La Revista Científica Universitaria Ad Hoc lanza su onceno número, con el cual no solo apertura el Volumen V de la publicación, sino que celebra el cuarto aniversario de fundada. Esta nueva edición comprende seis artículos que abarcan tópicos como: migración y terrorismo, política interna y exterior de los Estados e integración latinoamericana. Además, se reactivan secciones como: La Diplomatie y Actualidad de proyectos estudiantiles.
El primer artículo, de la autoría de Nachely Pérez Guedes y Alfredo Arufe Padrón, estudiantes de quinto año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, presenta el tema “Migración y terrorismo: las políticas migratorias y de seguridad después del 11 de septiembre”. A través del texto, los autores presentan una investigación que centra su estudio en el impacto del vínculo entre migración y terrorismo en las estrategias de seguridad y políticas migratorias de Estados Unidos y la Unión Europea entre 2001 y 2021.
Seguidamente, se presenta el artículo “Panorama político español tras las elecciones del 23 de julio”, de los autores Amalia Mustelier Fernández y Frank Abel Rodríguez Romero, estudiantes de cuarto año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. A través del mismo, se realiza un análisis sobre el panorama político español tras las elecciones del 23 de julio del 2023 y la reelección de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno español.
A continuación, de la autoría de Juan Pablo Bencomo Herrera, estudiante de cuarto año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, se propone el tema “El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): principales retos en el periodo post Covid-19”. A través del texto, el autor evalúa algunos de los principales retos del SICA como mecanismo de integración a partir de 2021 y, analizando como casos de estudio, la participación dentro del mecanismo de los seis países fundadores (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) en el periodo 2010-2020.
“La conformación de la política hacia Cuba en el Congreso estadounidense durante el periodo 2013-2020” es otra de las propuestas de este número. El autor, Edwin Christian García Vivas, estudiante de tercer año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, presenta un interesante análisis sobre la conformación de la política exterior hacia Cuba en el Congreso estadounidense (2013-2020), tomando en consideración la amalgama de factores como: la dinámica entre el ejecutivo y el legislativo, la influencia de grupos de presión y la polarización política en el país.
Como parte de la sección La Diplomatie, llega el quinto artículo de la publicación, titulado: “La République de Turquie face à l´escalade du conflit à Gaza: ¿naviguer entre deux rives? Sus autoras, Thalía Tapia León y Emily Puisseaux Moreno, estudiantes de tercer y quinto año, respectivamente, de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, se proponen analizar la posición de la República de Türkiye respecto al conflicto en Gaza, teniendo en cuenta la posición de su Presidente, así como la del pueblo de esta nación, sobre el genocidio israelí en curso.
Para concluir esta edición, y como parte de la sección Actualidad de proyectos estudiantiles, los estudiantes Ignacio David Zayas La O y Sarah Noa Ramírez, de cuarto y tercer año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, respectivamente, presentan el artículo: “Desafíos para la sostenibilidad de la internacionalización de la educación superior: estrategia desde el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI)”. Como parte de un exhaustivo análisis para el desarrollo de la investigación, los autores presentan los resultados de un diagnóstico realizado sobre el estado actual de la internacionalización en el ISRI, así como sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Además, exponen acciones y recomendaciones para el perfeccionamiento de este proceso y su sostenibilidad.
El Comité Editorial extiende su agradecimiento a los especialistas del Centro de Investigaciones de Política Internacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a los profesores del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” por su incondicional ayuda en la revisión de los manuscritos presentados por los estudiantes.
Finalmente, arribamos a este aniversario orgullosos del desarrollo y crecimiento de Ad Hoc como una plataforma universitaria novedosa, donde la ciencia, la creatividad y el talento investigativo de nuestros estudiantes convergen para inspirar, educar y trascender los límites del conocimiento. Han sido cuatro años en el que la dedicación de cada uno de los miembros que han formado parte del Comité Editorial, la profesionalidad de los árbitros y colaboradores, y la curiosidad intelectual de nuestros lectores, han sido determinantes para el desarrollo de un espacio único de intercambio de ideas. A todos, nuestra infinita gratitud por su contribución invaluable y por la confianza a lo largo de este tiempo.
¡Aún nos aguardan nuevos capítulos de éxitos, descubrimientos, excelencia académica y compromiso por la divulgación científica del estudiantado universitario!
Karla Oliveros Pérez,
Directora Ejecutiva de la
Revista Científica Universitaria Ad Hoc
Los ataques del 11 de septiembre de 2001 y las medidas aplicadas como respuesta a estos hechos por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, volvieron a colocar el tema de las migraciones en el ámbito de la seguridad. En este contexto, el enfrentamiento al terrorismo encontró en la lucha contra la inmigración una de sus trincheras. A partir de ese momento, ciertos actores políticos han utilizado una retórica antinmigrante tanto con fines electorales, como para implementar estrategias políticas y medidas de carácter excepcional, presentando a los migrantes como enemigos potenciales, capaces de poner en peligro la propia existencia de las sociedades. Este artículo pretende determinar el impacto del vínculo entre inmigración y terrorismo en las estrategias de seguridad y políticas migratorias de los Estados Unidos y la Unión Europea entre 2001 y 2021. Para ello, se analizará la influencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en la securitización de la inmigración en los Estados Unidos y la Unión Europea y se expondrán las principales medidas implementadas dentro de sus estrategias de seguridad y políticas migratorias referentes a la migración entre 2001 y 2021.
Palabras clave: Estados Unidos, Unión Europea, terrorismo, política migratoria, estrategia de seguridad.
The United States government and the European Union’s response to September 11th, 2001, brought migration back into the realm of security. In this context, the fight against terrorism found one of its trenches in the fight against immigration. Since then, certain political actors have used anti-immigrant rhetoric both for electoral purposes and to implement exceptional political strategies and measures, presenting migrants as potential enemies, capable of endangering the very existence of societies. This article aims to determine the impact of the link between immigration and terrorism on the security strategies and migration policies of the United States and the European Union between 2001 and 2021. The analysis will focus on the impact of the terrorist attacks on September 11, 2021 on the security of immigration in both the United States and the European Union. The main measures implemented in their security strategies and policies for migration between 2001 and 2021 will also be presented.
Keywords: European Union, United States, terrorism, migration policy, security strategy
Introducción
La migración ha sido un tema que en los últimos años ha provocado un intenso debate a nivel internacional. En ocasiones, gobiernos y movimientos políticos han vinculado este fenómeno con el terrorismo, intensificando el miedo y la hostilidad hacia los inmigrantes. Esta idea se encuentra fundamentada en la construcción de una retórica que presenta a la inmigración como una amenaza a la seguridad nacional. Como argumento, se presenta la posibilidad de que individuos identificados como terroristas se infiltren en estos países a través de los flujos migratorios.
Las medidas aplicadas por los gobiernos occidentales1 como respuesta a los ataques del 11 de septiembre de 2001 (11-S), volvieron a colocar el tema de las migraciones en el ámbito de la seguridad. Tanto en Estados Unidos (EE. UU.) como en la Unión Europea (UE), la lucha contra el terrorismo encontró en la lucha contra la inmigración una de sus trincheras (Araujo, 2002). A partir de ese momento, se elaboraron una serie de legislaciones internacionales y nacionales de lucha contra el terrorismo con graves consecuencias para los derechos de los migrantes.
La seguridad se ha convertido en un instrumento que ciertos actores políticos han utilizado para movilizar a las masas en favor de determinado fin, ya sea para hacer efectiva la voluntad de las instituciones estatales o para ganar el apoyo de un sector en particular. Este fenómeno es denominado securitización y ha sido desarrollado por la Copenhagen School of Critical Security Studies2. El término es definido por Waever (1995) como el proceso mediante el cual un fenómeno político y social es comprendido a través de una “óptica securitaria” que justifica la adopción de medidas especiales que exceden el marco jurídico y los procedimientos ordinarios de decisión política. Según Campesi (2012), es el proceso por el cual un fenómeno se transforma en un problema de seguridad, con total independencia de su naturaleza objetiva o de la relevancia específica de la supuesta amenaza.
De acuerdo con la Teoría de la securitización, las cuestiones políticas se convierten en cuestiones de seguridad extremas que deben tratarse con urgencia cuando han sido etiquetadas como “peligrosas”, “amenazantes” o “alarmantes”, por un actor, que posee el poder social e institucional suficiente para llevar el tema más allá de la esfera política (Fessi, 2022). Por lo que, desde esta perspectiva, la política de seguridad nacional no es un hecho natural, sino uno elaborado cuidadosamente por los responsables de la toma de decisiones.
Un ejemplo de ello es la inmigración. Al hacer referencia a ella como una amenaza para la seguridad nacional de un Estado, pasa a ser un tema de alta prioridad que requiere una acción específica. En este sentido, quienes son legitimados en sus luchas contra el terrorismo comienzan a dirigir las estrategias hacia objetivos determinados, entre ellos se encuentran: activistas políticos, personas que cruzan las fronteras personas con padres extranjeros (Bigo, 2022). De este modo, se construye un discurso que va señalando constantemente inseguridades para que la necesidad de seguridad siempre esté vigente dentro de la sociedad.
Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo pretende determinar el impacto del vínculo entre inmigración y terrorismo en las estrategias de seguridad y políticas migratorias de Estados Unidos y la Unión Europea entre 2001 y 2021. Para ello, se analizará la influencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2021 en la securitización de la inmigración en los Estados Unidos y la Unión Europea y se expondrán las principales medidas implementadas dentro de sus estrategias de seguridad y políticas migratorias referentes a la migración entre 2001 y 2021.
Desarrollo
El nexo entre migraciones y seguridad ha ensanchado el dispositivo de control migratorio de los estados, principalmente de los llamados occidentales, a través de la sistemática reducción de derechos y libertades de migrantes y solicitantes de asilo y la ampliación de poderes y prerrogativas en esta materia (Agamben, 2004).
De acuerdo con Campesi (2012), el discurso securitario propicia la reproducción de un imaginario político centrado en el miedo y poblado de enemigos. Bajo esta lupa no solo están en juego la integridad de la soberanía política o el mantenimiento del orden público interno, sino la supervivencia de la sociedad y, por lo tanto, el mantenimiento de sus características identitarias, económicas y sociales básicas.
Este discurso, impulsado por algunos gobiernos y medios de comunicación, ha incentivado la construcción, en la consciencia colectiva de las sociedades, de ciertas percepciones sobre los inmigrantes. Por un lado, este grupo es visto como una amenaza política, cultural y socioeconómica. Se piensa en ellos como un peligro para el equilibrio étnico y cultural de la sociedad de destino, un potente factor de fragmentación social, de incremento de la violencia política y, para muchos, estos son una competencia desleal en el mercado laboral. Por otro lado, son percibidos como una amenaza al orden público y la seguridad nacional. Esto está dado por la asociación que se suele realizar entre los migrantes, la criminalidad y el terrorismo. Por lo que, en ocasiones, las propias sociedades han apoyado políticas antinmigrantes como la militarización de las fronteras, la vigilancia a grupos con determinadas características étnicas o la limitación de alguno de sus derechos.
Significado 11-S y otros atentados terroristas
El proceso de securitización de las migraciones se exacerbó después de los atentados terroristas del 11-S (Agamben, 2004). A partir de aquel suceso, ciertos actores políticos han utilizado una retórica antinmigrante tanto con fines electorales, como para implementar estrategias políticas y medidas de carácter excepcional. Han presentado a los migrantes como enemigos potenciales, capaces de poner en peligro la propia existencia de las sociedades. En este sentido, se ha apreciado la discriminación hacia las personas migrantes y solicitantes de asilo y la implementación de formas intrusivas de vigilancia y control, así como el otorgamiento de poderes excepcionales a la policía y otras fuerzas del orden.
Los atentados del 11-S significaron un cambio en el discurso político respecto a los temas referidos a la inmigración a nivel global. De este modo, la migración fue vinculada al fenómeno del terrorismo, otorgándole una mayor connotación en las medidas implementadas. A partir de entonces, esta empezó a ser abordada como un tema de seguridad nacional.
De igual forma, sucesos como las primaveras árabes, la Guerra de Siria y las crisis de los refugiados dieron paso al rechazo de los inmigrantes, fundamentalmente musulmanes, tanto en Europa como en EE. UU. A su vez, eventos como los atentados terroristas llevados a cabo por grupos que se proclaman de la red Al-Qaeda en Madrid (2004) y en Londres (2005), el asesinato del cineasta holandés Theo Van Gogh (2004), los ataques de Charlie Hebdo y Saint-Dennis en París (2015), así como la Masacre de Orlando (2016) influyeron aún más en la securitización de la migración y en la radicalización de los discursos.
El vínculo migraciones-terrorismo, sus consecuencias en las políticas migratorias y de seguridad
Los atentados terroristas son identificados como una variante de la criminalidad que va más allá de las fronteras. Por esta razón, muchos países han endurecido sus posiciones respecto a los inmigrantes mediante la aplicación de políticas migratorias con mayores restricciones. Por ello, se observa claramente el aumento de la aceptación de la sociedad a varios partidos populistas de extrema derecha que se han manifestado públicamente en contra de la inmigración tanto en Europa como en EE. UU. Se puede destacar el caso de partidos como: Alternativa por Alemania, Ley y Justicia, y la Liga Norte en Europa, así como la figura de Donald Trump en EE.UU., como ejemplos de esto. Estos actores políticos han aprovechado las circunstancias para construir un discurso que otorga especial relevancia a la “amenaza de los inmigrantes”.
Estados Unidos
Los sucesos del 11-S cambiaron notablemente la percepción de la inmigración en el país norteamericano. A partir de esa fecha, se produjo un auge de una retórica nacionalista que ha beneficiado a grupos que presionaban por un mayor control y por menos inmigrantes. Como consecuencia de ello, las medidas tomadas al respecto han modificado drásticamente las condiciones de vida de los inmigrantes y sus familias.
A finales de octubre de 2001, el gobierno de EE. UU. aprobó la Ley Patriota, la cual limitó notablemente los derechos de los extranjeros. Respecto a la detención, esta se autorizó sin la presencia de cargos, por un período que se considerase razonable en casos de emergencia o situación extraordinaria, mientras que, anteriormente, no podía ser por más de 48 horas. Además, se comenzó a permitir la detención y deportación de inmigrantes por oficiales sin presentar evidencias ante tribunales. De la misma forma, esta ley incluyó a personas vinculadas con organizaciones terroristas, algo bastante impreciso y que puede incluir desde grupos de activistas pacíficos hasta cualquier organización con un mensaje opuesto al del Estado. La nueva óptica permitía encarcelar indefinidamente a un extranjero por vínculos tan leves como proporcionar ayuda médica o humanitaria a estos grupos o compartir su mensaje político. La ley en cuestión daba lugar a la arbitrariedad y al empleo de criterios racistas.
Con estos nuevos cambios, fueron detenidos miles de inmigrantes, en su mayoría procedentes de Oriente Próximo. Muchos de ellos no tuvieron acceso a un abogado, se les impidió contactar con sus familiares y se permitió la escucha de sus conversaciones tanto con sus abogados como en el día a día. Además, mediante una orden ejecutiva del presidente George Bush, a mediados de noviembre, los sospechosos de terrorismo serían juzgados ante tribunales militares, a puerta cerrada, con un abogado militar provisto por el Gobierno y sin derecho de apelación.
Los sucesos del 11-S significaron la modificación de la política migratoria norteamericana y la presencia de controles más estrictos en los puntos de ingreso de inmigrantes. Entre las primeras medidas de seguridad estuvo la creación del Departamento de Seguridad Interna (DHS), el cual centralizó varias agencias entre las que se encuentran el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, encargado de la expedición de visas, peticiones de asilo y de refugiados; la Patrulla Fronteriza, la cual pasó a tener como objetivo fundamental impedir la entrada de terroristas al país y con aplicación en contra de inmigrantes; el Servicio de Aduanas, encargada del control en la entrada de personas y mercancías y la Guardia Costera (Tisera, 2020).
La frontera sur es vista por los EE. UU. como un reto en la lucha contra aquellos que amenazan su seguridad nacional, por esto se observan constantes intentos por controlar y limitar los flujos migratorios en la zona. Las Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) se han convertido en una vía para alcanzar objetivos mediante la creación de amenazas y miedos en función del interés nacional de la administración en el poder. Por tanto, se ha vinculado la inmigración al narcotráfico y el terrorismo como centro de las amenazas a la nación.
La ESN del 2002 del presidente George W. Bush, tuvo como base la guerra contra el terrorismo, los supuestos estados patrocinadores del mismo y cualquier elemento que represente una amenaza para la seguridad nacional e internacional. Para lograr este propósito, consideró viable cualquier método, entre los que destaca al poderío militar, la defensa del territorio nacional, la ley, la recopilación de inteligencia y las gestiones para cortar el financiamiento a los terroristas. Dentro del propio cuerpo de la estrategia esto se encuentra reflejado:
…la causa de nuestra nación ha sido siempre más grande que la defensa de nuestra nación (...) Debemos eliminar estas amenazas a nuestra nación, a nuestros aliados y amigos (…) Estados Unidos debe defender la libertad y la justicia porque estos principios son justos y verdaderos para la gente de todas partes. (Departamento de Estado, 2002, pág. 20)
La ESN de 2006 de la administración Bush, mantiene continuidad con su antecesora, pero incluye elementos como el narcotráfico, el tráfico de personas, los gobiernos autoritarios y el terrorismo como principal amenaza. Además, resalta la creciente alza de la inmigración indocumentada y la trata como un tema que debe ser atendido como parte de la lucha contra el terrorismo.
