Recibido: 7 de mayo de 2025
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La autora declara que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
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Aprobado: 20 de mayo de 2025
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Martínez Crespo, A. (2025). Denuncia de violación de derechos humanos como política contra los convenios médicos cubanos en el período 2001-2016. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 6 (3), 52-64.
resumen
Desde el 2004, la exportación de servicios de salud representa la fuente de ingresos principal de la nación cubana. En consecuencia, el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) ha llevado a cabo una política agresiva contra esta actividad, dirigida a asfixiar la economía del país. En este sentido, las diferentes administraciones norteamericanas hasta la actualidad han desarrollado una estrategia de boicot contra los convenios médicos cubanos internacionales que involucra un conjunto de acciones sistemáticas emprendidas por diferentes actores y sobre la base de diversas políticas. Las denuncias de violación de derechos humanos relativas a las Brigadas Médicas Cubanas (BMC) –centradas en la línea de mensaje de trabajo esclavo– constituyen una de las principales acciones, pero estas no han sido un aspecto permanente desde la articulación de la estrategia, y no fue hasta 2010 que el vínculo entre derechos humanos y BMC comenzó a ser sistematizado en el discurso anticubano. La investigación tiene como objetivo explicar el surgimiento y la evolución de la denuncia de violación de derechos humanos relativas a las BMC en la estrategia de boicot del Gobierno de EE.UU. contra los convenios médicos cubanos en el período 2001-2016. Se comprobó que la organización del discurso sobre la base del trabajo esclavo como argumento principal fue relevante para el enriquecimiento del componente comunicacional de la estrategia de boicot y tuvo incidencia en la consecución de sus propósitos.
Palabras Clave: Exportación de servicios de salud, estrategia de boicot del Gobierno de Estados Unidos, convenios médicos cubanos, derechos humanos, trabajo esclavo
ABSTRACT
Since 2004, the export of health services has represented the Cuban nation’s main source of income. Consequently, the United States (U.S.) government has pursued an aggressive policy against this activity, aimed at suffocating the country’s economy. In this sense, the different U.S. administrations up to the present have developed a boycott strategy against international Cuban medical agreements that involves a set of systematic actions undertaken by different actors and on the basis of different policies. The denunciations of human rights violations related to the Cuban Medical Brigades (CMB) - centered on the slave labor message line - constitute one of the main actions, but these have not been a permanent aspect since the articulation of the strategy, and it was not until 2010 that the link between human rights and BMC began to be systematized in the anti-Cuban discourse. The research aims to explain the emergence and evolution of the denunciation of human rights violations related to CMBs in the U.S. government’s boycott strategy against Cuban medical agreements in the period 2001-2016. It was found that the organization of the discourse on the basis of slave labor as the main argument was relevant for the enrichment of the communicational component of the boycott strategy and had an impact on the achievement of its purposes.
Keywords: Export of health services, United States government boycott strategy, Cuban medical agreements, human rights, slave labor
introducción
Desde el 2004, la exportación de servicios de salud representa la fuente de ingresos principal de la nación cubana. Tal cual ha sucedido con todos los sectores económicos determinantes para el progreso de la Isla, contra esta actividad el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) ha llevado a cabo una política agresiva, dirigida a asfixiar la economía del país. En este sentido, las diferentes administraciones norteamericanas hasta la actualidad han desarrollado una estrategia de boicot contra los convenios médicos cubanos internacionales que involucra un conjunto de acciones sistemáticas emprendidas por diferentes actores1 y sobre la base de diversas políticas (Rivera, 2024c).
Las denuncias de violación de derechos humanos de los profesionales que integran las Brigadas Médicas Cubanas (BMC) forman parte de las acciones de la estrategia de boicot del Gobierno de EE.UU. contra los convenios médicos cubanos internacionales.
