Recibido: 20 de noviembre de 2025
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Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
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Aceptado: 15 de diciembre de 2025
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Luis Águila , A. D., & Salmon Soriano, J. L. (2026). Influencia de los lobbies del sector de los hidrocarburos en la política energética de Estados Unidos (2017-2025) . Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7(1), 31-44.
resumen
Este estudio analiza la influencia de los lobbies del sector de los hidrocarburos en la política energética de Estados Unidos (EE. UU.) durante el periodo 2017-2025, un lapso marcado por la alternancia presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, y el retorno de Trump en 2025. Se examina cómo estos grupos de presión, encabezados por el American Petroleum Institute y grandes corporaciones petroleras, moldearon la agenda política para favorecer la expansión de la producción fósil y limitar las regulaciones ambientales, contraponiéndose a los esfuerzos por promover la transición hacia energías limpias y combatir el cambio climático.
Palabras Clave: lobbies, hidrocarburos, política energética
ABSTRACT
This study analyzes the influence of hydrocarbon industry lobbies on US energy policy during the period 2017-2025, a period marked by the presidential transition between Donald Trump and Joe Biden, and Trump’s return in 2025. It examines how these pressure groups, led by the American Petroleum Institute and large oil corporations, shaped the political agenda to favor the expansion of fossil fuel production and limit environmental regulations, opposing efforts to promote the transition to clean energy and combat climate change.
Keywords: lobbies, hydrocarbons, energy policy
introducciÓn
La política energética de Estados Unidos (EE. UU.) se define como el conjunto de normas, estrategias y acciones gubernamentales destinadas a regular la producción, distribución y consumo de energía, con el propósito de garantizar la seguridad energética, promover el crecimiento económico y enfrentar los desafíos del cambio climático. Esta política está influenciada por múltiples actores y factores, siendo uno de los aspectos críticos la relación entre el gobierno y los sectores privados, particularmente el de los hidrocarburos, que históricamente ha moldeado en gran medida el rumbo de estas políticas (U.S. Energy Information Administration, 2024).
En términos teóricos, los lobbies o grupos de presión se conceptualizan como organizaciones que intentan influir en las decisiones públicas a favor de intereses específicos mediante acciones como el cabildeo, financiamiento político, difusión de información y construcción de narrativa pública. En el caso del sector energético en EE.UU., estas organizaciones cuentan con recursos financieros, acceso político y larga existencia para incidir directamente sobre legisladores y reguladores, así como para influenciar la agenda pública (OpenSecrets, 2025). Este poder se deriva tanto del peso económico del sector de los hidrocarburos como de su capacidad para articular sus mensajes en el debate político. Desde la consolidación del American Petroleum Institute1 (API) en el siglo XX, estos grupos han perfeccionado sus métodos para incidir en el diseño y ejecución de políticas públicas.
Desde su fundación en 1919, el American Petroleum Institute ha desempeñado un papel central en la estructura y evolución del lobby del sector de hidrocarburos en EE.UU. Surgió en un contexto donde las empresas petroleras, muchas de ellas resultado de la fragmentación de Standard Oil2, buscaban coordinar esfuerzos para asegurar el suministro eficiente de petróleo, especialmente para apoyar el esfuerzo bélico en la Primera Guerra Mundial.
Entre las décadas de 1920 y 1990, el API desarrolló más de 800 estándares técnicos y promovió la estandarización de equipos, prácticas de seguridad y procedimientos operativos, ganando relevancia técnica y política. Además, se consolidó como el principal lobby del sector. Destacó por su capacidad de organizar la industria frente a crisis, fluctuaciones de precio, promoviendo una imagen de responsabilidad y liderazgo industrial. Durante ese periodo, el API también comenzó a invertir en la recopilación y publicación de estadísticas de producción y consumo, alimentando el análisis económico y político del sector petrolero (Drillers, 2020).
En 1969, la Organización trasladó sus oficinas a Washington D.C., acercándose al centro político para intensificar sus actividades de cabildeo y defensa de intereses. Este fortalecimiento institucional permitió al API ejercer mayor influencia en la configuración de políticas energéticas durante la Guerra Fría, la crisis petrolera de los 70, y los cambios regulatorios y fiscales que marcaron el siglo XX, defendiendo los intereses de la industria frente a la creciente preocupación ambiental.