La ESN del 2010 de Barack Obama estuvo condicionada por el deterioro de las políticas de Bush. Esta nueva estrategia abordó la lucha contra el crimen organizado y las migraciones “ilegales”. Se centró, principalmente, en la necesidad de ganar efectividad en el control de las fronteras y una mayor seguridad del territorio. La ESN del 2015 mantuvo una línea muy similar.
Desde su elección como presidente y con el fin de hacer énfasis en las necesidades estadounidenses, la retórica de Donald Trump giró en torno a la protección de fronteras y el predominio de la seguridad nacional. Su discurso xenófobo abarcó referencias despectivas a los inmigrantes latinoamericanos, principalmente mexicanos y hacia la comunidad musulmana. Además, prohibió la entrada de nacionales de países con “compromiso terrorista”, llamando a un cierre completo de las fronteras estadounidense para los musulmanes (Bouie, 2016).
La ESN del 2017 de la administración Trump partió del concepto de fronteras seguras. Trump planteó la necesidad de construir un muro en la frontera con México para frenar la llegada de inmigrantes indocumentados. Además, propuso el endurecimiento de los controles y la reforma de los flujos de migración legal.
En ese mismo año, firmó la orden ejecutiva titulada «Seguridad Interna y Mejoramiento de la Vigilancia Migratoria», la cual además de la construcción del muro, establece un tratamiento más severo para quienes hayan violado leyes migratorias tanto federales como estatales. Además, esta orden ejecutiva incorporó un discurso que criminalizaba a la migración indocumentada (Office of the Federal Register , 2017).
La orden ejecutiva que puso en marcha el 27 de enero de 2017 suspendió completamente el programa de admisión de refugiados sirios por tiempo indefinido e interrumpió la admisión de cualquier refugiado procedente de Libia, Irán, Irak, Siria, Somalia, Sudán, o Yemen durante 90 días. Además, implantó la prohibición de entrada al país de cualquier ciudadano con doble nacionalidad si una de ellas pertenecía alguno de los 7 países citados anteriormente y estableció un nuevo criterio a la hora de aceptar solicitudes de asilo por motivos religiosos. Esta condicionante permitía priorizar aquellas solicitudes que fueran formuladas por ciudadanos de religión cristiana, en detrimento de la musulmana (Asensio Pérez, 2017).
Las primeras consecuencias de la puesta en marcha inmediata de este decreto no tardaron en materializarse. En los aeropuertos, las autoridades impedían subir al avión a personas procedentes de alguno de los países vetados. Asimismo, fueron deportados aquellos ciudadanos, que a pesar de que residían legalmente en los Estados Unidos, no cumplían con los nuevos requisitos.
A partir de otras de las órdenes ejecutivas de esta administración, se aplicaron otras medidas que aumentaron la inestabilidad de la migración en EE. UU. A saber: la exclusión de los migrantes indocumentados de ser contabilizados en el censo; la prohibición de entrada a EE. UU. de ciudadanos provenientes de Irán, Libia, Siria, Somalia, Yemen, Venezuela, Corea del Norte, Bielorrusia, Eritrea, Kirguistán, Nigeria, Sudán y Tanzania; así como medidas de deportación más severas hacia personas migrantes no autorizadas, incluso para aquellas que llegaron al país en su infancia.
Las medidas implementadas en los EE. UU. aumentaron el control y vigilancia de los migrantes, así como las restricciones para la entrada y permanencia de forma legal al país. De este modo, millones de personas han quedado en una situación de incertidumbre legal. A su vez, se intensificaron las deportaciones, incluso de residentes extranjeros legales en el país, sin la necesidad de pruebas ante los tribunales. Las políticas de “tolerancia cero” implementadas por la administración de Donald Trump en 2018 tuvieron como consecuencia fundamental la separación masiva de familias en la frontera sur del país norteño.
Unión Europea
Luego de los sucesos del 11-S, la UE redirigió sus esfuerzos en materia de seguridad hacia la lucha contra el terrorismo. El Consejo Especial de Justicia y Asuntos de Interior, el 20 de septiembre de 2001, recomendó a los Estados reforzar los controles fronterizos, aumentar los controles de documentos de identidad y permisos de residencia, tener mayor rigor en la tramitación de los visados, vigilar los movimientos de inmigrantes regulares entre distintos países y registrar más personas en el Sistema de Información Schengen (SIS)3. Para esto, fue creada una fuerza especial, la Task Force of Chief Police Officers, sin base legal para sus actividades y se legalizó la vigilancia de personas o grupos que, de acuerdo a los criterios de esta institución, pudieran representar una amenaza para el orden público y la seguridad, por parte de agentes de policía y de inteligencia (Araujo, 2002). Este mismo órgano, reunido en Bruselas, en diciembre de 2001, llegó a acuerdos sobre el combate del terrorismo. Entre ellos, una definición muy vaga de actividades terroristas, entre las cuales se podían incluir las acciones cotidianas de varias organizaciones sociales y sindicatos.
En el año 2003, fue elaborada una Estrategia de Seguridad, muy ligada a modelos norteamericanos. Desde la perspectiva de este documento, las fronteras se habían convertido en el límite entre la seguridad local y la global y, por tanto, toda acción que redujera o controlara los flujos migratorios, tenía como propósito mantener a Europa segura. De igual modo, la Política de Seguridad y Defensa Común de la UE, presentó a la migración como una amenaza y mostró una tendencia hacia la militarización de las fronteras (Ruiz Benedicto & Brunet, 2018).
La Estrategia global de Seguridad y Justicia fortaleció las herramientas de la UE en el exterior en materia migratoria mediante la cooperación internacional. De este modo, se firmaron varios acuerdos estratégicos con países vecinos para que aceptasen a las personas deportadas, fortalecer el control fronterizo, luchar contra el terrorismo y la delincuencia (Quintero Niño, 2015).
En el año 2011 se adoptó el “Enfoque Global de la Migración y la Movilidad” (GAMM), con carácter no vinculante, que estableció el marco legal de las migraciones en la UE. Este se basó en cuatro aspectos fundamentales: inmigración legal y movilidad, inmigración irregular y trata de seres humanos; la protección internacional y la política de asilo; la maximización de la repercusión de la migración y la movilidad en el desarrollo. No obstante, los derechos humanos de los migrantes no fueron considerados un tema fundamental en este acuerdo (Nieva).
A partir de 2013, se observó la ampliación de programas de restricción de la circulación de personas y de recogida de datos biométricos. Los datos recogidos por estos sistemas se almacenan en la base de datos del EURODAC4, que permite analizar para luego establecer pautas y patrones de los movimientos. Asimismo, EUROSUR5 se implementó en calidad de sistema de vigilancia en las zonas fronterizas. Esto muestra una clara intención de controlar, monitorear y vigilar la circulación de personas.
En cuanto a la construcción de muros fronterizos, de 2 que existían en la década del 90, en el año 2017 ya sumaban 15 (Ruiz Benedicto & Brunet, 2018). Países como España, Grecia, Hungría, Bulgaria, Austria, Eslovenia, el Reino Unido, Letonia, Estonia y Lituania han erigido muros en sus fronteras para prevenir la inmigración. Además, se han aplicado controles internos regulados y normalizados por el Código de fronteras Schengen de 20066 bajo la narrativa del control migratorio y la garantía de la seguridad durante la celebración de eventos políticos (Ruiz Benedicto & Brunet, 2018). Del mismo modo, han aumentado las restricciones y el seguimiento a la circulación de personas.
La extrema derecha ha utilizado el miedo al inmigrante y la xenofobia a su favor. En este sentido, se observa un aumento de las opiniones racistas y discriminatorias, así como de la influencia de la extrema derecha con ideología xenófoba en los últimos años. Entre estos partidos se encuentran: Alternativa por Alemania (AfD), el cual no había obtenido representación parlamentaria en las elecciones de 2013 y en las elecciones del 2017 alcanzó 94 escaños; el partido polonés Ley y Justicia (PiS), que alcanzó 235 escaños en las elecciones de 2015 y la Liga Norte (LN), en Italia, que pasó de tener 18 escaños en 2013 a tener 124 en 2018 (Ruiz Benedicto & Brunet, 2018).
Por su parte, la presencia del discurso de odio en las estructuras gubernamentales se ha normalizado. Como consecuencia, el origen de una persona ha llegado a determinar su libertad de circulación y sus oportunidades en los países europeos. Más allá de fomentar políticas de defensa de los derechos humanos e igualdad, se ha incitado al racismo y la xenofobia.
Tras los sucesos del 11-S, en la UE se han implementado legislaciones más restrictivas con un impacto significativo en la situación de vida de los migrantes. Estas legislaciones se han centrado en fortalecer el control fronterizo, lo que ha dificultado su ingreso y ha llevado a un aumento en la detención y deportación de personas indocumentadas. Además, se ha producido una estigmatización generalizada de ciertos grupos, especialmente musulmanes y personas de origen árabe, lo que ha resultado en un aumento de los actos de discriminación y xenofobia hacia ellos.
Igualmente, se ha ampliado la vigilancia y control sobre los migrantes, especialmente aquellos provenientes de países considerados como de alto riesgo. Esto ha generado una mayor sospecha y discriminación hacia ellos, lo que ha afectado el ejercicio de sus libertades y derechos individuales. Asimismo, las políticas de asilo se han vuelto más restrictivas, lo que representa un impedimento para quienes buscan protección en Europa. Los cambios legislativos han generado desafíos adicionales para los migrantes y han afectado su bienestar.
Conclusiones
Entre 2001 y 2021 se ha observado cómo el diseño de las políticas migratorias y estrategias de seguridad de EE. UU. y la UE ha estado marcado por el fenómeno de securitización de la inmigración. Los atentados del 11-S significaron un cambio en la percepción de los migrantes, tanto en EE. UU. como en Europa. A partir de ese momento, se reforzaron las políticas relacionadas con el tema migratorio y se realizaron varias modificaciones a sus estrategias de seguridad. Lo anterior se tradujo en la implementación de políticas que, con el objetivo de garantizar la seguridad de su ciudadanía, han deteriorado las condiciones de vida de los migrantes y el disfrute de sus derechos y libertades.
Las posturas gubernamentales han contribuido a la creación de una visión negativa de la migración. De este modo, se han incrustado percepciones y miedos en el imaginario colectivo de las sociedades respecto a los inmigrantes, presentados como un peligro o amenaza potencial para la seguridad del país. En muchas ocasiones, estas circunstancias han sido aprovechadas para el logro de objetivos políticos, desde llegar al poder como justificar la aplicación de medidas hostiles.
El análisis de las principales medidas implementadas dentro de las estrategias de seguridad y las políticas migratorias demuestran la existencia de una concepción del migrante como un peligro en las sociedades. Estas posturas lejos de fomentar la integración de esta población en los países receptores, le otorga la condición de ciudadanos de segunda debido a la limitación de sus derechos y libertades.
Referencias
Notas
El 23 de julio del 2023 se efectuaron las elecciones generales en el Reino de España. A pesar de una victoria electoral por parte del Partido Popular, las elecciones demostraron que no existe el apoyo necesario para garantizar una gobernabilidad estable. Ninguno de los principales bloques, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), lograron obtener mayoría para formar gobierno. En este escenario, los partidos minoritarios se convirtieron en fórmula imprescindible para acceder al Ejecutivo. Esta investigación analiza el panorama político español tras las elecciones del 23 de julio, así como la constitución de las Cortes Españolas y la reelección de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno.
Palabras Clave: elecciones generales, PSOE, Partido Popular, panorama político
On July 23, 2023, general elections were held in the Kingdom of Spain. Despite an electoral victory by the Popular Party, the elections showed that there is not the necessary support to guarantee stable governance. Neither of the main blocs, the Spanish Socialist Workers’ Party (PSOE) and the Popular Party (PP), managed to obtain a majority to form a government. In this scenario, the minority parties became an essential formula for gaining access to the Executive. This research analyzes the Spanish political panorama after the July 23rd elections, as well as the constitution of the Spanish Parliament and the re-election of Pedro Sánchez as President of the Government.
Keywords: general elections, PSOE, Popular Party, political panorama.
Introducción
El 28 de mayo de 2023 se realizaron elecciones Municipales y Autonómicas en España. Los resultados electorales representaron la pérdida de varios ayuntamientos y presidencias autonómicas para el gobernante PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y su socio de gobierno Unidos Podemos (UP). El 29 de mayo, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, anunció el adelanto de las elecciones pactadas para noviembre de ese año. Dicha decisión, se comunicó a Su Majestad el Rey, Felipe VI, previa deliberación del Consejo de Ministros, según establece el artículo 115 de la Constitución Española. La fecha establecida fue el domingo 23 de julio. El proceso eleccionario se desarrolló en un escenario de ascenso de los movimientos de extrema derecha en Europa y bajo los efectos del conflicto ruso - ucraniano.
El adelanto electoral respondía a una estrategia política del PSOE, que le permitiría desarrollar una rápida campaña electoral con el objetivo de mantener la jefatura del gobierno e impedir la asunción de un gobierno del Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox. Buscaba, además, revalidar los resultados obtenidos en 2019 y mantener el control del ejecutivo para continuar con una agenda de gobierno progresista, enfocada en la igualdad de género, la transición ecológica y la defensa de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Su Secretario General, como respuesta al resultado obtenido, inició una campaña enfocada en desarticular la difamación y el descrédito a su gestión gubernamental, desarrollada por parte de la derecha y los medios de comunicación “derecha mediática”.
El pésimo resultado de UP y la división de los partidos progresistas en las elecciones de mayo, contribuyó a la victoria del bloque derechista PP-Vox. Un reto importante para los partidos progresistas fue lograr la unión de las fuerzas de izquierda y su integración al movimiento Sumar, presidido por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz Pérez. Se logró la unión de Más País, Podemos, Izquierda Unida, Verdes Equo y Alianza Verde, y otras formaciones políticas a nivel autonómico para presentar la única candidatura a la izquierda del PSOE.
El PP, tras la asunción de su actual presidente, Alberto Núñez Feijóo, se propuso llegar al gobierno. Los populares centraban su propuesta de gobierno en “derogar al sanchismo”1 y aplicar una agenda moderada, con políticas económicas neoliberales y reforzar la unidad del Reino. La propuesta de gobierno y las altas cuotas de confianza que daban las encuestas, se fueron derrumbando con el avance de la campaña y las reiteradas mentiras expuestas por su candidato. En las elecciones municipales y autonómicas, el PP logró la presidencia de la mayoría de comunidades y alcaldías de la nación ibérica.
Vox, tercera fuerza política dentro del Congreso, presentó una agenda reaccionaria, en detrimento de las minorías y contra el Estatuto de Autonomía. Los temas centrales fueron la necesidad de disminuir el papel del Estado en la sociedad y la economía, y la negación de la violencia de género y los efectos del cambio climático. Pretendían promover una respuesta dura a los movimientos independentistas. Su principal objetivo precampaña era formar parte de un gobierno presidido por el PP.
La presente investigación se propone analizar el panorama político español tras las elecciones del 23 de julio del 2023 (23J) y la reelección de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Para ello se valorará la gestión del Gobierno de coalición PSOE-UP (2019-2023), así como el papel de la oposición y los medios de comunicación durante la legislatura y la campaña. Se caracterizarán, además, los programas de gobierno de los principales partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y, finalmente, se analizarán los resultados electorales y la constitución de las Cortes.
Desarrollo
Gestión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez en el período 2019-2023:
Tras las elecciones generales del 10 de noviembre del 2019, y la constitución del Parlamento de la XIV Legislatura, el Congreso de los Diputados aprobó la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. El voto a favor de PSOE, UP, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Más País, Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Teruel Existe y Nueva Canarias; así como la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, posibilitaron el ascenso de Sánchez por segunda vez al Ejecutivo, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, en junio del 2018.
El 7 de enero del 2020 nace el primer gobierno de coalición en más de 40 años de democracia española. Esta legislatura estuvo marcada por un complejo escenario nacional e internacional: la pandemia de Covid-19, el conflicto ruso-ucraniano, la erupción del volcán La Palma, olas de calor e incendios forestales. A dicho panorama se añade la presión de un Parlamento polarizado y una oposición que permaneció durante toda la legislatura frenando las propuestas del Ejecutivo.
Sin embargo, la resiliencia de la coalición se manifestó en la producción legislativa generada durante cuatro años; con más de 192 normas aprobadas, de las cuales más de 110 fueron leyes (Flores, 2023). Esto se debió a una alta capacidad de negociación a la hora de lograr un consenso entre partidos con diversas visiones políticas.
El Gobierno libró una ardua batalla por la recuperación de los derechos sociales perdidos durante la gestión del PP e impulsó un programa económico y social en defensa de las minorías. Como resultado de su gestión: aumentó la generación de empleo, se avanzó en la aplicación de una agenda para la transición ecológica, se condenó todo tipo de discriminación y se asumió el compromiso del Estado para enfrentar los efectos del cambio climático.
La legislatura estuvo marcada ineludiblemente por la pandemia de la COVID-19, desatada a solo un mes de que se constituyera el gobierno de coalición, lo cual obligó a realizar numerosas acciones para disminuir su impacto. Las medidas contemplaron desde el sustento legal del confinamiento de los ciudadanos hasta la creación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Una medida trascendental fue la Ley de Reforma Laboral, aprobada en el Real-Decreto 32/2021. Dicha ley garantizó la estabilidad en el empleo, la transformación del mercado laboral y la construcción de relaciones laborales alejadas de la precariedad y garantizando el trabajo con derechos, como lo expresa el artículo 9.2 de la Constitución. Los resultados fueron inmediatos y se puede afirmar que fue un gran logro del gobierno. A finales de 2023, el número de ocupados fue de 21 247 000 afiliados a la seguridad social. Con estas cifras, España contó con el mayor número de ocupados de su historia y la menor cifra de parados en más de 14 años. (DatosMacro, 2023)
A su vez, se promovieron otras iniciativas como la revalorización de las pensiones acorde con el Índice de Precios al Consumidor, medida que posibilitó una pensión media de 1200 euros. También se llevaron adelante reformas para ampliar los derechos del colectivo LGTBIQ+, fomentar la autonomía de las mujeres que decidan interrumpir un embarazo y la protección de las víctimas de agresión sexual (“Solo sí es sí”).
No obstante, la economía española estuvo gravemente perjudicada. Por un lado, la pandemia de la COVID-19 desencadenó la mayor caída anual del PIB (Producto Interno Bruto) (11,3 % en 2020) en tiempos de paz desde 1868. Por otro, la guerra ruso-ucraniana generó la inflación más elevada (10,8% en julio del 2022) desde 1984 (Bernardo, 2023).
En marzo del 2023, España logró recuperar la producción obtenida en diciembre del 2019. Tardó tres años y tres meses en obtener este resultado, siendo uno de los países que más tarde ha cumplido con esta meta dentro de la Unión Europea (UE), pues en el primer trimestre del 2023 solo Alemania y Chequia no lo habían conseguido. La lenta recuperación fue en parte debido a la gran crisis del turismo en el 2020, la escasez de ayuda directa a empresas y a un confinamiento más largo que en el resto de Europa. (Bernardos, 2023)
Actualmente, el PIB registra un crecimiento del 0,5% y se pronostica un crecimiento del 2% anual, en un escenario marcado por una ralentización del crecimiento en Europa (Bernardos, 2023). Los indicadores macroeconómicos arrojan buenos resultados, pero la inflación continúa en ascenso y el poder adquisitivo de los españoles disminuye. La gestión de gobierno fue acertada en tan complejo escenario, sin embargo, la percepción de la población es contraria a los indicadores macroeconómicos.
En relación a la unidad nacional, se puede afirmar que el gobierno logró rebajar las tensiones en Cataluña y disminuir la influencia del independentismo. El Ejecutivo otorgó indulto a los condenados por el “Proceso Catalán”2 y mantuvo un diálogo constante con el principal partido independentista, ERC. Los resultados electorales del Partido Socialista Catalán3 mejoraron por la gestión de la crisis desatada por la declaración unilateral de independencia, convirtiéndose en el partido más votado en la Comunidad Autónoma.
España cuenta con una deuda pública que se incrementó debido a los esfuerzos desarrollados por combatir la pandemia y con un PIB per cápita precrisis que apenas se pudo recuperar. A pesar de tener una economía que creció, ofreció un balance negativo luego del 2020. La nación tiene grandes retos que enfrentar y mucho por hacer para eliminar el balance negativo que enfrenta su economía.
Programas Políticos:
Con la convocatoria anticipada a elecciones se dio inicio a una nueva contienda electoral. Los partidos políticos comenzaron una campaña que tuvo a los medios de comunicación como principal tribuna. La profunda tradición bipartidista y las encuestas vaticinaban dos únicos posibles ganadores: Feijoó (PP) o Sánchez (PSOE). Los programas políticos abarcaron las preocupaciones del Reino y plasmaron las propuestas de gobierno. A continuación, se caracterizan y valoran los programas de las cuatro formaciones que se presentaron a nivel nacional: PP, PSOE, Sumar, Vox.
Partido Popular:
El PP enfrentó las elecciones generales con la intención de revalidar los resultados obtenidos en las municipales y autonómicas. La llegada a la Presidencia del Partido de Alberto Núñez Feijoó, el 2 de abril de 2022, levantó las expectativas de los populares de llegar al gobierno. Feijóo, avalado por una larga hoja de servicio dentro del PP y cuatro veces Presidente de la Junta de Galicia, se presentaba como el candidato de la moderación.
El programa electoral del PP condenó las políticas aplicadas por el gobierno de coalición y prometió un ejecutivo sin los partidos progresistas e independentistas. Derogar el sanchismo era su principal promesa electoral. Las medidas de corte neoliberal en lo económico y conservador en lo social pretendían devolver a España 20 años atrás en materia de igualdad y derechos de las minorías. La política fiscal propuesta busca beneficiar a los grandes poderes económicos en la nación.
Partido Socialista Obrero Español:
El Partido Socialista aspiraba a mantenerse frente al ejecutivo y recibir el apoyo mayoritario de la sociedad española. La campaña electoral contempló el papel activo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y una amplia participación de su candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, en entrevistas y debates de los principales medios de comunicación nacionales.
En materia ambiental, los socialistas proponían la transición ecológica, combatir los efectos del cambio climático, preservar la biodiversidad de España y la defensa de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. En lo social, aspiran a consolidar los logros obtenidos en el periodo 2019-2023, así como ampliar la cobertura de los sistemas sanitario y educacional; mantener la ayuda a las familias vulnerables con el ingreso mínimo vital4; combatir la desigualdad social y erradicar la pobreza. El programa económico se sustentaría en un papel interventor del Estado en la economía, la ayuda a los autónomos y una política fiscal para beneficio de los segmentos sociales más desfavorecidos.
Vox:
El partido presidido por Santiago Abascal asumió el cronograma electoral tras alcanzar su mejor resultado regional y formar parte del gobierno de varias comunidades autónomas. El objetivo central de su programa era sacar del gobierno a Pedro Sánchez y a los “enemigos de España”5.
Vox proponía ir en contra del estatuto de autonomía, reconocido en la Constitución, y centralizar competencias a las comunidades. Su programa no reconocía la pluralidad del Estado español y enfrentaba a los movimientos independentistas y nacionalistas; no reconocía el uso de lenguas cooficiales6, reconocidas en la Carta Magna. La violencia de género es reinterpretada y asumen el término violencia doméstica en rechazo a las políticas del gobierno en materia de igualdad de género. El colectivo LGBTIQ+ es minimizado y aspiraban a un retroceso en sus derechos.
El programa proponía reducir programas de beneficio social, una postura de tolerancia cero a la emigración ilegal, fundamentalmente a la africana. Económicamente, su programa careció de fortaleza y solo contempló un liberalismo desproporcional que limita el papel del Estado a promulgar los valores tradicionales de la sociedad española. Por lo que Vox aspiraba a compartir el gobierno de la nación con el PP.
Sumar:
El principal reto que enfrentaron las fuerzas de izquierda fue lograr una candidatura única. Yolanda Díaz integró a todas las fuerzas progresistas en el movimiento Sumar, con el objetivo central de impedir un gobierno PP-Vox. La coalición se enfocó en promover la inclusión social, el desarrollo económico sostenible y mejorar la calidad de vida de la población.
Sumar promovía un acceso univers a la salud, educación y vivienda. En lo económico, incentiva la innovación, la inversión en sectores estratégicos de la economía, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y continuar en el camino de la transición ecológica. La propuesta más osada del programa fue la de implementar una herencia universal de 20 000 euros para todos los ciudadanos al alcanzar la mayoría de edad, con la intención de alcanzar igualdad de oportunidades.
En materia fiscal, se propuso implementar un impuesto a las grandes fortunas y disminuir las cargas a los ciudadanos con menores ingresos. El movimiento no estuvo exento de complejidades y contradicciones entre las fuerzas que lo integran, sin embargo, el objetivo fundamental de aglutinar las fuerzas progresistas y lograr una candidatura única se cumplió.
Papel de los medios de comunicación y las encuestadoras en el proceso electoral.
Los medios de comunicación con mayor audiencia en España responden a los intereses de las élites empresariales y financieras, por lo que su proyección es conservadora. Periodistas de amplia popularidad como Ana Rosa Quintana, Federico Jiménez Losantos y Carlos Herrera emprendieron una fuerte campaña contra el Gobierno. Los medios normalizaron el insulto y el ataque al ejecutivo con el calificativo de Gobierno Frankenstein, en referencia a su condición de gobierno de coalición, y se demonizó al Presidente del Gobierno.
El término “sanchismo”, acuñado por la derecha, pretende calificar al ejecutivo de autoritario y antidemocrático. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, popularizó la expresión “que te vote Txapote7”, en alusión al apoyo de EH Bildu a legislaciones propuestas por el gobierno. La utilización del Avión Oficial por el premier español acaparó titulares por ser denominado una burla a los españoles. En respuesta, el Presidente del Gobierno acudió a numerosos espacios televisivos, donde rebatió las acusaciones en su contra y con un significativo impacto en la intención de votos.
El candidato del PP prefirió hacer un uso moderado de los medios por las polémicas que provocaron los acuerdos de gobierno, en ayuntamientos y comunidades, con la ultraderecha y las fuertes críticas de los medios progresistas por las desinformaciones y falsedades expresadas durante sus intervenciones. Feijóo aceptó un único debate cara a cara con el candidato socialista. El debate realizado en la cadena Atresmedia transcurrió en tono de confrontación, y tuvo continuas interrupciones (Lara, 2023).
Los portavoces de los siete grupos parlamentarios8 protagonizaron un debate en la estatal Radio Televisión Española (RTVE), donde expusieron sus programas electorales y pidieron el voto a sus electores. En la misma cadena se pactó un debate con los cuatro candidatos a presidir el gobierno de los partidos que se presentaron a nivel nacional: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Yolanda Díaz (Sumar) y Santiago Abascal (Vox). El candidato popular declinó la invitación por no estar presente los líderes de los partidos nacionalistas e independentistas. El debate, realizado con los 3 candidatos que aceptaron, mostró una ultra derecha sin apoyos y aires de triunfalismo en las filas populares. La izquierda, por su parte, mostró un proyecto sólido de nación con importantes puntos de convergencia.
Las encuestas realizadas por medios como la Cadena Ser, el Periódico País y demás cadenas otorgaban amplia mayoría a la alianza PP-Vox, incluso una posible mayoría absoluta de los populares en solitario. Sobre las demás formaciones involucradas, vaticinaban un descalabro electoral, especialmente los gobernantes PSOE-UP. El Centro de Investigación Sociológica (CIS) tuvo el mayor acercamiento con lo que ocurrió el 23 de julio, pese a la acusación de la derecha y la derecha mediática de apoyar al PSOE y manipular los datos. El desacierto de las encuestas respondió, más que al azar, a una intención de mostrar a los electores una realidad construida.
Jornada electoral y conformación de las Cortes Generales:
El 23 de julio se desarrollaron las elecciones generales en toda España. La jornada se caracterizó por una alta participación, alcanzando una concurrencia del 70,38%, una cifra alta teniendo en cuenta que se efectuaron en el período estival. (España,2023)
El resultado del escrutinio arrojó una victoria del PP en el Congreso con 8 091 840 votos (33,05%) y con 137 diputados. El PSOE obtuvo 7 760 970 papeletas (31,70%) y 121 escaños. Vox, con una considerable pérdida, fue la tercera fuerza política 3.033.744 (12,39%) y 33 representantes. Sumar alcanzó 3.014.006 (12,31%) y 31 parlamentarios. ERC y Junts obtuvieron 7 diputados cada uno, EH Bildu tuvo 6 y PNV tuvo 5. Las representaciones de Coalición Canaria (CC), UPN y BNG alcanzaron un escaño por formación. En el Senado el PP alcanzó la mayoría absoluta con 120 senadores, seguido por el PSOE con 72, Izquierda por la Independencia 7, PNV 4, Unión del Pueblo Navarro (UPN) 1 y Junts 1. (España, 2023)
A pesar de que el PP obtuvo la mayor cantidad de votos y, consecuentemente, diputados, estuvo lejos de los resultados que las encuestas pronosticaban. La suma de los asientos obtenidos por PP-Vox no alcanzaron los 176 diputados para obtener la mayoría absoluta.
El bloque progresista no obtuvo tampoco los asientos suficientes para gobernar de forma absoluta; por lo que España quedó sumida en un contexto de difícil gobernabilidad que podía ser alterado por diferentes factores.
Los resultados fueron reflejo de la pluralidad y la diversidad presentes en España. El bipartidismo se fortaleció, pese a no existir mayorías absolutas. La ultra derecha vio reducida su representación, al igual que el independentismo catalán disminuyó representación e intención de voto en Cataluña. EH Bildu lideró los votos en el País Vasco y alcanzó cifras históricas.
El 17 de agosto se efectuaron las elecciones de la Mesa del Congreso de los Diputados y el Senado. En la jornada quedó investida como Presidenta del Congreso la socialista Francina Armengol, con 178 votos de los 176 necesarios en la primera vuelta. El apoyo de las ERC, Sumar, Junts, PNV y EH Bildu a la candidata del PSOE vaticinó un posible entendimiento para la elección del Presidente. Es importante destacar que Vox quedó fuera de la mesa y no apoyó a la candidata del PP, Concepción Gamarra. Por su parte, el Senado, con mayoría absoluta del PP, invistió al popular Pedro Manuel Rollán Ojeda como su Presidente.
Luego de constituidas las Cortes Generales y tal como establece la Constitución, Felipe VI se reunió con los líderes de las formaciones con representación parlamentaria. A la consulta del Jefe del Estado no asistieron los independentistas Junts y ERC, así como EH Bildu y BNG. Luego de esa sesión, el Jefe del Estado encargó a Núñez Feijóo la conformación del gobierno. La decisión respondió a la tradición de proponer al candidato que más apoyo demostró en las consultas.
Durante la sesión de investidura, 26 y 27 de septiembre, el líder del PP presentó su programa de gobierno y se sometió a una elección que nunca tuvo posibilidad de ganar. En ningún caso alcanzó la mayoría para ser investido, pese a su llamado a los diputados socialistas a que votaran por el bien de España.
Luego de la segunda consulta, Felipe VI encargó a Pedro Sánchez que formara gobierno. El líder socialista inició unas largas negociaciones para conseguir los votos del independentismo y mantener el control del Ejecutivo. Entre las exigencias de los independentistas catalanes se acordó la redacción de una ley de amnistía, así como el apoyo a la utilización de los idiomas cooficiales en el parlamento, la concesión de competencias como los ferrocarriles a la Generalidad y la condonación de parte de la deuda catalana al Estado.
El 16 de noviembre fue investido Pedro Sánchez como Presidente de un nuevo gobierno de coalición PSOE-Sumar. La elección del socialista pone fin al proceso electoral pero no resuelve la crisis de gobernabilidad existente en la nación ibérica, pues los apoyos del gobierno se sustentan en débiles alianzas con formaciones de diversas visiones políticas. Mientras la oposición es fuerte y de gran representación, con la determinación de bloquear la legislatura y forzar una redición electoral.
Conclusiones
Las elecciones generales arrojaron dos modelos de España diferentes. Un modelo de España progresista que continúa trabajando por los derechos de igualdad y oportunidades, una nación europeísta comprometida con la transición ecológica que cree en la convivencia, en la diversidad y en el diálogo como herramienta principal de progreso social. Por otro lado, un modelo de España negacionista del cambio climático, alejada de los principios de igualdad y justicia europeos, que representa un retroceso significativo en derechos sociales y de las minorías, con una economía entregada al gran capital.
El modelo bipartidista PP-PSOE se vio reforzado frente a la caída de modelos alternativos que surgieron en la última década. La ultraderecha y la izquierda disminuyeron su representación parlamentaria en relación a las elecciones anteriores. No obstante, pese a obtener resultados inferiores, los partidos minoritarios se han convertido en fórmula imprescindible para la gobernabilidad del Estado. El independentismo, por su parte, perdió escaños en el Congreso, pero tuvo el poder para impedir un gobierno de ultras y conservadores.
El proceso reafirmó el papel de los medios de comunicación en la percepción de los escenarios de política y el apoyo a una formación u otra. El uso de las encuestas por los medios conservadores respondió a una visible intención de mostrar a los electores una realidad construida que beneficiaba a la derecha política.
