Recibido: 4 de enero de 2026
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El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
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Aceptado: 13 de enero de 2026
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Rosés Pérez, A. (octubre de 2025). Monroísmo renovado: qué revela el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 7 (1), 12-19.
El siguiente artículo corresponde a un análisis previo a los sucesos del 3 de enero de 2026.
La exhibición de buques y efectivos militares estadounidenses en el Mar Caribe, con maniobras de ataques y allanamientos extrajudiciales sobre diversas embarcaciones, ha trastocado el escenario geopolítico regional en el último semestre del 2025. Bajo el supuesto de una amplificación de los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos (EE.UU.) ha tomado un grupo de medidas de carácter intimidatorio para maximizar las presiones sobre Venezuela y entablar una relación más avasalladora con gobiernos latinoamericanos y caribeños. Se trata de la expresión más clara hasta el momento del nuevo Corolario Trump: la actualización de la Doctrina Monroe como dispositivo de seguridad estadounidense.
Luego de que la Casa Blanca ampliara las prerrogativas del Pentágono para supuestamente combatir a los cárteles de la droga en agosto pasado, se han estacionado en el Caribe –mayormente frente a las costas venezolanas- unos 15 000 soldados, 12 buques de guerra -destructores, portahelicópteros y cruceros con misiles guiados-, 1 portaviones de propulsión nuclear, 1 submarino de ataque y más de una decena de medios aéreos (Ledur y George, 2025). Este despliegue, a todas luces desproporcionado y poco eficaz para acciones contra el narcotráfico, constituye la mayor concentración de fuerzas militares de Estados Unidos en la región desde la intervención multinacional en Haití de 1994 (Operación Uphold Democracy) y muestra un amplio trasfondo geopolítico.
Se conoce que, desde septiembre hasta la fecha, los misiles de estos buques en el Caribe han eliminado 11 lanchas con 48 personas que supuestamente transportaban cocaína hacia territorio estadounidense. A ello se suma la liquidación de otras 16 lanchas en estos meses por parte de otros activos militares del Comando Sur en el Pacífico Oriental, que elevan la cifra total de muertos a 104 en el marco de la llamada Operación Lanza del Sur (Southern Spear) (Associated Press News, 2025). Son ataques que, en clara contravención del Derecho Internacional, revelan una aplicación arbitraria y desmedida de la fuerza sin siquiera demostrar algún tipo de efectividad en el cumplimiento de sus objetivos declarados.
Desde un inicio, Venezuela ha sido el mayor foco de atención y eventualmente el actor más amenazado por estas acciones. Estados Unidos bajo Trump ha revigorizado la narrativa hegemónica contra el gobierno bolivariano, al que incrimina por supuestos vínculos con el narcotráfico. La cercanía de los buques a las costas del país sudamericano y las agresivas conminaciones a Nicolás Maduro a abandonar el poder han aumentado las tensiones bilaterales y plantean con cada vez más fuerza la posibilidad de producirse una incursión militar sobre territorio venezolano.
En este mes de diciembre, en uno de los capítulos más graves de esta confrontación, Donald Trump anunció un “bloqueo total” sobre los barcos sancionados que entraran o salieran de Venezuela, y se ha reportado la incautación ilegal -secuestro de facto- de 2 buques petroleros cargados de dos millones de barriles de crudo que operaban en el comercio energético venezolano (Seisdedos y Singer, 2025). Se trata de un hecho sin precedentes en la región, tildado de “piratería” por Caracas y otros actores, que amplifica aún más la política de máxima presión contra el país sudamericano.
De manera general, se aprecian dos dimensiones fundamentales en este nuevo militarismo estadounidense en el Caribe: supone una agudización de la estrategia de “cambio de régimen” contra Venezuela y, a su vez, se corresponde con los esfuerzos de Washington por afianzar su poderío geopolítico en América Latina y el Caribe y reconfigurar su relacionamiento con la región.
