La Revista Científica Universitaria Ad Hoc regresa a sus lectores. Con esta publicación arriba al duodécimo número, con el cual celebra su registro en el International Standard Serial Number (ISSN). La obtención del ISSN 3007-4502 es un reconocimiento a los buenos resultados que, con el esfuerzo y la dedicación de todo su equipo de trabajo, ha alcanzado la Revista en los últimos años.
Este lanzamiento entrega un Número Especial sobre la realidad política y económica en Latinoamérica, desde una perspectiva crítica y valorativa, con énfasis en el contexto político y geopolítico actual. Para esta edición, Ad Hoc contó con la colaboración del Observatorio Político sobre América Latina y el Caribe (OPALC), una plataforma permanente de investigación nacida en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales ‘’Raúl Roa García’’ (ISRI) y creada por el Dr. Elio Fidel López Velaz. El OPALC tiene como objetivo general evaluar, sistemáticamente, desde las dinámicas de un observatorio científico, los principales actores, partidos, organizaciones, propuestas de cambio o continuidad, y paradigmas, que conforman el mapa político de América Latina y el Caribe.
El primer artículo, ‘’La agenda de seguridad pública de la extrema derecha en Latinoamérica. El regreso de la mano dura’’, es de la autoría de Leandro Piloto Planas y Silvio Javier Jiménez Sánchez, estudiantes de tercer año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del ISRI. La investigación propone un análisis de las agendas de seguridad pública de tres representantes de la extrema derecha latinoamericana: Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador y Javier Milei, de Argentina.
Seguidamente, se presenta el artículo “La estrategia político-militar de Estados Unidos hacia Ecuador y Perú en el periodo 2021-2023” del autor Carlos Raúl Bermúdez Medina, estudiante de tercer año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del ISRI. Esta investigación se interesa en identificar las principales características de la estrategia político-militar de los Estados Unidos hacia Ecuador y Perú durante el periodo 2021-2023.
Con su artículo ‘’El triunfo electoral de Javier Milei. Anatomía de un proceso’’, Alejandro Rodríguez Martínez, estudiante de cuarto año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del ISRI, realiza un análisis de la crisis económica argentina y examina el modo en que esta situación condujo al fortalecimiento y triunfo de la extrema derecha.
“Ley Bitcoin en El Salvador: ¿un proyecto apresurado?’’ es otra de las propuestas de este número. La autora, Amalia Pérez Alonso, estudiante de tercer año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del ISRI, presenta un interesante análisis sobre las vulnerabilidades generadas por la Ley Bitcoin en El Salvador, desde su aplicación en el año 2021 y hasta el 2023.
A continuación, de la autoría de Laura Beatriz Rodríguez Castellón y Jeniffer Medina Crespo, estudiantes de tercer año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del ISRI, se propone el título “Modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile: ¿sostenibilidad ambiental y energética?” Esta investigación determina los factores esenciales que condicionaron el proceso de modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile, específicamente en materia de sustentabilidad ambiental y energética.
Para concluir el duodécimo número de la revista Ad Hoc, los estudiantes Evelin Patricia Jorba Garbey y Javier Ernesto Díaz Oyarzabal, de cuarto y segundo año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del ISRI, ofrecen el artículo “El segundo piso de la Cuarta Transformación en México. Factores condicionantes y perspectivas a corto plazo’’. Este trabajo identifica los factores condicionantes del amplio triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones de 2024 y las perspectivas de su gobierno en el corto plazo.
El Comité Editorial extiende su agradecimiento a los especialistas del OPALC por su incondicional ayuda en la revisión por pares a doble ciegas de los manuscritos presentados por los estudiantes.
Ad Hoc llega a su Duodécimo Número con el compromiso de continuar trabajando por la divulgación científica del estudiantado universitario, sobre la base del rigor y la excelencia, para la construcción y el desarrollo de una plataforma universitaria novedosa dirigida al intercambio de ideas y avance de la ciencia. Sin más, ponemos a su disposición el Número y esperamos que el lector disfrute de esta entrega.
Carlos Raúl Bermúdez Medina,
Director Ejecutivo de la Revista Científica Universitaria Ad Hoc.
.png)
En años recientes, la región de América Latina y el Caribe ha sido testigo de las victorias electorales de distintas fuerzas de extrema derecha. En materia de seguridad pública, el ascenso de estos movimientos a la jefatura de determinados gobiernos ha incidido en la adopción de polémicas, pero populares, estrategias de enfrentamiento a la criminalidad y la violencia. Estas se han caracterizado por el empleo de políticas de “mano dura”, la militarización del orden interior, el reforzamiento del aparato represivo, el endurecimiento del marco sancionador y la demagogia punitiva. El presente artículo propone un análisis de las agendas de seguridad pública de tres representantes de la extrema derecha latinoamericana: Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador y Javier Milei, de Argentina.
Palabras clave: extrema derecha, América Latina y el Caribe, crisis de seguridad pública, políticas de mano dura.
In recent years, the Latin America and Caribbean region has witnessed the electoral victories of different far-right forces. In terms of public security, the rise of these movements has led to the adoption of controversial but popular strategies to confront crime and violence, characterized by “iron fist” policies, the militarization of internal order, the strengthening of the repressive apparatus, the hardening of the punitive framework and punitive demagogy. This article proposes an analysis of the public security agendas of three representatives of the regional extreme right: Nayib Bukele from El Salvador, Daniel Noboa from Ecuador and Javier Milei from Argentina.
Key words: far-right, Latin America and Caribbean, public security crisis, iron fist policies.
Introducción
La región de América Latina y el Caribe se ha caracterizado, históricamente, por presentar elevados índices de inseguridad ciudadana. Paradójicamente, en esta área geográfica declarada “zona de paz”, los fenómenos como el crimen organizado, el pandillismo, la delincuencia común y los conflictos armados internos han configurado un escenario considerablemente violento. Las estadísticas indican, por ejemplo, que la región presenta la tasa anual de homicidios más alta a nivel global, con una cifra de casi 18 víctimas por cada 100 mil habitantes. (InSight Crime, 2024)
Esta compleja situación ha sido condicionada, fundamentalmente, por factores socioeconómicos característicos de las naciones latinoamericanas. Los altos niveles de pobreza, las desigualdades económicas, la precariedad de las condiciones laborales, la baja escolaridad, la corrupción y la debilidad de las instituciones gubernamentales favorecen la proliferación de actividades delictivas y la violencia en la región. (Hernández, 2022)
Durante el siglo XXI, las manifestaciones de criminalidad han experimentado mutaciones derivadas de los efectos de la globalización y los avances tecnológicos. Ello ha propiciado el surgimiento de sofisticadas redes delictivas que, por su alcance, en ocasiones transnacional, permiten hablar de la aparición de amenazas no convencionales para la seguridad pública. Estas han penetrado el tejido social latinoamericano y erosionado los aparatos estatales, de modo que se ha elevado la percepción de inseguridad constante entre la ciudadanía. Esa sensación de miedo provoca que la población latinoamericana sea susceptible, y por tanto manipulable, por los discursos políticos que prometen erradicar, de forma rápida y con determinación, el peligro de la actividad criminal.
Paralelamente, a partir de la segunda década del siglo, la región ha sido testigo de un proceso de gradual derechización. En un contexto marcado por el desgaste institucional de los partidos políticos tradicionales, como consecuencia del estancamiento económico producido por el fin del superciclo de los commodities, se produjo el auge de nuevas fuerzas de derecha. Este corrimiento regional ha posibilitado la consolidación de posiciones marcadamente reaccionarias, que en la actualidad se asumen como propias de la extrema derecha, también denominada nueva derecha.
La conceptualización de estas categorías y la definición de sus rasgos distintivos son aún objeto de debate académico. Sin embargo, no es interés de los autores de este artículo profundizar en torno a tales definiciones; por tanto, en lo adelante, se hará referencia a estos movimientos y fuerzas políticas como pertenecientes a la extrema derecha.
Dichas fuerzas se caracterizan, en sentido general, por la reivindicación de posturas conservadoras, confrontacionales con las políticas de bienestar social, y con la diversidad sexual y el feminismo. Además, se muestran proclives a la austeridad fiscal, la mínima intervención del Estado en la economía, y al fortalecimiento del aparato represivo estatal. Esto se combina con un discurso populista y supuestamente antisistema, signado por la hostilidad abierta contra la clase política tradicional, con el objetivo de capitalizar el descontento de las masas respecto al establishment.
La creciente inseguridad ha sido un factor determinante en la victoria electoral de varios representantes de esta extrema derecha, quienes, con altas dosis de demagogia y populismo, han empleado la agenda de seguridad pública con fines políticos. En la retórica y en la práctica gubernamental han retomado las viejas recetas de la política de “mano dura” como estrategia para enfrentar el crimen y garantizar la tranquilidad ciudadana.
Por “mano dura” se entiende al conjunto de medidas legales y policiales heterogéneas, que comprenden: el endurecimiento de los códigos penales (incremento de las condenas, la disminución de la edad penal); el aumento de la presencia policial en las calles; del encarcelamiento, sobre todo de jóvenes pobres, de bajo nivel de escolaridad, negros, mestizos o descendientes de pueblos originarios y el incremento de la violencia y la letalidad policial. Los paquetes de medidas “manoduristas” contemplan, además, la asociación de la política de “tolerancia cero” al crimen con la “guerra contra el narcotráfico”, al cual presentan como “enemigo público” de primer nivel. Esta vinculación discursiva tiene por finalidad justificar la aplicación de estas medidas (Cerruti, 2013; Wendel & Curtis, 2002; Wolf, 2017).
El presente artículo se propone analizar las estrategias aplicadas por la extrema derecha latinoamericana para enfrentar la crisis de seguridad pública, lo que posibilitará la determinación de los elementos comunes entre los mecanismos aplicados por estas fuerzas políticas en distintos países de la región. Para responder a este propósito, se seleccionaron como casos de estudio las agendas de seguridad de los presidentes Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador y Javier Milei de Argentina.
Desarrollo
El “Fenómeno Bukele” y el éxito de la mano dura: construyendo un referente
La llegada, en 2019, de Nayib Bukele al gobierno se produjo en un contexto en el cual la proliferación de las pandillas juveniles, conocidas como “maras”, había socavado con creces la seguridad pública y la autoridad del Estado salvadoreño. En consecuencia, el país registraba una de las tasas de homicidios más altas del mundo, la cual, entre 1995 y 2018, nunca fue menor a 40,2 muertes por cada 100 mil habitantes (Martínez & Navarro, 2021).
El origen de estos grupos delictivos se remonta a la emigración salvadoreña hacia California, Estados Unidos, entre 1979 y 1992, cuando tuvo lugar el conflicto armado en la nación centroamericana (Bencomo & Llamos, 2023). Las difíciles condiciones de vida de los emigrados, además del tratamiento discriminatorio que sufrían, condicionó que estos se agruparan en pandillas, concentrándose, fundamentalmente, en torno a los grupos Barrio-18 (B-18) y Mara Salvatrucha 13 (MS-13).
Ante el incremento de la violencia en las calles norteamericanas a causa de las pandillas, el gobierno estadounidense comenzó a deportar masivamente, a partir de 1992, a los migrantes salvadoreños involucrados en actividades pandilleriles. La marginalidad y la predominante falta de oportunidades en el país centroamericano, la cultura y la estética de los deportados, además de su experiencia delictiva previa, provocaron el resurgimiento de la MS-13 y de B-18 en El Salvador.
Ambos grupos crecieron rápidamente, al punto de tener presencia en la gran mayoría del territorio nacional. También, adquirieron una capacidad organizativa notable, al ejercer un férreo control territorial, y lograr desplazar completamente a la autoridad del Estado.
En respuesta al problema de seguridad que representaban, el gobierno salvadoreño, encabezado por el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), optó por implementar una política de “mano dura”, ejecutada a partir de 2003. Sin embargo, la iniciativa gubernamental resultó ser un fracaso, pues el elevado número de criminales capturados saturó al sistema judicial, generó hacinamiento en las cárceles, incrementó el índice de homicidios y provocó la restructuración y el fortalecimiento de las pandillas. Las maras se desplazaron a otras zonas geográficas y endurecieron tanto las prácticas extorsivas, como las reglas y los controles de ingreso para los nuevos miembros (Martínez & Navarro, 2021).
La llegada al poder del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 2009, no significó un giro en la forma de combatir a las maras, pues durante sus primeros tres años, el nuevo gobierno continuó las políticas “manoduristas”. No obstante, en 2012 se produjo una “tregua” entre el gobierno salvadoreño y las maras, que contempló concesiones como la reubicación de los líderes pandilleros cautivos en cárceles de máxima seguridad, hacia otras con medidas de resguardo más flexibles. Aunque esta favoreció una reducción considerable en el número de homicidios, fue objeto de duras críticas por parte de la opinión pública y la oposición, debido a la falta de transparencia con que fue concertada.
La tregua finalizó en 2014, cuando el nuevo gobierno del FMLN retomó la política de represión contra las maras. Los jefes pandilleriles fueron retornados a las cárceles de máxima seguridad y, tanto MS-13 como B-18, fueron declaradas organizaciones terroristas. Ello implicó una escalada de violencia, en la que aumentaron drásticamente los homicidios, así como los reportes de abusos policiales y ejecuciones extrajudiciales. Además, la gestión económica de la administración no fue capaz de revertir la situación de marginalidad de los sectores más humildes, lo que, unido a varios escándalos de corrupción, incidió en el desgaste de la izquierda salvadoreña.
En este contexto emerge, en el año 2019, la figura de Nayib Bukele como una alternativa al deteriorado bipartidismo. El joven político fue electo como alcalde de San Salvador por el FMLN en 2015 y expulsado por la propia organización en 2017, debido a discrepancias internas. En consecuencia, fundó el partido Nuevas Ideas, y se postuló como candidato presidencial por la agrupación conservadora Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
El entonces candidato destacó rápidamente por su campaña comunicacional rupturista, dirigida principalmente al electorado joven. Esta estuvo enfocada hacia las redes sociales, en especial Twitter, alejándose de los medios de comunicación tradicionales. A través de las plataformas digitales, Bukele difundió un discurso abiertamente confrontacional contra la clase política, a quien acusó de ser corrupta, de mantener una retórica de “guerra fría” y de ser incapaz de resolver el problema de seguridad del país.
Esta nueva forma de hacer política le garantizó la victoria electoral en primera vuelta, con un 53,1% de los votos (Rodríguez, 2019). Posteriormente, la popularidad de Bukele le permitiría alcanzar una contundente victoria en las elecciones legislativas de 2021, al controlar 64 de los 84 escaños de la Asamblea Nacional (Vera, 2021). Esta mayoría a nivel parlamentario y la destitución de los jueces de la Corte Suprema y del Fiscal General le permitieron al partido Nuevas Ideas hacerse con el control total de los poderes del Estado salvadoreño.
El nuevo gobierno hizo de la seguridad ciudadana uno de los principales temas de su agenda. En 2019 implementó el llamado Plan de Control Territorial, que ofrecía un esquema similar al de las administraciones anteriores. Aunque los homicidios disminuyeron, el plan no estuvo exento de críticas, pues una investigación apuntaba a la existencia de una tregua entre las maras y el gobierno. Sin embargo, la situación cambió en marzo de 2022, cuando Bukele decretó el estado de excepción, a raíz de una escalada de violencia que costó la vida de 87 personas (Sabattini, 2023).
Esta medida facultó al Estado salvadoreño para suspender el derecho a la libertad de expresión, a la libre movilidad y a la privacidad de las comunicaciones. Por su parte, el poder legislativo anuló varias garantías procesales, lo que permitió la detención indiscriminada de sospechosos, sin que estos gozaran del derecho a juicio o a ser informados de la razón de su detención. Desde entonces, más de 79 mil personas han sido detenidas bajo condiciones muy duras, concentrados en sus celdas y sin derecho a comunicarse con el exterior (Deutsche Welle, 2024).
A ello se une la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel con capacidad para 40 mil reos, la cual ha sido criticada por proveer un espacio para cada preso cinco veces menor al límite recomendado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, se redujo la edad de responsabilidad penal hasta los 12 años, se establecieron los juicios colectivos de hasta 900 detenidos, y se modificó el Código Procesal Penal para imponer penas a los medios de prensa que difundan mensajes presuntamente provenientes de las maras (Barceló, 2024).
La gestión del gobierno de Bukele ha dado resultados apreciables. El más notable radica en la tasa de homicidios, la cual entre 2019 y 2023 disminuyó de 36 decesos por 100 mil habitantes a 2.4, lo que representa una reducción de aproximadamente un 93% (Statista Research Department, 2024). A pesar de su carácter autoritario, la administración ha obtenido una aprobación considerablemente alta, que se reflejó en las elecciones presidenciales de febrero de 2024, donde Bukele reeditó su victoria en primera vuelta.
Sin embargo, independientemente de su retórica rupturista, las políticas del Plan de Control Territorial no suponen un cambio en la esencia de los métodos con respecto a las administraciones anteriores. Tanto los gobiernos de ARENA como los del FMLN implementaron acciones de “mano dura” contra las maras y de militarización de la seguridad pública, mientras ejecutaban reformas judiciales para criminalizar a las pandillas. No obstante, se debe señalar que ninguno de estos partidos llevó dichas políticas hasta los límites a los cuales ha llegado el gobierno de Bukele, ni tuvieron tanto éxito durante su aplicación.
La diferencia esencial radica en que gracias a la acumulación de los tres poderes del Estado en manos del partido Nuevas Ideas, la política del mandatario no ha enfrentado una oposición importante en ninguna instancia, lo que le ha garantizado la ausencia de obstáculos burocráticos, financieros y legislativos. No obstante, se evidencia la falta de políticas de peso para eliminar las causas estructurales de la pobreza, como la desigualdad económica y la falta de oportunidades (Barceló, 2024).
Indiscutiblemente, el éxito de estas políticas ha convertido al “modelo Bukele” en un referente regional en materia de seguridad pública y enfrentamiento a la criminalidad, para gobiernos de distinto signo político. En Centroamérica, por ejemplo, destaca el gobierno izquierdista de Xiomara Castro, que a finales de 2022 declaró el estado de excepción, limitó varias garantías procesales, militarizó las cárceles y anunció la construcción de una prisión de máxima seguridad, similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Proceso Digital, 2024).
De igual forma, las medidas bukelistas formaron parte del discurso de la derecha guatemalteca durante las elecciones de 2023, mientras que el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, también ha mostrado su inclinación por este tipo de políticas. Asimismo, los nuevos gobiernos de extrema derecha de Ecuador y Argentina han implementado una agenda de seguridad ciudadana similar a la salvadoreña, encaminada a fortalecer los aparatos represivos de sus respectivos Estados. Al análisis particular de estos dos últimos casos serán dedicados los próximos epígrafes de este artículo.
El conflicto armado en Ecuador: los beneficios del oportunismo político
Desde que Ecuador retomó el rumbo neoliberal con los gobiernos de Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2022), el país pasó de ser uno de los más seguros del continente a sufrir una severa crisis de seguridad pública. Bajo la lógica del Estado mínimo, las medidas de austeridad fiscal, de privatización de empresas públicas, de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y la paralización de políticas de redistribución de riquezas, incidieron negativamente en el bienestar social. Esta situación se vio agravada, considerablemente, por la pandemia de Covid-19, durante la cual se deterioraron las condiciones laborales e incrementó la vulnerabilidad1.
A dichas medidas se sumó un proceso de judicialización de la política y persecución mediática contra el correísmo, que terminó por politizar a las fuerzas policiales, militares y al poder judicial. Ello incrementó la desconfianza popular en el aparato estatal ecuatoriano, corroyó el Estado de derecho y agudizó la debilidad institucional del país, lo que propició una avalancha de corrupción a todos los niveles (Díaz, 2024).
Ante el retroceso estatal del gobierno y un contexto internacional propicio, sobrevino una escalada de la criminalidad sin precedentes. Ecuador se convirtió en país clave para las rutas de abastecimiento y transporte de drogas hacia los mercados norteamericano y europeo. Ese estatus se vio favorecido, además, por un bajo nivel de control en las porosas fronteras y un alto grado de infiltración criminal dentro de las instituciones gubernamentales y armadas (Rivera-Rhon & Bravo-Grijalva, 2020). Además, las bandas ecuatorianas desarrollaron un proceso de transnacionalización.
