Recibido: 11 de mayo de 2026
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Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
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Aprobado: 15 de junio de 2026
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Padrón Imbert, S. (2026). El golpe de estado en Madagascar en 2025: Factores determinantes. Revista Científica Universitaria Ad Hoc. 7(3), 14-23.
Introducción
Madagascar, la cuarta isla más grande del mundo y situada en el Canal de Mozambique del Océano Índico, ha tenido una historia política marcada por la inestabilidad, desde su independencia en 1960. El país ha atravesado 5 crisis políticas mayores: 1972, 1991, 2002, 2009 y 2018 (African Arguments, 2025). La más reciente, ocurrida en octubre de 2025, representa un punto de inflexión significativo en la trayectoria política del Estado malgache, pues combina elementos de movilización juvenil, defección militar y manipulación institucional en un contexto de crisis económica y social.
El antecedente de la crisis de 2025 se encuentra en el ciclo político iniciado en 2009, cuando Andry Rajoelina, entonces alcalde de Antananarivo, llegó al poder mediante protestas populares y apoyo militar de la unidad de élite conocida como Cuerpo de Administración de Personal y Servicios Administrativos y Técnicos, tras la renuncia del presidente Marc Ravalomanana (ISS Africa, 2026). Rajoelina gobernó como presidente de la Alta Autoridad de Transición hasta 2014, y posteriormente fue electo presidente en 2018 y reelecto en 2023 y el boicot de 11 de los 12 candidatos presidenciales (Manitra, 2025).
El contexto económico y social previo al golpe de estado de 2025 resulta determinante para comprender la magnitud de la crisis. A pesar de contar con abundantes recursos mineros y agrícolas, Madagascar presentaba indicadores socioeconómicos críticos: aproximadamente el 80% de su población de 31 millones de habitantes vivía bajo el umbral de la pobreza, sólo el 36% tenía acceso a electricidad de manera irregular, y el desempleo juvenil en zonas urbanas superaba el 30% (Global Finance Magazine, 2025). El país ocupaba el puesto 140 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional en 2024, habiendo descendido 22 posiciones desde 2012 (Transparency International, 2025).
Si bien existen antecedentes académicos que abordan las crisis políticas malgaches de 2002 y 2009 desde perspectivas de fragilidad estatal y transiciones democráticas, el colapso de 2025 presenta rasgos singulares que justifican un análisis específico. La presente investigación se diferencia de estudios previos en su enfoque integrador, que articula variables institucionales, socioeconómicas y tecnológicas —específicamente el papel de las redes sociales en la movilización de la Generación Z— con la dinámica de defección militar, dentro de un contexto geopolítico de creciente competencia en el Océano Índico. Ello permite cubrir un vacío en la literatura sobre gobernanza frágil insular africana, donde los procesos de cambio político han sido menos estudiados que en el África subsahariana continental (GIS Reports, 2026). La importancia del estudio reside, también, en su capacidad para contribuir al entendimiento de las dinámicas de fragilidad estatal en contextos de gobernanza democrática precaria, aportando una interpretación diferenciada de cómo la acumulación de insatisfacción popular puede articularse con estructuras militares para producir rupturas constitucionales.
El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar los factores determinantes que condujeron al golpe de estado en Madagascar en octubre de 2025.
desarrollo
Contexto político-institucional
y la crisis de legitimidad electoral
La base del colapso de 2025 se asienta en las controversias generadas durante la elección presidencial de noviembre de 2023. En junio de aquel año, investigaciones periodísticas revelaron que Andry Rajoelina había obtenido la nacionalidad francesa en noviembre de 2014, un hecho confirmado por el Diario Oficial francés (Manitra, 2025). Esta circunstancia activó un debate constitucional de profundas implicaciones, dado que el Código de Nacionalidad de Madagascar establece que el ciudadano malgache mayor de edad que adquiere voluntariamente una nacionalidad extranjera, pierde la nacionalidad malgache, y la Constitución exige que los candidatos presidenciales posean exclusivamente la nacionalidad malgache.