Según Rivera (2024a), uno de los componentes más importantes de la estrategia de boicot es el comunicacional, que ha aprovechado diferentes factores contextuales para legitimar los propósitos de EE.UU. La alusión a supuestas violaciones de derechos humanos relativas a las BMC constituye actualmente la línea de mensaje principal del discurso de los actores involucrados en la estrategia. Sin embargo, las denuncias por este tema no han sido un aspecto permanente desde su articulación, y no fue hasta 2010 que la relación entre los temas de derechos humanos y las BMC comenzó a ser sistematizado en el discurso anticubano de los círculos de poder estadounidenses y el resto de los actores vinculados con la estrategia de boicot.
En este contexto, y tomando en cuenta las implicaciones negativas que ha tenido para Cuba la difusión de la línea de mensaje referida a que el Estado cubano practica nuevas formas de esclavitud en sus misiones médicas y, consecuentemente, viola los derechos humanos de sus profesionales de la salud en el exterior, resulta válida la pregunta de investigación: ¿Cómo las denuncias de violación de derechos humanos relativas a las BMC se convirtieron en una acción fundamental dentro de la estrategia de boicot del Gobierno de EE.UU. contra los convenios médicos cubanos internacionales en el período 2001-2016?
Para ofrecer respuesta a esta interrogante, la presente investigación definió como objetivo central explicar el surgimiento y la evolución de las denuncias de violación de derechos humanos relativas a las BMC como parte de la estrategia de boicot del Gobierno de EE.UU. contra los convenios médicos cubanos internacionales en el período 2001-2016.
En interés de viabilizar la presentación de los resultados, se establecieron dos etapas fundamentales dentro del período; la primera entre 2001-2009 y la segunda entre 2010-2016. La división marcada en 2010 respondió a aspectos que confluyeron en este año y que marcaron un punto de giro en la estructura discursiva de los actores vinculados con la estrategia. Se empleó como técnica de investigación el análisis de discurso de los emisores principales en cada una de las etapas establecidas.
desarrollo
Etapa 2001-2009: tránsito del descrédito a la victimización
La estrategia de boicot tiene como propósito esencial afectar la entrada de divisas que Cuba obtiene mediante la exportación de servicios de salud. En función de esto, el componente comunicacional ha empleado las particularidades de cada una de las etapas para facilitar la consecución de resultados.
El abordaje del trabajo de los profesionales de la salud cubana en el exterior por los diferentes actores de la estrategia de boicot entre 2001-2009 fue negativo. Plantearon como líneas de mensaje fundamentales que desarrollaban actividades de inteligencia y adoctrinamiento comunista; no poseían la capacitación necesaria para ejercer en los Estados receptores; y ocupaban las plazas de los nacionales (Rivera, 2022).
En esta etapa, el Gobierno de EE.UU. realizó denuncias de violación de derechos humanos contra Cuba, pero no estableció una asociación discursiva de este tema con las BMC. Se constató el empleo de cada matriz de opinión –violación de derechos humanos y BMC– para atacar la imagen Cuba en el escenario internacional, pero manteniendo un vínculo incipiente entre ambas cuestiones.
En cuanto a las denuncias de violación de derechos humanos en esta etapa, el Gobierno de EE.UU. priorizó las acusaciones contra Cuba por trato inhumano en sus instalaciones penitenciarias y por supuestas limitaciones a las libertades políticas de manifestantes pacíficos contra el Gobierno (Rivera, 2024b).
Un aspecto de suma importancia a tomar en cuenta al abordar este tema es la Comisión para la asistencia a una Cuba libre (Plan Bush), anunciada por el presidente George W. Bush en 2004. Como parte de esta, el Gobierno estadounidense intensificó sus acciones para destruir la Revolución cubana, y entre sus líneas fundamentales figuró el incremento del apoyo para la campaña de propaganda y desinformación sobre Cuba (Alarcón, 2006). Se previó una serie de acciones, entre las que destacaban las denuncias de violación de derechos humanos, como pretextos para justificar la hostilidad de la política estadounidense contra el Estado cubano (Rivera, 2024b)2.
La administración Bush intentó estimular condenas a Cuba por este asunto en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En esta instancia se valió de la actuación de países como República Checa, Uruguay y Costa Rica para presentar resoluciones de condena contra la Isla. Asimismo, varios congresistas estadounidenses durante los años en cuestión enviaron cartas al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas pretendiendo llamar la atención sobre la supuesta situación cubana (Rivera, 2024b).
La importancia atribuida a llevar las denuncias a instancias de Naciones Unidas no es casual; demostró el interés marcado de difundir las presuntas prácticas condenables en que supuestamente incurría Cuba para legitimar las acciones hostiles del Gobierno estadounidense contra la nación caribeña. No obstante, se constató que hasta ese momento no fue emitida ninguna denuncia de violación de derechos humanos relativa a las BMC en el ámbito multilateral.
Por su parte, el discurso de los diferentes actores involucrados en la estrategia de boicot del Gobierno de EE.UU. a los convenios médicos cubanos en la etapa 2001-2009 estuvo dirigido esencialmente al descrédito de la labor de los profesionales de la salud cubana en el exterior.
Los emisores principales del discurso contra las BMC fueron el Gobierno estadounidense, con el Departamento de Estado como fuente principal, y diferentes medios de comunicación, todos con sede en EE.UU. Se constató que el objeto de crítica central era la calidad del servicio y, de forma incipiente, las condiciones objetivas en que se desarrollaban los médicos cubanos, a fin de iniciar su presentación como víctimas del Gobierno de la Isla.
La línea de mensaje referida a la supuesta negligencia de los médicos en el tratamiento a pacientes de los países receptores fue asociada al hecho de la no exigencia de licencias para ejercer las funciones profesionales en dichas naciones, pues la responsabilidad real de los médicos cubanos en los Estados receptores era la difusión de la ideología comunista (U.S. Department of State, 2006c, 2006a).
En relación con este tema, y en interés de elevar su repercusión negativa, se planteó el hecho de que los galenos enviados por Cuba ocupaban los puestos de los profesionales de las naciones receptoras, que sí se encontraban calificados para asumir dicha responsabilidad, pero que se hallaban desempleados (U.S. Department of State, 2005a).
Sobre el tratamiento del tema violación de derechos humanos vinculado a las BMC se constató el inicio de su abordaje en 2006. En ese año fue aprobado el Programa de Admisión de Profesionales Médicos Cubanos (PAPMC), la acción más agresiva realizada por la administración Bush contra los convenios médicos. Este programa elevó la política de robo de cerebros dentro de la estrategia de boicot hasta un nivel gubernamental, pues constituyó la primera medida dirigida a torpedear los convenios médicos cubanos internacionales de una manera explícita y resuelta (Rivera, 2022).
En paralelo a la implementación del PAPMC, se inició una campaña mediática para presentar a los profesionales emigrados como víctimas de violaciones de derechos humanos en las BMC (Rivera, 2024). Ello reafirmó el criterio de que los instrumentos comunicacionales hasta 2009 fueron diversos, lo que muestra el origen de la concatenación entre las acciones de denuncia y manifiesta el protagonismo del Gobierno estadounidense en la estrategia de boicot a los convenios.
Sin embargo, debe destacarse que durante toda la etapa 2001-2009 el tema de las misiones médicas cubanas no fue abordado en los Informes Anuales sobre Trata de Personas ni en los Informes sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado (Oficina de Democracia, derechos humanos y Trabajo, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; U.S. Department of State, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005b, 2006b, 2007, 2008, 2009), lo que sí ocurriría posteriormente.
Esto indicó que hasta el cierre de 2009 la estrategia no contemplaba el discurso de violación de derechos humanos en las BMC como una herramienta lo suficientemente útil para asestar mayores daños a los convenios médicos. El PAPMC había utilizado esta línea de mensaje para la política de robo de cerebros, pero no consideraba aún el impacto comunicacional asociado a la difusión de dicho argumento en documentos oficiales del Gobierno.
Otra de las acciones fundamentales desarrolladas por el Gobierno de EE.UU. como actor fundamental de la estrategia de boicot en esta etapa fue el ejercicio de presión sobre los Gobiernos de Estados receptores de BMC para la cancelación de los convenios. Esta actividad fue llevada a cabo principalmente a través de su personal diplomático (Rivera, 2022).
En esta etapa prevaleció como principio para validar estas acciones el supuesto de que Cuba era enemigo de EE.UU. y, en consecuencia, los países que mantuviesen convenios con la Isla se vinculaban a un enemigo de la nación norteamericana (Rivera, 2024a). Ello reafirmó el criterio de que los instrumentos y líneas de mensaje hasta 2009 fueron diversos, pero no incluían propiamente un enfoque centrado en los profesionales de la salud, sino en otros como la dimensión comercial de los convenios médicos y el antagonismo entre los sistemas políticos de los dos Estados.
Entre 2001-2009, una estrategia discursiva empleada por los medios de comunicación para legitimar la campaña de descrédito contra las BMC fue la recopilación de testimonios de profesionales de la salud que abandonaron su misión para emigrar a EE.UU. De manera reiterada mencionaron las “difíciles condiciones que sometían a los profesionales a valorar la deserción como única posibilidad de escapar del régimen” (South Florida Sun-Sentinel, 2007; The Lancet, 2007).
Si bien se mostró por los medios de comunicación el abandono de los convenios como una oportunidad para esos profesionales, ello no estuvo asociado a un interés de documentar violaciones de sus derechos humanos, sino a criticar las condiciones económicas y políticas de la Isla y la propia gestión gubernamental. Por tanto, ello refuerza el criterio de que, hasta el cierre de 2009, las acciones de denuncia de violación de derechos humanos relativas a las BMC solo fueron llevadas a cabo por el Gobierno de EE.UU. como actor principal de la estrategia.
Las cuestiones explicadas anteriormente se utilizaron como pretexto para dar origen a la fundación Solidaridad Sin Fronteras (SSF), en 2004, y su programa Barrio Afuera, como contraparte del Programa Barrio Adentro (El Nuevo Herald, 2004; La voz del Morro, 2010). El objetivo declarado por sus dirigentes fue ayudar a los profesionales médicos cubanos a “escapar” de las misiones y llegar a suelo norteamericano (South Florida Sun-Sentinel, 2007). Esta supuesta colaboración, proclamada con fines positivos, representó un estímulo a que los médicos abandonaran los convenios e influyó en que Cuba perdiera miles de profesionales de la salud, y, a su vez, ofreció un nuevo instrumento efectivo en el discurso contra las BMC.
SSF y Barrio Afuera se insertaron en la política del Gobierno estadounidense de robo de cerebros, la cual evidentemente no respondía a una preocupación por los derechos humanos de los profesionales cubanos, sino que perseguía afectar el mantenimiento de los convenios médicos cubanos y la disponibilidad de personal de la salud en la Isla y el exterior.
Desde esta etapa comenzó la vinculación de ciertas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con los objetivos de la estrategia de boicot. Human Rights Watch (2005) emitió cuestionamientos contra Cuba por la supuesta separación familiar a la que eran sometidos los médicos que habían decidido abandonar su misión internacionalista. Asimismo, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (2007) definió la exportación de servicios médicos cubanos como uno de los puntales de política exterior del Estado caribeño, pues la diplomacia médica contribuía a generar percepciones positivas en los gobiernos aliados de la Isla y esto, a su vez, influía en el respaldo que recibía Cuba en Naciones Unidas.
Se evidenció que el discurso contra las BMC hasta 2009 se enfocaba fundamentalmente en aspectos políticos; aún no se defendía como línea de mensaje principal la supuesta preocupación por los derechos humanos de los profesionales de la salud. No obstante, la actividad de las ONG mencionadas demostró la búsqueda de mayor alcance para la difusión de temas vinculados con derechos humanos que desacreditasen los convenios médicos cubanos en el contexto internacional.
El análisis del discurso sobre las BMC verificó que hasta 2009 el interés de humanizar el tratamiento de los convenios médicos resultaba incipiente, pues como estructura discursiva aún no había sido consolidada. En la etapa 2001-2009, el discurso de los principales actores involucrados en la estrategia fue heterogéneo y débilmente articulado. No fue posible focalizar una línea de mensaje única, pues en función del descrédito y el estímulo al abandono de las misiones de los médicos hacia EE.UU. se utilizaron diferentes estructuras discursivas. Se comprobó que, independientemente de los resultados de la estrategia hasta 2009, su componente comunicacional no se había establecido en torno a una idea central referida propiamente a los derechos humanos de los profesionales de la salud.
«Cuba viola los derechos humanos de sus médicos en el exterior» Articulación del discurso en torno a la línea de trabajo esclavo en la etapa 2010-2016
Desde que la exportación de servicios de salud cubanos se convirtió en la principal fuente de ingresos para la Isla, las divisas que por este concepto ingresaron al país crecieron considerablemente, llegando a experimentar entre 2011-2016, un ascenso superior al 200 % (Rivera, 2024c). En correspondencia con este comportamiento, la estrategia de boicot contra los convenios priorizó la articulación de sus acciones en el afán de materializar sus propósitos.
Como aspecto novedoso en la etapa 2010-2016 destacó la sistematización de las denuncias de violación de derechos humanos relativas a las BMC como parte de la estrategia de boicot. Este aspecto enriqueció el componente comunicacional, concretando un salto cualitativo en sus niveles de organización.
Como parte del proceso de consolidación de la estrategia de boicot y ampliación del alcance de su estructura discursiva durante la etapa 2010-2016 se reconoce la diversificación de los actores involucrados, la expansión geográfica en cuanto a sus sedes y, en correspondencia, el incremento considerable del número de referencias respecto de la etapa precedente.
En esta etapa se defendió el criterio de que Cuba se enriquecía sobre la base de un “sistema de esclavitud moderna”. De este modo se refleja un contraste con la etapa precedente, pues entre 2010-2016 los argumentos con enfoque político marcado dejaron de constituir las líneas de mensaje principales del discurso, y en su lugar se reforzó un tema aparentemente más humanitaria.
Varios actores de la estrategia reconocieron en ciertas publicaciones el impacto de la labor de los galenos cubanos en zonas de los países receptores donde los profesionales nacionales se negaban a asistir por las difíciles condiciones de trabajo (The New York Times, 2013). Esta línea discursiva puede asumirse como una concesión aparente (Van Dijk, 1994) para enmascarar los propósitos de la estrategia de boicot, pues se mantuvo el supuesto de que, para Cuba –y particularmente para Fidel Castro-, aunque implicara sacrificar la disponibilidad de recursos y personal del sistema de salud, era superior el interés de enviar a sus profesionales a otros Estados para difundir la ideología comunista (El País, 2014).
En este contexto se continuaron utilizando los testimonios de profesionales de la salud que abandonaron sus misiones como respaldo a los argumentos presentados, y se enfatizó en el hecho de que algunos solicitaron mantener oculta su identidad para evitar represalias contra sus familiares en Cuba. Este aspecto comenzó a mostrar el desplazamiento en el discurso hacia el componente humano de los convenios como premisa para su victimización.
El año 2010 mostró un incremento de la organización del componente comunicacional de la estrategia de boicot que, a su vez, generó un salto cualitativo en su efectividad. En febrero, ocho profesionales de la salud cubana acogidos al PAPMC demandaron ante un tribunal federal de Miami a Cuba, Venezuela y a la empresa estatal venezolana PDVSA por someterles a trabajar en condiciones de esclavitud moderna, como pago por la deuda cubana con el Estado suramericano por el suministro de petróleo (Elmundo.es, 2010).
Esta fue la primera alusión directa al término esclavitud en el caso de los convenios médicos cubanos internacionales, y tuvo un impacto mediático considerable. Además, sentó el precedente para la sistematización del término trabajo esclavo asociado a la actividad de los profesionales médicos en el exterior para denunciar violaciones de derechos humanos relativas a las BMC.
Este hecho coincidió en 2010 con la inclusión del tema en el Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de EE.UU. (U.S. Department of State, 2010); y la asunción de la Organización No Gubernamental (ONG) Archivo Cuba3 como organización dedicada especialmente a documentar las denuncias contra el “esquema de explotación laboral cubano”.
La matriz de opinión asociada al supuesto hecho de que el Gobierno de la Isla violaba los derechos humanos de los profesionales de la salud, justificaba la condena en el ámbito multilateral por incurrir en una práctica repudiada en el mundo y que era prohibida por protocolos internacionales de los cuales Cuba formaba parte.
La difusión de los términos trabajo esclavo, trata de personas y trabajo forzado como nuevas formas de esclavitud emprendidas por Cuba y, en última instancia, como violación de derechos humanos, aseguraba un elemento novedoso y contundente para intentar fundamentar la condena a nivel global. La incorporación de estos términos y su determinación como línea de mensaje más importante en las denuncias resultó trascendental. Su empleo marcó un punto de giro en la estrategia de boicot: los profesionales de la salud antes de 2010 eran cuestionados por negligencia e incapacidad o por la supuesta actividad de difusión de la ideología comunista; sin embargo, de forma repentina se convirtieron en aparentes víctimas de la explotación del Gobierno cubano. Esto muestra claramente la adecuación del discurso según las particularidades y prioridades en cada etapa.
Junto a la denuncia de trabajo esclavo surgió como línea de mensaje adicional la supuesta afectación monetaria a los profesionales cubanos, a partir del hecho de la distribución inadecuada de los ingresos por la prestación de sus servicios, dado que la mayor parte de la retribución económica entregada por el país receptor quedaba en manos del Estado cubano (Stabroek News, 2011; Unión Patriótica de Cuba, 2014).
El Gobierno de EE.UU., actor fundamental de la estrategia de boicot, incluyó por primera vez el tema de las BMC en el Informe Anual Sobre Trata de Personas del Departamento de Estado en 2010 (U.S. Department of State, 2010). Este asunto se ha mantenido como referencia importante en todos los informes anuales hasta la actualidad, y ha sido empleado para justificar las amenazas a países receptores de BMC y las acciones contra la Isla (Rivera, 2024a).
La inclusión del tema de las BMC en estos informes anuales explicitó el tratamiento gubernamental a dicha cuestión. Este discurso fue más formal y homogéneo, característica que lo diferenció de las denuncias del resto de los actores. Ello otorgó mayor connotación al asunto en el contexto internacional, pues se presentó como una práctica repudiada por el Gobierno de EE.UU., Estado que, indudablemente, ejerce gran influencia en el sistema de relaciones internacionales.
Sobre el tratamiento del Gobierno de EE.UU. al tema del trabajo esclavo en las BMC, destacó en 2011 una intervención realizada por Emilio González, excoronel del Ejército estadounidense que había fungido como director de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. entre 2005 y 2008. En 2011, González confirmó su protagonismo en la creación del PAPMC en 2006 y mostró el origen del Programa como respuesta a que la política cubana de enviar profesionales de la salud al exterior representaba “tráfico humano patrocinado por el Estado” (Cambios en Cuba, 2011). Resultó evidente la intención de reforzar la línea de mensaje de trabajo esclavo para centrar el discurso en torno a una práctica repudiada a nivel internacional.
Otro de los elementos que determinó el salto cualitativo de la efectividad del componente comunicacional de la estrategia de boicot fue la incorporación de nuevos actores. Entre ellos destacan la ONG Archivo Cuba y la organización contrarrevolucionaria Unión Patriótica de Cuba. Sobre esta última, si bien fueron encontradas solo dos documentos de su autoría en el período abordado, es importante tener en cuenta que representa la primera organización subordinada a los intereses de EE.UU. que abordó el tema de las BMC con un enfoque crítico teniendo su sede en el territorio cubano.
Los cuestionamientos de Archivo Cuba al Gobierno cubano comenzaron desde la creación de la ONG en 2001, con críticas basadas en diferentes argumentos. Sin embargo, las denuncias por supuestas violaciones de derechos humanos relativas a las BMC no fueron generadas por la organización hasta 2010. Varios años después, en 2022, su fundadora y Directora Ejecutiva, María C. Werlau, declaró que desde 2001 investigó el “esquema de explotación laboral cubano” (Alberto Müller, 2022). Evidentemente estos sucesos responden a un interés posterior de unificar el discurso, pero se comprueba que previo a 2010 no hubo referencias directas al término esclavitud moderna por esta ONG.
Para el análisis de la evolución de las denuncias en la etapa en cuestión debe tomarse en cuenta el hecho de que los actores en su estructura discursiva incluyeron referencias a la Organización de Naciones Unidas y a diferentes organizaciones internacionales con autoridad para atacar prácticas rechazadas en el ámbito internacional. Entre ellas destacan el trabajo forzado y la trata de personas. Ello responde a un interés marcado de involucrar dichas instancias reguladoras con las supuestas prácticas de trabajo esclavo del Gobierno cubano y, de este modo, elevar la connotación del asunto. El propósito, evidentemente, fue difundir las denuncias en aras de enriquecer el componente comunicacional de la estrategia de boicot, y afectar la imagen de los convenios de salud que involucraban profesionales cubanos.
La evolución de las denuncias de violación de derechos humanos relativas a las BMC en la etapa 2010-2016 demostró el salto cualitativamente superior que experimentó el componente comunicacional de la estrategia de boicot contra los convenios médicos cubanos internacionales. En estos años se abandonó el obsoleto discurso de Guerra Fría que planteaba la lucha contra la ideología comunista y, en su lugar, se tomó como argumento esencial para atacar los convenios médicos una práctica repudiada a nivel internacional, la trata de personas como forma de esclavitud moderna.
conclusiones
Las denuncias de violación de derechos humanos relativas a las BMC surgieron como acción importante dentro de la estrategia de boicot del Gobierno de EE.UU. contra los convenios médicos cubanos a partir de la adecuación del componente comunicacional a las particularidades de cada contexto. Las denuncias por supuestas prácticas de trabajo esclavo llevadas a cabo por el Gobierno de la Isla ofrecieron una nueva y valiosa herramienta comunicacional para justificar las medidas del Gobierno estadounidense contra la exportación de servicios médicos cubanos.
Entre 2001-2009, el discurso de los principales actores involucrados en la estrategia fue heterogéneo y poco sistematizado. Se comprobó que la supuesta preocupación por el componente humano de los convenios médicos resultaba incipiente como estructura discursiva.
El año 2010 mostró un punto de giro relevante dentro de la evolución del componente comunicacional de la estrategia de boicot. Se homogeneizó el discurso de los principales actores tomando como línea de mensaje central que Cuba violaba los derechos humanos de sus profesionales de la salud al someterlos a trabajo esclavo en sus misiones en el exterior.
La sistematización de estos elementos durante la etapa 2010-2016, indudablemente, intensificó la agresividad del discurso contra Cuba y favoreció el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de boicot.
referencias
notas