Para inicios de los 2000, el API intensificó de manera exponencial su labor. Esto se ejemplifica con el gasto de aproximadamente entre 460,000 y 7,300,000 dólares anuales en lobby directo. El enfoque que seguía, por un lado, iba en contra de las regulaciones federales sobre emisiones de metano y otras restricciones ambientales impulsadas por el Departamento del Interior y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), buscando flexibilizar normas para facilitar la producción y exploración. Por otro lado, su accionar se dirigió a la participación en campañas para frenar avances en políticas climáticas y cambio climático, con estrategias para sembrar dudas sobre la ciencia del clima y retardar la implementación de leyes ambientales estrictas (DeSmog, 2024).
Durante los últimos años, las decisiones en materia energética han sido objeto de pronunciados debates en la opinión pública, lo que evidencia una sociedad polarizada respecto a temas como la regulación ambiental, la explotación de recursos fósiles y la transición energética. Esta polarización a menudo se encuentra alimentada por mensajes y campañas que tienen origen o apoyo en los lobbies energéticos, lo que añade una capa de complejidad al análisis político y social del sector. Atendiendo a lo expuesto anteriormente, esta investigación se propone como objetivo analizar la influencia de los lobbies del sector de los hidrocarburos en la política energética de los EE.UU. en el periodo 2017- 2025.
desarrollo
Marco regulatorio de los lobbies en el sistema jurídico estadounidense
Los lobbies no operan libremente. Existe un marco jurídico presente que regula su accionar. En este sentido, se encuentra la Foreign Agents Registration Act (FARA) de 1938, Lobbying Disclosure Act (LDA) de 1995, reforzada por la Honest Leadership and Open Government Act (HLOGA) de 2007. Estas leyes mantienen su total vigencia, aunque la influencia de grandes empresas tecnológicas y la “puerta giratoria”3 entre el sector público y privado siguen siendo objeto de debate sobre la efectividad real de los controles.
La FARA fue reformada en múltiples ocasiones. Es una ley federal que exige la divulgación de actividades realizadas en nombre de intereses extranjeros dentro del país. Su objetivo principal es garantizar la transparencia sobre la influencia extranjera en la política y la opinión pública estadounidense, lo cual permite al gobierno y a la sociedad civil conocer quiénes actúan como agentes de gobiernos, partidos políticos, empresas o individuos extranjeros.
La LDA también constituye una legislación federal que obliga a los lobistas y sus empleadores a registrar públicamente sus actividades de cabildeo ante los aparatos Ejecutivo y Legislativo, así como a presentar informes periódicos sobre los temas, clientes y montos destinados a influir en la toma de decisiones públicas. Esta ley, define las lobbying activities o actividades de lobby como el contacto de cabildeo y esfuerzos en apoyo a tales contactos, incluyendo las actividades de preparación, planificación, investigación y trabajo de fondo, así como la búsqueda de una coordinación de las actividades de cabildeo (Gutiérrez, 2021).
Por su parte, la HLODA constituyó una reforma que afianzó la regulación del lobby, ampliando la transparencia, según plantea, y el establecimiento de nuevas restricciones para funcionarios y lobistas. Fue promulgada en respuesta a escándalos de corrupción y cabildeo, como el caso Abramoff4 , lo que busca fortalecer la confianza pública en el sistema político. En este sentido, exige la publicación de los “earmarks” (asignaciones presupuestarias específicas) en los proyectos de ley, para evitar el uso discrecional de fondos públicos. Asimismo, prohíbe a los lobistas ofrecer regalos, comidas, viajes o cualquier otro beneficio a miembros del Congreso y a sus empleados, salvo excepciones muy limitadas según esta ley.
Por otra parte, el órgano regulador estipulado para llevar a cabo el control de los lobbies es la Oficina de Registros Públicos del Senado (OPR, por sus siglas en inglés), la cual da a conocer a través de su página de internet el registro de los lobbies. Esta recibe, procesa y mantiene registros de inspección pública, informes y otros documentos presentados ante el Senado en relación con la LDA. Se puede consultar los solicitantes de registro de lobbying e informes de años anteriores. De igual modo, existe una base de datos llamada Washington Representatives que permite informarse acerca de quiénes forman la industria del lobby5 (Gutiérrez, 2019).
Vale resaltar que, durante el caso conocido como Citizens United vs Federal Election Commission, llevado a cabo en la Corte Suprema, en 2010, se reconfiguró el entorno legal y político en el que operan los lobbies en EE.UU., ampliando su poder e influencia. A partir de la sentencia de este caso, se limitó la capacidad del Congreso y de los Estados para imponer restricciones estrictas al dinero usado por los grupos de presión, lo que reforzó la idea de que el gasto político es libertad de expresión protegida y el énfasis regulatorio se desplazó hacia la transparencia y divulgación (quién gasta y cuánto), en lugar de prohibiciones. Ello ha fortalecido el ecosistema del lobby en EE.UU. al proteger constitucionalmente el dinero como forma de expresión política, haciendo más compleja su regulación efectiva.
Organización, composición y estructura de la industria del lobby en el sector energético estadounidense
La industria del lobby en el sector energético de EE.UU. se organiza y estructura en torno a grandes asociaciones y corporaciones que actúan como representantes de distintos intereses dentro del sector, incluyendo tanto a las energías fósiles como a las renovables.
Se compone en su mayor parte de empresas pertenecientes a la industria petrolera y gas. Grandes corporaciones como ExxonMobil, Chevron y Shell, junto con grupos como el API, ejercen presión con argumentos basados en el escepticismo hacia las energías renovables, promoviendo la “neutralidad” tecnológica y defendiendo la continuidad del uso de combustibles fósiles.
Por otro lado, se destaca la Asociación de Industrias de la Energía Solar (SEIA, por sus siglas en inglés), que agrupa a más de 2.000 empresas del sector solar y de almacenamiento, y que realiza campañas de lobby para mantener y fortalecer los créditos fiscales para la energía limpia establecidos en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). Esta asociación ha promovido que EE.UU. pase del séptimo al tercer lugar en capacidad de fabricación de módulos solares en el mundo, sustentando la creación de más de 280,000 empleos en la industria solar (pvmagazine, 2025).
Un ejemplo de lobby corporativo renovable es la coalición formada por grandes empresas consumidoras de energía, como General Motors, Johnson & Johnson, Facebook, Intel y Walmart. Estas hacen presión para aumentar la producción y compra de energía renovable a largo plazo en EE.UU., buscando simplificar procesos y reducir costos para lograr sus objetivos de consumo sostenible (Energygov, 2024).
Cada uno de estos grupos cuenta con lobistas profesionales, consultores legales y estrategias de presión en varios niveles gubernamentales (federal y estatal), con campañas de relaciones públicas, reuniones con legisladores, envío de cartas y participación en foros políticos. El sector del lobby energético está altamente diversificado y compuesto por coaliciones que representan distintos segmentos del mercado energético y que compiten e influyen activamente en la formulación de políticas energéticas de EE.UU.
Las redes de cabildeo en el sector energético estadounidense incluyen asociaciones industriales, comités de productores, sindicatos laborales, consultoras y empresas individuales, con diversidad de objetivos. La literatura señala que tal diversidad puede generar coaliciones pragmáticas y soluciones policy-by-policy, que buscan beneficios competitivos a corto y mediano plazo sin comprometer la seguridad energética.
Este enfoque se refiere a una forma de análisis o actuación en la política pública donde se examina o se interviene en cada medida de manera individual, en lugar de manejar un plan o estrategia global unificada. En otras palabras, en lugar de tener una política energética integral, se toman decisiones o ajustes específicos para cada política concreta por separado. Esto puede provocar que distintas políticas se diseñen o implementen de forma aislada según intereses particulares, sin necesariamente articularse en una visión estratégica unificada para todo el sector.
El papel del lobby de los hidrocarburos en la política estadounidense (2017-2021)
En la campaña de 2016, la industria petrolera aportó aproximadamente un millón de dólares en donaciones directas a Trump, una cifra menor comparada con los casi 15 millones donados en la campaña de 2020, pero suficiente para evidenciar una relación de apoyo inicial (Democrats, 2024). Algunos donantes clave para esta campaña incluían ejecutivos de empresas como ExxonMobil, Energy Transfer LP y Continental Resources, que vieron en Trump un aliado para avanzar su agenda política y económica. Tras la victoria del republicano, se comenzó a evidenciar el cumplimiento de las promesas realizadas al sector. Una de las primeras acciones fue la nominación de Rick Perry, con fuertes vínculos al sector petrolero, como Secretario de Energía, lo que reforzó la expectativa de políticas favorables a este desde el principio.