Del narcotráfico al robo de petróleo: cómo se fabrica la narrativa sobre Venezuela
El esfuerzo por remover a Nicolás Maduro de la presidencia venezolana marcó una de las principales líneas de acción del primer gobierno de Trump (2017-2021) hacia América Latina y el Caribe, en el que se configuraron las vigentes sanciones económicas y una política regional de aislamiento diplomático sobre Caracas. Tras un relativo impasse durante los años de Biden, la nueva administración republicana y el protagonismo adquirido por Marco Rubio como Secretario de Estado han determinado que se editen nuevos escenarios de máxima presión sobre Venezuela.
En tal sentido, este despliegue devenido en cerco naval marca uno de los puntos más álgidos en las políticas de cambio de régimen sobre el país sudamericano –implementadas, al menos, desde los años finales del gobierno de Obama. La narrativa que acompaña a estas acciones alega que la caída del gobierno bolivariano eliminaría a un actor involucrado en el tráfico de drogas en la región y permitiría recuperar recursos y activos “anteriormente robados” a Estados Unidos.
La lucha contra el narcotráfico ha sido instrumentalizada recurrentemente en las estrategias panamericanistas de Washington desde Richard Nixon para fortalecer su presencia militar en América Latina y el Caribe y asegurar el alineamiento de actores regionales a sus intereses. El gobierno de Donald Trump, por su parte, ha repotenciado el uso de este argumento en sus proyecciones hemisféricas y lo ha utilizado para intentar dotar de legitimidad a su intentona belicista en el Caribe.
La actual administración republicana ha elaborado una narrativa para presentar a Venezuela como un “narco-estado”, alegando una supuesta articulación de su gobierno y sus instituciones con estructuras criminales para la producción y envío de drogas a territorio estadounidense. Para ello, Trump y Rubio apuntan al Tren de Aragua y el Cártel de los Soles como las bases de una de las “redes de tráfico de cocaína más grande del mundo”, cuyo liderazgo le es atribuido a Nicolás Maduro y otros altos cargos del gobierno bolivariano (Arlachi, 2025).
Estas acusaciones, sin embargo, contrastan con las informaciones ofrecidas por las principales autoridades en la lucha anti-narcóticos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD o UNODC, por sus siglas en inglés), en su informe de 2025, notificó que en los últimos 15 años Venezuela se habría consolidado como un país libre de cultivo ilícito de estupefacientes, y que solamente un 5% de la cocaína producida en Colombia en 2024 había intentado transitar por territorio venezolano (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2025). La DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no ofrece datos que respalden las declaraciones de Washington en contra de Caracas y no coloca al país sudamericano como un actor relevante en las rutas de ingreso de dicha sustancia a territorio estadounidense (Misión Verdad, 2025b).
Llegado este punto, es evidente la intencionalidad política que subyace tras estas incriminaciones, y también es muestra de ello el protagonismo que se otorga en esta trama al Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, designados por Washington como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, en inglés) y peligros para su seguridad nacional (The White House, 2025). En el caso del primer grupo, si bien se ha reportado que sus operaciones se extienden a otros países del continente y algunos estados de EE.UU. -aunque Venezuela alega que ha sido parcialmente desmantelado en su territorio-, el mismo no ostenta una estructura consolidada que se compare con alguna de las principales organizaciones criminales de México o Colombia, ni representa tal amenaza para algún gobierno (Quesada, 2025).
Por su parte, el Cártel de los Soles no posee una existencia real, sino que se corresponde más bien con una etiqueta periodística usada desde los años 90 para hacer referencia a casos de corrupción y clientelismo dentro del estamento militar venezolano. El Departamento de Justicia ha utilizado esta idea para lanzar condenas judiciales contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Sin embargo, no se han comprobado conexiones verídicas entre altos mandos del gobierno y el ejército de Venezuela con el tráfico de drogas (Ferrer, 2025).
Más recientemente en diciembre, Donald Trump ha intentado justificar el mencionado bloqueo naval como una acción que busca que Caracas “devuelva” a Estados Unidos el petróleo y las tierras que, según él, les fueron expropiadas ilegalmente (CNN en español, 2025). A la par, el Asesor de Seguridad Interna, Stephen Miller, catalogó las nacionalizaciones de la industria petrolera venezolana en 1976 y 2007 como “el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense” (Swiss Info, 2025). En ambos casos se trata de afirmaciones distorsionadas que desconocen la legitimidad y legalidad con la que se realizaron estos procesos.
Estas alocuciones sugieren un cambio de enfoque interesante en la narrativa estadounidense hacia Venezuela. El argumento de la lucha contra el “narcoterrorismo” comienza a ser sustituido por una proclama unilateral en favor de apoderarse de los recursos energéticos del país sudamericano. La Casa Blanca se sincera sobre uno de los principales motivos que subyacen detrás de una década de sanciones contra Caracas.
La reivindicación del petróleo venezolano conecta más directamente con uno de los principales objetivos planteados en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, publicada el pasado 4 diciembre: reforzar el control sobre los minerales estratégicos de América Latina y el Caribe (Misión Verdad, 2025a). Se puede entender que, con este nuevo enfoque, Estados Unidos se estaría planteando recuperar su acceso en condiciones muy favorables al petróleo venezolano, que ha disminuido en los últimos años como resultado de las propias sanciones estadounidenses. Sin embargo, Washington entiende también que este regreso, para que sea verdaderamente ventajoso, solo puede producirse con un nuevo interlocutor en el gobierno venezolano, por lo que podría estar acelerando sus operaciones de cambio de régimen en este país.
Cambio de régimen en Venezuela: ¿Es este el momento?
Dadas las inconsistencias en las justificaciones de Estados Unidos en torno al despliegue, no pocos analistas han venido planteando desde agosto la posibilidad de que se produzca una agresión armada para poner fin a la Revolución Bolivariana. Esta opción, sin embargo, encuentra determinados inconvenientes para Washington, los que generan todavía mucho escepticismo al momento de estimar sus probabilidades reales.
Lo primero a señalar es que asegurar el éxito de una operación de este tipo en un país como Venezuela no sería nada sencillo. Se trata de una nación con importantes capacidades militares y demográficas, una geografía extensa y variada y un poder central bien consolidado. Estos elementos, junto a los apoyos que Caracas pudiera recibir de sus aliados geopolíticos en China, Rusia e Irán, complejizarían de gran manera este posible enfrentamiento y obligarían a Estados Unidos a emplearse a fondo, con un alto riesgo de generar una crisis humanitaria en la región.
Es posible también que una intervención militar tenga costos políticos que el gobierno estadounidense pudiera no estar dispuesto a asumir. El despliegue, y específicamente los ataques contra las lanchas de supuestos narcotraficantes, han tenido un impacto negativo en el Congreso, que complejiza la agenda legislativa de Trump (Misión Verdad, 2025c). En la esfera diplomática, la ausencia de argumentos legítimos podrían hacer que una acción de este tipo afecte la credibilidad del gobierno estadounidense de cara a gobierno de dentro y fuera del área regional.
No obstante, se hace notar que la postura belicista de un grupo de actores de peso en la política exterior estadounidense, donde destacan Marco Rubio y Stephen Miller, determina que no pueda descartarse una agresión militar hacia Venezuela, que estaría precedida por la fabricación de un casus belli. La imprevisibilidad que ha caracterizado a la política exterior de la administración Trump y el continuo deterioro de la situación obligan a considerar dicha opción hasta último momento.
También, como en otros contextos, el despliegue militar se correspondería con la intención de la Casa Blanca de buscar un cambio de régimen en Venezuela de manera indirecta. Las presiones políticas y económicas, generadas por el bloqueo naval y las tentativas de un ataque, podrían forzar la salida de Nicolás Maduro del poder en un escenario de ingobernabilidad interna. Es una opción que, teniendo en cuenta la debilidad actual de la oposición venezolana, solo sería posible con la implicación de sectores a lo interno del chavismo y de las fuerzas armadas.
Hasta el momento, como ha sido la norma en el proceso bolivariano, no se aprecian señales de debilidad en la alianza monolítica construida entre la dirección política y el alto estamento militar venezolano. Tampoco parece haber condiciones reales para que en el corto plazo se genere un episodio de inestabilidad social que conduzca a la caída del gobierno bolivariano. Sin embargo, es necesario prestar atención a la situación económica de Venezuela y los posibles perjuicios ocasionados por el decomiso de nuevos cargamentos de petróleo.
La geopolítica de fondo
Ante el contexto de la situación la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas también debe ser analizada por su correspondencia con los objetivos geopolíticos de Washington en América Latina y el Caribe. Como se hizo patente en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, la actual administración republicana, a la vez que reconoce el declive hegemónico global estadounidense, está promoviendo con más énfasis una renovación de la Doctrina Monroe. En este contexto, Washington incrementa su accionar en la región para fortalecer su poder hemisférico y limitar la presencia de actores externos.
Esta nueva ofensiva estadounidense se realiza en términos notablemente más agresivos. Se aprecia un carácter virulento en las actuales políticas de la Casa Blanca hacia el sur de sus fronteras, donde destacan las presiones comerciales y arancelarias, las amenazas de tomar control sobre el Canal de Panamá y el aumento de las confrontaciones con gobiernos de izquierda. En este sentido, el posicionamiento de buques y efectivos en el Mar Caribe es visto como una proyección del poderío militar estadounidense y un nuevo peldaño en las relaciones de coacción que Washington pretende establecer con los Estados latinoamericanos y caribeños.
Más allá de las presiones sobre Venezuela, el despliegue de Estados Unidos cumple con su objetivo de definir aliados, disciplinar posibles disidencias y reprimir posiciones en algún sentido contrapuestas a sus intereses. Actores como Trinidad y Tobago, Guyana y República Dominicana, a riesgo de debilitar consensos regionales, han optado por establecer -o fortalecer- diferentes grados de cooperación con el Comando Sur en el contexto de estas operaciones, en un intento de obtener condiciones más ventajosas ante la diplomacia transaccional (intercambios concretos) ejercida por la administración Trump. Gobiernos “contestatarios”, como lo ha sido el de Gustavo Petro en Colombia de cara a estas acciones, afrontan consecuencias económicas y la posibilidad de recibir diferentes tipos de sanciones con un impacto considerable para su gobernabilidad (France24, 2025). A un lado, otros países optan por mantener una posición de bajo perfil sobre esta cuestión en el escenario político-diplomático, que les evitaría posibles perjuicios en la relación con Washington.
En tales condiciones, Estados Unidos encuentra una situación más favorable para hacer avanzar puntos de su agenda geopolítica en un contexto de transición del orden internacional. El despliegue militar en el Caribe, como expresión físico-concreta más palpable de estas nuevas relaciones de coacción sobre los gobiernos latinoamericanos y caribeños, permite levantar barreras a Washington en sus objetivos de limitar la presencia económica de China, reconfigurar la seguridad hemisférica y asegurar su primacía sobre los espacios de disputa geoeconómica en su tradicional esfera de influencia.
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
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• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023b, 16 de febrero de 2023). Visita de la ministra de Cultura, Artes y Patrimonio de la República Democrática del Congo, Caterine Kathunga Furaha. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023c, 19 de abril). Visita de los médicos residentes de la Universidad de Granada, Guillermo García y Abelardo Martín Galán. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023d, 27 de junio). Visita del artista estadounidense Jonathan Hoard. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023e, 9 de junio). Visita de Josep Puxeu Rocomora. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023f, 24 de julio). Visita de niñas, niños y adolescentes del proyecto “Pueblos Amigos del Mundo”. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
• Quisicuaba [@quisicuaba]. (2023g, 14 de octubre). Visita de las eurodiputadas Mónica Silvana González, Sabrina Pignedoli, Ana Miranda Paz y el asistente Pablo Luciano Sanjorge. https://www.instagram.com/quisicuaba?igsh=MXRtcWR6bm90YjZxbw==
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Bibliografía
NOTAS
Canadá, Alemania, Comisión Europea, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza.
El GAFIC surgió como resultado de las reuniones convocadas en Aruba, en mayo de 1990, y en Jamaica, en noviembre de 1992. Fue creado con el objetivo de lograr la aplicación efectiva y el cumplimiento de las diecinueve Recomendaciones particularmente elaboradas por ellos, así como las Cuarenta Recomendaciones del GAFI. Hacia el año 2000, su membresía estaba compuesta por: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.
El PC-R-EV fue creado por interés del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en coordinación con el GAFI, con el fin de llevar a cabo ejercicios de autoevaluación y evaluación mutua de las medidas contra el LA vigentes en los veintidós países del Consejo de Europa que al momento no contaban con membresía en el GAFI.
El GAP estuvo compuesto inicialmente por Australia, Bangladesh, Taipei Chino, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, República Popular China, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Estados Unidos y Vanuatu (FATF, 1997, p. 25).
En 1997, se desarrolló la Primera Conferencia sobre Blanqueo de Dinero en África Austral y Oriental. Como consecuencia de esta última, y como resultado de una Reunión de Ministros y Representantes de Alto Nivel, celebrada en Arusha, Tanzania, los días 26 y 27 de agosto de 1999, se logró la creación del ESAAMLG, coordinado inicialmente por Tanzania y con una composición de catorce Estados miembros de la región: Botsuana, Kenia, Lesoto, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue (FATF, 1997, p. 25).
Al momento de su creación el GAFISUD estuvo compuesto por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Entre las organizaciones con las que intercambió el GAFI en el periodo 2001-2011 se encuentran: Banco Africano de Desarrollo, Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, el Banco Central Europeo (BCE), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA/CICTE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El GEA fue creado en Moscú, el 6 de octubre de 2004, con una composición inicial de seis países miembros: Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, la República Popular China, la Federación Rusa y Tayikistán.
El MENAFATF, se fundó en Manama (Bahrein), el 30 de noviembre de 2004, con una composición inicial de 14 países miembros: Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Túnez y Yemen.
El EBR exige que los países adapten su sistema ALA/CFT a la naturaleza de sus riesgos particulares, permite aplicar medidas reforzadas cuando los riesgos sean mayores y medidas simplificadas cuando sean menores. Como resultado, los países podrán optimizar sus recursos para detectar delitos financieros, adoptar medidas coercitivas y aplicar medidas preventivas que correspondan a los riesgos de sectores o actividades concretos. (FATF, 2012, p. 16) Dicho enfoque abarca no solo las instituciones financieras de los países, sino también las APNFD, sí realizan prestación de servicios financieros, por lo que están sujetas a las Recomendaciones del GAFI (Gómez, 2022, p. 42).
El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre entidades, actualmente conocidas como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que fueron también incluidos los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. El Grupo Egmont se dedica y consagra a la colaboración y cooperación internacional entre las UIF. (Egmont Group of Financial Intelligence Units, 2014, p. 3)
El término sanciones financieras dirigidas significa tanto el congelamiento de activos como las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y entidades designadas. (Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI], 2012, p. 129)
El GABAC es un organismo de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central y al momento de su inserción en el GAFI, estaba compuesto por: Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Se creó en 2000 con el mandato de luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, evaluar el cumplimiento de las normas del GAFI por parte de sus miembros, proporcionar asistencia técnica a sus Estados miembros y facilitar la cooperación internacional.
Se refiere a innovaciones financieras propiciadas por la tecnología que podrían dar a lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con un efecto sustancial sobre los mercados y las instituciones financieras y la prestación de servicios financieros. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2018, p. 5)
El término RegTech hace referencia a un conjunto de empresas y soluciones que aúnan la tecnología y la normativa para abordar los requisitos normativos en todos los sectores, incluidos los servicios financieros. (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , 2016, p. 1)
Los Papeles de Panamá han sido considerados la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca (Fitz Patrick, s.f.)
REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS