Recibido: 27 de Noviembre de 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.
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Aprobado: 15 de Diciembre de 2025
Derechos de Autor:
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Rodríguez Gamón, K. y Rojas González, A. (2026). Análisis de las políticas regulatorias de la administración Trump y su impacto en los mercados de criptoactivos (2025). Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(1), 55-72.
resumen
Este artículo examina el impacto del marco regulatorio estadounidense sobre criptoactivos bajo la administración del presidente Donald Trump en 2025, particularmente a través de la Ley GENIUS para stablecoins. El objetivo es analizar cómo esta regulación, más allá de proporcionar seguridad jurídica, busca integrar estratégicamente las criptomonedas en el sistema financiero tradicional para fortalecer la demanda de deuda pública y consolidar el dominio global del dólar. Metodológicamente, se emplea un análisis cualitativo de discursos, documentos oficiales e informes especializados, complementado con un modelo de regresión por mínimos ordinarios (OLS) para graficar el impacto de las nuevas regulaciones en el mercado de criptoactivos. Los hallazgos sugieren que el marco regulatorio estadounidense ha evolucionado de un enfoque fragmentado a una política de Estado cohesiva, utilizando la regulación como una herramienta para objetivos fiscales y geopolíticos más amplios, transformando así la gobernanza de los activos digitales.
Palabras clave: Criptoactivos, stablecoins, políticas regulatorias, Ley Genius, Trump, Estados Unidos.
ABSTRACT
This article examines the impact of the U.S. regulatory framework on crypto-assets under the administration of President Donald Trump in 2025, particularly through the GENIUS Act for stablecoins. The objective is to analyze how this regulation, beyond providing legal certainty, strategically seeks to integrate cryptocurrencies into the traditional financial system to strengthen the demand for public debt and consolidate the global dominance of the U.S. dollar. Methodologically, a qualitative analysis of speeches, official documents, and specialized reports is employed, complemented by an ordinary least squares (OLS) regression model to chart the impact of the new regulations on the crypto-asset market. The findings suggest that the U.S. regulatory framework has evolved from a fragmented approach into a cohesive state policy, using regulation as a tool for broader fiscal and geopolitical objectives, thereby transforming the governance of digital assets.
Keywords: Criptoassets, stablecoins, regulatory policies, Genius Act, Trump, United States.
introducción
La irrupción de las criptomonedas ha generado un impacto significativo en la economía global. Frente a la visión que las considera un antídoto contra la hegemonía del dólar -capaces de contrarrestar sanciones unilaterales y asimetrías del sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)- se alzan análisis que prevén su posible cooptación por el sistema financiero tradicional. Esta perspectiva advierte que la dependencia de infraestructuras centralizadas y la posible estandarización global de marcos regulatorios como el estadounidense o europeo podrían consolidar, más que desafiar, el dominio de los actores establecidos.
La administración del presidente Donald Trump ha subrayado el objetivo de integrar las criptomonedas dentro del sistema financiero tradicional. Bajo la consigna de hacer de Estados Unidos (EEUU) “la capital cripto del mundo”, ha promovido iniciativas como la Ley GENIUS, una Reserva Estratégica de Bitcoin y la oposición a una Moneda Digital de Banco Central (CBDC) desde este banco, buscando alinear la innovación digital con el fortalecimiento del dólar y las instituciones financieras existentes.
Este artículo tiene como objetivo examinar el marco regulatorio estadounidense en materia de criptomonedas bajo la actual administración, así como sus efectos en los mercados de criptoactivos y el sistema monetario. Para esto se confeccionó un marco conceptual operacional y se analizaron discursos, documentos oficiales, e informes y artículos de instituciones especializadas como el Bank for International Settlements (BIS), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la Reserva Federal. Finalmente, a partir de informaciones de los principales índices de adopción de criptoactivos y de datos actualizados sobre el mercado de criptomonedas, se aplicó un modelo de regresión por mínimos ordinarios (OLS) para cuantificar el impacto de las regulaciones de 2025 sobre rendimientos, volatilidad y volumen, con control de factores macroeconómicos y tendencias del mercado.
desarrollo
Este estudio se enmarca en un contexto de maduración regulatoria global sin precedentes. La actual administración estadounidense ha impulsado iniciativas como la Ley GENIUS, que establece un marco para las stablecoins, generando un efecto armonizador que trasciende las fronteras del país. Este fortalecimiento regulatorio representa un eje central que define los estándares de seguridad y transparencia para la operación de criptoactivos, facilitando la confianza de los usuarios y la integración de estos activos digitales dentro del sistema financiero tradicional.
Para analizar sistemáticamente este panorama regulatorio complejo y en evolución, se hace indispensable establecer un marco conceptual bien definido que permita clasificar y comparar las distintas posturas nacionales.
A partir de este marco conceptual se puede establecer una jerarquía donde el activo digital constituye la categoría más amplia, subdividido en criptoactivos, que son activos digitales asegurados mediante criptografía, y las monedas virtuales. La criptomoneda emerge como un tipo específico de moneda virtual, caracterizada por ser descentralizada y basada en modelos criptográficos. Paralelamente, las monedas digitales son aquel subconjunto de activos digitales que poseen curso legal, representando digitalmente una moneda soberana.
Grados de legitimación estatal de las criptomonedas: tipología normativa
Ante los desafíos globales de los criptoactivos, los organismos internacionales han desarrollado marcos regulatorios claves. El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB)1 se centra en los riesgos para la estabilidad financiera global, habiendo publicado principios para las monedas estables y un marco regulatorio integral para los criptoactivos. Paralelamente, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece los estándares globales para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, exigiendo a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) que implementen procedimientos de “Conozca a su Cliente” (KYC), políticas Anti-Money Laundering (AML)-Combating the Financing of Terrorism (CFT) y la denominada “Regla de Viaje”, que obliga a recopilar y compartir información de los ordenantes y beneficiarios de las transacciones.
En el ámbito de la supervisión bancaria, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, 2025) ha establecido el tratamiento prudencial para las exposiciones bancarias a criptoactivos. Su marco, efectivo desde el 1 de enero de 2025, clasifica los criptoactivos en dos grupos: el Grupo 1 (activos tokenizados y stablecoins que cumplen condiciones estrictas) se somete a los requisitos de capital tradicionales, mientras que el Grupo 2 (como Bitcoin) enfrenta requisitos de capital mucho más severos, con ponderaciones de riesgo de hasta el 1250%, y está sujeto a un límite de exposición global.
Por otro lado, en cuanto a la clasificación de los marcos regulatorios, los investigadores Xiong y Luo (2024) los dividen en ocho categorías principales, que abarcan; desde la prohibición absoluta (“General Ban”) o parcial (“Partial Ban”), pasando por marcos estrictos (“Restrictive Regulation”) o favorables al desarrollo del mercado (“Supportive Regulation”), hasta el reconocimiento como moneda de curso legal (“Legal Tender”). También incluyen posiciones intermedias, como la simple expresión de preocupación (“Concerned”), la no intervención (“Laissez-faire”), o la falta de información disponible (“No information”). Esta amplia variación refleja la falta de consenso internacional sobre cómo abordar los criptoactivos.
Xiong y Luo (2024) identifican igualmente que los países pueden integrar la normativa en su marco legal existente (“Existing Framework”), desarrollar uno nuevo específico para criptoactivos (“New Framework”) o adoptar un “Hybrid Approach” que combine ambos. (Véase anexos 1 y 2) Estos marcos regulatorios, ya sean nuevos, existentes o híbridos, tienen un impacto medible y directo en los índices de adopción, como lo demuestra el caso de Estados Unidos, donde su “New Framework” específico ha sido un factor clave para su elevada posición en los rankings globales. (Véase anexos 3 y 4)
Evolución del marco regulatorio de las criptomonedas en Estados Unidos
Antes de la aprobación de la propuesta de marcos legislativos integrales, la regulación de activos digitales en Estados Unidos se caracterizó por un enfoque reactivo y fragmentado. Agencias como el Internal Revenue Service (IRS) y la Securities and Exchange Commission (SEC) aplicaban normativas existentes —leyes tributarias y de valores— a estos nuevos activos, en lo que se denominó “regulación por aplicación de la ley” (regulation by enforcement). El IRS estableció que las criptomonedas constituían “propiedad” a efectos fiscales, obligando a declarar transacciones y calcular ganancias de capital, sentando así las bases de la obligación tributaria en este ámbito (Sidley, 2022).
Los primeros esfuerzos legislativos buscaron crear un marco regulatorio integral. Iniciativas bipartidistas como la Ley de Innovación Financiera Responsable (RFIA) de junio de 2022, establecieron distinciones cruciales, definiendo cuándo un activo digital era un commodity bajo jurisdicción de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y cuándo era un valor regulado por la SEC. Paralelamente, agencias federales adoptaron un enfoque de supervisión proactiva; la Reserva Federal instó a los bancos a notificar actividades con criptoactivos y demostrar controles efectivos para gestionar riesgos, mientras la SEC mantuvo su enfoque de regulación por aplicación de la ley.
Esta incertidumbre regulatoria federal propició un panorama fragmentado a nivel estatal. Estados como Wyoming se posicionaron como hubs innovadores, permitiendo servicios de custodia y reconociendo las criptomonedas como dinero, mientras Nueva York implementó marcos más estrictos como la exigente BitLicense2 (Nikita, 2025) (Véase anexo 5). Esta falta de estándar nacional unificado creó un complejo mosaico regulatorio que consolidó la demanda de certidumbre federal mediante un marco legislativo claro y comprensivo.
La administración Trump
La administración Trump marcó un punto de inflexión al impulsar iniciativas regulatorias federales dirigidas a unificar este panorama fragmentado. Mediante la Orden Ejecutiva del 23 de enero de 2025, titulada “Fortalecimiento del Liderazgo Estadounidense en Tecnología Financiera Digital”, se estableció un Grupo de Trabajo para desarrollar un marco regulatorio federal preciso en 180 días. Esta medida, complementada con el impulso a proyectos de ley como el Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21) y la prohibición explícita de las CBDCs, buscó crear un entorno predecible que atrajera la innovación y consolidara el liderazgo global de EE.UU. en el sector de activos digitales, transformando la fragmentación estatal en una estrategia nacional cohesionada.
La administración Trump complementó su estrategia en materia de activos digitales, con acciones ejecutivas y de gobierno concretas durante el primer semestre de 2025. Para liderar este esfuerzo, se realizaron cambios clave en el liderazgo de las agencias reguladoras: a principios de año, Trump nombró a Caroline Pham presidenta en funciones de la CFTC y a Mark Uyeda presidente de la SEC, dos comisionados que habían abogado por marcos más claros y favorables a la innovación en el sector. Bajo este nuevo liderazgo, la SEC creó un grupo de trabajo sobre criptomonedas dirigido por la comisionada Hester Peirce, conocida por su postura pro-cripto, con el mandato específico de desarrollar un marco regulatorio integral en colaboración con la industria y el Congreso.
Estas iniciativas se enmarcaron en una estrategia de desregulación más amplia, que se materializó a través de dos órdenes ejecutivas fundamentales. La Orden Ejecutiva 14178, firmada el 23 de enero de 2025, constituyó el pilar regulatorio inicial, al establecer el “Grupo de Trabajo sobre Mercados de Activos Digitales” y encomendarle la tarea de proponer un marco regulatorio federal en un plazo de 180 días, al tiempo que revocaba las directrices de la administración anterior y prohibía explícitamente el desarrollo de una moneda digital del banco central (CBDC) en los Estados Unidos (Casa Blanca, 2025).
Posteriormente, el 6 de marzo de 2025, una segunda orden ejecutiva, “Establecimiento de la Reserva Estratégica de Bitcoin y la Reserva de Activos Digitales de los Estados Unidos”, creó un mecanismo concreto para la acumulación de estos activos. Instituyó la Reserva Estratégica de Bitcoin, destinada a mantener el bitcoin propiedad del gobierno como un activo de reserva nacional, y una Reserva de Activos Digitales para otras criptomonedas (Trump, 2025). (Véase anexo 6)
El trabajo iniciado a partir de estas órdenes ejecutivas culminó en acciones tangibles durante el primer semestre de 2025. El 30 de julio de ese año, el Grupo de Trabajo entregó su informe final con recomendaciones detalladas para un marco regulatorio integral (President’s Working Group on Digital Asset Markets, 2025). Este proceso se vio acelerado por la “Semana Cripto” en el Congreso, que trajo como resultado la promulgación de la Ley GENIUS para stablecoins, y la aprobación en la Cámara de Representantes de la Ley CLARITY, destinada a delimitar las jurisdicciones de la SEC y la CFTC. Así, las órdenes ejecutivas no solo definieron la política, sino que actuaron como catalizadores para una transformación regulatoria histórica que integró los activos digitales en el sistema financiero estadounidense.