Bajo el mandato de Donald Trump, se impulsó un desmantelamiento sistemático de las políticas energéticas progresistas heredadas de Barack Obama, particularmente aquellas centradas en la transición hacia energías limpias y la mitigación del cambio climático. El API, fue uno de los actores más influyentes en este proceso, logrando influencia directa en la Casa Blanca para promover la expansión del fracking, la perforación en aguas profundas y la flexibilización de las normas ambientales, como la reducción de los límites a las emisiones de metano y el debilitamiento de la EPA. Esta dinámica de poder fue acompañada por la retirada anunciada por EE.UU. del Acuerdo de París, lo cual fue una señal clara del impacto del lobby para priorizar intereses económicos sobre la agenda climática internacional (Gutiérrez, 2021).
El poder del lobby energético no solo se manifestó en la esfera federal, sino también a nivel estatal, donde se apoyaron medidas para facilitar la producción y exportación de hidrocarburos, además de socavar iniciativas locales de regulación ambiental. La llamada Orden Ejecutiva de Independencia Energética de marzo de 2017, fue un hito que sintetizó estas prioridades, suspendiendo varios decretos de Obama y reafirmando el compromiso con los combustibles fósiles como motor principal de la economía estadounidense. Paralelamente, se evidenció una lucha política significativa entre sectores conservadores, alineados con el lobby tradicional, y actores emergentes que promovían energías renovables y sostenibilidad, aunque estos últimos encontraron limitaciones en la implementación de medidas dadas las barreras regulatorias y la resistencia política (BBVA Research, 2024).
A pesar de la fuerte influencia y peso de la industria de los hidrocarburos, se identificaron resistencias y avances a nivel estatal y local, donde gobiernos y organizaciones ambientales han buscado mantener y desarrollar regulaciones y políticas propias para promover la transición energética y enfrentar los retos del cambio climático. Esta tensión refleja el carácter multifacético y contradictorio de la política energética estadounidense, en la que convergen intereses económicos poderosos con demandas sociales crecientes por sostenibilidad, y en la que el lobby energético ha demostrado ser un actor estratégico fundamental para moldear resultados políticos en favor del statu quo del sector petrolero (Gutiérrez, 2021).
Una acción emblemática fue la creación del Consejo Nacional para el Dominio Energético en 2017, establecido para priorizar la producción doméstica de petróleo y gas mediante la agilización de permisos, promoviendo la llamada “dominancia energética” estadounidense. Este Consejo estuvo presidido por el Secretario de Interior y contó con apoyo directo del Secretario de Energía, lo que garantizó el alineamiento político con los intereses del lobby petrolero y gasífero. Además, se impulsaron proyectos específicos como el puerto de aguas profundas GulfLink6 para facilitar exportaciones de crudo, la aprobación condicional de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en Luisiana y el intento de desbloquear gasoductos paralizados en el noreste del país. Estas acciones mostraron un compromiso claro con el fortalecimiento de la industria fósil como motor económico y geopolítico.
El lobby energético también se tradujo en recortes significativos al presupuesto de la EPA, con propuestas de reducción de hasta un 55%, directamente influenciadas por las presiones del sector petrolero, que buscaba minimizar los costos regulatorios vinculados a la reducción de emisiones contaminantes (CEO, 2025). La política de “drill baby drill”7, se concretó en una multiplicación de permisos para exploración y extracción, debilitando políticas anti-cambio climático y congelando iniciativas de energía solar y eólica, que sufrieron retrasos y cortes presupuestarios.
La paradoja se mantuvo en estados como California, donde a pesar del fuerte impulso a la energía solar, se mantuvieron centrales de gas natural para compensar la intermitencia, elevando los costes energéticos para los consumidores. En este contexto, empresas como First Energy Corporation8 fueron beneficiarias clave, con la administración Trump favoreciendo la reapertura de plantas de carbón y nuclear mediante cambios regulatorios y apoyos financieros. Esto generó controversias legales y escándalos relacionados con la corrupción y el financiamiento de proyectos energéticos.