El panorama político español, luego de que Pedro Sánchez fuera reelecto, refleja un escenario de posible inestabilidad. El PSOE logró mantener la presidencia del gobierno sin una mayoría parlamentaria que garantice estabilidad a la legislatura. Por tanto, España enfrenta la necesidad de que sus dos principales partidos logren superar sus divergencias y se gobierne sin presiones ni compromisos.
Bibliografía
Notas
Los proyectos para la integración económica en Centroamérica constituyen uno de los primeros intentos con este objetivo en el mundo. Ante el proceso de globalización, los Estados centroamericanos tienen, en la integración, un medio estratégico para insertarse en el sistema internacional. Con esta visión fue constituido el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Varios factores han imposibilitado avanzar en la agenda de la integración. Entre los principales, destacan: asimetrías en los niveles de desarrollo económico entre los países que lo conforman, estancamiento del comercio intrarregional, conflictos entre los Estados y debilidad de las instituciones del Sistema. A partir de la crisis provocada por la Covid-19, se hizo más latente la necesidad de integrar estos pequeños países frente a los grandes bloques económicos que se conforman en el mundo. Los retos que este proyecto tiene por delante se derivan de la superación de las principales dificultades antes expuestas. Debido a ello, el objetivo de la presente investigación es: evaluar los principales retos del SICA como mecanismo de integración a partir de 2021.
Palabras clave: integración económica, SICA, comercio.
The projects for economic integration in Central America are one of the first attempts to achieve this objective in the world. In the face of the globalization process, the Central American States have, in integration, a strategic means to insert themselves into the international system. It was with this vision that the Central American Integration System (SICA) was created. Several factors have made it impossible to advance the integration agenda. Among the main ones, the following stand out: asymmetries in the levels of economic development among its member countries, stagnation of intra-regional trade, conflicts between States and weakness of the System’s institutions. Since the crisis caused by Covid-19, the need to integrate these small countries in the face of the large economic blocs in the world has become more evident. The challenges that lie ahead for this project derive from overcoming the main difficulties mentioned above. Therefore, the objective of this research is: to evaluate the main challenges of SICA as an integration mechanism since 2021.
Keywords: economic integration, SICA, trade.
Introducción
Los esfuerzos por la integración de Centroamérica fueron de los primeros con este objetivo en el mundo. Tres momentos destacan en la historia del proceso: la República Federal Centroamericana, entre 1823 y 1839; la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), entre 1951 y 1991; y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que mantiene su funcionamiento desde 1991.
Además, en la región también destacan experiencias que, aunque no han formado parte de proyectos integracionistas como los mencionados anteriormente, han evidenciado las ventajas del trabajo colectivo entre estos países. En 1983 se creó el llamado Grupo Contadora, con el objetivo de servir como mediador para encontrar la paz en Centroamérica. Si bien la iniciativa encontró el infranqueable obstáculo de la resistencia del gobierno del presidente Ronald Reagan, su trabajo promoviendo el diálogo entre partes enfrentadas sirvió como antecedente a los esfuerzos pacificadores posteriores. Este también constituye un ejemplo para las actuales instituciones del SICA.
Por su parte, el SICA fue constituido el 13 de octubre de 1991, mediante la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa. El mecanismo de integración fue creado por: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Posteriormente, se adhirieron, como miembros plenos, Belice en el año 2000 y, a partir de 2013, la República Dominicana. El SICA declara, como objetivo fundamental, la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo (SICA, s.f.).
Para la consecución del objetivo anteriormente expuesto y otros, el Sistema cuenta con un marco institucional, que le facilita contribuir y garantizar los propósitos y principios de la integración regional. El Protocolo constitutivo estableció los siguientes órganos: la Reunión de Presidentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General (SICA, s.f.).
A pesar de reconocer, desde el inicio, las ventajas de la integración para estos pequeños países, las diferencias políticas entre sus miembros provocaron el fracaso de los dos primeros intentos y, en cierta medida, el estancamiento del SICA. A las dificultades derivadas de conflictos políticos y otras estructurales de la economía centroamericana, se añade la crisis multidimensional provocada por la pandemia de coronavirus. Esta agravó la situación de todos los países del mundo, pero, especialmente, a países pequeños como los centroamericanos, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de cada uno de estos para enfrentar los retos de forma individual.
Debido a lo anterior, la presente investigación se propone como objetivo general: evaluar los principales retos del SICA como mecanismo de integración a partir de 2021.
Además, el análisis se centrará en los seis países fundadores del SICA como casos de estudio y teniendo en cuenta su participación en el mecanismo en el periodo que se toma como antecedente (2010-2020). La mayor parte de las fuentes de información fueron encontradas en Internet, principalmente los estudios sobre el tema que ha realizado la CEPAL y la información ofrecida por el sitio web del SICA.
Desarrollo
Situación de la integración en el período 2010-2020.
El 20 de julio de 2010, en reunión extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA (a excepción de Nicaragua), fue relanzado el programa de la integración, con la aprobación de un nuevo Plan de Acción. En este documento se definieron los cinco pilares que constituirían, a partir de entonces, la prioridad para la agenda del mecanismo. Estos son: seguridad democrática, prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos del cambio climático, integración social, integración económica y fortalecimiento de la institucionalidad regional (SICA, s.f.).
Esta reunión volvió a ubicar, en la agenda regional, el fortalecimiento de la integración, después de varios años de inercia y ausencia de avances significativos. En el periodo posterior a 2010, es posible constatar algunos progresos, fundamentalmente, en materia de comercio intrarregional y fortalecimiento institucional.
Es necesario tener en cuenta que, desde 1990 y hasta aproximadamente 2010, los países del istmo adoptaron diferentes variantes del modelo económico neoliberal. La inserción de estos países en la economía internacional, que se profundizó durante este periodo, se subordinó a la globalización financiera y a la regionalización comercial fuertemente asociada a las relaciones con Estados Unidos. Por tanto, de este país dependía una parte importante del comercio centroamericano. En adición, las fronteras comerciales fueron abiertas al capital extranjero. Si bien la situación anterior se mantuvo de forma general a partir de 2010, el comercio intrarregional creció hasta 2021, ganando espacio tanto las importaciones como las exportaciones entre los países del área.
Según el informe elaborado por Martha Cordero para la CEPAL (2016), es posible subrayar que el mercado intrarregional fue el segundo destino de las exportaciones centroamericanas (con más del 20%) hasta 2016, cifra muy superior a la del porcentaje del comercio intrarregional en los demás procesos de integración en América Latina. De acuerdo con este dato, la integración centroamericana ostentó cifras suficientes de comercio intrarregional para ofrecer incentivos a sus Estados miembros de invertir teniendo en cuenta este mercado.
La misma fuente considera que, además, era posible diseñar estrategias para incrementar el comercio y el valor agregado regional de dicho comercio. No obstante, no se tuvo el necesario impulso político para continuar con las negociaciones pendientes y perfilar una estrategia más coherente y compacta respecto de los acuerdos comerciales con terceros (Cordero, 2016).
Si bien el comercio intrarregional no compensó la contracción del comercio exterior durante la crisis internacional de 2008 y 2009, después de cifras muy negativas en el 2009, las exportaciones intrarregionales se elevaron más que las extrarregionales a partir de 2010 (Cordero, 2016). Este dato evidencia un avance y, aunque es resultado de la crisis y la disminución de la demanda desde el exterior de los productos centroamericanos, también es posible observar cierto aumento del interés de los países por aprovechar el mercado interno a partir del 2010.
Otro elemento de importancia a considerar es la Unión Aduanera (UA) entre Guatemala y Honduras, creada en 2015. Aunque este instrumento ha facilitado, como era de esperar, el flujo comercial entre estos países, aún se constatan deficiencias para su avance. En 2018, se incorporó El Salvador a la Unión, pero el cambio de gobierno, en 2019, supuso un estancamiento en su adhesión al mecanismo, pues ha faltado, nuevamente, voluntad política para avanzar en su implementación.
La paralización del ingreso salvadoreño no solo ha impedido expandir el territorio de la UA, sino que también se ha convertido en un obstáculo para el avance y perfeccionamiento de este vínculo comercial entre Guatemala y Honduras. Esto es debido a que las decisiones sobre la operación de la Unión deben ser tomadas por la instancia ministerial, a la que se ha incorporado formalmente El Salvador, pero que no se está reuniendo regularmente y, por lo tanto, no ha podido adoptar las decisiones necesarias para avanzar en la fase de perfeccionamiento de la unión aduanera entre los otros dos países.
Respecto de la institucionalidad, en el periodo se regularizaron las reuniones de presidentes y se reforzó el papel coordinador del Consejo de Ministros. En este momento también se reforzaron las relaciones políticas y económicas del SICA con la Unión Europea (UE). Esta última unidad mantuvo su contribución y asesoría al mecanismo centroamericano.
No obstante los avances señalados, el Plan no esclareció, en su momento, objetivos específicos para cada una de las prioridades. En este sentido, contar con una agenda concreta resultaba imprescindible debido a la ausencia de financiamiento suficiente en torno a la integración y la necesidad de contar con los apoyos de la cooperación internacional. Esto hubiera permitido no solo presentar una propuesta más clara de cara a la ayuda externa, sino también poder evaluar de mejor forma los resultados del avance. De ahí que esta constituyera una de las principales deficiencias de la declaración y el Plan aprobados.
Por otra parte, no se logró romper con la inercia de las presidencias pro témpore. El fortalecimiento de los liderazgos regionales no se logró y de esto dependía el aseguramiento de la Hoja Ruta conveniada y la evolución del proceso.
Tampoco se lograron disolver las diferencias políticas. Las relaciones bilaterales, así como la posición de estos países en los foros multilaterales, demostraban que aún persistían conflictos del pasado. Ejemplos esclarecedores constituyen las polémicas sostenidas entre varios países de la región con Nicaragua y la posición ante la crisis política en Honduras, en el propio año 2010.
Aunque estadísticas llevadas por la Secretaría General revelan que se ha alcanzado un alto nivel de convergencia en temas centrales de las relaciones internacionales, resultó notoria la participación individual de estos países en cumbres, fundamentalmente las hemisféricas (de las Américas, CELAC o Alianza del Pacífico) (Caldentey, 2014).
Las prioridades del SICA, formalmente declaradas en 2010, no se volvieron a reformular ante las deficiencias presentadas ni ante escenarios tan complejos como la pandemia por Covid-19. Con la detección de los primeros casos en la región y el estado de emergencia en la mayoría de los países miembros, solo se produjo un cambio en la actividad práctica del mecanismo, que tuvo que redirigir sus esfuerzos en este sentido.
Enfrentamiento a la pandemia por Covid-19
La crisis sanitaria global vinculada a la Covid-19 (SARS-Cov-2) sacó a flote tensiones en todos los sistemas políticos del planeta, así como los sistemas económicos y sociales. Los Estados más débiles o vulnerables tuvieron que hacer frente a situaciones de emergencia para proteger a su población, a pesar de la escasez de recursos económicos, materiales y humanos. Pero no sólo se puso a prueba a los Estados, sino también a las organizaciones internacionales y regionales. Tras haber extendido, durante dos décadas, sus roles y su lugar en los sistemas de gobernanza multinivel, estas intervinieron lógicamente en esta crisis sanitaria global (Parthenay, 2021).
En América Central, el impacto de la pandemia estuvo asociado a su estado de vulnerabilidad, expresada en términos de desarrollo socioeconómico (con excepción de Costa Rica y Panamá). La debilidad de los sistemas estatales, que tiene sus raíces en una estructura de acumulación capitalista desigual heredada de la colonización y en dinámicas políticas características del periodo contemporáneo (neopatrimonial, corrupción), explica los muy bajos niveles de gasto público en salud y la fragilidad de la capacidad de reacción ante un escenario pandémico (infraestructura de acogida, materiales y productos médico-farmacéuticos). Por ello, las intervenciones exteriores, mediante apoyo técnico y ayudas financieras, constituyeron un elemento esencial para el funcionamiento de las políticas de salud, en general, y para la gestión de la crisis.
Entre los aciertos del SICA, puede identificarse la activación, muy rápidamente, del conjunto institucional regional, con un esfuerzo significativo de coordinación entre organismos regionales: la SE-Cepredenac (Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana), la SE-Comisca (Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana), y la SG-Sica (Secretaría General del Sica), para la elaboración de un plan regional, titulado “Plan de contingencia” (Parthenay, 2021).
Como parte de este plan, se adoptaron medidas excepcionales de ayuda que apoyaron a los Estados miembros directamente, mediante fondos no reembolsables (extensión de los fondos de emergencia por el Banco Centroamericano de Integración Económica) o mediante financiaciones indirectas que facilitaron el acceso a los mercados farmacéuticos a costo reducido (negociación conjunta). Además, a través del SICA, se canalizaron ayudas exteriores provenientes de la Organización Panamericana de la Salud, otras dependencias de Naciones Unidas, instituciones cooperantes, fundamentalmente europeas y gobiernos de países como Estados Unidos. A esto se sumaron las ayudas recibidas de forma individual por cada uno de los países miembros (Parthenay, 2021).
Por otra parte, cabe señalar que, en la fase inicial de elaboración de las respuestas regionales, el SICA trabajó en un contexto de despolitización deliberada por parte de los Estados, dejando un lugar preponderante a las dimensiones técnicas de gestión de la crisis. Esta orientación hacia la técnica contribuyó a la producción de bienes colectivos regionales (datos e información, material, peritajes, etcétera) que influyeron positivamente en la legitimidad de los órganos regionales, a menudo despreciados por su eficacia relativa debido a la falta de voluntad política (Parthenay, 2021). El imperativo de prevenir y anticipar los riesgos de expansión pandémica favoreció, en gran medida, este predominio de la técnica sobre la política.
El SICA, como otros mecanismos regionales y de alcance interregional, ha limitado su acción efectiva a periodos coyunturales de grandes crisis. Tal ha sido el caso de fuertes huracanes que han azotado esta región cuando las instituciones han actuado durante la recuperación. Esto es una de las causas principales de la incredulidad sobre el trabajo del Sistema. Sin embargo, la actuación ante determinadas coyunturas permitió contar con las experiencias necesarias para el enfrentamiento a la pandemia entre 2020 y 2021.
La actuación práctica durante los dos años de enfrentamiento a la Covid-19 demostró que la integración es fundamental para estos pequeños países. Las economías vulnerables de la mayoría de estos sufrieron graves consecuencias, como se ha visto, a raíz de la crisis generada por la pandemia. Aunque la situación, como en el resto del mundo, desbordó los sistemas sanitarios y provocó grandes privaciones para la población, la respuesta dada pudo contener peores resultados gracias al trabajo conjunto de los países y de las instituciones del SICA.
Retos del SICA en el periodo post pandemia.
Como se explicó, anteriormente, el Plan de Acción de 2010, si bien trazó a grandes rasgos una hoja de ruta, no resultó suficientemente explicativo ni práctico en la elaboración los objetivos específicos para cada elemento declarado como prioritario. Además, se obviaron diversos factores que inciden en el estado actual de la integración en Centroamérica.
Según los datos ofrecidos por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA, 2022) , los porcentajes del comercio intrarregional de bienes continúan estables: 28,9% de las exportaciones y el 15 % del valor de las importaciones. Aunque el mercado centroamericano se sitúe en segunda posición para ambas actividades comerciales, los niveles de intercambio no cumplen aún las expectativas propuestas ni las que potencialmente pudieran aprovecharse. Estas cifras, que se presumían como favorables diez años atrás, no han podido superarse como era de esperar.
Como se describe en el informe “Patrones de desarrollo económico en los seis países de Centroamérica (1950-2018)”, para muchas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) el mercado regional sigue siendo vital, tanto para el abastecimiento de insumos como para la venta de sus productos. La persistencia del espacio de libre comercio, más los sólidos lazos de relaciones económicas generados por décadas de existencia del Mercado Común Centroamericano, continúan generando dinamismo a los intercambios intrarregionales, pese a las prioridades establecidas en las políticas económicas de los gobiernos (Bielschowsky, Castro y Beteta, 2019).
Al igual que en décadas atrás, las exportaciones intrarregionales se centran en tres países: Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Por lo demás, las políticas nacionales han estado más bien orientadas a aprovechar los tratados de libre comercio bilaterales o negociados “regionalmente” (parecen tratados bilaterales firmados conjuntamente), lo que ha llevado a privilegiar las industrias de perfeccionamiento activo o que trabajan en zonas francas, cuyos productos son comercializados extrarregionalmente (Bielschowsky, Castro y Beteta, 2019).
A pesar del aumento de la actividad comercial interregional, la región continúa dependiendo de mercados extranjeros, fundamentalmente Unión Europea y Estados Unidos, al efectuarse con este país aproximadamente el 32% del intercambio de toda la región (SIECA, 2022). Otro factor a considerar son los ingresos recibidos a través de las remesas. Estas constituyen una de las principales fuentes de ingreso, principalmente para El Salvador y Honduras. Esto, además de presentarse como manifestación de la dependencia económica, provoca inestabilidad financiera en la región sujeta a los flujos migratorios y políticas de envío de los países receptores de migrantes. También es uno de los medios más efectivos por el que se ejerce presión a estos países.