La siguiente sección analiza la Ley GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins), promulgada el 18 de julio de 2025. Esta norma constituye la legislación federal más importante hasta la fecha sobre criptomonedas en Estados Unidos y ha sido señalada como “un punto de inflexión tras años de vacío regulatorio para las stablecoins” (Kingsley & Garg, 2025, p. 2).
La Ley GENIUS
La Ley GENIUS surge como respuesta a un prolongado vacío regulatorio evidenciado inicialmente con la propuesta de Libra en 2019, que reveló tanto los riesgos de los sistemas monetarios privados como la fragmentación competencial entre agencias federales. Esta incertidumbre se agravó durante la administración Biden con la política de “regulación por demandas” de la SEC. La norma establece por primera vez un marco predecible para stablecoins, distribuyendo claramente las competencias regulatorias y abordando simultáneamente los riesgos de estabilidad financiera y lavado de dinero (U.S. Congress, 2025).
Un aporte fundamental de la ley es la creación de una definición legal precisa de “stablecoin de pago” como activo digital destinado a pagos, cuyo emisor debe canjearlo por valor monetario fijo y mantener su valor estable (U.S. Congress, 2025, sec. 2(14)). Para eliminar ambigüedades, establece expresamente que estas stablecoins no serán consideradas valores ni commodities, excluyéndolas de la jurisdicción de la SEC y la CFTC (U.S. Congress, 2025, sec. 14).
La norma implementa una estructura de tres niveles para regulación de emisores, permitiendo que tanto instituciones depositarias como entidades no bancarias operen bajo supervisión federal o estatal, fomentando la competencia (U.S. Congress, 2025, sec. 4(a)(7) y sec. 7). Para garantizar estabilidad exige reservas líquidas de alta calidad en proporción 1:1 con las stablecoins en circulación (U.S. Congress, 2025, sec. 4(a)(1) y (2)), junto a requisitos de capital y amplias facultades al Tesoro para normas antilavado adaptadas a blockchain (U.S. Congress, 2025, sec. 4; a), 4 y 5).
La trampa de las stablecoins
Más allá de la protección al tenedor, estos estrictos requisitos de reserva establecidos en la Ley GENIUS constituyen una herramienta de política fiscal estratégica. Ante el desafío de unos tipos de interés a largo plazo persistentemente altos y una oferta de deuda pública que supera la demanda a los tipos actuales, el gobierno de Estados Unidos ha tenido dos opciones: aumentar ingresos y reducir gastos, para que el déficit público no sea tan elevado y facilite un superávit presupuestario que reduzca el stock de deuda pública; o incrementar la demanda de deuda pública de los inversores aún cuando no aumenten los tipos de interés. Donald Trump optó por la segunda vía (Ramón Rallo, 2025).
El actual gobierno estadounidense pretende impulsar la demanda de su deuda a través de las stablecoins, criptomonedas que requieren reservas masivas en dólares o activos convertibles para mantener su paridad. Esta necesidad se convirtió en una obligación legal con la Ley GENIUS, que canaliza capital del ecosistema cripto de manera directa hacia la deuda pública estadounidense.
Al definir exhaustivamente los activos elegibles para respaldar las stablecoins, la ley canaliza obligatoriamente una porción significativa del capital del ecosistema cripto hacia la deuda pública estadounidense de corto plazo. Esto obliga a invertir en deuda pública estadounidense para la emisión de stablecoins y aumenta la demanda global de deuda pública estadounidense.