Desde el punto de vista económico, Trump mantuvo inversiones directas en empresas energéticas tradicionales, evidenciando un vínculo personal con el sector. Esto provocó que su agenda política, además de favorecer el fracking y la producción intensiva de hidrocarburos, se acompañara de una campaña para proteger y expandir el mercado interno y las exportaciones energéticas estadounidenses. Sin embargo, esta estrategia también produjo un aislamiento en la política internacional ambiental y la reducción del papel del país en foros globales sobre cambio climático. En contraste, las energías renovables quedaron relegadas a un segundo plano, con recortes en programas de investigación y desarrollo y bloqueos regulatorios.
Otro ejemplo que muestra la influencia del lobby de los hidrocarburos fue la reversión, por parte de la administración Trump, de la cancelación del proyecto de oleoducto Keystone XL, que transporta petróleo canadiense pesado hacia EE.UU. Este proyecto había sido bloqueado bajo Obama por su impacto ambiental, pero el lobby promovió su aprobación como impulso económico y soberanía energética, lo cual generó fuertes controversias.
Asimismo, la industria energética logró mantener beneficios fiscales tradicionales, con un intenso cabildeo para que se conservaran subsidios al carbón y al petróleo, y no se limitaran en la reforma tributaria de 2017. Además, fortalecieron incentivos para nuevas inversiones en infraestructuras fósiles y retrasaron la plena implementación de políticas de energías limpias. En este sentido, el lobby empujó para la apertura o expansión de actividades extractivas en áreas protegidas, incluidas reservas naturales y parques nacionales, como el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Esto implicó cambios legales y ejecutivos que facilitaron el acceso a estas áreas para la explotación petrolera y gasífera.
El papel del lobby de los hidrocarburos en la política estadounidense del 2021-2024
Con la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de la Casa Blanca, se esperaba un cambio (anunciado anteriormente) en la política energética del país. En su agenda política proponía un Green New Deal (GND), el cual se refería a un ambicioso plan para trasformar la economía estadounidense hacia fuentes de energía renovables y sostenibles (Luis y Salmon, 2025).
Para el lobby energético en EE.UU., la iniciativa del GND representaba un desafío que traía consigo varios matices. Esta propuesta de la agenda demócrata, impulsada inicialmente por figuras como Alexandria Ocasio-Cortez y Ed Markey9 , planteaba una transición acelerada hacia una economía 100% renovable y libre de emisiones netas en una década, lo que implicaba una reducción drástica del uso de combustibles fósiles. Esto amenazaba directamente la base tradicional de poder e influencia de las grandes empresas petroleras y gasíferas, que venían operando bajo un modelo económico basado en la extracción y consumo de hidrocarburos durante más de un siglo.
Además de la presión para eliminar gradualmente los subsidios y permisos para la exploración fósil en tierras federales, esta iniciativa incluía una apuesta por la eficiencia energética, la electrificación masiva de sectores económicos y cuantiosas inversiones en energías limpias. Para el lobby, esto significaba enfrentar un escenario regulatorio mucho más restrictivo, con una redefinición radical de la matriz energética, lo que generaba resistencias que se tradujeron en esfuerzos de cabildeo para limitar o modificar aspectos clave del plan (La Vanguardia, 2019). Sin embargo, el plan también despertaba tensiones internas en el propio Partido Demócrata y en sectores industriales que buscaban adaptarse y capturar oportunidades en el emergente mercado verde.
La presión ejercida por el lobby se hizo notar con el objetivo de frenar la eliminación rápida de permisos y concesiones de explotación petrolera y gasífera en tierras federales, como se evidenció con el proyecto petrolero Willow en Alaska. A pesar de la retórica inicial de Biden contra nuevas perforaciones en tierras federales, el lobby impulsó la aprobación de este proyecto que podría liberar más de 287 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, señal clara de que hubo concesiones bajo la presión política y económica del sector fósil (Peinado, 2024).
La incidencia en el Congreso del lobby de los hidrocarburos fue directa. Legisladores republicanos votaron en múltiples ocasiones para frenar algunas disposiciones de la Inflation Reduction Act (IRA)10 de 2022, la mayor inversión climática en la historia estadounidense. Aunque esta ley fue finalmente promulgada, reflejó un lobby activo en bloquear o retrasar regulaciones que afectan sus intereses.
En contrapartida, el mercado de energías renovables vivió una expansión histórica, con inversiones totales estimadas en más de 700,000 millones de dólares a la próxima década, con actores clave como Iberdrola, Repsol y RIC Energy, empresas españolas con fuerte presencia operativa dentro del entramado energético estadounidense. Iberdrola, por ejemplo, a través de su filial Avangrid, ha consolidado su liderazgo con más de 9,700 MW en capacidad renovable instalada y proyectos emblemáticos como el parque eólico marino Vineyard Wind 1, referente pionero en el país. De forma similar, Repsol expandió su influencia mediante adquisiciones y alianzas, como la toma de una participación significativa en Hecate Energy, apuntalando así su pipeline renovable con más de 40 GW en desarrollo y proyectando transformar antiguos terrenos nucleares en una de las mayores plantas solares y de almacenamiento del país (Instituto Coordenadas, 2025).
Durante este periodo, el lobby del sector de los hidrocarburos no solo operó mediante presiones directas a legisladores y agencias reguladoras, sino también aprovechando mecanismos de financiamiento, campañas públicas, entre otros. La transparencia en estos procesos, aunque regulada, presenta desafíos para mapear con precisión integral la influencia ejercida, pero los informes anuales de la Comisión Federal de Elecciones y reportes de asociaciones como el API, muestran cifras significativas de inversión y gasto en cabildeo, así como articulaciones para debilitar normativas ambientales más estrictas (InfluenceMap, 2024).
En el 2023, se dio una reacción enérgica contra las medidas del gobierno de Biden para restringir o pausar aprobaciones de exportaciones de GNL, consideradas estratégicas para mantener el suministro energético a Europa y contrarrestar la influencia rusa. El lobby, destacando el papel de la American Gas Association (AGA), promovió la “Unlocking LNG Potential Act” presentada por August Pfluger11 , la cual limitaba la autoridad presidencial para prohibir exportaciones de GNL y se la otorgaba a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés) (U.S. Congress, 2023). Esta legislación está propuesta para el Congreso de EE.UU. en su sesión 2025-2026 y aún no ha sido promulgada formalmente, aunque cuenta con la aprobación de su Cámara Baja, con amplio respaldo por ambos partidos.
Otra de las leyes impulsadas durante ese año por el lobby, fue la “Save Our Gas Stoves Act”, que busca limitar los estándares de eficiencia energética para estufas y hornos de cocina, especialmente los que utilizan gas natural12 . La propuesta fue aprobada por la Cámara de Representantes, el 14 de junio de 2023, y posteriormente se remitió al Senado en el comité correspondiente, pero no se sometió a votación (US. Congress, 2023).
Por otro lado, se evidenciaron fuertes inversiones en proyectos durante la primera mitad de 2024. La industria del petróleo y gas en EE.UU. destinó más de 70 millones de dólares en actividades de lobby federal, con empresas como Occidental Petroleum y Koch Industries como algunos de los mayores gastadores en esta área. La primera, invirtió aproximadamente 12.2 millones de dólares en la promoción de su programa de captura de carbono, que ha sido un tema controvertido debido a debates sobre su efectividad y beneficios reales para la reducción de emisiones. La segunda, por su parte, aumentó su gasto en lobby en 1.3 millones de dólares este periodo, buscando defender proyectos de expansión de hidrocarburos (OpenSecrets, 2025).
Estas empresas y otras, junto con la asociación American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM), enfocaron su presión para influir en las normativas de la EPA, especialmente aquellas dirigidas a regular las emisiones vehiculares y promover la transición hacia vehículos eléctricos. En este sentido, promovieron leyes como la Preserving Choice in Vehicle Purchases Act, con el objetivo de evitar que la EPA permita a los Estados establecer estándares propios de emisiones que limiten la venta de autos de gasolina. La propuesta fue aprobada en la Cámara Baja del Congreso en 2023 y remitida al Senado, donde permanece en espera de avance. Sus argumentos se centran en que estas regulaciones afectarían la libertad del consumidor, dañarían la economía y aumentarían la dependencia de importaciones críticas, como baterías de China (Environmental Defence, 2025).
El equilibrio entre la presión ejercida por los lobbies de los combustibles fósiles y los defensores de la transición energética produce una política energética dual: por un lado, se apoyan iniciativas para mantener la competitividad energética estadounidense, incluyendo incentivos fiscales al sector fósil; por otro, se fomenta la inversión en tecnologías limpias y la reducción de emisiones. Esta coexistencia se refleja en la arquitectura regulatoria y los debates legislativos de este periodo.
