RNPS: 2564
issn: 3007 - 4592
La Revista Científica Universitaria Ad Hoc presenta su segundo número del volumen 6 y marca un hito trascendental: cinco años de labor ininterrumpida en la divulgación del quehacer científico estudiantil. Desde su primer número en 2020, nuestra revista ha sido un espacio clave para la difusión de investigaciones sobre Relaciones Internacionales en la comunidad universitaria cubana, fomentando la formación de estudiantes con interés en la investigación científica.
Este aniversario no solo refleja el esfuerzo de autores, editores y árbitros, sino también la evolución de un proyecto que ha consolidado estándares de calidad editorial y ha ampliado sus potencialidades. Cada artículo publicado representa un eslabón en la construcción colectiva del saber, que refleja el interés y la innovación que caracterizan a las jóvenes de ciencia.
En esta edición, conmemorativa de nuestro primer quinquenio, reafirmamos nuestro compromiso con la socialización científica ética y responsable, y la visión de ser una publicación científica universitaria de vanguardia en el área de estudio de las Relaciones Internacionales, con reconocimiento a nivel nacional e internacional por el nivel de las ediciones, del contenido y del alcance, y el alto rigor metodológico.
Los nueve artículos reunidos en esta edición abordan tópicos urgentes y transversales, desde el análisis de temas económicos y el estudio de políticas ambientales, hasta dinámicas de relacionamiento regional y políticas internas, siempre bajo el sello de la evaluación por pares a doble ciego y el compromiso con la excelencia científica. La nueva entrega reabre tres secciones de publicación: El mundo de hoy, De las Relaciones Económicas Internacionales y Diplomacia Cubana.
El Comité Editorial extiende su agradecimiento a los especialistas del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), así como a los profesores del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI) por su incondicional ayuda en la revisión de los manuscritos presentados por los autores.
¡Ratificamos nuestro papel como plataforma para la divulgación científica, donde las nuevas generaciones de investigadores consolidan su voz en el ámbito académico!
Carlos Raúl Bermúdez Medina
Director Ejecutivo de la Revista Científica Universitaria Ad Hoc
Recibido: 13 de enero de 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 26 de enero de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Díaz Oyarzabal, J. & Jiménez Sánchez, C. (2025). México hacia el segundo piso de la Cuarta Transformación. Radiografía de una trancisión. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 6 (2), 5-15.
resumen
Desde el 1 de diciembre de 2018, México experimentó un cambio político profundo bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la llamada Cuarta Transformación, un proyecto que busca revertir décadas de políticas neoliberales. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) abandera esta iniciativa que, con el Humanismo Mexicano como principio, se enfoca en abordar problemas estructurales mediante reformas político-económicas. La nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, asume ahora la responsabilidad de llevar adelante el segundo piso de este proyecto, que busca consolidar un Estado democrático y de bienestar, a la vez que encara retos pendientes. Su administración representa una oportunidad para consolidar los logros obtenidos y adaptar las políticas a las necesidades del México contemporáneo, garantizando la continuidad del camino iniciado en 2018.
Palabras clave: Cuarta Transformación, segundo piso, Sheinbaum, López Obrador, Humanismo Mexicano
ABSTRACT
Since December 1st, 2018, Mexico has undergone a profound political transformation under the leadership of Andrés Manuel López Obrador, who has promoted the so-called Fourth Transformation, a project aimed at reversing decades of neoliberal policies. The National Regeneration Movement (Morena) champions this initiative, which, with Mexican Humanism as its principle, focuses on addressing structural problems through political and economic reforms. The new president, Claudia Sheinbaum, now assumes the responsibility of advancing the second phase of this project, which seeks to consolidate a democratic and welfare state while facing ongoing challenges. Her administration represents an opportunity to solidify the achievements made and adapt policies to the needs of contemporary Mexico, ensuring the continuity of the path initiated in 2018.
Keywords: Fourth Transformation, second phase, Sheinbaum, López Obrador, Mexican Humanism
introducción
A lo largo de su historia, México ha experimentado transformaciones internas significativas, en correspondencia con los ciclos históricos que ha atravesado. La presidencia de Andrés Manuel López Obrador, iniciada el 1 de diciembre de 2018, determinó un cambio de paradigma en la política mexicana, marcada por el desgaste de décadas de aplicación de medidas neoliberales bajo los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN).
La llamada Cuarta Transformación, proceso reformista impulsado por López Obrador desde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha implementado una serie de cambios gubernamentales en respuesta a las problemáticas sociales surgidas durante el periodo neoliberal. Esta transformación se centra en modificar el régimen político, combatir la corrupción y la impunidad que prevalecen en la administración pública, además de implementar programas de bienestar que privilegien a los sectores más desfavorecidos de la sociedad mexicana. Asimismo, la propuesta del Humanismo Mexicano1 constituye el pilar fundamental para el nuevo modelo de gobernanza en el país.
Durante el sexenio de López Obrador, se establecieron las bases para la transformación de la vida pública de México, que tienen su continuidad en la presidencia de Claudia Sheinbaum. En el denominado segundo piso de la Cuarta Transformación se trabaja para la consolidación de este proceso, promoviendo un Estado democrático y de bienestar, y eliminando la corrupción y la impunidad gubernamentales.
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, esta investigación se propone como objetivo evaluar el impacto y la continuidad de la Cuarta Transformación como proyecto de nación en la administración pública mexicana.
desarrollo
Los resultados de un nuevo modelo de gestión: el Humanismo Mexicano
El 30 de septiembre de 2024, López Obrador finalizó su mandato como presidente de México. Durante su sexenio logró profundizar la Cuarta Transformación, un proyecto de nación que tiene como uno de sus pilares fundamentales al Humanismo Mexicano. Este concepto ha significado un cambio de paradigma en los valores éticos y morales de la nación, así como en el modelo de desarrollo económico. Su implementación se ha traducido en diversas políticas públicas para atender a los sectores más vulnerables y fomentar un desarrollo sustentable que prioriza la justicia y el bienestar social.
El resultado socioeconómico más importante de la administración de López Obrador fue la reducción de la pobreza multidimensional2. De acuerdo con órganos autónomos mexicanos, entre 2018 y 2022, el nivel de pobreza en México disminuyó de 41,9% a 36,3% (Coneval, 2023). Asimismo, las proyecciones del Banco Mundial indican que 8.8 millones de mexicanos salieron de la pobreza, lo que respalda la tendencia a la baja (Banco Mundial, s.f.). Estos números respondieron, principalmente, al aumento del salario mínimo y la implementación de programas sociales en el marco de la Cuarta Transformación.
El aumento real del salario mínimo fue una de las principales tareas de López Obrador. De esta manera, durante su gobierno se estableció un diálogo entre los trabajadores y el sector privado, lo que permitió un incremento sustancial y consensuado de más del 100% en los salarios. En 2018, cuando el exmandatario asumió la presidencia de la República, el salario mínimo era de 88,36 pesos diarios, y al término de su administración se situaba en 248,93 (Conasami, 2024). Esta política salarial, basada en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, ha contribuido a disminuir la pobreza y las desigualdades, mejorar el ingreso de los hogares e impulsar la demanda interna y un buen desempeño de la economía del país. Igualmente, ha incentivado a los trabajadores a buscar un empleo formal, ya que ofrece mejores condiciones laborales y acceso a prestaciones sociales.
Sobre este último aspecto, hubo algunas mejoras en el comportamiento del mercado laboral durante el sexenio. En agosto de 2024, la población económicamente activa fue de más de 61 millones de personas, de las cuales el 97,3% se encuentra empleada, por lo que la desocupación laboral representa un 2,7%. La tasa de informalidad representa un 54,3% de la población ocupada, una leve tendencia a la disminución con respecto a 2018, cuando se ubicó en el 56,7% (INEGI, 2024). Aunque estos indicadores registraron sus mejores resultados durante el gobierno de López Obrador, el empleo informal persiste como un reto para la política laboral mexicana, pues vulnera la existencia de contratos, prestaciones y el acceso a la seguridad pública.
Asimismo, los programas sociales constituyeron un instrumento de la administración obradorista para mejorar las condiciones de vida de la población. El presupuesto de los Programas para el Bienestar reportó una cifra histórica de 2.7 mil millones de pesos (Programas para el Bienestar, 2024). Los recursos destinados al desarrollo social fueron posibles debido al resultado de las políticas de combate a la corrupción y de austeridad republicana3, aplicadas a partir de 2018. Mediante más de una decena de programas4, se apoyaron a adultos mayores, personas discapacitadas y jóvenes desempleados, así como a la autosuficiencia alimentaria, la educación y la salud públicas.
También, el sexenio del exjefe de Estado se caracterizó por la volatilidad del peso mexicano en el mercado cambiario. El 6 de abril de 2020, la moneda alcanzó un máximo de 25,7 pesos por dólar, influenciada por los efectos de la pandemia de COVID-19. En contraste, entre abril y mayo de 2024, tuvo lugar un fenómeno conocido como el superpeso, cuando el tipo de cambio llegó a su mínimo histórico de 16,26 pesos por dólar. No obstante, el aspecto más importante a destacar en este ámbito es que el exmandatario se convirtió en el primer presidente en no haber devaluado la divisa mexicana desde la década de 1970. En 2018, el tipo de cambio era de 20,40 pesos por dólar, mientras que el 30 de septiembre, último día de la gestión de López Obrador, se situó en 19,61, lo que representa una apreciación del 3,87% frente a la moneda estadounidense (Ámbito, 2024).
Por otro lado, durante el primer semestre de 2024, la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los 31 mil millones de dólares (mmdd), monto 7% superior al mismo periodo de 2023. Desde 2020, la IED ha mantenido un crecimiento sostenido, y a partir de 2022 ha marcado máximos históricos con registros superiores a los 35 mmdd. Según proyecciones, esta seguirá siendo una tendencia durante 2025, cuando se reporten más de 39 mmdd (CEFP, 2024). México destaca como uno de los países favoritos de los inversores extranjeros por su capacidad productiva, la fortaleza del mercado interno y estabilidad macroeconómica y política. Además, la manifestación del fenómeno del nearshoring5 también ha favorecido estas cifras.
Otro dato positivo del gobierno que recién concluyó, fueron los números obtenidos en la recaudación tributaria. Durante el sexenio, se acumularon más de 21.8 billones de pesos y se registró un incremento del 16,8%, en comparación con la administración de Enrique Peña Nieto (SAT, 2024). El aumento de los ingresos públicos sin recurrir a la creación de nuevos impuestos o al incremento de los existentes, fue un logro de la implementación del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación.
Esta estrategia contemplaba el crecimiento de las capacidades de recaudación y el combate a la evasión fiscal. Asimismo, se hicieron reorganizaciones legales que impidieron la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes. Estos ingresos tributarios sumados a la política de austeridad republicana permitieron lograr un mayor gasto público en infraestructura y programas sociales, sin incurrir en grandes déficits fiscales.
Relacionado con esto último, los proyectos de infraestructura ejecutados en el periodo 2018-2024 respondieron a las necesidades del país y reflejaron la visión de López Obrador de fortalecer el desarrollo nacional. El más emblemático del sexenio fue el Tren Maya, un sistema ferroviario que ha sido presentado como un motor para el crecimiento económico y turístico de México. Otro de los grandes proyectos es la refinería de Dos Bocas, el cual forma parte de una estrategia para reducir la importación de combustibles y aumentar la capacidad de refinación nacional. Asimismo, se construyeron el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Estas y otras estructuras buscan fomentar el desarrollo y la conectividad regionales y mejorar indicadores económicos y sociales de las comunidades locales.
De manera general, la actividad productiva presentó su desempeño más bajo en 36 años, a pesar de que la economía logró un crecimiento anual del 1% durante los seis años del primer gobierno de la Cuarta Transformación. Este porcentaje estuvo determinado por la fuerte caída del Producto Interno Bruto (PIB) durante el 2020, cuando se registró un decrecimiento del 8,6% debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. No obstante, en los años sucesivos, la gestión administrativa permitió la recuperación económica y se proyectaron crecimientos por encima del 3% (García, 2024). A pesar de esta confrontación de datos, el resultado neto del sexenio se reflejó en la escalada de México en el ranking económico mundial, del lugar 15 al 12, con un PIB estimado en más de 2 billones de dólares, desplazando así a Corea del Sur, Australia y España (FMI, 2024).
Los resultados positivos de la gestión del gobierno de López Obrador han generado un amplio apoyo de la sociedad mexicana hacia el proyecto de nación promovido desde la Cuarta Transformación, lo que ha beneficiado políticamente a Morena y sus aliados. Los resultados de las elecciones del 2 de junio afianzaron a la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia como el principal actor en todos los escenarios político-electorales del país. Así, Sheinbaum contará con el respaldo político del Congreso de la Unión, de 24 de las 32 gubernaturas y de la mayoría de los congresos estatales. Esta correlación de fuerzas le proporciona a la nueva presidenta un entorno favorable para implementar el segundo piso de la Cuarta Transformación, mediante la aprobación de leyes constitucionales que aseguren los intereses de la mayoría del pueblo mexicano y de los sectores estratégicos de la producción económica y los servicios públicos, así como una distribución más justa de la riqueza y el desarrollo de programas sociales e infraestructura en todo el país.
El gobierno de Claudia Sheinbaum entre desafíos y tareas pendientes
En el marco del inicio del sexenio de Sheinbaum, este análisis con base en datos públicos y cifras oficiales, permite identificar los principales resultados de la gestión de López Obrador. Los avances socioeconómicos del primer gobierno de la Cuarta Transformación ofrecen condiciones favorables para la nueva etapa de este proceso. A pesar de las fortalezas políticas y económicas, el nuevo gobierno deberá mantener y profundizar los logros de la administración anterior y enfrentar los retos persistentes y asuntos pendientes de la sociedad mexicana.
El desafío más urgente para el gobierno de Sheinbaum estará vinculado a la seguridad pública. Aunque hubo una intención declarada por parte de López Obrador de enfrentar el crimen organizado, la realidad es que su estrategia de seguridad no obtuvo todos los resultados esperados. Entre 2019 y septiembre de 2024, disminuyó la tendencia de asesinatos anuales6, pero esto no bastó para impedir que México reportara cifras récords de homicidios dolosos. Las víctimas de la violencia durante el mandato del expresidente ascendieron hasta las 196 528 personas, dato que lo confirma como el sexenio más violento de la historia de México (Vela, 2024).
A diez años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Iguala, el esclarecimiento del caso continúa siendo el principal pendiente en materia de seguridad de los políticos mexicanos. Aunque el gobierno de López Obrador logró avances significativos, como la desarticulación de la verdad histórica7 y la calificación de los sucesos como un crimen de Estado, la falta de resolución del caso Ayotzinapa se traduce en un fracaso para proporcionar justicia y verdad a las víctimas y sus familiares. En este escenario, la administración de Sheinbaum debe reconstruir el diálogo con el colectivo de padres de los estudiantes y asumir la responsabilidad de reactivar la investigación con un enfoque renovado que permita avanzar hacia una solución efectiva del caso.
Igualmente, el combate a la corrupción fue central en el discurso de López Obrador. Al finalizar su presidencia, los datos oficiales indican una leve mejoría en este ámbito8. A pesar de los esfuerzos y los avances significativos9, la corrupción sigue siendo un grave problema. Por lo tanto, su manejo constituye otro tema pendiente para la nueva presidenta. Es importante reconocer que tanto la corrupción como la inseguridad son problemas persistentes y sistémicos generados durante el periodo neoliberal, y su erradicación requerirá más de seis años de gobierno, aunque se pueden establecer bases para su solución.
Entre los cambios estructurales en el ámbito laboral propuestos por Sheinbaum se encuentran incrementar el salario mínimo un 12% anual hasta alcanzar el equivalente a 2.5 canastas básicas10 en 2030 y la reducción gradual de la semana laboral de 48 a 40 horas sin afectar la competitividad del sector productivo (Sheinbaum, 2024). Para llevar a cabo estas promesas, la presidenta necesitará entablar diálogos y construir consensos entre los sindicatos y los grupos patronales.
Además, el gobierno de Sheinbaum enfrentará el desafío de consolidar los cambios institucionales derivados de la aprobación de reformas constitucionales, las cuales incluyen al Poder Judicial, la disolución de órganos autónomos, la estructura de la Guardia Nacional y la regulación de empresas energéticas, entre otras. Transformar el entramado institucional del Estado mexicano exige de una gestión capaz de implementar las nuevas disposiciones y de abordar las resistencias inherentes al proceso de cambios en el status quo, así como de generar la confianza y el respaldo de la ciudadanía. La efectividad de la nueva administración para transitar en este panorama determinará el éxito de las reformas y la profundización de la Cuarta Transformación.
En política exterior, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su discurso agresivo suponen un desafío a la gobernabilidad de Sheinbaum en su proyección nacional y la estabilidad económica de México. Las amenazas arancelarias, condicionadas a la detención del flujo migratorio y el tráfico de drogas, complejizan el diálogo bilateral. Además, la relación comercial en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) requerirá atención, ya que su revisión está programada para 2026 y la implementación efectiva de los aranceles alteraría significativamente el tratado y las dinámicas regionales de América del Norte. Ante estos retos compartidos, se hace evidente la necesidad de un enfoque colaborativo entre ambos gobiernos para abordar la migración irregular, el narcotráfico y el comercio.
El segundo piso de la Cuarta Transformación: una apuesta por la continuidad con matices
El 1 de octubre de 2024, con la toma de protesta de Sheinbaum, comenzó la nueva etapa de la Cuarta Transformación. En su primer discurso como presidenta, presentó sus 100 compromisos de gobierno y delineó su propuesta política, conocida como el segundo piso de la Cuarta Transformación, la cual representa una apuesta por continuar, actualizar y enriquecer el proyecto de nación iniciado por López Obrador.
La primera manifestación de esta nueva etapa del proceso se concretó en la composición del equipo de gobierno de la presidenta. El nuevo ejecutivo rescata a ocho funcionarios de la administración de López Obrador y a siete que trabajaron con Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La trayectoria política de esos funcionarios dentro de la Cuarta Transformación deberá garantizar la continuidad de este proyecto político. Además, la jefa de Estado optó por incluir a figuras profesionales y especializadas en sus respectivas áreas de atención y de perfil político independiente. Este elemento contrasta con el gabinete anterior, el cual tenía una formación más política.
Por otro lado, Sheinbaum también incorpora cambios significativos en el gobierno federal que reflejan su enfoque renovador. Con la aprobación de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se avanzó en la creación de tres secretarías de Estado: la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que reafirma el compromiso de la nueva fase de la Cuarta Transformación en la lucha contra la corrupción; la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la cual subraya la importancia que Sheinbaum otorga a la ciencia y la investigación para el desarrollo del país; y la Secretaría de las Mujeres, enfocada en promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Estos cambios en la estructura de la administración federal están alineados con los compromisos asumidos por la presidenta y buscan abordar de manera más efectiva desafíos sociales contemporáneos.
Las políticas con perspectivas de género añaden otro matiz distintivo a la nueva administración. Sheinbaum, como primera mujer presidenta de México, encarna un simbolismo importante en la lucha por la igualdad de género. En los primeros meses de su mandato, la agenda feminista ha sido un eje central en sus acciones con el envío de un paquete de reformas al Congreso, el cual incluyó modificaciones constitucionales que buscan garantizar la igualdad sustantiva y salarial, el combate a la violencia de género y la paridad en todos los cargos de la administración pública. Además, la creación de la Secretaría de las Mujeres en la estructura gubernamental elevó los asuntos de género a rango ministerial. Estas medidas demuestran un compromiso explícito con las reivindicaciones sociales y los derechos de las mujeres y trascienden del discurso a la voluntad política.
En otro orden de ideas, la estrategia energética de Sheinbaum se inscribe en las bases de la política del primer gobierno de la Cuarta Transformación: la soberanía y la seguridad energéticas, la autosuficiencia y la sostenibilidad. Sin embargo, difieren en la búsqueda de un cambio gradual en la matriz energética del país, con un programa de inversión en energías renovables para acelerar la transición energética y en alianza con el sector privado, pero bajo la dirección estatal. Paralelamente, pretende conservar el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero sin que contravenga el fomento de energías limpias. La producción de estas empresas estatales solo deberá garantizar la autosuficiencia interna y la soberanía energética. El reto estará en complementar estos objetivos en una estrategia enfocada en la transición energética para enfrentar la crisis climática global.
Otra diferencia notable en la estrategia del segundo piso se observa en el plan nacional de seguridad pública. Este proyecto, más estructurado, define cuatro ejes para construir una paz duradera en el territorio mexicano11. Dos de los ejes bases fueron tomados de la estrategia de López Obrador: atender las causas de la violencia mediante programas sociales para familias vulnerables, especialmente los jóvenes, y restarles base social a los grupos delictivos; y consolidar la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el mejoramiento de sus capacidades operativas. Asimismo, se añadieron dos elementos novedosos: el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación con un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia; y la coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos estatales en los gabinetes de seguridad, donde también se incluirá a la Fiscalía General de la República.
La llegada de Sheinbaum a la presidencia representa un hito significativo en la evolución de la Cuarta Transformación, con una propuesta que, aunque se basa en los cimientos establecidos por López Obrador, introduce propuestas renovadoras. El nuevo enfoque en la política doméstica del ejecutivo de Sheinbaum sugiere un intento de enriquecer el proyecto político con nuevas perspectivas, las cuales diferenciarán al actual gobierno de su antecesor.
La llegada de Sheinbaum a la presidencia representa un hito significativo en la evolución de la Cuarta Transformación, marcando un momento crucial en el que se busca no solo continuar con las bases establecidas por López Obrador, sino también inyectar propuestas renovadoras que respondan a las demandas contemporáneas del país. Su enfoque en la política doméstica sugiere un intento de enriquecer el proyecto político con nuevas perspectivas, las cuales diferenciarán al actual gobierno de su antecesor y fortalecerán la legitimidad del movimiento al abordar desafíos como la inseguridad, la violencia de género y la sostenibilidad ambiental.
conclusiones
La Cuarta Transformación, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha tenido un impacto notable en la resolución de las problemáticas generadas por las políticas neoliberales impuestas en las últimas décadas en México. El bienestar socioeconómico, la redistribución de ingresos y la austeridad republicana se convirtieron en pilares de la política interna del país, logrando avances significativos.
Estos resultados socioeconómicos han determinado el apoyo de la ciudadanía al proyecto y su continuidad. Los progresos en materia administrativa y el fortalecimiento de la democracia en el Estado mexicano han acarreado mejoras para México. A saber: la reducción de la pobreza, el aumento del salario mínimo, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo de infraestructura y de programas sociales. Los resultados de estas reformas han establecido una base sólida que facilita el ejercicio de la presidencia de Sheinbaum.
De esta forma, el nuevo gobierno se presenta como una oportunidad para consolidar los logros alcanzados y profundizar la Cuarta Transformación mediante la implementación del segundo piso, enfocado en enfrentar los principales desafíos que persisten en la sociedad mexicana. Esta segunda fase asume el compromiso de mantener los principios fundamentales de la Cuarta Transformación, adaptándolas a las realidades y necesidades actuales del país. Asimismo, representa una evolución del proyecto político iniciado en 2018.
referencias
Notas
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Recibido: 13 de enero de 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 27 de enero de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Luis Águila, A.D. & Salmon Soriano, J.L. (2025). Biden y su política energética: ¿ruptura de la tradición? Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 6 (2), 16-30.
resumen
La presente investigación valora la política energética de Estados Unidos bajo la administración de Joseph Biden en el periodo de enero 2021 a septiembre 2024. Para ello, se examina la evolución de las medidas adoptadas en esta materia por distintas administraciones, fundamentalmente las de Barack Obama (2009-2017) y Donald Trump (2017-2021). Se destaca que la nación estadounidense ha sido, históricamente, dependiente de los combustibles fósiles, lo que ha generado importantes problemas ambientales. A lo largo del tiempo, diversos gobiernos han implementado políticas para regular y diversificar las fuentes de energía. La creación de organismos como la Comisión Federal de Comercio y la Agencia de Protección Ambiental son ejemplo de ello. La crisis del petróleo, en 1973, impulsó cambios significativos hacia energías alternativas, aunque, en las décadas siguientes, el enfoque se desvió hacia la desregulación, especialmente bajo los periodos presidenciales de Ronald Reagan y Trump, quienes priorizaron la producción nacional de combustibles fósiles. Biden, al asumir su mandato en 2021, se propuso revertir estas políticas regresivas y enfocar su administración en la sostenibilidad y el cumplimiento de compromisos internacionales como el Acuerdo de París. El documento concluye que la política energética actual ha buscado restablecer el liderazgo estadounidense en la transición hacia energías limpias, y que ha enfrentado tanto desafíos internos como externos en un contexto global cambiante.
Palabras Clave: política energética, Estados Unidos, Joseph Biden, combustibles fósiles.
ABSTRACT
This research assesses the energy policy of the United States under the administration of Joseph Biden in the period from January 2021 to September 2024. To do so, it examines the evolution of the measures in this area adopted by different administrations, mainly those of Barack Obama (2009-2017) and Donald Trump (2017-2021). It is highlighted that American nation has historically been dependent on fossil fuels, which has generated significant environmental problems. Over time, various governments have implemented policies to regulate and diversify energy sources. The creation of agencies such as the Federal Trade Commission and the Environmental Protection Agency are examples of this. The oil crisis in 1973 prompted significant changes towards alternative energies, although, in the following decades, the focus shifted towards deregulation, especially under the presidential periods of Ronald Reagan and Trump, who prioritized the domestic production of fossil fuels. Biden, upon taking office in 2021, set out to reverse these regressive policies and focus his administration on sustainability and compliance with international commitments such as the Paris Agreement. The document concludes that current energy policy has sought to reestablish US leadership in the transition to clean energy, and that it has faced both internal and external challenges in a changing global context..
Keywords: energy policy, the United States, Joseph Biden, fossil fuels.
introducción
Estados Unidos de América (EE.UU.) es la mayor potencia económica a nivel mundial, aunque su hegemonía se encuentra en disputa por países como Rusia y China. Uno de los ejes fundamentales de este desarrollo, ha sido la histórica explotación de combustibles fósiles, que lo ha convertido en uno de los países más contaminantes a nivel global. En este marco, su política energética se ha moldeado de acuerdo con el contexto, ya sea por cambios tecnológicos, “preocupaciones ambientales” o dinámicas geopolíticas.
Las primeras etapas del proceso de confección de una política energética en EE.UU. se enmarcaron entre los siglos XIX y XX. Estas estuvieron caracterizadas, fundamentalmente, por el descubrimiento y uso inicial de los combustibles fósiles y la intervención del Gobierno para la regulación del sector. En este sentido, cabe destacar el comienzo de la industria petrolera, a fines del siglo XIX, con el hallazgo de grandes yacimientos petrolíferos. Asimismo, se dieron los primeros pasos para regular el mercado energético, particularmente con la creación de la Comisión Federal de Comercio en 1914. Este organismo buscó controlar monopolios en ramas vinculadas al petróleo y la electricidad.
Durante la Gran Depresión, iniciada en 1929, el gobierno de Franklin D. Roosevelt llevó a cabo una serie de programas para la electrificación rural, los cuales incluían la creación de la llamada Autoridad del Valle de Tennessee (TVA, por sus siglas en inglés), en 1933; la Administración de Electrificación Rural (REA, por sus siglas en inglés), en 1935; y la Ley de Electrificación Rural, en 19361. De esta forma, se expandió el acceso a la energía eléctrica en regiones remotas, a la vez que se fomentó el desarrollo de infraestructuras energéticas.
La mayoría de los estadounidenses conocieron los efectos de la contaminación atmosférica en 1962, cuando Rachel Carson, considerada la primera mujer ecologista en EE.UU., publicó su libro Primavera silenciosa, mediante el cual advertía de los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente. Como resultado, durante esta década se impulsaron importantes acciones en pos de la protección medioambiental. En 1963, el presidente demócrata Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Aire Limpio. En 1970, su sucesor, el republicano Richard Nixon, estableció la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Este periodo pro ambientalista en EE.UU. culminó bajo la égida del presidente James Carter, en cuyo mandato el Congreso promulgó una ambiciosa legislación ambiental (Peinado, 2023).
A mediados del siglo XX, EE.UU. se posicionó como uno de los actores clave en el mercado global del petróleo. Ello, no solo estuvo determinado por el uso de este mineral como fuente de energía principal, sino también por el considerable aumento de su producción nacional. Este auge se vio frenado por la llamada Crisis del Petróleo, en 1973, provocada por el embargo impuesto por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)2 a EE.UU., en respuesta a su apoyo a Israel durante la guerra de Yom Kipur3. Como resultado, aumentaron drásticamente los precios y la escasez de combustible en el país norteamericano. La dependencia que se había alcanzado de este crudo exacerbó la situación, lo que provocó una inflación significativa y una recesión económica.
Para contrarrestar la crisis se implementaron cambios significativos en las políticas energéticas estadounidenses. Entre ellos resaltan: el fomento de la investigación y desarrollo de energías alternativas, como la solar y la eólica; incentivos para la producción de biocombustibles y tecnologías no derivadas del petróleo; y el establecimiento de medidas de conservación de energía en hogares e industrias (Reyez, 2023). Como respaldo y consolidación de estas políticas, se creó la Administración de Energía, en 1974, y el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés), en 1977.
Durante la administración de Ronald Reagan (1981-1989), se reajustaron las políticas energéticas con un enfoque en la desregulación. Ejemplos de ello fueron: la eliminación de los controles sobre los precios del petróleo y sus derivados para fomentar la competencia; la promoción de incentivos fiscales para la producción de energía, especialmente en fuentes no convencionales y renovables; y la disminución del gasto gubernamental para el financiamiento de programas de conservación energética, donde se priorizó el libre mercado (Vargas,1993).
Los años noventa avanzaron sin muchos acontecimientos relevantes para la política energética de EE.UU., excepto por su adhesión al Protocolo de Kioto de 19974, durante la presidencia de Bill Clinton. A finales de esta década, el interés en las energías renovables comenzó a crecer en respuesta a preocupaciones sobre el medio ambiente y la necesidad de diversificar las fuentes de energía. Sin embargo, el partidismo en cuestiones ambientales y energéticas se aceleró a lo largo de la primera década de los 2000, lo que llevó a un estancamiento legislativo en el Congreso (Peinado, 2023).
El presidente George Bush (hijo) no solo se negó, en 2001, a ratificar el Protocolo de Kioto, sino que su administración trabajó con grupos de presión orientados a sembrar dudas sobre la veracidad de las advertencias científicas realizadas, con relación a los peligros del cambio climático. Además, mostró un amplio enfoque en el área petrolera y el gas natural, con lo cual no solo transformó al país en el mayor productor mundial de energía tras la llamada “revolución del fracking”5, sino que también debió enfrentar críticas a causa de los impactos ambientales que esto supuso. A pesar de ello, la conciencia en torno al tema aumentaba y las políticas energéticas comenzaron a centrarse más en la “sostenibilidad”. La normativa sobre emisiones y la promoción de tecnologías limpias ganaron relevancia.
La participación de Washington en el Acuerdo de París, en 2015, reflejó cierto “compromiso” por abordar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, en 2017, el presidente Donald Trump anunció la intención de retirarse del Acuerdo, con el argumento de que era un pacto “injusto y unilateral” y perjudicaba la economía estadounidense (Global Public Affairs, 2017). Esta decisión fue criticada internacionalmente y no detuvo el rol de muchas ciudades, universidades, empresas y estados de EE.UU. que continuaron trabajando hacia los objetivos del Acuerdo.
La administración Trump (2017-2021), con un enfoque que priorizó la producción nacional de crudo y gas natural, debilitó los esfuerzos por el desarrollo de energías limpias en tanto significó un retroceso en los compromisos expuestos en esta materia, por EE. UU., hasta entonces. En este contexto, se dio inicio a una nueva presidencia, encabezada por Joseph Biden en 2021, quien se propuso revertir las políticas de su predecesor.
Por esta razón, la presente investigación se propone como objetivo: valorar la política energética de EE. UU. bajo la administración de Joseph Biden (enero 2021-septiembre 2024).
desarrollo
Antecedentes de la política
energética de Biden (2009-2020). ¿Toma de conciencia o
hegemonía?
Un breve repaso a los acontecimientos de los últimos años demuestra el papel fundamental y el liderazgo que EE.UU. ha ejercido sobre cualquier proceso internacional en materia energética. Washington ha mostrado su capacidad para imponer sus propias políticas, ya fuesen estas de carácter conservador o aperturista (Miranzo y Del Rio, 2018). En ese orden, es preciso señalar que los años anteriores a la toma de poder del presidente Joseph Biden, estuvieron marcados por importantes sucesos en este ámbito, que sirvieron de base al exmandatario para la elaboración de su estrategia en este tema.
Si bien Barack Obama (2009-2017) se convirtió en el primer presidente en promulgar políticas climáticas y energéticas ambiciosas, este lo hizo, principalmente, durante su segundo mandato. El demócrata tuvo que depender de órdenes ejecutivas desde que su partido perdió su mayoría en las elecciones de medio término de 2010 (Peinado, 2023). Sin embargo, es preciso destacar que dio ciertos pasos durante su primer mandato, si se toma en consideración lo poco que se había logrado hasta el momento en materia energética.
Durante el año 2009 fue aprobada la American Clean Energy And Security Act6 por el Congreso, pero rechazada en el Senado de mayoría republicana. No obstante, en el mismo año, la EPA declaró que el dióxido de carbono y otros cinco GEI suponían un peligro para la salud pública, lo que significaba, según Peinado (2023), un importante avance frente a las posiciones cercanas al negacionismo de las anteriores administraciones. Esto le permitía al presidente Obama establecer límites en las emisiones de GEI sin necesidad de aprobación por la Cámara Baja.
En este mismo año, Obama lanzó un plan medioambiental llamado Climate Action Plan (que se iría actualizando cada dos años, hasta su cancelación por la siguiente administración). Por primera vez, se fijaba un tope de disminución a las emisiones de GEI en un marco temporal determinado (2030). Asimismo, el mandatario firmó una orden presidencial, la cual estableció que el gobierno federal debería obtener al menos el 20% de su energía de fuentes renovables para 2020 (President Obama’s Climate Action Plan 2nd Aniversary Progress Report, 2015). Sin embargo, no se establecieron mecanismos legales formales específicos para garantizar su cumplimiento, por lo que su impacto fue insuficiente. Posteriormente, con el cambio de presidencia en 2017, se revocó dicha orden.
Tras los sucesos del Deepwater Horizon7, en 2010, el mandatario reforzó su apoyo a las energías renovables, con la aprobación, el mismo año, de importantes fondos de ayuda para el desarrollo de estas. Sin embargo, no se adoptó ninguna medida de prevención concreta para el futuro ni una legislación que lo regulara, además de abandonar el plan de limitación de emisiones, posteriormente, por falta de consenso.
Durante el segundo mandato de Obama, los presupuestos alcanzaron cifras históricas de hasta 8,800 millones de dólares en apoyo a la lucha contra el cambio climático, lo cual incluyó al sector energético. Además, el liderazgo presidencial fue fundamental para lograr un consenso a nivel de sociedad civil y el apoyo de las grandes corporaciones a las iniciativas medioambientales y energéticas del Presidente (Miranzo y Del Rio, 2018).
La aprobación del Clean Power Plan (Plan de Energía Limpia), en 2015, convirtió a la descarbonización de la economía americana en uno de los pilares de la política energética del país, al establecer limitaciones sustanciales a las emisiones de carbono de las centrales eléctricas. Asimismo, la energía nuclear fue considerada por la administración Obama como un elemento esencial dentro de la transición energética. En este sentido, la aprobación de la Orden Ejecutiva sobre Pequeños Reactores Modulares clasificó la energía nuclear como una alternativa junto a la solar, geotérmica y de biomasa.
Estas leyes proporcionaron un marco general, pero la implementación dependió de cada agencia federal y no existieron sanciones claras para su cumplimiento. Por otro lado, es importante destacar que, a pesar de estos avances, la concepción de una autosuficiencia energética en EE.UU., seguía estrechamente vinculada a los combustibles fósiles.
Si bien la producción estadounidense de gas natural ha presentado incrementos sostenidos en el tiempo desde el año 2006, bajo el mandato del presidente Obama se alcanzaron las cuotas más altas de producción de toda la historia de EE.UU., pasando del 5% al 39% en cinco años (Blackwill y O’Sullivan, 2014). Como consecuencia, a finales de 2016, tuvieron lugar las primeras exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) al extranjero. Por otra parte, las importaciones netas de petróleo habían disminuido, pasando de un 60% del consumo total en 2005 a cerca del 25% en 2015, lo que le permitió convertirse para ese último año en el mayor productor de petróleo del mundo, superando a Arabia Saudita y Rusia (Miranzo y Del Rio, 2018).
En otro orden, la decisión de EE. UU. de invertir en energías limpias se produjo en un momento en que actores como China y la Unión Europea (UE) estaban liderando la transición hacia fuentes de energía sostenibles. El gigante asiático, en particular, se había convertido en el mayor productor de paneles solares y turbinas eólicas para 2009. Por su parte, la UE, luego de las consecuencias que trajo para su “seguridad energética” el conflicto ruso-ucraniano, iniciado en 2014, impulsó medidas destinadas a las energías renovables. De ahí que la respuesta del país norteamericano se interpreta como un intento de recuperar su posición hegemónica en el sector energético global.
El principal esfuerzo en materia de política exterior de Obama se dirigió hacia los denominados países BRIC8. Para 2016, las naciones que integraban este grupo constituían el 37% del consumo global de energía y alrededor del 42% del uso de la energía renovable a nivel mundial. Rusia, además, propuso utilizar monedas nacionales para transacciones energéticas, lo que podía reducir la dependencia del dólar en el comercio (Tepox, 2023).
EE. UU. logró la firma de acuerdos internacionales relevantes. Por un lado, se comprometió con China a poner un tope a sus emisiones de GEI (aún sin dar una cifra específica) dentro de un marco temporal definido en el mismo. Por otro, se firmaron acuerdos con la India con respecto al financiamiento, implantación y desarrollo de fuentes de energías renovables en la región asiática. Un ejemplo de ello fue el U.S.-India Clean Energy Investment, por el cual se proporcionó apoyo técnico a empresas emergentes indias y se aumentó el número de proyectos de innovación tecnológica.
Aunque esto constituyó un paso significativo para la administración Obama, el mayor logro internacional en materia energética fue la firma del Acuerdo de París, alcanzado durante el marco de la Conferencias de las Partes (COP21)9. En esta cita se reconoció que todas las naciones tienen una responsabilidad compartida contra el cambio climático y se acordó que los países desarrollados debían proporcionar financiamiento a otros en desarrollo, para facilitar su transición energética hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima. Esto le permitió a EE. UU. posicionarse entre los países líderes del sector energético en cuanto a energías renovables se refiere.
Administración Trump y el
retroceso al conservadurismo energético
En enero de 2017 asumió la presidencia el republicano Donald Trump. En materia energética, su mandato se basó en desmontar gran parte de los avances alcanzados por su predecesor demócrata. En este sentido, implementó una estrategia denominada “American Energy Dominance”, en 2017. Esta política promovió la producción nacional de combustibles fósiles; la eliminación de las regulaciones ambientales establecidas previamente como la prohibición de perforar en el Ártico y el Atlántico, y el Clean Power Plan de Obama; el desbloqueo de proyectos de infraestructura energética como los oleoductos Keyst one XL y Dakota Access Pipeline (Escribano, 2018). En este sentido, el Congreso aprobó una reforma impositiva10, llamada Tax Cuts and Jobs Act, que tuvo a las empresas energéticas entre sus principales beneficiarias, lo cual constituía un incentivo a la inversión.
En el ámbito internacional, su política se hizo visible con la retirada del Acuerdo París y la tendencia a inhibirse de los compromisos financieros estadounidenses con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, el Presidente anunció la venta de la mitad de las reservas estratégicas estadounidenses de petróleo sin respetar las normas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que, aunque no llegó a realizarse, sí se hicieron ventas significativas. De esta forma, como expresa Escribano (2018): “el unilateralismo de Trump afectaba a otros mecanismos clave de gobernanza energética global, precisamente cuando resultan más necesarios para afrontar una transición energética ordenada en los aspectos económicos y geopolíticos” (p. 6).
El conservadurismo mostrado por Trump en su política energética en cuanto al apego tradicional a los combustibles fósiles de los EE.UU., redujo la dependencia de importaciones de petróleo, y fortaleció su posición geopolítica en el sector del crudo. De ahí que, el aumento de su producción de hidrocarburos desafiara la influencia de la OPEP y Rusia. Además, se produjeron fricciones con sus aliados europeos, en temas de cambio climático y energías renovables.
La administración Trump (2017-2021), con un enfoque que priorizó la producción nacional de crudo y gas natural, debilitó los esfuerzos por el desarrollo de energías limpias en tanto significó un retroceso en los compromisos expuestos en esta materia, por EE.UU., hasta entonces. En este contexto, se dio inicio a una nueva presidencia, encabezada por Joseph Biden en 2021, quien se propuso revertir las políticas de su predecesor.
La administración Biden:
¿ruptura o continuidad de la
política energética
estadounidense? (enero de 2021- septiembre de 2024)
Con la llegada del presidente Joseph Biden a la Casa Blanca, se esperaba un cambio, anunciado anteriormente, en la política energética del país. En su agenda gubernamental, proponía el Green New Deal (derivado de propuestas realizadas anteriormente en el Congreso), el cual se refiería a un ambicioso plan para trasformar la economía estadounidense hacia fuentes de energía renovables y sostenibles. Este programa, se basaba en un conjunto de medidas que incluían:el establecimiento de límites rigurosos a la generación de metano por parte de las operaciones de entonces y nuevas de petróleo y gas natural; el impulso, mediante incentivos fiscales, de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono; inversión en innovación y desarrollo energético, así como en infraestructuras, con el objetivo de alcanzar el puesto de líder mundial en energías sostenibles. Se propuso también fomentar la investigación para analizar el futuro de la energía nuclear, entre otras (Peinado, 2024).
Para llevar a la práctica las proyecciones anteriormente mencionadas, el mandatario puso en marcha su “revolución de la energía limpia”, como se llamó a la implementación de su política energética. Uno de los primeros pasos incluía la inversión de 1.7 billones de dólares en los próximos 10 años para contribuir al alcance de sus objetivos en el sector (Peinado, 2024). Asimismo, Biden ordenó retomar el Acuerdo de París y firmó varias órdenes ejecutivas, las cuales estuvieron encaminadas a la reducción de subsidios a combustibles fósiles, el establecimiento de metas para que el gobierno federal fuera neutral en carbono en 2050 y una electricidad 100% libre de emisiones contaminantes para 2030.
A pesar de sus intenciones para avanzar en este tema, el programa del mandatario se enfrentó a una serie de obstáculos en la implementación de propuestas de mayor alcance, pues la realidad política fue otra. Entre los desafíos a los que se enfrentó se encontraban: las competencias en materia energética en EE.UU., fragmentadas a nivel federal y estatal, por estados ligados a la explotación de energías fósiles, y que supusieron un obstáculo para la concreción de una política con carácter nacional. (Peinado, 2024).
Por otro lado, la superioridad demócrata en el Congreso se redujo en una docena de escaños después de las elecciones de 2020 y, a su vez, el partido azul se encontraba dividido entre moderados y progresistas. La facción moderada defendía un enfoque más gradual y pragmático de cara a las reformas, y la cautela en temas polémicos como la transición energética para mantener el apoyo de los votantes. En cambio, la facción progresista se encontraba a favor de políticas ambiciosas y su ejecución de manera rápida. Esta división provocó debates internos sobre la dirección y prioridades del partido, e imposibilitó un consenso en torno a la agenda política de Biden.
Pese a las dificultades para llevar a cabo legislaciones, en 2021, se firmó la Bipartisan Infraestructure Law (Ley Bipartidista de Empleo e Inversión en Infraestructura). Dicha norma jurídica tuvo como objetivo mejorar la infraestructura del país, la que incluía proyectos relacionados con energía limpia y sostenibilidad. A través de esta ley, se asignaron fondos para la creación de estaciones de carga y la modernización de redes eléctricas, lo que facilitaba la transición a vehículos eléctricos y la reducción de las emisiones de carbono. Además, contribuía a la inversión en el sistema ferroviario, lo cual permitía optimizar la eficiencia y disminuir la dependencia del trasporte de carretera. Ello generó menor cantidad de gases contaminantes.
Además, esta legislación destinó 50 mil millones de dólares iniciales para la EPA, a lo cual se le sumó 3,6 mil millones de dólares en 2024, a fin de renovar las instalaciones de agua potable y residuales. En este sentido, abarcó proyectos en Puerto Rico, que buscaban eliminar sistemas sépticos obsoletos, lo que beneficiaba la salud pública y el medio ambiente (Reyes, 2023).
En el 2022, se aprobó la Inflation Reduction Act (IRA), considerada la legislación climática más ambiciosa de la historia de EE.UU., con una inversión de aproximadamente 369 mil millones de dólares en energía limpia y medidas climáticas. Su enfoque principal era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030 (Loan Programs Office, 2022).
Esta ley, ofrecía créditos fiscales significativos para energías renovables y mejoras de eficiencia energética, lo que facilitaba la adopción de tecnologías limpias por parte de los consumidores y empresas. También, contenía disposiciones para asegurar que las comunidades de bajos ingresos, históricamente dependientes de combustibles fósiles, se beneficiaran de manera directa de las inversiones. De esta forma, propuso una alternativa para llevar a cabo su política energética, en cuanto a los estados económicamente sustentados de la extracción de crudo como Wyoming y Texas.
A pesar de su discurso a favor de las energías limpias, Biden hizo concesiones a la industria de combustibles fósiles, pues el contexto internacional de crisis energética luego de la Covid-19 conllevó a un aumento del precio del crudo. Por este motivo, fue necesario mantener la “seguridad energética” estadounidense estrechamente ligada a los hidrocarburos. A lo anterior se le suma la presión ejercida por los lobbies representantes de la industria del petróleo y gas natural en el Congreso, además del hecho de que la transición a energías renovables es un proceso gradual. Estas realidades, no le permitieron ir más allá en su política energética. Así, la promesa electoral acerca de la prohibición de perforaciones en tierras federales fue deshecha con la aprobación del proyecto: Willow de ConocoPhilips11 en Alaska, en 2023.
Lo anterior demuestra una continuidad con la administración Obama. A pesar de que Biden llevó a cabo una agenda más ambiciosa, no se desligó completamente del enfoque tradicional en materia energética. Esto es muestra del peso que ejercen las empresas trasnacionales y los intereses de los círculos de poder estadounidenses en el sistema político.
Proyección en el escenario
internacional de la política
energética de Biden
En el plano internacional, se llevaron a cabo esfuerzos para complementar la política energética defendida por el presidente Biden. Se desatacaron varias iniciativas y acuerdos bilaterales. Una de las más significativas fue la llamada International Climate Finance Plan (ICFP), implementada en abril de 2021. Este plan, resultado de la Orden Ejecutiva 14008, aumentó el financiamiento con el fin de ayudar a países en desarrollo a combatir el cambio climático. Uno de los pasos que propuso para alcanzar esta meta fue facilitar una transición energética global más equitativa.
La ICFP, ha permitido financiar proyectos en varios países. Un ejemplo de ello es el apoyo proporcionado a Indonesia, en planes de conservación forestal y reducción de emisiones de carbono a través del programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD, por sus siglas en inglés). En América Latina, se han destinado fondos que promueven la energía renovable y la sostenibilidad mediante la energía solar y eólica como es el caso de Colombia. En la región del Caribe, ha colaborado con países como Barbados y Jamaica, para lograr mayor adaptación a fenómenos meteorológicos extremos y para apoyar la transición a energías limpias. En el continente africano, ha implementado programas como Power Africa destinado a la electrificación rural. Por otro lado, en la India, se han destinado recursos para el desarrollo de tecnologías que pretenden una mayor eficiencia energética.
La efectividad de esta iniciativa ha dependido no solo del financiamiento proporcionado, sino también de la implementación eficiente de los países beneficiarios. Además, factores como la inflación, el aumento en costo de materiales, demoras significativas debido a problemas de interconexión y capacidad de red, así como la inestabilidad política y económica que pueden existir en las distintas regiones, son grandes desafíos que pueden ralentizar la puesta en práctica de los diferentes programas.
Es importante destacar que la ICFP se ha visto limitada a los países en desarrollo que son estratégicos para los EE.UU. en aras de alcanzar la supremacía en la transición energética, disputada por China (así lo muestra también en las demás iniciativas que se tratarán posteriormente). Mientras las constantes tensiones geopolíticas continúan, los demás países del llamado Tercer Mundo quedan atrás en el avance hacia una posible transición a energías renovables, puesto que no cuentan con los recursos necesarios, ni son de interés en la estrategia de seguridad nacional de EE.UU.
El 1 de julio de 2020, entró en vigor el Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), el cual ha tenido un impacto en el sector energético de los tres países firmantes. Este convenio promovía una mayor integración energética en América del Norte, lo que facilitó el comercio y la inversión en el sector. Esto incluyóla cooperación en infraestructura como las redes de transmisión eléctrica y gasoductos (US Customs and Border Protection, 2020). Sin embargo, la política energética de México generó tensiones con las disposiciones del T-MEC, puesto que la administración mexicana impulsó reformas12 que priorizaban las empresas estatales y no las privadas o extranjeras, aunque muchas de ellas no fueron aprobadas por el Congreso mexicano.
En septiembre de 2021, Biden se reunió con el primer ministro indio Narendra Modi para fortalecer la cooperación en energía limpia como parte del “Diálogo Estratégico sobre Energía”, otra de las iniciativas norteamericanas para fomentar la cooperación en el desarrollo de tecnologías energéticas limpias. En dicha cita, se acordó aumentar la inversión en energías renovables por parte de EE.UU. en este país asiático, en apoyo de su objetivo de alcanzar 500 GW de capacidad con energía limpia para 2030.
En diciembre de 2021, el presidente estadounidense y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunciaron un acuerdo que buscaba mejorar y desarrollar las interconexiones eléctricas entre ambos países. Este pacto suscitaba la asistencia en investigación y desarrollo de tecnologías, como el hidrógeno limpio y la captura de carbono, lo cual podría acelerar la transición energética de estas naciones. Sobre la misma línea, en el mes de abril de 2022, se firmó un acuerdo entre EE. UU. y Japón.
En mayo de 2022, el mandatario norteamericano anunció una asociación con la UE en materia energética. En consecuencia, se buscaba coordinar políticas para reducir las emisiones globales y alinear sus esfuerzos para dar cumplimiento al Acuerdo de París. De esta forma, se facilitó el intercambio de información y tecnología para potenciar innovaciones que beneficiasen a ambas partes. Sin embargo, las políticas y acuerdos no solo iban encaminadas a la transición energética, pues tras el inicio de la denominada operación militar especial de Rusia en Ucrania, EE. UU. se convirtió en el principal proveedor de gas natural licuado para Europa. Por tanto, el país norteamericano vio una oportunidad para consolidar su posición en el área, debido a la dependencia del gas ruso que existía en la región anterior al conflicto.
En 2023, se firmó la Declaración del Atlántico13 entre EE.UU. y el Reino Unido en áreas clave como la regulación de tecnologías emergentes, cadenas de suministro de minerales críticos y el sector energético. En primer lugar, promovía el desarrollo conjunto de medios técnicos para lograr mayor competitividad en materia de energía. En segundo lugar, se enfatizaba la importancia de asegurar los suministros de minerales críticos, como el litio, pues son fundamentales para la fabricación de baterías y otras alternativas sostenibles.
La política exterior en materia energética de Biden ha significado un apoyo a los avances en el ámbito nacional, aunque su impacto global siguió siendo limitado por factores geopolíticos que han determinado hacia qué países van dirigidos sus “esfuerzos”.
conclusiones
Durante la administración Obama, EE.UU. se sumergió en un cambio de enfoque con respecto a su política energética tradicional. Se lograron así, en este periodo, ciertos avances hacia la transición a energías renovables, aunque carecieron de gran alcance, puesto que no contaban con mecanismos de control efectivos ni medidas claras para su cumplimiento. Asimismo, la incursión en esta área respondió a un contexto geopolítico en el que el país norteamericano quedaba rezagado ante otros actores que lideraban el sector de las energías renovables.
Por su parte, Donald Trump y sus políticas significaron un paso atrás en el camino hacia las energías limpias, puesto que desmontó aquellos avances alcanzados por la administración previa y respaldó totalmente la producción de combustibles fósiles. Su conservadurismo respondió a su negativa de la existencia del cambio climático y la necesidad de actuación, así como su objetivo de dominar el sector de los hidrocarburos que consideraba el eje de su seguridad energética.
La política energética de Biden, a los efectos de esta investigación, ha sido uno de los pilares a destacar de su administración que, a pesar del carácter conservadurista al que se ha enfrentado para obtener un impacto de mayor alcance, ha logrado avances significativos hacia la transición energética. Sin embargo, el contexto global de crisis energética y las presiones ejercidas por los círculos de poder que representaban la industria de los combustibles fósiles, no le permitieron alejarse radicalmente de la tradición, lo que rompió con algunas de sus promesas electorales en materia energética, al realizar concesiones en el sector de los hidrocarburos.
En el plano internacional, se proyectó hacia el financiamiento, cooperación y desarrollo de las energías renovables con vistas a una transición energética. No obstante, esta política se vio limitada a aquellos países con carácter geoestratégico, de acuerdo a sus intereses.
Por último, es preciso señalar que, si bien durante el mandato de Biden se impulsó una política energética ambiciosa con vistas hacia una transición a futuro, EE. UU. continúa estrechamente vinculado a los combustibles fósiles. En estas medidas han primado el carácter hegemónico de la nación norteamericana, que busca no quedarse detrás ante el vertiginoso avance de otras potencias en el sector.
Referencias
Bibliografía
NOTAS
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Recibido: 25 de enero de 2024
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 25 de febrero de 2024
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Rodríguez Ferreiro et al. (2025). El impacto de la Covid-19 en las economías de la CARICOM (2019-2023). Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 6 (2), 31-43.
resumen
Las economías de los países que conforman la Comunidad del Caribe (CARICOM) enfrentan una alta dependencia del comportamiento del mercado mundial. Estas se caracterizan por una alta vulnerabilidad estructural, carencia de financiamiento, baja productividad, altos niveles de endeudamiento y la baja capacidad de resiliencia frente a la propensión a desastres naturales. La pandemia de la COVID19 no solo exacerbó estas condiciones económicas adversas, sino que también evidenció cierto grado de fragmentación interna en CARICOM, presente ya en los años anteriores a la crisis sanitaria. Sin embargo, este periodo marcó un punto de inflexión, dado que la pandemia impulsó una revalorización de las alianzas regionales como estrategia para enfrentar los desafíos económicos y sociales impuestos por la crisis. En este contexto, el fortalecimiento de la unidad regional se convierte en un elemento clave para promover medidas efectivas que estimulen la recuperación y revitalización económica en la etapa post-pandémica.
Palabras Clave: CARICOM, alianzas regionales, COVID-19, recuperación.
ABSTRACT
The economies of the countries that make up the Caribbean Community (CARICOM) face a high dependence on global market behavior. They are characterized by high structural vulnerability, lack of financing, low productivity, high levels of debt, and limited resilience capacity against the propensity for natural disasters. The COVID-19 pandemic not only exacerbated these adverse economic conditions but also highlighted a certain degree of internal fragmentation within CARICOM, which had already been present in the years prior to the health crisis. However, this period marked a turning point, as the pandemic spurred a revaluation of regional alliances as a strategy to face the economic and social challenges imposed by the crisis. In this context, strengthening regional unity becomes a key element to promote effective measures that stimulate economic recovery and revitalization in the post-pandemic stage.
Keywords: CARICOM, regional alliances, COVID-19, recovery.
introducción
El escenario económico internacional de los últimos años, intensificado por la pandemia de COVID 19, ha generado transformaciones profundas y desafíos sin precedentes para los países del Caribe Insular. La crisis sanitaria, que se extendió rápidamente por todo el mundo, exacerbó vulnerabilidades históricas en economías caracterizadas por su reducido tamaño y persistentes debilidades en los planos, sociales, económicos, políticos y medioambientales. Estas economías, a menudo marcadas por estructuras productivas poco diversificadas y una elevada dependencia de sectores como el turismo y las exportaciones de productos básicos, se vieron particularmente afectadas ante la magnitud del shock global. En este contexto, la pandemia no solo intensificó los problemas preexistentes, sino que también puso en evidencia la necesidad de repensar modelos de desarrollo y establecer mecanismos de respuesta que promuevan una recuperación sostenible y resiliente.
La emergencia de la pandemia, provocada por el COVID 19, obligó a los gobiernos del Caribe a adoptar respuestas multidimensionales, combinando medidas de salud pública con estrategias económicas y sociales para mitigar los efectos de la crisis asociados a la expansión de la enfermedad. En muchos casos, estas respuestas se implementaron de manera coordinada, evidenciando un consenso regional sobre la urgencia de reforzar la capacidad de respuesta ante futuros eventos disruptivos. Asimismo, la pandemia impulsó el debate sobre la necesidad de diversificar las economías, reduciendo la dependencia de sectores vulnerables y fomentando el desarrollo de industrias de mayor valor agregado. En este sentido, se han promovido iniciativas para fortalecer la inversión en infraestructura, tecnología e innovación, elementos considerados esenciales para lograr una transformación estructural a largo plazo (CEPAL, 2020; BID, 2020).
La Comunidad del Caribe (CARICOM) ha desempeñado un papel central en este proceso de adaptación y recuperación. Fundada en 1973 a partir del Tratado de Chaguaramas y con raíces en iniciativas previas como la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA), la CARICOM fue concebida con el objetivo de promover la integración económica y la cooperación política entre los países del Caribe Insular.
Con 15 Estados miembros y 5 asociados1, esta organización ha buscado articular un régimen de integración que vaya más allá de la mera liberalización comercial, aspirando a la creación de un mercado y economía únicos (CSME) que facilite la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Este ambicioso proyecto de integración regional se inspira, en parte, en los procesos de unión experimentados en otras regiones, como la europea, y constituye un mecanismo clave para enfrentar los desafíos comunes a través de políticas coordinadas y el uso mancomunado de recursos en áreas estratégicas como la salud, la educación, la ciencia y la tecnología.
A lo largo de los años, la CARICOM ha impulsado la coordinación de políticas y la implementación de medidas que, en la práctica, han permitido mitigar ciertos efectos adversos derivados de crisis internacionales. La respuesta a la pandemia evidenció cómo la integración regional puede facilitar el intercambio de información, la coordinación de acciones y la movilización de recursos de manera conjunta, aspectos fundamentales para hacer frente a una emergencia sanitaria de tal magnitud. Esta experiencia ha puesto de relieve la importancia de reforzar el proceso de integración y de profundizar en el régimen regulatorio común, elementos que pueden servir de palanca para acelerar la recuperación económica en un entorno de alta incertidumbre global.
El presente artículo se propone analizar las consecuencias directas e indirectas de la pandemia de COVID 19, y el papel estratégico de la CARICOM en la implementación de políticas de respuesta y recuperación.
desarrollo
Antecedentes
Desde la crisis financiera de 2008, las economías caribeñas han mostrado una recuperación lenta, caracterizada por bajos niveles de crecimiento económico y una alta dependencia de sectores vulnerables a shocks externos (Romero, 2016).
En términos generales, la estructura productiva del Caribe ha estado definida por una alta especialización en servicios, particularmente el turismo, el cual representa aproximadamente el 65 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la región. Este sector es particularmente sensible a las fluctuaciones de la demanda internacional y a factores externos como desastres naturales, crisis financieras y cambios en las condiciones sanitarias globales (CEPAL, 2015). Países como Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam, han desarrollado economías más dependientes de la exportación de hidrocarburos y productos básicos, lo que los ha expuesto a la volatilidad de los precios internacionales (BID, 2016).
Desde 2014, la región ha experimentado importantes retos derivados de la caída de los precios de los commodities. Esta reducción de precios afectó negativamente a países exportadores como Trinidad y Tobago, mientras que benefició a las economías importadoras de energía, como Jamaica y Barbados. Sin embargo, el impacto general fue mixto, ya que la disminución en los ingresos por exportaciones de productos básicos limitó las opciones de financiamiento y los márgenes de maniobra de las políticas públicas en varios estados caribeños (UNCTAD, 2015).
El contexto macroeconómico también ha sido influenciado por altos niveles de endeudamiento público. Varias economías caribeñas han mantenido déficits fiscales persistentes, lo que ha generado elevados niveles de deuda pública en países como Jamaica (124,8 % del PIB en 2015) y Barbados (103,9 % del PIB en 2015) (BID, 2016). Esta situación ha restringido la capacidad de los gobiernos para implementar políticas expansivas ante crisis económicas y ha hecho que las economías de la región dependan de asistencia financiera externa y programas de ajuste estructural.
Otro factor determinante ha sido la vulnerabilidad climática, dado que los estados caribeños son frecuentemente afectados por huracanes y otros fenómenos naturales que generan pérdidas económicas significativas. En 2015, Dominica experimentó una contracción del PIB del 3 % debido al impacto de la tormenta tropical Erika (BID, 2016). Esta fragilidad estructural se ha visto exacerbada por la falta de diversificación económica y la limitada capacidad de recuperación ante desastres naturales.
Entre 2016 y 2019, las economías del Caribe mostraron un crecimiento moderado en un contexto de incertidumbre global y desafíos estructurales. La región se vio afectada por un entorno internacional de bajo crecimiento y fluctuaciones en los mercados financieros (CEPAL, 2016). Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la incertidumbre global y la desaceleración en la inversión extranjera directa (IED) generaron un ambiente complicado para lograr mayores niveles de expansión económica (CEPAL, 2016).
En términos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), datos del Banco Mundial indican que la tasa de crecimiento anual en América Latina y el Caribe fue de aproximadamente 1,3% en 2017 y descendió a 1,2% en 2018 (Banco Mundial, n.d.). En gran medida, el bajo crecimiento de la región en su conjunto fue motivado por el comportamiento decreciente de las pequeñas economías. Este desempeño refleja, en parte, las limitaciones propias de economías pequeñas y altamente dependientes de variables externas. Además, la volatilidad en la IED tuvo un impacto relevante: en 2018, la IED en la región se contrajo en un 6% respecto al año anterior, lo cual afectó la capacidad de financiamiento de proyectos de diversificación y modernización productiva (CEPAL, 2019).
El turismo, sector pilar en la economía caribeña, experimentó altibajos significativos durante este periodo. A pesar de algunos incrementos en la llegada de turistas, eventos adversos –como la incidencia de huracanes de alta magnitud en 2017 que impactaron a islas como Dominica y Puerto Rico– ocasionaron pérdidas económicas puntuales, afectando tanto los ingresos directos del sector como la confianza de inversores y consumidores (CEPAL, 2016). La alta sensibilidad del turismo a desastres naturales y crisis internacionales evidenció la necesidad de estrategias de diversificación económica para disminuir la dependencia de este sector.
Por otro lado, las políticas fiscales en la región también enfrentaron retos importantes. Muchos países caribeños mantuvieron niveles elevados de endeudamiento público, lo que limitó la capacidad para implementar políticas expansivas que pudieran amortiguar los efectos de la desaceleración económica. La CEPAL subraya la urgencia de fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar la eficiencia en el gasto público para impulsar un crecimiento sostenido (CEPAL, 2016). Este escenario se vio agravado por la reducción de la inversión en infraestructura.
En síntesis, las economías caribeñas ya venían lidiando con una recuperación lenta tras la crisis de 2008. Estas características, incluida la elevada dependencia de la demanda internacional, el alto endeudamiento público y la exposición a desastres naturales crearon una base frágil que la pandemia de COVID-19 exacerbó significativamente. Las medidas restrictivas impuestas para controlar el virus, como el cierre de fronteras y los confinamientos, impactaron de manera drástica a un sector turístico que representa cerca del 65 % del PIB regional, reduciendo ingresos y generando pérdidas de empleo. Además, la disminución de los precios de los commodities y la contracción de la inversión extranjera directa profundizaron las limitaciones fiscales y redujeron la capacidad de los gobiernos para implementar políticas expansivas. En este marco, la incidencia de la COVID-19 en la región actuó como un catalizador que intensificó las debilidades estructurales preexistentes, evidenciando la urgente necesidad de diversificar la estructura productiva y fortalecer la resiliencia económica e institucional de la región.
El comportamiento de las
Economías del Caribe Insular
durante la COVID - 19
La crisis provocada por el impacto de la COVID – 19 en el período 2019 – 2021, tuvo repercusiones globales a gran escala.
Entre los desafíos que generó la pandemia, se destacan una compleja crisis sanitaria que puso en tensión a los sistemas públicos de salud a nivel mundial. Además, durante este periodo, se produjo una reducción de las actividades comerciales, productivas y de servicio en la mayoría de los sectores y ramas de la economía. Esto trajo consigo un incremento en la volatilidad en los mercados financieros, lo cual se tradujo directamente en el aumento de la fuga de capital desde los mercados emergentes y en desarrollo hacia los centros de poder, la implementación de condiciones financieras más restrictivas para el acceso tanto al ahorro interno como al externo, shocks en los precios de los mercados internacionales, una disminución en los flujos de remesa y una abrupta caída en las transacciones internacionales de bienes y servicios (Dookeran, 2018).
Esto tuvo un mayor reflejo en las economías de América Latina y el Caribe. En este sentido, los estados insulares, de manera particular, se vieron afectados por su condición de SIDs, vulnerables a los efectos negativos del cambio climático y su gran dependencia económica. En este sentido, las grandes afectaciones provocadas por crisis internacionales y su impacto cada vez mayor en la región insular se explica a partir de las siguientes características.
En primer lugar, los territorios que conforman la Comunidad del Caribe (CARICOM), constituyen espacios geográficos con limitaciones marcadas en el comportamiento de los mercados internos, los cuales se caracterizan por reducidos y concentrados niveles de exportación y una alta tasa de dependencia importadora. Además, se manifiestan persistentes brechas estructurales, baja productividad y altos grados de informalidad laboral en sus estructuras productivas (Romero, 2023). Debido a la combinación de estos factores, el Caribe se ha identificado como una zona de elevada dependencia y vulnerabilidad externa.
De igual forma, según el Banco Mundial, las islas del Caribe son clasificadas como países de renta media alta. Debido a esto, son países que cuentan con un limitado acceso a financiamiento internacional, sin embargo, esta clasificación no tiene en cuenta las vulnerabilidades estructurales de estas naciones y la continua exposición a desastres provocados por fenómenos meteorológicos. Luego, el incremento del gasto público que experimentan estos países para hacer frente a las contingencias económicas y sociales que se derivan de las crisis, los convierte en Estados altamente deudores. La insostenibilidad de la deuda soberana para estos, impide la implementación de planes de desarrollo de adaptación y mitigación de la acción climática.
Además de los factores estructurales previamente mencionados que influyeron en la severidad del impacto de la crisis y la pandemia en el Caribe Insular, es fundamental considerar la fragilidad de los sistemas de salud en la región. Esto se debe fundamentalmente a la escasez de recursos sanitarios, dicha situación situó a esta subregión en una posición de vulnerabilidad frente a la pandemia, en comparación con otras naciones del continente.
Los factores previamente mencionados están estrechamente interconectados, razón por la cual los líderes del Caribe Insular han reiterado en múltiples foros intergubernamentales la urgencia de que la comunidad internacional reconozca la necesidad de un programa de asistencia diseñado específicamente para estas naciones. Sin dicho respaldo, las repercusiones económicas y sociales de la constante crisis podrían generar efectos a mediano y largo plazo que pondrían en riesgo la estabilidad y la paz en la región (Briceño, 2022).
La unión de estas características que se han detallado es clave para analizar el comportamiento de las economías caribeñas en el periodo de estudio. El impacto de la crisis se vinculó esencialmente en tres aspectos esenciales: el descenso de los indicadores macroeconómicos, la caída del turismo y la disminución de las remesas.
En primer lugar, con respecto al comportamiento de los indicadores macroecoómicos, la caída de la demanda agregada, originada por la reducción de los ingresos de los consumidores y la incertidumbre de los agentes productivos, generó un retroceso sin precedentes en la estabilidad macroeconómica. Según la CEPAL (2023) en su informe Perspectivas Económicas para América Latina y el Caribe 2023, la contracción del PIB en el Caribe alcanzó niveles significativos durante 2020. En contraste, economías con un mayor grado de diversificación –especialmente aquellas basadas en la exportación de commodities– mostraron una contracción menor (alrededor del 2.5 %), aunque la dependencia de manufacturas de bajo valor agregado (48 % de la matriz exportadora) continuó limitando sus posibilidades de financiamiento y la capacidad para enfrentar el servicio de la deuda (Romero, 2022).
La caída de la demanda también se reflejó en niveles de inflación históricamente bajos, con valores entre 0.5 % y 1.0 % durante el periodo de mayor impacto, debido a la paralización de la actividad económica y a la disminución de la presión sobre los precios internos (Peña, 2021). Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, comenzó a mostrar señales de recuperación moderada en 2023, en tanto que las políticas de estabilización y el avance en la distribución de vacunas han contribuido a mejorar el clima de inversión.
El Banco Mundial (2023) ha destacado que, a pesar de una recuperación parcial durante 2023 –con un crecimiento promedio del PIB en la región del Caribe cercano al 2.1 %– el futuro del comercio caribeño sigue estando condicionado por la evolución de los flujos comerciales a nivel global. Además, el BID (2023) en su informe Panorama Económico del Caribe 2023 señala que el aumento en las exportaciones hacia economías emergentes, especialmente China, ha contribuido a mejorar los volúmenes comerciales, aunque la alta concentración en bienes de exportación de bajo valor agregado sigue representando un riesgo para la posición externa de los países insulares.
En segundo lugar, las medidas de salud pública implementadas para contener la propagación del virus, junto con los cambios en la dinámica social, tuvieron un impacto significativo en sectores económicos que dependen en gran medida del contacto interpersonal. Actividades como el comercio mayorista, la hotelería, la restauración y el entretenimiento experimentaron contracciones mucho más drásticas que la industria manufacturera.
Lo expuesto anteriormente también permite comprender por qué las economías del Caribe Insular, caracterizadas por su fuerte orientación hacia el sector servicios experimentaron una contracción económica sin precedentes entre 2020 y gran parte de 2021. Además, su recuperación entre ese período y 2023 estuvo estrechamente vinculada a la reactivación económica y al restablecimiento de los ingresos en sus principales mercados emisores, entre ellos Europa, Estados Unidos, Canadá y, en menor medida, algunos países de América Latina.
Un estudio realizado por Mooney y Zegarra (2020) reveló que las 14 economías del mundo con mayor dependencia turística son islas caribeñas, lo que evidencia la magnitud del riesgo que afronta la región. En este sentido, el Caribe alcanzó en 2019 un récord histórico con 42.6 millones de visitantes, sin embargo, la emergencia sanitaria provocó un desplome del 64 % en los primeros ocho meses de 2020 (CEPAL, 2020). Esta caída abrupta no solo afectó directamente a los ingresos derivados del turismo, sino que también generó efectos colaterales en toda la economía, afectando la liquidez externa y la capacidad de financiamiento de aquellos países cuya matriz económica depende en gran medida de este sector.
El impacto del colapso turístico se manifestó de manera diferenciada según el grado de dependencia del turismo en cada país. Romero (2022) indica que, mientras que países como Surinam y Trinidad y Tobago presentan una baja sensibilidad, economías como Jamaica, República Dominicana y Curazao2 muestran una sensibilidad media. Por otro lado, Belice, Aruba3 , Barbados y Bahamas se ven altamente afectados, dado que el turismo representa una proporción considerable de su PIB y empleo. Esta heterogeneidad resalta la necesidad de políticas específicas que atiendan las características particulares de cada economía. Los informes también subrayan la importancia de fortalecer la capacidad fiscal, ya que los elevados déficits y el alto endeudamiento público –por ejemplo, en Jamaica y Barbados – limitan la capacidad de los gobiernos para implementar políticas expansivas y amortiguar el impacto de shocks externos (BID, 2023).
El desempeño del sector turístico en el Caribe también se vio mermado por la contracción económica de los mercados emisores clave. La disminución de la actividad económica en Estados Unidos (3.5 %), Canadá (5.4 %), Reino Unido (9.9 %) y España (11.0 %) tuvo un efecto cascada en la recepción de turistas, afectando de manera severa a aquellas economías con una alta participación del turismo en el PIB (CEPAL, 2020).
Este fenómeno subraya la interdependencia global y cómo la recuperación de las economías caribeñas depende en gran medida de la estabilidad y recuperación de estos mercados externos.
En tercer lugar, en muchas economías caribeñas las remesas constituyen una fuente crucial de ingresos para hogares y una herramienta vital para el financiamiento del consumo interno, la inversión en pequeños negocios y el sostenimiento de la balanza de pagos. La crisis provocada por la COVID 19 generó una contracción en estos flujos financieros, lo que ha tenido repercusiones profundas en la estabilidad económica y social de la región.
La caída de las remesas redujo significativamente el ingreso disponible de numerosas familias en el Caribe, afectando su poder adquisitivo. Dado que en varios países estas transferencias representan un porcentaje relevante del PIB, su disminución contribuyó a un menor consumo interno y a un aumento de los niveles de pobreza y vulnerabilidad social (Banco Mundial, 2021). Este efecto multiplicador repercutió en sectores básicos, generando dificultades para el acceso a bienes y servicios esenciales y exacerbando la inseguridad alimentaria.
La reducción en el flujo de remesas también impactó la disponibilidad de divisas en las economías caribeñas. La escasez de moneda extranjera afectó la capacidad de financiar importaciones críticas, lo que a su vez pudo contribuir a la depreciación de las monedas locales. Según informes de la CEPAL (2021), la caída de estas transferencias incrementó la presión sobre la balanza de pagos, limitando el margen de maniobra fiscal de los gobiernos y afectando la estabilidad macroeconómica de la región.
Las remesas no solo sostienen el consumo, sino que también financian microempresas y emprendimientos familiares, fomentando la actividad económica local. La contracción de estos flujos durante la pandemia redujo la capacidad de inversión de muchos hogares, afectando el dinamismo del sector privado y limitando el desarrollo de actividades productivas diversificadas (Inter-American Development Bank [BID], 2021). Este efecto se vio agravado por un entorno global de incertidumbre que frenó la inversión extranjera directa y las oportunidades de crecimiento económico en la región.
Ante la caída de las remesas, varios gobiernos caribeños implementaron medidas de ajuste fiscal y buscaron fuentes alternativas de financiamiento para sostener el consumo y evitar un deterioro mayor de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la recuperación ha sido desigual y lenta, lo que resalta la necesidad de diversificar la matriz productiva y reducir la dependencia de fuentes externas volátiles. La promoción de políticas que fortalezcan la resiliencia económica, incluidas estrategias para reactivar y canalizar las remesas, es fundamental para mitigar futuros shocks y garantizar una recuperación sostenible (International Monetary Fund [IMF], 2021).
Las respuestas del Caribe
a la crisis
Para contrarrestrar los efectos negativos producidos por la pandemia, los países de la CARICOM realizaron una serie de acciones que se detallan en la siguiente cronología:
15 de abril de 2020: Convocatoria de la Cumbre de Emergencia. La CARICOM organizó una cumbre extraordinaria ante la llegada de la pandemia. En esta reunión se aprobó una estrategia común con un enfoque de mediano y largo plazo, lo que permitió al bloque reaccionar de forma rápida y ajustar su agenda de prioridades conforme se confirmaban los primeros contagios en la región.
Post-cumbre de abril de 2020: Seguimiento y establecimiento de protocolos. Tras la cumbre, se realizaron encuentros periódicos en los que los líderes evaluaron los informes del Grupo de Trabajo sobre COVID-19. En estas sesiones se acordó que la reapertura de las economías de los Estados miembros se realizaría bajo estrictas consideraciones de salud pública y mediante la implementación de protocolos y acuerdos de alcance regional.
5 de mayo de 2020: Teleconferencia de Jefes de Gobierno. Los líderes de la Comunidad del Caribe se reunieron virtualmente para armonizar sus respuestas y políticas frente a la pandemia. Durante esta sesión se acordaron medidas conjuntas, entre las que destacan: la aprobación de un Plan de Acción Regional de Seguridad Agroalimentaria COVID-19 para fortalecer la seguridad alimentaria en la región; la coordinación para la adquisición conjunta de dispositivos y suministros médicos aprovechando estructuras existentes (por ejemplo, las de la OPS y el sistema de adquisiciones de la OECS); la creación de un subcomité, encabezado por el Primer Ministro de Santa Lucía, Allen Chastanet, destinado a desarrollar un protocolo común para la reapertura paulatina de aeropuertos, hoteles y otros sectores turísticos, garantizando la seguridad sanitaria; el compromiso de mantener una voz unificada para negociar y resolver problemas financieros y económicos derivados del impacto de la crisis.
Coordinación a través de CARPHA y acciones de solidaridad. Aprovechando la consolidación de la Agencia Caribeña de Salud Pública (CARPHA), se implementaron medidas que incluyeron: la coordinación permanente de las respuestas nacionales frente a la pandemia; la distribución comunitaria de equipamiento de protección personal, reactivos, kits de test y vacunas; la realización de acciones solidarias, como el traspaso de vacunas donadas por la India (por ejemplo, por Barbados y Dominica) y la compra conjunta de vacunas a través de la African Medical Supplies Platform (AMSP). Estas medidas permitieron aprovechar economías de escala y mejorar el acceso a recursos escasos en la región.
14 de marzo de 2022: Aprobación del Protocolo sobre Cooperación Reforzada: En la Cumbre Intersesional celebrada en Barbados, los jefes de Estado y de Gobierno de la CARICOM aprobaron un Protocolo sobre Cooperación Reforzada. Este acuerdo permitió a los Estados miembros implementar de manera independiente iniciativas de la Comunidad, sin esperar la participación unánime de todos, lo que representó un cambio institucional clave para acelerar la respuesta regional y avanzar en la integración post-pandémica.
Acciones de recuperación y fortalecimiento a mediano plazo (2022–2023): Paralelamente a la respuesta sanitaria, la CARICOM impulsó programas para la transformación y recuperación económica. Entre ellos se destaca el Programa para la Transformación y Recuperación Económica, el avance en la simplificación de procedimientos para el libre movimiento de la fuerza de trabajo y otros proyectos de integración que, si bien responden a un proceso de recuperación post-pandemia, son esenciales para aumentar la resiliencia regional.
Sin lugar a duda, estos esfuerzos concertados de cooperación y solidaridad entre los países del Caribe Insular fueron determinantes en los resultados comparativamente favorables en cuanto al comportamiento de la pandemia en la subregión respecto a otras áreas de Latinoamérica y del mundo. En efecto, el total de población contagiada en el Caribe Insular por COVID-19 fue de 3.780.056 personas, y de ellas fallecieron 34.059, por lo que se registra una tasa de letalidad de 0,90 %. Este coeficiente de letalidad es 27 % inferior al promedio a nivel mundial; y casi 32 % inferior al de la región latinoamericana y caribeña (Romero, 2022).
Comportamiento de las
Economías Caribeñas en el
Periodo Post-Pandemia
El periodo post-pandemia ha marcado una etapa de recuperación y transformación para las economías caribeñas. Tras los efectos drásticos de la COVID-19, la región ha experimentado señales de recuperación en sus indicadores macroeconómicos. Ests investigación recoge datos numéricos que ilustran el comportamiento del crecimiento del PIB, la estabilidad de precios, los flujos de inversión y el desempeño de sectores clave como el turismo y las remesas. La información provista por organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial y el BID permite analizar los avances y los retos persistentes en el Caribe insular.
Según informes del Banco Mundial (2023), en 2023 la tasa de crecimiento promedio del PIB en los países caribeños se situó en torno al 2.1 %. Las proyecciones para 2024 indicaron un repunte moderado, estimándose un crecimiento cercano al 2.5% en función de la estabilización de la demanda interna y la recuperación de los mercados emisores. La estabilización macroeconómica también se ha reflejado en una moderada reducción de la inflación. La CEPAL (2023) reportó que la inflación promedio en la región se estabilizó en torno al 3.8 % en 2023, con proyecciones que apuntan a una ligera disminución, alcanzando un 3.5 % en 2024, lo cual favorece la planificación fiscal y la inversión.
El turismo, motor fundamental de las economías caribeñas, ha mostrado una recuperación robusta en el periodo post-pandemia. Datos del BID (2023) indican que en 2023 el sector turístico experimentó un incremento del 15% respecto a los niveles observados en la etapa más aguda de la crisis, mientras que las proyecciones para 2024 estimaron un crecimiento del 18% en comparación con 2023. Paralelamente, las remesas han mostrado signos de recuperación. El Banco Mundial (2023) informó que en 2023 las remesas crecieron en promedio un 8% respecto al año anterior.
La inversión extranjera directa (IED) ha experimentado una recuperación paulatina en el entorno post-pandemia. La CEPAL (2023) señala que, en 2023, la IED en el Caribe aumentó aproximadamente un 5% en comparación con 2022. Para 2024, se proyectó un crecimiento del 6%, impulsado en parte por la recuperación de la confianza internacional y por la reactivación de proyectos de diversificación productiva. En términos de comercio exterior, las exportaciones han mostrado una mejora sostenida; las cifras del BID (2023) indican que las exportaciones crecieron alrededor del 4% en 2023 y un repunte esperado del 4.5% en 2024, lo que refuerza la posición de la región en el contexto global.
A pesar de las señales de recuperación, los altos niveles de endeudamiento público y los déficits fiscales persistentes siguen siendo un reto. Informes de la CEPAL (2023) destacan que, en 2023, varios países caribeños implementaron políticas de ajuste fiscal que permitieron una reducción moderada del endeudamiento, en promedio del 2%, pero la vulnerabilidad de la región persiste debido a la concentración en sectores de bajo valor agregado. La diversificación económica se plantea como una necesidad urgente para disminuir la dependencia de fuentes externas volátiles, como el turismo y las remesas, y mejorar la resiliencia frente a futuros shocks. No obstante, a pesar de los esfuerzos, el Caribe no ha podido hacerle frente a esta situación.
La falta de apoyo internacional, el carácter hegemónico de las actuales instituciones financieras que impiden a los países caribeños acceder condiciones de financiamientos justas, un continuo aumento de la deuda y una situación ambiental cada vez más agresiva para estos países, son elementos que continua siendo una traba para el desarrollo del Caribe.
conclusiones
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto profundo y multidimensional en las economías del Caribe, exacerbando las vulnerabilidades estructurales históricas de la región y revelando nuevos desafíos en su proceso de recuperación. Estas economías, caracterizadas por su alta dependencia del comercio internacional, el turismo y las remesas, enfrentaron una contracción significativa del PIB, especialmente en aquellos países con mayores niveles de dependencia del sector turístico. El colapso de la actividad turística evidenció la necesidad de diversificar las bases económicas de la región para reducir su exposición a crisis externas.
La acción coordinada de la Comunidad del Caribe (CARICOM) durante la pandemia demuestra el potencial de los mecanismos de integración regional para mitigar los impactos de crisis globales. La implementación de medidas conjuntas, como la creación de un fondo común para la adquisición de insumos médicos y vacunas, y la adopción de estrategias comunitarias de salud pública, permitió una respuesta más efectiva frente a la crisis sanitaria. Asimismo, la aprobación de planes de recuperación económica y programas de seguridad alimentaria en el marco de la CARICOM subrayó la relevancia de la cooperación regional como una herramienta clave para promover la resiliencia.