La Alta Corte Constitucional, institución que en 2009 había validado la transición que llevó a Rajoelina al poder y que en 2018 había ratificado su candidatura, desestimó los recursos de oposición argumentando que la pérdida de nacionalidad requería un pronunciamiento judicial previo que no existía (Manitra, 2025). Esta interpretación, que el entonces presidente de la Alta Corte Constitucional defendió públicamente en diciembre de 2023, fue percibida por amplios sectores de la población como una muestra de subordinación judicial al poder ejecutivo. La decisión permitió que Rajoelina participara en unos comicios boicoteados por la oposición y caracterizados por una participación del 43%, el nivel más bajo en la historia electoral del país.
La noticia de la doble nacionalidad trascendió el ámbito jurídico para convertirse en un símbolo de desconexión entre el gobierno y la población. Rajoelina justificó la obtención de la ciudadanía francesa por razones familiares, argumentando que facilitaría la educación de sus hijos en Francia (Radio Francia Internacional, 2025). No obstante, esta explicación resultó insuficiente para una ciudadanía que percibía en el hecho una renuncia simbólica a la soberanía nacional, particularmente sensible dada la historia colonial del país. Esta percepción de desconexión se relacionó con indicadores de deterioro institucional. La degradación progresiva de la confianza en las instituciones democráticas, documentada por el Índice de Transformación de Bertelsmann1 , mostró que indicadores como la libertad de expresión y el compromiso con instituciones democráticas habían caído drásticamente durante la última década (African Arguments, 2025).
Factores económicos y sociales: pobreza, desigualdad y colapso de servicios públicos
La estructura económica de Madagascar exhibía condiciones de vulnerabilidad. Con un producto interno bruto de 19 300 millones de dólares y un ingreso per cápita de 545 dólares, el país presentaba uno de los niveles de pobreza más elevados del continente africano (Global Finance Magazine, 2025). El 75% de la población subsistía con menos de tres dólares diarios, mientras que la escasez de servicios básicos afectaba la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
La crisis de suministro de energía eléctrica y agua potable constituyó el detonante de las protestas de septiembre de 2025. A pesar de que sólo el 36% de la población contaba con acceso a electricidad, incluso los centros urbanos enfrentaban cortes prolongados que frecuentemente excedían las doce horas diarias (Thraets, 2025). Los jóvenes malgaches, que conforman la mayoría demográfica de una población con mediana de edad aproximada de 19 años, canalizaron su frustración mediante protestas que utilizaban recipientes de agua y lámparas de kerosene como símbolos visibles del fracaso estatal.
La corrupción sistémica exacerbó estas condiciones materiales de privación. Madagascar descendió del puesto 118 al 140 en el Índice de Percepción de Corrupción entre 2012 y 2024, lo que refleja una trayectoria de deterioro en la integridad institucional (Transparency International, 2025). El sector minero, que contribuye con los 4,5% al Producto Interno Bruto (PIB) y posiciona al país como segundo productor mundial de grafito, operaba bajo condiciones de escasa rendición de cuentas. Adicionalmente, la imposición de aranceles del 15% por la administración estadounidense sobre la industria textil y de confección, que empleaba a más de 400 000 trabajadores, generó incertidumbre sobre las exportaciones que en 2024 alcanzaron 733 millones de dólares (Global Finance Magazine, 2025). El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo sus proyecciones de crecimiento para 2025 de los 4,6% al 4%, evidenciando las restricciones fiscales bajo las cuales operaba el gobierno.
La movilización de la Generación Z y el papel de las redes sociales
El carácter distintivo de la crisis de 2025 reside en su génesis como movimiento de protesta liderado por jóvenes que se autodenominaron Generación Z2 Madagascar. A diferencia de las crisis políticas anteriores, que fueron impulsadas por facciones de la élite política tradicional, la revuelta de 2025 emergió desde las clases sociales más bajas, conectando demandas materiales con aspiraciones de dignidad y gobernanza responsable (African Arguments, 2025).
Las protestas iniciaron el 25 de septiembre de 2025 en Antananarivo, desencadenadas por los cortes de servicios públicos, y se expandieron rápidamente hacia ciudades como Toamasina, Antsiranana y Toliara. Las redes sociales funcionaron como plataformas de coordinación y difusión, permitiendo la viralización de contenidos que mostraban las demandas de la población, trascendiendo, además, el ámbito de los servicios públicos para abarcar la corrupción, el nepotismo y la restricción de libertades civiles (ConstitutionNet, 2025).
La respuesta gubernamental combinó el intento de diálogo con el uso de la fuerza. El 9 de octubre, Rajoelina disolvió el gabinete y destituyó al primer ministro, pero rechazó las demandas de renuncia. La represión por las fuerzas de seguridad causó, al menos, 22 muertos y más de 100 heridos, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cifras que el gobierno disputó (African Arguments, 2025).
La defección militar y
la toma del poder
El Cuerpo de Administración de Personal y Servicios Administrativos y Técnicos (CAPSAT) ocupa un lugar central en la comprensión del golpe de Estado de 2025. Esta unidad de élite de las fuerzas armadas malgaches ha funcionado históricamente como un actor de peso en las transiciones políticas del país. En 2009, fue el CAPSAT quien proporcionó el respaldo militar que permitió a Rajoelina desplazar a Marc Ravalomanana. Su neutralidad o defección ante el poder de turno, resultó, en ambas ocasiones, el factor determinante que inclinó la balanza hacia el cambio de gobierno.
El momento decisivo de la crisis ocurrió el 11 de octubre de 2025, cuando el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios Administrativos y Técnicos, la misma unidad de élite que en 2009 había respaldado la ascensión de Rajoelina, anunció su negativa a obedecer órdenes de reprimir las manifestaciones y se alineó con los protestantes en la Plaza del Trece de Mayo de Antananarivo (Majalla, 2025). El comandante de la unidad, coronel Michael Randrianirina, exigió la renuncia del presidente y asumió el control de las fuerzas armadas, suspendiendo la Constitución y declarando una toma militar que inicialmente contemplaba un período de transición de 18 meses.
La fuga de Rajoelina el 12 de octubre marcó el colapso del gobierno. El presidente abandonó el país a bordo de una aeronave militar francesa desde la isla de Sainte Marie, en un aparente arreglo diplomático coordinado por París para evitar derramamiento de sangre (ISS Africa, 2026). Desde un lugar no revelado, Rajoelina denunció un supuesto intento de asesinato y reivindicó su legitimidad, mientras la Asamblea Nacional procedía a su destitución por abandono de cargo.
La Alta Corte Constitucional, lejos de declarar la vacancia presidencial en favor del presidente del Senado según establecía la Constitución, optó por otra vía institucional. El presidente del Senado, general Richard Ravalomanana, aliado de Rajoelina, fue declarado no disponible por la propia Cámara, que argumentó responder a las aspiraciones del pueblo malgache por estabilidad y gobernanza transparente (ISS Africa, 2026). La Corte utilizó este vacío institucional para “invitar” al coronel Randrianirina a ejercer las funciones de jefe de Estado, quien fue juramentado el 17 de octubre como presidente de la Refundación de la República de Madagascar, con un periodo de transición extendido entre 18 y 24 meses.
La nueva autoridad militar consolidó rápidamente el poder, mediante una serie de decisiones que generaron desconfianza entre los propios sectores que habían respaldado la caída de Rajoelina. El nombramiento de un primer ministro vinculado a figuras del antiguo gobierno y la posterior destitución del gabinete completo, sumados a una ola de arrestos dirigidos contra actores cercanos al gobierno anterior, alimentaron temores de que la justicia estuviera siendo instrumentalizada para fines de venganza política (African Arguments, 2025). El 25 de octubre, el nuevo gobierno emitió un decreto revocando la nacionalidad malgache de Rajoelina, tomando como base su ciudadanía francesa, e inhabilitándolo para futuras contiendas electorales (Radio Francia Internacional, 2025).
Respuestas internacionales y dilemas de la transición
La comunidad internacional respondió de manera fragmentada ante los eventos en Madagascar. La Unión Africana, a través de su Consejo de Paz y Seguridad, emitió comunicados de emergencia los días 13 y 15 de octubre de 2025, condenando enérgicamente la toma de poder militar como un cambio inconstitucional de gobierno y suspendiendo inmediatamente a Madagascar de todos los órganos e instituciones del bloque, hasta el restablecimiento del orden constitucional (Union Africana, 2025a). El Consejo exigió, además, el retorno a un gobierno de transición liderado por civiles y la organización de elecciones libres, justas y transparentes, advirtiendo con sanciones dirigidas contra los actores involucrados si persistía la interferencia militar.
Por el contrario, la Comunidad de Desarrollo de África Austral (CDAA) optó por no suspender a Madagascar, argumentando que el traspaso de poder había sido formalizado por la Alta Corte Constitucional y no constituía un golpe de Estado en los términos estrictos de su jurisprudencia (ISS Africa, 2026). Esta divergencia entre organizaciones regionales, refleja la ausencia de consenso continental sobre cómo calificar situaciones donde la manipulación judicial, proporciona una apariencia de legalidad a rupturas constitucionales. La CDAA convocó una cumbre virtual en diciembre de 2025, donde instó a Randrianirina a iniciar un diálogo nacional inclusivo y presentar un plan de transición hacia elecciones presidenciales en 2027.
La transición ha asumido una orientación geopolítica compleja. El nuevo gobierno ha mantenido una política de apertura hacia diversos socios, viendo un primer acercamiento a la Federación Rusa, cuyo embajador fue el primer representante diplomático en reunirse con Randrianirina tras su investidura (Amaniafrica, 2026). Simultáneamente, el gobierno francés coordinó la salida de Rajoelina y posteriormente estableció un diálogo de cooperación con las nuevas autoridades, lo que revela la permanencia de intereses geopolíticos tradicionales en el Canal de Mozambique.
conclusiones
El golpe de estado ocurrido en Madagascar en octubre de 2025 constituye un evento político cuya comprensión requiere el análisis de factores estructurales, institucionales y coyunturales que convergieron de manera singular. Los resultados de esta investigación permiten identificar, al menos, cinco elementos fundamentales: una crisis institucional originada por la doble nacionalidad del presidente; las condiciones de pobreza y desigualdad estructural que afectan a la mayoría de la población; el colapso del suministro de servicios públicos básicos que funcionó como catalizador inmediato de la movilización; la articulación de una protesta juvenil descentralizada y potenciada a través de las redes sociales; y la defección del CAPSAT, unidad militar de élite, que se sumó a la presión popular para ejecutar la transición.
Este acontecimiento no es solamente una acción militar autónoma, ni una revuelta espontánea sin consecuencias institucionales. Se trata de un caso de colapso de gobernanza en el que la insatisfacción de las clases sociales más empobrecidas, se articuló con el mando militar y el ámbito judicial, para promover un cambio de gobierno. La participación de la misma unidad militar —el CAPSAT— y la misma Corte Constitucional en los procesos de 2009 y 2025, evidencia los arreglos institucionales informales que trascienden administraciones particulares, y que constituyen una constante en la “armazón estructural” de la política malgache.
Desde una perspectiva comparada, el golpe de 2025 se inserta en la cadena de rupturas constitucionales que ha afectado al continente africano en los últimos años, con casos similares en Mali (2020 y 2021), Guinea (2021), Burkina Faso (2022), Níger (2023) y Gabón (2023). Al igual que en estos precedentes, el golpe de Madagascar comparte elementos como el descrédito de la clase política gobernante, el protagonismo de unidades militares de élite y la invocación de la voluntad popular como legitimación del cambio de gobierno. Sin embargo, se distingue por el papel inédito que jugó la movilización juvenil, organizada a través de redes sociales, lo que le otorga un carácter híbrido entre revuelta popular y golpe institucional. Esta característica ha llevado a algunos analistas a denominarlo una “coupvolution” (ISS Africa, 2026), concepto que captura la intersección entre insurrección civil y acción militar.
El papel de la Generación Z en este proceso, merece una reflexión específica. Su dependencia de las nuevas tecnologías como herramientas de organización política, no sólo aceleró la coordinación de las protestas, sino que también dotó al movimiento de una visibilidad internacional que condicionó las respuestas de los actores externos. La horizontalidad de la movilización, articulada sin líderes claros ni estructuras partidarias, representa una forma emergente de acción política, que contrasta con los patrones tradicionales de oposición malgache y que podría, de cierta manera, replantear las formas de movilización popular en África subsahariana en años venideros.
En términos de continuidad histórica, el golpe de 2025 no representa una ruptura con el historial de inestabilidad de Madagascar, sino su continuación bajo nuevas formas. La recurrencia del CAPSAT como actor decisivo en las transiciones políticas, la instrumentalización de la Alta Corte Constitucional y la persistencia de condiciones de pobreza estructural, sugieren que el problema de fondo no reside en la persona del presidente de turno, sino en las debilidades sistémicas del Estado malgache. Que hayan sido las clases sociales más empobrecidas las que encabezaran la movilización, indica que el umbral de tolerancia ante la privación material y la corrupción, ha alcanzado un punto crítico que los mecanismos institucionales existentes son incapaces de procesar.
La consolidación de un orden constitucional estable en Madagascar, dependerá, en última instancia, de la capacidad de la transición de llevar a cabo reformas estructurales de rendición de cuentas, distribución equitativa de recursos y fortalecimiento de la independencia judicial. Sin estas condiciones, el ciclo de inestabilidad que caracteriza la política malgache desde 1972, tiene altas probabilidades de repetirse.
Referencias bibliográficas
notas
resumen
Este artículo identifica los factores determinantes que condujeron al golpe de estado ocurrido en Madagascar en octubre de 2025, el cual derrocó al presidente Andry Rajoelina e instauró un gobierno militar liderado por el coronel Michael Randrianirina. La crisis fue desencadenada por un conjunto de factores: condiciones de pobreza y desigualdad que afectan a aproximadamente el 80% de la población; una crisis de servicios públicos fundamentalmente en el suministro de electricidad y agua potable; la controversia sobre la doble nacionalidad del presidente que debilitó su legitimidad institucional; la erosión progresiva de la independencia judicial evidenciada en las decisiones de la Alta Corte Constitucional; y una movilización juvenil coordinada mediante redes sociales. El papel del Cuerpo de Administración de Personal y Servicios Administrativos y Técnicos (CAPSAT), unidad militar de élite, resultó decisivo: fue precisamente esta unidad la que, al negarse a reprimir las manifestaciones y alinearse con los protestantes, precipitó la caída del gobierno. Este suceso constituye un caso de colapso institucional en el contexto de la gobernanza africana frágil, donde la insatisfacción popular de las clases más empobrecidas, se articuló con el mando militar para un cambio de gobierno que pone de manifiesto la fragilidad de los mecanismos de rendición de cuentas en Estados con democracias precarias.
Palabras Clave: Madagascar, golpe de estado, crisis política, gobernanza, movilización social
ABSTRACT
This article identifies the determining factors that led to the coup d’état that occurred in Madagascar in October 2025, which overthrew President Andry Rajoelina and established a military government led by Colonel Michael Randrianirina. The crisis was triggered by a set of factors: poverty and inequality conditions affecting approximately 80% of the population; a public services crisis fundamentally in the supply of electricity and drinking water; the controversy over the president’s dual nationality that weakened his institutional legitimacy; the progressive erosion of judicial independence evidenced in the decisions of the High Constitutional Court; and a coordinated youth mobilization through social media. The role of the Personnel Administration and Administrative and Technical Services Corps (CAPSAT), an elite military unit, proved decisive: it was precisely this unit that, by refusing to suppress demonstrations and aligning with protesters, precipitated the fall of the government. This event constitutes a case of institutional collapse in the context of fragile African governance, where popular dissatisfaction among the most impoverished classes connected with military command to produce a change of government that highlights the fragility of accountability mechanisms in states with precarious democracies.
Keywords: : Madagascar, coup d’etat, political crisis, governance, social mobilization