.

Canadá se declaró oficialmente como país multicultural en 1988 mediante la aprobación de la Canadian Multiculturalism Act o Ley del Multiculturalismo. El grado de adaptación y concientización de dicha multiculturalidad devino en su declaración oficial como política, aunque ya desde 1971 esta categoría había adoptado carácter de política estatal para la gestión de la diversidad cultural a través del Programa de Multiculturalismo (Helly, 2007). Este programa de sostenimiento de las culturas minoritarias se refuerza en el valor que supone la diversidad cultural de una comunidad y el hecho de que los individuos valoren pertenecer a la misma.

Como resultado, el valor de la identidad de la comunidad y su diversidad cultural se sostiene en la necesidad de proteger y preservar las minorías. Al ser parte de la política del Gobierno, todas las instituciones federales deben asegurar igualdad de oportunidades para obtener empleo a toda la población canadiense; promover políticas, programas y prácticas que refuercen la participación activa de las comunidades y sus miembros en la vida política, económica y social; y hacer uso apropiado de las habilidades lingüísticas para propiciar el entendimiento entre el Estado y los representantes de las minorías (Azurmendi, 2005).

Si bien el Multiculturalismo tiende a ser interpretado como el respeto ilimitado a la diversidad y el relativismo cultural4 , esta política defiende la práctica cultural sometida a un grupo de principios y valores básicos de la sociedad que se encuentran por encima de la diversidad. Esta cuestión implica la tolerancia cultural dentro de los márgenes de un núcleo central de preceptos ciudadanos. En consecuencia, el Multiculturalismo constituye un instrumento de conciliación de identidades diversas que fortalece la cohesión y la unidad de la sociedad. Esos valores fundamentan, a su vez, la declaración de Canadá como nación unitaria. Algunos de los elementos que rigen la identidad canadiense son la democracia como forma de organización política, el compromiso con la comunidad y el propio multiculturalismo.

La política objeto de estudio se encuentra respaldada en leyes y acciones gubernamentales que refrendan la perspectiva de integración de Canadá. En esta línea se cita la creación del Ministerio de Multiculturalismo, en 1973, con la función, precisamente, de promover el desarrollo de las culturas convergentes en el país, propiciar su integración y velar por su preservación. En 1982, la Constitución incluía la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, la cual abogaba por la protección de los derechos lingüísticos, culturales y la lucha contra la discriminación. Posteriormente, en 1988, la Ley de Multiculturalismo refrendaba este fenómeno como principio básico del Estado y se sumaba a los preceptos de documentos anteriores en cuanto a la visión y gestión de la heterogeneidad cultural (Helly, 2007).

De tal forma quedaron plasmados y se dio respuesta a las principales exigencias de las minorías canadienses: exenciones a leyes que penalicen o dificulten sus prácticas culturales, asistencia financiera para la realización de programas que fomenten la conservación de la identidad cultural de los grupos, respeto a las reglas internas que regulan la conducta de los miembros de la comunidad, reconocimiento de las prácticas jurídicas de las minorías en el sistema de las mayorías, representación en los órganos legislativos del Estado y demandas simbólicas relacionadas con sus prácticas culturales.

Además de la legitimidad de la multiculturalidad y del Multiculturalismo como política canadiense, el proceso de reconocimiento llevó aparejada la implementación de medidas que lo sustentaran; entre ellas: la adopción del Multiculturalismo en los planes de estudio de la educación en sus diferentes niveles, la inclusión de representación y sensibilidad étnica en las regulaciones sobre medios de comunicación públicos, la posibilidad de exención en los códigos de vestimenta, la legalización de días festivos, la aceptación de la doble nacionalidad, el apoyo económico a organizaciones étnicas, la financiación de la educación bilingüe y la enseñanza de la lengua materna en los grupos minoritarios. El cumplimiento de estas normas ha generado una nueva interpretación del multiculturalismo como categoría; de ahí que este también sea visto como un ideal, un objetivo, una solución para afrontar la diversidad cultural y facilitar la armonía social.

La política multicultural canadiense condiciona como responsabilidades básicas del gobierno las siguientes: promover el desarrollo e inserción social de todos los grupos culturales que convergen en el territorio, apoyar a sus miembros a superar barreras que limiten esa integración social, favorecer los encuentros e intercambios entre estos grupos culturales bajo el interés de la comunidad nacional y potenciar enteramente la incorporación de la migración como parte fundamental de la diversidad social (Aguirre, 2014). Dicha política ha estado sometida, a lo largo de la historia, a cambios y procesos de necesaria renovación, dado el constante avance de las políticas mundiales de gestión de la diversidad y la multiplicidad de interpretaciones de la categoría multiculturalismo, acompañado del surgimiento de otras que se le contraponen.

En torno a ello, se han creado debates que apuntan al Multiculturalismo como visión centrada únicamente en el tratamiento a las minorías, y no en la explicación del proceso histórico de surgimiento de las mismas y sus causas. Se plantea desde la crítica, que este modelo ignora a las minorías dentro de las minorías; es decir, aquellas agrupadas por raza o género, y las relaciones de dominación y subordinación que se producen entre ellas. Desde esta perspectiva, se coloca a la diferencia cultural como eje y catalizador de los conflictos sociales contemporáneos.

Se asume que el Multiculturalismo se restringe al proceso de integración de forma holística desde la política, desligado de las contradicciones propias que subyacen en un escenario multicultural. Si bien Canadá declara la evolución del Multiculturalismo desde sus orígenes como fenómeno hasta su interpretación política y luego su apropiación como ideología, lo cierto es que se debe profundizar en el establecimiento de sus objetivos y ampliar los mecanismos y áreas de integración más allá de lo social.

La efectividad y eficacia del programa multicultural del Gobierno canadiense, así como la propia concepción de multiculturalidad, se ha visto desafiada, en los últimos años, por la evolución de la sociedad, los procesos de transformación inherentes a sus individuos y al sistema económico y político, y el impacto de las contradicciones que imperan en el escenario internacional. Principalmente a lo interno de Canadá convergen elementos que atentan contra el equilibrio propuesto. Por un lado, Quebec, que cuestiona el reflejo de la esencia del país a partir de políticas multiculturales; por otro lado, los pueblos indígenas y el fenómeno de su reciente migración hacia zonas urbanas; por último, el incremento y diversificación de los migrantes en el territorio.

En este sentido, son muchas las contradicciones que han existido en el proceso de implementación del multiculturalismo como política. Muchos autores plantean que, si bien esta orientación promueve la preservación de culturas minoritarias, en la práctica funciona como un mecanismo de asimilación del sistema liberal canadiense. Bannerji (2000) señala que el multiculturalismo reduce la diversidad cultural a folclor y festivales, sin abordar desigualdades estructurales.

Asimismo, este proceso ha sido criticado por tratar de manera excluyente a las comunidades indígenas, sin respetar su estatus como naciones originarias con derechos inherentes, lo cual contradice lo estipulado en acuerdos gubernamentales sobre autogobierno y reconciliación como la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Kymlicka, 2007). Otro de los aspectos importantes que se presenta de manera disruptiva en este proceso es la jerarquía de identidades y el racismo sistémico, donde los migrantes no blancos enfrentan barreras laborales y políticas, a la vez que se priorizan ciertas identidades (europeos) sobre otras (musulmanes y africanos) (Henry & Tator, 2009).

En aras del enfrentamiento a estas desigualdades, en 1997, el Ministerio del Patrimonio Canadiense, antes Ministerio de Multiculturalismo, estableció como objetivos principales de la política multicultural la identidad, la participación cívica y la justicia social (Aguirre, 2014). En estos tres aspectos se centra la gestión estatal de la diversidad, la cual busca preservar la concepción de pertenencia y adhesión cultural al Canadá, unida el desarrollo de las comunidades y su tratamiento justo y equitativo. Sin embargo, se aprecia que se ha logrado poco avance en estos aspectos.

Como seguimiento de la implementación de la política cultural, el Gobierno de Canadá editó entre 2008 y 2010 The Current State of Multiculturalism in Canada and Research Themes on Canadian Multiculturalism, cuyo objetivo fue determinar las áreas en las que se podía fortalecer la aplicación de políticas multiculturales del Estado. Esta iniciativa demostró la posición del Gobierno con respecto a la continua implementación del modelo etnocultural y su mejoría y adaptación en concordancia con las condiciones internas y el escenario internacional (Goverment of Canada Publications, s.f.). El resultado de este análisis y la identificación de los problemas relacionados estuvo reflejado en la edición de 2012 del Programa de Multiculturalismo, el cual planteó como objetivos esenciales de la política de gestión construir una sociedad cohesionada e integrada, apoyar a las instituciones para responder a las necesidades de una población culturalmente diversa y participar en las discusiones internacionales sobre multiculturalismo.

CONCLUSIONES

La sociedad canadiense es heterogénea desde el punto de vista étnico, religioso y cultural desde sus orígenes, lo que determinó la diversidad como principio básico de la identidad nacional. Esto estuvo condicionado por la confluencia de dos potencias europeas, Inglaterra y Francia, en su proceso de conquista y colonización, así como la interacción de ellas y los pueblos originarios. La particularidad de Canadá radica en haber logrado integrar esta multiplicidad de actores sociales y proyectar la imagen del país como una, donde estos confluyen en equilibrio. Con esta concepción, Canadá consigue alejarse de las imperantes posturas mundiales de asimilación cultural.

El incremento de las migraciones hacia Canadá en el siglo XIX y su incorporación al entramado cultural característico del territorio; al igual que la distinción de Quebec y la profundización del nacionalismo de esta minoría francófona, acentuaron la concepción multicultural y multinacional de Canadá. El multiculturalismo se convirtió desde entonces en un fenómeno arraigado a la sociedad como reflejo de la interacción e integración de múltiples y diferentes culturas. Ello devino en la necesidad de una gestión gubernamental sustentada en el establecimiento del Multiculturalismo como política del Estado, la cual, más allá del reconocimiento a la diversidad, debía generar un programa y acciones que fomentaran la preservación de la identidad de las minorías como base de su identidad como nación.

La declaración del Multiculturalismo como política para la gestión de la diversidad cultural propició la creación de herramientas jurídicas para su legitimidad, la constitución de órganos para el ejercicio y control de sus disposiciones y la atribución de nuevas responsabilidades a las instituciones estatales. De esta forma quedó definido un modelo basado en el respeto, la promoción al desarrollo y la conservación de la cultura de las minorías que se extendió a la esfera económica, la educación y la participación política. En esta línea se reconoce el bilingüismo, así como su enseñanza y la de las lenguas nativas; se le confiere igualdad de derechos jurídicos y políticos a todas las minorías sociales, y se favorece el apoyo a las instituciones representantes de las diferentes culturas.

La constante transformación social en el escenario internacional y las contradicciones internas han generado el surgimiento de desafíos que atentan contra la implementación de la política multicultural. Entre ellos destacan la cuestión de Quebec y el tratamiento a la migración y a la población indígena. Sumado al surgimiento de nuevas categorías e interpretaciones, el multiculturalismo, en concordancia, sufre una necesaria renovación y flexibilización de sus objetivos en función de preservar su esencia integracionista.

El proceso de aplicación de las políticas multiculturales ha estado marcado de contradicciones inherentes al sistema liberal canadiense, donde se ha discriminado y marginalizado a sectores migrantes como los africanos y musulmanes, y se ha priorizado la inmigración de sujetos provenientes de Europa, dividiendo esta migración en claros sectores y clases de interés para el Estado canadiense.

Referencias

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Notas

A partir de este momento, el término en minúscula hará referencia al fenómeno, y en mayúsculas a la política de gobierno.
La definición de este autor se sustenta en la obra de Ernest Gellner, “Naciones y nacionalismos” (2001).
El interculturalismo, por una parte, aboga por el reconocimiento de los vínculos esenciales que se establecen entre las personas y sus culturas de grupo, intentando buscar acomodo a las diferencias, por otra, establecería un límite a la diversidad, en forma de principios y valores políticos comunes irrenunciables (Azurmendi, 2005).
El relativismo cultural es una corriente antropológica del siglo XX que asume los conceptos y valores dentro de una imagen definida.

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Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023a, 20 de enero de 2023). Visita del antropólogo francés Máxime Toutain a Quisicuaba. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
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Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
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NOTAS

Canadá, Alemania, Comisión Europea, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza.

El GAFIC surgió como resultado de las reuniones convocadas en Aruba, en mayo de 1990, y en Jamaica, en noviembre de 1992. Fue creado con el objetivo de lograr la aplicación efectiva y el cumplimiento de las diecinueve Recomendaciones particularmente elaboradas por ellos, así como las Cuarenta Recomendaciones del GAFI. Hacia el año 2000, su membresía estaba compuesta por: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.