Como se establece en las secciones 3 y 4 (U.S. Congress, 2025), las reservas pueden consistir en letras, pagarés y bonos del Tesoro con vencimientos inferiores a 93 días, así como en acuerdos de recompra (repos) respaldados por estos valores:
It shall be unlawful for any person other than a permitted payment stablecoin issuer to issue a payment stablecoin in the United States.” (pág 8)
(1) IN GENERAL.—Permitted payment stablecoin issuers shall— (A) maintain reserves backing the issuer’s payment stablecoins outstanding on an at least 1 to 1 basis, with reserves comprising (i) United States coins and currency (including Federal reserve notes); (ii) funds held as demand deposits (or other deposits that may be withdrawn upon request at any time) at insured depository institutions, regulated foreign depository institutions, or insured shares at insured depository institutions, subject to limitations established by the Corporation and the National Credit Union Administration, respectively, to address safety and soundness risks of such insured depository institutions; (iii) Treasury bills, notes, or bonds— (I) with a remaining maturity of 93 days or less; or (II) issued with a maturity of 93 days or less; (iv) repurchase agreements with a maturity of 7 days or less that are backed by Treasury bills with a maturity of 90 days or less; (v) reverse repurchase agreements with a maturity of 7 days or less that are collateralized by Treasury notes, bills, or bonds on an overnight basis, subject to overcollateralization in line with standard market terms, that are— (I) tri-party; (II) centrally cleared through a clearing house; or (III) bilateral with a counterparty that the issuer has determined to be adequately creditworthy even in the event of severe market stress; (vi) money market funds, invested solely in underlying assets described in clauses (i) through (iv) of subparagraph (A); or (vii) Central Bank reserve deposits; (...)” (pág 9-10)
El impacto potencial de la Ley GENIUS sobre la demanda de deuda del Tesoro estadounidense es significativo, dadas la escala y las proyecciones de crecimiento del mercado de stablecoins. Este mercado ya procesa un volumen anual que supera los $4 billones (USD) y representa alrededor del 30% de todo el volumen de transacciones on-chain (TRM Labs, 2025), lo que subraya su adopción masiva. Respaldando esta trayectoria, las proyecciones de Citi (2024) anticipan un crecimiento exponencial del sector para 2030, por lo que el requisito de respaldo 1:1 con activos seguros y líquidos se erige como un mecanismo de absorción estructural de valores gubernamentales.
Informe de 180 Días sobre la política de activos digitales.
Aunque su alcance se limita principalmente a orientar la acción del poder ejecutivo federal, la Orden Ejecutiva 14178 estableció las bases de política para el desarrollo del ecosistema de activos digitales en Estados Unidos. El documento resultante de esta orden, el Informe de 180 Días de la Casa Blanca, si bien carece de carácter normativo vinculante por sí mismo, constituye un documento de política fundamental que articula la necesidad crítica de establecer un marco regulatorio unificado para los activos digitales. El informe enfatiza que “un marco regulatorio sólido y claro es esencial para apoyar una economía digital vibrante e inclusiva” (President’s Working Group on Digital Asset Markets, 2025, p. 5), destacando específicamente la urgencia de delimitar jurisdiccionalmente las competencias de la SEC y la CFTC en la clasificación de activos digitales. Esta distinción es fundamental para establecer un mercado seguro y competitivo, especialmente considerando que “sin un sistema de clasificación claro y acordado, los participantes del mercado han tenido que navegar un mosaico de interpretaciones y orientaciones” (p. 45). La propuesta no solo permitiría una supervisión más eficaz, sino que sentaría las bases conceptuales para una innovación responsable, asegurando que Estados Unidos mantenga su liderazgo en la evolución financiera global.
El informe adopta un enfoque estratégicamente gradual al recomendar que las agencias reguladoras utilicen sus facultades existentes de manera inmediata, mientras se desarrolla una legislación especializada en el Congreso. Esta aproximación reconoce la urgencia de proporcionar certidumbre al mercado mediante mecanismos administrativos disponibles, aunque plantea interrogantes sobre la suficiencia de medidas provisionales para un ecosistema de rápida evolución.
El documento es categórico al señalar que “la SEC y la CFTC deben usar sus autoridades existentes para permitir inmediatamente la negociación de activos digitales a nivel federal” (President’s Working Group on Digital Asset Markets, 2025, p. 10), promoviendo el uso de exenciones regulatorias y figuras como “puertos seguros” para acelerar la innovación doméstica. No obstante, esta estrategia depende críticamente de la subsecuente acción legislativa para crear un marco estable, lo que introduce incertidumbre respecto a la permanencia de dichas medidas si la legislación integral se retrasa sustancialmente.