A pesar de los avances logrados, persisten desafíos significativos en la etapa postpandémica. La alta deuda pública de los países del Caribe, unida a la reducción de los ingresos fiscales, limita la capacidad de estos estados para financiar políticas de recuperación económica y responder a emergencias futuras. Además, la vulnerabilidad frente al cambio climático sigue siendo una amenaza existencial para la región, agravada por la limitada capacidad de adaptación de los Pequeños Estados Insulares.
En este contexto, el fortalecimiento de la integración regional se presenta como un pilar fundamental para mitigar y gestionar estas limitaciones. Es imperativo avanzar hacia un modelo económico más diversificado y sostenible que priorice el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de capacidades locales. Asimismo, es crucial redoblar los esfuerzos para acceder a financiamiento internacional en condiciones más favorables, incluyendo mecanismos innovadores como el canje de deuda por acción climática.
La experiencia del Caribe durante la pandemia de COVID-19 subraya la importancia de la solidaridad regional, la diversificación económica y la implementación de estrategias sostenibles de desarrollo como pilares fundamentales para enfrentar crisis globales y garantizar un futuro más resiliente para la región. La colaboración efectiva en el marco de la CARICOM y el apoyo de la comunidad internacional serán determinantes para superar las barreras estructurales y construir un Caribe más próspero y equitativo.
referencias
Notas
Estados Asociados:
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Recibido: 10 de enero de 2025
Conflicto de Intereses:
El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 25 de enero de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Rodríguez Fabié, D.A. (2025). Aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza en la Unión Europea. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 6 (2), 44-53.
resumen
La Ley de Restauración de la Naturaleza, propuesta por la Comisión Von der Leyen a la Unión Europea (UE), se propone lograr la recuperación de los ecosistemas dañados en los territorios de esta organización para el año 2050. Para ello, se exigió el establecimiento de un Plan Nacional de Recuperación de Ecosistemas en los Estados Miembros de la UE, así como la aplicación de regulaciones generales que pueden provocar afectaciones económicas en el sector agrícola y maderero. Por ende, el proceso de aprobación de este proyecto legislativo se convirtió en una fuente de tensión política en el Parlamento Europeo, sobre todo por la oposición del Partido Popular Europeo, con mayoría representativa en la institución. Tras la realización de numerosas enmiendas al documento, destinadas a suavizar el reglamento, este fue aprobado a nivel parlamentario y por el Consejo Europeo, comenzando su aplicación en julio de 2024.
Palabras Clave: Ley de Restauración de la Naturaleza, Unión Europea, ecosistemas, Comisión Von der Leyen.
ABSTRACT
The Nature Restoration Act, proposed by the Von der Leyen Commission to the European Union (UE), aims to achieve the recovery of damaged ecosystems in the territories of the countries of this organization by the year 2050. To this end, it requires the establishment of a National Ecosystem Recovery Plan in the EU Member States, as well as the application of general regulations that may have an economic impact on the agricultural and timber sectors. As a result, the process of approval of this draft legislation became a source of political tension in the European Parliament, especially due to the opposition of the European People’s Party, which has a representative majority in the institution. After numerous amendments aimed at softening the regulation, the document was approved at the parliamentary level and by the European Council, starting its application in July 2024.
Keywords: Nature Restoration Act, European Union, ecosystems, Von der Leyen Commission.
introducción
La acción medioambiental ha sido una de las prioridades de trabajo de Úrsula Von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea desde 2019. En este sentido, la mandataria ha establecido el llamado Pacto Verde Europeo, destinado a lograr la neutralidad climática europea en el año 2050. Como parte de este proyecto, la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN) se convirtió en uno de los planes de la presidenta, dedicado específicamente a la recuperación de los ecosistemas dañados en los territorios que abarca la Unión Europea (UE).
En el año 2022 comenzó el proceso de aprobación de dicho proyecto legislativo, cuyas medidas de mayor relevancia significaron amenazas para los intereses económicos de los sectores agrícola y maderero. Esto se logró a través del trabajo en diversas instituciones de la Unión Europea: la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria, el Comité de las Regiones, el Consejo Económico y Social, y la Comisión Europea. Asimismo, estableció el compromiso de los Estados Miembros a la acción en favor de recuperar el medio ambiente a través del establecimiento de un Plan Nacional de Recuperación de Ecosistemas.
La extensión de estas medidas fue la causa fundamental del inicio de una oposición encabezada por el Partido Popular Europeo (PPE), destinada a impedir la aprobación de la ley. No obstante, el proyecto logró ponerse en marcha por el Consejo Europeo el 19 de junio de 2024, facilitado por la aproximación de intereses entre los populares y la presidenta Von der Leyen.
La presente investigación tiene como objetivo analizar las dinámicas del proceso de aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea. Esto permite entender las divisiones dentro del Europarlamento con respecto a la acción medioambiental, así como las propias dinámicas a nivel interno de los bloques en los que se halla dividida esta institución Europea. Por otra parte, resulta pertinente analizar el contenido de la LRN de cara a futuras regulaciones de corte medioambiental que se apliquen en la UE o en alguno de sus Estados Miembros.
desarrollo
La actual LRN fue presentada por primera vez a la Comisión Europea1 el 22 de julio de 2022 y, tras un largo proceso de reforma y enmienda, fue puesta en acción por el Consejo Europeo2 el 17 de junio de 2024. Este plan responde a acuerdos expresados en la Agenda Verde, herramienta destinada a la acción medioambiental en la UE. De conjunto con el Pacto Verde3 y la Estrategia de Biodiversidad 2030, la ley es también resultado del trabajo de la Comisión Von der Leyen4 en virtud de lograr la neutralidad climática europea para el año 2050 (Rey & Ibarra, 2024).
Esta comisión de trabajo estableció un paquete de medidas destinadas a la recuperación de los ecosistemas dañados, a partir de la labor de 600 científicos en un análisis minucioso de la realidad climático-ambiental europea. Esto contribuyó a determinar el alcance de las reformas a disponer, así como a atraer la atención de empresas y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales europeas hacia el proyecto. Si bien la versión aprobada por el Europarlamento presenta 136 reformas con respecto al primer borrador presentado, continúa como una normativa ambiciosa en cuanto a su exigencia en niveles de trabajo multidimensional y organizacional.
Contenido de la regulación
La LRN tiene como objetivo principal recuperar los ecosistemas dañados en el territorio de la UE, restableciendo un 20% de ellos para 2030, un 60% para 2040 y un 80% para 2050. Con este fin, implanta medidas de restauración a tomar para los ecosistemas. Los afectados en menor medida son el terrestres, el costero y el de aguas dulces, a los cuales se hace mención en el artículo 4. Los ecosistemas urbano y marino, considerados en peores condiciones, cuentan con atención específica en los artículos 5 y 6 del documento, respectivamente (Reglamento [UE] 2024/1991, 2024).
El artículo 7 se enfoca en atender la interconexión fluvial europea, donde se destaca la necesidad de recuperar, como mínimo, 25 mil kilómetros de cuencas fluviales antes de 2030 (Fageda, 2024). Para ello, se exige la elaboración de un presupuesto conjunto (gubernamental y del sector privado) en los países implicados, así como la creación de brigadas de trabajo especializadas.
El artículo 8 establece la recuperación de las poblaciones de insectos polinizadores y sus hábitats naturales. Además, otorga prioridad a la elaboración de programas de repoblación y migración estable para estos animales a partir de un monitoreo constante de las poblaciones (Fresneda, 2024a).
En similar sentido se dirige el artículo 9, enfocado en la protección de los agroecosistemas. En este caso, la ley exige el estudio minucioso de la incidencia de la actividad agropecuaria en los territorios dedicados a la producción. Indica también la reducción en el uso de pesticidas, herbicidas y otros productos químicos en los cultivos, así como en las inyecciones de hormonas y esteroides en diversos tipos de ganado.
Finalmente, destina atención a la restauración de las turberas5 que han sido desecadas para uso agrícola y constituyen uno de los ecosistemas naturales en más alto riesgo, no solo en territorio de la UE, sino también a nivel internacional. En este aspecto, se acude a la disminución de terrenos agrícolas en los alrededores de estos cuerpos hídricos para evitar posible contaminación por el uso de productos químicos en las plantaciones.
El artículo 10 de la normativa, considerado uno de los más polémicos, instaura marcos regulatorios para la tala de árboles, incluso de manera controlada (Fresneda, 2024). Además, la regulación otorga a la Comisión Europea la posibilidad de implementar, a partir del monitoreo de seis indicadores cuantitativos, diversas medidas como el cierre de empresas madereras y la implantación de vedas6 en zonas de tala en regiones consideradas bajo riesgo.
A pesar del amplio espectro de actividad multidimensional y coordinada entre diversos actores en la región que expresa el documento legislativo, el enfoque principal del mismo es el establecimiento de un Plan Nacional de Restauración para cada Estado Miembro. Para ello, en el artículo 12, se indica lo siguiente:
Para la implementación de la ley, los Estados miembros deben desarrollar Planes Nacionales de Restauración que abarquen el período hasta el año 2050, con fechas tope intermedias que se correspondan a los diversos objetivos y obligaciones establecidas en la regulación (Unión Europea, 2024).
Dichos planes, además de tener como fecha límite de elaboración y entrega el año 2026, serán sometidos a la revisión del Consejo de Medio Ambiente de la UE para su posterior aprobación y puesta en marcha. Además, los Estados miembros deben identificar sinergias con respecto a la acción ante el cambio climático y la identificación de nuevas fuentes de energía renovable (Unión Europea, 2024a).
Los planes exigen, como mínimo, una revisión cada decenio, que debe ir acompañada de redirecciones de acuerdo con los niveles de efectividad alcanzados en el período. Por otra parte, si la Comisión Europea considera insuficientes los avances obtenidos durante esta etapa en un Estado miembro, se haya en pleno derecho de intervenir en la determinación de nuevas medidas en busca de mayor impacto.
Muchas de las medidas que recoge la ley han sido establecidas a partir de convenios internacionales a los que la UE pertenece, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1994), el Protocolo de Kyoto (1997), la Agenda 2030 (2015) y el Acuerdo de París (2016). No obstante, estas normativas de “neutralidad climática” pueden tener efectos negativos sobre la economía de los Estados miembros, si se atiende a la situación energética global y, en específico, de la región europea.
Dichas regulaciones pueden conducir directamente al alza de los precios de los productos alimenticios, en especial para aquellos países cuya producción agrícola no es suficiente para el autoabastecimiento. En adición, la reducción en el sector maderero y pesquero puede afectar diversos renglones económicos en países dependientes de estos rubros exportadores. Asimismo, los vínculos comerciales de la UE pueden verse notablemente afectados debido a la disminución en las importaciones de combustibles fósiles destinados a la producción energética o el transporte.
Por otro lado, en el proyecto legislativo resalta la ausencia de mecanismos e instituciones regulatorios aparte de la Comisión Europea o la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI). Tampoco se establecen metas comunes más allá de los porcentajes generales de recuperación a nivel organizacional, lo que limita en gran medida el monitoreo en el ámbito nacional.
Aprobación de la Ley
El primer borrador de la actual LRN fue presentado a la Comisión Europea el 22 de junio de 2022 por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Posteriormente se realizó la discusión, análisis y modificación de los puntos más relevantes del documento de acuerdo con los objetivos de trabajo establecidos por la organización en el Pacto Verde. En consecuencia, la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, declaró sus intenciones de enviar el proyecto al Consejo Económico y Social y al Comité de las Regiones para su puesta en marcha.
En este sentido, el primero de los organismos mencionados formalizó su postura con respecto al proyecto de ley el 23 de enero de 2023. Este órgano expresó su preocupación con respecto a la fortaleza de las regulaciones propuestas, puesto que parecían no tener en cuenta el impacto económico que podían tener sobre el territorio europeo. Se señaló además la importancia de suavizar los puntos referentes a la preservación forestal, marina y agrícola, debido a las posibles afectaciones económicas a gran parte de los Estados miembros (Unión Europea, 2023).
Por su parte, el Comité Europeo de las Regiones expresó su posición al respecto el 3 de mayo de 2023, cuando abogó por un estudio más profundo de las individualidades territoriales antes de ejecutar la ley. Además, admitió su preocupación por los altos niveles de presupuesto que demanda el proyecto, así como por los compromisos que debe asumir el sector privado en la región (Comité Europeo de las Regiones [CdR], 2023).
Para tal fecha, la legislación ya era vista como una amenaza para algunos sectores de la derecha y ultraderecha del Europarlamento debido al carácter ultraconservador de algunos bloques políticos. De ellos, el liderato lo asumió el centro-derechista PPE, que buscó alinear sus intenciones con las de otros bloques y organizaciones defensores del sector agrícola.
Manfred Webber, líder de este bloque político, inició un grupo de acciones en contra de la aprobación de la ley. Entre ellas, una amplia campaña de desinformación motivada por su recelo a la dirección de Von der Leyen al frente de la Comisión Europea. También, el político alemán convirtió la acción antiecológica en una de las prioridades de trabajo del partido, aun cuando la presidenta pertenece a este.
En ese empeño, recibió ayuda de diversas organizaciones como Copa-Cogeca7 y European Forest Owners8 (Fageda, 2024). La primera, a petición de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-AJASA), emitió una nota de prensa donde acusaba a la UE de la preexistente situación medioambiental. Asimismo, el líder de AVA-AJASA, Cristóbal Aguado, expresó:
Mientras la UE defiende al sector del automóvil con aranceles a China, que pagaremos los de siempre, asfixia a los agricultores europeos y nos asesta una nueva puñalada trapera. Posiblemente esta ley duplicará la superficie de mancha marrón en la agricultura mediterránea, provocará incendios más grandes y despoblará aún más el medio rural (Aguado, 2024 como se citó en Fresneda, 2024).
Forest Owners, a petición de eurodiputados franceses y belgas, decidió enviar una carta a la ENVI. En este documento, si bien expresaban su acuerdo con respecto a las normativas referentes a la recuperación de los ecosistemas, mencionaron su indisposición con respecto a los Planes Nacionales. Específicamente, los consideraron demasiado invasivos, además de que buscaron defender el interés económico del sector privado, que no se mostraría de acuerdo con las normativas de vinculación con el gobierno (Rey & Ibarra, 2024).
Ante el clima de tensión que estas organizaciones crearon en la región, así como bajo la influencia de la campaña mediática que desarrollaba el PPE, se produjeron numerosas reacciones en contra de la ley en algunos países del bloque. En Bruselas y Bélgica, grupos sindicales de leñadores iniciaron protestas en masa. Además, los gobiernos de Finlandia y Suecia se manifestaron abiertamente en contra de la resolución debido a las restricciones que impone al sector de la industria maderera, de vital importancia en sus exportaciones (ClimateTrade, 2024).
A pesar de la oposición presentada por los populares del Europarlamento durante las sesiones, la votación para rechazar la propuesta de la Comisión no prosperó con 312 votos a favor, 324 en contra y 12 abstenciones. Por el contrario, el parlamento terminó aprobando la ley, con 336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones el 12 de julio de 2023 (Unión Europea, 2023). Sin embargo, este proceso de votación hace posible apreciar una polarización dentro del PPE, cuyos votos se hallaron divididos en ambas ocasiones.
El eurodiputado español César Luena, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), quien fungió como ponente durante las sesiones, expresó con respecto al proceso de aprobación de la ley:
Garantizará un planeta habitable para las generaciones futuras. La posición adoptada hoy envía un mensaje claro. Ahora debemos continuar trabajando, defender nuestro mandato durante las negociaciones con los Estados miembros y alcanzar un acuerdo antes de que finalice la legislatura para aprobar el primer reglamento sobre restauración de la naturaleza en la historia de la UE’’ (Unión Europea, 2023).
Esta victoria tan reñida permitió al proyecto avanzar a la siguiente fase de trabajo, iniciando las negociaciones con el Consejo en virtud de la aprobación de la ley. El día 9 de noviembre de 2023, los eurodiputados concluyeron su acuerdo provisional con respecto a la ley. Si bien el texto mantuvo su reglamento de manera general, los acuerdos tomados por el Europarlamento establecieron la realización de 136 enmiendas destinadas a suavizar algunas de las medidas tomadas en la normativa.
Entre ellas, resaltan la no-intervención de la UE en caso de violaciones a las normativas de ecosistemas forestales y/o el incumplimiento del Plan de Restauración en un decenio, la disminución de los presupuestos del sector privado y el aumento de los plazos para la transición energética (Unión Europea, 2024b). Por otra parte, se abrió la posibilidad a prorroga en la entrega de los Planes Nacionales de Restauración.
En este aspecto, el PPE, con mayor representatividad en el Parlamento, mantuvo su postura conservadora con respecto a la ley. En esta ocasión, diputados de Italia, Países Bajos, Austria y Polonia9 apoyaron la realización de las modificaciones al reglamento, arguyendo posibles dificultades asociadas a la producción de alimentos en la región con una inevitable alza de los precios (Fageda, 2024).
El día 22 de noviembre de 2023, el acuerdo resultó aprobado por el Comité de Representantes Permanentes del Consejo Europeo. También se planificó su votación en la plenaria para la primera sesión del 2024. Esta, que aconteció el 27 de febrero, permitió la ratificación del acuerdo alcanzado con los Estados miembros en noviembre por 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones (Unión Europea, 2024a).
Con respecto a este proceso, la eurodiputada italiana Francesca Peppucci, del Partido Popular Europeo, expresó:
No nos convenció desde el principio y sigue sin convencernos. En nuestra opinión, es una ley ultraideológica que difícilmente traerá buenos resultados, (…) incluso corre el riesgo de poner en peligro lo que es un sector tan importante como el alimentario (EuroNews, 2024).
En la sesión de trabajo del Parlamento también se decidió la fecha de realización de las elecciones en la UE, para los días entre el 6 y el 9 de junio de 2024. Ello provocó una redirección en las prioridades de trabajo de la presidenta de la Comisión Europea, que una vez más fue propuesta como candidata por el PPE. Ello exigió la aproximación entre diversos bloques del Europarlamento, debido al auge alcanzado por la ultraderecha durante el primer mandato de Von der Leyen, en virtud de excluir a ultraconservadores de los cargos de la Comisión.
Con este objetivo, se observó una realineación estratégica entre la presidenta y Weber, dedicada al logro del triunfo electoral, que también incluyó a líderes social-demócratas y otras alianzas de centro. En consecuencia, también se detuvo la campaña impulsada por los populares en contra de la LRN. No obstante, resulta meritorio señalar la poca relevancia de los llamados “verdes”10 en este proceso, a pesar de la dirección ecologista de Von der Leyen al frente de la Comisión Europea.
El 19 de junio de 2024, se adoptó formalmente la ley en una reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. La votación del Consejo, sin embargo, se vio marcada por las dificultades para lograr la mayoría necesaria11 para la aprobación final y puesta en acción de la ley.
En este caso, se consiguió un 66,07% de representatividad poblacional de la UE, a través del voto positivo de 20 países. A la vez, esto fue posible gracias al inesperado voto a favor de la Ministra de Medio Ambiente de Austria, Leonore Gewessler, quién desafió la voluntad de las autoridades de su país al acometer esta acción. Al respecto, expresó: “Estoy absolutamente convencida de que, en momentos en que hay que tomar decisiones que son desesperadamente necesarias para las generaciones futuras, hay que dar el paso al frente y actuar. Eso es lo que he hecho” (Climática, 2024).
Seis meses después de la aprobación de la LRN, son pocos los avances que se aprecian en cuanto a las normativas que establece. Solo dos países, España y Austria, han demostrado progresos en cuanto a la elaboración de sus respectivos planes de restauración, mientras el resto de los Estados miembros aún no presentan avances en ningún ámbito establecido por las normativas.
Esto se debe a la preocupación que la LRN ha causado en los gobiernos y partidos de los países de Europa, puesto que las regulaciones medioambientales pueden afectar la estabilidad económica de los mismos. Además, el proyecto carece de mecanismos regulatorios o instituciones encargadas de velar por su implementación, lo que ha dificultado su avance. En un contexto económico complejo para la UE, marcado por la debilidad en la matriz energética a causa de la imposición de medidas económicas a Rusia, también se ha visto afectada la destinación de presupuestos a la acción medioambiental, tanto por entidades gubernamentales como privadas (Reyes, 2024).
conclusiones
La LRN representa un fuerte marco normativo para abordar la situación medioambiental en la UE. Sin lugar a dudas, es un proyecto ambicioso debido a los altos niveles de trabajo mancomunado que exige a los Estados miembros. Además, pone seriedad a la cuestión ambiental al vincular y comprometer a los Estados a través de un plan de restauración que se adapta a las especificidades de cada territorio, a pesar de las limitaciones que implica la ausencia de mecanismos regulatorios efectivos.
Como anteriores proyectos regulatorios de la actividad humana sobre la naturaleza, su puesta en acción se ha visto afectada por los conflictos de intereses a nivel político y económico. La división que se manifestó en el PPE con respecto a la aprobación de la ley durante el proceso negociador, constituye un indicador de la polarización ideológica que existe no solo en el Europarlamento, sino también a nivel intrapartidista. En este caso, las dificultades condujeron a la reducción del impacto de numerosas medidas en la búsqueda del interés económico y la defensa del sector privado.
En este caso, priman además los intereses de actores dentro de la UE, como el PPE y la Comisión Europea, bajo los lideratos de Manfred Weber y Úrsula Von der Leyen, respectivamente. Ante la cercanía de las elecciones dentro de la organización, se buscó una vez más fortalecer la posición de los populares en la Eurocámara a pesar del criterio contrapuesto que poseían su líder y la presidenta. Para esta última, no obstante, significa otro triunfo debido a la dirección ecologista con la que ha mantenido sus mandatos en la Comisión Europea, a pesar de la minoría “verde” que se manifiesta en el Europarlamento.
referencias
notas
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Recibido: 25 de enero de 2024
Conflicto de Intereses:
El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
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Aprobado: 25 de febrero de 2024
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Arias Díaz, A. (2025). Panorama político en Florida: factores determinantes del avance republicano. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 6 (2), 54-64.
resumen
Florida es crucial en el proceso electoral de Estados Unidos de América (EE.UU.) atendiendo a su peso específico en la distribución de los votos electorales, treinta. En el primer cuarto del siglo XXI, Florida se ha caracterizado como un estado péndulo altamente disputado en cada contienda. A ello se suma el crecimiento poblacional sostenido y la relevancia de su economía para el país. La demografía cambiante y la movilización del voto hispano son factores clave que influyen en esa batalla electoral. Florida no solo es un escenario de confrontación política, sino también una muestra de la diversidad y las dinámicas electorales de EE.UU. Allí, la creciente ventaja del Partido Republicano sobre el Partido Demócrata se refleja en la victoria de Donald Trump en Miami-Dade en 2024, un condado que había sido un bastión demócrata durante décadas. Por tanto, el presente artículo se interesa por identificar qué factores condicionaron el avance del Partido Republicano en el estado de la Florida en el período 2016-2024 debido a la importancia de este para la configuración política actual de los EE.UU. A partir de la síntesis de los datos estadísticos recabados en la investigación y las acciones llevadas a cabo por las partes que intervienen es evidente que las políticas republicanas y los cambios que ellas han conllevado en la demografía de Florida han resultado determinantes en las recientes elecciones.
Palabras Clave: Florida, Partido Republicano, Voto, Elecciones, Demografía.
ABSTRACT
Florida is crucial in the electoral process of the United States of America (U.S.) due to its specific weight in the distribution of electoral votes, totaling thirty. In the first quarter of the 21st century, Florida has been characterized as a highly contested swing state in every election. This is compounded by its sustained population growth and the relevance of its economy to the country. The changing demographics and the mobilization of the Hispanic vote are key factors influencing this electoral battle. Florida is not only a stage for political confrontation but also a reflection of the diversity and electoral dynamics of the U.S. There, the growing advantage of the Republican Party over the Democratic Party is evident in Donald Trump’s victory in Miami-Dade in 2024, a county that had been a Democratic stronghold for decades. Therefore, this article aims to identify the factors that have conditioned the advancement of the Republican Party in the state of Florida during the period 2016-2024, given its importance for the current political landscape of the U.S. Based on the synthesis of statistical data gathered in the research and the actions taken by the involved parties, it is clear that Republican policies and the changes they have brought about in Florida’s demographics have been decisive in recent elections.
Keywords: Florida, Republican Party, Vote, Elections, Demography.
introducción
Según el censo de 2020, el estado de Florida es el tercero más poblado de Estados Unidos con 21 538 187 personas residentes, solamente por detrás de California y Texas, bastiones demócrata y republicano, respectivamente1 (United States Census Bureau, 2020). Su economía agrícola genera millones de dólares anuales y es uno de los principales destinos turísticos del país. Además, la diversidad de su población atrae inversiones y estimula el mercado. Es por ello que Florida se considera uno de los estados más importantes de ese país.
Su composición demográfica creciente a lo largo de los años, su lucrativa dinámica económica, la proyección de políticos como Marco Rubio hacia América Latina y el Caribe y la influencia de su industria cultural son factores que hacen que Florida sea uno de los destinos privilegiados de campañas y candidatos, siendo un punto neurálgico de los procesos políticos federales. La combinación de las tendencias demográficas con las preferencias políticas de los distintos grupos de su población, reforzadas por las reglas de funcionamiento del sistema electoral, le otorgan esa posición (Domínguez, 2019).
Un estado pendular –o swing state- es aquel en el cual, debido a los estrechos márgenes por los que gana uno u otro candidato, no se puede definir previamente un claro vencedor en las elecciones. Florida, por los resultados en los comicios de este siglo, es un swing state; el que más votos electorales aporta, treinta en las últimas elecciones. En 2000 y 2004 el estado se decantó por George Walker Bush, luego en 2008 y 2012 por Barack Obama y en 2016, 2020 y 2024 por Donald Trump. El resultado de las elecciones presidenciales de 2024 apunta a que Florida ya no es un estado pendular, sino que debe convertirse en un bastión republicano.
En las primeras cuatro elecciones presidenciales de este siglo, los resultados electorales en Florida se decidieron por márgenes estrechos, no así en 2024. Para los candidatos era de enorme importancia conseguir la victoria allí. En este estado radica la mayor parte de la emigración cubana hacia los EE. UU., que ha logrado ser la comunidad mejor representada en el Congreso y actualmente en el Gobierno, caracterizada por su política agresiva hacia Cuba. Por tanto, el estudio y conocimiento de ese estado es crucial para la Isla.
En ese contexto, la presente investigación se propone como objetivo identificar qué factores condicionaron el avance del Partido Republicano en Florida en el período 2016-2024. Para ello se realizará un análisis de los cambios en las tendencias de voto en los procesos electorales en Florida durante dicho período. El marco temporal escogido responde a la ocurrencia en este de cambios muy significativos en la política interna de ese país, principalmente por la llegada al poder de un nuevo conservadurismo liderado por el movimiento MAGA (Make America Great Again).
Los datos estadísticos analizados para identificar ese avance se encuentran disponibles en las páginas oficiales del estado en cuestión, las cuales fueron debidamente referenciadas. Para el análisis de las tendencias se valoraron todos los cambios registrados en las páginas referidas, y no únicamente los que se enmarcan en el período estudiado, pues para comprender dichas tendencias es necesario conocer el comportamiento de las elecciones desde inicios de siglo hasta 2024.
desarrollo
En las elecciones del año 2016, Florida fue uno de los estados decisivos para la victoria del candidato republicano Donald Trump. Para conformar la Cámara de Representantes, el Partido Republicano obtuvo el triunfo en 16 de los 28 distritos de ese estado. En el Senado Federal los republicanos obtuvieron 1.430.492 votos y los demócratas 1.219.781 en las primarias, y en la general 4.835.191 votos y 4.122.88, respectivamente. En las elecciones presidenciales la diferencia de voto fue de un 1,20% a favor de los republicanos, con 4.617.886 votos que representa el 49.02% de los escrutados sobre los 4.504.975 de los demócratas, 47.82% (Federal Election Commission, 2016).
Esos resultados significaron, para los republicanos, la recuperación de un estado que habían perdido en las elecciones de 2008 y 2012 por un margen de 2.81% y 0.88% respectivamente (Federal Election Commission, 2016).