El PC-R-EV fue creado por interés del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en coordinación con el GAFI, con el fin de llevar a cabo ejercicios de autoevaluación y evaluación mutua de las medidas contra el LA vigentes en los veintidós países del Consejo de Europa que al momento no contaban con membresía en el GAFI.

El GAP estuvo compuesto inicialmente por Australia, Bangladesh, Taipei Chino, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, República Popular China, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Estados Unidos y Vanuatu (FATF, 1997, p. 25).

En 1997, se desarrolló la Primera Conferencia sobre Blanqueo de Dinero en África Austral y Oriental. Como consecuencia de esta última, y como resultado de una Reunión de Ministros y Representantes de Alto Nivel, celebrada en Arusha, Tanzania, los días 26 y 27 de agosto de 1999, se logró la creación del ESAAMLG, coordinado inicialmente por Tanzania y con una composición de catorce Estados miembros de la región: Botsuana, Kenia, Lesoto, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue (FATF, 1997, p. 25).

Al momento de su creación el GAFISUD estuvo compuesto por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Entre las organizaciones con las que intercambió el GAFI en el periodo 2001-2011 se encuentran: Banco Africano de Desarrollo, Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, el Banco Central Europeo (BCE), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA/CICTE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El GEA fue creado en Moscú, el 6 de octubre de 2004, con una composición inicial de seis países miembros: Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, la República Popular China, la Federación Rusa y Tayikistán.

El MENAFATF, se fundó en Manama (Bahrein), el 30 de noviembre de 2004, con una composición inicial de 14 países miembros: Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Túnez y Yemen.

El EBR exige que los países adapten su sistema ALA/CFT a la naturaleza de sus riesgos particulares, permite aplicar medidas reforzadas cuando los riesgos sean mayores y medidas simplificadas cuando sean menores. Como resultado, los países podrán optimizar sus recursos para detectar delitos financieros, adoptar medidas coercitivas y aplicar medidas preventivas que correspondan a los riesgos de sectores o actividades concretos. (FATF, 2012, p. 16) Dicho enfoque abarca no solo las instituciones financieras de los países, sino también las APNFD, sí realizan prestación de servicios financieros, por lo que están sujetas a las Recomendaciones del GAFI (Gómez, 2022, p. 42).

El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre entidades, actualmente conocidas como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que fueron también incluidos los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. El Grupo Egmont se dedica y consagra a la colaboración y cooperación internacional entre las UIF. (Egmont Group of Financial Intelligence Units, 2014, p. 3)

El término sanciones financieras dirigidas significa tanto el congelamiento de activos como las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y entidades designadas. (Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI], 2012, p. 129)

El GABAC es un organismo de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central y al momento de su inserción en el GAFI, estaba compuesto por: Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Se creó en 2000 con el mandato de luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, evaluar el cumplimiento de las normas del GAFI por parte de sus miembros, proporcionar asistencia técnica a sus Estados miembros y facilitar la cooperación internacional.

Se refiere a innovaciones financieras propiciadas por la tecnología que podrían dar a lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con un efecto sustancial sobre los mercados y las instituciones financieras y la prestación de servicios financieros. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2018, p. 5)

El término RegTech hace referencia a un conjunto de empresas y soluciones que aúnan la tecnología y la normativa para abordar los requisitos normativos en todos los sectores, incluidos los servicios financieros. (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , 2016, p. 1)

Los Papeles de Panamá han sido considerados la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca (Fitz Patrick, s.f.)

REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS

resumen

La historia de Canadá, como la de otros países del continente americano, tiene su origen en la colonización occidental. No obstante, la presencia de dos potencias colonizadoras, Gran Bretaña y Francia, le imprimió particularidades al proceso de formación de su nacionalidad. Tras las oleadas migratorias del siglo XIX, Canadá fomentó la asimilación e inserción de las culturas externas al panorama social, separándose así de la política de exclusión asumida por Estados Unidos y Europa. Desde entonces, la heterogeneidad ha sido esencia de la identidad canadiense. La gestión estatal de la diversidad cultural propició la creación de un modelo etnocultural basado en la igualdad y el respeto. El aumento del nacionalismo en Quebec en la década de 1960 motivó la conformación de una política de integración sustentada en la adopción del bilingüismo en 1969 y la aprobación del Programa de Multiculturalismo, 1971, la Ley sobre el Multiculturalismo, 1988 y la Carta de los Derechos y Libertades de la Persona, incluida en la Constitución de 1982. La investigación analizará el multiculturalismo como pilar canadiense para la preservación de la diversidad cultural. Esta singularidad le ha permitido proyectarse como una nación unida y promover la cohesión como base de las relaciones internacionales.

Palabras clave: Multiculturalismo, Canadá, identidad, diversidad cultural, gestión estatal.

ABSTRACT

The history of Canada, akin to that of other countries on the American continent, originates from Western colonization. However, the presence of two colonial powers, Great Britain and France, imparted distinct characteristics to the process of national identity formation. Following the waves of migration in the 19th century, Canada promoted the assimilation and integration of external cultures into its social landscape, thereby diverging from the exclusionary policies adopted by the United States and Europe. Since then, heterogeneity has been an essential component of Canadian identity. The state’s management of cultural diversity facilitated the creation of an ethnocultural model based on equality and respect. The rise of nationalism in Quebec during the 1960s prompted the establishment of an integration policy grounded in the adoption of bilingualism in 1969 and the approval of the Multiculturalism Program in 1971, the Multiculturalism Act in 1988, and the Canadian Charter of Rights and Freedoms, which is included in the Constitution of 1982. This research will analyze multiculturalism as a foundational pillar for the preservation of cultural diversity in Canada. This uniqueness has allowed Canada to project itself as a united nation and promote cohesion as a basis for international relations.

Keywords: Multiculturalism, Canada, identity, cultural diversity, state management.

Recibido: 20 de Abril de 2025

Conflicto de Intereses:

El autor declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.

Contribución de Autoría:

No aplica

Agradecimientos:

No aplica

Financiación:

No aplica

PrePrint:

No publicado

Aprobado: 13 de Mayo de 2025

Derechos de Autor:

Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.