Sin embargo, Centroamérica no ha sido ajena al contexto global y a la crisis del sistema liberal ordenado por Estados Unidos. Un elemento nuevo del periodo post Covid-19 es el aumento de la presencia de la República Popular China (RPCh) en la región. Según el informe del SIECA (2022), el país asiático se ha posicionado como tercera y segunda fuente de exportaciones e importaciones respectivamente. Al cierre de 2023, solo Belice y Guatemala no reconocían a la RPCh1. Por tanto, la mayor parte de los países de la región privilegiaron las relaciones con este país, en detrimento de sus históricas relaciones con Taiwán. El siguiente paso al establecimiento de las relaciones con China ha sido la firma de un memorándum de entendimiento para formar parte de la Ruta y la Franja (Regueiro Bello, 2023).
Para la redefinición de objetivos, se debe tener en cuenta también las asimetrías en el desarrollo de los países miembros del SICA. En la región es posible encontrar tres tipos de crecimiento económico, según su ritmo de expansión. En términos de expansión del PIB, se distinguen tres grupos: dos países dinámicos, Panamá y Costa Rica; dos países de expansión intermedia, Guatemala y Honduras; y dos países de tasas de crecimiento particularmente modestas, Nicaragua y el Salvador (Bielschowsky, Castro y Beteta, 2019).
Estos datos se consideran de especial relevancia a la hora de trazarse objetivos para la integración. Aunque la Unión Aduanera es aún un proyecto del que solo participan Guatemala y Honduras, con escasa participación de El Salvador, no se descarta la posibilidad de ampliar el mecanismo al resto de los países que conforman el sistema. Esto es todavía más probable si se considera que, para su conformación y perfeccionamiento, el SICA ha tomado como referente las estructuras y funcionamiento de la UE.
Pero no es posible avanzar en un modelo de integración como el presupuesto obviando las diferencias señaladas anteriormente y las relacionadas con: los grados de avance en la diversificación de la estructura productiva, el desempeño en términos de ingreso por habitante, niveles de pobreza, gasto social público y distribución del ingreso y las características generales productivas de los países miembros. De un análisis poco detallado se observa que, en el caso de Costa Rica, existe una diversificación de la producción y escalamiento y en Panamá, la especialización en servicios asociados al Canal. El resto de los países, a excepción de República Dominicana, recibe sus ingresos fundamentalmente a través de las exportaciones agrícolas, las remesas y pequeñas industrias.
Más allá de la persistencia de esa indefinición de objetivos, ahora existen gobiernos en cuyas políticas la integración no aparece como estrategia de desarrollo; eso, cuando es posible conocer o deducir las apuestas estratégicas que tienen estos. Dos ejemplos son los casos de Honduras y El Salvador. En el primero, en los tres períodos presidenciales anteriores se ha mantenido como elemento central de su política económica las zonas especiales de desarrollo económico (ZEDE), con regímenes legales y fiscales propios, que no compaginan con un proceso de integración. Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro sostiene que va a eliminar las ZEDE, pero entre las acciones a tomar, la integración está ausente (Bielschowsky, Castro y Beteta, 2019).
En El Salvador es notorio que ni en la campaña electoral, ni en el casi finalizado periodo de gobierno, el Presidente o sus Ministros hayan mencionado una sola vez la palabra integración. Además, resulta difícil concebir cómo su profundización puede ser compatible con el desarrollo de una política económica centrada en la utilización del criptoactivo especulativo llamado bitcóin como moneda nacional y como eje para obtener recursos para la inversión y el endeudamiento estatal.
A ello hay que agregar las conflictividades entre los gobiernos de la región, que han obstaculizado la elección del Secretario General del SICA, lo que debilita la conducción operativa del Sistema. Este elemento ha transitado por varios momentos, desde una aparente focalización del tema en 2010, sus escasos avances por más de una década, la reaparición del SICA como eje de las políticas regionales durante la lucha contra la Covid-19, hasta el estancamiento actual de la agenda del proceso.
Tampoco la integración parece tener una presencia relevante en la mayoría de los aportes académicos a la discusión de los temas del desarrollo de la región. La persistencia del crecimiento del comercio intracentroamericano, que muestra una interdependencia mayor que la que era esperable dada la priorización de la apertura de las economías al mundo exterior, no recibe la atención que debiera tener en los análisis nacionales. Las instituciones como la CEPAL o la SIECA, entre otras, son las que mantienen la atención sobre el tema (Bielschowsky, Castro y Beteta, 2019).
Conclusiones
La integración debe ser un factor favorable para la negociación con gobiernos, inversionistas y el resto del mundo, si se actúa como región, más allá del establecimiento de una Unión Aduanera. Aunque Centroamérica es pionera respecto a este tipo de iniciativas, la actual situación del SICA dista mucho de lo propuesto y lo necesitado por estos países.
En 2010, la mayoría de los presidentes de los Estados que conforman el Sistema declararon nuevas prioridades para el proceso de integración. Si bien esta hoja de ruta mostró algunos resultados positivos durante la década posterior, no se especificaron objetivos ni se tuvieron en cuenta deficiencias del proceso desde su conformación.
La pandemia provocada por la Covid-19 y la crisis multidimensional que esta agravó, demostró la necesidad de iniciativas comunes para hacer frente a los desafíos del mundo actual. Esto evidenció también que es posible actuar de forma coordinada en espacios donde las diferencias políticas queden relegadas. Además, la integración es imprescindible para que estos países puedan insertarse en la economía mundial en mejores condiciones.
Es difícil ver en este momento el espacio para una visión supranacional como la que se pretendía en el Protocolo de Tegucigalpa, con la generación de instituciones similares a las de la Unión Europea, pues hay dificultades aún para la acción coordinada. Pero la conveniencia es clara y la reflexión sobre el tema es indispensable para llegar a propuestas que sean viables y asentadas en la realidad.
Para avanzar en la integración será necesario que los gobiernos sean pragmáticos y redefinan los objetivos de la agenda, teniendo en cuenta las diferencias en los modelos de crecimiento económico de cada miembro. Los principales retos que tiene el SICA por delante se derivan de la superación de las principales dificultades que aún enfrenta como mecanismo de integración: asimetrías en los niveles de desarrollo económico entre los países que lo conforman, estancamiento del comercio intrarregional, conflicto entre los gobiernos y debilidad de las instituciones del Sistema.
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Referencias
Notas
La política exterior de los Estados Unidos está condicionada, en gran medida, por la sucesión de los diversos presidentes, los partidos políticos de los cuales provienen, y las posiciones que adoptan sobre los temas nacionales e internacionales más urgentes al momento de su elección. Es decir, las decisiones que tome el ejecutivo afectan directamente la forma en que los Estados Unidos interactúa con otros países, sean estos aliados o enemigos. Lo anterior condiciona que cuando se analiza la política exterior de Estados Unidos desde el punto de vista informativo y mediático, se presta mayor atención a la actuación del Ejecutivo, restando importancia al Congreso Federal en el proceso de conformación la política exterior.
El Congreso tiene funciones importantes, como la aprobación y supervisión de las diferentes legislaciones, supervisar y controlar el Ejecutivo, aprobar el presupuesto, aprobar políticas públicas, fondos, decretar el Estado de Guerra, supervisar las elecciones, entre otras acciones de importancia para la nación (U.S Congress, 2018). La actuación del Congreso es base en la concepción de la democracia estadounidense de la división de poderes y facultades que cada uno tiene, incluso dentro del propio órgano legislativo con las funciones que cada Cámara debe cumplir, sin interferir en el trabajo de la otra. Esto, unido a los propios lobbies1 que se identifican en el Congreso, influyen sensiblemente en la política exterior de Estados Unidos durante el tiempo que los presidentes estén en el poder.
La República de Cuba no constituye una excepción en los derroteros del accionar estadounidense a nivel hemisférico y global. La conformación de la política hacia la Isla es conducida por una variedad de componentes del sistema político estadounidense que no está exenta de contradicciones y fluctuaciones significativas (González et al., 2020).
Las sucesivas administraciones estadounidenses han mantenido una política de abierta hostilidad hacia Cuba, cuyo fin último continúa siendo el derrocamiento del proceso revolucionario cubano. Aún con las tácticas propias de cada Ejecutivo, un elemento medular en la política hacia Cuba lo constituye el Congreso de los Estados Unidos. Este codifica aspectos legales fundamentales que influyen directamente en las relaciones cubano-estadounidenses.
El estado de las relaciones bilaterales está marcado por el entramado de leyes y órdenes ejecutivas que componen el bloqueo. Dentro de estas disposiciones legales destacan tres: la Ley para la Democracia Cubana (Torricelli), de 1992; la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana (Helms-Burton), de 1996, y la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones (TSRA), de 2000. Adicionalmente, a lo largo de los años, el Congreso ha aprobado otras leyes que imponen sanciones a Cuba, incluidas restricciones al comercio, la ayuda y cooperación exterior y el apoyo de instituciones financieras internacionales (González, 2021).
El presente artículo tiene como objetivo evaluar la conformación de la política exterior hacia Cuba en el Congreso estadounidense en el período 2013-2020.
En el período analizado en la presente investigación se evidenciaron variaciones en la política exterior norteamericana hacia Cuba. Particularmente, el acercamiento y posterior restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos significó un cambio radical en las relaciones entre ambas naciones y, por consiguiente, en sus políticas nacionales de relacionamiento mutuo. Sobre este aspecto, González et al. (2020) manifestaron:
“(…) el tema Cuba adquirió un notable dinamismo. Primero, tuvo lugar el cambio de política introducido por la administración del presidente Barack Obama, dirigida a sustituir las tradicionales sanciones económicas y la confrontación abierta por el diálogo y la construcción de vínculos económicos y de otros tipos, lo cual puede ser interpretado como parte del ajuste general desarrollado por la administración Obama.”
La siguiente administración, encabezada por Donald Trump, puso un alto inmediato al acercamiento recién iniciado, y pasó a una política de endurecimiento de la retórica y de incremento sostenido de las sanciones (p.9).
El impacto del cambio de política en el ámbito legislativo ha sido notorio, evidenciado por la intensa actividad legislativa en el contexto de las diferencias de criterio. Ello será ejemplificado a continuación:
Durante el 113.o Congreso se presentaron en total 17 proyectos (9 favorables para las relaciones bilaterales y 8 desfavorables para este tópico). Durante el 114.o la cifra se multiplicó hasta alcanzar 55 (21 favorables y 34 desfavorables), mientras que durante el 115.o descendió a 34 (12 favorables y 22 desfavorables). De inmediato se observa que, a partir del anuncio del cambio de política en diciembre de 2014, se produjo un pico en la producción legislativa relacionada con Cuba, que disminuyó en el bienio siguiente, aunque se mantuvo muy por encima del 113.o Congreso. También es visible que el mayor incremento se dio en las propuestas desfavorables (González et al., 2020, p.12).
La combinación de propuestas en el Congreso refleja las persistentes diferencias entre algunas legislaciones enfocadas en eliminar restricciones y otras en proteger o reforzar sanciones, e incluso aumentarlas.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que el Congreso constituye una expresión de la correlación de fuerzas que existe a nivel nacional (tanto en la Cámara baja como en la Cámara alta2). Por ello, en esta especie de “pulseo” entre las élites se manifiestan las diferencias en las decisiones, líneas discursivas y de actuación que existen entre ejecutivo y legislativo.
Sobre esto último, es significativo destacar cuándo la mayoría del Congreso puede responder o no a los mismos intereses del Ejecutivo. Ello está profundamente relacionado con el partido político que ostente la mayoría legislativa y si este se corresponde con el del Ejecutivo. En pocas palabras, “aumenta la capacidad de maniobra” y la consumación de objetivos y cumplimento de la agenda del poder Ejecutivo.
A pesar de los cambios impulsados por el presidente Obama, el Congreso mantenía legislaciones que iban en la línea contraria o reforzaban las restricciones existentes. En esta etapa, la mayoría republicana actuaba en sentido opuesto a lo que impulsaba el Ejecutivo demócrata.
Por ejemplo, a partir de la toma de posesión del 113.o Congreso (enero de 2013) y hasta el fin del 115.o (diciembre de 2018), las cámaras aprobaron en total quince3 nuevas legislaciones, ya sea leyes o enmiendas a leyes. De estos, seis se enfocaban en financiar las habituales actividades subversivas hacia Cuba (González et al., 2020). Se reforzó el enfoque desde el Smart power4, específicamente hacia la guerra cultural, con el financiamiento a las transmisiones de Radio y TV Martí, de los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el libre acceso a Internet de los ciudadanos sin la supervisión gubernamental, el llamado a la violencia, etc.
También hubo otras iniciativas desde el lado opuesto al cambio, para lo cual algunos legisladores apelaron a la inclusión de cláusulas en las leyes del presupuesto federal. Así, en junio de 2015, la Cámara aprobó la Ley de Asignación de Fondos a Transporte, Vivienda y Asuntos Urbanos para el año fiscal 2016, que incluía un acápite sobre Cuba. Se prohibía establecer nuevos servicios de transporte aéreo y otorgar licencias a embarcaciones que pudieran utilizar puertos ubicados en propiedades de empresas estadounidenses que fueron nacionalizadas por el gobierno cubano después de 1959. (González, 2021)
Es remarcable la aprobación de enmiendas a leyes tradicionalmente aprobadas, pero la destinación de fondos para el cierre o abandono de la base naval enclavada en la Bahía de Guantánamo, la devolución de ese territorio a Cuba, o modificar de alguna manera sustancial el tratado que ampara la posesión estadounidense del lugar. Esto sucede cuando, sobre este aspecto, Obama llegó a considerar su cierre, lo que planteó en una alocución del año 2016: “Durante muchos años, ha sido claro que la prisión de Guantánamo no colabora con nuestra seguridad nacional, sino que la socava (...) La primera vez que me postulé a la presidencia reconocí que la instalación debía ser cerrada” (Obama, 2016).
En la actividad legislativa, otras posiciones más apegadas a lo promulgado por la administración Obama se centraron en dos temas principales en relación a Cuba. En primer lugar, se enfocaron en la libertad de los estadounidenses para viajar al archipiélago cubano y en el levantamiento de algunas sanciones económicas, con especial énfasis en la aprobación de medidas que facilitaran las exportaciones agrícolas. En segundo lugar, otros asuntos de interés estuvieron relacionados con la inversión en telecomunicaciones, la venta de equipos médicos y, en menor medida, algunos proyectos encaminados al levantamiento parcial o total del bloqueo.
Por solo citar un par de ejemplos, en febrero de 2015, la senadora demócrata por Minnesota, Amy Klobuchar, presentó un proyecto legislativo, con apoyo republicano, para eliminar las restricciones al bloqueo referidas al comercio, los viajes y la transportación marítima (S. 491 — 114th Congress: Freedom to Export to Cuba Act of 2015). Otra coalición bipartidista de ocho senadores lanzó una propuesta para eliminar las restricciones de viajes (S. 299 — 114th Congress: Freedom to Travel to Cuba Act of 2015) (González, 2021).
Si se analiza detenidamente en la legislación aprobada durante el período estudiado, no se observan disposiciones que introduzcan grandes cambios en los marcos legales dentro de los que se ha encuadrado la política estadounidense hacia Cuba durante décadas. Son cambios cosméticos, que pocas veces prosperaron o quedaron solo en el deseo de hacer del Ejecutivo. Además, se evidenció durante este período la existencia de un fenómeno que está presente en la sociedad estadounidense: la polarización política.
De acuerdo con Esteban y Ray (2008), la polarización es el resultado de la interacción entre la identidad intragrupo y la alienación intergrupo. Lo que, en esencia, significa que en una sociedad polarizada los miembros de un grupo determinado se identifican entre sí ideológicamente o por otros motivos específicos, a la vez que se consideran separados de los miembros de otros grupos por el mismo sistema de motivos.
En el caso particular de los Estados Unidos, González y Domínguez (2018) establecen que se puede definir la polarización como el proceso de aglutinamiento de los ciudadanos y políticos en torno a dos polos diferenciados en un eje configurado según un gradiente que va de liberalismo radical —en la definición estadounidense de liberalismo— a conservadurismo radical. Particularmente en el Congreso, los primeros se muestran más a favor del acercamiento y los segundos se oponen.
La polarización en el Congreso es un fenómeno presente en el trabajo legislativo anual, esta ha reducido la probabilidad de construir un nivel suficiente de consenso en torno a alguna propuesta, también es así sobre el tema Cuba. Dicha situación ha posibilitado que se mantenga vigente un entramado de leyes y órdenes ejecutivas que componen el bloqueo económico, comercial y financiero, el cual ha percibido cambios insignificantes, todos desde el poder ejecutivo, pero ninguno importante en el legislativo.
Cabe destacar que esta polarización no está determinada únicamente por el Partido al que están afiliados los senadores y representantes. A ello se añade, el accionar de los lobbies como representantes de los intereses de determinados grupos, capaces de generar divisiones, incluso dentro del mismo partido, y tienen, además, poder de influencia en la agenda política, incluso desafiando la línea partidista.
Puede verificarse que, entre los patrocinadores (sponsors, por su terminología en inglés) de propuestas desfavorables, destacaron, mayoritariamente, los legisladores por Florida. Todas las propuestas de ese estado se ubican en la misma clasificación desfavorable. Debe tenerse en cuenta que es en ese territorio donde radica el poder del lobby cubano.
Si bien es correcto afirmar que, en el caso de las propuestas desfavorables los republicanos son los autores de la mayoría de los proyectos de esa clase, especialmente en la Cámara de Representantes, no debe darse por sentado que toda posición demócrata, particularmente en el Congreso, fue favorable a la normalización de relaciones diplomáticas con Cuba. Es válido recalcar que estas propuestas estuvieron equilibradas en número con las favorables en el período que se estudia. Sobre este aspecto tuvo gran peso, en particular, la labor desempeñada por el senador demócrata Robert “Bob” Menéndez.
Bob Menéndez, quien fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores durante una parte de la administración Obama (2013-2014), a la visita de este presidente a Cuba, en 2016, planteó:
“Hace más de un año que la Administración marcó el comienzo de un acuerdo unilateral con Cuba que resultó en una victoria para el régimen y una pérdida para el pueblo cubano. A cada paso, he instado al presidente Obama a que corrija este curso, pero desafortunadamente, la noticia de este viaje es otro paso en la dirección equivocada.”
Mientras nuestro Presidente planea este viaje con las expectativas de que el mundo celebre, yo mantengo la creencia de que hasta que el pueblo cubano no tenga las libertades que se merece, las relaciones entre ambos países no deben ser celebradas. (U.S Congress, 2016).
Bob Menéndez llegó a plantear que: “El Presidente está - una vez más - priorizando intereses económicos a corto plazo en vez de nuestros valores Americanos” (Ídem).
De aquí podemos inferir que los grupos de poder dominantes en Florida se encuentran alineados con una posición contraria al cambio de la política tradicionalmente implementada por los gobiernos estadounidenses desde 1959. Aunque los últimos procesos eleccionarios han demostrado que el tema Cuba ha perdido fuerza dentro del electorado estadounidense, para estos grupos este tópico tiene aún cierta relevancia. Ello se basa en la fuerte presencia de una numerosa población de origen cubano en la Florida, con un alto nivel de concentración en el área metropolitana de Miami, con complejos antecedentes históricos, control de recursos materiales e impacto en la dinámica sociopolítica del estado de la Florida. El interés particular en esta área la describió Colburn en From Yellow Dog Democrats to Red State: Republicans Florida and Its Politics since 1940: “(…) esa comunidad es considerada uno de los factores clave en el proceso de transformación de Florida de un estado sólido demócrata en un estado pendular con fuerte influencia republicana” (Colburn, 2013).
Domínguez (2019) corroboraba:
“Los sectores de élite dentro de la comunidad han logrado construir un sistema de mecanismos de influencia que, unidos a la relevancia del estado en los procesos electorales –es el mayor de los estados pendulares por el número de escaños en su colegio electoral, le otorgan una notable influencia política. Si bien los cambios demográficos apuntan a una futura reducción de esa influencia, esta es todavía muy considerable.”
En enero de 2017, con la toma de posesión del nuevo presidente y del 115.o Congreso, el tema Cuba continuó siendo objeto de debates, aunque se observó una disminución en la cantidad de propuestas. Los proyectos presentados inicialmente, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, en su mayoría eran aquellos que no habían logrado avanzar en el 114.o Congreso. Esto indica que se trata de temas de continuo interés tanto para algunos congresistas como para varios grupos de poder.
Al mismo tiempo, en un 115.o Congreso dominado en ambas cámaras por el Partido Republicano, los congresistas cubanoamericanos ocuparon posiciones clave que les permitieron obstruir el paso a los proyectos, por ejemplo, desde el Comité de Asignaciones de la Cámara y los de Asuntos Exteriores tanto de la Cámara como del Senado. Esa situación cambió después de las elecciones de medio término de 2018, cuando los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes (González, 2021).
A pesar del interés en los proyectos encaminados a un mejoramiento de las relaciones bilaterales, la única acción legislativa significativa aprobada en ese sentido fue una disposición dentro del proyecto de ley agrícola de 2018. La Agriculture Improvement Act (Public Law 115 - 334 - Agriculture Improvement Act of 2018) permitió la financiación de dos programas de promoción de exportaciones (Programa de Acceso al Mercado y Programa de Cooperación para el Desarrollo del Mercado Exterior) que favorecerían la venta de productos agrícolas a Cuba.
No obstante en la flexibilización aprobada en 2018, se restringe la promoción de exportaciones y, a su vez, fue limitada por una disposición referida a la política del ejecutivo encabezado por Donald Trump. También se adoptan otras restricciones puntuales, vistos de la tradicional protección a la seguridad nacional, de valor mayormente simbólico, con una capa adicional de supervisión de la seguridad aeroportuaria en Cuba, con restricciones de viajes y, por consiguiente, la casi completa erradicación de los vuelos comerciales entre los dos países, restablecidos a partir de 2015.
A partir de este momento es el Ejecutivo quien comienza a entorpecer cualquier acercamiento hacia la Isla. La elección del magnate neoyorquino significó todo un reto para el acercamiento entre las dos naciones, así como la adopción de legislaciones al respecto por la mayoría republicana en el Congreso, particularmente, con la presidencia de Marco Rubio5 del Comité de Relaciones Exteriores.
Esta posición fue favorecida debido a que, durante la Administración Trump, el acompañamiento del Congreso fue más evidente, pues los republicanos fueron mayoría. Por tanto, las medidas de recrudecimiento aplicadas por el magnate republicano estaban soportadas por la actividad del legislativo, e incluso, desde este se incentivaban la aprobación de tales sanciones. Durante este período destacó el actuar del mencionado senador Rubio, de origen cubanoamericano.
Es notable que durante el período estudiado se formaron nuevas organizaciones dedicadas, específicamente, a influir sobre la política de Washington hacia Cuba. Desde posiciones opuestas al diálogo y fuertemente enraizadas en la élite cubanoamericana, fue creada, en 2016, la Inspire America Foundation (IAF), una organización que se propuso recuperar espacios perdidos por el debilitamiento de la Cuban American National Foundation. La IAF está encabezada por algunas de las figuras más influyentes de la comunidad, con fuertes lazos con el mundo de los negocios, la política y la academia. (González et al., 2020)
Esta organización promueve intereses muy relacionados con la continuidad de las políticas más tradicionales hacia Cuba, se incluyen la eliminación total de los cambios introducidos por Obama, actualizar Radio y TV Martí, negar visas a miembros del gobierno y los cuerpos armados cubanos y financiar grupos opositores en Cuba. En el primer evento de esta organización, en agosto de 2016, participaron figuras políticas de relevancia, algunas en ejercicio en ese momento, basadas en Florida: Marco Rubio (senador federal), Ileana Ros Lehtinen (representante federal), Carlos Curbelo (representante federal), Lincoln Díaz-Balart (excongresista y hermano del representante federal Mario Díaz-Balart) y Tomás Regalado (exalcalde de Miami), entre otros (Inspire America Foundation, 2016).
Teniendo en cuenta todo lo anterior planteado, se puede demostrar la relevancia de la coincidencia de una mayoría partidista en el Congreso con el partido al que pertenece el presidente. Esto condiciona una dinámica más colaborativa entre el Congreso y el Ejecutivo en relación con la política exterior, particularmente hacia Cuba. Cuando hay una alineación entre ambas ramas, se facilita la implementación de la agenda propuesta por el presidente.
Este respaldo legislativo puede ser fundamental para lograr cambios significativos en la política exterior, sin embargo, no es definitivo, ya que factores como los lobbies étnicos ejercen una influencia sustancial en la toma de decisiones. Lo que se evidenció con mayor claridad durante la administración Obama y la obstrucción a cualquier acercamiento o cambio sustancial de política hacia Cuba, incluso por miembros de su partido.
Los congresistas de origen cubano, liderados, particularmente, por figuras prominentes como Marco Rubio y Bob Menéndez, republicano y demócrata respectivamente, representa un factor nada despreciable en la formulación de la política hacia Cuba, debido a la estructura, capacidad e intención del gobierno estadounidense.
Durante el período que se estudia, la conformación de la política exterior hacia Cuba por el Congreso de Estados Unidos estuvo marcada por la intensa actividad legislativa en el contexto de las diferencias de criterio; la mezcla de propuestas en el Congreso que buscan eliminar restricciones y proteger sanciones; y la polarización en el Congreso que dificulta la construcción de consenso en torno a las líneas principales de política propuestas.
Aunque la alineación entre el Congreso y el Ejecutivo suele facilitar la implementación de políticas, la correlación de fuerzas, así como la influencia de los lobbies étnicos, inciden en ambos y determinan la confluencia o no de objetivos e intereses y con ello en la “lealtad partidista”.
A la fecha, ello ha significado el mantenimiento de un entramado de leyes y órdenes ejecutivas que componen el bloqueo cuyos cambios son insignificantes dado su corta permanencia en el tiempo. Todos los realizados han sido desde las administraciones, y los llevados al legislativo, por lo general, no son aprobados o no pasan de ser un proyecto.
El tema Cuba es una política de Estado, cuya evolución sucede acorde a las estrategias trazadas por los Estados Unidos en política exterior en cada etapa. Estas se adoptan teniendo en cuenta el contexto internacional, la realidad hemisférica, los conflictos en los que esté involucrado y su desarrollo, así como la dinámica sociopolítica al interior de los Estados Unidos. En el caso Cuba, su principal eje es restablecer su hegemonía y con ello su consolidación en el hemisferio latinoamericano.
1. Según Mario Saavedra, en el medio de opinión español ESGlobal, se entiende por lobbies a los grupos de presión que buscan influir en las decisiones políticas a favor de sus intereses, independientemente de la afiliación partidista de sus miembros. Estos grupos pueden ser tanto de cara pública, como de cara oculta, y su influencia puede ser considerable en la toma de decisiones legislativas. Destacan, por ejemplo, el complejo militar industrial, el farmacéutico, el cubano, el israelí, el sanitario, entre otros.
2. El Congreso Federal de los Estados Unidos es bicameral. Suele identificarse como baja a la Cámara de Representantes y alta al Senado, independientemente de sus funciones, que en varios aspectos funcionales no son homólogas a la de otros países, ni siquiera cumplen en todos los casos con el tránsito entre una y otra de algunas tipologías legales.
3. Este número fue el que finalmente se aprobó. La cantidad de proyectos ascendió a 17.
4. Nye (2004) lo definió como “la capacidad de combinar hard y soft power para una estrategia vencedora”. En tanto, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad de Georgetown (CSIS, por sus siglas en inglés) plantea que es “una aproximación que destaca la necesidad de una armada fuerte y organizada, así como también el establecimiento de todo tipo de alianzas y de asociaciones, tanto entre países como entre instituciones, y a todos los niveles, con el fin principal de extender la influencia estadounidense, y de apoyar la legitimidad y el prestigio del poder americano”.
5. Marco Rubio es un senador del Congreso de EE. UU de origen cubanoamericano. Milita en el Partido Republicano. Integrante del lobby cubano en el Congreso, se ha caracterizado por una fuerte oposición al estrechamiento de relaciones diplomáticas con Cuba y ha impulsado leyes y acciones restrictivas contra la isla. Lo anterior ha sido favorecido por su privilegiada posición de Senior Member (Miembro Superior) en el Comité de Relaciones Exteriores del Legislativo estadounidense.
6. Que fue capaz de ejercer una notable
La política exterior de Estados Unidos está condicionada por la correlación de fuerzas políticas, el sistema partidista, la sucesión presidencial, las decisiones del ejecutivo y, particularmente, por el papel crucial del Congreso, en especial para el caso de Cuba. La polarización política en el Legislativo norteamericano ha impactado significativamente en la política exterior hacia Cuba. Ello ha producido cambios que van desde el restablecimiento de relaciones hasta el posterior retroceso en las mismas con la asunción de Donald Trump. Por tanto, la conformación de la política exterior hacia Cuba es el resultado de una amalgama de múltiples factores, entre ellos, la dinámica entre el ejecutivo y el legislativo, la influencia de grupos de presión y la polarización política en el país.
Palabras Clave: Política exterior, Congreso de los Estados Unidos, Cuba, relaciones bilaterales, polarización política.
The foreign policy of the United States is conditioned by the correlation of political forces, the party system, the presidential succession, the decisions of the executive, and particularly by the crucial role of Congress, especially in the case of Cuba. The political polarization in the American legislature has significantly impacted the foreign policy towards Cuba. This has led to changes rangingfrom the reestablishment of relations to the subsequent setback in relations with the Donald Trumps assumption. Therefore, the shaping of foreign policy towards Cuba is the result of a combination of multiple factors, among them, the dynamics between the executive and legislative branches, the influence of interest groups, and political polarization in the country.
Keywords: Foreign policy, United States Congress, Cuba, bilateral relations, political polarization
Introducción
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CONCLUSIONES
Bibliografía
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La Turquie s’est installée comme une nation de premier ordre à l’échelle régionale. Elle a démontré une certaine ambivalence quant aux conflits politiques impliquant les pays de la région. à la suite de l’escalade du conflit israélo-palestinien dans la bande de Gaza, elle a affiché son soutien à la cause palestinienne et sa désapprobation des agissements israéliens. La prise de position turque peut être considérée comme une alternative mise en avant par le président Erdogan dans le but de consolider une base de soutien populaire au sein de la société turque et comme une façon d’accroître son influence auprès des milieux dirigeants arabes. Cet article vise à expliciter la position de la République de Turquie vis-à-vis du conflit à Gaza, insistant sur la prise de position de son président, ainsi que de la population de cette nation, sur le génocide israélien en cours.
Mots-clés: Turquie, conflit israélo-palestinien, Gaza, ambivalence.
Türkiye has positioned itself as a nation of relevance within its regional environment, in which it has demonstrated a certain ambivalence in relation to conflicts related to the countries in the area. After the escalation of the Israeli-Palestinian conflict in Gaza, it has expressed its support for the Palestinian cause and his repudiation of Israeli policies. The Turkish position is considered an alternative promoted by president Erdogan with the purpose of attracting the popular support of Turkish society, achieving greater influence in the circles of Arab power. This article aims to explain the position of the Republic of Türkiye regarding the conflict in Gaza, focusing on the position assumed by its president and the population of this nation concerning the development of the Israeli genocide.
Keywords: Türkiye, Israeli-Palestinian conflict, Gaza, ambivalence.
Introduction
La République de Turquie est une nation unitaire et constitutionnelle fondée le 29 octobre 1923 par Mustafa Kemal. Depuis lors, elle est passée par tout un ensemble de mutations politiques touchant tant la nature de son État que ses modalités de gouvernement. Á cet égard, bien qu’en 1928 elle ait abandonné la mention de l’Islam comme religion d’État, il faut attendre 1937 pour qu’elle officialise la laïcité de l’État. En 1946, elle a adopté le principe du multipartisme et a organisé en 1950 les premières élections dans ce cadre.
Concernant la politique étrangère, la Turquie a adopté des positions assez diverses. Elle a été qualifiée de «pays périphérique», quoique médiateur, lors de la Seconde Guerre Mondiale et de «pays-pont» entre Occident et Orient au tournant du XXIème siècle (Altunisik, 2011). En fait, au cours de la Guerre Froide, la politique étrangère turque s’est distinguée par des relations étroites avec les États-Unis (USA) et par une intégration précoce à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 1952. En outre, elle a manifesté son intérêt à obtenir un statut de nation associée à la Communauté des États Européens à partir de 1963, une démarche qui ne fut toutefois pas menée à son terme, et reste marquée par des moments de tension.
Bien que la Turquie remplisse un certain nombre des dits critères de Copenhague1, elle n’a pas reçu à ce jour de réponse favorable quant à son intégration à l’Union Européenne (UE). Ce retard pourrait être mis en rapport, outre toute une série de facteurs socio-culturels, économiques et historiques, avec des dissensions internes à l’OTAN et les évolutions politiques complexes de la Turquie vis-à-vis des conflits qui ont impliqué l’Occident. On peut penser, pour rester dans l’actualité récente, aux conflits russo-ukrainien ou israélo-palestinien. Concernant ce dernier, la Turquie s’est révélée en mesure de renforcer sa capacité de projection politique internationale, parvenant à affermir son rôle central au cœur des relations multilatérales. Elle a fait de sa géographie, de son identité culturelle, même de son histoire, des atouts dans son émergence multidimensionnelle. Dès lors, sa politique étrangère s’est redirigée vers son voisinage le plus immédiat, et on note un rapprochement avec les régions du Caucase, des Balkans et du Moyen-Orient.
Depuis l’accession au pouvoir du parti Adalet ve Kalkinma Partisi2 (AKP) en 2002, on constate une série de mutations significatives dans les relations de la Turquie avec le Moyen-Orient3. Ainsi en est-il de la moindre importance de l’incidence de la laïcisation spécifique de la Turquie sur sa ligne régionale, influant sur le rapprochement bilatéral avec les nations de la région. D’une part, plusieurs accords ont été conclus avec une série de pays, facilitant les régimes d’exemption de visa. D’autre part, les liens économiques se sont resserré, par la signature d’accords de libre-échange. Cela a permis une croissance du volume des échanges entre la Turquie et les pays arabes. Enfin, dans le but de consolider le statu quo turc et ses intérêts politiques, économiques et stratégiques dans la région, un dialogue politique entre la Turquie et ses pays voisins a été amorcé.
Du reste, la détérioration des relations de la Turquie avec l’État d’Israël a été un élément déterminant pour juger du potentiel de la politique étrangère turque. Elle a une certaine incidence sur l’agenda politique de Recep Tayyip Erdogan, qui a adopté une position pragmatique vis-à-vis de l’État hébreu depuis le début de la guerre à Gaza en 2023 et les divers événements qui s’en sont suivis au Moyen-Orient.
Á cet égard, après l’attaque lancée par le Mouvement de Résistance Islamique (Hamas, selon son acronyme arabe) contre l’État d’Israël, le président turc a exprimé son soutien au peuple palestinien et il a manifesté sa réprobation du génocide en train d’être commis à Gaza4. En tout état de cause, on remarque une posture ambivalente quant à certains aspects précis du conflit et des événements qui se sont produits au Moyen-Orient dans l’intervalle.
Compte tenu de ces éléments, cet article vise à expliciter la position de la République de Turquie vis-à-vis du conflit à Gaza, insistant sur les positionnements de son président, ainsi que les positions de sa propre population, sur le génocide israélien en cours.
Développement
L’escalade actuelle du conflit entre la Palestine et l’État d’Israël, à dater de la fin de l’année 2023, se produit au cœur d’un moment de bascule décisif pour le Système International: la transition vers un monde multipolaire, de confrontation entre les principaux pôles de puissance mondiaux, les États-Unis, la Chine et la Russie. Dans ce contexte, les puissances moyennes, tout particulièrement celles régionales, cherchent à tirer profit de ce cadre international marqué par un désordre contingent. En fait, elles cherchent à consolider leur leadership dans leurs sphères d’influence les plus immédiates, même si cela rentre en contradiction avec leurs alignements historiques.
C’est le cas de la Turquie, traditionnel allié de l’Occident qui, comme nous le démontrerons par la suite, a fait preuve d’un soutien inattendu pour la cause palestinienne et une réprobation marquée du génocide mis en œuvre par Israël. De sorte que, lorsqu’il s’agit d’analyser la prise de position turque face à l’escalade du conflit israélo-palestinien dans la Bande de Gaza, on ne doit pas perdre de vue les facteurs suivants:
Dans le cas spécifique des liens qui unissent la Turquie aux pays du Moyen-Orient, le fait d’avoir dominé bon nombre de ses territoires pendant des siècles comme d’être un allié historique des États-Unis et de l’OTAN, peuvent susciter des inquiétudes de la part des nations arabes. Il en est de même pour la reconnaissance temporairement de l’État d’Israël par la Turquie, ou leur rapprochement stratégique. Quoi qu’il en soit, l’Islam est un point commun, ainsi que l’appartenance commune à l’Organisation de la Conférence Islamique, tout comme la dépendance envers le pétrole. Ce sont des variables dont la partie turque a pu tirer avantage pour renforcer l’intégration avec ses voisins et favoriser le dialogue politique dans la perspective de faire avancer ses intérêts stratégiques.
En ce qui concerne le rapprochement entre la Turquie et l’Israël, en 2022, les deux pays ont restauré leurs relations diplomatiques par le biais de la réouverture de leurs ambassades respectives. Il s’agissait alors de faire avancer un dialogue bilatéral de manière officielle, après quatre années de tensions, et de renforcer les échanges sur le plan économique, commercial, énergétique et même culturel5. Les États-Unis et l’Union Européenne ont accueilli positivement le renforcement de ces liens.
Du côté d’Ankara, le rapprochement avec l’État hébreu prétendait nouer un accord avec une «puissance» régionale, selon une démarche analogue à celle poursuivie avec les Emirats Arabes Unis (EAU) et l’Arabie Saoudite. En parallèle, l’Israël cherchait à redéfinir ses relations avec ses voisins régionaux; deux années auparavant, il avait normalisé le dialogue avec Bahreïn, les EAU et le Maroc dans ce qu’on appelle les Accords d’Abraham. En général, la politique de rapprochement bilatéral a eu un caractère pragmatique pour les deux parties, en vertu de sa double dimension, économique et stratégique.
De façon plus spécifique, les relations économiques turco-israéliennes ont progressé significativement depuis 2002, avec une insistance particulière sur le commerce, le tourisme, la gestion des ressources énergétiques et la coopération en termes de défense et sécurité. En dépit des moments de tensions entre les deux parties, comme lors de la crise du Mavi Marmara en 2010 ou après la reconnaissance par l’administration Trump de Jérusalem comme capitale d’Israël en 2017, les liens économiques n’ont pas été interrompus, en tout cas pas de façon drastique ou décisive. Même après l’escalade du conflit israélo-palestinien en octobre 2023, les transactions financières n’ont pas connu de baisse significative de leur volume6.
Esquisse d’analyse de la position turque face à l’escalade du conflit israélo-palestinien dans la Bande de Gaza
Le 7 octobre 2023, à l’aube, le Hamas lance une attaque contre l’État d’Israël et parvient à percer sur plusieurs portions de la barrière de sécurité frontalière. Dès lors, le conflit israélo-palestinien a de nouveau retenu l’attention de l’opinion publique internationale, portant son regard sur ce massacre historique, caractérisé par la résistance du peuple palestinien face à l’armée israélienne.
Confronté à la situation complexe du conflit armé à Gaza, toujours en cours, le président turc a manifesté son soutien au peuple palestinien, face aux offensives constantes de l’armée israélienne. Dans cette perspective, le président turc a affirmé:
Les bombardements israéliens à Gaza, qui s’intensifient, visent à nouveau les femmes, les enfants et les civils, et la crise humanitaire s’aggrave. L’Israël doit arrêter immédiatement cette folie, et ne plus recourir à la violence. (Erdogan, 2023)
A la lumière de ces considérations, le président turc a convoqué une marche de solidarité avec la Palestine et de protestation contre la politique répressive israélienne. Par ailleurs, soulignant l’importance de l’événement, il a convié les dirigeants égyptiens, saoudiens, jordaniens, libanais, libyens et palestiniens. Cela a donné une connotation internationale à la lutte pour mettre fin au conflit et pour un rapprochement ultérieur entre les gouvernements de ces pays et la Turquie (TeleSur, 2023).
Dans le même temps, le président turc a condamné la position des nations occidentales, qui ne cherchent pas sincèrement à plaider pour un cessez-le-feu, un élément qui ne peut qu’aggraver la situation actuelle. Sur cette question, le ministre des Affaires Etrangères, Hakan Fiden, défend l’idée que la fin du conflit ne sera possible que lorsque l’on prendra en compte les intérêts palestiniens et des pays voisins à la terre de Palestine (France 24, 2023).
Á strictement parler, les représentants politiques turcs ont affirmé que les bombardements à Gaza étaient inacceptables et ont qualifié les agissements du gouvernement israélien, visant la masse des réfugiés à Gaza, d’inhumains, en violation du Droit International. De même, ils considèrent nécessaire la mise en place d’un boycott de l’État israélien pour que cessent les attaques contre le peuple palestinien.
Toutefois, au vu de la grande campagne de désinformation internationale, le déploiement supposé de deux chasseurs britanniques Typhoon depuis la base turque d’Incirlik7, près d’Adana, a affecté la crédibilité du gouvernement turc. Cela a conduit la population turque à adopter une position plus radicale de soutien à la Palestine, tranchant dans une certaine mesure, avec celle défendue par le gouvernement.
Dans cette optique, le Centre Turc de Lutte contre la Désinformation, qui dépend du gouvernement, a présenté quelques images publiées par certains médias et a démontré qu’elles n’ont pas été prises dans la base militaire située sur la côte sud du territoire turc. De même, il a prouvé que les avions de combat anglais n’avaient pas comme destination Tel-Aviv.
Á la suite de ces événements, le président Erdogan a maintenu sa ligne propalestinienne et a rencontré, de nouveau, un écho populaire lorsqu’il en a appelé à «sauver les palestiniens de l’oppression» (TRT, 2023). Cette déclaration a encore renforcé la légitimité du président turc dans sa societé, sur ce sujet du conflit israélo-palestinien, ce dès le début de l’escalade, après le 7 octobre 2023. Elle rejoint sa perspective consistant à attester de tous les crimes et massacres perpétrés par les Israéliens ces dernières années.
Dans ce scénario complexe, en pleine mutation, Tayyip Erdogan a rencontré le Secrétaire d’État des États-Unis, Antony Blinken, afin de faire le point sur le conflit entre l’Israël et le Hamas. Lors de cette rencontre, Blinken avait fixé comme objectif de définir des «pauses humanitaires» afin de «contribuer à la résolution du conflit» (Russia Today, 2023). Néanmoins, il s’est révélé difficile de fixer des objectifs communs avec la Turquie, en raison de la situation tendue entre Tel Aviv et Ankara, aggravée par la reconnaissance apportée par Erdogan au Hamas.
Á son tour, afin de donner une suite à cette démarche conciliatrice, Hakan Fiden, le ministre turc des Affaires Etrangères, a tenu à consulter son ambassadeur en Israël sur les diverses procédures en cours, en plein cœur du conflit, pour mieux connaître la réalité et l’ampleur des actions armées. Dans ce contexte de recherche de l’information la plus véridique, le président Tayyip a expliqué que Netanyahu n’était plus un interlocuteur dont il fallait tenir compte (EFE, 2023).
Dès lors, le discours turc est monté en puissance, dans une prise de position propalestinienne conforme à celle de sa population, ce qui a suscité des craintes de la part de Washington. Ce sont précisément ces faits qui ont conditionné la première rencontre pour «apaiser Erdogan» (Blinken, 2023). Toutefois, les États-Unis n’ont pas atteint leurs objectifs. De son côté, la Turquie, à la suite de l’échange avec le secrétaire d’État nord-américain, a proposé de poursuivre Netanyahu devant la Cour Pénale Internationale. Le Premier Ministre israélien a été qualifié d’Hitler du XXIème siècle, devant être jugé pour «tous les crimes commis contre l’humanité» (Kulunk, 2023).
Début décembre 2023, le Conseil de Sécurité de l’ONU s’est saisi de la nécessité d’agir en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat (UN News, 2023). Cette proposition a rencontré le veto des États-Unis, qui a réaffirmé son soutien inébranlable à l’État israélien. Par conséquent, la possibilité de mettre un terme au conflit par une action diplomatique multilatérale s’est amoindrie et le génocide à Gaza continue.
Dans ce contexte difficile, la Turquie maintient sa position dans le conflit et accuse Israël, tout particulièrement le Premier Ministre Netanyahu, de génocide et crimes contre l’humanité. Dans cette perspective, le président turc a exigé une réforme du Conseil de Sécurité, au vu de son impuissance et du veto constant des États-Unis quant à la possibilité d’un cessez-le-feu à Gaza. Erdogan est allé même jusqu’à dire qu’un monde juste est possible mais pas avec les États-Unis (Russia Today, 2023). Il a réaffirmé la lourde responsabilité que porte le gouvernement nord-américain sur ce qui a cours en Palestine et a condamné plusieurs fois le soutien apporté par Joe Biden à Israël8.
Toutefois, en dépit de la ferme condamnation turque visant les agissements israéliens sur les territoires occupés de Gaza depuis octobre 2023, Ankara maintient de fortes relations économiques avec l’État hébreu, même au cœur de la crise. S’agit-il d’un double jeu? Il existe parmi les entrepreneurs des deux pays une confiance mutuelle ou ce qu’on pourrait appeler un «mariage d’intérêt».
En guise de conclusion partielle, on peut considérer que, dans ce moment de transition inter-systémique vers un monde multipolaire, les puissances régionales cherchent à consolider leurs positions, pour accroître leur influence et leur capacité de leadership. Il est certain que dans un contexte de conflits géopolitiques résurgents, mettant d’abord aux prises les États-Unis, la Russie et la Chine, les alliances historiques s’assouplissent. Par conséquent, des États comme la Turquie, alliés historiques de l’OTAN et de l’Occident, nouent des relations moins conflictuelles avec les pays traditionellement vus comme «ennemis» en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Il s’agit de tirer avantage des opportunités offertes par «l’ordre», ou plutôt le désordre, international afin de s’assurer une future position de médiateur dans la restructuration de la région après le conflit. Cela va bien au-delà des préoccupations humanitaires légitimes concernant les violations historiques des droits des palestiniens et palestiniennes commises par l’État d’Israël.
Sur la position d’Erdogan vis-à-vis du conflit israélo-palestinien: une complaisance politique?
La position adoptée par le gouvernement d’Erdogan, soutenue par la population turque, a comme objectif immédiat, outre la consolidation de la Turquie comme leader régional, de s’attirer la sympathie du vote musulman et de se doter d’un axe fort structurant son discours politique ultra-nationaliste et islamiste. En effet, son parti est islamiste et ne cesse de restreindre la nature laïque de son État alors que le vote musulman a pesé lourdement dans sa réélection et son maintien au pouvoir depuis tant d’années9.
Á ce propos, la position de Recep Tayyip vis-à-vis du conflit s’est renforcée, avec sa prise de distance par rapport à l’État juif et ses accusations verbales frontales envers les États-Unis. Sans l’ombre d’un doute, il ne s’agit ici que d’une variation dans la conception et l’action politiques d’Erdogan. En effet, des rencontres avaient bien été organisées en amont avec des fonctionnaires américains pour trouver des terrains d’entente sur la question. Toutefois, ces échanges sont restés sans suite pour Washington et la position de Tayyip s’est radicalisée au fur et à mesure de l’escalade du conflit.
En dépit des conceptions professées par le président turc sur la scène publique, soutenant la cause palestinienne, d’autres considérations entrent en jeu dans la vie publique nationale, et ouvrent la voie à une possible collaboration de la Turquie avec l’Israël, sur la bande de Gaza. C’est ainsi que le député Hasan Bitmez10 a dénoncé, au sein de l’hémicycle de la Grande Assemblée nationale de la Turquie, le fait que le gouvernement turc était étroitement lié à l’Israël et participait à diverses offensives sur Gaza. Cela n’a fait qu’accroître les incertitudes sur le tournant inattendu de la Turquie face à l’escalade du conflit entre Israël et Palestine et l’annonce d’une «prise de distance vis-à-vis de l’État hébreu».
Au vu de cette situation complexe, de nombreuses questions restent sans réponse. Premièrement, on a supposé que ce tournant officiel turc était un effet du soutien massif apporté par sa population à la Palestine. Les véritables motifs derrière les postures d’Erdogan semblent se situer ailleurs: la crainte d’un discrédit auprès de la population musulmane et d’un affaiblissement de son socle électoral dans la perspective de sa candidature aux élections présidentielles. De ce fait, la posture de la Turquie sur la scène internationale peut varier, comme effet des tournants officiels et actions secrètes d’Erdogan pour tenir le choc. La Turquie navigue entre deux eaux, manœuvre entre deux rives: l’engagement auprès de la communauté palestinienne et le soutien apporté aux liens, avant tout économiques, avec Israël.
La position de la population turque
Des centaines de personnes ont protesté contre les bombardements de l’armée israélienne à Gaza. Par ailleurs, des manifestations ont été organisées devant la base militaire des États-Unis en Turquie, où le mot d’ordre était la fin de la collaboration de la Maison Blanche avec Israël. Les Stambouliotes ont également organisé des défilés critiquant la visite d’Antony Blinken en Turquie, considérant que la position adoptée par le gouvernement des États-Unis ne fait que perdurer le conflit et a des effets néfastes sur la région.
Conclusions
La Turquie s’est installée comme une nation de premier ordre à l’échelle régionale. Elle a démontré une certaine ambivalence quant aux conflits politiques impliquant les pays de la région. Ainsi, à la suite de l’escalade du conflit israélo-palestinien dans la bande de Gaza, elle a affiché son soutien à la cause palestinienne et sa désapprobation des actions israéliennes, remettant en cause la politique de Netanyahu. Elle n’a toutefois pas rompu définitivement les relations avec l’État hébreu.
Par conséquent, il est difficile d’imaginer une aide turque supplémentaire aux palestiniens, tout comme une rupture des relations économiques avec l’État d’Israël. On peut donc considérer que la Turquie, avec Erdogan à sa tête, persistera dans sa ligne critique vis-à-vis du génocide à Gaza. Il s’agit d’une façon de se présenter comme une puissance médiatrice dans une région en pleine recomposition, tout en renforçant son influence auprès des milieux dirigeants arabes.
La population turque a manifesté son soutien au peuple palestinien, elle a répondu présente lors de manifestations sur l’ensemble du territoire pour dénoncer le génocide et l’inefficacité des Nations Unies face à cette situation alarmante. Toutefois, sa position ne détermine pas du tout les positionnements futurs du gouvernement turc, quant à l’obtention d’un cessez-le-feu.
Bibliographie
Notes
En la actualidad, la internacionalización de la educación superior ha cobrado una importancia relevante, dado el crecimiento en la demanda de este nivel de estudios y su consecuente masificación; por lo que, tal proceso representa un reto en términos de calidad y equidad. El propósito del presente artículo es analizar los principales desafíos para la sostenibilidad de la internacionalización de la educación superior cubana, tomando como caso de estudio al Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI). A partir de la investigación documental, las entrevistas semi-estructuradas y el análisis DAFO realizado, se pudo corroborar que el proceso de internacionalización en el ISRI ha estado influenciado por la realidad internacional, las condiciones actuales del país y el impacto del bloqueo; no obstante, el Instituto ha potenciado la innovación dentro de su estrategia de internacionalización y ha promovido la colaboración académica con instituciones de varias regiones geográficas.
Palabras clave:Educación Superior, relaciones internacionales, internacionalización, sostenibilidad, desafíos.
Currently, higher education internationalization has gained significant importance given the growth in demand for this level of studies and its consequent masification. Therefore, it represents a challenge for higher education in terms of quality and equity. The purpose of this research is to analyze the main challenges for the sustainability of higher education internationalization, taking Higher Institute of International Relations “Raúl Roa García” as a particular case study. Based on the documentary research, semi-structured interviews and the SWOT analysis carried out, it was verified that the internationalization process at ISRI has been influenced by international reality, the current conditions of the country and the impact of the blockade. However, the Institute has boosted innovation within its internationalization strategy and has promoted academic collaboration with institutions from various geographical regions.
Keywords: Higher Education, international relations, internationalization, sustainability, challenges.
Introducción
En la actualidad, la internacionalización de la educación superior ha cobrado una importancia relevante, dado el crecimiento en la demanda de este nivel de estudios y su consecuente masificación. Por tanto, este proceso representa un reto en términos de calidad y equidad.
En este sentido, la internacionalización no puede entenderse sin analizar el tema de la calidad de la educación superior. Si un sistema educativo es de alta calidad, el mundo debe comprenderlo y participar de su garantía, perdurabilidad y mejoramiento. Por tanto, la internacionalización es un medio que permite a las Instituciones de Educación Superior (IES) tejer redes de conocimiento e investigación, con el apoyo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, las Plataformas Sociales Digitales y otras herramientas estratégicas, que permiten promover la construcción del conocimiento científico a nivel local, escala regional y global, así como el nuevo proceso de difusión y compromiso social (Comas Rodríguez, 2019).
La globalización1 ha llevado a que los países del Sur enfrenten mayores desafíos económicos en un contexto competitivo y excluyente, en el cual deben participar, velando por su soberanía, y alcanzar altos niveles de desarrollo en diferentes áreas. En ese sentido, la Agenda para el Desarrollo Sostenible hasta el año 2030 tiene una visión transformadora en lo relativo a la sostenibilidad económica, social y ambiental. En particular, la internacionalización debe incidir favorablemente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) referido a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Por ello, este objetivo facilita el acceso a mejores oportunidades de estudio, en estrecha vinculación de los objetivos nacionales con los regionales y globales; además, fomenta la cooperación internacional, con el fin de dar respuesta a los retos que plantea el desarrollo sostenible.
La internacionalización de la educación superior es una prioridad para Cuba, en línea con su política exterior y los objetivos del Ministerio de Educación Superior (MES). Aunque han habido avances en este proceso, aún existen barreras que limitan su desarrollo en el país y, particularmente, para esta investigación, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI).
Es así que, teniendo en cuenta el escenario anteriormente descrito, la presente investigación se propone como objetivo analizar los principales desafíos para la sostenibilidad de la internacionalización de la educación superior cubana, tomando como caso de estudio particular al ISRI. Como parte del análisis, se presentan los resultados del diagnóstico sobre el estado actual de la internacionalización de dicha IES y se concluye con la presentación de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Además, se exponen acciones y recomendaciones para el perfeccionamiento de este proceso y su sostenibilidad. Los resultados arrojados por esta investigación podrán ser de utilidad para otras IES, cubanas y extranjeras, que enfrenten condiciones y problemas similares.
Desarrollo
El concepto de internacionalización, ciertamente, ha evolucionado con el tiempo. En una etapa inicial, se entendía por actividades específicas la movilidad académica, redes y asociaciones estratégicas. Sin embargo, luego se redefine por los principales teóricos sobre el tema (Gacel Ávila, 2018; Villavicencio, 2020; Witt, 2021) como un proceso de fases sucesivas, inducido, dirigido y planificado hacia un fin determinado, donde se integra una dimensión internacional, intercultural y global en los objetivos, enseñanza/aprendizaje, investigación y funciones de servicio de las instituciones educativas; criterio con el cual coinciden los autores de la investigación (Villavicencio, 2020).
Al respecto, la investigadora Gacel-Ávila (2006, p. 22) señala que la internacionalización es:
un proceso que integra en las funciones sustantivas de las IES una dimensión global, internacional, intercultural, comparada e interdisciplinaria, cuyo alcance es el fomento de una perspectiva y conciencia global de las problemáticas humanas en pro de los valores y actitudes de una ciudadanía global responsable, humanista y solidaria.
Gacel-Ávila (2009) concuerda con otros autores como (Sebastián, 2004; Rodríguez & Cardoso, 2007; Moctezuma & Navarro, 2011) en que la internacionalización de la educación es una respuesta proactiva a la globalización. Asimismo, argumentan que no existe un modelo único para la educación internacional; pues cada IES debe revisar sus potencialidades para lograr resultados óptimos.
La académica Villavicencio Plasencia (2020) afirma que la internacionalización y la implementación de políticas y estrategias deben corresponderse con las realidades de cada país e institución. Por ello, la participación de la comunidad universitaria se apoya en la planificación estratégica para la inserción de la internacionalización en la planificación de las IES.
De igual forma, debe tenerse en cuenta que la globalización ha generado conflictos entre paradigmas hegemónicos y tendencias de complementariedad y solidaridad en proyectos internacionales. Algunos países desarrollados imponen sus referentes y paradigmas en los países subdesarrollados, lo que puede distorsionar su soberanía y autonomía. Otras problemáticas son el robo de cerebros y la mercantilización de los servicios académicos.
Por tanto, resulta necesario desarrollar políticas, estrategias y sistemas de seguimiento y evaluación efectivos por parte de los directivos, gestores y la comunidad universitaria en general, para lograr beneficios exitosos en este proceso. De igual forma, orientado a superar las barreras y desafíos existentes para lograr un desarrollo efectivo y sostenible.
En este sentido, uno de los principales retos para la sostenibilidad de la internacionalización de la educación superior es la complejidad de los mercados educativos internacionales. Cada país tiene su propio sistema educativo, regulaciones y cultura, lo que dificulta el proceso de adaptación y puede aumentar los costos para las universidades. Además, la competencia en el mercado educativo internacional es cada vez más intensa, lo que obliga a las universidades a desarrollar estrategias más sofisticadas y a invertir en recursos humanos y tecnológicos para atraer y retener a estudiantes internacionales.
Otro reto importante son las barreras académicas y administrativas que limitan el acceso de docentes y estudiantes internacionales a programas y servicios en las universidades. Estas barreras pueden incluir requisitos de idioma, procesos de admisión complejos y falta de reconocimiento de títulos extranjeros. Además, las diferencias en los sistemas educativos pueden dificultar la transferencia de créditos y la continuidad de los estudios.
Por otra parte, la internacionalización de la educación superior también está sujeta a riesgos financieros y cambiarios. Las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden afectar significativamente los costos para los estudiantes internacionales, lo que puede disuadirlos de elegir ciertas universidades. A ello se suma que las universidades también están expuestas a riesgos políticos, como cambios en las políticas de inmigración o conflictos internacionales que pueden afectar la movilidad académica.
Además, con el aumento de la conciencia sobre la responsabilidad social y cultural, las universidades también enfrentan desafíos para garantizar que su internacionalización sea sostenible desde un punto de vista ético y cultural. Esto incluye promover la diversidad y la inclusión en el campus, así como abordar posibles conflictos culturales y garantizar el bienestar de los estudiantes internacionales.
Fases implementadas para el diseño metodológico de la investigación
Fase 1: Recopilación de información
En esta fase se emplearon, esencialmente, la técnica de revisión bibliográfica y los métodos histórico-lógico y el análisis documental.
Fase 2: Recolección de datos
Fase 3: Procesamiento de la información
En esta fase, se emplearon los métodos analítico-sintéticos e hipotético-deductivo.
Se determinaron los desafíos:
Experiencias del Instituto Superior
de Relaciones Internacionales
“Raúl Roa García”
De manera general, en sus primeros años, la casa de altos estudios de las Relaciones Internacionales en Cuba respondió a los reclamos de la inminente actividad del país en el ámbito internacional y su relación con los Estados. La creación del MES y la red de IES adscriptos, en esta etapa, contribuyeron al incremento de la colaboración internacional, a partir de un mayor aprovechamiento de las oportunidades existentes para el envío de estudiantes y profesores al exterior y la recepción de profesores y estudiantes en Cuba; sobre todo, como resultado de los fuertes vínculos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y otros países del espacio socialista. Se consolidaron importantes relaciones de trabajo con instituciones extranjeras que se han mantenido hasta la actualidad.
Sin embargo, nuevas proyecciones de la actividad socioeconómica y política del país demandaron el perfeccionamiento de los planes de estudio, así como el incremento y diversidad de los cursos dirigidos a nacionales y extranjeros. Posteriormente, a pesar de los logros alcanzados en el proceso de internacionalización, las acciones llevadas a cabo ante la dinámica académica y científica no siempre han estado alineadas con las principales áreas de investigación del ISRI, ni con las tendencias globales actuales; además, no se han aprovechado, por completo, las oportunidades que ofrece la internacionalización.
En la actualidad, el Instituto participa ampliamente en la actividad académica internacional y mantiene vínculos de colaboración con instituciones similares de América Latina, Norteamérica, África, Asia y Europa. Además, recibe a prestigiosos profesores y especialistas extranjeros para ofrecer conferencias, talleres y seminarios sobre temas de la actualidad internacional. Concretamente, entre el año 2022 y el primer semestre del 2023 se concertaron 25 Convenios de colaboración, se organizaron 28 eventos internacionales y se participó en otros 15; se logró la inserción en 6 redes de cooperación académica y la participación en 9 proyectos de investigación científica.
El intercambio estudiantil en el ámbito de las relaciones internacionales presenta peculiaridades que lo distinguen de otros intercambios en especialidades de corte no político. Una de las características más destacadas es la naturaleza intrínsecamente política y diplomática que rodea a las relaciones internacionales. Los estudiantes de esta área no solo comparten conocimientos académicos, sino que también interactúan en un contexto donde las doctrinas y principios de política exterior, los conflictos internacionales y la diplomacia, en su más amplio espectro, tienen un papel preponderante.
En contraste, el intercambio estudiantil en otras especialidades sin carga política tiende a enfocarse más en las prácticas profesionales y académicas, con un énfasis menor en las implicaciones políticas y diplomáticas. Aunque estos intercambios también promueven la diversidad cultural y el entendimiento intercultural, la influencia de factores políticos es menos significativa en comparación con las relaciones internacionales.
Aunque los intercambios estudiantiles pueden fomentar el entendimiento mutuo y la cooperación internacional, la realidad política y las restricciones diplomáticas de ciertos países a menudo desafían la viabilidad de tales prácticas. De ahí que, en entornos con tensiones políticas o conflictos, la participación directa en el intercambio de estudiantes de países con sistemas políticos opuestos tiende a ser limitada.
Desde una perspectiva cualitativa, es importante destacar que, en este periodo, las acciones de internacionalización en el ISRI han adoptado una visión más innovadora y acorde a las dinámicas mundiales. De manera que, aunque la estrategia actual ha cumplido su función, presenta deficiencias que dificultan una proyección y sostenibilidad más efectiva de las acciones en respuesta a las demandas presentes.
En este sentido, para la determinación de la situación actual de la internacionalización en el ISRI, se realizó un análisis de los resultados obtenidos a partir de las indagaciones hechas con el apoyo de los instrumentos utilizados. Las entrevistas efectuadas permitieron conocer la percepción que tienen los directivos, profesores y estudiantes vinculados a la internacionalización sobre los beneficios, riesgos y obstáculos de este proceso; así como obtener sugerencias y recomendaciones para su perfeccionamiento.
Finalmente, se concluyó que el ISRI no estará en condiciones de aprovechar las oportunidades derivadas del creciente número de instituciones docentes que se interesan por la firma de acuerdos de cooperación con la institución, el reciente impulso a la estrategia de investigación científica y la creciente colaboración e interacción con otros centros de estudios del país:
Solución estratégica general
Se estará en condiciones de atenuar el impacto del bloqueo de EE.UU., los salarios bajos de los trabajadores y la baja posibilidad de rotación en el Servicio Exterior:
A continuación, se destacan las principales recomendaciones y acciones que deben desplegarse en la estrategia de internacionalización para potenciar su desarrollo en el ISRI:
De manera general, para superar la complejidad de los mercados educativos internacionales, es esencial que las universidades desarrollen estrategias de internacionalización a largo plazo. Esto incluye una investigación exhaustiva y una planificación cuidadosa para adaptarse a las necesidades y demandas de los estudiantes internacionales, así como para mejorar la competitividad en el mercado educativo internacional. En este sentido, para el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”, con una formación académica basada en los principios de la diplomacia revolucionaria, el intercambio que se realiza con estudiantes posee rasgos político-ideológicos.
Las alianzas y redes internacionales pueden ayudar a las universidades a superar las barreras académicas y administrativas y a promover la movilidad estudiantil. Estas alianzas pueden incluir acuerdos de doble titulación, programas de intercambio y colaboraciones en investigación, lo que mejoraría la calidad de la educación y aumentaría la visibilidad de la universidad en el mercado internacional.
Para mitigar los riesgos financieros y cambiarios, las universidades pueden diversificar sus fuentes de ingresos, a través de la atracción de estudiantes internacionales y el desarrollo de programas de educación en línea. Esto puede ayudar a reducir la dependencia de un solo mercado y moneda y proporcionar una fuente de ingresos más estable.
Para abordar la responsabilidad social y cultural, las universidades deben promover la diversidad y la inclusión en sus campus y crear un ambiente acogedor para los estudiantes internacionales. Esto incluye proporcionar apoyo académico y emocional, así como promover actividades interculturales para fomentar el entendimiento y la aceptación entre estudiantes internacionales y locales.
Si bien se busca la internacionalización como un medio para fomentar la comprensión y la colaboración global, es esencial considerar los aspectos políticos, diplomáticos y éticos antes de promover intercambios directos entre estudiantes de países con sistemas políticos opuestos. En lugar de intercambios directos, es posible fomentar el diálogo y la cooperación a través de simposios, conferencias y programas de colaboración que permitan el intercambio de ideas y experiencias, sin comprometer la seguridad ni la integridad de los estudiantes involucrados.
Conclusiones
El diagnóstico realizado corrobora que hay entendimiento de la importancia de la internacionalización y de los esfuerzos realizados en este sentido, aunque existe desconocimiento sobre sus principales tendencias a nivel mundial y, por consiguiente, las acciones no siempre están en correspondencia con las potencialidades y oportunidades que se ofrecen desde el exterior y en el propio territorio nacional. Además, no se cuenta con métodos y planes estratégicos bien definidos que respondan a las exigencias actuales y que tengan en cuenta las principales tendencias de la internacionalización a nivel mundial.
Por su parte, la internacionalización de la educación superior es una tendencia en crecimiento en la actualidad, pero también presenta desafíos para garantizar su sostenibilidad. Al desarrollar estrategias a largo plazo, establecer alianzas internacionales, diversificar fuentes de ingresos y promover la diversidad y la inclusión, entre otros elementos, las universidades pueden superar estos desafíos y lograr una internacionalización sostenible en la educación superior. Esto no solo mejorará la calidad de la educación, sino que también contribuirá al desarrollo económico y cultural a nivel global.
La internacionalización de la educación superior en el ISRI ha sido un proceso continuo, el cual ha estado influenciado por la realidad internacional, las condiciones actuales del país y el impacto del bloqueo. A pesar de lo antes mencionado, el Instituto ha potenciado la innovación dentro de su estrategia de internacionalización. Por ello, sostiene colaboración académica con instituciones de varias regiones geográficas, ha concretado convenios de colaboración y ha recibido a numerosas personalidades del entorno académico internacional y nacional para impartir conferencias.
Referencias
Notas
ANEXOS
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