Entre el 7 de agosto de 2015 y el 12 de octubre de 2016, alrededor de veinte organizaciones condujeron cuarenta y seis sondeos de intención de voto en el estado. En veintinueve de ellos la ventaja fue para Hillary Clinton, en quince para Donald Trump y dos empates (Real Clear Politics, 2016).
Algunos de los factores que influyeron en la victoria republicana y el revés demócrata fueron el mensaje populista y anti-establishment de Trump, que le valió el respaldo de los votantes blancos; la disminución de la participación de votantes clave para los demócratas como jóvenes y afroamericanos respecto de las elecciones de 2008 y 2012 y su retórica anticomunista, con la que logró recuperar apoyo de sectores latinos como el cubano y el venezolano. Esto último, aunque no fue decisivo, sí fue significativo teniendo en cuenta los márgenes que deciden el ganador.
Para la conformación del 116º Congreso, que ejerció funciones entre 2019 y 2021, los votos combinados por los miembros de la Cámara de Representantes y senadores de cada partido en Florida fueron de 7.774.922 para los republicanos y 7.396.700 para los demócratas. En esa ocasión, el Partido Republicano consiguió los dos escaños para el Senado y la mayoría de los delegados para la Cámara de Representantes, 14 de los 27 (Federal Election Commission, 2018).
De 2016 a 2020 el Partido Republicano logró recuperar el control del estado de Florida, con márgenes estrechos. Allí controlaron a nivel Federal, el Senado y la Cámara de Representantes; y en 2018 mantuvieron la gobernatura2. Esto constituyó un avance a consolidar en los años siguientes.
En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 como escenario y la inconformidad con la gestión en materia de salud por parte de Trump, se sitúan las elecciones presidenciales de 2020. A pesar de su derrota, el candidato republicano se impuso en Florida por 5.668.731 votos populares frente a los 5.297.045 de Joe Biden. En ese año los votos combinados por los congresistas y senadores fueron de 11.137.895 para los republicanos y 10.239.332 para los demócratas. En Florida, Trump obtuvo un 3.36% más de votos que su rival, incrementando la diferencia lograda en 2016 por 2.16 puntos porcentuales y manteniendo la supremacía en el Senado y la Cámara de Representantes (Federal Election Commission, 2020).
El inicio de la administración Biden enfrentó problemas económicos acumulados y agravados por la pandemia de COVID-19 que en sus cuatro años de mandato no pudo solventar de forma satisfactoria. El manejo de la guerra económica contra China por parte del gobierno demócrata alimentó progresivamente la alternativa del discurso republicano. La popularidad de Biden decreció, complicando las posibilidades de reelección. Para 2024 el Partido Republicano en Florida había consolidado y aumentado los márgenes de victoria en los avances logrados a nivel federal, estadual y en el ejecutivo.
Anteriormente, tras la conformación del 118º Congreso en 2022, los republicanos obtuvieron 20 de 28 distritos y mantuvieron el Senado. Ronald DeSantis, que en 2018 se impuso por una diferencia del 0.4% ante Andrew Gillum, fue reelecto en ese año y aumentó la diferencia de votos a un 19.4% respecto a su rival demócrata Charlie Crist, obteniendo 4.614.210 votos frente a 3.106.313, respectivamente (Florida Department of State´s Elections Reporting System, 2018-2022).
Antes de arribar a las elecciones de 2024, la desaprobación del presidente Biden tenía varias causas; un notorio deterioro de su estado físico y mental, la agudización de la crisis del fentanilo, la inflación, el aumento de la deuda en la economía estadounidense y el manejo de los conflictos en Ucrania y Gaza. Esto se vio reflejado en los índices de aprobación del entonces presidente. A grandes rasgos, para el verano de 2024, solamente un tercio de los estadounidenses aprobaban la gestión de Biden, y esa cifra se repetía en los grupos demográficos clave (Pew Research Center, 2024). En ese contexto, el resultado en Florida fue una excelente demostración del dominio republicano.
La mayoría obtenida en la Cámara de Representantes y el Senado del estado permitiría a los republicanos llevar adelante su agenda sin una oposición significativa. Con una superioridad de 87-33 en la Cámara, es la Conferencia Republicana más grande de la historia (Florida Department of State´s Elections Reporting System, 2022). El “cambio de lealtades” contribuyó a ese resultado, tal fue el caso de las representantes estatales Hillary Cassel y Susan Valdés (de origen cubano), quienes cambiaron su afiliación partidaria alegando que no compartían los valores del Partido Demócrata actual.
Además de la superioridad republicana en el Senado y la Cámara de Representantes estadual y federal evidenciada anteriormente, en los comicios de 2024, 20 distritos de 28 fueron republicanos y Trump obtuvo una diferencia de 13.1% a su favor con 6.110.125 de votos ante los 4.683.038 de su rival. Los republicanos constituyeron la mayoría en 61 de 67 condados. A nivel estadual, controlaron la Oficina del Gobernador y ambas cámaras de la Legislatura, al tiempo que en el Congreso federal contaron con dos senadores y 19 de los 28 representantes (con una vacante).
Varios nombres de peso en la segunda administración Trump son de Florida. Su Jefa de Gabinete, Susie Wiles (de Jacksonville), fue una de las operadoras políticas más curtidas en la batalla por el estado. El Representante Federal, Mike Waltz, del norte de Florida y veterano del Ejército, fue nombrado como Asesor de Seguridad Nacional. El Senador Federal Marco Rubio, nacido en Miami e hijo de inmigrantes cubanos, fue designado Secretario de Estado.
Uno de los ejemplos más representativos del avance republicano fue la victoria en el Condado de Miami-Dade, donde Donald Trump obtuvo 11 puntos porcentuales más que Kamala Harris, quien se convirtió en la primera candidata presidencial demócrata en perder el condado desde Michael Dukakis en 1988. Cuatro años atrás, Trump había perdido contra Biden por 6 puntos, y en 2016 contra Clinton por 30 puntos. Harris ganó solo seis de los 67 condados apenas cuatro años después de que Biden ganara 12 condados (Florida Department of State´s Elections Reporting System, 1988-2024).
Es importante resaltar el poder del Trumpismo en ese proceso, pues en las elecciones primarias del Partido Republicano en 2016 Trump venció a Marco Rubio y Jeb Bush con amplio margen, figuras de peso en ese estado; este último incluso fue Gobernador de Florida de 1999 a 2007.
Es evidente que, si bien no hubo tanta diferencia entre las elecciones de 2016 y 2020, en 2024 el Partido Republicano se consolidó de forma abrumadora entre los votantes de Florida. Retomando el caso de Miami-Dade, por ser la urbe principal del estado, allí el voto cubano-estadounidense constituye el 35.4% del total y el número estimado de registrados por partido es de 277.862 republicanos y 89.091 demócratas (Grenier & Lai, 2024). Es importante resaltar el enorme crecimiento e influencia durante los últimos años y décadas de la población cubano-estadounidense3 que tiende a ser bastante conservadora y fuertemente anticomunista.
No solo los cubano-estadounidenses apoyaron a Trump, la movilización de los hispanos a su favor fue apreciable con banderas, pancartas y caravanas de vehículos recorriendo la ciudad, mientras los demócratas apenas se hicieron visibles. Para tener una mejor perspectiva, los hispanos constituyen aproximadamente el 26.5% de la población en Florida y el 68.9% en Miami-Dade. Si bien el número estimado de registrados hispanos por cada partido a nivel estadual es parejo, 755.461 republicanos y 773.642 demócratas; en Miami-Dade la brecha es significativa en proporción a la masa total de votantes con 359.539 republicanos y 227.100 demócratas (Grenier & Lai, 2024).
Aunque la migración es un tema delicado, Trump lo abordó con habilidad pues habló principalmente de la frontera de Texas sin mencionar Florida, el Caribe o Cuba porque entendía la importancia de la demografía cubana allí. Otro elemento que puede explicar el revés para los demócratas en Miami-Dade es la situación económica imperante; el aumento de los precios de la vivienda y el índice de inflación son algunos de los principales causantes del malestar social.
El cambio en el voto en Florida debe entenderse como una muestra del realineamiento político que tiene lugar en los EE.UU., del cual el Estado de Florida no está exento. Los realineamientos generan cambios en la correlación de fuerzas entre las formaciones fundamentales dentro del sistema bipartidista estadounidense, incluyendo variaciones en el control de las oficinas electivas y en la distribución territorial y sectorial de las bases electorales respectivas (Domínguez, 2019).
Según Associated Press (2024), los temas que decidieron las elecciones de 2024 en Florida fueron la economía y la inmigración, dos esferas en las que Trump ha centrado su discurso y responsabilizado al expresidente por su gestión. Esos tópicos han sido principales en la estrategia de Trump dirigida a motivar el voto popular, al resaltar las necesidades de los votantes. La campaña republicana que tilda a los demócratas de socialistas ha sido una de las causantes de que los votantes hispanos se identifiquen con la agenda conservadora.
Es importante resaltar el conjunto de acciones tomadas por la extrema derecha en el estado. Se han aprobado leyes como la SB 7050, en contra de las organizaciones comunitarias que históricamente inscribieron a votantes negros y en edad universitaria, los cuales suelen votar por los demócratas. La denominada “Don’t Say Gay” y “Stop W.O.K.E” son ejemplos de leyes que prohíben la instrucción sobre la orientación sexual o identidad de género en las escuelas y la transexualidad en los deportes.
El rechazo de cursos de nivel avanzado sobre estudios afroamericanos y la eliminación de ciertos libros de las bibliotecas son parte de una estrategia más amplia en la guerra cultural en contra de las minorías. Además, el Senador estatal Randy Fine, del condado de Brevard, presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de banderas ajenas a los EE. UU. como la de Palestina (El País, 2024).
En este sentido, es evidente que el conservadurismo ha creado un ambiente reaccionario en un importante sector de la población con el objetivo principal de menoscabar el apoyo a los demócratas. Alrededor de 600.000 personas se han mudado allí cada año durante la última década y, aproximadamente 450.000 personas salen de Florida cada año; estas suelen ser progresistas o miembros de comunidades afectadas por leyes y políticas respaldadas por el Partido Republicano (Florida Chamber of Commerce, 2024). Lonna Atkeson, politóloga y directora del Instituto LeRoy Collins de la Universidad Estatal de Florida, alega que las personas que ingresan al estado se alinean con puntos de vista más conservadores y las personas que se mudan tienden a tener perspectivas más liberales (El Nuevo Herald, 2024).
Cifras actualizadas de los supervisores electorales del condado, mostraron 5.45 millones de votantes republicanos activos, en comparación con 4.40 millones de demócratas, una diferencia de 1.000.000. Eso significa que los republicanos representan alrededor del 39% de los votantes de Florida, en comparación con aproximadamente el 32% de los demócratas (Grenier & Lai, 2024).
Evan Power, presidente del Partido Republicano en Florida, en una entrevista durante la Convención Nacional Republicana en Milwaukee declaró que lo que “los demócratas están tratando de venderle a la gente, no les interesa”. “Se han radicalizado, se han movido hacia la izquierda y la gente no quiere ser parte de una agenda de izquierda radical” (El Nuevo Herlad, 2024).
Nikki Fried, líder del Partido Demócrata de Florida, alegó en una entrevista que “Ron DeSantis y este Partido Republicano extremista han hecho todo lo posible para suprimir a los votantes, cambiar las leyes electorales, ya sea eliminando por completo nuestros registros de voto por correo, o dificultando que las organizaciones minoritarias salgan y registren a los votantes” (El Nuevo Herald, 2024).
Ante estos hechos, salta a la vista que el avance del Partido Republicano en Florida tiene causas multifactoriales; que van desde la incapacidad de la agenda demócrata para satisfacer las demandas de los votantes hasta el aprovechamiento de los poderes ejecutivo y legislativo en el estado por parte de los republicanos para consolidar su posición.
En este sentido, es evidente el reflejo del nuevo conservadurismo (dominante en el Partido Republicano) de la Florida en las medidas que se toman a nivel nacional respecto a la política interior y exterior. Esto es muestra de la correlación entre Mar-a-lago y las decisiones que se toman en el primer nivel.
conclusiones
Florida se ha consolidado como un centro de poder político en Estados Unidos en el período 2016-2024. Un estado que en las primeras cinco elecciones de este siglo era un campo de batalla donde demócratas y republicanos obtenían resultados con márgenes muy estrechos, se convirtió en el hogar del ecosistema conservador republicano, conocido bajo la marca política “MAGA” (Make America Great Again). El papel del Trumpismo dentro del fortalecimiento del Partido Republicano es clave para entender este fenómeno.
El fortalecimiento del Partido Republicano en la Florida forma parte de un realineamiento político, ocasionado por los cambios en la demografía y en las preferencias de voto de los ciudadanos.
Las estadísticas de registros de voto favorecen ampliamente al Partido Republicano, lo que aumenta sus posibilidades de respaldo frente al Partido Demócrata.
El dominio sobre el poder legislativo y ejecutivo, ha permitido a los republicanos implementar políticas y estrategias alineadas con una masa de votantes más conservadora, que es una porción significativa de los cientos de miles de personas que arriban al estado cada año. A su vez, han generado un ambiente hostil para determinados segmentos de la población que históricamente suelen votar por los demócratas; estos han sido desplazados poco a poco. Como consecuencia, los flujos migratorios en el estado han reconfigurado la demografía y han puesto la balanza a favor de los republicanos.
La falta de popularidad del expresidente Joe Biden, la incapacidad del Partido Demócrata de ofrecer un discurso dirigido a las necesidades de los ciudadanos y de un gobierno que resuelva los principales problemas económicos, han erosionado el apoyo de sus votantes. Ante ello, la efectividad de las campañas les ha valido a los republicanos elevados niveles de participación de sus votantes, a la vez que han ganado popularidad dentro del sector hispano.
El presente estudio se centró en los factores más importantes a consideración del autor, pero se reconoce la incidencia de otros que no han sido abarcados, por tanto, próximas investigaciones profundizarán en diversas cuestiones clave para el entendimiento de este proceso tan complejo e importante para la política en los Estados Unidos; incluso más, si se toma en cuenta que los años venideros serán determinantes para la consolidación de la Florida como un bastión republicano.
referencias
Bibliografía
Notas
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Recibido: 25 de enero de 2024
Conflicto de Intereses:
Las autoras declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 25 de febrero de 2024
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Sánchez León, A.C &. Gómez García, G. (2025). La Asociación Económica Integral Regiona en la dinámica geopolítica de Asia Pacífico. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 6 (2), 65-75.
resumen
Desde los inicios del siglo XXI, el sistema internacional se ha caracterizado por la consolidación de Asia Pacífico como nuevo centro de gravedad económico global. Este desplazamiento desde el Atlántico hacia el extremo oriental del planeta ha definido, en última instancia, nuevas relaciones de poder y una intensa carrera por mayores zonas de influencia entre Estados Unidos y China. De ahí que la política exterior estadounidense, con un punto relevante desde el mandato de Obama, se haya centrado en mantener su presencia en la región y minimizar la influencia de Beijing. Sin embargo, no ha podido contener en gran magnitud el protagonismo de China en el área, en un contexto donde han emergido acuerdos OMC+ regionales como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP). El megacuerdo ha determinado una reconfiguración del balance de fuerzas en el continente asiático. Mientras para Estados Unidos representa una amenaza a su hegemonía, para China constituye un mecanismo de fortalecimiento de su liderazgo y de las relaciones con los países vecinos. En este sentido, el RCEP evidencia un retroceso en la supremacía estadounidense en el orden mundial de la economía, en el escenario de transición intersistémica actual. Teniendo esto en cuenta, la presente investigación se propone como objetivo: analizar el impacto del RCEP en la competencia geopolítica entre China y EE. UU, durante el período 2020-2024.
Palabras Clave: China, Estados Unidos, Asia Pacífico, geopolítica, sistema internacional.
ABSTRACT
Since the beginning of the 21st century, the international system has been characterized by the consolidation of Asia Pacific as a new center of the global economic gravity. This displacement from the Atlantic to the Eastern side of the planet has defined new power relations and an intense race for greater zones of influence between the United States and China. Hence, U.S foreign policy, with a relevant point since Obama´s term of office, has focused on maintaining its presence in the region and decreasing Beijing´s influence. However, the US government has not been able to contain China´s leading role in the area to any great extent, in a context where regional WTO+ agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) have emerged. This mega-agreement has determined a turn in the geopolitical competition between Beijing and Washington. While for the U.S it represents a threat to its hegemony, for China it is a mechanism for strengthening its geopolitical leadership and relations with neighboring countries. According to this, the RCEP is evidence of a reversal of U.S supremacy in the world economic order, in the current scenario of an intersystemic transition. Therefore, the present article aims to analyze the impact of the RCEP on the geopolitical competition between China and the U.S during the period 2020-2024.
Keywords: China, United States, Asia Pacific, geopolitics, international system.
introducción
Desde los inicios del siglo XXI, el sistema internacional se ha caracterizado por la consolidación de Asia Pacífico como nuevo centro de gravedad económico global. Este desplazamiento desde el histórico Atlántico hacia el extremo oriental del planeta ha definido, en última instancia, nuevas relaciones de poder, cambios en la estructura geopolítica actual y una intensa carrera por mayores zonas de influencia entre Estados Unidos (EE. UU.) y China, como potencias pujantes en el área.
Esta realidad ha condicionado que la política exterior del gobierno estadounidense, indistintamente de la administración en curso, conduzca desde la década de los noventa del siglo pasado, esfuerzos por maximizar su influencia en Asia Pacífico. Este nuevo enfoque ha cobrado mayor relevancia, en tanto China se fortalece como motor impulsor de las relaciones comerciales en la región.
Durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), por ejemplo, las acciones por el liderazgo en Asia Pacífico adquirieron una envergadura cualitativamente superior respecto de sus predecesores, al incorporar, junto a otras tácticas, el empleo del “poder blando”. Con Donald Trump, la estrategia de seguridad nacional estadounidense ubicó a China entre los principales objetivos, desde un ataque frontal a la emergencia del gigante asiático en el sistema internacional. Por su parte, Joseph Biden (2021-2025) catalogó a China como el competidor más desafiante a su hegemonía.
Sin embargo, ninguna de estas estrategias ha podido contener en gran magnitud el crecimiento de China como potencia emergente. Por el contrario, ha devenido en catalizador para el desarrollo de iniciativas asiáticas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda (IFR). Así lo evidencia, igualmente, la implementación de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés: Regional Comprehensive Economic Partnership).
Este proyecto multilateral se clasifica como un megacuerdo comercial. Atendiendo a su conceptualización, dicho tipo de tratados comerciales resaltan por los indicadores económicos de sus miembros, su posible repercusión en las cadenas de valor global y la amplitud de los temas que abordan, en pos de una integración más profunda (González, 2024).
En este sentido, el RCEP surge como contrapartida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación (TPP), megacuerdo comercial que se encontraba liderado por EE. UU. hasta el 2017 para aislar a China. El RCEP ocupa un rol clave en la dinamización de la región del Sudeste Asiático como el centro de gravedad de la economía mundial, con un fuerte protagonismo del gigante asiático y notables avances en la integración económica del área.
El presente artículo se propone como objetivo analizar el impacto del RCEP en la competencia geopolítica entre China y EE. UU. durante el período 2020-2024. Para ello, el artículo profundiza, más allá de un estudio económico, en los efectos y el impacto estratégico que ha traído el acuerdo para ambas potencias.
desarrollo
La Asociación Económica
Integral Regional en contexto
La entrada en vigor de los Tratados de Libre Comercio1 (TLC) en Asia Pacífico ha adquirido especial relevancia, pues ha profundizado la integración económica en el área. A pesar de ello, vale destacar que este proceso integracionista de carácter económico comenzó relativamente tarde en comparación con otras regiones como Europa, América Latina y Norteamérica (Bartesaghi, 2017).
No obstante, la escalada de acuerdos firmados a partir de finales del siglo XX se ha convertido en un pivote esencial del desarrollo en la región. Ello está vinculado al rol del área en el comercio mundial, la participación de países como China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda y el bloque de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como el declive económico relativo de EE. UU., como potencia de tradicional interés dentro de la zona.
La Asociación Económica Integral Regional surge como el mayor acuerdo de libre comercio en medio de este contexto de competencia inter-potencias. Puesto en vigor desde el 1º de enero de 2022, el RCEP integra a quince naciones; entre ellas, los diez países integrantes de la ASEAN: Camboya, Brunei Darussalam, Myanmar, Filipinas, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam; unido a Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y China.
El acuerdo constituye un proyecto impulsado en el seno de la ASEAN de la mano de China, como respuesta a la necesidad de los países vinculados de otorgarle mayor fluidez al funcionamiento de las cadenas regionales de valor, y reducir los costos de transacción asociados al Asian Noodle Bow2 (Herreros, 2022). El estancamiento de propuestas similares como el TPP donde se encontraba EE. UU., catapultó el proceso constitutivo en torno al RCEP.
Tras largos años de complejas negociaciones por la multiplicidad de intereses y niveles de desarrollo, el acuerdo emerge con un enfoque comprensivo con el objetivo de armonizar los tratados ya existentes. Esto se ha visto acelerado por los impactos económicos de la Covid-19, como una recesión con profundos efectos en la economía mundial. Por tanto, la firma y la entrada en vigor del acuerdo, catalizador de la cooperación económica de Asia Pacífico, resulta relevante puesto que no fue interrrumpida aún en período pandémico.
Finalmente, el proceso negociador del RCEP concluyó luego de 31 reuniones ministeriales. El documento constitutivo resultó en veinte capítulos con variedad de temas. Entre estos destacan la reducción de aranceles, la facilitación de la cooperación aduanera, la inversión extranjera, la propiedad intelectual, las medidas sanitarias y la competencia (Herreros, 2022). Se estableció, además, en su artículo 15 que los países menos desarrollados de la ASEAN (Camboya, Laos y Myanmar) serían los priorizados para recibir proyectos e inversiones de cooperación económica (Araujo, 2022).
El RCEP. Una herramienta
multilateral en la agenda china.
Para China, esta asociación representa, más allá de una herramienta para el desarrollo económico integral de la región, un elemento clave de su estrategia geopolítica para promover el multilateralismo y disminuir la influencia económica de EE. UU. en Asia. Por tanto, el acuerdo resulta clave para enfrentar los riesgos y desafíos del proteccionismo, y sirve de acceso a más mercados de importancia, lo que contribuye a una rápida recuperación económica (Diez, 2024).
Asimismo, el RCEP permite a China establecer normas y estándares regionales alineados a sus intereses. La posibilidad de contar con miembros de tanto peso económico en el área refuerza su supremacía e influencia en las cadenas de suministro regionales y los mercados de consumo. Ello incide en el aumento de la interconexión de los países con los mercados chinos (Kim, s.f).
Al impulsar una plataforma de colaboración para el comercio, la inversión y el crecimiento económico compartido, Beijing apunta a minimizar la dependencia de los acuerdos unilaterales que suelen estar dominados por las potencias occidentales. De ahí que el RCEP funcione como mecanismo de integración regional, y refuerce el papel central de China en un orden mundial multipolar.
Por un lado, el pacto comercial le ha sido útil para fortalecer los vínculos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, así como para alinear la Iniciativa de la Franja y la Ruta con el Plan Maestro de Conectividad de la ASEAN 2025 (Diez, 2024). Esto ha posicionado a China como el mayor inversor de la región, sobre todo en Brunei, Camboya y Laos; y ha aumentado el número de producciones de energía renovable en otros países como Indonesia, Vietnam y Tailandia.
A partir de la entrada en vigor del RCEP en 2022, China pasó a representar el 21% de las exportaciones y el 24% de las importaciones de la ASEAN. Vietnam (3,8%), Malasia (2,4%) y Singapur (2,2%) resaltan como los principales destinos de sus exportaciones en los sectores de maquinaria y productos electrónicos, con un porcentaje superior al 40% en los tres países. Además, las inversiones del gigante asiático en el resto de la región han priorizado, desde el año 2021, los sectores de manufacturas (3.512 millones de dólares), la comunicación e información (2.439 millones de dólares) y el sector inmobiliario (2.355 millones). En este sentido, Beijing asegura su expansión en Asia Pacífico y el abastecimiento de materias primas de los países cercanos, apoyados en la construcción de infraestructuras de conectividad y almacenamiento. De esta forma, se evidencia un mayor intercambio entre China y los países miembros de la organización (Gil Pérez, 2023).
El acuerdo también trae significativos beneficios para el gobierno de Xi Jinping, visto como una de primeros acuerdos exitosos entre China, Japón y Corea del Sur, en un largo tiempo. Si bien ya habían tenido lugar negociaciones entre estos países dentro del marco de la ASEAN+3 y sus extensiones, lograr la firma de un TLC había sido muy difícil a raíz de sus relaciones históricas y políticas. Hasta el momento, China solo había materializado acuerdos comerciales formales con Corea del Sur, mientras que con Japón mantenía un gran déficit comercial y sus habituales disputas. Por el contrario, el nuevo plan facilita los lazos económicos entre los tres vecinos y sus provincias limítrofes, lo que favorece la circulación intrarregional al igual que la interna.
En este sentido, el fortalecimiento de las relaciones económicas deviene un triunfo político y diplomático para China por el afianzamiento de su influencia en Asia, en medio del diferendo comercial y tecnológico que libra con EE. UU. Con la firma del RCEP, el gigante asiático garantiza poder hacer frente a una disociación con Occidente, y a un posible intento de este de establecer un sistema paralelo. Además, permite estabilizar su relación con los países vecinos. Esto último es indispensable para su ascenso como potencia (Su, 2022).
Implicaciones geopolíticas
para EE. UU.
Desde el radio de competencia de EE. UU., Asia Pacífico ha permanecido como área geopolítica de relevancia desde el fin de la segunda Guerra Mundial. Los años posteriores al conflicto determinaron la supremacía norteamericana en el sistema capitalista y en gran parte del área. En este sentido, importantes economías como Japón, Australia y Nueva Zelanda han mantenido un statu de alianza con EE. UU. en el orden geopolítico y de seguridad.
Su interés por influir en las relaciones comerciales de carácter multilateral del área tiene un marcado antecedente en su papel en la fundación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC. En 1993, desde este marco, la administración del demócrata Bill Clinton (1993-2001) redefinió sus líneas estratégicas para la región de Asia Pacífico sobre la base de una plataforma de libre comercio (Bartesaghi, 2017). Sin embargo, los primeros pasos por introducirse en el despegue económico asiático no surtieron los efectos esperados. Ello se explica por los cambios que ocurrían en la región como la crisis financiera de 1997.
Si bien EE. UU. conducía alianzas estratégicas en la región, la ausencia de un acuerdo comercial multilateral exclusivo con países de Asia Pacífico denotaba un peligro para su hegemonía en un contexto de globalización. No fue hasta la segunda administración de George W. Bush (2001-2009), que el país reconoce su lejanía en los procesos de integración económica de la región asiática (Ramírez Bonilla, 2014), cuando se incorpora a las negociaciones del TPP en 2005.
En este contexto, garantizar la participación directa de EE.UU. en las dinámicas comerciales del área se convirtió en un eje necesario de su política exterior. Ello contrarrestaría cualquier influencia en ascenso que perjudicara sus intereses geopolíticos. Por varios años, el tratado fue negociado, aunque de forma lenta debido a la complejidad de su contenido y la variedad de intereses.
Para la administración de Barack Obama (2009-2017), el mercado de la región figuró como el más importante. Su gobierno incorporó como eje de su política exterior el concepto de “pivote asiático”, rescatando la teoría geopolítica del británico Halford Mackinder, quien planteaba que el dominio del mundo comenzaba por establecer el control en una zona geográfica de gran valor. Teniendo esto en cuenta, el interés del expresidente por lanzar un área de libre comercio estuvo acompañado por la estrategia de reforzar la seguridad de la zona, y no permitir el avance de China. En su apuesta por mayor liderazgo en Asia, el TPP constituía una herramienta del creciente rejuego político. Las giras del exmandatario por la región y su discurso sobre un reequilibrio estructural ubicaron al gigante asiático como una amenaza.
Con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en 2017, el peligro que suponía China condujo a una especie de guerra fría de carácter comercial. Sin embargo, su política proteccionista de “América primero”, resquebrajó los intentos de poder cooperar con Asia Pacífico. En ese propio año se retiró de las negociaciones del TPP. Esta decisión dejaba sin acuerdo comercial con EE. UU., a Australia y Japón. Ello condujo a que el proyecto se redefiniera sin la presencia norteamericana, como el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP3, por sus siglas en inglés), en vigor desde 2018.
El primer mandato de Trump (2017-2021) constituyó una escalada radical contra China sobre la base de una férrea competencia tecnológica y elevados aranceles a productos chinos. Su administración otorgó mayor importancia al Indo-Pacífico como zona de influencia para detener el avance de China, y al Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD, por sus siglas en inglés). A pesar de ello, EE. UU. no logró recuperar terreno en Asia como se proponía. El proteccionismo de Trump y un redireccionamiento al Indo-Pacífico posibilitó el avance del RCEP con su visión de Asia Pacífico, como acuerdo con perspectivas de profundizar la integración y otorgar mayor grado de autonomía regional (Schulz, 2022).
Por su parte, el sucesor de Trump, el demócrata Joseph Biden (2021-2025) mantuvo la política de contención contra China con algunos cambios. No obstante, no ha sido un contrapeso relevante en medio de su crisis hegemónica, al carecer de una alternativa factible para los países del área que haga frente a iniciativas como el RCEP, ya entrado en vigor en su período de mandato. La presión de EE. UU. sobre sus aliados por debilitar la supremacía de China en la región ha transitado desde el orden de seguridad con alianzas como el AUKUS junto a Australia y Reino Unido, y el relanzamiento del QUAD. Independientemente de esto, el efecto ha sido considerablemente diferente en el orden económico.
Aunque la división de la región en torno al RCEP y el original TPP ha terminado, Biden propuso nuevas formas de cooperación con Asia Pacífico para recuperar el liderazgo estadounidense. En este sentido, el exmandatario sumó tres giras por la región desde su llegada a la Casa Blanca. Estas comprendieron una primera en mayo de 2022 a Corea del Sur y Japón; la siguiente en noviembre del propio año en Camboya para la cumbre de la ASEAN; y la última en septiembre de 2023, durante la cual recorrió Vietnam, en el marco de la cumbre del G20. Como denominador común destaca un remarcado interés de EE. UU. por irrumpir en el avance de China, tomando como estrategia el compromiso de aliados, fundamentalmente Nueva Delhi.
Precisamente, la India es parte del concepto del Indo-Pacífico promovido por EE. UU., y ha mantenido una actitud desafiante ante los beneficios que aporta el RCEP, tras su salida de las negociaciones del megacuerdo en 2019. Dicha decisión se interconecta a la lógica estadounidense de obstaculizar el avance chino, mediante un nuevo frente geopolítico, más que una estrategia por redefinir límites marítimos en torno a las proximidades del Océano Índico (Serbin, 2021).
Otro aspecto significativo de las giras de Biden resulta el lanzamiento del Marco Económico del Indo-Pacífico (IPEF por sus siglas en inglés), que incluye a economías signatarias del CPTPP y el RCEP, durante la primera gira asiática del exmandatario. El instrumento se ha propuesto avanzar en sostenibilidad, crecimiento económico y resiliencia para las economías, mientras que desglosa su contenido en cuatro pilares4 principales: comercio, cadenas de suministro, energías limpias e impuestos.
Si bien pudiera significar un acuerdo de ventajas particulares para países que no contemplan un tratado de este tipo con EE. UU., el IPEF representa un intento de Washington de reajustar las dinámicas geopolíticas en juego. No obstante, las pretensiones del marco tienen un alcance menor que esfuerzos precedentes en cuanto a postulados y cifras de indicadores económicos (González Sáez, 2022).
La conducta pragmática de los países asiáticos, socios tradicionales o no de EE. UU., ha evidenciado un interés de apostar por la integración económica de la región. El RCEP representa una plataforma que reporta importantes beneficios para todas las naciones presentes en el acuerdo. Esto lo posiciona como una opción viable para la región, que complementa otras iniciativas de cooperación económica.
La finalización del mandato de Biden en el contexto de la reincorporación de Donald Trump a Washington significa un retroceso en marcos institucionales como el IPEF. Su anterior recorrido por la Casa Blanca denota una posible competencia férrea contra China y los mecanismos como el RCEP para su segundo período presidencial. La estrategia proteccionista de Trump anunciada en su campaña electoral refiere incluso, una posible salida de EE. UU. de alternativas comerciales ajenas a su discurso “Make America Great Again”.
El curso de su mandato, y en especial su política respecto a la integración económica en Asia Pacífico, deviene un factor clave en las dinámicas globales. Un incremento de los aranceles para productos extranjeros que ingresen a EE. UU. podría afectar a los países firmantes del RCEP. Esto se debe a que las economías miembros del megacuerdo constituyen socios principales de EE. UU., con un amplio superávit comercial5, por lo que el país norteamericano pretende reducir dicho indicador mediante los impuestos. Sin embargo, el tratado ha abierto oportunidades de mercado y proyecciones de crecimiento relevantes, con énfasis en la interconexión de las cadenas regionales de suministros a la producción. Por tanto, lograría reducir los efectos adversos de una ola proteccionista de Trump.
El RCEP podría generar un crecimiento económico de 245 mil millones de dólares y crear 2,8 millones de empleos en el área para 2030 (Diez, 2024). Este balance ofrece en un primer momento, cambios sustanciales en la dependencia de Asia Pacífico a mercados extrarregionales como puede constituir EE.UU. En un segundo plano, evidencia cómo la región avanza hacia una autonomía cada vez mayor, donde podría identificarse como un polo en creciente integración económica, con capacidades de recuperación y sostenibilidad propias, insertadas en la visión asiática del desarrollo. Este elemento constituye, por tanto, un desafío para la agenda exterior estadounidense y una desventaja competitiva en su carrera estratégica contra China, a tener en cuenta por el mandatario Donald Trump.
conclusiones
La constitución del RCEP refleja la continuidad del proceso de integración regional en Asia Pacífico y la apuesta por la liberalización comercial, mientras Estados Unidos promueve el proteccionismo. Su entrada en vigor ha contribuido al mejor funcionamiento de la producción, el comercio y la inversión entre sus países miembros. Esto lo confirma como el TLC líder dentro del área y el mundo, en función del desarrollo de una zona con un incentivo sociodemográfico considerable.
El RCEP evidencia, a su vez, cambios estructurales en el dinamismo de la región, donde las normas de un acuerdo de tal magnitud y pese a la heterogeneidad de sus signatarios, muestra avances en la armonización de las interconexiones entre ellos. No obstante, los retos de aportar un mayor carácter inclusivo y reducir los grandes costos para las economías menos avanzadas continúan en la mesa, sobre todo en el escenario de una intensa carrera entre China y EE.UU.
El propio dinamismo económico de Asia Pacífico ha determinado el papel del acuerdo en la reconfiguración del tablero geopolítico regional. Como un pacto clave en la recuperación económica del área luego del desgaste ocasionado por la pandemia, sus efectos trascienden las dimensiones estrictamente comerciales de un tratado de esta naturaleza. De esta forma, evidencia un giro en la competencia geopolítica entre Beijing y Washington, en la que hoy ya China se ha convertido en el principal socio comercial de casi toda la región y de 150 países en el mundo.
Sin embargo, las más recientes administraciones estadounidenses, encabezadas por Trump y Biden en su guerra contra China, han cedido espacio para el gigante asiático. A medida que EE. UU. se orienta hacia acuerdos bilaterales o multilaterales emplazados en el Indo-Pacífico, el RCEP ha priorizado la cooperación sobre la competencia, y se ha consolidado como una apuesta de mayores beneficios para sus miembros con una visión más integral de desarrollo.
Mientras para EE. UU., este TLC representa una clara amenaza a su hegemonía, para China constituye un mecanismo de vital importancia para el fortalecimiento de su liderazgo geopolítico y de las relaciones con sus países vecinos. No solo le ha permitido afianzar su papel en las cadenas de suministro y producción intra y extrarregionales, también ha representado una alternativa ante el proteccionismo y las agresiones externas.
El megacuerdo, a pesar de contar con los aliados tradicionales de EE.UU., muestra el realineamiento pragmático de estos hacia la visión de desarrollo cooperativo propuesta por China. En este sentido, el RCEP evidencia un retroceso en la supremacía estadounidense en el orden mundial de la economía, en un contexto de transición intersistémica. Mientras que, todavía queda la incertidumbre si la dependencia de las naciones menos desarrolladas realmente disminuye o solo cambia de centro.
referencias
BIBLIOGRAFÍA
notas
Recibido: 23 de enero de 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 16 de marzo de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Blanco Gómez, J. &. Borrego Díaz, R.A. (2025). Análisis de las criptomonedas según el método marxista. NFT y el metaverso. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 6 (2), 76-85
resumen
Las criptomonedas han generado una nueva capa de profundidad en la aceptación del mito social de que existe una fuente de riqueza instantánea para el hombre desligada de su propiedad sobre los medios de producción. Este trabajo pretende desmitificar esa realidad, a la vez que se propone analizar otras cuestiones como la dualidad de las criptomonedas entre su anonimato frente a las instituciones bancarias y su supuesta inmunidad a la regulación. A su vez, planea asimilar las criptomonedas como un fondo perdido y la búsqueda de alternativas a la poca entrada de capitales mediante los NFT y la propuesta futurista del metaverso.
Palabras clave: criptomonedas, especulación, NFT, metaverso
ABSTRACT
Cryptocurrencies have generated a new layer of depth in the acceptance of the social myth that there is a source of instant wealth for man detached from his ownership of the means of production. This work aims to demystify that reality while attempting to analyze other issues such as the duality of cryptocurrencies between their anonymity in the face of banking institutions and their supposed immunity to regulation. Plans to assimilate cryptocurrencies as a lost fund and the search for alternatives to the low inflow of capital through NFTs and the futuristic proposal of the metaverse.
Keywords: cryptocurrencies, NFT, speculation, metaverse
introducción
El nivel de fetichización que posee la sociedad capitalista moderna1, y de conjunto con ella el eslogan de “cualquiera puede ser millonario si se esfuerza lo suficiente”, alimenta el deseo social, principalmente presente en los jóvenes, de introducirse en los mercados financieros, altamente complejos y volátiles, que requieren de mucho conocimiento y preparación. Pero evidentemente estos mercados, que en principio deberían desarrollarse de manera alineada o armónica con el mercado real de bienes y servicios, se separan de este último y abren paso a lo que se conoce como especulación.
Del mercado financiero primario se desprende el secundario: en el primero surgen los títulos de propiedad o de deuda, acciones o bonos respectivamente, y del segundo surgen las reventas del primero.
Era una premisa histórica que el efecto “fetichizador” de las Relaciones Monetario Mercantiles no iba a concluir en esa capa de profundidad: del mercado financiero, los instrumentos financieros poseen un nuevo compañero: las criptomonedas. Lo que en un inicio no era más que la creación de un modo virtual de gestarse este mercado que reafirmaba su carácter omnipresente; pasó a convertirse en un nuevo activo financiero que, de acuerdo con el mismo fetichismo, pasa a tener según la sociedad un valor autóctono por sus propias cualidades de medir el valor de las demás mercancías y además funge como capital de préstamo. No obstante, si se analiza una premisa de las finanzas, que está también exenta de la profundidad del criterio marxista, pero que es cierta desde lo superficial: el riesgo aumenta la rentabilidad.
Las criptomonedas han generado una nueva capa de profundidad en la aceptación del mito social de que existe una fuente de riqueza instantánea para el hombre desligada de su propiedad sobre los medios de producción. Este trabajo pretende, como objetivo general, desmitificar esa realidad a la vez que pretende analizar otras cuestiones como la dualidad de las criptomonedas entre su anonimato frente a las instituciones bancarias y su supuesta inmunidad a la regulación. Para cumplir el objetivo propuesto se explicarán algunas de las categorías principales del ámbito digital para poder entender el trabajo de forma correcta. Se hará una analogía de esquema clásico de producción capitalista con la lógica de las criptomonedas, para pasar a armar dicha estructura con las relaciones complejas que presentan las NFT.
desarrollo
Premisas conceptuales para el análisis de las criptomonedas.
Casal (2022) define:
“Una criptomoneda se basa en los principios de criptografía para proporcionar un medio seguro de intercambio. En términos generales, no está respaldada por un banco central, un gobierno o una mercancía, pero al estar basada en la tecnología blockchain2 se puede usar como moneda de cambio y depósito de valor. Las criptomonedas representan un tipo de divisa alternativa (…). Utilizan criptografía robusta para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido”.
Las ventajas principales del uso de una criptomoneda frente a otro activo son:
El primero en ofrecer una idea para las criptomonedas fue David Chaum, que lanzó eCash en fecha tan temprana como 1983, un sistema de micropagos en un banco de Estados Unidos que utilizaba un sistema criptográfico. Este fue implementado desde 1995 hasta 1998. En 1990 llega Digicash de la mano del mismo Chaum, una empresa que se dedicó al desarrollo de una moneda digital; su fracaso no cesó las ansias de crear una moneda en el entorno virtual.
La primera criptomoneda en aparecer fue el Bitcoin (2009), que ya había sido presentada en el documento técnico Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer y creado por un grupo de individuos anónimos, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Su éxito llevó al surgimiento de muchas otras monedas, como el Litecoin (2013), Dogecoin (2014), Ethereum (2015), Binance Coin (2021) y muchas otras.
La mayoría de las criptomonedas utilizan como tecnología de sustento a lo que se conoce como Blockchain. Macho (2019) define el Blockchain como:
“(…) un protocolo fiable que ofrece un mecanismo de validación de operaciones a través de una red de ordenadores facilitando de este modo las transacciones peer to peer sin la necesidad de una autoridad centralizada o algún intermediario que se encargue de actualizar y almacenar la información generalizada durante la transacción. Cada transacción una vez validada se une a un grupo de transacciones ya validadas y el conjunto se agrega como un nuevo bloque a la cadena de bloques o blockchain”.
El autor también define dos tipos de cadenas de bloque: públicas (de código abierto, cualquiera puede entrar) y privadas (se puede entrar solo con permisos especiales). Esta es la estructura que le da cabida a las criptomonedas, y le confiere además propiedades a sus mercados particulares, como:
Para un mejor entendimiento del tema, véase Figura 1:
Nota: Funcionamiento del blockchain [Ilustración]. (2019).
Adaptado de Rojas, Á. M. (2019, marzo). Tecnología Blockchain y Criptomonedas. Universidad de Valladolid.Expansión. https://www.expansion.com
Se ha definido el dinero y el mecanismo que asegura las transacciones, pero falta la forma de depositar las criptomonedas. Esta función la cumple una cartera o monedero virtual, (Wallets, en inglés). Es una herramienta que permite tener un registro de las transacciones realizadas con estas y mantener control preciso de los saldos. En la mayoría de los casos posibilitan mantener saldos en varias de las criptomonedas y, por supuesto, ayudan al portador a establecer de manera concreta una cartera de activos que refleje parte de su “riqueza” en criptomonedas. Este acápite será analizado en el próximo epígrafe.
A continuación, la Tabla 1 muestra un resumen de las principales criptomonedas y una breve descripción de las mismas:
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BITCOIN (BTC) |
El tipo de criptomonedas más conocido. Funciona en su propia cadena de bloques gracias a un ejército de mineros descentralizados que se encargan de verificar las transacciones y crear nuevos Bitcoin, hasta un límite fijo. En enero de 2022, Bitcoin era la Criptomonedas con la mayor capitalización de mercado: 896.000 millones de USD. Se puede adquirir mediante la compra o intercambio de la propia moneda en portales especializados. Es importante tener en cuenta que los bitcoins, o cualquier otra Criptomonedas, son instrumentos complejos, que pueden no ser adecuados para personas sin los conocimientos suficientes, y cuyo precio posee un alto componente especulativo que puede suponer incluso la pérdida total del dinero pagado para comprar las criptomonedas. |
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ETHER (ETH) |
Es la criptomoneda que se ejecuta en la cadena de bloques Ethereum. Al igual que Bitcoin, Ether opera en su propia cadena de bloques. Sin embargo, Ether no tiene límite, lo que significa que, en teoría, se podría crear una cantidad infinita de monedas. Ethereum también admite contratos inteligentes, que son programas que están integrados en la cadena de bloques de Ethereum y se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. |
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BINANCE COIN (BNB) |
Nativa de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo en 2021. Si los usuarios eligen pagar en BNB obtienen reducciones en las tasas por transacción de Binance. Esto ha fomentado la adopción de Binance Coin, que se ha convertido en una de las principales criptomonedas del mercado. Para garantizar que su valor se mantenga estable, Binance destruye o quema un porcentaje fijo de las monedas en circulación. |
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TETHER (USDT) |
Es una stablecoin, es decir, un tipo de moneda diseñado para tener un precio menos volátil al estar vinculado a un activo externo. En este caso, cada moneda está respaldada por una cantidad equivalente de dólares estadounidenses, lo que evita que experimente el mismo tipo de volatilidad de precios que la mayoría de criptomonedas. Sin embargo, existe cierto debate sobre si en realidad está totalmente respaldada por el dólar. |
Tabla 1: Principales Criptomonedas
Es necesario entender de acuerdo con las premisas del trabajo, qué es la minería de datos. Casal (2022) define que:
“(…) La minería crea nuevos bitcoins mediante la fabricación de nuevas partes de blockchain. Para poder minar debe haber una red de computadoras punto a punto para que las tareas se puedan realizar con su poder de cómputo combinado. Cuantas más computadoras y menos centralizado sea el sistema, más rápidamente las tareas serán operadas”.
Este es un proceso en el cual intervienen mineros, los cuales compiten para obtener de cada bloque del blockchain, la codificación correcta mediante un procedimiento de ensayo y error, dependiendo del potencial computacional y del tiempo.
Analogía con el esquema marxista de reproducción capitalista simple
Basándonos en que el poder computacional es análogo a la productividad, y el tiempo determina la creación de valor, representan un valor que no es origen de la oferta y la demanda. La persona interesada en invertir en criptomonedas deberá poseer un medio para fungir como minero, o invertir en las mismas comprándolas mediante “dinero real”
. En el caso de los mineros, su computadora fue comprada con dinero real, y es su representación en el mundo virtual mediante un “trabajo virtual”, pero fue comprada con el resultado del trabajo en el mundo real, o sea, ocurre una traspolación de las ganancias del mundo real al virtual. Los siguientes tres puntos abordaran esta idea:
En resumen, aunque el entorno cambie, la esencia del proceso sigue siendo real.
Proceso de compra-venta de criptomonedas
La volatilidad es causada por la lejanía que posee este mercado (que es a su vez un conjunto de mercados) de la producción real. El número de transacciones supera las dos clásicas de compra-venta señaladas en la obra marxista como metamorfosis de la mercancía, parte del proceso de circulación. En este caso son:
El número de incursiones en la esfera de la circulación aleja el valor inicial expresado en dinero real del final. Si se hiciera una analogía con la ecuación sobre la paridad de intereses de la Macroeconomía, se observa que el rendimiento de una moneda real sería igual al de la criptomoneda si:
Donde:
La segunda proposición implica una relación de rendimientos entre el dinero real y la criptomoneda, expresada en precios reales. Esta relación directa no considera la existencia de múltiples monedas reales y criptomonedas, así como los riesgos cambiarios asociados. Para suplir una carencia propia del análisis macroeconómico, recurrimos a la categorización marxista y a la categoría irracional del precio del dinero. La función del dinero como dinero aritmético permite expresar (no medir) el valor relativo del oro. Aunque esto imposibilita medir el valor del oro en sí mismo, el dinero aritmético permite expresarlo en un “símbolo” de su propio valor (Colectivo de Autores, 2006ª).
Es oportuno entonces analizar si las criptomonedas expresan directamente el valor del oro, el valor de otra moneda que expresa el valor del oro, o si operan en un plano paralelo al dinero real. Las criptomonedas de emisión finita movidas por blockchain permiten expresar el valor del oro que respalda las mercancías producidas en el proceso de blockchain. Este mecanismo, a su vez, respalda las criptomonedas.
Las criptomonedas finitas se asemejan a un “fondo perdido”5 en favor de la especulación. Una vez concluye su emisión, no generan más valor debido a la producción, sino que se redistribuyen según la especulación. En el caso de criptomonedas de emisión ilimitada, el valor real que respalda su circulación variará mientras exista un minero encriptando códigos. La producción puede sustentar el aumento de la masa monetaria según la Ley de la Cantidad de Dinero en Circulación.
Los NFT y el Metaverso como sustento de las criptomonedas
Los NFT (Non-Fungible Tokens o tokens no fungibles) desempeñan un papel esencial como “activos digitales” sin homólogos en el mercado. Aunque son productos digitales, tienen limitaciones por unidades y su propietario posee un título de propiedad. Verificado mediante blockchain, representa la propiedad de objetos como arte, música o coleccionables (Wang et al., 2021; Kugler, 2021). Los NFT redefinen los bienes no rivalizables6 a bienes rivalizables. La cuestión es jurídica: si el título de propiedad es válido, nadie puede utilizar el bien, aunque tenga acceso a él, similar a las patentes.
Esta forma de mercancía responde a la falta de valor específico de las criptomonedas limitadas en emisión. Los NFT estimulan la introducción de dinero real en este “fondo perdido” y fetichizan las relaciones monetarias mercantiles. Otra vez, el valor de uso subjetivo impide apreciar el cambio de forma, pero la esencia es la misma.
De hecho, Gámez e Higuera (2023) describen cómo en una serie de países, la inclusión de los NFT dentro del conjunto de valores, hace contradictorio su carácter desregulado frente a un marco regulatorio que impide el desconocimiento de informaciones sobre el propietario y el vendedor a la hora de registrar el activo.
El proyecto del metaverso busca crear un mercado más robusto y formal para los NFT. En este entorno, las posibilidades de uso de los NFT pueden crecer, así como su valor de uso, que se vuelve aún más subjetivo. Esto hace que su valor de cambio no esté en consonancia con el tiempo de trabajo invertido en ellos. A pesar de que alguien realmente trabajó en ellos, una vez que los NFT se formalizan y su mercado se relaciona con las criptomonedas, todo el valor creado por el minero respaldará parcialmente a los NFT.
Esta justificación es subjetiva para la especulación mediante criptomonedas. De otro modo, los NFT estabilizarían su valor según la aceptación entre los consumidores y el valor que respalden. Sin embargo, si nadie alimenta este fondo perdido, su validación en el consumo real desaparecerá una vez que los propietarios pidan dinero real a cambio de ellos.
Al final, los NFT son un producto especulativo de empresas y personas en el mercado informal. Estas actividades, que de otro modo estarían supeditadas al dinero en efectivo, a veces necesitan ser “blanqueadas” mediante mecanismos ilegales para circular libremente en la economía o requieren un mercado negro considerable que acepte su uso.
conclusiones
Podemos señalar como conclusiones que:
Aun con todo lo dicho, las criptomonedas por su carácter desregulado pueden ser una alternativa para la hegemonía de ciertas divisas que dominan las transacciones internacionales y penetran mercados nacionales mediante el fenómeno conocido como dolarización, además de otros fenómenos. Aun así, no se puede maniobrar en un campo sin conocer la esencia de un fenómeno, y en ese sentido lega un excelente método y conjunto de categorías que permiten poner a las criptomonedas en tela de juicio.
referencias
Bibliografía
Notas
Recibido: 25 de enero de 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 25 de febrero de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Rodríguez Otaño, J.A. (2025). La formación de capital fijo y el crecimiento económico de América Latina y el Caribe. Un análisis con técnicas de cointegración para el periodo 1990-2023. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 6 (2), 86-95.
resumen
Los modelos macroeconómicos de crecimiento, sobre todo los modelos neoclásicos ortodoxos, siempre han considerado la acumulación de capital como la principal fuente de crecimiento para cualquier país y, si bien es cierto que las teorías modernas de crecimiento endógeno consideran otros factores como capital humano, demografía y tecnología, por solo mencionar algunos, todavía se le otorga especial importancia a la formación de capital fijo. Para el caso de la región de América Latina y el Caribe, se ha comprobado que la inversión en capital fijo es condición necesaria para el crecimiento económico de la región, pero no es suficiente para garantizar un crecimiento sostenido en el largo plazo. Es necesario realizar cambios estructurales en las economías de los países que conforman la región, con el objetivo de propiciar una mayor cooperación y comercio intrarregional que facilite la transferencia de tecnologías, así como una formación de capital humano e inversiones en proyectos de I+D que incrementen la productividad marginal del trabajo y exportaciones de mayor valor agregado.
Palabras Clave: Crecimiento económico; Capital Fijo; Inversión; Cointegración; América Latina y el Caribe.
ABSTRACT
Cultural diplomacy functions as an instrument to strengthen ties between nations and communities, promote cooperation and understanding, and disseminate the principles, customs and cultural heritage of various societies around the world. For Cuba, more than a mere practice of inter-state relations, cultural diplomacy is an opportunity to counteract stereotypes and project its identity, its cultural wealth and diversity, foster solidarity and defend its sovereignty. The Ministry of Culture of the Republic of Cuba -with its affiliated entities- is one of the main actors in the cultural diplomacy promoted by the Cuban nation; however, there are other actors, such as community projects, whose work deserves recognition and whose practices should be emulated. The Quisicuaba Sociocultural Community Project is an example of the promotion of Cubanness, both inside and outside the island, which transforms culture into a bridge for dialogue, collaboration and collective well-being. Therefore, this research is interested in assessing Quisicuaba’s role as an agent of cultural diplomacy to promote dialogue, cooperation, unity within diversity and Cuban culture in Cuba and the world.
Keywords: cultural diplomacy, Cuba, Quisicuaba Sociocultural Community Project, dialogue, cooperation.
introducción
La inversión constituye un elemento esencial para catalizar el crecimiento y lograr círculos virtuosos de productividad, debido a que incrementa la capacidad productiva de una economía, ya sea al acrecentar el stock de capital o al incorporar nueva tecnología, mediante la cual el proceso productivo se torna más eficiente (Ramírez, 2018). La teoría económica es muy rica en cuanto al impacto que tiene en el crecimiento económico de los países.
Los modelos de crecimiento neoclásico están centrados en la acumulación de capital físico, caracterizada por tener rendimientos marginales decrecientes, lo cual implica que la inversión física no es capaz de provocar un crecimiento sostenido en el largo plazo. El incremento del stock de capital muestra que el impacto de cada sucesiva unidad de inversión es menor que la anterior (Ríos, 2011). No obstante, se ha demostrado a través de investigaciones empíricas que la formación bruta de capital fijo y sus componentes tienen una especial relevancia en la economía por diversos motivos, entre los que destacan su importancia en la producción futura, los efectos que tiene en la provisión y demanda de bienes y servicios, su relación con las expectativas de los individuos o su papel en la mejora del capital humano y en la productividad de la economía, entre otros (Ariza, 2016).
En las últimas décadas la región de América Latina y el Caribe ha ido desarrollándose lentamente tanto en el ámbito económico como en el social, donde se han acometido políticas económicas y planes de desarrollo que han sido exitosos en muchos casos debido a los cambios estructurales que logran, sin embargo, este crecimiento ha sido muy volátil.
Una de las principales recomendaciones orientadas a elevar las tasas de crecimiento del producto en América Latina, se refiere a la necesidad de incrementar los bajos niveles de inversión que exhibe la región, tanto en comparación con los países desarrollados como con otros países emergentes. Dentro de estas inversiones, se les presta especial atención a las inversiones en capital físico, dado que la región latinoamericana se especializa en bienes y servicios para cuya producción se necesitan elevados niveles del factor trabajo, y, en consecuencia, el factor capital tiene rendimientos marginales muy elevados, de acuerdo a la teoría de Heckscher-Ohlin (Ohlin, 1971).
No obstante, ante estos argumentos surgen muchas interrogantes: ¿Incrementar las inversiones en capital fijo se reflejará efectivamente en el crecimiento económico de largo plazo de la región?, ¿es condición suficiente para ello?, ¿no sería más conveniente estimular el consumo o el gasto público?
Se han realizado investigaciones en este ámbito para analizar la relación entre ambas variables, tal es el caso de Andrés Bedoya (2016), en Ecuador; Armando Urdaneta Montiel et al (2016), en Venezuela; Gabriela Mordecki et al (2018), en Uruguay; Ángela Noriega et al (2021), en Ecuador; y Sebastián Becerra et al (2023), en México, por solo mencionar algunos aplicados en países de la región latinoamericana.
No se encontró en la literatura estudios empíricos para toda la región de América Latina y el Caribe, por lo cual se consideró prudente realizar esta investigación. Asimismo, aborda un período de tiempo actual que comprende procesos de reformas económicas y políticas muy heterogéneas en la región, que apuestan por diferentes estrategias para crecer en el largo plazo. Dichas estrategias han estado marcadas por la apertura a inversión extranjera directa que, si bien tributa a la formación de capital fijo, en ausencia de una sólida institucionalidad y condiciones macroeconómicas estables, compromete los ritmos de crecimiento en el largo plazo.
El objetivo fundamental de esta investigación es determinar, a través de un análisis de cointegración de series temporales, la relación existente entre la formación bruta de capital fijo y el Producto Interno Bruto per cápita tanto en el corto como en el largo plazo. Esto permitirá determinar si la inversión en capital físico es suficiente para garantizar un crecimiento económico sostenido para la región de América Latina y el Caribe. La investigación propone dar respuesta a la siguiente interrogante ¿Cómo impactan los niveles de inversión en capital fijo sobre el crecimiento económico de la región latinoamericana en el corto y en el largo plazo?
En tal sentido, se realizará primero una exposición de los principales aspectos teórico-metodológicos que fundamentan la investigación. Posteriormente se analizarán las características de las series seleccionadas y se harán los contrastes para determinar la relación entre las variables tanto en el corto como en el largo plazo. Finalmente se expondrán los resultados que arrojen las estimaciones realizadas.
desarrollo
Marco Conceptual
La teoría económica argumenta que existe una relación positiva entre la inversión y el crecimiento económico, aun cuando no existe consenso real entre cuál precede a cuál. Una de las herramientas más utilizadas para describir el crecimiento económico de largo plazo de las economías es el Modelo de Solow (1956), el cual demuestra dicha relación, y donde se cocncluye que el crecimiento económico sostenido se debe a que el stock de capital crecerá anualmente de acuerdo al progreso tecnológico y a la tasa de crecimiento de la población y, por consiguiente, la producción total, lo cual constituye premisa fundamental para el desarrollo.
Como proxy del crecimiento económico se tomó como variable fundamental el Producto Interno Bruto per cápita (PIBpc en lo adelante). Tomando la definición del INEE (2009), este representa el valor de todos los bienes y servicios finales generados en un país durante un año dado, el cual le correspondería a cada habitante si dicha riqueza se repartiera a todos por igual. Se interpreta como una medida aproximada del bienestar material de la población, y de la capacidad gubernamental para realizar inversiones sociales como las educativas.
Se utilizará la variable Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF en lo adelante), la cual está definida según INE (2023), como el valor de los bienes duraderos adquiridos por las unidades de producción con el fin de ser utilizados durante por lo menos un año en el proceso de producción. Se define como el valor total de los activos fijos adquiridos menos los vendidos por las unidades de producción residentes. Comprende los activos fijos tangibles e intangibles que se obtienen como resultado de un proceso de producción en el país o en el exterior. Estos activos tienen la característica de utilizarse repetida o continuamente en procesos de producción. Se consideran en la FBKF los bienes nuevos y los usados, cuando estos provienen del exterior o cambian de propietario. En esta investigación se utilizará la cointegración de series de tiempo para analizar la relación de corto y de largo plazo de la formación bruta de capital fijo y el PIB per cápita para América Latina y el Caribe con el fin de determinar si incrementos sostenidos de los niveles de inversión en capital físico garantizarán altos niveles de crecimiento económico en el largo plazo.
Por su simplicidad y parsimonia existen dos métodos para comprobar la cointegración de series temporales. Uno de ellos se conoce como la Prueba de Engle-Granger (EG) o prueba de Engle-Granger aumentada (EGA), la cual es muy sencilla dado que expresa que, si al regresar una variable sobre otra y los residuos de la regresión resultan ser estacionarios, entonces las series son cointegradas y convergen en un punto de equilibrio en el largo plazo (Granger, 1987).
La principal limitante de las series es la homogeneización de todos los países de la región latinoamericana para poder analizar la región como un todo, lo cual permitirá llegar a un análisis de convergencia de las variables en cuestión. Sin embargo, tiene como consecuencia que se obvian las particularidades de cada país y el carácter heterogéneo de sus respectivas economías. No obstante, este método resulta práctico para analizar la región a modo general. En futuras investigaciones podría enriquecerse este trabajo haciendo uso de datos de panel para el análisis de cada país, y de esta forma podrían encontrarse relaciones interesantes entre FBKF y PIB per cápita para cada país de la región.
Modelos econométricos y su estimación
Una serie tiempo es una secuencia de observaciones, medidas en determinados momentos del tiempo, ordenadas cronológicamente y, espaciadas entre sí de manera uniforme; así, los datos usualmente son dependientes entre sí (Villavicencio, 2010). En el análisis de series de tiempo destaca el análisis univariado y el análisis multivariado. Este último, según Eraso (2013), se define como extensiones de los casos univariados para modelar conjuntamente más de una serie temporal, lo cual resulta relevante ya que dentro de este último se encuentra el método de cointegración, que será el utilizado en esta investigación.
Proceso Estocástico
Un proceso estocástico se describe como una secuencia de datos que evolucionan en el tiempo. Las series temporales se definen como un caso particular de los procesos estocásticos (Villavicencio, 2010).
Proceso Estocástico Estacionario
Los procesos estocásticos estacionarios son fundamentales para los estudios económicos ya que permiten hacer predicciones de forma precisa sobre el comportamiento de alguna variable. En términos generales, se dice que un proceso estocástico es estacionario si su media y su varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos periodos depende solo de la distancia o rezago entre estos dos periodos, y no del tiempo en el cual se calculó la covarianza (C.Porter, 2009). Esta definición corresponde a procesos débilmente estacionarios, sin embargo, es suficiente con esta aproximación para las situaciones prácticas.
Formalizando de forma estricta, el proceso estocástico {𝑥𝑡: 𝑡 = 1,2, … , 𝑛} es estacionario si para cada conjunto de índices temporales 1≤ 𝑡1 < tg … < 𝑡𝑚, la distribución conjunta de (𝑥𝑡1 , 𝑥𝑡2 , … , 𝑥𝑡𝑚) es la misma que la distribución conjunta de xt1+h, xt2+h, … , xtm+h para todos los enteros ℎ ≥ 1 (Wooldridge, 2010).
Cointegración de series temporales
Si {𝑦𝑡: 𝑡 = 1,2, … , 𝑛} y {𝑥𝑡: 𝑡 = 1,2, … , 𝑛} son dos procesos 𝐼(1), entonces, en general,
𝑦𝑡 − 𝛽𝑥𝑡 es un proceso 𝐼(1) para cualquier número 𝛽. Sin embargo, es posible que para algunas 𝛽 ≠ 0 , 𝑦𝑡 − 𝛽𝑥𝑡 sea un proceso 𝐼(0), lo cual significa que tiene media constante, varianza constante y las autocorrelaciones que dependen solo del periodo transcurrido entre dos variables cualesquiera en la serie y no esta correlacionada asintóticamente. Si tal 𝛽 existe, se dice que 𝑦 y 𝑥 están cointegradas y 𝛽 recibe el nombre de parámetro de cointegración (Wooldridge, 2010)
El estudio de series temporales integradas es importante para determinar relaciones de largo plazo entre variables y su convergencia hacia el equilibrio.
Mecanismo de corrección de errores
Si dos series están cointegradas hay una relación de equilibrio de largo plazo entre las dos. No obstante, en el corto plazo puede haber desequilibrio. El mecanismo de corrección de errores (MCE) corrige el desequilibrio. Un importante teorema, conocido como teorema de representación de Granger, afirma que si dos variables 𝑌 y 𝑋 están cointegradas, la relación entre las dos se expresa como MCE de forma genérica como:
∆𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝑥𝑡 + 𝛽2𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡
donde:
En este caso el término 𝛽2𝑢𝑡−1 de la regresión se le conoce como término de corrección de errores, el cual será cero si y solo si las series se encuentran en equilibrio y el coeficiente 𝛽2 representa la velocidad con la que las series tienden a la convergencia, si existen desviaciones, en el largo plazo (C.Porter, 2009).
Como 𝛽2 < 0, si 𝑦𝑡−1 > 𝛼𝑥𝑡−1 entonces y en el período anterior rebasa el equilibrio por lo que el término de corrección del error funciona para retornar 𝑦 al equilibrio. Asimismo, si 𝑦𝑡−1 < 𝛼𝑥𝑡−1, el término de corrección de errores induce un cambio positivo en 𝑦 que la devuelve al equilibrio (Wooldridge, 2010).
Características de los datos utilizados
Para el análisis de la relación entre el crecimiento económico y la inversión en capital fijo se utilizarán dos series de tiempo anuales obtenidas en el sitio web oficial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) comprendidas en el período de 1990-2023, complementada y contrastada con datos de Banco Mundial.
Se utilizará, como proxy del crecimiento económico de América Latina y el Caribe, la variable Producto Interno Bruto per cápita, la cual está expresada en dólares por habitantes a precios constantes de 2018. Para analizar la inversión en capital fijo se utilizará la serie de la Formación Bruta de Capital Fijo de América Latina y el Caribe, expresada en millones de dólares a precios constantes de 2018. Las series mencionadas figuran en la base de datos construidas como las variables “pibpc” y “fbkf” respectivamente. Además, se utilizó, para expresar la frecuencia anual de los datos, la variable “years”.
El procesamiento de los datos se realizó en los softwares STATA 13 y Eviews. Se obtuvo un total de 34 observaciones para la investigación. La variable “pibpc” en el período utilizado tiene una media de 7595 dólares aproximadamente por habitantes; un valor máximo de 8890 dólares por habitantes, registrado en 2014, el cual puede ser consecuencia del aumento de los precios de los commodities en los mercados internacionales durante la primera parte de la década; y presenta un valor mínimo de 5989 dólares por habitantes, registrados en 1990, que puede ser resultado de que la recuperación gradual de los niveles de crecimiento perdidos durante la crisis de deuda externa de los ´80, que tuvo un duro impacto sobre el crecimiento de la región. La variable “fbkf” en el periodo en cuestión muestra una media de 742519.5 millones de dólares; un valor máximo de 1137080 millones de dólares, registrado en 2023; y un valor mínimo de 392844 registrado en 1990.
Las variables escogidas se transformaron a logaritmos para establecer un modelo log-log, que puede ser muy útil teniendo en cuenta la diferencia entre las unidades de medidas de las variables. Ambas variables, una vez ya expresadas en logaritmos, presentan una tendencia positiva y se puede estimar a priori que no son estacionarias, sin embargo, es necesario aplicar un test de raíz unitaria para determinar de forma concluyente la estacionariedad de las series. Para ello se aplicó el test Dickey-Fuller Aumentado. El cual realiza una prueba de hipótesis donde:
𝐻0 = 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑎í𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
𝐻1 = 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑎í𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
Los resultados obtenidos confirman que, para cualquier nivel de significación existe raíz unitaria, por lo que las series son no estacionarias, como se puede observar en la tabla 1:
Tabla 1: Test Dickey-Fuller Aumentado aplicado a las variables logpibpc y logfbkf
|
Variables |
Estadístico Z |
Valor crítico al 1% |
Valor crítico al 5% |
Valor crítico al 10% |
P-Valor |
|
logpibpc |
-1.383 |
-3.709 |
-2.983 |
-2.623 |
0.590 |
|
logfbkf |
-1.56 |
-3.709 |
-2.983 |
-2.623 |
0.503 |
Fuente: Elaboración Propia
Para el análisis de la cointegración de las series es necesario obtener series integradas del mismo orden, para lo cual se aplican primeras diferencias a ambas series. El gráfico que expresa la evolución de las series en el tiempo, una vez eliminada la tendencia, da indicios de una posible estacionariedad de las series en diferencia y para contrastarlo se aplicó nuevamente el test Dickey-Fuller Aumentado para detectar raíces unitarias. Los resultados obtenidos pueden constatarse en la tabla 3, en la cual puede observarse que las series son estacionarias en diferencias a cualquier nivel de significación, por lo cual puede aseverarse que las series del PIBpc y la FBKF son integradas de orden 1, 𝐼(1). Tabla 2: Test Dickey-Fuller Aumentado aplicado a las variables dlogpibpc y dlogfbkf
|
Variables |
Estadístico Z |
Valor crítico al 1% |
Valor crítico al 5% |
Valor crítico al 10% |
P-Valor |
|
dlogpibpc |
-5.135 |
-3.716 |
-2.986 |
-2.624 |
0.0000 |
|
dlogfbkf |
-5.130 |
-3.716 |
-2.986 |
-2.624 |
0.0000 |
Fuente: Elaboración propia
Estimación
Para el análisis de la cointegración entre las series del PIB per cápita y la Formación Bruta de Capital Fijo se utilizará la metodología sugerida por Engle-Granger.
Una vez contrastado que las series son integradas del mismo orden, 𝐼(1), se procede a realizar la regresión de la variable “logpibpc” sobre la variable “logfbkf” con el fin de obtener los residuos para comprobar si son estacionarios y, por consiguiente, si las variables son cointegradas. El modelo que se obtiene es:
(logpibpc) ̂ = 3.250005+ 0.421407logfbkf
La regresión muestra que es positivo el efecto de la inversión en capital fijo sobre el crecimiento en el período estudiado, siendo significativo su efecto, como era de esperarse. Una vez obtenidos los residuos de la regresión, también conocidos como residuos de la cointegración, se le aplicaron los test de Phillips-Perron y Dickey-Fuller Aumentado para contrastar la estacionariedad de los residuos. Los resultados de los test se pueden observar en la tabla 4 y expresan que los residuos son estacionarios a un nivel de significación de 5% y 10%, por tanto, hay evidencia suficiente para decir que las series están cointegradas y, por tanto, existe una relación de equilibrio entre ellas en el largo plazo.
Tabla 3: Test Phillips-Perron y Test Dickey-Fuller Aumentado aplicado a los residuos de la regresión de la variable “logpibpc” sobre “logfbkf”
|
Test |
p-valor |
|
Phillips-Perron |
0.0167 |
|
ADF |
0.0137 |
Fuente: Elaboración Propia
Luego de analizar la relación en el largo plazo de las series, se procede a analizar la relación en corto plazo de las variables, para lo cual se aplica un mecanismo de corrección de errores según lo sugerido en C.Porter (2009). El modelo a estimar será
dlogpibpc= β_0+ β_1 dlogfbkf+β_2 〖res〗_(t-1)+ε_t
donde:
dlogpibpc: variable que identifica la primera diferencia del PIB per cápita expresado logarítmicamente
dlogfbkf: variable que identifica la primera diferencia de la FBKF expresado logarítmicamente
〖res〗_(t-1): variable que identifica los residuos de la cointegración rezagados un período
ε_t: término de error, el cual se supone que es ruido blanco
El modelo estimado por MCO (véase ilustración 11) es:
(dlogpibpc) ̂= 0.000651+ 0.342282dlogfbkf-0.039218〖res〗_(t-1)
El intercepto y el término de corrección de errores resultaron no significativos en la regresión. En el caso del intercepto de la regresión, su interpretación tiene poca relevancia para el análisis. Asimismo, la poca significación individual del término de corrección de errores advierte sobre la dificultad que presenta la región para corregir las desviaciones en el corto plazo. Por otra parte, el coeficiente de pendiente de la FBKF arroja resultados coherentes con la teoría económica que permiten hacer análisis de corto plazo entre crecimiento económico e inversión en capital fijo.
Análisis de los resultados
Los resultados obtenidos mediante el análisis de cointegración de las series PIB per cápita y Formación Bruta de Capital Fijo permitieron demostrar que existe una relación tanto de largo como de corto plazo entre las variables en el período estudiado. El valor de la elasticidad de largo plazo obtenida indica que un incremento de 1% de la FBCF de la región latinoamericana se traducirá en un incremento de aproximadamente 0.42% en el valor del PIB per cápita.
Este resultado es consistente con la teoría económica, sin embargo, pudiera decirse que para lograr un crecimiento de cuatro puntos porcentuales del PIB per cápita de América Latina (que constituye un crecimiento moderado) solo con inversión en capital fijo, sería necesario invertir cantidades sustanciales de dinero, lo cual puede no ser muy prudente debido a la necesidad de la región de atender los problemas sociales al interior de cada país.
Por esta razón puede aseverarse que para América Latina y el Caribe la inversión en capital físico es una condición necesaria para lograr trayectorias de crecimiento económico sostenidas en el largo plazo, sin embargo, no es suficiente. Podría considerarse entonces como alternativa a las propuestas neoclásicas, invertir en el desarrollo del capital humano de forma indirecta, a través del combate a la pobreza, a las desigualdades sociales, elevando la tasa de alfabetización, potenciando la I+D y el desarrollo de las TIC´s, todo lo cual, según las teorías modernas de crecimiento endógeno, puede ser una fuente de crecimiento económico y desarrollo en el largo plazo debido a la generación de círculos virtuosos entre productividad y crecimiento.
En el corto plazo puede constatarse que no es tan decisivo el impacto de la formación bruta de capital fijo sobre el PIB per cápita: un incremento del primero en un punto porcentual provocará que el segundo aumente en aproximadamente 0. 34%, demostrando que no existe una repercusión inmediata del aumento de la inversión sobre el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, lo cual también es consistente con la teoría económica.
El análisis ha permitido identificar las relaciones entre las variables en cuestión para América Latina y el Caribe, sin embargo, sería interesante realizar el análisis en futuras investigaciones para cada país, ya que se corre el riesgo de homogeneizar los resultados de la investigación para todos los países de la región sin considerar la heterogeneidad de las estructuras productivas de las economías que la componen.
CONCLUSIONES
La aplicación de métodos de cointegración para el análisis de la relación entre el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, medido a través del PIB per cápita, y la Formación Bruta de Capital Fijo, permitieron demostrar la relación existente entre las series en el período de 1990-2023 tanto en el corto como en el largo plazo.
Los resultados que se obtuvieron son consistentes con la evidencia empírica y las teorías sobre el crecimiento. Existe una relación positiva entre el aumento de la inversión en capital fijo y el crecimiento en América Latina y el Caribe, sin embargo, esto no es suficiente para aseverar que solo este tipo de inversión garantizará niveles sostenidos de crecimiento económico, ya que será necesario dedicar grandes cantidades de recursos para garantizar un crecimiento moderado de varios puntos porcentuales. En su lugar podrían considerarse las alternativas modernas sobre la contribución del capital humano al progreso tecnológico, lo cual mejora la productividad marginal del factor trabajo y mejora la eficiencia de la producción.
Una vez culminada la investigación puede aseverarse que el incremento de los niveles de inversión fija es condición necesaria para garantizar un crecimiento económico sostenido de América Latina y el Caribe; sin embargo, no es suficiente.
Referencias
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• Prensa Latina. (25 de octubre de 2023). Cuba presente en encuentro regional de educación y cultura. https://archivo.prensa-latina.cu/2023/10/25/cuba-presente-en-encuentro-regional-de-educacion-y-cultura
• Méndez Reyes, E. (2018). Diplomacia Cultural. Aproximación al concepto: y apuntes sobre el modelo de diplomacia cultural en España. Revista de Gestión Cultural. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/114280/10816-42180-1-PB.pdf?sequence=1
• Noya, J. (2007). Diplomacia pública para el siglo XXI. Barcelona: Ariel. ISBN: 978843440004
• Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Succes in World Politics. https://www.academia.edu/28699788/Soft_Power_the_Means_to_Success_in_World_Politics_Joseph_S_Nye_Jr
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023a, 20 de enero de 2023). Visita del antropólogo francés Máxime Toutain a Quisicuaba. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
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Prensa Latina. (25 de octubre de 2023). Cuba presente en encuentro regional de educación y cultura. https://archivo.prensa-latina.cu/2023/10/25/cuba-presente-en-encuentro-regional-de-educacion-y-cultura
Méndez Reyes, E. (2018). Diplomacia Cultural. Aproximación al concepto: y apuntes sobre el modelo de diplomacia cultural en España. Revista de Gestión Cultural. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/114280/10816-42180-1-PB.pdf?sequence=1
Noya, J. (2007). Diplomacia pública para el siglo XXI. Barcelona: Ariel. ISBN: 978843440004
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Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023a, 20 de enero de 2023). Visita del antropólogo francés Máxime Toutain a Quisicuaba. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Bibliografía
NOTAS
Canadá, Alemania, Comisión Europea, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza.
El GAFIC surgió como resultado de las reuniones convocadas en Aruba, en mayo de 1990, y en Jamaica, en noviembre de 1992. Fue creado con el objetivo de lograr la aplicación efectiva y el cumplimiento de las diecinueve Recomendaciones particularmente elaboradas por ellos, así como las Cuarenta Recomendaciones del GAFI. Hacia el año 2000, su membresía estaba compuesta por: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.
El PC-R-EV fue creado por interés del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en coordinación con el GAFI, con el fin de llevar a cabo ejercicios de autoevaluación y evaluación mutua de las medidas contra el LA vigentes en los veintidós países del Consejo de Europa que al momento no contaban con membresía en el GAFI.
El GAP estuvo compuesto inicialmente por Australia, Bangladesh, Taipei Chino, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, República Popular China, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Estados Unidos y Vanuatu (FATF, 1997, p. 25).
En 1997, se desarrolló la Primera Conferencia sobre Blanqueo de Dinero en África Austral y Oriental. Como consecuencia de esta última, y como resultado de una Reunión de Ministros y Representantes de Alto Nivel, celebrada en Arusha, Tanzania, los días 26 y 27 de agosto de 1999, se logró la creación del ESAAMLG, coordinado inicialmente por Tanzania y con una composición de catorce Estados miembros de la región: Botsuana, Kenia, Lesoto, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue (FATF, 1997, p. 25).
Al momento de su creación el GAFISUD estuvo compuesto por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Entre las organizaciones con las que intercambió el GAFI en el periodo 2001-2011 se encuentran: Banco Africano de Desarrollo, Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, el Banco Central Europeo (BCE), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA/CICTE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El GEA fue creado en Moscú, el 6 de octubre de 2004, con una composición inicial de seis países miembros: Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, la República Popular China, la Federación Rusa y Tayikistán.
El MENAFATF, se fundó en Manama (Bahrein), el 30 de noviembre de 2004, con una composición inicial de 14 países miembros: Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Túnez y Yemen.
El EBR exige que los países adapten su sistema ALA/CFT a la naturaleza de sus riesgos particulares, permite aplicar medidas reforzadas cuando los riesgos sean mayores y medidas simplificadas cuando sean menores. Como resultado, los países podrán optimizar sus recursos para detectar delitos financieros, adoptar medidas coercitivas y aplicar medidas preventivas que correspondan a los riesgos de sectores o actividades concretos. (FATF, 2012, p. 16) Dicho enfoque abarca no solo las instituciones financieras de los países, sino también las APNFD, sí realizan prestación de servicios financieros, por lo que están sujetas a las Recomendaciones del GAFI (Gómez, 2022, p. 42).
El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre entidades, actualmente conocidas como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que fueron también incluidos los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. El Grupo Egmont se dedica y consagra a la colaboración y cooperación internacional entre las UIF. (Egmont Group of Financial Intelligence Units, 2014, p. 3)
El término sanciones financieras dirigidas significa tanto el congelamiento de activos como las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y entidades designadas. (Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI], 2012, p. 129)
El GABAC es un organismo de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central y al momento de su inserción en el GAFI, estaba compuesto por: Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Se creó en 2000 con el mandato de luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, evaluar el cumplimiento de las normas del GAFI por parte de sus miembros, proporcionar asistencia técnica a sus Estados miembros y facilitar la cooperación internacional.
Se refiere a innovaciones financieras propiciadas por la tecnología que podrían dar a lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con un efecto sustancial sobre los mercados y las instituciones financieras y la prestación de servicios financieros. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2018, p. 5)
El término RegTech hace referencia a un conjunto de empresas y soluciones que aúnan la tecnología y la normativa para abordar los requisitos normativos en todos los sectores, incluidos los servicios financieros. (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , 2016, p. 1)
Los Papeles de Panamá han sido considerados la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca (Fitz Patrick, s.f.)
REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS
Recibido: 25 de enero de 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 25 de febrero de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Bermúdez Medina, C.R. &. Almaguer de Armas, Y. (2025). Quisicuaba: un modelo de diplomacia cultural y transformación social. Revista Científica Univeristaria Ad Hoc, 6 (2), 96-106.
introducción
La diplomacia cultural es un término ampliamente debatido por quienes estudian las dinámicas de las relaciones internacionales y su teoría. Para algunos autores, este término no debe verse de forma estática, sino como una variable que alcanza disímiles medios, actores, propósitos y resultados. Según Noya (2007), la expresión de diplomacia cultural se asemeja a una cacofonía de conceptos, intentando delimitar el término diplomacia pública.
Ángel Badillo (2014, p.4) sitúa la diplomacia cultural dentro de un marco más amplio, identificándola como una parte integral de lo que denomina la acción cultural exterior2 . En consideración de los autores de la presente investigación, este enfoque ampliado permite entender la diplomacia cultural no como un elemento aislado, sino como una pieza clave dentro de las diferentes estrategias nacionales y globales que buscan proyectar y promover la cultura de un país más allá de sus fronteras y con múltiples objetivos.
Esta investigación asume como concepto de diplomacia cultural -sin pretender anular otras perspectivas-, el que expone Joseph Nye (2004) en ‘’Soft Power: The Means to Succes in World Politics’’ y que a continuación se expone en paráfrasis: La diplomacia cultural es la práctica de usar la cultura como herramienta para fomentar las relaciones internacionales, promover el entendimiento y proyectar la imagen de un país en el contexto internacional. Se basa en la idea de que la cultura puede constituir un puente para el diálogo y la cooperación.
Para Cuba, la diplomacia cultural no es simplemente una herramienta de relacionamiento entre Estados, sino una estrategia vital para transformar percepciones, contrarrestar estereotipos, y proyectar una imagen auténtica de identidad y riqueza cultural que defienda la soberanía. En un contexto global donde las narrativas dominantes suelen distorsionar la realidad de la Isla y donde la homogenización y la modernidad simplifican la esencia de las culturas, la diplomacia cultural genuina se convierte en un mecanismo poderoso para mostrar al mundo la diversidad y profundidad del patrimonio artístico y sociocultural de Cuba.
Desde esta perspectiva, la diplomacia cultural no solo busca promover el intercambio, sino también fomentar la solidaridad, tanto dentro como fuera de las fronteras cubanas. Cuba ha demostrado históricamente que su cultura es un puente para construir alianzas y fortalecer la cooperación entre los pueblos y naciones. El Ministerio de Cultura de la República de Cuba -con todas sus entidades adscritas- es uno de los actores con más influencia y trascendencia en el ejercicio de la diplomacia cultural. Sin embargo, existen otros actores que de igual manera promueven el entendimiento y proyectan la imagen país a través de la cultura.
Las organizaciones sociales y los proyectos comunitarios en Cuba realizan diplomacia cultural porque promueven el intercambio de valores, tradiciones y expresiones culturales de manera auténtica y descentralizada. Estos proyectos no solo fortalecen la identidad local, sino que también la proyectan hacia el exterior, lo que genera un impacto positivo en la imagen Cuba.