Cómo citar (APA, séptima edición):

Bencomo Herrera, J. (2025) América Central entre la órbita de Estados Unidos y las nuevas relaciones con China: Contexto de la disputa en el período 2008-2015. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 6 (3), 16-30.

introducción

El interés de las potencias mundiales por Centroamérica, a partir del siglo XVI, mantuvo la presencia externa en el Istmo hasta la actualidad. Aunque la subregión siempre ha carecido de los valiosos recursos de otros países de América Latina, su posición geográfica y su condición de doble puente (intercontinental e interoceánico), han dirigido las pretensiones de actores mundiales sobre ella.

Puede decirse que las potencialidades para la comunicación interoceánica constituyen el factor de mayor relevancia de la subregión centroamericana que concita el interés de las potencias globales, lo que se expresó en diferentes conflictos sostenidos por España, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos (EE.UU.), fundamentalmente durante el siglo XIX. En este sentido, el Canal de Panamá, por ser el único proyecto finalizado, adquiere especial relevancia. El Informe Anual de la Autoridad del Canal (2024) destaca que por él transita cerca del 3% del comercio marítimo mundial, con un total de 11 240 tránsitos registrados en el periodo fiscal de octubre de 2023 a septiembre de 2024, sirve de conexión entre 180 rutas, conectando 170 países a través de 1,920 puertos a nivel mundial.

La proximidad a los EE.UU. también ha colocado a América Central en los objetivos de otras potencias. Actores internacionales como Japón, otros países latinoamericanos y, a partir de la segunda década del siglo XXI, la República Popular China (RPCh), han pretendido a la subregión como puente para acceder al atractivo mercado estadounidense. Y, por su parte, estuvo la Unión Soviética (URSS), que durante la Guerra Fría disputó la hegemonía global con el primero enfrentando dos paradigmas ideológicos antagónicos.

A pesar de la disputa por el control y la influencia en América Central, de forma general, esta ha permanecido siempre bajo la órbita de los EE.UU. Aunque las intervenciones en este territorio han sido recurrentes y efectivas a los efectos del control sobre ella, otros medios le han permitido mantener su influencia sobre el Istmo. Uno de estos es la dependencia económica respecto de la potencia norteamericana, más acentuada en los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). Además, otro de los elementos clave en esta relación lo constituye lo referente a la migración, y la prevención y enfrentamiento del crimen organizado. Ambos temas son abordados por EE.UU. como sensibles para su seguridad nacional.

Por tanto, Centroamérica posee importancia geoestratégica para EE.UU. Sus intereses se encuentran centrados en: el mantenimiento del orden y la estabilidad en la que considera su patio trasero, como condición de su propia seguridad nacional; consolidar su hegemonía en esta zona, estratégica desde su posición de doble puente, en especial su preponderancia sobre el Canal de Panamá; y sostener los flujos comerciales con la subregión, dependiente de sus productos de exportación y proveedora de materias primas. Además, dadas las circunstancias de la actual competencia con China, contener el avance de la potencia asiática.

Por su parte, con el ascenso del gigante asiático como potencia económica mundial también se ha incrementado la presencia de este en América Latina. En relación a la subregión centroamericana, la presencia de China es menor si se compara con el resto de la región. Por ejemplo, la RPCh es el principal socio comercial para Suramérica, mientras que para los países del Istmo ocupa el segundo puesto, detrás de EE.UU. Esto se detalla más específicamente en el Informe Anual de la SIECA (2023), donde se muestra a Beijing como segunda fuente de las importaciones centroamericanas, incluso por delante del mercado intrarregional, y como cuarto destino para sus exportaciones, en ambos casos después de EE.UU. y, en el último, detrás también del Mercado Común Centroamericano (MCC) y la Unión Europea. Este aumento de las relaciones comerciales es muestra del creciente interés de la RPCh por la subregión, lo cual ha provocado también que crezca su influencia, tanto del sector estatal como el privado.

En este sentido, los principales intereses de Beijing en esta subregión se pueden identificar como: político-diplomáticos, manteniendo lo logrado en cuanto al reconocimiento de la RPCh y el aislamiento de Taiwán, y también como plataforma para sus relaciones con el resto de la Cuenca del Caribe; garantizar el acceso al Canal de Panamá y su importancia para el comercio de bienes; y las inversiones en sectores e infraestructuras estratégicas.

Una vez identificados los intereses de ambas potencias en Centroamérica, es posible afirmar que la subregión se encuentra ante una disputa que ofrece tanto oportunidades como desafíos. Todo indica que prevalecerá un enfoque práctico en el relacionamiento de los países del Istmo con ambos poderes globales, principalmente teniendo en cuenta la reorientación de sus proyecciones exteriores hacia China. Esto se ha manifestado a partir de 2017 con el reconocimiento de Beijing por parte de casi todos los gobiernos centroamericanos, exceptuando a Costa Rica, que reconoció a la RPCh en 2007 y a Guatemala, que se mantiene como único país hispanohablante en la subregión que reconoce a Taiwán.

La presente investigación se propone analizar la influencia del contexto relacional entre EE.UU. y China con América Central (2008-2016) en el cambio de reconocimiento hacia Beijing de los países del Istmo. Para ello, será necesario evaluar las políticas de la administración de Obama y la evolución de la posición frente a Taiwán, por lo que representa esta isla en la triangulación de relaciones EE.UU.-China-subregión centroamericana. De igual forma, será preciso caracterizar el desarrollo del acercamiento entre el Istmo y el gigante asiático, previo al establecimiento de las nuevas relaciones.

desarrollo

Resultados de las políticas de la administración de Barack Obama hacia América Central (2008-2016).

Las relaciones del gobierno de Obama con América Latina y el Caribe se caracterizaron por un relativo distanciamiento. En este sentido, el llamado “pivote asiático” reorientó las prioridades del gobierno en materia de política exterior. Este puede calificarse como “una amplia estrategia diplomática, económica y militar que tiene como objetivo garantizar la supremacía estadounidense en Asia” (Symonds, 2016). La reorientación de la estrategia política de EE.UU. se inscribe en el contexto del ascenso de China como potencia global y el aumento de su influencia, la que se manifestó inicialmente con más fuerza en la región del este de Asia.

No obstante, esta administración demócrata prestó especial atención a la situación en el Istmo centroamericano. Las relaciones de América Central con EE.UU. han estado determinadas por dos ejes fundamentales: los flujos de migrantes y la seguridad regional. Por ello, Regueiro Bello, 2020 expone que, si bien Washington no tiene una estrategia formalmente declarada hacia América Latina y el Caribe, sí la tiene hacia Centroamérica. En tal sentido, el gobierno de Obama identificó la conveniencia de trabajar junto con los gobiernos centroamericanos en torno a tres ejes: seguridad, gobernanza y prosperidad.

El mandatario estadounidense había manifestado la intención de construir relaciones de nuevo tipo con la subregión, en aras de superar el aislamiento relativo que sufría EE.UU. en Latinoamérica, tras las proyecciones del presidente George W. Bush y los triunfos de gobiernos progresistas en varios países del área, quienes enfrentaron las políticas del republicano en la región, incluyendo su frustrado plan de constituir el Área de Libre Comercio para la Américas (ALCA).

En 2010 se lanza la Central America Regional Security Iniciative (CARSI). Los cinco objetivos declarados en la hoja informativa del Departamento de Estado pueden resumirse en: crear un ambiente seguro para los ciudadanos; desarticular el movimiento criminal y de contrabando; apoyar el desarrollo de gobiernos fuertes; restablecer la presencia efectiva del Estado y la seguridad, y fomentar mayores niveles de cooperación entre los países de la subregión y otros asociados para combatir las amenazas (Departament of State, s.f.).

En última instancia, el objetivo era detener los flujos de migrantes y la entrada de drogas a EE.UU., teniendo en cuenta que en este periodo se estimaba que aproximadamente el 80% de la cocaína proveniente de los países andinos pasaba por Centroamérica (Latin American Program, 2014). Los datos muestran que CARSI no cambió sustancialmente el panorama centroamericano: ni redujo la migración ni detuvo el narcotráfico, al no presentar una estrategia integral para mitigar las causas de estas problemáticas.

Evidencia de lo anterior fue la crisis de los migrantes de junio de 2014. En este momento, las patrullas fronterizas de EE.UU. habían detenido a más de 46,000 niños y menores de 18 años que viajaban desde Centroamérica sin la compañía de un adulto (González, 2014). Además, aproximadamente dos tercios de los niños no acompañados detenidos por EE.UU. provenían de los países del Triángulo Norte (Latin American Program, 2014). Esta crisis fue considerada una de las más severas durante la administración Obama y motivó que, en marzo de 2015, fuera puesto en marcha el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN).

Este nuevo programa tuvo el fin declarado de “generar condiciones para frenar el fenómeno migratorio y la crisis humanitaria que ocasionó el incremento reciente en el flujo de niñas y niños migrantes no acompañados hacia los EE.UU. en 2014” (ACNUR, 2015). El PAPTN previó la inversión, en conjunto con los tres países del Triángulo, EE.UU. y otros aliados, de más de 20,000 millones de USD. Sin embargo, en la práctica, el financiamiento provendría de los gobiernos centroamericanos, de las instituciones financieras internacionales, del sector privado y las organizaciones comunitarias, mientras Washington se comprometía a apoyar el fortalecimiento institucional (Regueiro Bello, 2020).

Los flujos de migrantes de estos tres países no se detuvieron, por el contrario, aumentó durante los años 2015 y 2016. Debido a ello, en 2018 dejaron de ejecutarse los presupuestos del PAPTN (Morales Rodas, 2020).

En cuanto a las relaciones comerciales entre EE.UU. y América Central en este periodo, es necesario tener en cuenta la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica (TLEUCA), que condicionó el aumento de los flujos comerciales y, como se mencionó, acentuó la dependencia del mercado y los productos estadounidenses.

Las exportaciones de Centroamérica a EE.UU. crecieron de 12 177 millones de dólares en 2008 a 15 015 millones en 2016 aproximadamente, mientras que las importaciones variaron de 20 800 millones a 24 230 millones en igual período de tiempo (Ver Anexo 2). Ello significó un aumento promedio anual del intercambio comercial de alrededor de un 18,45% en ocho años.

Un análisis de la canasta de productos centroamericanos que entraron a EE.UU. en el período 2008-2016, evidencia el peso mayoritario de los productos tradicionales y estacionales: frutas, café, azúcar, aceites animales y semillas (SIECA, 2017). De igual modo, se incorporaron a las exportaciones del Istmo las flores y las artesanías de madera, lo cual, según la fuente consultada, provocó daños ecológicos, a cambio de un ligero aumento de la canasta exportadora. Aunque se exportan otros productos, estos son de muy bajo valor agregado, como en el caso de El Salvador con las confecciones textiles. Se exceptúa en este caso Costa Rica, que mantuvo unas exportaciones más diversificadas, en las que se incluyen determinados equipos, máquinas, material médico y complementario a otras industrias (SIECA, 2017).

Los datos expuestos indican una reprimarización de la base productiva y exportadora de Centroamérica luego de la entrada en vigor del TLEUCA. En cambio, las importaciones provenientes de EE.UU. estuvieron compuestas fundamentalmente por insumos productivos, bienes de capital, combustibles y derivados, maíz amarillo, maquinaria pesada, materia prima de textiles y trigo, con una presencia muy superior de productos con alto nivel agregado (SIECA, 2017). En adición, la balanza comercial entre EE.UU. y Centroamérica, históricamente deficitaria para la subregión, vio incrementarse el déficit comercial sumado a la dependencia del mercado estadounidense después del establecimiento del TLEUCA.

Las políticas estadounidenses hacia la subregión durante la administración Obama en este periodo no estuvieron encaminadas a frenar el acercamiento de Beijing, como sí ocurrió en Asia. Mientras que esta administración enfocó su política de contención en el continente asiático, las relaciones de la RPCh con Centroamérica crecieron aceleradamente, sin que existiera una estrategia formalmente declarada al respecto por parte de Washington.

Por tanto, a pesar de que diversos factores influyeron en las nuevas relaciones con China, los países del Istmo pudieron avanzar en ellas sin ver peligrar sus relaciones con su aliado histórico. Esta situación cambió con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, por lo que la disputa entre ambas potencias por el territorio centroamericano, se manifestará a partir de entonces de forma más evidente.

Balance general de las relaciones entre Centroamérica y Taiwán en el periodo 2008-2016.

Las relaciones de Taiwán con los países de América Central se mantuvieron estables desde el establecimiento de estas en el siglo XX. Después del triunfo de la Revolución china de 1949 y la creación de la República Popular, los países de la subregión mantuvieron su reconocimiento al gobierno del Kuomintang (KMT), asentado a partir de este año en la provincia china de Taiwán. Incluso, posterior al reconocimiento por Naciones Unidas de Beijing como legítimo representante del Estado chino en el año 1971 y al de la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo, Centroamérica mantuvo sus relaciones con Taipéi.

Hasta el siglo XXI se exceptúa el caso de Nicaragua que, posterior al triunfo de la Revolución sandinista, dejó de reconocer a Taiwán estableciendo relaciones con China, decisión que fue revocada por el gobierno de Violeta Chamorro. Posterior a ello, el primer país centroamericano en establecer relaciones con la RPCh en el siglo XXI fue Costa Rica en 2007 y, en el periodo 2008-2016, es el único.

Sin embargo, el acercamiento de Beijing a los países centroamericanos no fue totalmente detenido por la falta de relaciones diplomáticas, como se verá en el epígrafe siguiente. Por ello, frente a la amenaza de perder nuevos aliados, Taiwán ha concentrado sus esfuerzos en mantener el reconocimiento a su favor. En consecuencia, aumentó las ayudas económicas a estos países, en lo que se ha llamado diplomacia pragmática o, como prefieren calificarla sus críticos, diplomacia de chequera (Regueiro Bello, 2020).

En primer lugar, para la diplomacia taiwanesa es fundamental conseguir apoyos para su reconocimiento internacional y para una eventual reincorporación al sistema de Naciones Unidas y a sus organizaciones. Este apoyo fue conseguido mediante la defensa de sus posiciones por representantes de los gobiernos centroamericanos en espacios multilaterales (Alamilla Trejo, 2018). Y, además, Taipéi necesita mantener el reconocimiento de sus socios actuales, mediante la disuasión de establecer vínculos con China.

Uno de los principales mecanismos que Taiwán ha aplicado para competir con Beijing es la cooperación bilateral y multilateral, en este último caso fundamentalmente con el SICA. Este vínculo se ha expresado mediante el otorgamiento de tres rubros: a) cooperación financiera no reembolsable dirigida a la construcción y mantenimiento de oficinas gubernamentales, compra de equipos para departamentos de policía y protección civil; b) la reembolsable consistente en préstamos flexibles, es decir, tasas de interés mínimas y de largo plazo; y, c) la cooperación técnica con el envío de personal profesional para la implantación y apoyo de proyectos de desarrollo (Aguilera Peralta, 2006).

A pesar de la ayuda y la cooperación proporcionada a Centroamérica, que acumuló cuantiosas sumas, Taipéi no podía superar la capacidad de China como mercado para los productos de exportación ni como proveedor de bienes manufacturados, como indican las cifras de los flujos comerciales (Ver Anexo 2).

Por tanto, se esperaba que el cambio de postura diplomática de Costa Rica sería seguido por otros países centroamericanos, pero estos no cambiaron de manera inmediata. Por una parte, esto se debió a que el Partido Democrático Progresista (DPP), del presidente Chen Shui-Bian, perdió las elecciones en Taiwán, lo cual le devolvió el poder al KMT. Este regreso se acompañó por una postura más conciliadora hacia la RPCh y un acuerdo entre el nuevo presidente taiwanés, Ma Ying-jeou y su par de China continental, Hu Jintao, a fin de suspender la “competencia” entre Beijing y Taipéi por el reconocimiento diplomático de los otros países en el mundo (Evan Ellis, 2017, pág. 260).

Esta relativa tregua diplomática terminó con el gobierno de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-Wen, iniciado en 2016. A partir de entonces, el nuevo gobierno de Taipéi aumentó sus acciones para procurar asegurarse el reconocimiento de los países centroamericanos. En enero de 2017 y con el motivo de asistir a la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, la mandataria taiwanesa realizó una gira por casi toda el área que incluyó El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua (BBC Mundo, 2017).

Por otra parte, Taiwán también se valió de varias estrategias para mantener su estatus en América Central. Estuvieron las ayudas y la cooperación no reembolsable, pero también las inversiones directas, la utilización de acuerdos económicos y las visitas diplomáticas. Tal es el caso de los tratados de libre comercio firmados con los países del área1 . Y, a pesar de no poseer la capacidad compradora de Beijing, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Nicaragua colocó a Taipéi como el principal receptor de las exportaciones nicaragüenses en Asia (Navas, 2010 ).

También, en el caso de los tres países del Triángulo Norte, Taiwán invirtió una cantidad de recursos importante y ha financiado visitas frecuentes de sus líderes políticos y de la comunidad diplomática a la Isla. Por ejemplo, Ma Ying-jeou visitó Honduras en 2010 y 2014 y, de manera recíproca, Porfirio Lobo, presidente de Honduras, visitó el país asiático en noviembre de 2010. Su sucesor, Juan Orlando Hernández, lo hizo en julio de 2015 y el presidente Ma también visitó Guatemala en 2009 y en 2016, y El Salvador en julio de 2014, mientras que el mandatario de Guatemala visitó Taiwán en 2013 (Evan Ellis, 2017).

En el marco de la institucionalidad de la integración regional, Taiwán ingresó al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en 1992, como observador del Parlamento centroamericano (PARLACEN) en 1999 y, en el año 2000, ingresó como miembro observador extrarregional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). En este sentido, Taipéi ha contribuido decisivamente en la financiación de los proyectos del Sistema y obras de infraestructura como la sede de la Secretaría General del SICA.

A pesar a todos los esfuerzos y al apoyo que siempre ha recibido de EE.UU., los países centroamericanos avanzaron en su acercamiento a la RPCh. Hasta el año 2024, solo quedaba Guatemala manteniendo el reconocimiento a Taiwán.

Nuevo acercamiento a la República Popular China (2008-2016).

La presencia de China en Centroamérica ha sido menor en relación al resto de la región latinoamericana. Por una parte, estos países cuentan con menos atractivos para Beijing que, por ejemplo, Brasil, México, Chile y Venezuela, los que cuentan con amplias reservas de los recursos críticos que la industria china necesita. Por otro, estuvo presente el sostenido reconocimiento de Taiwán.

Para el establecimiento de relaciones con Costa Rica se mantuvieron conversaciones en secreto durante varios años. Estas culminaron el 1 de junio de 2007 cuando los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países firmaron el reconocimiento en la capital china. Este cambio abrió las perspectivas a la nación centroamericana para impulsar su economía y establecer relaciones con un socio estratégico como China.

En agosto de 2011 entró en vigor el TLC, lo cual benefició las exportaciones e importaciones de ambos países pues se les asignó una tarifa cero y una desgravación del 99.64% a las exportaciones costarricenses. En 2013, el área de libre comercio ya demostraba resultados, pues del total de las exportaciones centroamericanas hacia China, el 54% fue de origen costarricense frente al 24% y 16% de Guatemala y Honduras, respectivamente (Casanova, Xia, y Ferreira, 2016, págs. 213-223)

Con el TLC, Costa Rica se convertía en el tercero en América Latina en concretar un tratado de este tipo con China, lo cual le genera la oportunidad de diversificar sus exportaciones e introducir sus productos agrícolas con tarifas preferenciales al mercado de mayor población y dinamismo del mundo.

En enero de 2015, durante su visita a China, el presidente costarricense, Luis Guillermo Solís se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, donde ambos firmaron el acuerdo para la implementación de la Zona Económica Exclusiva en Costa Rica siguiendo la experiencia china, pero aplicada al contexto económico del país centroamericano. Aunado a ello, se suscribió un protocolo para facilitar la exportación de langostinos hacia el mercado asiático (La Nación, 2015).

La apertura de relaciones diplomáticas también generó expectativas sobre mayores entradas de turistas del país asiático a San José. Aunque el número no fue elevado, se pasó de 1 200 a 2 000 entradas de turistas como promedio hasta 2007 a 6 500 visitantes en 2012 (Fallas, 2013). Además, este sigue constituyendo uno de los principales incentivos para todos los países del Istmo pues, según la Organización Mundial del Turismo, Beijing es el mayor emisor de turismo del mundo y representó, en 2019, la quinta parte del gasto turístico mundial (Rivero y Xiang, 2021). Al nuevo relacionamiento puede atribuírsele también la aprobación, por tercera ocasión, para que el gobierno costarricense ocupara un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, con el impulso decisivo de China (Rodríguez, 2013).

Las acciones y proyectos de la RPCh en Costa Rica tuvieron el efecto de demostración que esperaban. La dinámica de las relaciones políticas y económicas entre estos dos países fue de utilidad para demostrar los beneficios de reconocer al gobierno chino. Ejemplos alentadores fueron: la donación de carreteras y la construcción del estadio nacional, proyectos de gran tamaño otorgados a empresas chinas por el gobierno costarricense como la instalación de infraestructura para la red 3G, la compra de bonos como parte del acuerdo diplomático que permiten el financiamiento a proyectos económicos y sociales, entre otros (Bowley, 2008)

En el caso de Panamá, a diferencia del resto de los países centroamericanos que no tenían relaciones diplomáticas con China, fue sostenido el crecimiento de sus importaciones desde el país asiático, así como un volumen moderado pero estable de sus exportaciones (Ver Anexo 2 Tabla 4). Esto evidencia un trato preferencial hacia esta nación ístmica.

En un estudio de Nowak (2014), se presenta que en 2013 Panamá ocupaba el cuarto lugar entre los cinco países latinoamericanos que exportaban productos a China, detrás de Brasil, México y Chile. Panamá exportó petróleo, barcos, botes y estructuras flotantes. Por lo que ya desde este periodo existe evidencias de una relativa dependencia de las exportaciones hacia el gigante asiático.

Por su parte, la inversión china en Panamá se posicionó en el décimo lugar de los 10 principales países emisores de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país canalero en 2016. Esto a pesar de que, en ese mismo año, la IED china representó el 2.4% del total (Contraloría General de la República, 2018). Sin embargo, en 2013 ocupaba el lugar 27 (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2014), por tanto, el aumento en pocos años resulta relevante.

En mayo de 2016 se conoció además que Panamá Colón Container Port Inc. (PCCP), filial de la empresa china Shanghai Gorgeous Investment Development Co. LTD, recibió la concesión de la estatal Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para construir la primera terminal en el país con capacidad para atender buques neopanamax, a un costo de unos US$900 millones (Sierra, 2016). La nueva instalación pretende adecuar el Canal a las exigencias de tránsito de los nuevos buques de mayor calado que no pueden atravesar por las primeras esclusas construidas. Esto coincidió también con la inauguración de las nuevas vías construidas en el Canal, la que se llevó a cabo con el ingreso del portacontenedores chino de la empresa Cosco, dando de esta forma otro mensaje de la nueva relación con el gigante asiático (Cubadebate, 2016).

Para El Salvador, el periodo de análisis coincide con los dos gobiernos del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). A pesar de que ambos mantuvieron sus compromisos con EE.UU. y su relación histórica con este, hubo una apertura hacia las relaciones con China. Esta fue particularmente profundizada durante el gobierno de Sánchez Cerén, quien promovió una estrategia de aproximación a Beijing que no implicara una confrontación con Taiwán (Domínguez Cortés, 2023). De esta manera, aún sin relaciones diplomáticas, ambos países trabajaron por promover discretos acercamientos, sobre todo a nivel de partidos políticos, el poder Legislativo, y en el ámbito económico-comercial.

En el caso de Nicaragua, con el retorno al gobierno del FSLN y del presidente Ortega, se pensaba que sería inminente el retorno al reconocimiento de Beijing. Sin embargo, esto no ocurrió, en parte, debido a las cuantiosas sumas que aún Taiwán proporcionaba a Managua como cooperación internacional, las que además se incrementaron en este periodo.

No obstante, la presencia económica del gigante asiático aumentó considerablemente. Lo anterior lo evidencia la existencia de ocho empresas chinas asentadas en Nicaragua, lo que convierte al país en el segundo centroamericano con mayor número de empresas del gigante asiático, solo por detrás de Panamá. El objetivo fundamental de estas es la búsqueda mercados, las cuales son: Cantonese House, S.A., e Importadora y Exportadora YiYi, ambas enfocadas en el sector comercial; del sector de la construcción, Chen y Chen Compañía Limitada y Hong Kong Nicaragua Development Group; del sector telecomunicaciones, Huawei Technologies, Xinwei Telecom Enterprise Group y ZTE; y, por último, Joing Foods Nicaragua del sector pesquero (Alamilla Trejo, 2018).

Además, las relaciones económicas entre ambos países estuvieron marcadas por el proyecto de construcción del Gran Canal de Nicaragua. Por la parte del país centroamericano, y en particular del presidente Ortega, los intereses en el Gran Canal pueden resumirse en: el estímulo de su economía para insertarse en el comercio internacional, diversificación de socios comerciales y creación de empleos. En relación a ello, la experiencia panameña ha sido sumamente alentadora, pues en este último caso, el paso interoceánico ha sido el principal motor de su impulso económico y, de cierta manera, ha posibilitado paliar problemáticas relacionadas con la pobreza (César Dachary y Arnaiz Burne, 2014).

Este último proyecto ha reflotado en el escenario económico y político nicaragüense en varias ocasiones desde la concesión de las obras a la empresa china Hong Kong Nicaragua Development Group (HKND) en 2012. Sin embargo, no se han producido avances significativos más allá de estudios de impacto climático y de factibilidad económica. Esto se debió a falta de financiamiento, protestas sociales, alertas sobre el impacto ambiental y cuestionamientos sobre sus consecuencias para la soberanía del país centroamericano.

En el caso de Honduras, las inversiones han estado orientadas principalmente al sector de las energías renovables. En agosto de 2011, la Empresa Nacional Energía Eléctrica (ENEE) firmó un contrato por 50.5 millones de dólares con la empresa china Sinohydro para la construcción de la primera fase de una represa hidroeléctrica de 104 megavatios en el Departamento de Olancho (La Nación, 2011). El comienzo de la fase principal de construcción fue demorado por casi dos años, en espera de que se apruebe el préstamo por parte del banco chino ICBC. A finales de 2015 se liberaron 298 millones de dólares para continuar el proyecto (Rodríguez D., 2015).

Por último, la República de Guatemala no estuvo ajena al relacionamiento con China. A pesar de que en sus instituciones estatales y en el sector público empresarial se aprecia una ausencia de una estrategia explícita hacia Beijing, en 2008 fue creada la Cámara de Cooperación y Comercio China–Guatemala (CCCCG), que agrupa a alrededor de 130 empresas (Dussel Peters, 2014). De diferente forma ocurrió con el sector privado, en el que diversas empresas se han pronunciado en favor del reconocimiento. Tal es el caso de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE), que expresó su preocupación ante los beneficios que China le ha otorgado a Costa Rica para satisfacer su demanda de café como resultado del establecimiento de relaciones diplomáticas.

La falta de relaciones oficiales entre los países centroamericanos y Beijing obligó a los empresarios de la subregión a usar a Hong Kong o a terceros países, como México y Costa Rica, para obtener una visa para visitar la RPCh con el objetivo de realizar negocios. Esta ausencia impidió también el desarrollo de una infraestructura financiera; la ausencia de tratados de libre comercio; la falta de normas legales que protejan las transacciones entre los países, y la instauración de una certificación fitosanitaria para la exportación de productos agrícolas hacia China (Evan Ellis, 2017). Estos últimos son algunos de los elementos esenciales para la construcción de relaciones seguras.

En este periodo de ocho años también resultó relevante el rol de las comunidades chinas residentes en los países de América Central. Aunque no toda esta población mantiene vínculos con la RPCh ni es partidaria de las relaciones con este país, estas fueron fundamentales para las relaciones semioficiales. Como parte también de la diplomacia pública china, se crearon: la Asociación Panameña de Amistad con China, la Asociación Nicaragüense de Amistad con la RPCh y la Asociación Salvadoreña de Amistad con China, vinculadas al Partido Colorado, al FSLN y al FMLN respectivamente y que cuentan con la participación de importantes personalidades políticas de cada país. Asimismo, se creó, en 2007, la Federación Centroamericana de Amistad con China, que agrupa a las sociedades antes mencionadas junto a las creadas en Costa Rica, Honduras y Paraguay (Rodríguez M., 2008).

CONCLUSIONES

Los países centroamericanos se vieron atraídos por las inmensas posibilidades que ofrece la RPCh en cuanto a inversiones, cooperación y como mercado para colocar sus productos de exportación. Además, dado el ascenso del gigante asiático en el escenario mundial, también existían pretensiones de insertarse de mejor forma en el sistema internacional mediante las relaciones con este. A pesar del aumento de los flujos comerciales y de inversión entre China y Centroamérica, diversos factores dificultaban avanzar hacia nuevas y más amplias relaciones, principalmente la falta del reconocimiento diplomático. Esto, sin dudas, generaba un riesgo elevado para las empresas, sumado a la dificultad para obtener visas de los empresarios de ambas partes. Debido a las ya mencionadas ventajas y oportunidades económicas la balanza se fue inclinando a favor de China, para lo cual fue significativo el ejemplo de Costa Rica.

Por su parte, las políticas llevadas a cabo por Barack Obama estuvieron en correspondencia con la agenda propuesta por esta administración para la subregión, pero no se plantearon contener el avance de China, como sí ocurrió en el este de Asia. Además, las medidas adoptadas no lograron transformar las condiciones de vida de los países del Istmo, ni detuvieron la migración ni el crimen organizado, y, en área económica, la entrada en vigor total del tratado de libre comercio provocó una reprimarización de estas economías y aumentó el déficit comercial. Por tanto, reforzaron también el objetivo de buscar oportunidades en otros socios extrarregionales.

También, pese a las relaciones de confianza establecidas con Taiwán y a la política de una sola China, este periodo se caracterizó por grandes expectativas sobre los beneficios que el gigante asiático podía generar, tanto en las instituciones estatales como en el sector privado y la sociedad, los que no podían ser superados por Taipéi. Por tanto, esto condujo al pragmatismo y la visión estratégica que posteriormente motivó el cambio de reconocimiento de toda Centroamérica, a excepción de Guatemala.

Referencias

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NOTAS

El primero fue con Panamá en 2003; dos años más tarde, con Guatemala; en 2006 con Nicaragua; y, finalmente, con El Salvador y Honduras en 2007 (Connelly , 2012 ).

ANEXOS

Anexo 1: Valor de las importaciones y exportaciones de los países de Centroamérica desde y hacia Estados Unidos, China y Taiwán en el periodo 2008-2016.

Tabla 1. Costa Rica

Tabla 2. El Salvador

Tabla 3. Honduras

Tabla 4. Panamá

Tabla 5. Nicaragua

Tabla 6. Guatemala

Elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional (https://www.data.imf.org)