El retorno de Donald Trump
a la Casa Blanca
El regreso del republicano Donald Trump a la presidencia de EE.UU. en 2025 significó, en materia de política energética, la radicalización de su posición a favor del sector de los hidrocarburos, donde el lobby jugó nuevamente un papel central. Desde su campaña presidencial, Trump prometió impulsar la producción energética fósil, disminuir la influencia de las políticas climáticas progresistas de la administración Biden y desmontar las barreras regulatorias para el sector petrolero y gasífero, tal cual lo hizo en su primer mandato.
Durante la campaña y al asumir el puesto presidencial, Trump ejecutó una serie de medidas concretas respaldadas por el lobby de los hidrocarburos, entre las que destacan: la declaración de una emergencia energética nacional que habilitó la eliminación de restricciones sobre nuevas perforaciones en alta mar, la reactivación de permisos para terminales de GNL y la revocación de moratorias sobre concesiones en áreas protegidas como el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Asimismo, promovió la ampliación del acceso a tierras federales para extracción petrolera y gasífera, agilizó los procesos burocráticos y aumentó la apuesta por la exportación energética.
En materia regulatoria, Trump buscó borrar o afectar normativas ambientales vigentes, a través de la cancelación de objetivos de descarbonización y apoyos a energías renovables incluidos en la IRA. Junto con un gabinete plagado de ejecutivos e influencias del sector de los hidrocarburos como Chris Wright (Secretario del Departamento de Energía), Lee Zeldin (Director de la EPA) y Doug Burgum (Sectretario del Departamento del Interior), presionó para detener créditos fiscales a energías limpias y vehículos eléctricos. Estas acciones evidencian una política enfocada en frenar la agenda climática y favorecer los intereses tradicionales del petróleo y gas. Este enfoque cuenta con un fuerte respaldo político en ambas cámaras del Congreso y una Corte Suprema conservadora que limita la capacidad de impugnación judicial.
En el contexto internacional, el retorno de Trump coincidió con un escenario marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones energéticas globales. Esto potenció el papel geoestratégico de EE.UU. como exportador de hidrocarburos para reducir la dependencia energética europea de Rusia, un factor aprovechado por el lobby para justificar más producción y exportación.
Todo lo anterior ha representado para el lobby de hidrocarburos un periodo de apertura política, normativa y económica sin precedentes desde la administración anterior, permitiéndoles ampliar su influencia, debilitar políticas climáticas y reafirmar su dominio en la matriz energética estadounidense y en la estrategia geopolítica global.
CONCLUSIONES
Los grupos de presión del sector de hidrocarburos han sido actores estratégicos y persistentes en la definición de prioridades nacionales. Su capacidad de influenciar tanto la agenda pública como la formulación de políticas se debe a su estructura sólida, poder económico y acceso privilegiado a los centros de decisión política. Esto se refleja en la continuidad de políticas favorables al sector, incluso en contextos de alternancia administrativa y en medio de intensos debates sociales sobre sostenibilidad.
En el primer periodo de la administración Trump, el lobby de los hidrocarburos logró consolidar una agenda regresiva en materia ambiental, desmantelando avances previos e impulsando una expansión agresiva de la producción de combustibles fósiles. La nominación de figuras con vínculos directos a la industria, la flexibilización regulatoria y la priorización de la independencia energética dejaron en claro que el lobby mantiene canales de influencia permanentes, capaces de condicionar tanto nombramientos como decisiones ejecutivas clave.
La llegada de la administración Biden condujo a una reconfiguración de la disputa política, pues a pesar de promover una agenda ambiental progresista, los actores lobistas lograron frenar o matizar iniciativas emblemáticas como el Green New Deal. La negociación de concesiones para grandes proyectos como Willow o la dilución de ciertas metas climáticas mostraron que, a pesar del mandato inclinado por la transición energética, los intereses del sector fósil continúan ejerciendo presión efectiva en el Congreso y en las agencias regulatorias.
El periodo más reciente, marcado por el retorno de Trump al poder en enero de 2025, representó una vuelta al fortalecimiento de la industria fósil, con un gabinete aún más alineado a los intereses petroleros y gasíferos. Las medidas de emergencia energética, la eliminación de restricciones ambientales y la apuesta por los combustibles fósiles como motor económico y geopolítico reafirman el predominio del lobby de los hidricarburos, así como el uso del entorno internacional, como la crisis energética europea, para justificar políticas regresivas.
