Recibido: 1 de Febrero de 2026
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 26 de Marzo de 2026
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición): Rodríguez Fabié, D. A. (2026).El acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo en 2025. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(2), 64-72
resumen
Las relaciones entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda se han caracterizado por una tensión estructural vinculada a factores históricos, geoestratégicos y económicos. La reactivación del Movimiento 23 de Marzo (M23) desde 2021, con el respaldo tácito de las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR), exacerbó la crisis de seguridad en el este de la RDC, generando inestabilidad regional. Ante la ineficacia de los mecanismos africanos de resolución de conflictos, actores externos como Estados Unidos y Qatar desempeñaron un papel determinante en la mediación del conflicto. El acuerdo intergubernamental firmado en Washington en junio de 2025 y la posterior Declaración de Principios en Doha entre el M23 y la RDC constituyen hitos diplomáticos relevantes, articulados bajo una lógica de intercambio de seguridad por acceso a minerales estratégicos. La configuración del pacto refleja la creciente instrumentalización de la diplomacia como vehículo para intereses geoeconómicos, especialmente en el contexto de la competencia global por recursos naturales. La fragilidad de los mecanismos de implementación y la exclusión del M23 del acuerdo central comprometen la sostenibilidad del proceso y la posibilidad de una paz duradera.
Palabras clave: M23, Estados Unidos, República Democrática del Congo, Ruanda, conflicto, intereses geoeconómicos, recursos naturales
ABSTRACT
Relations between the Democratic Republic of the Congo (DRC) and Rwanda have been marked by structural tensions linked to historical, geostrategic, and economic factors. The resurgence of the March 23 Movement (M23) since 2021, with the tacit support of the Rwandan Defense Forces (RDF), exacerbated the security crisis in eastern DRC, generating regional instability. Given the ineffectiveness of African conflict resolution mechanisms, external actors such as the United States and Qatar played a decisive role in mediating the conflict. The intergovernmental agreement signed in Washington in June 2025 and the subsequent Declaration of Principles in Doha between the M23 and the DRC constitute significant diplomatic milestones, structured around a logic of exchanging security for access to strategic minerals. The structure of the pact reflects the growing instrumentalization of diplomacy as a vehicle for geoeconomic interests, especially in the context of global competition for natural resources. The fragility of the implementation mechanisms and the exclusion of the M23 from the central agreement compromise the sustainability of the process and the possibility of lasting peace.
Keywords: M23, United States, Democratic Republic of the Congo, Rwanda, conflict, geoeconomic interests, natural resources.
introducción
Las relaciones bilaterales entre la RDC y Ruanda se han caracterizado, desde la década de 1990, por disputas en búsqueda de la influencia en la región oriental del Congo. El genocidio de Ruanda en 19941 y la posterior llegada al poder del Frente Patriótico Ruandés (FPR) bajo el liderazgo de Paul Kagame, configuraron un nuevo escenario geopolítico en la región, donde la proyección de poder y el control de los flujos armados y económicos se volvieron prioritarios para ambos Estados.
Durante la Primera (1996-1997) y la Segunda Guerra del Congo (1998-2003), Ruanda desempeñó un papel militar directo en territorio congoleño, justificando sus intervenciones como acciones defensivas contra las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR)2, compuestas por exmilicianos hutus implicados en el genocidio de 1994. A lo largo de las décadas siguientes, las relaciones formales entre Kinshasa y Kigali se mantuvieron oscilantes, influenciadas por el grado de estabilidad interna en la RDC, los cambios en el liderazgo político y los esfuerzos regionales de integración.
Sistemáticamente, RDC ha acusado a Ruanda de respaldar directa o indirectamente a grupos rebeldes armados en un intento por ejercer influencia sobre el este del país, región rica en recursos minerales estratégicos. Por su parte, Ruanda ha señalado a la RDC por permitir la presencia de elementos armados hostiles en su territorio, especialmente las FDLR, consideradas por Kigali como una amenaza latente a su seguridad.
En el contexto contemporáneo, estas tensiones se han agudizado a raíz de la reactivación del M233 desde 2021, fenómeno que intensificó la violencia en la región del Kivu del Norte y condujo a una crisis de seguridad con impacto regional. El conflicto, caracterizado por desplazamientos masivos de población, violaciones sistemáticas de derechos humanos y una fragmentación persistente de la autoridad estatal en el este de la RDC, generó una presión internacional creciente por alcanzar una solución negociada.
La mediación de actores externos luego del fallo de los mecanismos multilaterales africanos, en particular de Estados Unidos (EE.UU.) y Qatar, contribuyó de forma significativa a la configuración de un espacio de diálogo. En este contexto, la firma del acuerdo de paz intergubernamental entre RDC y Ruanda en junio de 2025 constituye un hito relevante para la estabilización de ambas naciones.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el proceso de firma del acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda en 2025.
desarrollo
Desde octubre de 2021, el M23 relanzó operaciones en la provincia congolesa de Kivu del Norte, y expandió rápidamente su presencia en territorios estratégicos como Ndiza, Cyanzu y Runyoni. Entre marzo y junio de 2022, el M23 invadió áreas clave en el territorio de Rutshuru, incluida la ciudad fronteriza de Bunagana, lo que obligó a soldados congoleños a huir a Uganda (Centro Africano de Estudios Estratégicos, 2022). La Comunidad de África Oriental (CAO) desplegó la Fuerza Regional de la Comunidad de África Oriental (EACRF, por sus siglas en inglés), aunque esta acción no produjo resultados viables.
El 26 de enero de 2023, el M23 capturó Kitchanga y, para marzo de 2024, había invadido el territorio de Rutshuru, con lo que ocupó Rwindi y la zona pesquera de Vitshumbi a lo largo del lago Edward. En junio de 2024, las fuerzas del M23 y las FDR tomaron Kanyabayonga y Kirumba y entraron en el territorio de Lubero.
Entre el 23 y el 30 de enero de 2025, apoyadas por entre quinientos y mil soldados ruandeses, las fuerzas del M23 asumieron el control de Goma, capital de Kivu del Norte, mediante una ofensiva relámpago. Posteriormente, tomaron Bukavu, capital de Kivu del Sur, lo que les permitió consolidar su dominio territorial en localidades mineras claves como Rubaya, vital para la extracción de coltán y controlado desde 20234 (Mulegwa, 2023).
Estos asaltos militares provocaron una crisis humanitaria de dimensiones regionales sin precedentes: más de 700 mil personas se vieron desplazadas internamente solo en la región de Goma, mientras que cerca de 7,8 millones de desplazados internos fueron registrados en todo el país a comienzos de 2025 (Actualite.cd, 2025). La magnitud de dicha crisis rebasó las fronteras nacionales y afectó la estabilidad de los países limítrofes, lo que atrajo la atención de la comunidad internacional sobre la urgencia de una solución negociada. Asimismo, diversos organismos internacionales han documentado continuas ejecuciones y violencia sexual, así como reclutamiento forzado de menores de edad, a lo largo de toda la campaña del M23 (Human Rights Watch, 2023).
La reactivación del M23 desde 2021 responde a la poca o nula actividad regulatoria de las autoridades congoleñas en su periferia oriental; una región rica en recursos minerales pero cuya explotación se ha visto limitada por su distancia geográfica del pequeño sector costero de la RDC, lo que limita el interés del Estado congoleño en su atención y defensa. En adición, la presión económica que han ejercido las élites mineras aliadas al gobierno de Ruanda y al capital extranjero sobre diversos sectores sociales con el fin de obtener los recursos minerales prácticamente inexplorados del Kivu, ha conducido al rearme de este y otros grupos paramilitares. Asimismo, la ausencia de mecanismos regionales de supervisión fronteriza, junto con el deterioro de formas de integración como la Comunidad de África Oriental (CAO), ha determinado la extensión de un conflicto a gran escala.
A pesar de las claras evidencias documentadas de vinculaciones operativas entre el M23 y el Ejército Ruandés, Kigali ha negado sistemáticamente su implicación. No obstante, dicha postura resulta difícil de sostener, teniendo en cuenta que en un informe encargado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) se estimó la presencia de entre 3 y 4 mil efectivos de las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR) en el este de la RDC, superando incluso los 3 mil combatientes estimados del propio M23. Esto evidencia una participación estatal directa que contradice las declaraciones oficiales de Kigali.
El gobierno de la RDC, por su parte, declaró formalmente al M23 como organización terrorista, rechazando toda negociación directa. Patrick Muyaya Katembwe, portavoz del gobierno de RDC, criticó también la postura de la Comisión de la Unión Africana (UA) al referirse al M23 como oposición política y militar, al tiempo que enfatizó el carácter terrorista del grupo y el apoyo que recibe de Ruanda (Muamba, 2025).
En respuesta a la escalada del conflicto, el CSNU adoptó la Resolución 2773 en febrero de 2025, exigiendo el cese inmediato de las ofensivas del M23, la disolución de instituciones paralelas y el desmantelamiento del apoyo estatal desde Ruanda, mientras urgía al gobierno congoleño a dejar de respaldar a la milicia FDLR. En dicho documento, se recoge:
El Consejo de Seguridad,
(…) Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
(…) 2. Decide que el M23 deberá poner fin de inmediato a las hostilidades, retirarse de Goma, Bukavu y todas las zonas controladas, incluidas las rutas terrestres y lacustres, y revocar por completo las administraciones paralelas ilegítimas establecidas en el territorio de la RDC, y que no deberá obstaculizarse esa retirada;
(…) 4. Exhorta a la Fuerza de Defensa de Rwanda a que deje de apoyar al M23 y se retire inmediatamente del territorio de la RDC sin condiciones;
(…) 6. Condena el apoyo prestado por las fuerzas militares de la RDC a determinados grupos armados, en particular las FDLR, y pide que se ponga fin a tal apoyo y se cumplan urgentemente los compromisos para neutralizar al grupo (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas [CSNU], 2025).
Es importante señalar que el contenido de la resolución evidencia una lógica de equilibrio político más que de justicia efectiva, al distribuir responsabilidades entre las partes sin establecer mecanismos concretos de verificación ni sanción. En este sentido, si bien la resolución contribuye a legitimar la presión internacional sobre Ruanda y la RDC, su alcance práctico resulta limitado, dado que no modifica sustancialmente las condiciones que sostienen el conflicto, particularmente la disputa por el control de recursos estratégicos en el este congoleño.
Ante la situación en su territorio, la RDC encontró en Estados Unidos y Qatar mediadores eficaces para impulsar una solución rápida. Desde finales de 2023, Washington había comenzado a intensificar su presencia diplomática en el conflicto, revitalizando progresivamente su papel como actor mediador en la región. La nación norteamericana decidió intervenir de forma directa5, condicionando, no obstante, su mediación a la consecución de intereses económicos y geoestratégicos sobre la RDC y Ruanda (Al Jazeera, 2025). Ello se debió a que la prolongada serie de intentos de resolución encabezados por mediadores africanos como Angola, Kenya y la Unión Africana, no tuvo la capacidad de generar acuerdos.
El 27 de junio de 2025, en Washington D.C., la RDC y Ruanda firmaron el Acuerdo de Paz, ampliamente conocido como el Washington Accord, en una ceremonia presidida por el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. El acto formal tuvo lugar en la Sala de Tratados del Departamento de Estado estadounidense (Núñez, 2025).
Este acuerdo se estructuró alrededor de varios compromisos clave, que incluyen la retirada de fuerzas ruandesas en los 90 días posteriores a la firma, un mecanismo conjunto entre ambas naciones en un plazo de 30 días para supervisar el cumplimiento de obligaciones militares y la desmovilización de elementos del M23 y de la FDLR con posibilidad de integración a las fuerzas de seguridad estatales. Ambos gobiernos se comprometieron a no apoyar militarmente a grupos rebeldes y a respetar mutua soberanía, en línea con la Resolución 2773 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Se acordó la creación de un plan de colaboración económica regional vinculando inversiones de EE. UU. y cooperación bilateral para explotar recursos como cobre, cobalto, litio y coltán (Departamento de Estado de los EE.UU., 2025). El presidente estadounidense Donald Trump, antes de la firma del acuerdo, declaró: “Recibiremos, para Estados Unidos, muchos de los derechos mineros del Congo como parte de este acuerdo. Es un gran honor para ellos estar aquí. Nunca pensaron que vendrían” (Al Jazeera citando a Trump, 2025).
El acuerdo consolida la creciente política exterior estadounidense basada en la lógica de seguridad por minerales, como forma de acceder a materias primas. Con ello se alinean los intereses geopolíticos con la diplomacia y el intervencionismo, no solo para expropiar a las naciones de sus recursos naturales, sino también para garantizar cadenas de suministro seguras y confiables.
En este sentido, Washington Accord se propone facilitar al gobierno y a las empresas estadounidenses obtener acceso a minerales críticos como tantalio, oro, cobalto, cobre y litio. Estos son esenciales para gran parte de la producción tecnológica mundial en un momento en que Estados Unidos y China compiten activamente por influencia en África. Al respecto, en el documento final del acuerdo se menciona:
En este marco, las Partes iniciarán y/o ampliarán la cooperación en prioridades compartidas, como la gestión de parques nacionales, el desarrollo hidroeléctrico, la reducción de riesgos en las cadenas de suministro de minerales, la gestión conjunta de los recursos del lago Kivu y cadenas de valor minerales transparentes y formalizadas de extremo a extremo (desde la mina hasta el metal procesado) que vinculen a ambos países, en asociación, según corresponda, con el gobierno de Estados Unidos y los inversores estadounidenses (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2025).
Los ministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones, Thérèse Kayikwamba Wagner (RDC) y Olivier Nduhungirehe (Ruanda), firmaron el acuerdo subrayando que, aunque existe optimismo, queda “mucho trabajo” por delante para materializar los compromisos asumidos (Khandelwal, 2025). A pesar del logro diplomático, el acuerdo no incluye mecanismos robustos de rendición de cuentas ni justicia transicional que garanticen su adecuado cumplimiento.
El M23 no fue incluido en el acuerdo intergubernamental por su condición de grupo paramilitar, aunque esto puede generar asimetrías que condicionarían el conjunto del proceso. Ello se debe a que el grupo armado mantiene el control de facto sobre Goma y Bukavu, dos centros urbanos de relevancia estratégica, lo que le confiere una capacidad de presión real sobre la implementación de los compromisos adquiridos entre Kinshasa y Kigali. Por ello, RDC y el grupo se enfocaron en un proceso de diálogo, impulsado mediante negociaciones en Doha bajo mediación qatarí, iniciadas en abril de 2025.
El 19 de julio de 2025, en Doha, el gobierno de la RDC y representantes del M23 firmaron una Declaración de Principios que estableció un mandato de cese al fuego inmediato, el intercambio de prisioneros, el compromiso de restaurar la autoridad estatal en todo el territorio y el inicio de negociaciones de paz antes del 8 de agosto, con plazos que obligaban a alcanzar un acuerdo integral antes del 18 de agosto (Afriyie, 2025). De estos elementos, solo se han cumplido los dos primeros.
La sostenibilidad del Acuerdo de Washington y la Declaración de Principios de Doha se enfrenta a limitaciones que comprometen su implementación efectiva. Ello se debe a que ninguno de los instrumentos firmados contempla mecanismos vinculantes de rendición de cuentas, ni un marco de justicia transicional que atienda las graves violaciones de derechos humanos documentadas durante el conflicto.
Asimismo, la dimensión geoeconómica del acuerdo introduce un factor de incertidumbre adicional, pues si los compromisos de acceso mineral y, en consecuencia, los beneficios económicos esperados, no se materializan en los plazos previstos, podrían generarse tensiones en la implementación del acuerdo. En este escenario, la paz se presenta como un subproducto contingente de intereses estratégicos externos y expresión de la dependencia asimétrica de la periferia al centro capitalista.
conclusiones
La dinámica de las relaciones entre la RDC y Ruanda sigue siendo el eje de una crisis prolongada que se ha renovado con radical intensidad desde 2021. Con la firma del Acuerdo de Paz en Washington el 27 de junio de 2025 y la Declaración de Principios en Doha del 19 de julio, se han sentado bases diplomáticas, pero no estructurales, que permitan solucionar el conflicto.
La ausencia de mecanismos vinculantes de cumplimiento y la imposición de intereses tanto foráneos como de clases dominantes internas comprometen la sostenibilidad del proceso de paz. Asimismo, la exclusión inicial del M23 del acuerdo intergubernamental introduce una contradicción fundamental al dejar fuera a un actor con control territorial efectivo, lo que reduce la viabilidad de la implementación de los compromisos asumidos por ambas naciones.
El resurgimiento del M23 y los avances territoriales en Goma y Bukavu precipitaron una situación de urgencia regional y global: desplazamientos masivos, violaciones sistemáticas de derechos humanos y un escenario que amenazaba con escalar en enfrentamiento directo entre Estados. En este sentido, la legitimidad política del acuerdo principal puede verse debilitada por la exclusión del grupo paramilitar, y aunque la declaración en Doha representa un avance, el control de facto del grupo sobre ciudades aún condiciona del escenario regional.
La injerencia de potencias externas en conflictos africanos con el fin de perpetuar sus intereses no es un fenómeno nuevo; sin embargo, en el actual escenario global adquiere características singulares, asociadas a la competencia geoeconómica por recursos estratégicos. En este sentido, la mediación internacional no constituye únicamente un mecanismo de resolución de conflictos, sino también una nueva forma de inserción de intereses estructurales en economías periféricas.
El proceso analizado refleja las limitaciones de los mecanismos contemporáneos de resolución de conflictos cuando estos se articulan con dinámicas geoeconómicas globales. Esta condición de minerales por seguridad, impulsada por Estados Unidos, abre nuevos caminos a la dominación imperialista, lo que perpetúa el ciclo de dependencia y del modelo primario-exportador de las naciones africanas hacia el centro capitalista.
referencias
Notas