La proliferación de tales actividades delictivas ha provocado una espiral de violencia, que se refleja en el incremento sostenido de la tasa de homicidios. Durante el período 2016-2022, la violencia homicida en Ecuador sufrió un incremento del 407%, atribuido fundamentalmente a masacres carcelarias o disputas territoriales entre los distintos grupos criminales vinculados al narcotráfico (Me et al., 2023). Muchas de estas acciones son conducidas desde las cárceles, debido a que la sobrepoblación penal y la corrupción erosionaron el sistema penitenciario ecuatoriano.
El gobierno de Lasso, incapaz de revertir la situación en el país, se agotó rápidamente. En ello influyeron, además, varias acusaciones de corrupción, que implicaban a personas cercanas al mandatario, y el juicio político llevado a cabo por la Asamblea Nacional en su contra. Ante este panorama, el entonces mandatario decretó la llamada “muerte cruzada”, un mecanismo establecido en la Constitución, consistente en la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas (Marín & Alemán, 2023).
En noviembre de 2023, Daniel Noboa resultó vencedor en unos comicios marcados por el asesinato de uno de los candidatos presidenciales. El joven Noboa, quien se presentaba como una alternativa a los partidos tradicionales, colocó la agenda económica y la seguridad en el centro de su campaña. Al asumir el gobierno, el mandatario ecuatoriano retomó su promesa electoral de implantar un régimen de máxima seguridad en las cárceles del país por medio de la segmentación de la población carcelaria, es decir, el aislamiento e incomunicación de los prisioneros más peligrosos.
A ello se sumó la intención expresa de Noboa de convocar a un referéndum, similar al realizado por Lasso, para consultar a la ciudadanía sobre el recrudecimiento de las medidas de enfrentamiento al crimen organizado. No se descarta que estos anuncios del Gobierno hayan sido los detonantes de la ola de violencia que se desató a partir del día 8 de enero, tras la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, y Fabricio Colón, cabecillas de Los Choneros y Los Lobos, respectivamente, dos de las bandas criminales más fuertes de Ecuador (BBC News, 2024). Este hecho desencadenó una serie de eventos violentos a lo largo del país, cuyo foco estuvo en el estado de Guayaquil.
La situación de emergencia condujo a que el presidente Noboa decretase el estado de excepción por un período de 60 días y aprobase el polémico Decreto Ejecutivo No.110, que declara la existencia de un “conflicto armado interno”. Carente de un sólido sustento legal, el documento presenta a las organizaciones del crimen organizado transnacional como grupos terroristas que amenazan la seguridad del Estado. Posteriormente, y esgrimiendo como pretexto que el acto de violencia sistemática de estos actores beligerantes no estatales no cabía dentro de la fenomenología delictual, esta disposición fue complementada con la publicación del Decreto No.111, que faculta a las Fuerzas Armadas para ejecutar operaciones militares de neutralización contra 22 bandas criminales (Decreto Ejecutivo No.111, 2024).
La decisión de Noboa ignoró las condiciones que, según el Derecho Internacional Humanitario, tipifican la existencia de un conflicto armado: enfrentamientos prolongados, alcance de un nivel mínimo de intensidad y estructura organizada de las partes que se enfrentan (Paredes, 2024). Es cuestionable que estas características se manifestasen en la situación del Ecuador, por lo que la acción del presidente puede entenderse, en criterio del especialista en derechos humanos Edward Pérez, como una pretensión de “declarar por decreto un conflicto”, a través del sobredimensionamiento del enemigo. Ello le posibilitaría desplegar sin restricciones el poder coercitivo del Estado y la militarización de la seguridad y la sociedad (France 24, 2024).
Ambos decretos aprovechan las lagunas legales del artículo 158 de la Constitución de la República, donde se define a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como instituciones responsables de la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos, y lo planteado en el artículo 164 sobre la posibilidad de decretar estado de excepción en caso de conflicto armado, para facultar al Gobierno a enfrentar actores no estatales violentos con las fuerzas de mayor capacidad destructiva del Estado. El empleo de Fuerzas Armadas, mandatadas exclusivamente para la defensa de la soberanía nacional e integridad territorial, puede conducir a un ejercicio desproporcionado de la violencia contra una amenaza de naturaleza delictiva, por tanto, civil. Además, al dejar de considerarse como un problema de orden público interior se justifica la eliminación física de delincuentes, que, en otras circunstancias, se someterían al debido proceso judicial.
El Gobierno de Noboa ha recurrido a una receta históricamente inefectiva para contener al crimen organizado2. Tomando los decretos No.110 y No.111 como base, comenzó a aplicarse el denominado Plan Fénix para la erradicación de la inseguridad. Esta estrategia de clara inspiración bukelista, anunciada desde la campaña presidencial, contempla indultos a militares que combatan al crimen organizado, detenciones masivas, deportaciones de presos de otras nacionalidades, la construcción de megacárceles y toques de queda. Aunque no existen estadísticas precisas sobre los resultados del plan, hasta el mes de abril se reportaron más de 13 mil detenidos, de ellos solo 280 acusados de terrorismo. (Prensa Latina, 2024)
Noboa ha intentado presentar estos datos como una demostración de su éxito en materia de seguridad pública, sin embargo, la crisis está lejos de solucionarse. La acción del Estado se ha enfocado simplemente en el nivel epidérmico, atacando los eslabones más bajos de línea primaria en las redes de narcotráfico (France 24, 2024). Entre las consecuencias inmediatas de esta actuación se encuentra la detención masiva de adolescentes y jóvenes provenientes de zonas marginadas, sin que se hubiese formulado siquiera acusación legal contra ellos. A esto se suma el incremento de la estigmatización hacia los afrodescendientes y los indígenas.
Aunque la estrategia del Gobierno no ha resuelto de forma definitiva el problema de la inseguridad, para Noboa, el saldo es positivo en términos políticos. La aplicación de la mano dura ha garantizado la rentabilidad político-mediática que necesitaban el gobierno, las fuerzas de seguridad del Estado y los Estados Unidos, principal cooperante de seguridad del Ecuador, para limpiar la imagen del gobierno ante las críticas por los resultados de la Operación Metástasis. Dicho operativo destapó el entramado de corrupción entre la institucionalidad y el crimen organizado (France 24, 2024).
Además, la popularidad del mandatario, quien llegó al gobierno con un partido sin grandes bases, ha crecido considerablemente, lo cual amplía sus posibilidades de reelección y de establecer consensos en torno a las reformas constitucionales que pretende impulsar. Así lo demostraron los resultados del referéndum popular de abril, en el que las nueve propuestas de recrudecimiento del combate al crimen obtuvieron la aceptación de más del 60% de los votantes (El Universo, 2024).
Noboa ha sabido utilizar los medios de comunicación como un recurso estratégico para construirse una imagen de hombre fuerte y radical, capaz de tomar decisiones difíciles para acabar con la impunidad de los delincuentes. Los medios se han encargado de espectacularizar la lucha contra el crimen. Demostraciones de ello han sido las coberturas noticiosas a operativos militares dirigidos personalmente por Noboa o la presentación del asalto a la embajada mexicana para capturar al “prófugo” exvicepresidente Jorge Glas como un ejemplo de lucha contra la corrupción. Mientras, se desvía la atención de la situación social del país y del costo en materia de derechos humanos de las medidas gubernamentales. Es probable que, en los próximos meses, prosiga el bombardeo mediático sobre la población ecuatoriana para presentar una espiral de violencia sin fin, que justifique discursos maniqueos sobre “delincuentes malos y militares buenos”.
La intervención de las fuerzas armadas y las políticas de mano dura podrán ofrecer una solución temporal a la crisis en el Ecuador, pero en el largo plazo, la estrategia reactiva está llamada a fracasar y a generar aún más violencia de la que supuestamente intenta combatir. La solución a la ola de criminalidad demanda repensar los enfoques de seguridad pública, de forma tal que se prioricen las estrategias para enfrentar la crisis estructural que padece el Estado y erradicar las condiciones objetivas que sustentan el desarrollo del crimen organizado.
Milei y la vieja filosofía del castigo
Desde su juramentación en diciembre de 2023, el “libertario” Javier Milei posicionó como prioridad en su agenda de gobierno la aplicación de un programa de ajuste neoliberal orientado al desmantelamiento del Estado. Paralelamente, aunque no con la misma intensidad, ha intentado impulsar iniciativas en otras áreas, entre las que destaca la seguridad pública.
Desde la carrera electoral, Milei había declarado su intención de implementar una política de mano dura en el enfrentamiento al crimen. Esta contemplaría el endurecimiento del marco sancionador del delito y una supuesta tolerancia cero a la impunidad de la que, en su opinión, habían gozado los delincuentes durante los anteriores gobiernos. Su consigna “el que las hace las paga”, expresa la esencia punitiva de sus propuestas para resolver la problemática de la inseguridad ciudadana.
Aunque Milei ha presentado su programa como una total ruptura con los políticos tradicionales, en realidad, su estrategia para enfrentar la criminalidad no es del todo novedosa en Argentina. En estos últimos 20 años, la derecha argentina ha apostado por una demagogia punitiva, la retórica de la mano dura y una escueta caja de herramientas orientada a endurecer el Código Penal, facilitar la discrecionalidad policial y capitalizar políticamente la represión. Mientras tanto, en términos generales, las izquierdas han mantenido un discurso anti-represivo, orientado a impedir que se reedite el accionar de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico-militar (Galar, 2024).
En el marco de la dicotomía entre garantismo o punitivismo3, con que algunos pretenden simplificar el dilema de la seguridad pública en Argentina, Milei ha asumido experiencias internacionales como referentes para su modelo de enfrentamiento al delito. En ese sentido, destaca la admiración del mandatario por la plataforma antimafias del fiscal norteamericano Rudy Giulian, aplicada en Nueva York durante los años 80 y 90, y por el denominado “método Bukele”4. Dicha actitud implica el riesgo de replicar estrategias que no se corresponden con la realidad social argentina ni con la magnitud de la actividad criminal en el país.
El presidente argentino nombró al frente del Ministerio de Seguridad a la excandidata presidencial Patricia Bullrich, quien había ocupado ese cargo durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019). Como encargada de ejecutar la agenda de seguridad del gobierno de Milei, la ministra ha propuesto una serie de iniciativas que, en no pocos casos, son recetas recicladas de su anterior período al frente del Ministerio de Seguridad o han sido reivindicadas por la derecha durante mucho tiempo. En sus cinco primeros meses de gestión, las iniciativas para disminuir los índices de inseguridad ciudadana han seguido dos direcciones principales: el empoderamiento de las fuerzas de seguridad y la reforma del marco jurídico de enfrentamiento al delito.
En el primer eje de acción, se ubican medidas como el “protocolo antipiquetes”, que no es más que una táctica para criminalizar la protesta social contra la gestión gubernamental. Con la excusa de preservar el orden en el país, se procedió a declarar la obstrucción de las vías públicas por manifestantes y los paros en el comercio y la industria, como delitos en flagrancia, que no requieren de orden judicial para la actuación represora de las fuerzas de seguridad. A su vez, los organizadores de manifestaciones deberán asumir los gastos de los operativos policiales antiprotestas.
También se produjo la reactivación de la denominada doctrina Chocobar, que data del período macrista. Por medio de esta se otorga a los miembros de las fuerzas federales de seguridad mayor margen discrecional para disparar, aludiendo a que los agentes siempre utilizan sus armas de fuego en legítima defensa. Tal flexibilización, que busca presentar a los oficiales como víctimas, permitirá al Gobierno reducir o eliminar las penas en los casos de “gatillo fácil”5.
Con el declarado objetivo de enmendar el supuesto abandono que durante décadas sufrieron las fuerzas de seguridad por parte de la clase política, Milei decretó en abril de 2024 un aumento salarial para los miembros de la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Nacional y la Policía Federal (Página 12, 2024). Este hecho, que contrasta con los masivos despidos de funcionarios públicos que tienen lugar desde diciembre de 2023, constituye un reconocimiento al papel clave de estos órganos en la represión de las protestas sociales contra el programa de ajuste que propone el gobierno.
En el segundo grupo de medidas se encuentran aquellas que requieren una sanción del Congreso para su implementación. Si bien, en su mayoría, son aún proyectos de ley, en conjunto ofrecen el enfoque del actual gobierno para la lucha contra el crimen organizado. Destacan en este apartado la propuesta de nueva Ley Antimafias, la modificación de las leyes Penal Juvenil y de Seguridad Interior, así como la reforma al Código Penal argentino.
La modificación de la Ley Penal Juvenil persigue disminuir la edad de punibilidad a 14 o 12 años. La justificación que se esgrime desde el Gobierno, es la necesidad de evitar la supuesta impunidad de los adolescentes que cometen delitos graves y de desviar de la carrera delictiva a aquellos que se involucran en delitos menores. Esta iniciativa, que ya había presentado Bullrich en el año 2019, además de ser incompatible con acuerdos internacionales de los que Argentina es parte, prioriza el castigo sobre la reinserción de los jóvenes. Además, permite al Estado desentenderse de su responsabilidad social en el enfrentamiento a las causas objetivas que condicionan estas actitudes en los menores, entre las que se pueden citar la pobreza, el abuso y la violencia.
Las estadísticas han demostrado que una medida de esta naturaleza no es realmente necesaria en Argentina. Según informa un magistrado de la Cámara de Responsabilidad Juvenil, los delitos de homicidio cometidos por menores de 16 años no superan el 1% en todo el país (El Esquiu, 2024). Un informe de la Corte Suprema sobre niños, niñas y adolescentes menores de 16 años que ingresaron en 2022 a la justicia nacional, muestra que el 87.6% de los delitos cometidos por estos fue contra la propiedad (robos y hurtos). El otro 12.4% incluye tres casos de lesiones y solo un homicidio en grado de tentativa. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2022)
La inclusión de este tema en la agenda ha sido considerada como un “show punitivo” que intenta correr el foco del ajuste descomunal que propone el presidente Milei. Lo cual parece evidente al analizar estadísticas que ofrece el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF), la cual informa que, en febrero de 2023, dos de cada tres niños en el país eran pobres y en marzo de 2024 el presupuesto destinado a la niñez cayó un 75%. En paralelo, la indigencia infantil aumentó 34,4% en el primer trimestre del año 2024. (Hauser, 2024b)
Por su parte, ante la compleja situación de inseguridad que ha generado la rápida expansión del narcotráfico en Argentina, específicamente en la provincia de Rosario, el gobierno de Milei ha desplegado una estrategia, de dudosa efectividad, para el combate a este flagelo. En ese contexto, fueron propuestas la nueva Ley Antimafias y la modificación de la Ley de Seguridad Interna para el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.
La primera de estas iniciativas, inspirada en leyes homólogas de Italia, Estados Unidos y El Salvador, propone aplicar la sanción máxima a todos los miembros de una mafia, sin tomar en consideración las jerarquías o niveles de responsabilidad en los hechos delictivos. Además, amplía el marco de delitos vinculados al narcotráfico al incluir, entre otros delitos, al terrorismo (Hauser, 2024).
Precisamente, de la controversial asociación entre terrorismo y narcotráfico deriva el difuso término de narcoterrorismo, ampliamente utilizado por las agencias especializadas de los Estados Unidos, quienes desde hace varios años asesoran a los cuerpos de seguridad argentinos. Esta vinculación de delitos ha servido a sectores de la derecha para justificar la necesidad de un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna y en el enfrentamiento a amenazas que hipotéticamente rebasan las capacidades de la fuerza pública.
En ese sentido, la reforma de La ley de Seguridad Interior facultaría al gobierno de Milei a emplear las fuerzas armadas en actividades de patrullaje, disuasión y control del terrorismo, el narco y otros delitos comunes. Tal propuesta ha encendido las alertas en la sociedad argentina, pues de aprobarse se quebraría el consenso multipartidista que sacó a las fuerzas armadas de la órbita de seguridad interior y de las tareas de inteligencia por sus prácticas ilegales y métodos coercitivos. Este fue uno de los pactos refundantes de la democracia argentina tras el fin de la dictadura cívico-militar. (Erbetta, 2024)
Según declaraciones del presidente Milei, su gobierno pretende inaugurar una era de “reconciliación con las fuerzas armadas”. Sin dudas, disponer sin restricciones del poder militar, supone una solución ideal para un gobierno enfocado en mostrar su mano dura contra el crimen; pero poco o nada interesado en enfrentar la corrupción instalada en instancias políticas, judiciales, empresariales y policiales que facilita el auge de la delincuencia. Si a ello se añade el hecho de que la dolarización de la economía propuesta por Milei posibilita una mayor desregularización del mercado ilegal de drogas, se hace evidente el doble rasero del gobierno en la lucha contra el crimen organizado.
No menos polémica ha sido la intención de Milei de reformar el Código Penal, al que acusa de estar plagado de incoherencias. Entre las posibles propuestas que se añadirán al código, elaboradas en su mayoría por figuras del macrismo, está el recrudecimiento de las penas por reincidencia, una iniciativa que contempla apresar de forma expedita a quienes cometan por segunda ocasión un delito, lo cual vulneraría principios como la presunción de inocencia (Hauser, 2024). De combinarse esta modificación con el sistema acusatorio, restablecido recientemente por el gobierno, se agilizarían los procedimientos judiciales, a riesgo de violar las debidas garantías procesales.
Para el gobierno de Javier Milei, la implementación de la agenda de seguridad hasta aquí expuesta no parece ser un objetivo materializable en el futuro cercano. En primer lugar, muchas de las iniciativas gubernamentales para enfrentar la inseguridad están incluidas en la denominada Ley Ómnibus, que aún es objeto de extensos debates a lo interno del legislativo. En cambio, aquellas que han sido presentadas de forma independiente ante el Congreso tendrán que sortear muchos obstáculos antes de ser aprobadas. Ello es consecuencia de la clara desventaja que supone para Milei pertenecer a una coalición que representa una fuerza política minoritaria entre las bancadas del Congreso.
Sin una alternativa sólida frente al discurso punitivo y de mano dura, no podría descartarse la posibilidad de que las propuestas de Milei se tornen cada vez más atractivas para una ciudadanía atemorizada. El discurso de la izquierda, casi exclusivamente orientado a la denuncia de la violencia policial y la represión de la protesta social, la ha hecho parecer insensible frente a una demanda de los sectores populares. (Galar, 2024) Mientras, la agenda de la extrema derecha, bajo la consigna “o nos acompañas o te quedas del lado de los delincuentes”, se declara como única alternativa para la sociedad argentina. Sin embargo, lo que en realidad se pretende esconder es una paulatina e intencionada erosión del Estado de derecho en la nación sudamericana.
Conclusiones
Con el ascenso de la extrema derecha en la región de América Latina y el Caribe, las políticas de “mano dura” y la demagogia punitiva han recobrado un lugar central en varias agendas nacionales de enfrentamiento a la crisis de inseguridad. En sentido general, los gobiernos de El Salvador, Ecuador y Argentina han reciclado modelos de lucha contra el crimen que habían sido aplicados por la derecha tradicional en otros contextos históricos, con baja o nula efectividad. Por ello, se evidencia que las estrategias de esta extrema derecha no pasan de ser una readaptación de viejas recetas anticriminalidad, ajustadas a una nueva realidad sociopolítica y a las características de las modernas amenazas a la seguridad pública.
Lo novedoso radica en que, a través de una retórica marcadamente populista y de discursos maniqueos, los representantes de la derecha reaccionaria han logrado capitalizar a su favor el miedo de la ciudadanía y el reclamo popular de una respuesta firme ante la ola de violencia criminal. Ello les ha permitido implantar programas para erradicar el delito, que, a pesar de su cuestionable basamento legal, cuentan con el respaldo de la población.
La región experimenta un auge de la militarización de la sociedad y la seguridad, posibilitado por el empoderamiento de las fuerzas armadas, bajo el pretexto de su empleo para combatir al crimen organizado. La creciente intervención de los militares en tareas de seguridad pública podría conducir, como en períodos anteriores, a episodios de violación de los derechos humanos y libertades civiles, de abuso en el ejercicio del poder coercitivo del aparato estatal, al ascenso del autoritarismo, a una espiral de violencia y una sistemática erosión del Estado de derecho y la legalidad en los países de América Latina donde se están desarrollando estos planes.
En los tres casos de estudio, los mandatarios han optado por soluciones rápidas que no pasan de ser meros paliativos a la crisis en la seguridad pública, pues en los tres países la respuesta gubernamental ha estado orientada a neutralizar las manifestaciones del fenómeno. Al tiempo que entretienen a la opinión pública con el show de la guerra contra el crimen, Bukele, Noboa y Milei intentan consolidarse en el poder político, impulsar reformas de corte neoliberal y/o programas para el desmantelamiento del Estado.
Mientras, las iniciativas para una verdadera transformación social permanecen ausentes en las agendas de estos mandatarios. Sin estrategias para modificar la deformada estructura socioeconómica que hace de América Latina y el Caribe la región más desigual del mundo, la inseguridad seguirá siendo una constante en el convulso panorama social de las naciones latinoamericanas.
Referencias
Notas
Desde 2021 y hasta el cierre de año 2023, la política exterior norteamericana encontró en la región de Latinoamérica un mapa matizado por gobiernos afines a la izquierda. Aunque esto no conllevó a una renuncia por parte del imperialismo a ejercer su dominio sobre estas naciones, sí aparecieron determinados intereses contrapuestos que limitaron la hegemonía estadounidense. Ante este escenario, Washington optó, entre otras alternativas, por afianzar sus vínculos con los gobiernos derechistas. En esta dirección, es constatable que los gobiernos de Ecuador y Perú fortalecieron, en esta etapa, sus vínculos con Estados Unidos (EEUU) en las esferas económica, política y, especialmente, militar. Ante esta coyuntura geopolítica, resulta válida una investigación que identifique las principales características de la estrategia político-militar de los Estados Unidos hacia Ecuador y Perú durante el periodo 2021-2023.
Palabras claves: Estados Unidos, estrategia político-militar, Ecuador, Perú, gobiernos derechistas.
From 2021 until the end of 2023, U.S. foreign policy found in the Latin American region a map nuanced by left-wing governments. Although this did not lead to a renunciation by imperialism of exercising its domination over these nations, certain conflicting interests did appear that limited US hegemony. Faced with this scenario, Washington opted, among other alternatives, to strengthen its ties with right-wing governments. In this regard, it is clear that the governments of Ecuador and Peru strengthened, at this stage, their ties with the United States (US) in the economic, political and, especially, military spheres. Given this geopolitical situation, a research that identifies the main characteristics of the political-military strategy of the United States towards Ecuador and Peru during the period 2021-2023 is valid.
Keywords: The United States, political-military strategy, Ecuador, Peru, right-wing governments.
Introducción
El desarrollo de la hegemonía estadounidense sobre América Latina y el Caribe ha sido un proceso progresivo. Históricamente, la clase política ha legitimado dicha hegemonía de diversas formas: desde las supuestas intenciones de proteger una “América para los americanos”, la denominada contención de la amenaza comunista, la salvaguarda de la seguridad nacional estadounidense, hasta la lucha contra el terrorismo internacional y el narcotráfico. Con ello, ha pretendido justificar su expansionismo en la región. (Ginarte, 2014)
Al comenzar la tercera década del siglo XXI, las intenciones de dominación –aunque con nuevos matices– mostraban total vigencia. Entre 2021 y 2023, por ejemplo, Estados Unidos (EE.UU.) aumentó su influencia en países con gobiernos de derecha y simpatizantes con la política imperial; amplió el número de programas de asistencia militar y cooperación para la seguridad con fines políticos; renovó sus relatos de lucha contra el narcotráfico y las redes criminales; fortaleció la presencia del Comando Sur en la región; siguió readecuando las funciones y estructuras de sus enclaves militares en la zona; y persistió en sus intentos de hacer intromisión en los asuntos internos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Ante esta coyuntura geopolítica que caracterizó la región –diferente a cualquier momento histórico anterior– es válido realizar una investigación que permita identificar las principales características de la estrategia político-militar1 de los EE.UU. hacia América Latina y el Caribe en el periodo 2021-2023. El presente artículo abordará los casos particulares de Ecuador y Perú.
Desarrollo
Desde 2021 y hasta el cierre del año 2023 la política exterior norteamericana encontró en la región de Latinoamérica un mapa matizado por gobiernos afines a la izquierda. Aunque esto no conllevó a una renuncia por parte del imperialismo a ejercer su dominio sobre estas naciones, sí aparecieron determinados intereses contrapuestos que limitaron la hegemonía estadounidense. Ante este escenario, Washington optó, entre otras alternativas, por afianzar sus vínculos con los gobiernos derechistas.
En esta dirección, es constatable que los gobiernos de Ecuador y Perú fortalecieron, en esta etapa, sus vínculos con EE.UU. en las esferas económica, política y, especialmente, militar. Los puntos coincidentes en ambos casos permiten develar rasgos característicos de la estrategia político-militar de la administración Biden hacia América Latina y el Caribe: el empleo de asistencia y cooperación para la seguridad, el financiamiento a los gobiernos de derecha, y la firma de memorandos y acuerdos militares.
Estados Unidos y el ‘’compromiso’’ con la seguridad en Ecuador (2021-2023)
Desde la llegada de Lenín Moreno a la presidencia de Ecuador en 2017, el gobierno estadounidense mejoró considerablemente sus relaciones bilaterales con este país. Al poco tiempo de haber iniciado su mandato, el nuevo presidente se alejó de los preceptos de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa en cuanto a la proyección internacional. En consecuencia, el tono de confrontación que había existido entre EE.UU. y Ecuador, con el gobierno de su predecesor, quedaría sepultado. El rápido giro de Moreno a la derecha estuvo a tono con los intereses injerencistas de EE.UU.
Posteriormente, en 2021, la victoria de Guillermo Lasso en las elecciones presidenciales se tradujo en una nueva oportunidad para que EE.UU. incrementara su presencia y nivel de influencia en Ecuador. Desde su campaña electoral, Lasso se mostró afín a la derechización en el país y crítico de la integración latinoamericana. Ya en el poder, aceleró la transición política iniciada por Lenín Moreno y dio prioridad al estrechamiento de los vínculos con EE.UU.
Desde los primeros momentos de su gestión presidencial, Lasso apostó por el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales con el gobierno de Biden, en detrimento de los procesos regionales de integración económica. El Ejecutivo ecuatoriano resaltó en disímiles ocasiones lo indispensable de suscribir acuerdos de cooperación sólidos con EE.UU. Esta postura complementó la agenda neoliberal del Presidente.
Sin embargo, no fue en materia económica donde Washington y Quito establecieron contactos más relevantes. La cooperación militar y en seguridad fue el epicentro de las relaciones entre estos dos países. Con el empleo de diversos mecanismos, el gobierno estadounidense afianzó su presencia militar en Ecuador.
Una de las primeras iniciativas del presidente Guillermo Lasso fue el denominado Plan Ecuador, el cual supondría un aumento del personal militar estadounidense en suelo ecuatoriano. Dicho plan habría estado encaminado a enfrentar el terrorismo, el tráfico de armas, el narcotráfico y el tráfico de personas.
A pesar de que el Plan no se ejecutó con la denominación original ni con la premura prevista por Guillermo Lasso, no faltaron otros intentos de concretar acuerdos militares con los EE.UU. en su mandato. En 2021, el Comando Sur de EE.UU. y las Fuerzas Armadas de Ecuador firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de estrechar sus relaciones en materia de seguridad y defensa (Loaiza, 2021). Este acuerdo, titulado “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional”, procuraba intercambios de datos e información, lo que supuestamente permitiría trabajar de forma más eficiente a las fuerzas de EE.UU. y Ecuador.
En el contexto de la firma del memorando de entendimiento, la embajada estadounidense en Quito señaló que los EE.UU. y el Ecuador gozaban de una larga historia de cooperación en materia de seguridad centrada en temas de interés mutuo, incluida la seguridad aérea y marítima y que desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad en 2018, la Misión de los EE.UU. había entregado más de $2,8 millones en asistencia humanitaria, $1,4 millones en entrenamiento militar, y $27,7 millones en equipos y apoyo a las contrapartes ecuatorianas para combatir operaciones ilícitas y fortalecer la defensa del Ecuador. (Ruiz, 2024).
En el año 2023, la cooperación en materia de seguridad entre EE.UU. y Ecuador incrementó. Guillermo Lasso firmó el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), el Acuerdo de Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas y el Acuerdo de Asistencia en Interceptación Aérea.
El primer acuerdo permitió que los miembros de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. y empleados civiles del Departamento de Defensa estuvieran presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano para visitas de buques, entrenamiento, ejercicios y actividades humanitarias. En el segundo caso, se trató del derecho conferido por Ecuador a las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de EE.UU. para entrar, salir y desplazarse libremente por el territorio ecuatoriano e incluyó la utilización del espectro radioeléctrico, para sus sistemas de comunicaciones, sin costo alguno. Por su parte, el Acuerdo de Asistencia en Interceptación Aérea posibilitó que fueran interceptadas aeronaves civiles sospechosas de realizar tráfico de drogas. (El Universo, 2024)
De acuerdo con el sitio web del Comando Sur, EE.UU. entregó donaciones por 3,1 millones de dólares a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Según el sitio, 1,1 millones de dólares fue para equipo militar; 1,3 millones de dólares para el Centro de Mantenimiento Fluvial para la Brigada de Selva 19 “Napo”; y 747.000 dólares para equipos de comunicación para la Brigada de Infantería de Marina San Lorenzo. (Ruiz, 2024)
El gobierno estadounidense facilitó a Ecuador más de 20.000 chalecos antibalas y más de un millón de dólares en equipamiento de seguridad, incluyendo ambulancias y vehículos de apoyo logístico para la defensa. También, en materia de cooperación, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ha aumentado su personal en Ecuador en apoyo a la Policía Nacional y a la Fiscalía General. Igualmente, el Departamento de Seguridad Nacional desplegó personal para reforzar el entrenamiento de la policía y la fiscalía; y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés) aumentó durante el 2023 el apoyo a sus programas de seguridad municipal, incluido el apoyo a las comunicaciones de crisis. (Ruiz, 2024)
De manera general, entre 2021 y 2023, en el contexto de un Ecuador gobernado por la derecha política, EE.UU. logró aumentar su presencia e influencia en este país. Los acuerdos, tratados, memorandos de entendimiento y la cooperación en seguridad entre las fuerzas del orden estadounidenses y ecuatorianas fueron los instrumentos que signaron las relaciones militares entre ambos Estados como una estrategia político-militar de EEUU hacia la nación ecuatoriana.
La estrategia de Estados Unidos en Perú durante 2023
Para entender el incremento de los vínculos entre EE.UU. y Perú durante el 2023 debe tomarse como punto de partida la destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. En un contexto sumamente complejo, marcado por la feroz oposición del Congreso y de los sectores oligárquicos, Castillo decidió disolver el Congreso. Como respuesta, el Legislativo y la derecha política iniciaron una intensa ofensiva en su contra. Ello condujo al encarcelamiento del presidente y al inicio de un proceso de judicialización aún en curso.
Frente a esta crisis de gobernabilidad, Dina Boluarte, la vicepresidenta del gobierno, se convirtió en presidenta interina y en la piedra angular de una transición política hacia la derecha, marcada por el ascenso del fujimorismo2. Ignorando las demandas de importantes sectores populares, que fueron reprimidos en medio de agudas protestas por la destitución del Presidente, la nueva mandataria echó a andar, en alianza con el Legislativo, un proceso de derechización política que contó con el inmediato respaldo de EE.UU.
En declaración oficial, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, comunicó con toda prontitud la posición de su país, afirmando que el gobierno de Biden apoyaba al pueblo peruano y rechazaba las acciones llevadas a cabo por el hasta entonces presidente de Perú. En esta misma comparecencia elogió al órgano legislativo del país andino, expresando que con la destitución de Castillo había realzado las virtudes de los sistemas democráticos. (El Espectador, 2022)
Independientemente de lo que implican estas declaraciones como expresión de intereses explícitos y subyacentes, varios académicos y analistas de las Relaciones Internacionales señalan al gobierno estadounidense como cómplice de lo ocurrido en Perú. Investigadores como Prashad & Llerena (2022) le atribuyen responsabilidad en la destitución del Presidente. Lo corroborable es que la destitución del mandatario dio lugar a un notable estrechamiento de los vínculos entre EEUU y Perú, en nombre del subrayado “compromiso” con la seguridad, la prosperidad y la democracia peruanas.
Durante el año 2023, bajo el gobierno de Dina Boluarte y con el voto de aprobación del Legislativo peruano, las relaciones entre ambos países estuvieron caracterizadas por el trabajo coordinado en la esfera de seguridad. El acercamiento entre ambos Estados en materia militar avanzó en términos de asistencia, entrenamiento, y acceso a instalaciones. En esta dirección, el gobierno estadounidense puso en práctica programas de cooperación para la seguridad (security cooperation) y asistencia para la seguridad (security assistance).
En el primer caso se desarrollaron programas y actividades del Departamento de Defensa estadounidense con las fuerzas de seguridad de Perú. Esto requirió acceso al territorio, la infraestructura, la información y los recursos peruanos para posibilitar la construcción de capacidades afines con los objetivos de defensa propuestos por EE.UU., todo ello con la anuencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo en Perú. En lo que a la asistencia para la seguridad se refiere, se incluyeron programas o actividades como la provisión de artículos de defensa, entrenamiento militar, ejercicios tácticos, tareas de inteligencia y otros servicios relacionados con la defensa.
De igual modo, el gobierno peruano tuvo contactos e incluso recibió a altos funcionarios militares estadounidenses. Destaca, en esta dirección, la visita realizada a Perú en septiembre de 2023 por la jefa militar del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, con el anunciado objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales en materia de defensa. Entre los temas debatidos resalta la colaboración para enfrentar organizaciones criminales y el despliegue de efectivos militares estadounidenses en algunas zonas del país andino.
La realización de ejercicios militares ocupó un lugar central en los vínculos de EE.UU. y Perú durante el año 2023. El Ejercicio Militar Internacional ‘’Resolute Sentinel 2023’’, que se desarrolló en distintas regiones peruanas, contó con la coordinación de la embajada de EE.UU. en Lima y la cartera de defensa de Perú. Para la Fuerza Aérea estadounidense este ejercicio representó una prueba de campo, con entrenamientos de combate y operaciones civiles y militares que implicaron la participación de centenares de efectivos.
El aumento de la presencia militar estadounidense en Perú ha sido justificado, desde ambos gobiernos, por la “necesidad de salvaguardar el orden” en el país andino. En medio de un contexto nacional signado por revueltas, huelgas y manifestaciones populares contra los poderes políticos en Perú, el Congreso aprobó, a propuesta de la Presidenta, la entrada al país de efectivos militares estadounidenses. Ello se llevó a cabo bajo el supuesto interés de incrementar la seguridad nacional y regional, proteger la democracia, brindar entrenamiento a las fuerzas del orden en Perú y elevar la capacidad de respuesta ante desastres naturales. También se esgrimió que forma parte de la lucha contra el denominado narcoterrorismo3.
El caso de la región de VRAEM4 posee gran importancia para el análisis de este proceso. El gobierno estadounidense y sus expertos en seguridad radicados en Perú han impulsado la retórica de redefinición de la frontera interna de la guerra contra las drogas, aludiendo a una reedición de la “amenaza” narcoterrorista. Esta perspectiva que presentan para explicar el problema favorece la estigmatización y criminalización de la resistencia social, el avance de la militarización de los territorios y el logro de un consenso político en torno a la “necesidad” de asistencia en materia de defensa y seguridad. (Laitman, 2020)
Desde las instituciones estatales peruanas, sobre todo desde el Ministerio de Defensa e Interior, y desde los grandes medios de comunicación y Organizaciones no gubernamentales (ONGs) financiadas por EE.UU., como CEDRO e InfoRegión se utiliza el concepto de “guerra interna”, que va replicándose en otros países de la región, como argumento para justificar la permanencia de una estructura militarizada en el VRAEM. (Laitman, 2022). Durante el año 2023, bajo la presidencia de Dina Boluarte, esta situación tendió a profundizarse.
En virtud de lo expuesto, puede entenderse el estrechamiento de los vínculos entre EE.UU. y Perú como una especie de militarización low profile con la participación de los poderes Legislativo y Ejecutivo peruanos. Para impulsar esta estrategia, ambos gobiernos utilizaron los relatos renovados de enfrentamiento al narcotráfico y confirieron notable importancia a la supuesta lucha contra la inseguridad, la criminalidad y el narcoterrorismo.
Conclusiones
El gobierno de los Estados Unidos tiene la nítida concepción de que, para asegurar una posición favorable en el mundo, primero debe controlar la región de América Latina y el Caribe. En este acometido, socava las alternativas gubernamentales con vocación emancipadora mientras que estrecha sus vínculos con gobiernos de derecha.
En el periodo 2021 - 2023, el empleo de mecanismos e instrumentos militares de diversos tipos han sido el núcleo del fortalecimiento de las relaciones con Ecuador y Perú, objetivos de la estrategia en análisis. Esto trajo consigo un notable aumento de la presencia militar estadounidense en ambos Estados.
Las bases de la estrategia político-militar direccionada a Ecuador y Perú fueron, esencialmente, el envío de efectivos militares estadounidenses, la firma de acuerdos de cooperación para la seguridad, los programas de asistencia para la seguridad, el financiamiento, el asesoramiento a los órganos militares, policiales y judiciales, las visitas de altos mandos militares norteamericanos y la asistencia militar.
Estos métodos, planes de acción y mecanismos resultaron, en última instancia, en un orden de cosas que favoreció la dependencia de estos dos países respecto a Estados Unidos. La asistencia militar, así como los programas de cooperación, limitaron la debida independencia de los órganos militares peruanos y ecuatorianos, constituyeron una vía para el adoctrinamiento de los Ejércitos y profundizaron la creación de dependencias técnico-militares.
La aplicación de estos mecanismos y políticas permitió al imperialismo norteamericano ganar participación en los conflictos internos de estos dos países, al tiempo que proveyó de recursos y herramientas de poder a las administraciones de derecha. De esta forma, Washington pudo afianzar su poder hegemónico y garantizar su privilegiada situación con respecto a la explotación de los abundantes recursos naturales en la estratégica región de Sudamérica, así como apuntalar con más facilidad planes desestabilizadores contra la izquierda y los proyectos revolucionarios de otros países.
Estados Unidos legitimó su presencia militar en estas dos naciones reciclando los relatos de guerra contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Lo relativamente novedoso fue la retórica de lucha contra la inseguridad. Con este pretexto, la Casa Blanca y el Comando Sur hicieron suyos los “compromisos” con la tranquilidad ciudadana y las agendas nacionales de enfrentamiento a la crisis de inseguridad de Guillermo Lasso y Dina Boluarte para dominar, desestabilizar, limitar el orden democrático y pasar a un segundo plano otras importantes demandas sociales incompatibles con la derecha gobernante en Ecuador y Perú.
Esta estrategia político - militar puso de manifiesto el interés del gobierno estadounidense de aumentar su presencia militar en América Latina, contrarrestar la influencia china y rusa, y reforzar su presencia regional ante los indicios de pérdida de preponderancia propios de la etapa de transición intersistémica en el sistema internacional.
Referencias
Notas
Al momento de realizarse las elecciones presidenciales, el sistema político argentino se caracterizaba por la polarización en torno a dos coaliciones con alcance y estructura organizativa nacionales y una base programática antagónica. Por un lado, el bloque peronista en su versión de centroizquierda, Unión por la Patria (UxP), liderado por los expresidentes, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Por el otro, la coalición de centroderecha, Juntos por el Cambio (JxC), dominada por el partido Propuesta Republicana (PRO) y su presidente, Mauricio Macri. Además, en el borde del extremo derecho del espectro político, La Libertad Avanza (LLA), al mando de Javier Milei, venía incrementando, frenéticamente, su apoyo electoral; a pesar de ser una coalición débil en términos organizativos, formada por pequeños partidos y grupos de activistas conservadores.
El domingo 19 de noviembre de 2023, se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde compitieron Sergio Massa, de UxP, y Javier Milei, de LLA. Con un total de 55,69% de los votos, el candidato ultraderechista fue electo presidente de la Argentina. Sergio Massa, en tanto, consiguió el 44,3%, una diferencia de casi tres millones de votos, que constituyó un golpe, sin precedentes, para el peronismo (Castro, 2023). La victoria de Milei representó la primera vez, desde la sanción de la Ley Sáenz Peña1, que un candidato de una coalición no tradicional y sin gran estructura política gana una elección.
El inesperado triunfo presidencial de una alternativa de ultraderecha, que cuenta con apenas tres años de creada, encuentra, esencialmente, su explicación en la profunda crisis económica que presenta la nación argentina. Tanto el gobierno de Mauricio Macri (2015 – 2019), como el de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta (2019 – 2023) fueron incapaces de implementar una política económica eficaz. Esto provocó un profundo aumento de la pobreza, una inflación galopante y un alto endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI); factores que, a su vez, han condicionado el deterioro de las instituciones públicas y un generalizado desencanto del electorado con las dos principales coaliciones argentinas.
A partir de una descripción del sistema político argentino anterior a las elecciones presidenciales de 2023, el presente artículo se propone analizar la crisis económica argentina y examinar la manera en que esta situación ha conducido al fortalecimiento y triunfo de la extrema derecha.
El sistema político argentino hasta 2023.
En el transcurso de este siglo, hay dos momentos significativos que han transformado el sistema político argentino. El primero, la crisis institucional que vivió el país durante los años 2001 – 20022, que trajo consigo el surgimiento de las coaliciones políticas como una clara respuesta a la fragmentación del régimen de partidos. Un segundo momento lo constituye la reciente emergencia de una extrema derecha liberal/libertaria3 que ha alterado el paisaje político habitual de los últimos años y que algunos imaginan como un momento pasajero.
Tras la crisis de 2001-2002, el sistema político argentino se reorganizó significativamente. Con el desplome de la Unión Cívica Radical (UCR)4 y la disolución de las fuerzas políticas que habían intentado abrirse paso, en la década de 1990, desde la centroizquierda (el Frepaso5), y la centroderecha (Acción por la República6), se generó una oportunidad para el surgimiento de nuevos partidos y la reorganización de otros. En este periodo se crearon las bases de las principales coaliciones que dominarían el panorama político argentino durante las siguientes dos décadas. Estas fueron el Frente para la Victoria (FPV), hoy devenido UxP, y el Frente Compromiso para un Cambio, antesala de Propuesta Republicana (PRO), partido líder de JxC.
Desde 2003 hasta 2015, el FPV ejerció el Poder Ejecutivo, mediante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En este periodo, el peronismo recuperó una gran parte de su programa tradicional, basado en el desarrollo del mercado interno a través del proteccionismo industrial y del crecimiento de los salarios. De igual forma, la puesta en marcha de varios planes sociales llevó a que las organizaciones populares urbanas, los movimientos asociados con demandas de género y aquellos de derechos humanos se incorporaran a la coalición. Esta política fue posible, en gran medida, por los grandes ingresos que percibía el Estado debido a los altos precios internacionales de las materias primas en este periodo.
Mientras esto ocurría en el primer plano político argentino, el PRO, compuesto por empresarios, activistas conservadores y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) asociadas con las élites, eligió la vida subnacional para consolidarse organizativa y programáticamente, llegando al poder en la Ciudad de Buenos Aires en 2007. Desde allí, logró afianzarse como el primer partido competitivo de centroderecha del actual ciclo democrático (Vommaro, 2023). Sin embargo, no fue hasta 2015, cuando pactó con la debilitada UCR y estableció la coalición Cambiemos (hoy JxC), que logró llegar a la presidencia. Ténganse en cuenta que esto sucedió en un contexto de declive económico como consecuencia de la caída de los precios internacionales de las materias primas, lo cual imposibilitó la continuidad, por parte del gobierno kirchnerista, de muchos planes y ayudas sociales.
A partir de los elementos anteriormente expuestos queda en evidencia cómo el peronismo de centroizquierda y la coalición de centroderecha representaron la competencia electoral durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Esto se hace aún más notorio si se tiene en cuenta la gran adhesión militante y el alcance electoral que lograron. Durante las elecciones legislativas de 2017, los dos bloques políticos atrajeron, en conjunto, al 60% de los votos totales y, en las votaciones presidenciales de 2019, alcanzaron casi el 90% de ellos (Vommaro, 2023)
No obstante, esta estructura bicoalicional de competencia cayó en crisis, luego de que el desempeño económico de los gobiernos de ambas coaliciones fuera extremadamente negativo. El gobierno de Macri, a pesar de su promesa de racionalidad económica promercado, agudizó, en realidad, la mayor parte de los problemas macroeconómicos, heredados como consecuencia de la paralización de gran parte de la renta agroexportadora. Su sucesor, el peronista Alberto Fernández (2019-2023), tuvo un desempeño aún más deficiente, empeorado por los condicionamientos de la deuda externa contraída por Macri, los efectos de la pandemia de Covid-19 y el deterioro del contexto internacional (Oliveros & Vommaro, 2022). En el caso de Macri, el resultado fue un reformismo fallido orientado al mercado, mientras que en el de Fernández, un peronismo incapaz de ofrecer, a la sociedad, ni orden ni consumo.
De esta forma, Argentina arribó a las elecciones presidenciales de 2023 con una economía profundamente en crisis y una sociedad desconcertada por la alta inflación. Lejos de hacer frente a estos desafíos, las dos principales coaliciones se encontraban sumergidas en fuertes disputas internas. Por un lado, el bloque peronista demostró incapacidad para coordinar un marco común de acción entre las diferentes facciones que lo integraban. Lo anterior demostró que el Frente de Todos no pasó de constituir una coalición con un fin meramente electoral, careciendo de un proyecto propio encauzado a solucionar los problemas económicos. Por otro lado, Juntos por el Cambio también presentó una intensa lucha interna, entre “halcones y palomas”7, para tramitar los candidatos a la sucesión de Macri.
Este escenario fue propicio para el crecimiento de un movimiento neoliberal de ultraderecha que gira en torno a Javier Milei y su bloque político, La Libertad Avanza. En un contexto de desencanto generalizado con las dos grandes coaliciones del país, y con la institucionalidad democrática en general (Anexo 1), muchísimos argentinos se volcaron contundentemente hacia el candidato presidencial que prometía cambios radicales.
Situación socioeconómica de Argentina de cara a las
elecciones presidenciales.
Como se adelantaba en el epígrafe anterior, Argentina presenta una profunda crisis económica que impacta directamente en los tejidos sociales del país. Para una mejor comprensión de este fenómeno, se hace indispensable referirse a las características estructurales de la economía nacional y, luego, dividir el análisis en dos etapas esenciales. La primera hará referencia a la presidencia de Mauricio Macri (2015 – 2019), quien implementó una extensa agenda neoliberal en materia económica y una virulenta política de endeudamiento externo. La segunda abarcará el gobierno de Alberto Fernández (2019 – 2023), signado por la situación heredada y un adverso escenario internacional.
Características estructurales de la economía argentina
Argentina constituye una de las principales economías del continente latinoamericano. A pesar de ser clasificada por Naciones Unidas (2023) como un país de ingresos medios – altos, su configuración socioeconómica evidencia su inserción periférica dentro del sistema capitalista mundial. La matriz productiva nacional está orientada, fundamentalmente, a la exportación de bienes primarios y manufacturas de baja y media complejidad tecnológica (alimentos, madera, caucho, plásticos), que representan alrededor del 70% del valor agregado manufacturero (Abeles & Amar, 2017). Esta estructura se caracteriza, a su vez, por un fuerte nivel de concentración y extranjerización, dando lugar a que las 500 mayores empresas argentinas, fuertemente vinculadas al capital extranjero, aglutinen más del 60% de las exportaciones de bienes (Santarcángelo, 2019).
En términos estructurales, se debe tener en cuenta que, a mediados de 1970, Argentina registró un profundo cambio en su esquema de acumulación, el cual constituye un elemento esencial para comprender el desempeño actual de la economía argentina. Entre los años 30 y 70, el desarrollo económico se basó en un modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), mediante un sistema financiero altamente regulado que priorizaba la industria nacional. Posteriormente, el golpe cívico – militar de 1976 supuso, en materia económica, la sustitución del patrón ISI por un modelo de valorización financiera y endeudamiento externo compulsivo, el cual produjo un vertiginoso proceso desindustrializador. Aunque con matizados cambios, este esquema de acumulación se ha mantenido presente hasta la actualidad como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas y del predominio de una economía mundial altamente transnacionalizada y financiarizada (Fernández, 2024).
Lo explicado anteriormente permite afirmar que, más allá de ciertos elementos coyunturales, la crisis económica argentina halla, fundamentalmente, su explicación en los profundos desequilibrios estructurales de la nación. En este sentido, la economía argentina presenta un bimonetarismo de facto8, caracterizado por las recurrentes fugas de capitales (Fernández de Kirchner, 2024). Esto, junto a la falta de ingresos sostenidos en divisas que compensen el déficit de las cuentas externas (como la inversión extranjera directa), provoca que el país requiera de financiamiento internacional para mantener el funcionamiento dual de la economía. En suma, las periódicas crisis y la tendencia al deterioro de los términos de intercambio (Prebisch, 1991) conducen a una sistemática depreciación de la moneda local, que contribuye a reforzar un patrón de conducta donde los ahorros de la sociedad son dolarizados para conservar su valor en el tiempo. Esta situación lleva a un círculo vicioso que, en más de una ocasión, se ha roto con la emisión de altos niveles de deuda.
Mauricio Macri y el
retorno del FMI
Las elecciones presidenciales de 2015 condujeron a la victoria de Cambiemos, coalición de gobierno encabezada por el empresario Mauricio Macri. Un nuevo ciclo político inició en el país, en el cual se llevarían a cabo innumerables transformaciones de corte neoliberal (Chaviano, 2019). La administración de Macri tuvo, desde un inicio, el objetivo de convertir la Argentina en una economía menos proteccionista y abierta al mundo. Esta orientación económica contó con el apoyo de las principales potencias occidentales y de los grandes capitales foráneos que operaban en la región.
A los pocos meses de asumir el poder ejecutivo, la nueva administración eliminó los controles en el mercado de cambios9 que había establecido el kirchnerismo desde el 2011. Esto produjo una devaluación del 42% en el tipo de cambio, cuyos efectos en los precios se intentaron controlar mediante la subida de las tasas de interés (Santarcángelo & Padín, 2022). La paulatina evolución tanto de las tasas de interés como del tipo de cambio, de conjunto con la liberalización del mercado cambiario y de la cuenta de capitales, alentó la constante entrada y salida de capitales bajo una dinámica de carry trade10. Dichos elementos allanaron el retorno de la economía argentina a los mercados internacionales, lo cual constituyó la punta de lanza de una política acelerada de endeudamiento externo.
Como resultado de las políticas aperturistas, la industria nacional enfrentó un reto mayúsculo. Con la consecuente contracción de la producción interna, las exportaciones no alcanzaron para cubrir las importaciones, por lo que, en 2017, se duplicó el déficit de la cuenta corriente, alcanzando los 31.1 mil millones de dólares (Santarcángelo & Padín, 2022). Este comportamiento deficitario obedeció tanto a la relación negativa de la balanza comercial de bienes y servicios, así como a la constante salida de divisas, producto de la apertura indiscriminada y el creciente giro de utilidades y dividendos al exterior. Cabe señalar que, si bien la puesta en práctica de este programa económico pretendía aprovechar el mercado externo y asegurar varios socios comerciales, no representó, en la práctica, un método confiable para impulsar la economía.
En el 2018, ocurrió un particular cambio en el contexto internacional que potenció la creciente vulnerabilidad externa de Argentina. Se hace referencia a la subida, por parte de la Reserva Federal Estadounidense (FED), de la tasa de interés del bono a pagar en 10 años del Departamento del Tesoro de ese país. Lo anterior provocó una importante salida de capitales financieros y el cierre de los mercados voluntarios de créditos11 argentinos. Así, Argentina sufrió su peor crisis cambiaria desde el año 2002 (Wahren et al., 2018). La vertiginosa devaluación ocurrida durante el primer trimestre del año impactó severamente en los precios, llevando la inflación interanual al 47,6% (Santarcángelo & Padín, 2022). Además, el déficit comercial, la salida de divisas por turismo emisivo, la remisión de utilidades al exterior y la fuga de capitales, configuraron un complejo escenario que no pudo ser financiado mediante la emisión monetaria, ni a través de la ansiada “lluvia de inversiones” prometida por el oficialismo que nunca se produjo. Más bien, como asegura Wainer (2021), “las medidas de liberalización y desregulación tuvieron un impacto mayor en los egresos por remisión de utilidades que en incentivar el ingreso de nuevas inversiones extranjeras”.
En este contexto, la administración Macri decidió auxiliarse en el FMI en abril de 2018. La intervención del organismo multilateral consistió en ofrecer, mediante un acuerdo stand-by, un paquete de asistencia sin precedentes con un total de 57 mil millones de dólares. Estos se utilizaron en el financiamiento de la fuga de capitales especulativos que habían entrado en Argentina (Ámbito, 2022). Todo ello vino acompañado del tradicional condicionamiento estructural que incluyó una fuerte devaluación de la moneda, la reducción de los gastos sociales y la reforma, hacia un enfoque basado en liberalización del comercio, de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre otros. Debe señalarse que el monto desembolsado por el FMI representó el 60% de su capacidad prestable y excedió con creces la cantidad máxima correspondiente a la cuota de Argentina en esa entidad (Fernández, 2024).
Resulta importante aclarar que el endeudamiento externo, que podía haber servido para cubrir el déficit de las cuentas externas, así como para apoyar el desarrollo local, no cumplió, estrictamente, con ninguno de esos roles; sino que resultó en una profundización del grado de desequilibrio de la balanza de pagos internacional de Argentina. Desde un punto de vista técnico, tal y como afirman Ferreira Lima y Chris Marsh (2022, pág. 28) el programa puesto en práctica por el FMI presentó un carácter marcadamente insostenible. Este no garantizó los aseguramientos necesarios para el resguardo de sus recursos en el país y sobreestimó, injustificadamente, la sostenibilidad real de la deuda. El Anexo 2, donde se expone el uso que tuvieron las divisas de la nación entre mayo de 2018 y octubre de 2019, demuestra cómo una gran parte del crédito otorgado resultó clave para financiar la fuga de capitales, la salida de capitales especulativos y los servicios de deuda (Anexo 2).
La crisis provocada por la confluencia de políticas neoliberales en los ámbitos económico, financiero y comercial, junto con un inédito proceso de endeudamiento externo, desencadenaron un complejo cuadro social. En este sentido, se produjo una caída del 20% del poder adquisitivo de los salarios, la inflación interanual alcanzó el 54% y el desempleo y la pobreza aumentaron hasta un 10,6% y un 38,3% de la población, respectivamente (Roffinelli, 2024) (Anexo 3 y Anexo 4). Este escenario condujo al fracaso del intento reeleccionista de Mauricio Macri en los comicios presidenciales de 2019, convirtiéndose en el primer presidente que no lo lograra (Fernández de Kirchner, 2024).
Alberto Fernández y el
agravamiento de la crisis
Alberto Fernández resultó electo presidente con el 48% de los votos, provocando el regreso del peronismo al poder, luego de una etapa marcadamente neoliberal (Fernández de Kirchner, 2024). El deterioro de las condiciones económicas y sociales en el país, sumado a la existencia de un profundo desequilibrio macroeconómico, constituyeron factores esenciales para el cambio de gobierno. La economía acumulaba ocho años de caída del PIB per cápita, la inflación se ubicaba por encima del 54% anual y la tasa de pobreza había aumentado hasta más de un tercio de la población (Rodríguez Martínez, 2023).
Otro elemento a destacar en esta victoria, lo constituye la unificación de las distintas tendencias peronistas y otras fuerzas políticas afines, bajo el liderazgo de la expresidenta Cristina Fernández, en un único frente electoral amplio: Frente de Todos. La gestión del nuevo presidente estuvo condicionada tanto por las políticas implementadas durante la administración anterior, así como por la pandemia de COVID-19, los cambios en el contexto internacional producto del conflicto ruso – ucraniano y los efectos del cambio climático.
Al tercer mes de gobierno, la llegada de la pandemia de COVID-19 provocó efectos devastadores en materia económica, política y social. En 2020, la actividad económica disminuyó un 9,9%, la mayor caída desde la crisis de 2001 – 2002 (Naciones Unidas Argentina, 2021). Esto se produjo como resultado del impacto negativo que tuvieron, a raíz de la crisis sanitaria, las restricciones a la circulación, la elevada incertidumbre internacional y los menores flujos de comercio. Dichos aspectos se reflejaron, a su vez, en la contracción del consumo privado, la inversión extranjera directa y el nivel de exportaciones. En este contexto, los niveles de pobreza monetaria y extrema registraron grandes escaladas, llegando a un 42% y 10,5% de la población, respectivamente (Naciones Unidas Argentina, 2021) (Anexo 4).
A pesar de que el saldo comercial, en medio de la profunda recesión, fue superavitario, resulta importante señalar que las tensiones en el sector externo de la economía se agravaron. En 2020, las importaciones disminuyeron un 21% y las exportaciones un 19%, como consecuencia de la caída de la productividad nacional y la menor demanda de los socios comerciales; lo que dio lugar a un superávit de bienes y servicios que alcanzó el 3,1% del PIB (Naciones Unidas Argentina, 2021).
Sin embargo, los desequilibrios en el frente externo se agudizaron y provocaron un aumento del tipo de cambio paralelo, cuya brecha con respecto al cambio oficial llegó a superar el 100% (Anexo 5), y una pérdida de reservas internacionales (Naciones Unidas Argentina, 2021). Debe tenerse en cuenta que, aunque este desempeño estuvo asociado a una multiplicidad de factores, gran parte de ellos encuentran su origen en deficiencias estructurales de largo alcance; donde la tensión económica se encuentra indisolublemente ligada a la escasez o abundancia de dólares, producto del bimonetarismo ya explicado anteriormente.
El importante grupo de medidas implementado por el gobierno no solo compensó parcialmente el impacto negativo de la crisis sanitaria, sino que produjo, en el mediano y largo plazo, efectos negativos. La puesta en práctica de varios programas sociales y asistencialistas, así como la protección brindada a las pequeñas empresas, si bien contribuyeron a contener el saldo social de la pandemia, significaron un importante aumento del gasto público que, junto con la caída de los ingresos, llevaron a un déficit fiscal primario y financiero del 6,5% y 8,5% del PIB, respectivamente (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023). Este déficit fue financiado, en esencia, con la emisión monetaria de un 4,2% del PIB. En un contexto de drástica disminución de las actividades económicas, no contaba con respaldo productivo, lo cual causó drásticos aumentos inflacionarios (Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa, 2022).
Paralelamente, durante la pandemia, el gobierno priorizó acordar con los acreedores externos y el FMI la renegociación de la deuda. De esta forma, renunció investigar el origen de tan irregular, millonario y excepcional crédito contraído y se sometió a sus condicionamientos. La urgencia de atender este tema se debió, fundamentalmente, a que el cronograma de pagos que dejó la administración macrista resultaba imposible de cumplir, con vencimientos de intereses, para 2020-2024, que excedían los 180 mil millones de dólares (Santarcángelo & Padín, 2022). Este escenario se vio acentuado por la escasez de reservas internacionales, la imposibilidad de acceder a líneas de créditos internacionales y el agravamiento de los indicadores de sostenibilidad (Anexo 6).
A pesar de las trabas impuestas por la oposición, incluso, por parte de algunos sectores de la coalición gobernante, se logró establecer un nuevo convenio con el FMI en marzo de 2022. El acuerdo
estableció dos años de stand-by, con
Al momento de realizarse las elecciones presidenciales de 2023, el sistema político argentino se caracterizaba por la polarización en torno a dos coaliciones con alcance y estructura organizativa nacionales y una base programática antagónica. Por un lado, el bloque peronista en su versión de centroizquierda, Unión por la Patria (UxP), liderado por los expresidentes, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Por el otro, la coalición de centroderecha, Juntos por el Cambio (JxC), dominada por el partido Propuesta Republicana (PRO) y su presidente, Mauricio Macri. La estructura bicoalicional de competencia política cayó en crisis, luego de que el desempeño económico de los gobiernos de ambas coaliciones fuera extremadamente negativo. Este escenario ha sido propicio para que una novedosa fuerza política de extrema derecha, representada por Javier Milei, lograra ser elegida en la presidencia de Argentina. Partiendo desde una descripción del sistema político de ese país anterior a las elecciones presidenciales de 2023, el presente artículo se propone analizar la crisis económica argentina y examinar la manera en que esta situación ha conducido al fortalecimiento y triunfo de la extrema derecha.
Palabras clave: Javier Milei, extrema derecha, elecciones presidenciales, crisis económica, sistema político.
At the time of the 2023 presidential elections, the Argentine political system was characterized by polarization around two coalitions with national scope and organizational structure and an antagonistic programmatic base. By one hand, the Peronist bloc in its center-left version, Unión por la Patria (UxP), led by former presidents, Cristina Fernández de Kirchner and Alberto Fernández. And, on the other, the center-right coalition, Together for Change (JxC), dominated by the Republican Proposal party (PRO) and its president, Mauricio Macri. This bi-coalitional structure of competition fell into crisis, after the economic performance of the governments of both coalitions was extremely negative. This scenario has been the breeding ground for a new far-right political force, represented by Javier Milei, to be elected president of Argentina. Starting from a description of the political system of that country prior to the 2023 presidential elections, this article aims to analyze the Argentine economic crisis and examine the way in which this situation has led to the strengthening and triumph of the extreme right.
Keywords: Javier Milei, extreme right, presidential elections, economic crisis, political system.
Introducción
DEsarrollo
el FMI en marzo de 2022. Con aportes del organismo multilateral para hacer frente a los propios pagos y, a partir de 2025, pagos de capital e intereses genuinamente nacionales (Rajland, 2023). Si bien este nuevo arreglo con el FMI le permitió a la Argentina escapar de una posible crisis de default financiero, el gobierno se vio obligado a implementar las políticas dictadas por el organismo. En este sentido, se fijó que el financiamiento monetario fuera del 1% del PIB, una devaluación del tipo de cambio por sobre la tasa de inflación. Lo anterior, la realimentaba en un círculo vicioso y letal, mientras que una reducción del déficit fiscal primario a 2,5% del PBI, se tradujo, básicamente, en recortes sociales (Ámbito, 2022).
Los cambios en el contexto económico internacional para inicios de 2022, como consecuencia de la guerra ruso-ucraniana, tuvieron, de igual forma, un grave impacto en la perspectiva de crecimiento del gobierno. El aumento del precio del barril de petróleo, para un país importador del crudo como Argentina, afectó las cadenas productivas que estaban gradualmente retomando los niveles previos a la pandemia. Esta situación influyó también en el alza del precio internacional de productos como los aceites vegetales y la soja. Sin embargo, la industria argentina no pudo rentabilizar el alza debido a la restricción gubernamental para acceder a los mercados cambiarios y exportar. La medida, implementada para controlar la inflación y ayudar a solventar la difícil situación alimentaria que atravesaba la nación, perjudicó la capacidad de la industria para expandirse y obtener beneficios en el mercado mundial (Reuters, 2023).
Los efectos del cambio climático constituyeron otro factor negativo durante la administración de Alberto Fernández. El año 2022 se ubicó entre los 14 más secos desde 1961. Además, en los primeros meses de 2023, esta situación se prolongó, generando graves consecuencias toda la economía en general. Aproximadamente, un 50% de los principales cultivos sufrieron pérdidas (Anexo 7), lo cual se reflejó en la disminución de las exportaciones. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), en mayo de 2023, las ventas al exterior cayeron un 25%, acumulando un desplome del 22% en los primeros 5 meses del año (Anexo 8). Este porcentaje significó pérdidas por más de 8 mil millones de dólares que, en comparación con 2022, el Banco Central dejó de recibir, en un contexto de escasez de reservas internacionales (Anexo 9). Como resultado, el país tuvo un déficit comercial de 2.641 millones de dólares, el más alto desde 2018 (Giménez, 2023).
El constante deterioro económico experimentado por Argentina, durante el gobierno de Alberto Fernández, impactó directamente en el panorama social de la nación. Poco antes de la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de noviembre de 2023, el índice de precio al consumidor (IPC) registraba una variación interanual de 160,9%, lo cual produjo la vertiginosa pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2023a) (Anexo 3). En consecuencia, un 41,7% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza, de los cuales un 11,9% sobrevive directamente en condiciones de indigencia (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2023b) (Anexo 4). Este escenario constituyó las bases para el triunfo de una fuerza política de extrema derecha que gira en torno a la figura de Javier Milei y que esgrima un programa económico marcadamente neoliberal, cuya implementación implica el deterioro, aún mayor, de las condiciones sociales de vida de los argentinos.
Auge de la extrema derecha en torno a Javier Milei.
Como se ha analizado, Argentina ha sido, durante la última década, escenario de una profunda inestabilidad social, política y económica. Pandemia, crisis, incertidumbre internacional, pobreza y profundización de las desigualdades son algunos elementos que transversalizan el panorama nacional y que han incidido en una reconfiguración del campo político argentino. En este marco, se ha producido un paulatino desplazamiento de una gran parte de la opinión pública hacia la extrema derecha, y se han fortalecido actitudes políticas asociadas a un imaginario meritocrático e individualista en detrimento de los principios vinculados con la solidaridad, la protección y justicia sociales y el Estado. Este contexto de politización signado por crisis constituyó una oportunidad política única para que un candidato desconocido de extrema derecha lograra capitalizar, a su favor, el descontento de la mayoría los votantes argentinos en las pasadas elecciones presidenciales.
La retracción de los indicadores económicos, en especial, los efectos en la economía de la pandemia de COVID-19 fueron dos factores fundamentales en el fortalecimiento ideológico de los valores de ultraderecha en la sociedad argentina. En este sentido, las estrictas medidas de aislamiento, en medio de una profunda recesión marcada por la alta inflación, provocaron el crecimiento de la pobreza y la disminución del empleo. Este contexto configuró un ambiente de protesta social, donde diversas fuerzas, movimientos y activistas vinculados a los sectores políticos de derecha conquistaron un creciente grado de popularidad. De esta manera, las formas de representación política, que prevalecieron en etapas anteriores, fueron cediendo lugar a nuevas miradas y agendas de discusión pública fuertemente relacionadas con las ideas liberales/libertarias, la crítica a la excesiva e ineficiente presencia del Estado, la defensa a la propiedad privada, el individualismo y la mala gestión de los anteriores gobiernos nacionales, entre otras.
Resulta importante destacar que este proceso se enmarca dentro la tendencia internacional, cada vez más amplia, de virtualización de la vida cotidiana; donde las redes sociales y los contenidos producidos en Internet conforman un extenso conducto de socialización de ideas con un marcado carácter neoliberal. Este universo de consumo e interacción virtuales se constituye como un espacio cuyo eje central gira alrededor de un sujeto individualizado como empresario de sí mismo, dando lugar a que las relaciones sociales sean interpretadas como relaciones puramente mercantiles e imponiendo una lógica de mercado que expande sus límites hacia todos los sectores sociales. Siguiendo esta misma línea, se coincide con Merklen (2013) cuando afirma que “se trata de un pensamiento que coloca la libertad del lado del individuo, basado en la idea de que cada persona debe definir el contenido de su experiencia y su proyecto futuro de manera libre, pero despojada de cualquier sostén”. Precisamente, es sobre esta base que los proyectos políticos de extrema derecha crecen y se consolidan.
Al consultar el análisis de datos del estudio sistemático «Cultura política de los argentinos», realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), se logra tener una visión más cercana de este proceso. Según el total de encuestas procesadas, el porcentaje de personas que se identifican a sí mismos como de “derecha” pasó del 14% al 28% en la última década; mientras que la concepción de democracia como un sistema que reivindica la igualdad decreció del 69% al 45% (Anexo 10 y Anexo 11). En tanto, la “sed libertaria” ascendió del 22% a un 48% (Vommaro & Ramírez, 2024).
En este contexto, se produjo el sorprendente ascenso y posterior triunfo presidencial de Javier Milei y su bloque político, LLA. El protagonismo que adquirió Milei estuvo estrechamente relacionado con un particular lenguaje político y una estética desconocida y disruptiva para el ecosistema político argentino. Las características centrales de su enfoque ideológico se basaron en dos ejes fundamentales. El primero, un programa libertario contra el Estado, que ofrece una salida radical a la profunda crisis económica. El segundo, un discurso populista “anticasta” que lo posiciona como portavoz del descontento social con las coaliciones políticas mayoritarias de las últimas décadas.
La pandemia de COVID-19 trajo consigo un escenario favorable para que esta postura ideológica se constituyera en un vector político popular. En este periodo, el Estado cobró un rol particularmente notable producto de las regulaciones impuestas en la vida cotidiana de las personas fue percibido, por una gran parte de la sociedad, como la causa directa del negativo desempeño socioeconómico. Además, durante la etapa de restricciones sanitarias, la coalición de centroderecha, JxC, mantuvo una actitud de cooperación con el gobierno peronista del FdT, dejando un espacio vacío para la representación del descontento social que fue aprovechado por LLA. Esta tendencia de ocupar el lugar vacante que dejan, al moderarse, las derechas mainstreams, ha sido, en gran medida, la estrategia de crecimiento de las extremas derechas en la competencia política a nivel mundial (Kessler & Vommaro, 2022).
El vertiginoso fortalecimiento político de Javier Milei, que desembocó posteriormente en su triunfo presidencial, debe ser entendido tanto como un proceso de derechización de la sociedad, así como una expresión del rechazo social frente al fracaso de la dirigencia política en el control de los desequilibrios socioeconómicos. Lejos del elitismo con el que se ha asociado tradicionalmente al sistema político argentino, Milei logró canalizar, a su favor, el descontento y la indignación de las bases populares, las cuales lo apoyaron a pesar de que su llegada al poder implicaría un enorme ajuste social.
La crisis de 2001-2002, en Argentina, desembocó en la fragmentación del sistema de partidos y la disolución de las entidades partidistas tradicionales. Desde ese momento, se impuso un coalicionismo político marcado por una profunda bipolarización entre las coaliciones de centroizquierda y centroderecha, hoy denominadas Unión por la Patria y Juntos por el cambio, respectivamente. Este panorama se ha caracterizado por la dispersión de los partidos políticos, la disgregación partidaria, las coaliciones flotantes, el aumento del clientelismo y la exaltación de los liderazgos personales.
Esta escena política cambió luego de la deficiente gestión gubernamental realizada por ambas coaliciones. Tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández agudizaron la crisis económica, incrementaron la pobreza, dispararon la inflación y mantuvieron altos niveles de endeudamiento externo. Esto demuestra la incapacidad de las coaliciones político-sociales para cambiar los desequilibrios estructurales de la economía argentina, caracterizada por ciclos polares de expansión/apreciación cambiaria que terminan en otros de devaluación/recesión. De esta forma, la nación llegó, con niveles récord de deuda, déficit fiscal e inflación, a las elecciones presidenciales de 2023, donde se produjo el sorprendente triunfo de una novedosa fuerza política de extrema derecha.
Paralelamente a esta situación de crisis económica, la sociedad argentina experimentó un profundo proceso de derechización de la opinión pública. La pandemia de COVID-19 y las restricciones impuestas a la movilidad aportaron un ambiente propicio para el fortalecimiento y expansión de las actitudes políticas relacionadas con una ideología abiertamente individualista que promueve valores contrarios a la solidaridad, la protección y justicia sociales y el Estado. Todo esto enmarcado en un proceso de virtualización social, donde las redes sociales, los influencers y, en general, todos los contenidos producidos en Internet elaboran una red promocional de ideas marcadamente neoliberales.
En este contexto, la figura de Javier Milei se convirtió, vertiginosamente, en la opción electoral más popular de Argentina, permitiéndole obtener la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Existen diversos elementos que le imprimen, al triunfo de Milei, un carácter llamativo y disruptivo; aunque llama especialmente la atención su lenguaje y estética políticas, nunca antes vistos en el ecosistema político argentino. Mediante la utilización de un discurso populista, que combina la crítica al Estado y a la institucionalidad democrática con la dramatización del descontento e indignación de gran parte de la sociedad, Javier Milei supo construir un vector político con un enorme potencial que, en este caso, le otorgó el triunfo presidencial. Su victoria representa la consecuencia más profunda de la crisis de paradigmas que presenta el sistema político argentino, lo cual ha llevado al vaciamiento del contenido de la democracia liberal y su reducción a un simple régimen electoral, donde los partidos en competencia se intercambian en el ejercicio del poder.
Accede al enlacee del Google Drive para la consulta de los anexos de este artículo: https://drive.google.com/drive/folders/1-xzeZczQ97CA6gwIjLrv_KEDIbf0XZQy?usp=drive_link
CONCLUSIONES
Bibliografía
NOtas
Anexos
La aparición de las criptomonedas en 2009 hizo que se manifestaran nuevas formas de gestión de las relaciones monetarias. Con ello se ha intentado desafiar la hegemonía del dinero fiat1, pudiendo convertirse en una vía opcional para operaciones financieras en países profundamente dependientes a las monedas más fuertes. No obstante, su alta volatilidad, debida a la permanente fluctuación, genera poca confianza en su valor y, en consecuencia, poco respaldo. Por esto, las criptomonedas no han conseguido erigirse completamente como un modelo alternativo al dinero fiat.
Para el 2024, el bitcoin constituye la moneda con mayor peso en el mercado de criptomonedas con valores que fluctúan entre los 60 y los 70 mil dólares (Investing.com, 2024). Esto, y otras características propias, como su monto limitado y su forma descentralizada de intercambio, hacen que sea particularmente atractiva para el comercio. En este sentido, el bitcoin establece una red abierta para que cualquier persona conectada a internet pueda participar de su compra-venta y minería2, sin intermediarios, más allá de los mineros que se encargan de hacer las transacciones. La existencia del bitcoin de forma descentralizada, sin ninguna entidad física que controle su flujo a nivel global, constituye la base para la privacidad y seguridad de los usuarios de la moneda.
A partir de estas ventajas, el Bitcoin ha aumentado exponencialmente su relevancia. No obstante, su empleo se ve limitado por la percepción de inseguridad y el desconocimiento que enfrenta su dinámica de uso en potenciales usuarios, por lo que no ha desplazado a las monedas tradicionales. A la vez, la incertidumbre en las transacciones conlleva a la fluctuación constante de la moneda y condiciona que no sea considerada como una opción segura para establecerse como moneda oficial en ningún país.
En ese contexto, El Salvador constituye un caso sui géneris, pues ha sido la nación pionera en la implementación del bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar. Esta iniciativa, apoyada por el presidente Nayib Bukele y aprobada el 9 de junio de 2021, declaraba tres objetivos fundamentales: la reducción del costo de las transferencias de las remesas anuales, el impulso a la inclusión financiera y la reducción del costo de importación de dólares físicos para el circulante, ante el proceso de dolarización en el 2001, que provocó dependencia monetaria y la pérdida de la habilidad para estabilizar los precios (Uranga, 2022). También, la ley ampara al bitcoin con “irrestricto poder liberatorio, ilimitada en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, requieran realizar”. (Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 2021)
La aplicación de la Ley Bitcoin y su uso como moneda de curso legal ha generado diferentes vulnerabilidades que abarcan varias aristas de la sociedad, lo que impide que se cumplan las metas planteadas inicialmente por ella. El objetivo de esta investigación es analizar las vulnerabilidades generadas por la Ley Bitcoin en El Salvador, desde su aplicación en el año 2021 hasta el 2023.
Vulnerabilidades económicas
La volatilidad de la moneda, la falta de conocimientos de la población y muchos inversores con respecto a su manejo, y la inseguridad asociada a ello, así como la persistente dependencia que existe hacia el dólar estadounidense, constituyen algunas de las causas que generan las vulnerabilidades que enfrenta El Salvador con el uso del bitcoin como moneda de curso legal para los objetivos económicos trazados por la ley.
Las remesas familiares son una de las entradas de divisas más sólidas que recibe anualmente El Salvador, lo que representa más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) del país centroamericano (Banco Mundial, 2022). Uno de los objetivos fundamentales de la Ley Bitcoin es abaratar la entrada de remesas personales al país, ante su crecimiento exponencial desde el 2019. Estas tienen una profunda repercusión social en la mayoría de la población, pues contribuyen a que la economía salvadoreña sea mucho más dinámica3. Con la utilización del bitcoin, los salvadoreños residentes en el exterior no tendrán que pagar las comisiones que cobran los canales de envío que se dedican a este negocio. (Abarca, 2021)
Sin embargo, el recibimiento de las remesas en bitcoin ha hecho muchísimo más costoso el proceso, ante la obligatoriedad de cambiar el valor en dólares a través de sitios de cambio de bitcoin, lo cual cuesta entre 2 y 7 dólares aproximadamente. Luego, el destinatario debe enviar esos bitcoines a una Chivo Wallet4, lo que requiere otro pago de entre 1 y 62 dólares para la realización de la transacción en una red donde los mineros procesan las transacciones. Una transacción simple sigue siendo mucho más factible, pues las billeteras de pagos en dólares son libres de costo y están generalizadas por todos los municipios salvadoreños. Ese hecho trajo como consecuencia que, para enero de 2022, solo el 2% de las remesas salvadoreñas fueran enviadas utilizando criptomonedas. (Kshetri, 2022)
Por otro lado, la posibilidad que brindaría el uso del bitcoin para la inclusión financiera de la población salvadoreña ha sido una utopía, en un país donde el 70% de los adultos carecen de una cuenta bancaria (Kshetri, 2022). Esto sucede debido a las complicaciones que trae la apertura de una cuenta en el coste, la distancia al lugar de acceso y la documentación necesaria, especialmente para los residentes en el exterior, que no pueden utilizar canales electrónicos para este propósito.
Las regulaciones en este sentido son para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Paradójicamente, la descarga de la Chivo Wallet es mucho más libre, por lo que ha sido común el robo de identidad al instalar esa billetera electrónica.
Uno de los estímulos concedidos por el gobierno para el uso de esta aplicación es la bonificación de 30 dólares iniciales, con posibilidad de extraerlos. Ese monto equivale al 0.7% de la renta anual per cápita (Chéreau, 2022). Ante esta opción, muchos salvadoreños hicieron uso inicial de la bonificación y después no utilizaron más Chivo Wallet, lo que ha generado un desequilibrio entre los costos y beneficios, ya que la ciudadanía no hizo un uso real de la posibilidad de operar con bitcoin.
Además, la inclusión financiera se vio afectada por las propias características del bitcoin. Las transacciones de esta criptomoneda se hacen de forma muy lenta, a diferencia de las tradicionales. De hecho, algunas de las “cripto-transacciones” pueden durar entre semanas y meses, lo que inviabiliza el uso cotidiano. Su volatilidad, por otro lado, imposibilita que, una vez realizada la transacción, la moneda mantenga el valor original, por lo que el monto pagado diferiría de lo acordado en el momento, ya sea para más o para menos.
Otro de los objetivos fundamentales de la Ley Bitcoin apunta a atraer inversores globales. En este sentido, fueron anunciados planes para la creación de la llamada “Bitcoin City”, una ciudad operada únicamente con bitcoin, financiada con mil millones de dólares en bonos respaldados en bitcoines, los denominados “bonos volcán”. Sin embargo, no han logrado reunir la cantidad de inversionistas necesarios para avanzar en el proyecto, lo que ha significado un retroceso en la emisión de los bonos volcán y en el desarrollo del proyecto de paraíso bitcoin en El Salvador. (Kshetri, 2022)
El bitcoin tampoco ha contribuido a la reducción de la dependencia del dólar estadounidense. Contrario al sentido fundacional de las criptomonedas, que deberían haber creado una nueva estructura financiera, la adopción del bitcoin se interpretó como complementaria a la infraestructura económica vigente. Es esencial distinguir que la Reserva Federal de Estados Unidos ejerce una fuerte presión sobre la infraestructura monetaria salvadoreña, lo que impide al país centroamericano tener un buen control sobre su política monetaria, que se mueve fundamentalmente por la ley de oferta y demanda. Además, la adopción del bitcoin se rige por la oferta limitada de la criptomoneda, ante sus tasas de minería y el límite de 21 millones de bitcoines.
Vulnerabilidades en política exterior
En relación con la política externa, El Salvador está inevitablemente atado por la dependencia hacia los Estados Unidos, uno de los elementos por los cuales se trazó la Ley Bitcoin.
Para el país norteño, El Salvador es clave en su posicionamiento estratégico, especialmente por la emisión de migrantes y la dependencia al dólar estadounidense. Como alternativa de independencia económica, la Ley Bitcoin representaría un peligro para los Estados Unidos por la posibilidad de sortear la hegemonía del dólar y la capacidad de empoderar a “actores malignos como China y a organizaciones criminales”. (Risch, 2022)
En el año 2022 fue aprobado en el Congreso estadounidense el proyecto de la “Ley de Responsabilidad por la ley de Criptomonedas en El Salvador” o Ley ACES, que busca mitigar los riesgos que para el sistema financiero de Estados Unidos podría traer la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Esta ley demanda al Departamento de Estado la realización de un reporte que analice los riesgos potenciales a los cuales estarían sujetos Estados Unidos y de un plan para mitigarlos. En este sentido, es evidente la preocupación acerca de que El Salvador utilice menos el dólar estadounidense, unido a la inserción cada vez mayor de China en la región centroamericana.