Finalmente, la investigación confirma que el papel de los lobbies va más allá del simple cabildeo: su presencia estructural ha moldeado la cultura institucional, las prácticas de financiamiento político y la narrativa pública sobre la seguridad y la independencia energética estadounidenses.
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
notas
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Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023a, 20 de enero de 2023). Visita del antropólogo francés Máxime Toutain a Quisicuaba. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
Bibliografía
NOTAS
Canadá, Alemania, Comisión Europea, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza.
El GAFIC surgió como resultado de las reuniones convocadas en Aruba, en mayo de 1990, y en Jamaica, en noviembre de 1992. Fue creado con el objetivo de lograr la aplicación efectiva y el cumplimiento de las diecinueve Recomendaciones particularmente elaboradas por ellos, así como las Cuarenta Recomendaciones del GAFI. Hacia el año 2000, su membresía estaba compuesta por: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.
El PC-R-EV fue creado por interés del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en coordinación con el GAFI, con el fin de llevar a cabo ejercicios de autoevaluación y evaluación mutua de las medidas contra el LA vigentes en los veintidós países del Consejo de Europa que al momento no contaban con membresía en el GAFI.
El GAP estuvo compuesto inicialmente por Australia, Bangladesh, Taipei Chino, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, República Popular China, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Estados Unidos y Vanuatu (FATF, 1997, p. 25).
En 1997, se desarrolló la Primera Conferencia sobre Blanqueo de Dinero en África Austral y Oriental. Como consecuencia de esta última, y como resultado de una Reunión de Ministros y Representantes de Alto Nivel, celebrada en Arusha, Tanzania, los días 26 y 27 de agosto de 1999, se logró la creación del ESAAMLG, coordinado inicialmente por Tanzania y con una composición de catorce Estados miembros de la región: Botsuana, Kenia, Lesoto, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue (FATF, 1997, p. 25).
Al momento de su creación el GAFISUD estuvo compuesto por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Entre las organizaciones con las que intercambió el GAFI en el periodo 2001-2011 se encuentran: Banco Africano de Desarrollo, Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, el Banco Central Europeo (BCE), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA/CICTE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El GEA fue creado en Moscú, el 6 de octubre de 2004, con una composición inicial de seis países miembros: Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, la República Popular China, la Federación Rusa y Tayikistán.
El MENAFATF, se fundó en Manama (Bahrein), el 30 de noviembre de 2004, con una composición inicial de 14 países miembros: Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Túnez y Yemen.
El EBR exige que los países adapten su sistema ALA/CFT a la naturaleza de sus riesgos particulares, permite aplicar medidas reforzadas cuando los riesgos sean mayores y medidas simplificadas cuando sean menores. Como resultado, los países podrán optimizar sus recursos para detectar delitos financieros, adoptar medidas coercitivas y aplicar medidas preventivas que correspondan a los riesgos de sectores o actividades concretos. (FATF, 2012, p. 16) Dicho enfoque abarca no solo las instituciones financieras de los países, sino también las APNFD, sí realizan prestación de servicios financieros, por lo que están sujetas a las Recomendaciones del GAFI (Gómez, 2022, p. 42).
El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre entidades, actualmente conocidas como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que fueron también incluidos los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. El Grupo Egmont se dedica y consagra a la colaboración y cooperación internacional entre las UIF. (Egmont Group of Financial Intelligence Units, 2014, p. 3)
El término sanciones financieras dirigidas significa tanto el congelamiento de activos como las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y entidades designadas. (Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI], 2012, p. 129)
El GABAC es un organismo de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central y al momento de su inserción en el GAFI, estaba compuesto por: Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Se creó en 2000 con el mandato de luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, evaluar el cumplimiento de las normas del GAFI por parte de sus miembros, proporcionar asistencia técnica a sus Estados miembros y facilitar la cooperación internacional.
Se refiere a innovaciones financieras propiciadas por la tecnología que podrían dar a lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con un efecto sustancial sobre los mercados y las instituciones financieras y la prestación de servicios financieros. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2018, p. 5)
El término RegTech hace referencia a un conjunto de empresas y soluciones que aúnan la tecnología y la normativa para abordar los requisitos normativos en todos los sectores, incluidos los servicios financieros. (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , 2016, p. 1)
Los Papeles de Panamá han sido considerados la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca (Fitz Patrick, s.f.)
REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS