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INTRODUCCIÓN

La geopolítica, como disciplina que estudia la proyección del poder en el espacio, es un campo en perpetua evolución. El término fue acuñado por el politólogo sueco Rudolf Kjellén, en 1899, quien lo concibió como “la ciencia que estudia al Estado como un organismo geográfico sujeto a las mismas leyes de crecimiento y desarrollo que los seres vivos” (Kjellén, 1899, p. 285). Desde sus orígenes, centrados en la influencia del territorio físico, la disciplina ha evolucionado para analizar la competencia en ámbitos cada vez más abstractos e intangibles. El prefijo “geo-” ha trascendido, así, su significado puramente geográfico para aplicarse a la disputa por el control de recursos estratégicos como los flujos de información, los estándares tecnológicos y la arquitectura de las redes digitales. Este giro refleja la comprensión de que la soberanía y la influencia contemporáneas se proyectan y se disputan en espacios funcionales y capas lógicas de gobernanza que redefinen las relaciones internacionales. Así, la competición estratégica se desplaza hacia dominios donde la capacidad de establecer las reglas de funcionamiento de sistemas descentralizados marca la nueva frontera del poder.

En este contexto de transformación, los protocolos descentralizados blockchain han emergido como la materialización concreta de este nuevo dominio estratégico intangible: el espacio algorítmico, el cual se ha convertido en una herramienta geopolítica de primer orden. Su utilidad trasciende lo financiero para operar como infraestructura crítica en conflictos contemporáneos, instrumentalizada por una amplia gama de actores. Por un lado, Estados bajo sanciones internacionales han institucionalizado las criptomonedas descentralizadas para crear circuitos financieros paralelos que evaden restricciones. Por otro, actores no estatales, desde organizaciones terroristas hasta cárteles, las emplean para financiación encubierta y lavado de dinero. Simultáneamente, Estados en conflicto abierto como Ucrania o aislados financieramente como Corea del Norte, las usan para crowdfunding bélico o como arma de guerra híbrida.

El objetivo central de este artículo no es profundizar en los usos geopolíticos específicos de las criptomonedas (véase anexo 1), un ejercicio ya realizado por una literatura creciente, sino aplicar los postulados de la teoría económica marginalista al análisis cratológico de las relaciones internacionales, con especial énfasis en la geopolítica. Esto permite explicar el fenómeno del poder en la era digital, conceptualizar el espacio o dominio algorítmico como el nuevo teatro de competencia por recursos intangibles, y operacionalizar esta mirada mediante la propuesta de un Índice de Soberanía Blockchain Estatal (ISBE) que permita medir y comparar cuantitativamente la capacidad de los Estados en este ámbito. Para ello, esta investigación emplea métodos teóricos como el histórico-lógico, el análisis-síntesis y el sistémico, y técnicas empíricas que incluyen el análisis documental sistemático y modelos de IA LLM (DeepSeek-V3.2, Grok y Gemini 2.5 Flash) para la corrección de la redacción del artículo científico. Por último, se empleó el análisis estadístico descriptivo y la normalización de datos cuantitativos provenientes de fuentes públicas especializadas (Bitnodes.io, Arkham Intelligence, Cambridge Centre for Alternative Finance, CoinMarketCap, Chainanalysis e institucionnes oficiales de varios gobiernos) para la construcción del Índice de Soberanía Blockchain Estatal.

DESARROLLO

El poder constituye una constante transversal tanto en los sistemas naturales como en las estructuras sociales humanas. Desde una perspectiva biológica, autores como Charles Darwin (1859) mostraron cómo la competencia por recursos escasos y la adaptación al entorno configuran relaciones asimétricas de supervivencia, donde la capacidad de influir, dominar o resistir determina la continuidad de las especies. Esta lógica relacional se proyecta en la sociedad humana, donde el poder deja de ser exclusivamente biológico para institucionalizarse y adquirir dimensiones políticas, económicas y simbólicas.