Ley Clarity
La Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Ley CLARITY) establece las bases estructurales para el ecosistema de criptoactivos al delimitar jurisdicciones regulatorias. Esta legislación bipartidista asigna a la SEC la supervisión de activos digitales ofrecidos como contrato de inversión y a la CFTC el control de las “mercancías digitales”, definidas como “activos digitales intrínsecamente vinculados a un sistema de blockchain” cuyo valor deriva del uso de dicho sistema (U.S. Congress, 2025, p. 22-23). La ley crea un régimen de registro específico para plataformas de intercambio e introduce un proceso formal de “Certificación de Sistemas de Blockchain Maduros” que permite la transición de activos de valores a mercancías (TRM Labs, 2025).
Un aspecto crucial de la ley es su tratamiento de las stablecoins, definiendo explícitamente las “stablecoins de pago permitidas” fuera de su ámbito como producto básico digital:
Esta delimitación anticipa una legislación especializada para estos instrumentos y establece los requisitos de registro para “bolsas de productos básicos digitales”, “corredores” y “distribuidores” en el Título IV, Secciones 404 y 406.
La norma refuerza significativamente el marco contra el lavado de capitales al enmendar la Ley de Secreto Bancario para incluir expresamente a corredores, distribuidores y bolsas de productos básicos digitales (U.S. Congress, 2025, p. 58).
Además, obliga al Secretario del Tesoro a emitir requisitos específicos que incluyan programas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (p. 58-59), asegurando que la expansión del mercado no comprometa la integridad financiera. La Ley CLARITY opera como el andamiaje regulatorio del mercado, complementando el enfoque de política fiscal de la Ley GENIUS en un modelo dual de gobernanza.
Ley contra el Estado de Vigilancia de la Moneda Digital del Banco Central
La mencionada Ley contra el Estado de Vigilancia de la Moneda Digital del Banco Central representa una postura legislativa preventiva frente a los riesgos percibidos en las CBDC minoristas. Su objetivo explícito es prohibir que la Reserva Federal emita este tipo de moneda, fundamentando que una CBDC podría institucionalizar un sistema de vigilancia financiera sin precedentes, vulnerando las libertades civiles y la privacidad de los ciudadanos (Emmer, 2023). Este enfoque refleja una profunda desconfianza hacia la arquitectura potencial de una CBDC, la cual, según sus críticos, podría permitir al gobierno rastrear y controlar transacciones en tiempo real, erosionando los principios de privacidad financiera.
No obstante, la viabilidad de esta iniciativa legislativa es cuestionable, como se advierte en el análisis del informe, dado el significativo rechazo de los legisladores demócratas. La polarización política en torno al tema sugiere que, a pesar del apoyo bipartidista a otras iniciativas como la Ley CLARITY, una prohibición absoluta carece del consenso necesario para su aprobación.
Este escenario subraya un dilema regulatorio más amplio: mientras la oposición ideológica puede frenar el desarrollo de las CBDC, también puede obstaculizar la creación de un marco robusto que, en lugar de una prohibición, establezca salvaguardas técnicas y legales para prevenir los abusos. Esto deja a Estados Unidos en una posición reactiva frente a otras jurisdicciones que avanzan en sus propios proyectos de moneda digital.
Evaluación del impacto regultorio de la Ley Genius en los mercados de criptoactivos a través del Modelo de Regresión por Mínimos Ordinarios (OLS)
El análisis cuantitativo del impacto regulatorio se fundamentó en la estimación de un modelo de Regresión por Mínimos Ordinarios (OLS), diseñado específicamente para aislar el efecto causal de la implementación de la Ley GENIUS sobre los rendimientos diarios de los principales criptoactivos. El modelo se fundamentó en la siguiente ecuación, estimada de forma independiente para cada activo digital (i):
Rendimiento_i,t = β₀ + β₁(Post_GENIUS)_t + β₂(Rendimiento_S&P500)_t + ε_i,t
Donde la variable dependiente Rendimiento_i,t representa el cambio porcentual diario en el precio de cada criptomoneda (Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano). La variable independiente clave Post_GENIUS es una dicotómica que toma valor 0 para todos los días previos al 18 de julio de 2025 y valor 1 para el período posterior, capturando así el cambio estructural asociado a la nueva regulación. Para controlar los movimientos generales del mercado, se incluyó como covariable el Rendimiento_S&P500. El coeficiente β₁ es, por tanto, el estimador del impacto medio diferencial atribuible a la ley, una vez controlado el efecto del mercado tradicional.