El Proyecto Sociocultural Quisicuaba, uno de los más grandes de Cuba, ha trascendido las fronteras nacionales, atrayendo la atención de organizaciones internacionales y visitantes extranjeros interesados en su labor social y cultural. Esto ha permitido que el proyecto se convierta en un ejemplo de cómo la cultura y el trabajo comunitario pueden ser herramientas de diplomacia cultural. Sin embargo, no se registran investigaciones científicas que aborden la labor de Quisicuaba en la diplomacia cultural de Cuba. En tal sentido, el presente artículo se interesa en valorar la labor que desempeña el Proyecto Sociocultural Cultural Quisicuaba como exponente auténtico de la diplomacia cultural cubana. Para esto, se tomarán como años para el estudio el 2023 y el 2024, que se inscriben dentro del periodo de 2023-2026 para la presentación del Informe Cuatrienal del Proyecto ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
desarrollo
Quisicuaba: una mirada a la esencia humanista, solidaria y soberanista de Cuba
Con el surgimiento del GAFI, este asumió El Proyecto Sociocultural Cabildo Quisicuaba es una iniciativa comunitaria ubicada en el municipio de Centro Habana, Cuba, que combina el trabajo social, la preservación cultural y la promoción de valores humanistas. Como institución religiosa, fue fundada el 12 de octubre de 1939. En 1992 nació el Proyecto Sociocultural Cabildo Quisicuaba, como heredero de la asociación homónima, aunque independiente de la plataforma religiosa y enfocada estrictamente al beneficio de la comunidad de Los Sitios. En la actualidad, tienen una proyección social no prosélita y no lucrativa, y ejecuta en la República de Cuba 33 obras sociales con especial énfasis en familias con determinantes sociales específicas. Su presidente es el Dr. Alemán Gutiérrez.
Entre sus principales objetivos está fortalecer la participación responsable de la comunidad en los aspectos relacionados con la salud, la educación, la autorresponsabilidad, los valores, y la identidad que, de conjunto con los diferentes sectores, sustentan un desarrollo local sostenible; y promover el patrimonio cultural de la comunidad de Los Sitios, divulgar la historia de la localidad, optimizar la gestión del potencial humano según su reclutamiento, selección, capacitación y evaluación.
Quisicuaba ha asumido y cumplido con éxito, durante los últimos años, propósitos muy específicos. El Proyecto ha agrupado a todos los participantes y estudiosos del Espiritismo Kardeciano3 cruzado para la realización de todas las actividades necesarias; para ello ha ejecutado acción benéfica sin distinción de credo, raza, ni sexo; ha promulgado la práctica del ecumenismo religioso dentro de los espíritas y con otras denominaciones religiosas; y ha preservado el legado de los ancestros como patrimonio de la identidad nacional de Cuba.
El Proyecto cuenta con el Seminario “Andrea B. Zabala Ortega”, que se fundó el 12 de octubre del año 1939 y desde entonces ha contribuido al desarrollo humano a partir de un proceder laico, fomentando la educación humanística, el emprendimiento y el diálogo interreligioso entre las familias, las comunidades y en la sociedad civil como nueva misión de vida. En el mismo se albergan grupos de discusión, ciclos de conferencias, talleres, intercambios culturales, peñas generales comunitarias y de otras temáticas. Además, promueve talleres de género y actualidad de la mujer, así como actualización para el trabajo comunitario con énfasis en la prevención y espacios formativos para la mediación de conflictos y la educación popular.
Además, cuenta con el Comedor Social, un programa de asistencia dirigido a la atención de personas en situación de vulnerabilidad, en el cual se para proporcionan alimentos a habitantes de calle, alcohólicos, personas mayores que viven solas, personas con VIH, madres solteras con más de 3 hijos, familias de reclusos y reinsertados sociales. Esto se ha hecho extensivo no solo al municipio Centro Habana, sino a otras partes de la capital.
El Campamento Agropecuario, por su parte, es una obra social que germinó dentro de la propia Institución Quisicuaba. Funciona como una finca de desarrollo integral para la reinserción social y la participación ciudadana responsable. Cuenta con 4 módulos agropecuarios, la laguna de los peces, 90 caballerías de tierra, además de un espacio para la producción de carbón.
Dentro del mismo opera un Centro de Vida dirigido a los habitantes de la calle y otros grupos de personas en situaciones de vulnerabilidad con determinantes sociales especiales, ofreciendo la posibilidad de tener acceso a un desarrollo digno y mejorar su calidad de vida por el tiempo que estimen necesario. Estas personas, además, tienen una atención multidisciplinaria por parte de un grupo de especialistas de bienestar psicológico que garantizan un tratamiento holístico, comunitario y participativo, donde el ente a transformar es el transformador de sí. La obra social tiene sus fundamentos en la práctica del bien y el amor al prójimo, basado en la inclusión social, la cohesión intersectorial, el beneficio humano, y la participación comunitaria que produce el trabajo agropecuario en beneficio social sostenible.
Además de los proyectos referenciados hasta el momento, existen otros treinta. Toda esta obra social de Quisicuaba convierte a la institución en un ejemplo paradigmático de cómo los principios de la política exterior cubana se materializan en iniciativas locales. En primer lugar, su labor refleja el altruismo, y trasciende las fronteras de Cuba para atraer la atención de organizaciones y visitantes extranjeros.
A través de la promoción del diálogo interreligioso, la preservación de tradiciones afrocubanas, la religión cubana con matiz africano y su enfoque en la inclusión social, Quisicuaba no sólo fortalece la identidad cultural cubana, sino que también fomenta la solidaridad y el entendimiento. Este intercambio cultural y humano contribuye a proyectar una imagen auténtica y humanista de Cuba, alineada con su política exterior , lo que conecta con la idea de Nye de proyectar la imagen del país.
Quisicuaba encarna el principio de respeto a la soberanía al demostrar que es posible desarrollar soluciones propias y autóctonas ante desafíos sociales, sin depender de modelos externos. Su trabajo comunitario, basado en la participación ciudadana, la autogestión y la cohesión social, refuerza la capacidad de Cuba para enfrentar sus problemas desde una perspectiva local y soberana. A través de iniciativas como el Comedor Social, el Campamento Agropecuario y el Centro de Vida Asistida, Quisicuaba promueve la reinserción social y la dignidad humana desde un enfoque integral y sostenible. Estas acciones, arraigadas en las necesidades reales de la comunidad, evidencian que Cuba es capaz de generar respuestas efectivas y auténticas a sus desafíos, con la ayuda solidaria y desinteresada de amigos en el extranjero, pero sin depender de esquemas foráneos ni la aceptación de imposiciones.
Además, al promover valores como la justicia social, la inclusión y el ecumenismo religioso, Quisicuaba contrarresta narrativas que buscan deslegitimar la esencia de la obra social de la Revolución. Su labor no solo transforma vidas, sino que también reafirma el derecho de Cuba a definir su propio camino, basado en principios de equidad, solidaridad y respeto a la diversidad. Proyectos como el Seminario “Andrea B. Zabala Ortega”, que fomenta la educación humanística y el diálogo interreligioso, o los talleres de género y prevención de violencia, son ejemplos de cómo la Isla construye su futuro desde una perspectiva autónoma y comprometida con su gente.
En este sentido, Quisicuaba no solo es un modelo de soberanía aplicada, sino también un símbolo de resistencia y creatividad frente a las presiones externas. Al demostrar que es posible combinar tradiciones ancestrales con enfoques innovadores para el desarrollo comunitario, el proyecto reivindica la capacidad de Cuba para preservar su identidad cultural mientras avanza hacia soluciones modernas y sostenibles.
El principio de solidaridad también encuentra en Quisicuaba un reflejo claro. Su labor humanitaria, basada en el amor al prójimo y la cohesión social, refleja el espíritu solidario que Cuba ha proyectado internacionalmente. Quisicuaba no solo transforma vidas a nivel local, sino que también contribuye a la imagen de Cuba como una nación comprometida con el bienestar humano y la justicia social. Este compromiso se manifiesta en todas sus iniciativas. Estas acciones no solo alivian el sufrimiento inmediato, sino que también fomentan la dignidad y la reinserción social, principios que son pilares de la solidaridad cubana.
Además, Quisicuaba extiende su impacto más allá de las fronteras de Cuba al atraer la atención de organizaciones internacionales y visitantes extranjeros interesados en su modelo de trabajo comunitario. A través de talleres, intercambios culturales y la promoción de tradiciones cubanas y afrocubanas, el proyecto fortalece la identidad nacional y también fomenta el diálogo intercultural y la cooperación internacional. Este enfoque solidario, que combina la ayuda humanitaria con la preservación cultural, posiciona a Quisicuaba como un ejemplo de cómo la solidaridad puede ser una herramienta para construir puentes entre sociedades y contrarrestar estereotipos.
En adición, el trabajo de Quisicuaba contribuye con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, mediante el Proyecto Para Vivir a Plenitud, destinado a mejorar la calidad de vida de las personas adultas; con los ODS 7, 11 12 y 13, evidente en el Centro de Vida Asistida del Campamento Agropecuario, donde conviven personas que fueron habitantes de calles, se cultivan alimentos sanos y se vela por el cuidado, protección de los suelos y la sostenibilidad; y con el ODS 17, que permite la intersectorialidad para la concreción de los 33 Programas Sociales que desarrolla Quisicuaba.
La promoción de la cultura nacional fuera de las fronteras cubanas
Una delegación de especialistas de Quisicuaba participó en el XIII Encuentro Regional del Comité Educación y Acción Cultural América Latina y el Caribe (CECA LAC) en octubre de 2023, en el Museo Pachacamac de Lima, Perú. Los representantes de Quisicuaba asistieron a esta cita con la misión de transmitir las experiencias de la Institución con el Museo Quisicuaba (Prensa Latina, 2023).
El Museo Quisicuaba obtiene su declaratoria el 15 de julio del 2015 por el Consejo Nacional de Patrimonio. El mismo forma parte de las obras sociales de la Institución, ostenta la originalidad de sus piezas, las expone preservadas, custodiadas y enrutadas en la comunidad. Su especialidad es conservar la memoria histórica de la nación cubana, a través de cultura, costumbres, tradiciones, las artes y la religión. Es referente nacional de la museología con categoría especial, pues muestra y preserva la historia de la nación, con el propósito de convertir el aprendizaje de la misma en un proceso vivo. Es una casa colonial cubana con un estilo ecléctico ambientada en el siglo XlX.
Los museos y el desarrollo sostenible fueron los temas elegidos para la edición del XIII Encuentro Regional del Comité Educación y Acción Cultural América Latina y el Caribe (CECA LAC), por lo que implica ese concepto para las instituciones y comunidades de la región desde una lógica de construcción colectiva. Los museólogos y demás especialistas de Quisicuaba interactuaron con colegas de varios países de Iberoamérica y el Caribe y expusieron su experiencia desde la museología, el patrimonio inmaterial y cultural.
La participación de Quisicuaba en este evento constituyó un ejemplo de cómo el proyecto ejerce la diplomacia cultural. Al asistir al Encuentro con la misión de compartir las experiencias del Museo Quisicuaba, la delegación no solo mostró el trabajo comunitario y cultural que realiza la institución, sino que también estableció un diálogo intercultural con otros profesionales y organizaciones de la región. Este intercambio de conocimientos y prácticas fortalece los lazos entre el gremio de museólogos cubanos y homólogos de la región, proyectando una imagen de la Mayor de las Antillas como un actor comprometido con la preservación del patrimonio cultural y la promoción de iniciativas sociales comprometidas con la tradición.
El encuentro de museología sirvió también como plataforma para que Quisicuaba destacara su enfoque único, que combina la preservación de tradiciones cubanas y afrocubanas con un fuerte componente de inclusión social y educación comunitaria. Al presentar su modelo de trabajo, la delegación no solo enriqueció el debate regional sobre el papel de los museos en la sociedad contemporánea y, específicamente, en las comunidades, sino que también posicionó a Cuba como un referente en la integración de la cultura y el desarrollo social.
Arte, solidaridad y diálogo: un espacio para el intercambio cultural
En los últimos años, Quisicuaba ha sido sede de variados espacios de diálogo y, acercamiento con organizaciones internacionales,agrupacionesde solidaridad, diplomáticos extranjeros, artistas, parlamentarios y más. Todos se han interesado por la obra social del Proyecto, por su compromiso con la expresión auténtica de la cubanidad, su vocación altruista y humanista y por el impacto que tiene en el desarrollo y bienestar comunitario. En consecuencia, Quisicuaba ha ganado el apoyo y el respaldo de muchos amigos alrededor del orbe.
Las visitas realizadas a Quisicuaba en el primer trimestre de 2023 subrayan su relevancia como un espacio de intercambio cultural y proyección de la imagen Cuba. El 20 de enero de 2023, la visita del antropólogo francés Máxime Toutain (Quisicuaba [@quisicuaba], 2023a), marcó un momento significativo, su interés por las colecciones del Museo Quisicuaba, su historia y su relación con la comunidad, evidenció el valor del proyecto como un modelo de preservación cultural y acción social. Toutain no solo reconoció el patrimonio familiar puesto al servicio de la comunidad, sino que también destacó cómo Quisicuaba integra la cultura y la solidaridad en su labor diaria. Este intercambio permitió al proyecto mostrar su autenticidad y profundidad, reforzando su imagen como un referente cultural y social (testimonio personal, 20 de enero de 2023).
El 16 de febrero de 2023, la visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha, junto al embajador congoleño en Cuba, Vincent M. Tshibal, fue otro hito importante (Quisicuaba [@quisicuaba], 2023b). La ministra expresó que la religión y los sentimientos espirituales son el corazón de la cultura, una idea que resuena profundamente con la labor de Quisicuaba, que combina tradiciones cubanas y afrocubanas con un fuerte compromiso social. Al conocer los más de 30 programas que desarrolla la institución, la ministra no solo elogió su impacto, sino que también afirmó que proyectos como Quisicuaba pueden “cambiar el mundo (testimonio personal, 16 de febrero de 2023). Esta declaración no solo valida el trabajo del proyecto, sino que también lo posiciona como un ejemplo de cómo la diplomacia cultural puede establecer puente entre naciones.
Estas visitas, junto con las de otras personalidades como el eurodiputado Maximiliano Smeriglio el 20 de febrero de 2023, el líder del grupo de solidaridad Cuba-Bélgica, Reinaldo Romero, el 7 de marzo, y la representante del Instituto de Economías en Desarrollo de Japón, Kanako Yamoaka, el 13 de marzo, entre otros, reforzaron la proyección de Quisicuaba como un actor clave en la promoción de la cultura y la esencia de la cubanidad. Cada una de estas interacciones no solo permitió difundir el trabajo del proyecto, sino que también generó un diálogo intercultural que contribuye a contrarrestar estereotipos y a mostrar una imagen auténtica de Cuba. Además, las críticas al bloqueo estadounidense expresadas por visitantes como Smeriglio y Yamoaka evidencian cómo Quisicuaba, a través de su labor, contribuye a visibilizar los desafíos que enfrenta la isla y a generar empatía y apoyo internacional.
El segundo trimestre del 2023 no se quedó atrás en cuanto a nuevos vínculos e intercambios. El 19 de abril de 2023, la visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán, permitió mostrar las particularidades del Museo Quisicuaba y sus 33 obras sociales (Quisicuaba [@quisicuaba], 2023c). Este intercambio destacó la labor comunitaria del proyecto, y evidenció su capacidad para atraer a profesionales de diversas disciplinas, interesados en conocer cómo la cultura y la acción social se integran en un mismo espacio.
El 4 de mayo de 2023, la visita de los participantes del Congreso de Patrimonio Cultural fue otro momento significativo. Los asistentes pudieron apreciar la unidad entre el patrimonio material e inmaterial de Quisicuaba, un aspecto que resalta la importancia del proyecto como custodio de tradiciones y como espacio vivo de creación y preservación.
La celebración del Día de África el 18 de mayo de 2023, en colaboración con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, subrayó el compromiso de Quisicuaba con la inclusión y la solidaridad con los pueblos africanos. Por otro lado, la visita del artista estadounidense Jonathan Hoard el 27 de junio de 2023 fue un momento especialmente relevante (Quisicuaba [@quisicuaba], 2023d). Hoard, músico, compositor y arreglista, expresó su admiración por la obra social y cultural de Quisicuaba, quedando fascinado por el Museo y las iniciativas comunitarias (testimonio personal, 18 de mayo de 2023).
El segundo semestre de 2023 fue igual de provechoso para Quisicuaba. El 24 de julio de 2023, la visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”, auspiciado por la Organización Socorro Popular Francés, fue otro momento significativo relevante (Quisicuaba [@quisicuaba], 2023f). Estos jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer las obras sociales de Quisicuaba, lo que, por un lado, enriqueció su comprensión de la cultura cubana y, por otro, fomentó valores de solidaridad y respeto hacia otras culturas.
El 14 de octubre de 2023, Quisicuaba fue subsede del Congreso Internacional Comunidad 2023, un evento que permitió mostrar su modelo de trabajo comunitario y cultural a nivel internacional. El evento contribuyó a difundir los valores de solidaridad y cooperación que caracterizan a la política exterior cubana. También, la visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge el 29 de octubre fue otro momento destacado relevante (Quisicuaba [@quisicuaba], 2023g). Al conocer los 33 proyectos sociales y el Museo Quisicuaba, elogiaron el impacto del proyecto.
En noviembre de 2023, la participación del Presidente de Quisicuaba en el Panel “Avances y Desafíos en la promoción y protección de los derechos humanos en Cuba” evidenció el reconocimiento del proyecto como un actor relevante en la defensa de los derechos sociales y culturales. Este tipo de participación robustece la imagen de Quisicuaba, y contribuye a visibilizar los logros de Cuba en materia de inclusión y justicia social.
En los primeros meses del 2024, lo más sobresaliente fue la participación de Quisicuaba en el Feria Internacional del Libro de La Habana. A través de Ediciones Quisicuaba, se reforzó la labor de promotor de la cultura que tiene el Proyecto. Al presentar sus publicaciones en un evento de alcance internacional, Quisicuaba difundió su labor comunitaria y cultural y mostró cómo la literatura y el conocimiento pueden ser herramientas para conectar a personas de diferentes contextos y nacionalidades.
Las actividades realizadas por Quisicuaba en el segundo trimestre de 2024 vinieron para reforzar el trabajo realizado en meses anteriores. El 25 de abril de 2024, la visita de la Presidenta del Movimiento de Solidaridad con Cuba de Ghana fue otro momento significativo. Al recorrer las instalaciones de Quisicuaba, la delegada ghanesa también pudo apreciar de primera mano cómo el proyecto combina la preservación de tradiciones afrocubanas con un fuerte compromiso social. Esta interacción fortaleció los lazos de amistad entre Cuba y Ghana. En adición, la participación de Quisicuaba en la Feria de Conocimientos por el Desarrollo Local, Participativo e Inclusivo el 16 de mayo de 2024 subrayó su compromiso con la innovación social y la promoción de prácticas culturales que benefician a la comunidad.
La participación de Quisicuaba en la Bienal de La Habana de 2024 fue fundamental para su labor como un actor clave en la promoción cultural y el diálogo intercultural. Este evento, uno de los más importantes del arte contemporáneo en América Latina y el Caribe, permitió a Quisicuaba mostrar su trabajo comunitario y cultural a un público diverso y especializado, tanto nacional como internacional. Al presentar sus iniciativas en un espacio de tanto prestigio, el proyecto no solo difundió su labor en la preservación de tradiciones y en la promoción de la inclusión social, también acercó a la Bienal a una perspectiva más profunda de integración del arte y la acción social.
Además, la participación en la Bienal permitió a Quisicuaba establecer conexiones con artistas, curadores y especialistas de diferentes partes del mundo, fomentando el intercambio de ideas y experiencias. Estas interacciones enriquecieron el trabajo del proyecto. su participación en la Bienal no solo fue una oportunidad para difundir su labor, sino también para fortalecer los lazos culturales entre Cuba y el mundo.
CONCLUSIONES
A través de sus 33 programas sociales, que abarcan desde la atención a personas en situación de vulnerabilidad hasta la preservación de tradiciones cubana y afrocubanas, Quisicuaba demuestra que es posible combinar la autenticidad cultural con la innovación social, sin depender de modelos externos impositivos. Su labor, arraigada en la participación comunitaria y el respeto a la diversidad, no solo contrarresta estereotipos sobre Cuba, sino que también reafirma su derecho a construir un futuro soberano y justo.
Al fomentar el diálogo intercultural, la inclusión y la solidaridad, el Proyecto trasciende las fronteras de lo local para convertirse en un símbolo regional de cómo la cultura y el compromiso social pueden ser herramientas poderosas para transformar realidades y construir puentes entre naciones. Así, el proyecto honra el legado de sus ancestros, también siembra las semillas de un mundo más equitativo y humano, donde la identidad y la justicia social caminan de la mano.
La participación en eventos internacionales refuerza la labor de diplomacia cultural de Quisicuaba, quien no solo difunde la riqueza cultural cubana, sino que también fomenta la cooperación y el aprendizaje mutuo entre instituciones culturales de la región. Así, el proyecto contribuye a fortalecer la imagen de Cuba como un país que utiliza la cultura como herramienta de conexión y transformación social.
Finalmente, puede afirmarse que Quisicuaba se erige como un faro de humanismo, solidaridad y soberanía, no solo por su impacto transformador en la comunidad de Centro Habana, sino por su capacidad para proyectar los valores más auténticos de la Revolución Cubana en el ámbito internacional. Esto evidencia su noble y exitosa labor como un agente de la mejor diplomacia cultural que practica Cuba.
Referencias
NOTAS
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• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023a, 20 de enero de 2023). Visita del antropólogo francés Máxime Toutain a Quisicuaba. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
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• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
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Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023a, 20 de enero de 2023). Visita del antropólogo francés Máxime Toutain a Quisicuaba. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
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Bibliografía
NOTAS
Canadá, Alemania, Comisión Europea, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza.
El GAFIC surgió como resultado de las reuniones convocadas en Aruba, en mayo de 1990, y en Jamaica, en noviembre de 1992. Fue creado con el objetivo de lograr la aplicación efectiva y el cumplimiento de las diecinueve Recomendaciones particularmente elaboradas por ellos, así como las Cuarenta Recomendaciones del GAFI. Hacia el año 2000, su membresía estaba compuesta por: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.
El PC-R-EV fue creado por interés del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en coordinación con el GAFI, con el fin de llevar a cabo ejercicios de autoevaluación y evaluación mutua de las medidas contra el LA vigentes en los veintidós países del Consejo de Europa que al momento no contaban con membresía en el GAFI.
El GAP estuvo compuesto inicialmente por Australia, Bangladesh, Taipei Chino, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, República Popular China, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Estados Unidos y Vanuatu (FATF, 1997, p. 25).
En 1997, se desarrolló la Primera Conferencia sobre Blanqueo de Dinero en África Austral y Oriental. Como consecuencia de esta última, y como resultado de una Reunión de Ministros y Representantes de Alto Nivel, celebrada en Arusha, Tanzania, los días 26 y 27 de agosto de 1999, se logró la creación del ESAAMLG, coordinado inicialmente por Tanzania y con una composición de catorce Estados miembros de la región: Botsuana, Kenia, Lesoto, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue (FATF, 1997, p. 25).
Al momento de su creación el GAFISUD estuvo compuesto por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Entre las organizaciones con las que intercambió el GAFI en el periodo 2001-2011 se encuentran: Banco Africano de Desarrollo, Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, el Banco Central Europeo (BCE), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA/CICTE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El GEA fue creado en Moscú, el 6 de octubre de 2004, con una composición inicial de seis países miembros: Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, la República Popular China, la Federación Rusa y Tayikistán.
El MENAFATF, se fundó en Manama (Bahrein), el 30 de noviembre de 2004, con una composición inicial de 14 países miembros: Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Túnez y Yemen.
El EBR exige que los países adapten su sistema ALA/CFT a la naturaleza de sus riesgos particulares, permite aplicar medidas reforzadas cuando los riesgos sean mayores y medidas simplificadas cuando sean menores. Como resultado, los países podrán optimizar sus recursos para detectar delitos financieros, adoptar medidas coercitivas y aplicar medidas preventivas que correspondan a los riesgos de sectores o actividades concretos. (FATF, 2012, p. 16) Dicho enfoque abarca no solo las instituciones financieras de los países, sino también las APNFD, sí realizan prestación de servicios financieros, por lo que están sujetas a las Recomendaciones del GAFI (Gómez, 2022, p. 42).
El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre entidades, actualmente conocidas como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que fueron también incluidos los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. El Grupo Egmont se dedica y consagra a la colaboración y cooperación internacional entre las UIF. (Egmont Group of Financial Intelligence Units, 2014, p. 3)
El término sanciones financieras dirigidas significa tanto el congelamiento de activos como las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y entidades designadas. (Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI], 2012, p. 129)
El GABAC es un organismo de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central y al momento de su inserción en el GAFI, estaba compuesto por: Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Se creó en 2000 con el mandato de luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, evaluar el cumplimiento de las normas del GAFI por parte de sus miembros, proporcionar asistencia técnica a sus Estados miembros y facilitar la cooperación internacional.
Se refiere a innovaciones financieras propiciadas por la tecnología que podrían dar a lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con un efecto sustancial sobre los mercados y las instituciones financieras y la prestación de servicios financieros. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2018, p. 5)
El término RegTech hace referencia a un conjunto de empresas y soluciones que aúnan la tecnología y la normativa para abordar los requisitos normativos en todos los sectores, incluidos los servicios financieros. (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , 2016, p. 1)
Los Papeles de Panamá han sido considerados la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca (Fitz Patrick, s.f.)
REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS
resumen
La diplomacia cultural funciona como instrumento para fortalecer los vínculos entre naciones y comunidades, impulsar la cooperación y el entendimiento, y difundir los principios, costumbres y patrimonio cultural de diversas sociedades del orbe. Para Cuba, más que una mera práctica de relacionamiento interestatal, la diplomacia cultural es una oportunidad para contrarrestar estereotipos y proyectar su identidad, su riqueza cultural y su diversidad, fomentar la solidaridad y defender su soberanía. El Ministerio de Cultura de la República de Cuba -con sus entidades adscritas- es uno de los principales actores de la diplomacia cultural que promueve la nación cubana; sin embargo, existen otros actores, tales como los proyectos comunitarios, con una labor merecedora de reconocimiento y con prácticas que deberían ser emuladas. El Proyecto Comunitario Sociocultural Quisicuaba es un ejemplo de promoción de la cubanidad, tanto dentro como fuera de la Isla, que transforma a la cultura en un puente para el diálogo, la colaboración y el bienestar colectivo. Por tanto, la presente investigación se interesa en valorar el rol de Quisicuaba como agente de diplomacia cultural para promover el diálogo, la cooperación, la unidad dentro de la diversidad y la cultura cubana en Cuba y el mundo.
Palabras Clave: diplomacia cultural, Cuba, Proyecto Comunitario Sociocultural Quisicuaba, diálogo, cooperación.
ABSTRACT
Cultural diplomacy functions as an instrument to strengthen ties between nations and communities, promote cooperation and understanding, and disseminate the principles, customs and cultural heritage of various societies around the world. For Cuba, more than a mere practice of inter-state relations, cultural diplomacy is an opportunity to counteract stereotypes and project its identity, its cultural wealth and diversity, foster solidarity and defend its sovereignty. The Ministry of Culture of the Republic of Cuba -with its affiliated entities- is one of the main actors in the cultural diplomacy promoted by the Cuban nation; however, there are other actors, such as community projects, whose work deserves recognition and whose practices should be emulated. The Quisicuaba Sociocultural Community Project is an example of the promotion of Cubanness, both inside and outside the island, which transforms culture into a bridge for dialogue, collaboration and collective well-being. Therefore, this research is interested in assessing Quisicuaba’s role as an agent of cultural diplomacy to promote dialogue, cooperation, unity within diversity and Cuban culture in Cuba and the world.
Keywords: cultural diplomacy, Cuba, Quisicuaba Sociocultural Community Project, dialogue, cooperation.
cu/2023/10/25/cuba-presente-en-encuentro-regional-de-educacion-y-cultura
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