El análisis del poder supone la presencia de cuatro elementos importantes: el sujeto (individuo, grupo u organización que ejerce el poder); el objeto (individuo, grupo u organización sobre los cuales es ejercido); el medio (bien o recurso que el sujeto utiliza para ejercer poder sobre el objeto); y el fin (objetivo con el cual el poder es ejercido por el sujeto sobre el objeto). Luego de los estudios del poder llevados a cabo por Max Weber en su obra “Economía y sociedad” (1922), el politólogo italiano Norberto Bobbio, en “Teoría general de la política” (1999), formuló la tipología moderna de las formas de poder, a partir de los medios a través a de los cuales es ejercido:

• Poder Económico: Se ejerce a través de la posesión de bienes, recursos o necesidades, lo que crea una situación de escasez para influir en el comportamiento de aquellos que no los poseen, y los induce a realizar un cierto tipo de trabajo.

• Poder Político: Se fundamenta en la posesión de los instrumentos a través de los cuales se ejerce la fuerza física, es decir, a través de las armas de cualquier especie y grado.

• Poder Ideológico: Se basa en la influencia de ideas formuladas de cierta manera o emitidas en ciertas circunstancias, por figuras de autoridad, y difundidas para influir en el comportamiento de los gobernados.

A partir del análisis de Bobbio se puede apreciar que el poder, visto desde la politología, parte de la acción humana y la contrafactualidad1. Es precisamente esto último el basamento de la definición propuesta: “El poder es una relación social mediante la cual un actor altera el curso esperado de la acción de otro, induciendo una decisión o conducta distinta a la que habría ocurrido en ausencia de dicha relación.” (Elaborado por el autor)

Esto implica cuatro supuestos ontológicos: (1) La acción humana es intencional, pero limitada por estructuras; (2) los actores eligen entre cursos alternativos de acción; (3) el poder se revela en la desviación del resultado esperado, (4) el poder no es una cosa, sino una relación causal observable ex post (Mises, 1949/2007; Hoppe, 2015). Estos supuestos ontológicos encuentran su fundamento material en la escasez.

La escasez, en este marco, no se reduce a la mera limitación física. Un bien se convierte en un medio escaso relevante para el poder cuando la necesidad que satisface supera la cantidad disponible del mismo. Esto implica que la escasez es una relación subjetiva y contextual entre fines humanos ilimitados y medios limitados. Un medio escaso es, por tanto, cualquier recurso —material o inmaterial— cuya disponibilidad es limitada en relación con su demanda, cuya distribución es potencial o realmente asimétrica, y cuya posesión o acceso condiciona decisivamente el abanico de acciones posibles para otros.

La escasez así entendida puede ser natural (petróleo, tierra fértil), pero también creada (patentes, licencias), mantenida (monopolios legales) o institucionalizada (el derecho a votar en una democracia). Esta concepción amplia permite superar enfoques reduccionistas y entender cómo el control diferencial de cualquier recurso escaso, desde el capital hasta la legitimidad o los algoritmos, constituye la base estructural de toda relación de poder.

Del poder al Estado: institucionalización y monopolio de la escasez estratégica

La naturaleza relacional y estructural del poder, fundamentada en el control asimétrico de recursos escasos, presenta una inherente inestabilidad: depende de la capacidad continua de los actores para imponer su voluntad, está sujeta a la resistencia y es vulnerable a la contingencia de las disputas inmediatas. Como advirtió Max Weber (1922), el poder, basado únicamente en la coerción o el carisma es efímero; requiere transformarse en dominación legítima, es decir, en un orden institucionalizado que sea percibido como válido y que opere de manera impersonal y predecible. Este proceso de institucionalización —mediante el cual las relaciones de poder se cristalizan en normas, roles y estructuras que trascienden a los individuos— es el mecanismo histórico que convierte el dominio circunstancial en autoridad duradera.

Este proceso de estabilización encuentra su expresión formal en la institucionalización del poder, es decir, “el mecanismo mediante el cual el control sobre medios escasos se codifica en sistemas de reglas, normas y organizaciones impersonales” (Elaborado por el autor). Estas estructuras permiten la reproducción automática y relativamente independiente de las relaciones de dominio, lo que trasciende la voluntad o presencia de individuos específicos. Sus características clave son: (1) durabilidad, pues el poder sobrevive a sus titulares originales; (2) legibilidad, al volverse reconocible y socialmente aceptable; (3) previsibilidad, al reducir la incertidumbre en su ejercicio; y (4) reproducibilidad, ya que puede ejercerse sin recurrir constantemente a la coerción explícita.

En este marco, las instituciones se revelan como tecnologías de poder especializadas en el control estable de la escasez. El derecho, por ejemplo, administra la escasez de lo permitido y lo prohibido; la burocracia estatal gestiona la escasez de acceso a servicios y autorizaciones; la moneda de curso legal monopoliza la escasez del medio de intercambio legítimo; y la soberanía define la escasez última de la autoridad política en un territorio. Lejos de ser meros arreglos administrativos neutrales, instituciones como la ciudadanía o el sistema financiero son artefactos diseñados para cristalizar y perpetuar asimetrías en el control de recursos decisivos, lo que transforma relaciones de poder contingentes en órdenes sociales predecibles y perdurables.

Este proceso de institucionalización encuentra su expresión más completa y coercitiva en el Estado moderno2. Sin embargo, su esencia como tecnología de poder va más allá: el Estado es la forma históricamente más exitosa de institucionalización porque monopoliza y crea recursos escasos fundamentales. Estos son: (1) la violencia legítima (poder político), (2) la moneda de curso legal (poder económico), (3) la producción de normatividad (poder jurídico), y (4) la legitimidad simbólica (poder ideológico). Así, el Estado no es una entidad natural o eterna, sino una solución histórica y un aparato especializado en concentrar y administrar las formas de escasez más decisivas para la vida social, al tiempo que estabiliza el poder en una estructura de dominación duradera y territorialmente definida. Esta consolidación del Estado como monopolizador de escaseces estratégicas —violencia, moneda, ley y legitimidad— lo constituye en el actor central del sistema internacional y en el eje de la geopolítica clásica3. Esta última puede definirse, de acuerdo con lo abordado hasta el momento, como el estudio de la competencia interestatal por el control de recursos escasos —territorio, rutas estratégicas, materias primas— en distintos espacios, con el fin de acumular poder relativo4 (Klare, 2001; Mearsheimer, 2001).

Evolución de los espacios de proyección de poder: del dominio5 terrestre al algorítmico.

La proyección geopolítica del Estado se fundamenta en ficciones jurídico-políticas que transforman realidades materiales y humanas en unidades de gobierno y competencia internacional. La soberanía (el control exclusivo sobre un territorio delimitado), la población (transformada en ciudadanía administrativa) y la frontera (línea que convierte el espacio continuo en jurisdicción discreta) son construcciones que permiten al Estado operar como un actor unitario en el escenario global. Es sobre este sustrato que la geopolítica clásica erige su teoría, la cual toma el espacio terrestre como el ámbito primordial donde se disputa el poder.

Para Friedrich Ratzel (1897), el Estado era un organismo que necesitaba territorio para sobrevivir y crecer (Lebensraum), concibiendo el suelo como el medio escaso fundamental. Halford Mackinder (1904) profundizó este análisis al identificar la “Región Cardial” (Heartland) de Eurasia como la zona terrestre cuyo dominio permitiría controlar el mundo. Esta visión fue complementada y contestada por Nicholas Spykman (1942), quien argumentó que el verdadero poder no radicaba en el Heartland, sino en el “Territorio Costero” o Rimland —el cinturón litoral de Eurasia—, pues desde ahí se podía proyectar poder tanto marítimo como terrestre y contener cualquier hegemonía continental. En esta tradición, el ejército, la frontera y la ley son los instrumentos mediante los cuales el Estado ejerce y defiende su monopolio sobre el territorio y sus recursos, lo que establece la base física de toda competencia geopolítica posterior.

La lógica territorial y estática de la geopolítica clásica encuentra su contraparte y complemento en el espacio naval, ámbito donde el poder se ejerce de manera distinta. Su rasgo distintivo es la fluidez: el mar, como bien señaló Alfred Thayer Mahan en “The influence of sea power upon history, 1660–1783” (1890), es una gran vía de comunicaciones y comercio, un espacio que no puede ser apropiado de manera permanente, pero cuyas rutas marítimas —estrechos, canales y corredores oceánicos— constituyen el medio escaso por excelencia. En esta obra, argumentó que el dominio naval, sustentado por una flota de combate, bases estratégicas y una marina mercante, era decisivo para el ascenso de las naciones. Sin embargo, una reinterpretación contemporánea de su legado subraya que el poder naval no se basa en la posesión del espacio, sino en la capacidad de garantizar o interrumpir flujos —comerciales, informativos, energéticos— a escala global.

Esta perspectiva fue afinada por teóricos como Julian Corbett, el cual en “Some principles of maritime strategy” (1911) enfatizó el uso del mar para la proyección de influencia y la interdicción, más que para la batalla decisiva. La adopción estratégica de estas doctrinas por potencias emergentes, como la Armada Imperial Japonesa durante la era Meiji —guiada por teóricos como Sato Tetsutaro—, demostró su validez. El poder naval inaugura entonces una lógica geopolítica superior: la del control de flujos sobre la del mero control de territorios.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la competencia se extendió hacia el espacio aéreo, donde el medio escaso ya no es la ruta, sino la capacidad de proyección tridimensional y el control del cielo. Giulio Douhet (1921), en su tratado “El dominio del aire”, postuló que la superioridad aérea conferiría un poder decisivo al permitir atacar el corazón del enemigo, lo que trasciende las limitaciones de los frentes terrestres y marítimos. Este dominio fue rápidamente superado por la carrera hacia el espacio ultraterrestre, ámbito donde la escasez se redefine en términos de posiciones orbitales privilegiadas, el espectro electromagnético y el acceso a recursos como la energía solar o minerales de asteroides.

Como argumenta Everett C. Dolman en su obra “Astropolitik: Classical geopolitics in the space age” (2002), la astropolítica es la extensión lógica de la geopolítica, donde el control del “alta frontera” se convierte en un multiplicador de poder crítico para la seguridad nacional. En ambos espacios, el actor predominante sigue siendo el Estado tecnológicamente avanzado, aunque en el ámbito ultraterrestre las corporaciones privadas emergen como socios y competidores con creciente influencia. Esta transición demuestra que la desmaterialización progresiva del poder no elimina la escasez, sino que la redefine: de la posesión de territorio al control de capacidades de proyección y, finalmente, al acceso exclusivo a dominios físicos y electromagnéticos de valor estratégico.

La desmaterialización del poder alcanza su expresión más radical en el ciberespacio, un dominio artificial que representa una ruptura histórica con los espacios precedentes: es intrínsecamente no territorial y desafía la aplicación directa de la soberanía clásica basada en fronteras físicas. Como sostiene Joseph Nye en “Cyber power” (2010), el poder en este ámbito se distribuye de manera más difusa, y la escasez principal ya no reside en recursos físicos, sino en la atención, los datos masivos y el acceso a infraestructuras y plataformas digitales. El actor dominante ya no es únicamente el Estado, sino que las plataformas privadas transnacionales —con su control sobre el código, los algoritmos y las redes sociales— ejercen una influencia geopolítica comparable, y, a veces superior, a la de muchos gobiernos. Sin embargo, como argumenta Ronald Deibert en “Black code: Inside the battle for cyberspace” (2013), el ciberespacio no elimina al Estado, sino que lo obliga a adaptarse; mediante estrategias de vigilancia, censura, ciberdefensa y regulación, los Estados buscan reimponer formas de soberanía digital. El ciberespacio debilita la soberanía estatal sin eliminarla, lo que genera un escenario híbrido de competencia, donde el poder se ejerce a través del control de flujos informacionales y de la arquitectura misma de las redes.

La evolución lógica de esta desmaterialización conduce al espacio algorítmico6, una dimensión geopolítica emergente donde el poder se ejerce a través del control de protocolos, reglas de consenso y código autoejecutable (Véase anexo 2). A diferencia del ciberespacio —que comprende la infraestructura de redes, servidores y datos—, el espacio algorítmico es la capa lógica y de gobernanza que organiza la interacción, la validación de la verdad y la distribución de recursos dentro de entornos digitales. Su medio escaso fundamental es la capacidad de definir e imponer las reglas de funcionamiento de un sistema distribuido.

Como sostienen De Filippi & Lovecluck (2016), las tecnologías blockchain materializan este espacio al crear “instituciones autónomas descentralizadas”, donde la soberanía ya no reside en un territorio o una empresa, sino en un protocolo matemático y en los agentes que controlan sus nodos de consenso. La fundamentación técnica del espacio algorítmico reside en su arquitectura de gobernanza distribuida y autoejecutable. A diferencia de las infraestructuras centralizadas del ciberespacio, este se constituye mediante protocolos criptográficos que establecen reglas de consenso para validar transacciones y actualizaciones de estado sin una autoridad central (Nakamoto, 2008).

La escasez crítica aquí es la capacidad de validación y la influencia sobre el protocolo, materializada en la posesión de claves privadas, poder de cómputo o tenencia de tokens nativos. Este diseño crea una soberanía técnica donde el poder se ejerce mediante la participación en la red y el control del código base, no mediante la ocupación física o la jurisdicción legal sobre servidores. Esta arquitectura no es un mero arreglo ingenieril, sino la base material de una nueva forma de competencia geopolítica.

Hacia nuevos enfoques teóricos: escasez algorítmica y mecanismos de control.

En la era contemporánea, la escasez informacional y cognitiva (datos, atención, narrativas) y, emergente, la escasez algorítmica (protocolos, código autoejecutable), representan la última fase de esta evolución. El poder deja de ejercerse predominantemente a través de la coerción directa o la persuasión para establecerse en la infraestructura misma de la interacción: el poder se convierte en arquitectura. Esta transformación del poder en arquitectura actualiza la tipología de Bobbio, dando lugar a nuevas formas de dominio sistémico:

Poder estructural: se ejerce mediante el diseño del entorno de decisión, donde las reglas impersonales del sistema condicionan automáticamente la conducta. Un ejemplo puede ser un sistema financiero internacional que penaliza ciertas transacciones sin intervención directa (Strange, 1996, como se cita en Dubé, 2022; Pustovitovskij, 2016).

Poder algorítmico: Capacidad de ejercer influencia determinante mediante el control, diseño o imposición de las reglas fundamentales (el protocolo) que gobiernan una red crítica. Este poder no reside principalmente en la tenencia de activos, sino en la autoridad para definir e instrumentalizar los mecanismos de consenso, validación, emisión y gobernanza que constituyen su infraestructura misma. (Elaborado por el autor)

La transformación del poder en arquitectura —materializada en sus formas estructural y algorítmica— encuentra en los sistemas digitales descentralizados una de sus expresiones más avanzadas. En particular, los protocolos blockchain han materializado esta lógica al crear infraestructuras soberanas capaces de generar escasez programada, hacer cumplir reglas de intercambio y operar sistemas de validación global sin recurrir a la soberanía territorial del Estado-nación. Su eficacia descansa en pilares como la inmutabilidad del código, la automatización de la autoridad y la aparente neutralidad de las reglas consensuadas, lo que los convierte en artefactos políticos autónomos que redefinen los fundamentos de la confianza y el valor en la era digital.

Sin embargo, el poder algorítmico no se agota en la capa de los criptoactivos. Por el contrario, constituye un fenómeno más amplio y estratificado que opera en distintos niveles tecnológicos, cada uno con su propia lógica de escasez, sus mecanismos de control específicos y sus actores dominantes. En este sentido, la literatura reciente sobre interdependencia armada (weaponized interdependence) ha demostrado que las redes globales asimétricas generan nodos de control desde los cuales ciertos actores pueden imponer costos selectivos, bloquear flujos o extraer información estratégica (Farrell y Newman, 2019). Extendiendo esta lógica al dominio digital-algorítmico, es posible identificar que dicho poder no se concentra en un único plano, sino que se despliega a lo largo de una arquitectura tecnológica vertical cuyas capas son interdependientes pero no equivalentes en términos de poder fundacional (Drezner et al., 2021). Así, es posible distinguir al menos tres capas estratégicas superpuestas, pero analíticamente diferenciables donde se proyecta y disputa este poder:

1. Poder algorítmico ejercido desde la capa de hardware: Se ejerce mediante el control de la litografía a nanoescala, la propiedad intelectual de los diseños de procesadores y el acceso a materiales críticos. Quien domina esta capa posee un poder fundacional y estrangulador, pues puede limitar la capacidad de cómputo de cualquier adversario, lo que condiciona todo desarrollo algorítmico superior. Es el sustrato material que hace posible cualquier ejercicio de poder en las capas cognitiva y de valor.

2. Poder algorítmico ejercido desde la capa de inteligencia artificial: Se ejerce mediante el control de datos masivos, capacidad de cómputo, talento investigador y arquitecturas de aprendizaje. Opera como configuración del entorno informacional y predictivo, define sesgos, optimiza decisiones y moldea percepciones a escala global. Establece las reglas del juego cognitivo dentro de las cuales otros actores se desenvuelven.

3. Poder algorítmico ejercido desde la capa de protocolos blockchain: Se ejerce mediante el control del consenso, la validación de bloques y la gobernanza de redes descentralizadas. Constituye el entorno mismo de la confianza y el valor, definiendo qué transacciones son válidas, qué activos son escasos y qué contratos son ejecutables. Es un poder que establece las reglas fundamentales de coordinación económica y política en el dominio digital.

Precedentes en la medición del poder algorítmico.

La necesidad de medir y comparar el poder de los Estados en cada uno de estos estratos no ha pasado inadvertida para la academia y los centros de pensamiento estratégico. Así, en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) existen ya iniciativas consolidadas como el Global AI Index, que clasifica a los países según su capacidad en investigación, desarrollo, infraestructura y gobernanza algorítmica (Docarmo, 2026), o el AI Index Report de la Universidad de Stanford, que rastrea anualmente el volumen de publicaciones, patentes y financiamiento en IA a nivel global (Stanford University, 2024). Del mismo modo, la capa de hardware cuenta con indicadores indirectos pero reveladores, como la participación en la cadena de valor de los semiconductores —diseño, fabricación, ensamblaje y materiales críticos—, monitorizada por instituciones como el Semiconductor Industry Association (SIA, 2024) o el Observatorio de Tecnologías Críticas de la Unión Europea.

Por su parte, la literatura académica sobre la intersección entre soberanía estatal y tecnologías blockchain ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, aunque predominantemente desde perspectivas teóricas y cualitativas. Reijers et al. (2021) analizan las tensiones entre la gobernanza “on-chain” y “off-chain”, estableciendo paralelismos con el debate entre Kelsen y Schmitt sobre el orden legal positivista7, y señalando vulnerabilidades inherentes a los sistemas de gobernanza puramente automatizados. Por su parte, en la obra “Decentralized Web3 reshaping internet governance: Towards the emergence of new forms of nation-statehood?”, Calzada (2024) propone tres paradigmas emergentes —Network States, Network Sovereignties y Algorithmic Nations— que exploran cómo comunidades, incluyendo grupos indígenas, apátridas y diásporas digitales, pueden alcanzar autodeterminación mediante la soberanía de datos, aunque su enfoque permanece en el plano conceptual sin desarrollar métricas cuantitativas.

En el plano de los instrumentos cuantitativos, más allá de los índices de adopción8 y el hashrate9- la producción académica es notablemente más escasa y reciente. Shah, Chauhan y Chaudhury (2021) proponen un índice de criptomonedas basado en Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés) que supera la subjetividad de índices como CCI3010 mediante una ponderación sistemática y validación con modelos de tres factores. Por su parte, Yuming (2022) desarrolla una teoría de la “blockchain soberana” como infraestructura crítica para la identidad digital y la gobernanza, abordando monedas digitales soberanas como el DCEP desde una perspectiva filosófica y de políticas públicas, aunque sin construir un índice cuantitativo comparable. No obstante, su enfoque se limita al análisis financiero, sin abordar la dimensión geopolítica de la soberanía estatal. Esta ausencia es especialmente llamativa si se considera que, como se ha argumentado, el poder algorítmico ejercido desde la capa de protocolos blockchain constituye una forma específica e irreductible de poder algorítmico, con sus propias lógicas de escasez, mecanismos de consenso y estructuras de gobernanza. De ahí la necesidad de construir una métrica ad hoc que capture estas dimensiones.

Modelo de Poder Algorítmico Estatal: dimensiones empíricas del Índice de Soberanía Blockchain Estatal (ISBE). (Véase anexos 3 y 4)

La operacionalización del poder algorítmico estatal exige un instrumento cuyas variables sean directamente observables, replicables por cualquier investigador u organización, y que capture la multidimensionalidad estratégica del fenómeno. El Índice de Soberanía Blockchain Estatal (ISBE) se construye sobre cinco dimensiones empíricamente fundadas —Capital de Reservas Estratégicas (D1–RES), Capital de Validación Soberana (D2–VAL), Capital de Minería Institucional (D3–MIN), Capital de Infraestructura de Red (D4–NOD) y Capital de Plataforma Soberana (D5–PLT)—, cada una de las cuales representa una forma de capital específica que los Estados despliegan para proyectar influencia en el espacio algorítmico. Estas dimensiones se articulan mediante una agregación geométrica suavizada en forma logarítmica que refleja la complementariedad crítica entre ellas: un déficit severo en cualquiera de las cinco reduce significativamente el índice sin anularlo, penalizando la debilidad estructural sin cancelar la contribución de las dimensiones restantes. (Véase anexo 4)

El ISBE se calcula como la media geométrica suavizada de las cinco dimensiones normalizadas, expresada en forma logarítmica para evitar la anulación del índice ante valores nulos sin abandonar la lógica de complementariedad estructural que fundamenta el modelo.

ISBE〖_i〗=exp(1/5 ∑_(d=1)^5▒ln(D_(i,d)+ε) )donde:

D_{i,d} representa cada dimensión normalizada del Estado i

ε > 0 es un parámetro de suavización pequeño (en esta investigación, ε = 0.01)

Las Cinco Dimensiones (D)

D₁ – Capital de Reservas Estratégicas (RES)

D_(i,1)=〖BTC〗_i/max(BTC)

Donde BTC_i es el número de Bitcoin en posesión directa del Estado y max(BTC) es el máximo observado en la muestra.

D₂ – Capital de Validación Soberana (VAL)

D_(i,2)=V_i/max(V)

Donde V_i es el número total de validadores operados por entidades estatales y max(V) es el máximo observado en la muestra.

D₃ – Capital de Minería Institucional (MIN)

D_(i,3)=〖nivel〗_i/3

Escala ordinal: nivel 0 = sin evidencia; nivel 1 = plan formal; nivel 2 = marco legal vigente con operación; nivel 3 = operación estatal directa con acumulación verificada.

D₄ – Capital de Infraestructura de Red (NOD)

D_(i,4)=〖Nodos〗_i/max(Nodos)

Donde Nodos_i es el número de nodos Bitcoin reachables geolocalizados y max(Nodos) es el máximo observado en la muestra. Solo se consideran nodos geolocalizables.

D₅ – Capital de Plataforma Soberana (PLT)

D_(i,5)=〖nivel〗_i/3

Escala ordinal: nivel 0 = sin evidencia; nivel 1 = en desarrollo; nivel 2 = subred soberana operativa; nivel 3 = L1 soberana plenamente operativa.

Limitaciones metodológicas

Una de las principales limitaciones metodológicas del ISBE deriva de la normalización relativa respecto al máximo observado en la muestra para las dimensiones continuas. Este procedimiento facilita la comparabilidad interna entre actores en un momento dado, pero introduce dependencia estructural de la composición de la muestra: la incorporación o exclusión de un actor con valores extremos modifica automáticamente las puntuaciones relativas del resto. Como consecuencia, las comparaciones entre distintas iteraciones del índice pueden verse afectadas si la muestra cambia o si alguno de los máximos se altera significativamente. Esta propiedad es común a muchos índices compuestos basados en escalamiento relativo, pero debe tenerse en cuenta al interpretar variaciones temporales o ampliaciones del conjunto de países analizados.

Una segunda limitación proviene de la agregación geométrica suavizada utilizada para construir el índice. Aunque la introducción del parámetro de regularización ε evita la anulación total del indicador cuando alguna dimensión es nula, el resultado sigue siendo altamente sensible a valores bajos en cualquiera de los componentes. Esta característica refleja deliberadamente la hipótesis de complementariedad estructural del modelo, según la cual las distintas formas de capital blockchain estatal no son plenamente sustituibles entre sí. No obstante, desde un punto de vista matemático implica que pequeñas variaciones en dimensiones cercanas a cero pueden generar cambios proporcionalmente elevados en el valor final del índice, lo que aconseja interpretar los resultados como aproximaciones estructurales más que como mediciones precisas de magnitud absoluta. (Véase anexo 5 para la aplicación práctica del índice a casos específicos)

CONCLUSIONES

El poder en la era digital evoluciona hacia una forma arquitectónica: se ejerce mediante el diseño y control de protocolos y algoritmos que constituyen el entorno de la acción, automatizando la autoridad a través de reglas de consenso y código autoejecutable.

El espacio algorítmico como un nuevo dominio geopolítico, redefine el poder a partir del control de la escasez algorítmica. En este marco, Bitcoin introduce una «soberanía técnica» basada en protocolos matemáticos y consenso distribuido, al desafiar el monopolio estatal sobre la moneda. La competencia geopolítica se redefine así como una disputa por la capacidad de establecer las reglas de los sistemas descentralizados que organizan el valor y la interacción.

El Índice de Soberanía Blockchain Estatal (ISBE) permite cuantificar y comparar la proyección de poder estatal en el dominio algorítmico mediante cinco dimensiones estratégicas: reservas, validación, minería institucional, infraestructura de nodos y plataforma soberana. Su agregación geométrica evidencia que un déficit en cualquiera de ellas anula la capacidad de proyectar poder algorítmico efectivo.

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Reijers, W., Wuisman, I., Mannan, M., De Filippi, P., Wray, C., Rae-Looi, V., Cubillos Vélez, A., & Orgad, L. (2021). Now the code runs itself: On-chain and off-chain governance of blockchain technologies. Topoi, 40(4), 821–831. https://doi.org/10.1007/s11245-018-9626-5

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ANEXOS

1. Usos geopolíticos de los criptoactivos por actor.

Fuente: Makdoum, E. (2023). La Geopolitica delle Criptovalute: Come Bitcoin & Co. Stanno Cambiando il Mondo; Olalekan, O. (2025). Deconstructing the geopolitics of crypto-currency: The impact of Bitcoin on global economic power dynamics. KASHERE JOURNAL OF POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS, 3(3), 192–204.

2. Tipos de escasez y espacios geopolíticos.

Fuente: Elaborado por el autor.

.3. Modelo de poder algoritmico

Fuente: Elaborado por el autor.

4. Dimensiones del ISBE — Desagregación de componentes y fuentes

Nota: Las escalas ordinales (D3–MIN y D5–PLT) se transforman a valores continuos 0–1 mediante interpolación lineal antes de su incorporación al cálculo del ISBE. Los valores ausentes en D1–RES se codifican como cero cuando no existe dato público verificable.

5. Resultados del cálculo del Índice de Soberanía Blockchain Estatal.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos y reportes especializados, incluyendo Bitcoin Treasuries, Chainalysis, CoinMarketCap, Arkham Intelligence, Bloomberg Línea, ForkLog, Bitnodes, Cambridge Centre for Alternative Finance (Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index), así como reportes y cobertura especializada de Cryptopolitan, Golden Finance, TNGlobal, ChainCatcher y The Tribune India. Se complementa con documentación oficial y comunicaciones institucionales vinculadas a iniciativas blockchain estatales y políticas públicas en El Salvador, Bután, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, China, Reino Unido, Ucrania y Venezuela.