Los avances de la propuesta, ya aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, fueron confrontados por el presidente Nayib Bukele, quien se burló de la preocupación del gobierno estadounidense. Bukele publicó en Twitter: “Ok boomers...Tienen cero jurisdicción sobre una nación soberana e independiente. No somos su colonia, ni su patio trasero ni delantero. Manténganse al margen de nuestros asuntos internos. No intenten controlar algo que no pueden controlar”. (Bukele, 2022)
A la vez, resulta fundamental recordar que, a pesar de que no es factible el envío de remesas vía bitcoin, la posibilidad del uso de las criptomonedas es una afrenta a la hegemonía de los bancos y las agencias de transferencia de dinero de Estados Unidos hacia el país centroamericano, que controlan el negocio del envío de remesas. Con la adopción de bitcoin, esas remesas se verían afectadas ya que pasarían a ser enviadas a través de la Chivo Wallet, lo cual no dejaría margen de ganancias para las empresas estadounidenses que se dedican a ello. (Cheréau, 2022)
Otro elemento que ejerce presión hacia El Salvador por la adopción del bitcoin son las organizaciones económicas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. En este sentido, el FMI expresó que “la adopción de una criptomoneda como moneda de curso legal implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad financiera y la protección del consumidor”. (FMI, 2022) A la vez, el FMI señaló que el uso del bitcoin como moneda de curso legal, a la larga, podía traer más desventajas que beneficios, por la ya mencionada volatilidad y el aumento del precio del bitcoin.
A la par, en junio de 2021, el gobierno salvadoreño solicitó al Banco Mundial (Chéreau, 2022) ayuda para la implementación y regularización del bitcoin como moneda de curso legal, pero esta fue denegada ante la preocupación de la entidad internacional por la transparencia del proceso. Es importante recordar que Estados Unidos es el mayor contribuidor a estas organizaciones, por lo que, en gran medida, sus enfoques están fuertemente definidos por el criterio estadounidense y los intereses que la nación norteña tenga hacia determinado país.
Vulnerabilidades en política interna
En materia de política interna, la Ley Bitcoin ha sido uno de los elementos más criticados de la gestión de Nayib Bukele por parte de la ciudadanía. A pesar del alto porcentaje de popularidad con el que cuenta el presidente salvadoreño, luego de que esta ley se aplicara, su aprobación disminuyó considerablemente (Segura, 2022). Aunque se mantuvo muy por encima de sus antecesores en el mismo tiempo de trabajo, no es un elemento a obviar, más cuando su gobierno se afinca justamente en la alta aprobación de la sociedad. En este sentido, una encuesta realizada por el periódico La Prensa Gráfica señala que para el año 2022, el 7.5% de los sujetos encuestados consideraron que el mayor fracaso de Nayib Bukele fue la aplicación de la Ley Bitcoin. Indiscutiblemente, esto perjudicó su imagen como presidente, poniendo en duda si la confección de la ley fue una decisión completamente analizada.
La baja aprobación de la Ley Bitcoin por la ciudadanía salvadoreña se demostró con las protestas en su contra de septiembre del 2021. Los manifestantes alegaban el carácter clasista de la medida, al estar enfocada solamente a la atracción de la inversión extranjera y a convertirse en un destino económico para un sector poblacional de élite. Además, los participantes en estas declararon que fue aplicada de forma apresurada y que estaba diseñada para esconder el dinero corrupto (Cheréau, 2022).
La Ley Bitcoin ha sido incapaz de darle respuestas a los objetivos planteados en su aplicación, y, a pesar de que representa un paso de avance en la implantación de criptomonedas como complementariedad del sistema monetario internacional, denota una adopción apresurada, sin tomar en cuenta las desventajas aún manifiestas. Esto generó diferentes vulnerabilidades en el ámbito económico y político, tanto nacional como internacional, analizadas a lo largo del artículo.
Con respecto a las vulnerabilidades económicas, la Ley Bitcoin no logró una verdadera inclusión financiera, ni independencia del dólar a través del aumento en inversiones o la reducción del costo de las remesas. La volatilidad del bitcoin y las deficiencias que tiene en cuanto a la rapidez de las transacciones resultaron catastróficas para que se extendiera su uso a la población salvadoreña, y fueron también un freno para generar confianza en los inversores extranjeros.
La incapacidad de esta ley de responder a sus objetivos, primariamente económicos, provocó profundas vulnerabilidades para El Salvador en el ámbito internacional, sobre todo por la preocupación de Estados Unidos con respecto a cómo se vería afectada su economía ante los cambios en la matriz económica salvadoreña, unido a la influencia creciente de otros actores internacionales, como China, en la región centroamericana. Además, la reticencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ante la implantación del bitcoin como moneda de curso legal impactó directamente en los planes políticos de Bukele, al ser infructuosa su búsqueda de apoyo en estos organismos internacionales, con el fin de financiar proyectos que convirtieran a El Salvador en un destino para los inversionistas en bitcoin a nivel mundial.
Unido a todo ello, la vorágine social que tuvo lugar al implantarse la ley hizo que fuera considerada como uno de los mayores fracasos del gobierno de Nayib Bukele. Aunque no se vio impactado significativamente y su victoria en las elecciones es una muestra de ello, las manifestaciones ocurridas en el año 2021 y los resultados de las encuestas relacionadas con el tema prueban la falta de previsión de elementos esenciales, como el desconocimiento de los salvadoreños acerca del bitcoin y el verdadero impacto de la dependencia monetaria hacia el dólar estadounidense.
Sin embargo, con el alza progresiva de los precios del bitcoin se perfila que pueda existir un aumento en los volúmenes de inversión relacionados a la moneda, equiparando ligeramente las ventajas a las vulnerabilidades que dejó la implementación de la Ley Bitcoin. Al tener en cuenta la transición paulatina a una transformación tecnológica, donde cambiaría la manera de ver la economía y las finanzas internacionales, El Salvador entraría como un jugador con ventaja.
La aparición de las criptomonedas, especialmente el bitcoin, ha hecho que se manifiesten nuevas formas de gestión de las relaciones monetarias. El uso del bitcoin brinda grandes oportunidades para la privacidad de las transacciones, debido a su código de red abierta para que cualquier persona pueda participar de su compraventa. El Salvador es uno de los primeros países del mundo en implantar el bitcoin como moneda de curso legal, estableciendo cuatro objetivos fundamentales que serían cumplidos con esta ley: adquirir mayor independencia del dólar estadounidense, la reducción del costo de las remesas, el logro de una mayor inclusividad financiera y la atracción de nuevas inversiones. Sin embargo, su aplicación no ha logrado corresponder a las esperanzas puestas por el gobierno en esta ley. La Ley Bitcoin ha generado una serie de vulnerabilidades económicas y políticas, a lo interno y externo, que llevan a determinar que ha sido un proyecto, cuando menos, apresurado.
Palabras clave: bitcoin, El Salvador, vulnerabilidades, criptomonedas, moneda de curso legal
The emergence of cryptocurrencies, especially bitcoin, has led to the appearance of new ways of managing monetary relations. The use of bitcoin provides great opportunities for the privacy of transactions, due to its open network code, so that anyone can participate in its purchase and sale. El Salvador is one of the first countries in the world to implement bitcoin as legal tender, establishing four fundamental objectives that would be fulfilled with this law: achieving greater independence from the U.S. dollar, reducing the cost of remittances, ensuring greater financial inclusiveness, and attracting new investment. However, its implementation has failed to match the hopes placed in the law by the government. The Bitcoin Law has generated a series of economic and political vulnerabilities, both internally and externally in El Salvador, which lead to the conclusion that it has been, at the very least, a hasty project.
Key Words: bitcoin, El Salvador, vulnerabilities, cryptocurrencies, legal tender
Introducción
DEsarrollo
CONCLUSIONES
Bibliografía
NOtas
La Unión Europea (UE) y Chile formalizaron sus relaciones económicas a partir de la firma, en 2002, del Acuerdo de Asociación UE-Chile y su entrada en vigor en el año 2003. Con la implementación de este acuerdo, la UE se convirtió en el principal inversor directo en Chile y su tercer socio comercial. No obstante, dos décadas después, ambos actores llegaron a un arreglo preliminar sobre un nuevo Acuerdo Marco Avanzado UE-Chile, que abarca pilares comerciales, políticos y de cooperación modernizados, con especial énfasis en la sustentabilidad ambiental y energética. La política de seguridad energética de la UE, enfocada en disminuir la dependencia de la importación de gas ruso y diversificar su suministro; la crisis energética de la región marcada por una coyuntura internacional adversa debido al conflicto ruso-ucraniano; la promoción mundial de una nueva generación de energías verdes y, específicamente, la emergencia de Chile como líder en la producción de litio e hidrógeno verde; han sido los factores determinantes en el proceso de modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile de 2002, devenido Acuerdo Marco Avanzado UE-Chile, y en la atención específica a la sustentabilidad ambiental y energética.
Palabras clave: Unión Europea, Chile, Acuerdo de Asociación, Sustentabilidad ambiental y energética.
The European Union (EU) and Chile formalized their economic relations with the signing of the EU-Chile Association Agreement in 2002 and its entry into force in 2003. With the implementation of this agreement, the EU became the main direct investor in Chile and its third largest trading partner. However, two decades later, facing a new international context, both actors reached a preliminary agreement on a new EU-Chile Advanced Framework Agreement, which encompasses modernized trade, political and cooperation pillars, with special emphasis on environmental and energy sustainability. The EU’s energy security policy, focused on reducing dependence on Russian gas imports and diversifying supply; the European energy crisis, marked by an adverse international situation due to the Russian-Ukrainian conflict; and the worldwide promotion of a new generation of green energies and, specifically, the emergence of Chile as a leader in the production of lithium and green hydrogen, have been the determining factors in the process of modernizing the EU-Chile Association Agreement of 2002, which became the EU-Chile Advanced Framework Agreement, and in the specific attention to environmental and energy sustainability.
Key words: European Union, Chile, Association Agreement, Environmental and energy sustainability.
Introducción
La Unión Europea (UE) y Chile formalizaron sus relaciones económicas a partir de la firma, en 2002, del Acuerdo de Asociación UE-Chile (AA) y su puesta en vigor en el año 2003. Este texto planteaba tres líneas fundamentales: la institucionalización del diálogo político; la liberalización recíproca del comercio y las inversiones con respecto a las normas de la Organización Mundial del Comercio; y la intensificación de la cooperación para el desarrollo.
De manera general, el AA Chile-UE ha mantenido un crecimiento vertiginoso desde su puesta en vigor en 2003. En consecuencia, la UE se ha convertido en el principal inversor directo en el país surandino, su tercer socio comercial más grande, su tercer mayor proveedor de importaciones y su tercer mayor mercado de exportaciones, después de China y Estados Unidos (European Comission, 2023).
No obstante, el 13 de diciembre de 2023, se rubricó en Bruselas el Acuerdo Marco Avanzando Chile-Unión Europea (AMA). Este se presenta como la modernización del AA de 2002, y contempla modificaciones en cuanto a la asociación respecto de energías renovables, materias primas, transición ecológica, digital y social, así como en los sistemas alimentarios sostenibles y el trabajo conjunto a través de la cooperación triangular. Además, el nuevo instrumento introduce compromisos compartidos de comercio y sostenibilidad en materia de clima, biodiversidad, energía y materias primas, derechos laborales, igualdad de género y sistemas alimentarios sostenibles; y busca contribuir a la transición hacia las energías renovables y el uso sostenible de materias primas.
Precisamente, la energía y la seguridad del suministro fue uno de los elementos clave en la fundación de la Unión Europea (UE), sin embargo, la organización enfrenta grandes retos en este ámbito. Entre los principales, figuran su dependencia cada vez mayor con respecto a las importaciones, una diversificación limitada, los precios elevados y volátiles de la energía, la creciente demanda mundial de la misma y los riesgos de seguridad que afectan a los países productores y de tránsito. En consecuencia, el núcleo de la política energética europea está constituido por una serie de medidas destinadas a lograr un mercado de la energía integrado, la seguridad del suministro energético y la sostenibilidad del sector energético.
Chile, por su parte, a partir de sus idóneas condiciones naturales para la producción de litio y energías renovables, con énfasis en el hidrógeno verde, ha llamado la atención de importantes actores internacionales que presentan una complicada situación energética y que están, por tanto, dispuestos a invertir en la infraestructura necesaria para este tipo de procesamientos energéticos. Tal parece ser el caso de la UE, con la firma del AMA.
Ante este escenario, resulta válido preguntarse: ¿Cuáles son los factores que determinaron un incremento en el alcance del acuerdo del Acuerdo de Asociación UE-Chile, específicamente en materia de sustentabilidad ambiental y energética?
Para ofrecer respuesta a esta interrogante, la presente investigación propone identificar los factores esenciales que condicionaron el proceso de modernización del Acuerdo de Asociación UE - Chile, específicamente en materia de sustenibilidad ambiental y energética. En función de esto, se establecen como objetivos específicos explorar la diferenciación entre el Acuerdo de Asociación UE - Chile y el Acuerdo Macro Avanzado UE - Chile y evaluar la estrategia de la UE frente a su crisis energética regional (2022 - 2023), y el papel de Chile y las energías renovables dentro de esta estrategia.
Desarrollo
Evolución del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Chile. Principales cambios
El Acuerdo de Asociación Unión Europea- Chile (AA) es el tratado internacional más importante suscrito por Chile y considerado por (Crespo, 2005) como “el acuerdo más completo firmado por la Unión Europea con un tercer Estado no llamado a insertarse como miembro en la organización comunitaria europea, y que es un modelo para el resto de países y zonas de integración de América Latina”. Fue firmado en 2002 y abarcaba las relaciones comerciales entre la Unión y el país sur andino, a la vez que potenciaba el diálogo político y la cooperación internacional.
Con respecto al intercambio económico-comercial, el acuerdo de tercera generación1 ha permitido diversificar el comercio entre la UE y Chile a través de “un conjunto de normas comunes relacionadas con el comercio de bienes y servicios, las inversiones, disciplinas sobre pagos y movimientos de capital, competencia, propiedad intelectual y contrataciones” (CELARE, 2008). Las principales ventajas se centran en el acceso a los mercados, la eliminación de tarifas, barreras arancelarias, la posibilidad de entrar en el mercado de compras públicas y la protección de las inversiones y de la propiedad intelectual europea en Chile.
A pesar de la crisis experimentada entre 2008 y 2012, como consecuencia de la recesión económica a nivel mundial, las inversiones europeas en Chile se mantuvieron estables. Actualmente, la UE constituye el principal inversor directo en el país surandino, con una inversión acumulada de 60 mil millones de dólares, el 24% de la inversión extranjera en Chile ( DG Comercio UE, 2020).
Modernización del AA
El 9 de diciembre de 2022, la UE y Chile llegaron a un arreglo preliminar sobre un nuevo Acuerdo Marco Avanzado. Aproximadamente un año después, el 7 de diciembre de 2023, se celebró, mediante videoconferencia, la XVIII reunión del Comité de Asociación Chile - Unión Europea, mecanismo de diálogo bilateral establecido a partir del AA. El resultado fundamental del encuentro virtual fue el cierre de las negociaciones para modernizar dicho acuerdo. En consecuencia, se rubricó en Bruselas, el 13 de diciembre de ese año, el Acuerdo Marco Avanzando Chile-Unión Europea (AMA), nombre del nuevo instrumento de cuarta generación2.
Las principales modificaciones del AMA con respecto al AA consisten en el reforzamiento de la asociación en cuanto a energías renovables, materias primas, transición ecológica, digital y social, así como en los sistemas alimentarios sostenibles y el trabajo conjunto a través de la cooperación triangular. Además, disminuirán las barreras al intercambio bilateral de bienes y servicios, puesto que el 99,9 % de las exportaciones de la UE podrán introducirse en Chile sin aranceles, solo quedando el azúcar exenta de este régimen. Igualmente, el acuerdo proporciona mejor acceso a los proveedores de servicios financieros, servicios de entrega, telecomunicaciones y transporte marítimo; facilita el comercio para las pymes; introduce compromisos compartidos de comercio y sostenibilidad en materia de clima, biodiversidad, energía y materias primas, derechos laborales, igualdad de género y sistemas alimentarios sostenibles; y contribuye a la transición hacia las energías renovables y el uso sostenible de materias primas.
Precisamente, la transición hacia las energías renovables y el uso sostenible de materias primas constituyen el punto medular a analizar del AMA, pues aumentará el acceso europeo a materias primas críticas3 y combustibles limpios para la llamada transición energética4 y la diversificación de mercados. En este contexto, el acceso a las reservas de litio5 en Chile se ha convertido en un objetivo vital para la UE. Asimismo, la organización internacional tiene como propósito aumentar su meta de hidrógeno renovable de 5,6 a 20,6 millones de toneladas a 2030 (Sandker, 2023), rama energética en la que Chile es líder regional.
En este sentido, dentro del AMA se incluye la puesta en vigor de dos proyectos para el desarrollo del hidrógeno renovable en Chile: la Iniciativa Team Europe para el Desarrollo de Hidrógeno Renovable y la plataforma de Financiación Global de RH2, con un presupuesto inicial combinado de 225 millones de euros. Ambos proveen nuevas oportunidades de inversión para las empresas chilenas y europeas, fomentan la cooperación técnica, tecnológica, financiera y empresarial y contribuyen a los planes de descarbonización de sus economías para 2050.
El Acuerdo Marco Avanzado Chile-UE frente al contexto internacional (2022-2023)
Política energética de la UE
De conformidad con la Unión de la Energía (2015), los cinco objetivos principales de la política energética de la UE son:
Los objetivos anteriores están determinados, esencialmente, por la alta dependencia que presenta la UE de las importaciones de combustibles fósiles. En 2019, la UE importaba casi la totalidad del petróleo (un 97%) y del gas natural (un 90%) que consumía; además de que estas importaciones se encontraban relativamente concentradas. Antes de que comenzara la guerra en Ucrania, el 33% de todas las importaciones de productos energéticos de la UE provenían de Rusia. (Banco de España, 2022)
En febrero de 2022, la invasión rusa a Ucrania alteró la relativa estabilidad del sector energético europeo. Las restricciones a las exportaciones rusas de gas y petróleo y las consiguientes perturbaciones del mercado energético provocaron una reacción rápida por parte de la UE. Apoyándose en la Declaración de Versalles, suscrita por todos los dirigentes de la Unión los días 10 y 11 de marzo de 2022, la Comisión Europea (CE) publicó la siguiente serie de leyes para aumentar la seguridad del suministro energético de la Unión (Parlamento Europero, 2023):
— opciones para paliar los efectos de los elevados precios de la energía con compras conjuntas de gas y obligaciones mínimas de almacenamiento de gas (23 de marzo de 2023);
— una plataforma de compra de energía de la Unión para garantizar el suministro de gas, gas natural licuado (GNL) e hidrógeno (abril de 2022);
— el plan REPowerEU6 para poner fin a la dependencia de la Unión con respecto a los combustibles fósiles rusos y nuevas opciones a corto plazo en los mercados del gas y la electricidad (18 de mayo de 2022);
— y un plan de reducción de la demanda de gas, así como una propuesta de Reglamento (20 de julio de 2022).
Como se puede apreciar, el impacto del conflicto ruso-ucraniano en el sector energético hizo necesaria, si bien no una reestructuración, sí una agilización de las políticas de la UE encaminadas a reducir las importaciones de gas y petróleo, especialmente de Rusia, y a enfrentar su disminución, como consecuencia de las sanciones y la presión de Estados Unidos.
De cara al futuro, corregir estas deficiencias resulta coherente con avanzar—incluso, quizás, más rápido de lo inicialmente previsto— en la transición ecológica europea hacia una economía neutra en carbono. Algunas de las bases sobre las que debería apoyarse este proceso de transformación ya se han establecido, como las distintas iniciativas englobadas en el contexto del Pacto Verde Europeo y los programas Next Generation EU (NGEU) y REPowerEU (Banco de España, 2022).
La alternativa de la transición energética
En las últimas décadas, las fuentes de energía renovables han incrementado su peso en el mix energético de la UE, si bien en 2021 los combustibles fósiles seguían representando cerca del 70% del consumo energético primario. Dentro de estos, el petróleo era la principal fuente de energía, seguido del gas natural y del carbón. (Banco de España, 2022)
A pesar de que la crisis energética actual ha acelerado el proceso de transición ecológica de la UE, reducir las elevadas dependencias energéticas externas identificadas exigiría elevados esfuerzos. La transición energética viene acompañada, por ejemplo, de un incremento sustancial de la demanda de algunas materias primas muy específicas. La CE estima que para 2030 la demanda de tierras raras (empleadas en la fabricación de turbinas eólicas y de celdas de combustible) y de litio y cobalto (utilizados en la producción de baterías de iones de litio) será más de cinco veces superior a la actual (Comisión Europea, 2020; Agencia Internacional de la Energía, 2021). En este sentido, los escenarios de transición ecológica contemplados por la Red de Bancos Centrales y Supervisores para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS, por sus siglas en inglés) implican que, en 2040, la demanda total de materias primas críticas será hasta siete veces superior a la actual. (Miller et al., 2023)
En este escenario, las relaciones de la UE con Chile se pueden catalogar de estratégicas.
Chile dentro de la
estrategia europea
Chile cuenta con las mayores reservas de litio a nivel mundial y es pionero en la región en cuanto a la producción de hidrógeno verde (H2V). En la actualidad, las reservas de litio y las operaciones de extracción están altamente concentradas en unos pocos países, y el Salar de Atacama es el yacimiento chileno en operación más grande a nivel mundial y donde se localizan las mejores condiciones del mundo para la explotación del litio. La concentración de litio y las condiciones climáticas imperantes en el área, caracterizadas por una alta tasa de evaporación, permiten producir a bajo costo. (Cabello, 2021; Cochiloco, 2013)
Por otra parte, Chile tiene condiciones privilegiadas para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, ya que es rico en energías renovables necesarias para su producción. Posee fuertes vientos de norte a sur para desarrollar la energía eólica y la radiación solar más alta del mundo en el desierto de Atacama. Estas ventajas podrían convertir a Chile en el productor internacional más eficiente y competitivo de hidrógeno verde. De acuerdo con su Estrategia Nacional de H2V, apunta a alcanzar costos de producción de 1,5 USD/KG y ser el principal exportador de H2V para 2040. (Sandker, 2023)
Entonces, la UE ha aprovechado la oportunidad de inversión y las necesidades de tecnología y financiamiento en Chile como la clave para la descarbonización. En este sentido, ha desarrollado iniciativas como la subvención de €15 millones a la primera central solar térmica de América Latina, Cerro Dominador, precisamente ubicado en el desierto de Atacama.
Conclusiones
Los factores esenciales que han determinado el proceso de modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile de 2002, devenido Acuerdo Marco Avanzado UE - Chile, son: la política de seguridad energética de la UE, enfocada en disminuir la dependencia de la importación de gas ruso y diversificar el suministro; la crisis energética europea, marcada por una coyuntura internacional adversa debido al conflicto ruso - ucraniano; y la promoción mundial de una nueva generación de energías verdes y, específicamente, la emergencia de Chile como líder en la producción de litio e hidrógeno verde.
La modernización del Acuerdo de Asociación UE - Chile, hacia uno de cuarta generación, constituye una estrategia política suprarregional de la UE en aras de ampliar sus fuentes de suministro de energía. La sustentabilidad ambiental y energética planteadas en el Acuerdo Marco Avanzado entre estos dos actores, constituyen eufemismos para maquillar la urgente necesidad de la UE de transitar hacia una política energética alejada de la dependencia de la importación de hidrocarburos.
Chile resulta el actor idóneo para la UE en aras de llevar a cabo un acuerdo de este tipo, debido a factores como la disponibilidad de condiciones naturales propicias para la eficiente producción de litio e hidrógeno verde, y la condición de país en vías de desarrollo. La transferencia de tecnologías y el apoyo a la diversificación de la infraestructura posibilita la participación activa de la Unión en la obtención de H2V en Chile, lo que la convierte en un receptor seguro a corto y largo plazo de esta energía verde.
La coyuntura internacional, a partir del estallido del conflicto ruso-ucraniano, no constituye un catalizador para un proceso que estaba ralentizado. La transición energética de la UE no representa una apología a la protección del medio ambiente; esta es su mejor opción para lograr la independencia energética o, al menos, reducir la dependencia de combustibles fósiles. Con el AMA, la organización pretende promover la utilización de fuentes de energía verde, dentro del altamente competitivo mercado de las energías no renovables.
Referencias
Notas
Los proyectos para la integración económica en Centroamérica constituyen uno de los primeros intentos con este objetivo en el mundo. Ante el proceso de globalización, los Estados centroamericanos tienen, en la integración, un medio estratégico para insertarse en el sistema internacional. Con esta visión fue constituido el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Varios factores han imposibilitado avanzar en la agenda de la integración. Entre los principales, destacan: asimetrías en los niveles de desarrollo económico entre los países que lo conforman, estancamiento del comercio intrarregional, conflictos entre los Estados y debilidad de las instituciones del Sistema. A partir de la crisis provocada por la Covid-19, se hizo más latente la necesidad de integrar estos pequeños países frente a los grandes bloques económicos que se conforman en el mundo. Los retos que este proyecto tiene por delante se derivan de la superación de las principales dificultades antes expuestas. Debido a ello, el objetivo de la presente investigación es: evaluar los principales retos del SICA como mecanismo de integración a partir de 2021.
Palabras clave: integración económica, SICA, comercio.
The projects for economic integration in Central America are one of the first attempts to achieve this objective in the world. In the face of the globalization process, the Central American states have, in integration, a strategic means to insert themselves into the international system. It was with this vision that the Central American Integration System (SICA) was created. Several factors have made it impossible to advance the integration agenda. Among the main ones, the following stand out: asymmetries in the levels of economic development among its member countries, stagnation of intra-regional trade, conflicts between States and weakness of the System’s institutions. Since the crisis caused by Covid-19, the need to integrate these small countries in the face of the large economic blocs in the world has become more evident. The challenges that lie ahead for this project derive from overcoming the main difficulties mentioned above. Therefore, the objective of this research is: to evaluate the main challenges of SICA as an integration mechanism as of 2021.
Key words: economic integration, SICA, trade.
La consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación en México se ha manifestado como resultado del debilitamiento relativo de la oposición y del impacto positivo de la administración del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, en la economía y el bienestar social de la ciudadanía. La victoria de Claudia Sheinbaum, del partido Morena, sobre la oposición tradicional, fue una expresión del cambio en la correlación de fuerzas del mapa político mexicano y del respaldo de la mayor parte del electorado a la Cuarta Transformación. El proceso electoral permitió fortalecer la posición de Morena, mientras que la oposición se debilitó por las disputas internas y la falta de una propuesta convincente. Los resultados de las elecciones demostraron el respaldo popular a la presidenta electa y la existencia de una sólida base parlamentaria, elementos que podría facilitar la radicalización del proyecto iniciado por López Obrador. En este contexto, se percibe un futuro gobierno morenista que, como tendencia, debe continuar hacia la izquierda.
Palabras clave: López Obrador, Claudia Sheinbaum, Cuarta Transformación, México, elecciones
The consolidation of the second floor of the Fourth Transformation in Mexico has manifested as a result of the relative weakening of the opposition and the positive impact of the administration of the outgoing president, Andrés Manuel López Obrador, in the economy and social welfare of citizens. The victory of Claudia Sheinbaum, of the Morena party, over the traditional opposition was an expression of the change in the correlation of forces of the Mexican political map and the support of most of the citizens to the Fourth Transformation. The electoral process allowed Morena’s position to be strengthened, while the opposition was weakened by internal disputes and the lack of a convincing proposal. The results of the elections demonstrated the popular support for the elected president and the existence of a solid parliamentary base, elements that could facilitate the radicalization of the project initiated by López Obrador. In this context, a future Morenista government is perceived as a trend, it must continue to the left.
Keywords: López Obrador, Claudia Sheinbaum, Fourth Transformation, Mexico, elections
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018 e inició, a través de su mandato, la Cuarta Transformación, la cual no ha constituido un simple cambio de gobierno, sino un mandato popular y social que representa un cambio de regimen político con respecto al modelo neoliberal. Desde la época de su campaña presidencial, AMLO anunció que su principal programa de gobierno incluiría la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estos dos elementos, sumados a su concepto de Humanismo Mexicano1, han sido los pilares fundamentales del ordenamiento económico y social construido tras su llegada al gobierno.
La victoria del partido Morena en las elecciones de 2018 se debió, en lo fundamental, al descontento de la ciudadanía ante la enorme crisis económica, política y social que padecía el país desde finales del siglo XX. En materia económica, la corrupción fue una práctica constante de las administraciones neoliberales. De esta forma, se creó un grupo compacto de particulares que se beneficiaron del remate de los bienes públicos, lo que les permitió acumular riqueza y concentrar un poder político superior al de las instituciones constitucionales2. La privatización ascendente de todos los bienes públicos, el nepotismo y el favoritismo a las grandes corporaciones en detrimento de las clases medias y el pueblo en general, fueron parte de la cotidianidad. De hecho, el Estado redujo sus dimensiones considerablemente y desincorporó 977 paraestatales en el plazo de 1983 a 1993, además de privatizar gran cantidad de bienes públicos. (Rogozinski, 1993)3
Desde el punto de vista social, si bien existieron algunos programas de apoyo durante los gobiernos neoliberales, estos no contaban con grandes fondos y no fueron capaces de incrementar el bienestar de los mexicanos. Las condiciones de vida de los trabajadores se deterioraron considerablemente. El poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó en un 70%, al tiempo que aumentó la desigualdad. Un ejemplo de esto fue cómo en 2015 el 10% de los mexicanos concentraban 64.4% del ingreso nacional y el 1% acaparaba el 21% de riqueza del país. Igualmente, ascendieron los índices de pobreza y la inseguridad alimentaria; se abandonó la construcción y apertura de obras y servicios públicos; particularmente, se incrementó la inequidad en el acceso a servicios de salud. Asimismo, disminuyeron las oportunidades de estudio y la calidad en la enseñanza. (López Obrador, 2024)
En relación con la política, los tres partidos tradicionales perdieron el respaldo de la mayor parte del electorado. Las consecuencias de las continuas crisis económicas, como la del “Efecto Tequila”4, y ocasionadas por medidas implementadas durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llevaron a que, en las elecciones del 2000, la población decidiera optar por un cambio político, en ese caso, el Partido Acción Nacional (PAN). No obstante, este último desarrolló el mismo modelo económico neoliberal que su antecesor y continuó con las prácticas de corrupción; por lo que también perdió el apoyo del electorado.
En el caso del Partido Revolución Democrática (PRD), las causas fundamentales de la pérdida de identidad política y de electorado fueron las contradicciones internas y la emergencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); pues gran parte de sus liderazgos, operadores territoriales y bases sociales pasaron al Morena. Además, se debe señalar su cuota de responsabilidad por los sucesos de Ayotzinapa en 2014; el alcalde de este territorio pertenecía al PRD. Los indicios de corrupción y colaboracionismo con el PRI, arrastrados desde las elecciones de 2006, fueron también determinantes de su fracaso como alternativa política.
En este contexto, AMLO llegaba al gobierno como una alternativa a los partidos tradicionales en una nación que, durante los años de período neoliberal, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial estuvieron al servicio de las oligarquías. Por tanto, su gobierno asumió la tarea de sentar las bases para la iniciación, consolidación y posterior radicalización de su proyecto de nación: la Cuarta Transformación.
El gobierno de AMLO amplió la brecha existente, para 2018, entre los partidos tradicionales y el Morena. Los resultados de la gestión morenista permitieron, por un lado, que la crisis moral de los partidos tradicionales no se agravara con un estado de inestabilidad económica. Por otro, contribuyeron a elevar el prestigio y el apoyo al Morena, en detrimento de la oposición. Esto influyó en la polarización del país en torno a dos posturas: los movimientos y partidos a favor de AMLO y los que estaban en su contra.
En 2024, la amplia victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones del 2 de junio demostró la consolidación del partido Morena. A su vez, evidenció el respaldo popular alcanzado por la Cuarta Transformación y la oportunidad de comenzar el segundo piso de esta, entendido como la continuidad y profundización en el gobierno de Sheinbaum del proyecyo político y social iniciado por López Obrador.
En virtud de lo anterior, la presente investigación se propone determinar cuáles fueron los factores condicionantes del amplio triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones de 2024 y las perspectivas de su gobierno en el corto plazo.
La Cuarta Transformación y los resultados del Humanismo Mexicano.
La política aplicada por AMLO durante su gobierno se basó, principalmente, en el combate contra la corrupción y la impunidad, la austeridad republicana y la redistribución de ingresos. Estas características son las causas fundamentales de la transformación económico-social desarrollada durante el mandato de López Obrador y una de las razones fundamentales de la consolidación y el incremento del respaldo popular al proyecto de nación que el enarboló: la Cuarta Transformación. Conocer la profundidad de los logros alcanzados y de las políticas sociales aplicadas en beneficio de la mayoría de los ciudadanos es crucial para comprender el enorme respaldo alcanzado por AMLO al final de su mandato y el consiguiente apoyo de un por ciento elevado del electorado a la coalición oficialista en las elecciones de junio de 2024.
En relación con el enfrentamiento a la corrupción, primeramente, fue reformulada la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de los altos funcionarios públicos, incluido el caso del presidente de la República, y se convirtió la malversación en un delito grave. Además, se combatió lo relativo al robo de combustibles y se enfrentó la evasión fiscal. También, se cancelaron las condonaciones e impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras, se renegociaron contratos abusivos y se dejaron de disponer las asociaciones público - privadas. (López Obrador, 2024)
La austeridad republicana durante la administración obradorista se sustentó en la eliminación de los privilegios y prebendas que disfrutaban los funcionarios de alto nivel. Es así que, se reformó la Constitución para fijar el salario del presidente como tope máximo para el pago de los trabajadores del sector público5. Además, se eliminaron las instituciones inútiles y se concentraron funciones y tareas de las dependencias. Se puso fin a la contratación excesiva e indiscriminada de personal de confianza y a la asignación perjudicial de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación y viáticos. De igual forma, se suprimieron los presupuestos para fiestas y banquetes, se restringió la disponibilidad de vehículo y chofer a las Secretarías de Estado; se eliminaron los asesores; y solo se asignó escoltas al personal estrictamente necesario. Igualmente, se prohibió viajar en aviones y helicópteros privados para todos los servidores públicos6.
La política anticorrupción, y de austeridad gubernamental, permitió la liberación de fondos para el desarrollo y la apertura de una fuente adicional de ingresos con la meta fortalecer la hacienda pública. Además, posibilitó el incremento de la inversión para construir importantes obras sociales, crear empleos y financiar programas para el bienestar; sin endeudar al país, aumentar impuestos o subir los precios de los combustibles. El impacto social que tuvieron las medidas implementadas por el oficialismo condicionó el incremento del respaldo de la ciudadanía al presidente y a la Cuarta Transformación.
El presupuesto destinado a elevar el bienestar de los ciudadanos permitió el aumento del poder adquisitivo de los mexicanos. La creación de los Programas para el Bienestar benefició a más de 30 000 000 de hogares; pues se entregaron pensiones a alrededor de 12 101 000 adultos mayores, acción devenida en derecho constitucional, y a 240 000 hijos de madres solteras. Igualmente, se brindaron apoyos a 1 482 000 niños y jóvenes con discapacidad, la cual se tornó en universal para los estados gobernados por Morena. Se logró reincorporar, aproximadamente, a la mitad de los jóvenes ninis7 a la actividad laboral, gracias al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Por otro lado, se aumentó el número de trabajadores inscritos en el Seguro Social, por lo que disminuyó el desempleo. (López Obrador, 2021)
En materia financiera, la administración morenista disminuyó la tasa de interés, redujo las deudas impagables y aumentó la edad máxima para solicitar apoyos federales. A su vez, se fortaleció el sistema financiero mediante la creación de esquemas crediticios más accesibles y competitivos para los trabajadores. A la par, se incrementó considerablemente el salario mínimo, lo que posibilitó un desarrollo acelerado del estado de bienestar de gran cantidad de trabajadores mexicanos.
Las medidas en las esferas de educación, la salud y la vivienda permitieron elevar la calidad de vida de los sectores más pobres. Entre las medidas tomadas se puede mencionar el otorgamiento de un gran número de becas anuales, desde preescolar a posgrado. De igual forma, se incrementó el salario de los profesores, se elevó la distribución de libros de texto gratuitos y se aumentó la activación de escuelas públicas.
En cuanto a la salud, se implementó el Plan IMSS-Bienestar para garantizar el derecho a la salud gratuita sin distinciones. Esto permitió fortalecer el sistema de salud en 23 estados, en los cuales se aumentó el abasto de medicamentos en un 97%. Igualmente, se comenzaron a equipar hospitales y a completar las plantillas de personal en todos los centros de salud. (López Obrador, 2024)
En materia de desarrollo urbano y vivienda, se construyeron gran cantidad de obras de infraestructura y espacio público en las colonias más marginadas del país. De igual forma, se desarrolló una política de construcción de vivienda social para los más necesitados y de fomento de la autoproducción de vivienda con acceso a asistencia técnica. (López Obrador, 2024)
En cuanto a los asuntos agrarios, se benefició, principalmente, a los pueblos indígenas. Uno de los rasgos de la administración de AMLO fue la entrega de tierras a familias indígenas y campesinas, junto a la restitución de terrenos comunales a los pueblos yaquis8. Asimismo, se avanzó en el objetivo de alcanzar la autosuficiencia alimentaria a través de la activación de distritos de riego y el otorgamiento de apoyos económicos directos y de fertilizantes anuales a pequeños productores agrícolas y a pescadores. (López Obrador, 2024)
Al mismo tiempo, una gran parte del presupuesto federal se destinó a la inversión pública para la construcción de obras y al impulso del desarrollo nacional. Durante la administración morenista, se comenzaron y terminaron 53 caminos rurales, 417 caminos artesanales y varias carreteras libres de peaje, como la de Oaxaca-Puerto Escondido y el circuito de Guadalajara-Tepic-Compostela. Se construyó el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” y entró en funcionamiento el aeropuerto internacional de Tulum, “Felipe Carrillo Puerto”. De igual forma, se inauguró el tramo del Tren Maya9 de Palenque a Cancún. Se rehabilitaron variados puertos y se licitaron 6 parques industriales. Además, se rescató a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, antiguamente con un elevado nivel de participación privada. En este sentido, se avanzó en el logro de la autosuficiencia energética debido al aumento de la producción petrolera. Se nacionalizaron alrededor de 3 000 kilómetros de líneas férreas, así como la extracción del litio. (López Obrador, 2024)
En paralelo, se fortaleció la economía al lograr una tendencia de crecimiento anual del 3% durante el sexenio de AMLO. A pesar de que, en 2020, este crecimiento disminuyó en un 8,8% debido a los efectos de la COVID-19; las medidas implementadas para la gestión de la pandemia posibilitaron la recuperación del país y un promedio de crecimiento del 1.3% al cierre del propio 2020. Además, se fortaleció el peso mexicano con respecto al dólar y México se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos. Aumentó la inversión extranjera y se incrementaron las reservas internacionales del Banco de México. En adición, la inflación se mantuvo estable y se logró contener los precios de la canasta básica. (Mexicocomovamos, 2024)
Uno de los principales retos del gobierno de López Obrador fue la seguridad pública. La estrategia seguida por la administración fue la de atender las causas de la violencia desde la raíz, a través del fomento de la justicia social. Entre las medidas más polémicas se encontró la creación de la Guardia Nacional y la atribución de numerosas funciones a este nuevo organismo. Si bien la inseguridad continuó siendo uno de los principales problemas de México, tuvo una pequeña reducción en cuanto a los delitos de fuero federal, el homicidio, el robo, el feminicidio y el secuestro.
La correlación de fuerzas en el espectro político mexicano durante la administración de López Obrador.
Durante los años de gestión de Obrador, la crisis de legitimidad de los partidos tradicionales se acrecentó. En el caso del PRI, la división interna y la falta de financiamiento provocaron el acelerado descenso de su protagonismo político. Este hecho se agudizó con el duro golpe político-económico que significó la pérdida de las gubernaturas de Hidalgo y el Estado de México en las elecciones de 2022 y 2023, respectivamente, el deslizamiento paulatino de la fuerza popular de sindicatos y organizaciones que otrora tenía el PRI, hacia el Morena. La mayor expresión de este descenso fueron las nueve únicas bancadas que mantendría el PRI en la Cámara de Senadores, antes de las elecciones del 2 de junio de 2024.
Durante el gobierno de AMLO, la alianza “Juntos Hacemos Historia” (compuesta por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México) se consolidó en el mapa político mexicano. Entre 2018 e inicios de 2024, y tras ganar elecciones de manera progresiva y creciente, Morena y sus aliados lograron gobernar en 23 de las 32 entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual le permitió a la coalición oficialista enfrentarse a unos comicios generales con el dominio del mapa electoral mexicano. (Vallejo, 2024)
La debilidad de la oposición fue más notoria durante la formación de alianzas estratégicas con vistas en las elecciones presidenciales de 2024. En este período surgieron, se reanimaron y desaparecieron múltiples iniciativas como el “Colectivo por México”10 y la alianza “Va por México”11. Sin embargo, las mismas se caracterizaron por carecer de un discurso político renovado y un proyecto de país sólido.
Las elecciones presidenciales
en México.
En el escenario descrito, y tras largas semanas de contienda electoral, se realizaron las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024. Los resultados fueron fieles a los emitidos por la mayoría de las encuestas en los últimos meses de campaña. La presidencia permaneció en la alianza oficialista en virtud del triunfo de Claudia Sheinbaum con el 59,75% de los votos. La candidata por la oposición tradicional (compuesta por el PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez, logró sumar un 27,45 % de votos lo cual representa menos de la mitad de los votos alcanzados por la alianza oficialista. Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano (MC), obtuvo, solamente el 10,32 % de los votos emitidos. (INE, 2024)
Desde el inicio de su actividad como funcionaria pública12, Claudia Sheinbaum se mostró muy afín a las ideas de López Obrador y asumió roles de gran relevancia en el movimiento encabezado por el mandatario morenista, como secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México (CDMX), alcaldesa de Tlalpan y jefa de gobierno de la CDMX13. Durante su candidatura presidencial, utilizó su propia gestión como gobernadora de CDMX como un referente positivo y un ejemplo de su posible gestión presidencial. De igual forma, enfocó su discurso en la propuesta de un gobierno más feminista, pero fiel al Humanismo Mexicano y a la Cuarta Transformación.Mientras contaba con el apoyo y respaldo tanto de AMLO como de todos los sectores miembros de su coalición.
Por su parte, Xóchitl Gálvez, senadora panista, que se había desempeñado como coordinadora de los Pueblos Indígenas durante el mandato de Vicente Fox, y jefa delegacional de Miguel Hidalgo con Enrique Peña Nieto, fue escogida como la representante de la oposición tradicional para las elecciones presidenciales de 2024. Durante toda la campaña electoral, Gálvez basó su discurso en las acusaciones políticas y personales tanto a AMLO como a Claudia Sheinbaum. Se mostró como una candidata independiente, mujer, indígena y empresaria, capaz de implementar un programa de gobierno mejor que la Cuarta Transformación. Sin embargo, nunca alzó una propuesta convincente, sus iniciativas no lograron generar un fuerte interés en la mayor parte del electorado. Además, al convertirse en la candidata del frente opositor “Fuerza y Corazón por México”14, integrado por el PAN, PRI y PRD, enfrentó el descontento y el desprestigio alcanzado por estos partidos en años anteriores.
En el caso de Álvarez Máynez, antiguo coordinador de campaña de Samuel García15, fue escogido como abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) tras diversos contratiempos a lo interno del partido. Esto implicó su entrada tardía a la contienda electoral, en los primeros días de enero de 2024 y el incremento de su desventaja respecto de las otras dos candidatas. El partido de Máynez estuvo cerca de convertirse en la tercera fuerza política del país, tras el debilitamiento del PRI por la pérdida del Estado de México. El MC se presentó a los comicios de junio de 2024 sin alianzas, como una tercera vía capaz de aglutinar a los votantes menos radicales que no sintieran afinidad por ninguna de las dos alas políticas principales. Su discurso se caracterizó por enfocarse en los jóvenes y distanciarse de la contienda directa entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Lo anterior le permitió incrementar sus adeptos en la juventud, un campo caracterizado, como tendencia, por la apatía electoral. No obstante, aunque fue el partido que reportó mayor crecimiento en la intención de votos; desde el inicio de la campaña electoral se mantuvo muy por detrás de sus otros dos competidores.
En relación con los niveles de abstención y el voto en blanco, las elecciones en México se han caracterizado históricamente por un nivel medio de participación. De hecho, los comicios de mayor nivel participativo fueron los realizados en 2018, con un 63.43% (INE, 2018). En el caso de 2024, la participación fue de un 60, 93%; lo cual, aunque fue inferior a 2018, superó considerablemente a la participación en las elecciones de medio término de 2021, que contaron con un 52, 66%. El voto nulo, por su parte, tuvo un valor de 2,40%, por lo que no fue determinante en el resultado de esta elección. (INE, 2024)
En cuanto a la distribución territorial del voto, “Sigamos Haciendo Historia”16 logró imponerse en 31 de los 32 estados mexicanos. El interior del país y los sectores tradicionalmente más castigados por las antiguas políticas neoliberales respaldaron contundentemente a Sheinbaum. Gálvez, por su parte, solo ganó en una demarcación; mientras que Máynez no logró obtener la mayoría en ninguna de las entidades federales. Además, la ventaja obtenida por la alianza morenista en las elecciones estatales de Yucatán (antigua entidad panista) y los resultados alcanzados en Jalisco (bastión de MC desde algunos años atrás), donde la alianza oficialista perdió por un pequeño margen con el partido ganador, demostraron la consolidación de la coalición izquierdista en el país.
A diferencia de lo sucedido en las elecciones de 2018, el descontento respecto la gestión de los partidos políticos tradicionales no fue el hilo conductor del proceso. La propaganda antimorenista de los principales medios de comunicación fue un elemento que predominó en la campaña presidencial, pero no se resquebrajó el respaldo de la mayoría de la población al oficialismo. Además, las contradicciones a lo interno de la oposición reflejaron la fragilidad de este sector y lo afectaron negativamente en su objetivo de captar seguidores. De hecho, los votos obtenidos por el candidato Álvarez Máynez también favorecieron al Morena; pues dividieron el voto de la oposición. En consecuencia, la campaña de los partidos tradicionales, aun reteniendo el voto propio, no logró generar el impulso necesario para incrementar sus adeptos y hacerse con la victoria.
Resulta interesante en este proceso la estrategia seguida por los opositores, quienes decidieron reactivar la alianza “Va por México” la cual les fue efectiva en las elecciones distritales de 2021, con el objetivo de hacer frente a la coalición Morena-PVEM-PT. Posteriormente, ante la fortaleza presentada por el oficialismo, “Va por México” decidió aglutinar a todas las fuerzas contrarias a la coalición gobernante en un solo bloque nombrado “Frente Amplio por México”. No obstante, en lugar de lograr su propósito, fraccionaron aún más sus fuerzas internas, debido a que algunas organizaciones y partidos, como Movimiento Ciudadano, no quisieron unirse a su coalición. Esto trajo consigo una fractura dentro del sector opositor al no lograr presentar un frente común, en paralelo, a lo interno de MC entre los sectores que apoyaban la decisión de permanecer independientes y los que aspiraban a integrar el Frente Amplio. Además, provocó contradicciones a lo interno del PRI, lo cual condicionó la separación de algunos de sus miembros y la posterior creación de la agrupación “Congruencia por México”.
La falta de transparencia en el proceso de selección de candidatura del Frente Amplio también fue un elemento desmovilizador para la oposición tradicional. Si bien el Frente Amplio, actual “Fuerza y Corazón por México”, diseñó un proceso de selección de candidatura abierto para todos los que desearan contender bajo su representación, diversas figuras manifestaron la falta de claridad en el proceso de selección y que el mismo se encontraba “amañado” desde el principio. De hecho, todas las personas involucradas en este, decidieron renunciar ante la falta de posibilidades reales de ganar la contienda. Las continuas denuncias de conocidas personalidades de la oposición, como Lilly Téllez17, desempeñaron un papel crucial en contra de la credibilidad y el prestigio de la coalición opositora.
Por su parte, la solución de las contradicciones en torno al resultado de las internas del Morena reflejó la fortaleza de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” y mantuvo el voto cohesionado. Al concluir el proceso para seleccionar al futuro candidato a la presidencia por la coalición oficialista, se desató una desavenencia entre Marcelo Ebrard, excanciller mexicano y su partido, Morena, por supuestas irregularidades en el proceso de selección. La situación provocó que Ebrard creara su propia organización, “El Camino de México”, y amenazara con abandonar Morena. No obstante, tanto Claudia Sheinbaum como la dirigencia del partido lograron controlar la situación y evitar el fraccionamiento de la organización; lo cual se evidenció en el comunicado de Ebrard del 12 de noviembre de 2023, en respaldo a Sheinbaum y a la Cuarta Transformación.
Una ruptura entre Ebrard y Morena solo hubiera podido beneficiar a MC. Si Ebrard se hubiese retirado del partido oficialista y presentado como candidato externo de MC a la presidencia, habría incidido negativamente en la abrumadora ventaja obtenida por “Sigamos Haciendo Historia” y en la unidad del movimiento; por el respaldo relevante con que cuenta Ebrard. No obstante, el principal afectado hubiera sido él mismo, debido a la pérdida del apoyo que representa el partido morenista, y la oposición tradicional, pues el canciller hubiera podido capitalizar el voto de gran parte de los electores de centro y fraccionar aún más el voto opositor. Sin embargo, en el caso de MC, este hubiera podido aumentar su base electoral al sumar los votantes aportados por Ebrard a su partido.
En el caso de MC, estuvo cercano a perder el dominio de Jalisco debido a la ruptura de Enrique Alfaro18 y el partido naranja, el MC. Sin embargo, esto no sucedió gracias a la victoria de Pablo Lemus Naranjo, candidato por MC, en dicho estado. Esto ubica a MC, junto al PRI, como la tercera fuerza política mexicana en cuanto a dominio de entidades federales, solo por detrás de Morena con 24 Estados y el PAN con 4. Además, estas elecciones fueron una oportunidad para MC de posicionarse como una tercera fuerza política menos radical y de fortalecerse como partido competitivo, a través de una estrategia encaminada a consolidarse a largo plazo.
En relación con la configuración del Congreso, a partir del 1 de septiembre, “Sigamos Haciendo Historia’’ controlará la mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Debe tenerse en cuenta que el oficialismo ostentará la mayoría calificada en la Cámara Baja, con 365 diputaciones, lo cual le permitirá tener el quórum necesario para aprobar reformas constitucionales (334 votos). En el caso del Senado, dispondrá de una mayoría absoluta con 83 escaños, lo cual puede representar un impedimento para la aprobación de las propuestas legislativas que ameriten reformas constitucionales (85 votos). Tal situación forzará a la coalición oficialista a promover alianzas en esta instancia con el objetivo de impulsar sus reformas (Cota, 2024).
Por su parte, “Fuerza y Corazón por México”, la coalición liderada por Gálvez, debe contar con 108 bancos en la Cámara de Diputados y 41 en la de Senadores, si no se desintegra a raíz de contradicciones internas como sucedió en noviembre de 2023 bajo el nombre de “Va por México”. A su vez, Movimiento Ciudadano, contará solo con 26 diputados y 4 senadores, por lo que tendrá una capacidad muy limitada para incorporar sus intereses en las iniciativas aprobadas. No obstante, puede suplir los votos que necesite alguna de las dos fuerzas predominantes para incluir algunos elementos de su interés en las normativas aprobadas19(Cota, 2024).
El aplastante resultado obtenido por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, que es un espejo de las ventajas reflejadas en la mayoría de las encuestas preelectorales, demostró el crecimiento y respaldo que ha logrado la Cuarta Transformación en México. De igual forma, representó, para los que han impulsado el proyecto de izquierda desde 1988, una cosecha de resultados desde las perspectivas sociales, culturales, educativas y electorales. No obstante, este triunfo no es definitivo, pues es evidente que los partidos de derecha y conservadores harán lo posible por tratar de desestabilizar al gobierno entrante, tal y como lo han hecho a lo largo de los seis años de la presidencia de López Obrador. Por tanto, es fundamental para Claudia Sheinbaum mantener un crecimiento económico sostenido, fortalecer los logros alcanzados por la administración de AMLO y solucionar los retos pendientes como lidiar con la tensa relación entre el poder ejecutivo y el judicial y enfrentar la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2025.
Perspectivas a corto plazo del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Luego de anunciarse los resultados de las elecciones presidenciales, Sheinbaum tendrá cuatro meses para conformar su equipo de trabajo, período donde se evidenciará si se mantienen las mismas figuras en las principales estructuras de poder o si habrá cambios. Esto puede ser de gran utilidad para valorar, de forma prospectiva, cuan similar o diferente se puede perfilar su administración con respecto de la de López Obrador. No obstante, en el libro firmado por Sheinbaum, “100 pasos para la transformación”, este constituye un preliminar de su programa de gobierno, se aportan pautas importantes del camino que tomará el país en el corto y mediano plazo.
Al analizar la proyección de Claudia Sheinbaum durante su período de campaña y las propuestas de su proyecto, se percibe una intención marcada de continuar todos los proyectos y reformas en curso con la administración anterior. Puntualmente, con un mayor énfasis en la participación femenina en la actividad productiva y una mayor protección a este sector de la población, razón por la cual muchos analistas resaltan el carácter feminista de su programa de gobierno. Estas políticas se podrían considerar uno de los ejes diferenciadores de su gobierno y el predecesor. Sin embargo, resulta interesante señalar que potenciar la participación femenina en la actividad productiva fue una de las debilidades señaladas por la Secretaria de Hacienda para incrementar el desarrollo económico mexicano. Esto evidencia que este elemento diferenciador puede ser otro de los objetivos de la Cuarta Transformación, más allá de un sello personal de la presidenta.
De igual forma, la estabilidad económica será una prioridad para el nuevo gobierno. La propuesta de mantener al mismo Secretario de Hacienda del sexenio obradorista constituye una expresión de esta intención, así como de la admiración por el desempeño mostrado por el mismo durante el mandato de AMLO. Probablemente, durante este nuevo período de gobierno se perciban los primeros resultados de las iniciativas y megaproyectos desarrollados durante el primer mandato morenista, lo cual incidirá irremediablemente en la economía mexicana. Además, Claudia Sheinbaum y su equipo de gobierno deberán intentar que la austeridad y el ahorro no sean la base fundamental de la ampliación de los fondos públicos; pues estas medidas aunque garantizan el incremento del poder adquisitivo de los ciudadanos en el corto plazo, no indican un aumento sostenido del bienestar social en el largo plazo.
La vinculación estrecha de la economía mexicana y el T-MEC condiciona que las variaciones en el mismo provoquen un gran impacto en la economía nacional. De hecho, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), actual T-MEC, concluida en 2020 fue un tema medular para la sociedad mexicana. El mismo implicó un aumento de las restricciones y regulaciones económicas para México en beneficio de sus otros dos socios comerciales (Estados Unidos y Canadá). Paradójicamente, se aprobó una serie de condicionantes para el libre comercio con los EE.UU., que colocan a México en una posición desventajosa con respecto a las reglas de origen20 o la cláusula sobre China21. Por esta razón, el nuevo gobierno de Sheinbaum debería intentar aumentar el beneficio nacional o conseguir un mayor número de facilidades en el marco del mecanismo para impulsar la economía mexicana.
En 2025, el T-MEC enfrentará una revisión, acordada durante la pasada administración de Donald Trump. Si esta revisión se lleva a cabo bajo un nuevo mandato trumpista, México podría enfrentar, nuevamente, la tendencia proteccionista del antiguo mandatario norteamericano, lo cual complejizaría la obtención de una mayor liberalización de las relaciones comerciales. Además, tendría que lograr defender su posición nacionalista frente a la liberalista de sus socios sobre temas medulares como el energético, e intentar incrementar las reservas en algunos de los sectores prioritarios, como realizó Canadá en el sector agrícola.
Por su parte, la postura asumida frente al Poder Judicial pudiera mantenerse similar a la presentada durante la administración saliente. Sin embargo, la sólida posición alcanzada en el Congreso podría permitir a Claudia Sheinbaum reformar el sistema judicial y hacerlo más democrático y abierto, esto implicaría una disminución de su carácter conservador.
Además, el libro “100 pasos para la transformación” indica que el futuro mexicano será estable, principalmente, debido a que las propuestas de Sheinbaum implican una profundización de la transformación iniciada por AMLO, atendiendo a sus principales retos y deudas. De igual manera, la nueva presidenta contará con la ventaja de que la mayoría de los gobernadores forman parte de su alianza, lo cual es fundamental en un país marcado por el federalismo, en el cual cada Estado tiene poder decisor en muchas cuestiones.
Si bien se percibe un gobierno morenista más sólido que la administración anterior, Sheinbaum deberá recurrir a las alianzas estratégicas para aprobar reformas constitucionales. En este escenario, los congresistas pertenecientes a MC podrían ser cruciales para inclinar la balanza hacia un ala política u otra.
Sin embargo, es poco probable que MC refleje un apoyo para la coalición “Sigamos Haciendo Historia” en el Congreso. Esto se debe a las manifestaciones de rechazo y distanciamiento con la proyección política-económica de la coalición en el gobierno, por lo que probablemente no exista una intención de beneficio o relación con la alianza oficialista. Lo anterior implica que MC podría convertirse en un apoyo a futuro para la coalición “Fuerza y Corazón por México”, y de conjunto bloquear los proyectos legislativos de la Cuarta Transformación.
La Cuarta Transformación podría continuar su segunda etapa a un ritmo superior al presentado luego de las elecciones de 2021; no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en la administración de López Obrador, puede ser un obstáculo para la radicalización del proceso. La composición del Poder Judicial será crucial para el desarrollo del programa de Sheinbaum, pues la relación entre el poder judicial y el ejecutivo ha sido el arma más efectiva de la oposición para frenar las reformas de la Cuarta Transformación durante los últimos tres años.
De igual forma, la administración de Claudia Sheinbaum tendrá varios retos significativos tanto en el corto como en el mediano plazo. Los principales son sortear la tensa relación entre el poder ejecutivo y el judicial y enfrentar la renegociación del T-MEC en 2025. Para ello, en materia económica, deberá mantener o incrementar el poder adquisitivo de los mexicanos, los índices de crecimiento económico, los beneficios sociales y las ventajas para México en el marco del T-MEC tras su revisión.
En el largo plazo, el panorama político mexicano es alentador para Morena, pues se prevé que la oposición tradicional continúe su declive relativo. Esto en beneficio de MC, el cual podría consolidarse como la segunda fuerza política de mayor importancia en México y heredar a gran parte de los votantes actualmente fieles a los partidos tradicionales.
El amplio triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones de 2024 se debió a la convergencia de la efectividad de la Cuarta Transformación y el debilitamiento de los partidos opositores en favor de la alianza oficialista. El gobierno de López Obrador demostró que la Cuarta Transformación no solo era factible, sino eficaz, y logró formar una base electoral leal en los sectores más pobres. La consolidación de Morena en el poder político mexicano es una expresión de los buenos resultados de la Cuarta Transformación y una ventaja para la profundización de la misma. Por ello, el respaldo popular se torna en la principal fortaleza del proceso para extender y radicalizar cambios estructurales en el Estado mexicano.
Las elecciones mexicanas fueron un reflejo de la polarización política alcanzada por el país, pues las posturas asumidas por los electores estaban definidas desde antes de iniciar las precampañas electorales. En este sentido, se destaca la estrategia de MC de posicionarse como posible alternativa de dicho proceso polarizador, en largo plazo, en una coyuntura favorable al ascenso de corrientes políticas contrarias a las de la oposición tradicional.
La Cuarta Transformación emprendida por AMLO comenzó un proceso de cambios en la realidad mexicana en beneficio de amplios sectores de la población. Las medidas y reformas aplicadas durante sus seis años de mandato permitieron redistribuir el ingreso público con el fin de incrementar el bienestar social y potenciar iniciativas originadas desde el gobierno, en respuesta a intereses nacionales y con participación estatal mayoritaria. Esto posibilitó fortalecer la economía nacional, iniciar un proceso de paulatina reducción de la dependencia económica, mejorar la calidad de vida de los mexicanos y establecer una estrategia nacional a largo plazo, basada en la solución de los principales problemas de los ciudadanos.
Si bien Sheinbaum enfrentará grandes retos durante su administración, el legado de AMLO será beneficioso para la evolución de su programa de gobierno. El segundo piso de la Cuarta Transformación deberá ser superior y mantener los logros alcanzados por la administración obradorista. Además, Sheinbaum tiene a su favor la fortaleza en el Congreso, el predominio en las gubernaturas estatales y el respaldo popular. Ello indica la consolidación del proceso iniciado por AMLO, lo que debe contribuir, de la mano de Sheinbaum, al incremento de los cambios estructurales en beneficio de los mexicanos.
introducción
desarrollo
conclusiones
bibliografía
notas