La construcción de las series temporales se realizó con datos diarios desde enero de 2023 hasta noviembre de 2025. Los datos primarios de precios y volumen se obtuvieron de las Application Programming Interface (APIs) de Yahoo Finance, CoinMarketCap, CoinGecko, Glassnode y Coin Metrics asegurando una alta frecuencia y precisión en las cotizaciones. Para complementar el análisis con métricas de adopción, actividad institucional y contexto de mercado, se integraron datos e informes sectoriales del Cambridge Centre for Alternative Finance (2025), el Coinbase Institute (2025) y Chainalysis (2025), lo que permitió una contextualización robusta de los resultados puramente financieros.
La estimación de los parámetros se realizó minimizando la suma de cuadrados de los residuos, y la inferencia estadística se basó en errores estándar robustos para corregir potenciales problemas de heterocedasticidad y autocorrelación inherentes a las series financieras. La validez y significancia del impacto regulatorio ( β₁ ) se evaluó mediante la prueba t de Student, examinando su valor-p y su intervalo de confianza al 95%. Un valor-p superior al umbral de 0.05 indicaría la no rechazabilidad de la hipótesis nula de un efecto igual a cero, es decir, la ausencia de un impacto estadísticamente significativo en el corto plazo.
Resultados empíricos y su representación gráfica
Los resultados de la estimación OLS, detallados en el análisis de salida, revelan que los coeficientes asociados a la variable Post_GENIUS fueron negativos para todos los activos analizados (Bitcoin: -0.439; Ethereum: -0.212; Solana: -0.535; Cardano: -0.604), pero en ningún caso alcanzaron significancia estadística al nivel convencional del 5% (valores-p entre 0.0634 y 0.5082). Esto indica que, en el corto plazo, la promulgación de la ley no tuvo un impacto estadísticamente discernible en los rendimientos diarios de estas criptomonedas, una vez controlado el efecto del mercado accionario tradicional (S&P 500). A partir de estos resultados cuantitativos y de las proyecciones de crecimiento del mercado de stablecoins (Citi, 2024), se confeccionaron los gráficos de los anexos 7 a 11. Estos visualizan, respectivamente, la evolución de los rendimientos en los períodos pre y post-ley, la correlación entre los activos, y las proyecciones de demanda de deuda del Tesoro derivadas del requisito de reservas 1:1 de la Ley GENIUS, ilustrando el mecanismo de absorción estructural de valores gubernamentales.
conclusiones
La trayectoria regulatoria estadounidense evidencia una transición estratégica desde un enfoque fragmentado hacia la construcción de un marco integral y proactivo. Esta evolución trasciende la mera supervisión para consolidarse como política de Estado, donde la regulación se articula como herramienta para múltiples objetivos nacionales.
La Ley GENIUS trasciende su objetivo regulatorio inicial al anclar legalmente las stablecoins a los activos del Tesoro, reforzando estructuralmente la demanda de deuda pública y, por extensión, fortaleciendo la posición global del dólar estadounidense en el sistema monetario internacional.
La gobernanza de los activos digitales ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en pilar fundamental de la estrategia económica y geopolítica estadounidense, integrando estos activos de manera segura al sistema financiero tradicional mientras consolida la competitividad tecnológica del país.
referencias
BIBLIOGRÁFICAS
Bibliografía
Notas
Anexos
Fuente: TRM Labs.
Fuente: Obtenido de Xiong, X., & Luo, J. (2024). Global Trends in Cryptocurrency Regulation: An Overview. arXiv. https://arxiv.org/abs/2404.15895v2.
Fuente: Chainanalysis
Fuente: TRM Labs
Nota explicativa de las columnas de la tabla:
Elaborado por el autor del artículo científico.
Fuente: CoingeckoAPI
Elaborado por el autor del artículo científico.
Elaborado por el autor del artículo científico.
Elaborado por el autor del artículo científico.
Elaborado por el autor del artículo científico.
Elaborado por el autor del artículo científico.
