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introducción

La definición de Robert Cox (1981) sobre estructura histórica1 permite la comprensión del escenario internacional actual como de crisis orgánica de la globalización. Desde este enfoque, la globalización constituye una estructura histórica determinada que se ha mantenido durante décadas y que, a partir de la crisis financiera de 2008 en los países centrales y el posterior fin del ciclo de los commodities para las economías latinoamericanas, comenzó a mostrar señales de declive.

Es en esta etapa de debilitamiento de la estructura histórica internacional cuando se presentan oportunidades para que los actores sociopolíticos modifiquen sus posiciones e incidan en la reconfiguración de dicha estructura. El reacomodo de estos puede suponer, en el plano interno, cambios en el sistema político, de partidos y de gobernanza; por lo que la correlación de fuerzas políticas varía a medida que las nuevas dinámicas alcancen la capacidad de imponerse y prevalecer.

La existencia histórica del extremismo político en diversas naciones del mundo se encuentra determinada tanto por factores externos como por aquellos propios del espectro político de cada país, los cuales constituyen el motor impulsor de la creación, desarrollo, consolidación y radicalización de movimientos extremistas, ya sean de izquierda o derecha. Asimismo, este fenómeno está intrínsecamente ligado a los ciclos de crisis del capitalismo, un sistema que, bajo la influencia de la globalización neoliberal, define la naturaleza del orden internacional actual y las relaciones entre los Estados.

En el caso particular de Argentina, el extremismo político de derecha ha estado vinculado, tradicionalmente, a la oligarquía poderosa en términos socioeconómicos, capaz de imponer su agenda utilizando su poder estructural (Luna y Rovira Kaltwasser, 2021). A pesar de ello, durante gran parte del siglo XX esa élite no solo estuvo fragmentada, sino que no supo construir un vehículo electoral de alcance nacional que pudiera expresar de forma orgánica, competitiva y democráticamente sus intereses y, menos aún, ampliar su base social (Morresi, 2015). Por esta razón, las dos vertientes fundamentales de la derecha argentina, la nacionalista-autoritaria y la liberal-conservadora, apostaron constantemente por vías no electorales, en alianza con las fuerzas armadas, para llegar al gobierno. Esta persistente ausencia de representación política-partidaria se tradujo en el origen de una sistemática inestabilidad política y de los constantes shocks sociales y económicos (Di Tella, 1971, p.318). De esta forma, el recurso del golpe de Estado dejó de tener un carácter excepcional, abriendo las puertas a la participación casi regular del ejército en la política y la violencia como instrumento legitimador.

Tras el colapso de la última dictadura en 1983, se produjeron importantes cambios en el accionar del extremismo político de derecha argentino. La vertiente nacionalista-reaccionaria de este fenómeno quedó profundamente marginada tanto del ámbito político como social. Esto se debió, en esencia, al agotamiento de su propuesta económica en un contexto donde las ideas neoliberales se volvieron hegemónicas y al descrédito en el que cayeron las fuerzas armadas. En tanto, la derecha de tendencia liberal-conservadora, intrínsecamente vinculada con las actividades extractivistas, agroexportadoras y el capital transnacional, pasó a ejercer su influencia sobre la agenda política a través de organizaciones de la sociedad civil como los medios de comunicación, los “think tanks”, los organismos de derechos humanos e, incluso, la construcción partidaria propia (Morresi, 2013, 2015).

Tal es el caso del movimiento político de extrema derecha La Libertad Avanza (LLA), fundado en 2021 por Javier Milei, el cual ha emergido con notable rapidez en el escenario político nacional, llegando a alcanzar la presidencia en las elecciones de 2024. La ideología de esta fuerza política se basa en principios libertarios y neoliberales que postulan una fuerte reducción del Estado, la eliminación de las barreras arancelarias, el libre movimiento del capital, la privatización de empresas públicas y la eliminación de impuestos, entre otros. En el ámbito social, se caracteriza por una postura ultraconservadora en términos de género, aborto, seguridad e inclusión (La Libertad Avanza, 2023). Estos elementos han sido defendidos históricamente por la oligarquía agroexportadora nativa en estrecha relación con la vertiente liberal-conservadora de las derechas argentinas (Morresi & Ramos, 2023).

Este artículo tiene como objetivo analizar de qué manera La Libertad Avanza se inserta en la evolución histórica de las derechas argentinas, identificando continuidades y rupturas con respecto a experiencias previas. Para ello, se divide el estudio en dos etapas fundamentales. La primera abarca el periodo autoritario del sistema político argentino (1930-1983) y la segunda comprende la etapa democrática que se abrió luego de la última dictadura (1983-2024). Por último, se caracterizará a LLA, liderada por Javier Milei, quien obtuvo la presidencia de la nación en las elecciones generales de 2023.

desarrollo

Las derechas argentinas durante el periodo autoritario (1930-1983)

La conformación de las derechas argentinas, a principios del siglo XX, tiene su origen en la decadencia del liberalismo clásico decimonónico (Rock et al., 2001). La crisis de 18902, sumada a la reacción de las élites vernáculas a los procesos democratizadores, el miedo a la política de masas, la adaptación de las instituciones tradicionales como la iglesia y el ejército a las tendencias secularistas y civilistas y el creciente activismo obrero y sindical, supuso la aparición de una derecha radical conservadora, antipositivista, autoritaria y, en algunos casos, nacionalista.

La ideología de las derechas argentinas también se nutrió del pensamiento contrarrevolucionario europeo, debido a la abrumadora población de origen español, italiano y francés existente en Argentina para la época (Bravo Herrera, 2012). Por esta razón, las doctrinas reaccionarias que llegaban desde Europa fueron asimiladas e interpretadas por grandes sectores de la oligarquía local. Debe tenerse en cuenta que la configuración de las derechas argentinas no resultó en la imitación de los movimientos de ese tipo existentes del otro lado del Atlántico, sino que constituyó una consecuencia de las circunstancias políticas, económicas y sociales autóctonas, y las divisiones que se produjeron en su seno —desde la moderación al extremismo— respondieron, en última instancia, a condiciones locales (Rock et al., 2001).

Resulta importante destacar que, si bien estas derechas se caracterizaron por valores muy afines como eran el apego a la religión católica y el rechazo a las ideas de izquierda que alterasen el orden político y social del Estado, mantuvieron una tendencia permanente a la división, debido, en gran parte, a la incapacidad de concertar un modelo de acumulación económica que representara los intereses generales del movimiento (McGee Deutsh, 1999). En todo el siglo XX, las derechas argentinas encontraron su representación a través de dos corrientes principales; por un lado, los liberales–conservadores y, por el otro, los nacionalistas-reaccionarios. Esta división fundamental, y las diferentes disputas que provocó, afectaron, de manera considerable, el rumbo de la nación; convirtiendo en una constante las dictaduras de carácter cívico-militar cada vez que se veían amenazados los intereses de clase de ambos grupos (Di Tella, 1971, p.318).

En cuanto a los liberales–conservadores, estos se encontraban relacionados, intrínsecamente, con la oligarquía tradicional agroexportadora, por lo que pugnaron por un capitalismo de libre mercado que permitiera la entrada y salida de sus materias primas, siempre en función del capital extranjero. Aunque esta tendencia defendía la adopción del liberalismo en el plano económico, se oponía a los cambios progresistas que sostienen los preceptos liberales en el ámbito sociopolítico. Además, los liberales–conservadores veían en el vínculo con la religión católica la defensa de los principios por los cuales debía regirse la sociedad argentina y el fortalecimiento del apoyo social debido a la gran cantidad de argentinos devotos al catolicismo.

La vertiente nacionalista–reaccionaria, por su parte, tuvo su origen en los sectores pequeño-medio burgueses en ascenso, que veían sus inversiones ahogadas por el carácter liberal de la economía y la constante presencia del capital extranjero. Esta tendencia se caracterizó por la defensa del corporativismo y de un orden social jerárquico y autoritario, para lo cual estrechó sus lazos con algunos sectores católicos y del ejército. De igual forma, los nacionalistas adoptaron principios contrarrevolucionarios opuestos a las corrientes progresistas (como el feminismo, el marxismo y el socialismo) y desarrollaron una fuerte crítica al modelo económico liberal con el objetivo de atacar la relación existente entre la oligarquía y Gran Bretaña y Estados Unidos, principales socios comerciales e inversores de Argentina (Bravo Herrera, 2012; Rock et al., 2001).

Al inicio de la década de 1930, la evolución de los movimientos de derecha estuvo íntimamente relacionada con el periodo reformista que vivió Argentina entre 1916 y 1930, el cual fue liderado por Hipólito Yrigoyen. Si bien los objetivos de derrocar al Yrigoyenismo y de revertir los progresos sociales de su gobierno favorecieron la cooperación entre las dos tendencias principales de la derecha argentina, una vez en el gobierno las contradicciones ideológicas entre ambas facciones se agudizaron con rapidez (Romero, 1996). Por un lado, se encontraba el representante del grupo nacionalista–reaccionario, general José Félix Uriburu, quien tuvo el control del Estado hasta el año 1932; y, por el otro, el también general Agustín P. Justo aglutinaba en su figura la corriente liberal–conservadora, la cual predominó desde 1932 hasta 1943. La ruptura entre estas dos vertientes constituyó una tendencia permanente que determinó el accionar de la derecha en su conjunto a lo largo de la “Década Infame”3.

Durante el gobierno de facto de Uriburu, los nacionalistas–reaccionarios vieron la oportunidad de realizar sus ideales antiliberales mediante la implantación de un régimen autoritario y corporativista. Sin embargo, la falta de una base consistente de apoyo castrense debido a la posición minoritaria de esta vertiente de derecha en el ejército determinó la incapacidad del gobierno para transformar las instituciones liberales tradicionales y realizar cambios significativos en el sistema político. Esta situación condujo al desmoronamiento del gobierno, el llamado a elecciones y la llegada al poder político del general Agustín Justo en 1932 (Rock, 1993).

Tras el arribo al gobierno del general Justo, la derecha de tendencia liberal–conservadora buscó el retorno a la normalidad institucional en el marco de la Constitución Nacional de 18534, con el objetivo de legitimar las estructuras oligárquicas de poder y el modelo agroexportador. Mediante una fachada republicana sustentada en prácticas de represión policial, fraude electoral sistemático, la proscripción de fuerzas opositoras como la Unión Cívica Radical (UCR) y la coparticipación del ejército, la burguesía terrateniente logró restablecer su dominio e intereses durante los gobiernos siguientes de Roberto Ortiz (1938-1942) y Ramón Castillo (1942-1943) (Rock et al., 2001).

El orden político impuesto por la derecha liberal–conservadora durante la llamada “Década Infame” entró rápidamente en crisis como consecuencias de los conflictos derivados de la limitada restauración democrática iniciada en 1932 y del impacto de la Segunda Guerra Mundial. Este ambiente de inestabilidad posibilitó que la tendencia nacionalista–reaccionaria, con apoyo de un sector del ejército, se agrupara en el denominado Grupo de Oficiales Unidos (GOU) y derrocara al presidente Castillo en 1943. La dictadura militar suspendió las elecciones, disolvió el Congreso, declaró la obligatoriedad de la enseñanza católica en las escuelas públicas, ejerció una dura represión contra movimientos progresistas, estudiantiles y obreros y nacionalizó bienes y empresas pertenecientes al capital extranjero. Según Ysabel Rennie (1945), estas medidas “abrían el camino hacia la fundación de un nuevo orden social mediante el establecimiento del Estado autoritario, corporativo y antiliberal que esta vertiente de derecha había abogado durante décadas” (p.368).

Desde el comienzo del gobierno militar, Juan Domingo Perón, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, pudo construir una poderosa base de apoyo popular gracias a los vínculos que estableció con importantes sectores de la dirigencia sindical y la clase obrera. Esto le permitió acumular cargos cada vez más relevantes en la estructura burocrática estatal, llegando a ganar las elecciones presidenciales celebradas en 1946. Con el inicio del régimen peronista se produjo una polarización nunca antes vista en la sociedad argentina (Rock et al., 2001). La política populista de bienestar social puesta en marcha por Perón, así como la concesión de mayores derechos laborales, la expansión de la salud y educación públicas, y el respaldo estatal al desarrollo industrial y a los sindicatos, condicionaron un gran acercamiento y respaldo de los sectores populares al movimiento nacionalista burgués (Rein, 1998). En cambio, las reformas a las instituciones económicas, políticas y sociales tradicionales promovidas por el peronismo constituyeron una grave amenaza a los intereses de clase de las derechas argentinas.

La ruptura definitiva entre los grupos de derechas y el peronismo se produjo a finales de 1954 como consecuencias del conflicto iniciado entre Perón y la Iglesia. El Congreso instituyó el divorcio civil, prohibió las procesiones religiosas, legalizó el ejercicio de la prostitución y preparó una enmienda constitucional para separar la Iglesia del Estado; lo cual se oponía directamente a la prédica derechista sobre el catolicismo y el adecuado clima moral que debía reinar en la nación (Rock et al., 2001). Esto produjo que tanto nacionalistas–reaccionarios como liberales–conservadores unieran fuerzas en contra del peronismo y derrocaran al gobierno mediante un golpe de Estado en 1955, el cual inició el proceso de la “Revolución Libertadora” (1955-1958) (Bravo Herrera, 2012).

Tal y como ocurrió en la “Década Infame”, de la alianza tejida entre las dos vertientes de derecha contra Perón emergieron grandes contradicciones que llevaron a la designación del general Pedro Aramburu, representante del ala liberal–conservadora, como nuevo presidente. Esto reflejaba la necesidad de los círculos económicos dominantes y de la burguesía terrateniente de reorientar el rumbo adoptado por el peronismo mediante la entrada irrestricta de las inversiones extranjeras, la apertura del comercio exterior, la incorporación del país a los organismos económicos multilaterales y el acercamiento a los Estados Unidos. En el plano sociopolítico, la dictadura de Aramburu marcaba el inicio de una profunda y sistemática represión al movimiento justicialista que se tradujo en la proscripción del peronismo y la persecución de sus activistas y líderes sindicales.

A pesar de las estrategias y políticas represivas implementadas, el movimiento justicialista logró establecer profundas raíces sociales que le permitieron resistir los intentos de su erradicación (Novaro, 2021). La amenaza constante ante la posibilidad del retorno peronista al poder y la dificultad del sistema político, así como de las derechas, de procesar los conflictos originados por el peronismo/antiperonismo, condicionaron una recurrente inestabilidad política, económica y social durante estos años. En palabras de Juan Carlos Portantiero (1977), esta debilidad institucional fue vista como un “empate hegemónico, donde cada fuerza era capaz de vetar los proyectos de las otras, pero no contaba con los recursos suficientes para imponer sus propios objetivos de manera durable” (p.1).

Durante los años 1955 y 1973, la derecha liberal–conservadora mantuvo su dominio sobre el aparato estatal y operó básicamente como reacción contra el resurgimiento del peronismo y la radicalización de sectores progresistas, estudiantiles y obreros. Esto se evidenció en la sucesión constante de gobiernos civiles y militares debido a la incapacidad de la derecha de constituirse en un partido de masas que pudiera establecer conexiones orgánicas con la burguesía industrial, comercial y financiera, además de los grupos agroexportadores, tradicionalmente conservadores (Senkman, 2001, p.277). A pesar de ello, los sectores liberales–conservadores lograron penetrar los gobiernos de Arturo Frondizi (1958-1962) y Arturo Illía (1963-1966) y, cuando el peronismo logró imponerse en las elecciones de 1966, ejecutaron otro golpe de Estado, el cual inició la “Revolución Argentina” (1966-1973), donde se intensificaron los actos de violencia, intolerancia política y represión.

Resulta relevante añadir que, como parte del contexto de Guerra Fría, la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) alentada por Estados Unidos fue compartida y apropiada por las derechas argentinas (Franco y Lvovich, 2024). Frente a las amenazas del comunismo y de la insurgencia revolucionaria, desde diversos actores derechistas se postuló que la resolución de la conflictividad social implicaba la efectiva aplicación de políticas punitivas y de control represivo, que se tradujo en el establecimiento de altos niveles de violencia estatal. La lucha contra el “enemigo interno” también fue utilizada como argumento para mantener la proscripción del partido justicialista y la persecución a los líderes del peronismo; el cual fue considerado como una extensión ideológica del comunismo (Rouquié, 1982).

Para el año 1973, el deterioro de la situación económica, el desprestigio de la dictadura iniciada en 1966 y la necesidad de desarticular la presencia de las guerrillas (Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo) provocaron la celebración de elecciones, siendo nuevamente elegido como presidente Perón. Durante el nuevo gobierno peronista, las condiciones económicas, políticas y sociales del país no sufrieron cambios, lo que provocó continuas manifestaciones, que llevaron al gobierno a tomar medidas en contra de la población civil. La inestabilidad interna del gobierno, el incremento de la violencia política, las continuas acciones de las guerrillas y el descontento de los grandes grupos económicos y empresariales puso en jaque a todo el sistema democrático, propiciando las condiciones para su eventual sustitución en 1976 por medio de otro golpe de Estado; el más sangriento del periodo autoritario argentino (Bravo Herrera, 2012).

El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) constituyó un punto de inflexión por los profundos cambios sociales y económicos que desencadenó (Franco y Lvovich, 2024). Durante los años de la dictadura, la derecha de tendencia liberal–conservadora logró, con el apoyo de los grandes grupos económicos, la oligarquía terrateniente, la jerarquía eclesiástica y el capital extranjero, consolidar definitivamente su hegemonía en el espacio de las derechas nacionales. De esta forma, el proyecto del PRN se orientó a la transformación radical de las bases económicas-estructurales del capitalismo argentino mediante la implantación de un patrón de acumulación financiero, con desindustrialización, concentración del ingreso, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y endeudamiento externo. Esta restructuración de las relaciones entre capital–trabajo, en detrimento del trabajo, fue acompañada por niveles nunca vistos de violencia y represión estatal con el objetivo de instalar un clima social de terror que paralizase toda posible resistencia a la reconversión del modelo socioeconómico (Feierstein, 2007).

Si bien durante los gobiernos civiles y militares anteriores ya se había adoptado la DSN y la noción de la lucha contra el enemigo interno comunista, el golpe de 1976 constituyó un salto cualitativo y cuantitativo en la estrategia represiva (Franco y Lvovich, 2024). Desde los primeros comunicados, la junta militar destacó la existencia de fuerzas ocultas cuyo objetivo era subvertir los valores y la idiosincrasia nacional, lo que dio inicio a un proyecto de violencia y terrorismo estatal. Para ello, las fuerzas armadas establecieron un sistema doble y convergente. Por un lado, crearon un conjunto de normativas, reglamentos, leyes y decretos que proveyó el marco jurídico-legal para justificar la eliminación o violación de derechos sociales previamente consagrados. Por el otro, el poder militar articuló una estrategia represiva, clandestina y paralegal con el objetivo expreso de aniquilar las formas subversivas (Águila, 2023). De esta forma se produjo una criminal persecución, desaparición forzada, tortura y eliminación de toda disidencia, o sospecha de tal, en los ámbitos académico, cultural, sindical, artístico, intelectual, religioso y político de la sociedad argentina.

Las prácticas sociales genocidas buscaron la destrucción de las relaciones sociales caracterizadas por la fortaleza de las clases trabajadoras, las organizaciones sindicales y la alianza social que defendía las políticas redistributivas y el desarrollo del mercado interno. Los autores Azpiazu y Schorr (2010) y Basualdo (2006) entendieron este proceso como una “revancha clasista” porque reunió a todas las facciones del gran capital, en especial a los grandes grupos empresariales, así como a la jerarquía de la iglesia católica, para imponer el disciplinamiento de los sectores populares y destruir las experiencias de lucha y organización de los trabajadores con el objetivo de reforzar el poder capitalista.

El efecto de las reformas neoliberales, la aplicación continua de la represión y violencia estatales, así como el aumento de los reclamos externos por la violación a los derechos humanos, fueron produciendo un espacio de creciente oposición al gobierno dictatorial, el cual se encaminaba a la pérdida de legitimidad. Esto, sumado a la desastrosa derrota sufrida en la guerra de las Malvinas5 en 1982, provocaron el colapso total del gobierno militar y el inicio del traspaso del poder a los civiles, que se concretaría en 1983. La última dictadura cerró el ciclo autoritario iniciado en 1930 y dio comienzo a otro, en el cual las derechas argentinas, bajo una ideología neoliberal, abandonaron los proyectos golpistas y se incorporaron a las reglas del juego democrático (Morresi, 2008).

Las derechas argentinas durante el periodo democrático (1983-2015)

Con la apertura democrática de 1983, los sectores de derecha argentinos se enfrentaron a una nueva situación histórica caracterizada por el fin de la influencia militar en los mecanismos institucionales (Frieiro, 2024). Mientras que la tendencia nacionalista–reaccionaria se encontraba profundamente marginada y agotada luego de la experiencia dictatorial, los sectores liberales–conservadores se inclinaron hacia una estrategia partidaria de acceso al poder político, en un contexto de auge progresivo de las ideas neoliberales (Morresi, 2013; 2015). Esta vertiente de derecha se apoyó, además, en las organizaciones de la sociedad civil como los medios de comunicación, los think tanks y la militancia estudiantil.

Durante los primeros años de la democracia, la derecha se encontró representada, fundamentalmente, por el partido Unión del Centro Democrático (UCEDE), fundado en 1982 por Álvaro Alsogaray. Esta fuerza política estuvo compuesta por la clase alta y media del Área Metropolitana de Buenos Aires, así como por los cuadros civiles del anterior gobierno militar. Entre 1983 y 1989, la UCEDE experimentó un avance sistemático a nivel electoral que posibilitó su posicionamiento como tercera fuerza política de Argentina (Morresi, 2013). Con su crecimiento, las ideas neoliberales, que se encontraban deslegitimadas como consecuencia del desplome económico de la dictadura, fueron expandiéndose por distintos ámbitos sociales y políticos, incluso dentro del radicalismo y peronismo.

Resulta importante hacer énfasis en el papel que desempeñaron, durante estos años, los “think tanks” y otras instituciones no gubernamentales en la transmisión y legitimación de los intereses políticos de la derecha argentina, en especial del neoliberalismo. Mediante la realización de investigaciones, formación de cuadros políticos y técnicos, creación de revistas y casas editoriales y programas de radio y televisión, estas organizaciones se encargaron de llevar adelante una amplia gama de actividades con el objetivo de marcar la agenda del gobierno y sociedad argentinos. El apoyo de las empresas y corporaciones privadas posibilitó el florecimiento de una compleja red de entidades que sustentaban el ideario neoliberal. La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), la Fundación Mediterránea (FM) y el Consejo Empresario Argentino6 (CEA) constituyen algunas de las organizaciones que más influencia tuvieron durante este periodo.

A pesar del respaldo que los grupos económicos le otorgaron al ideario de la derecha neoliberal, el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se orientó, durante sus primeros años, a mantener el estatismo y proteccionismo característicos del modelo de sustitución de importaciones, con un especial énfasis en la defensa de los derechos humanos y el antiautoritarismo (Trinchero, 2023). Sin embargo, las reformas impulsadas durante el PRN habían cambiado la estructura económica de la nación, y convirtieron a Argentina en un país extremadamente vulnerable y dependiente del sistema financiero internacional. De esta forma, a medida que las dificultades económicas fueron poniendo en jaque al gobierno de Alfonsín, las ideas neoliberales comenzaron a ponderarse como una alternativa viable.

La década de los 90 significaría para la derecha argentina la puesta en práctica de su ideario neoliberal, pero, a la vez, la detención del proceso de construcción partidaria que habían logrado establecer a través de la UCEDE. Con la llegada de Menen a la presidencia en 1989, el peronismo dio un giro programático en un proceso de “neoliberalismo por sorpresa” (Stokes, 2001), que habilitaría las ideas promercado, daría espacio a los cuadros políticos y económicos de las diferentes formaciones y organizaciones de derecha y favorecería amplios consensos sociales en favor de esas ideas. En palabras de Atilio Borón (2000), “el menemismo no dejaba espacio para las alternativas de derecha, lo que provocó una crisis interna en la UCEDE que terminó disolviéndose dentro del peronismo menemista” (pp.159-160).

El peronismo, en su variante menemista, continuó y adoptó como propio el proyecto neoliberal iniciado por el régimen militar de 1976. Su política no solo implicó la adopción de un nuevo modelo económico, sino también un proyecto de profunda reformulación de toda la estructura social (Trinchero, 2023). Los servicios de salud, educación y seguridad social administrados por el Estado sufrieron significativos recortes de financiamiento, lo que, sumado a los despidos masivos, condicionó que algunos sectores se quedaran sin acceso a atención médica y educativa. Las reformas neoliberales fueron acompañadas, además, por un acercamiento a los Estados Unidos, el cual designó a Argentina como “aliado extra-OTAN” (Trinchero, 2023).

A finales del siglo XX, el modelo macroeconómico menemista, que logró frenar la hiperinflación, se encontraba agotado y sus consecuencias sociales amenazaban con volverse estructurales. A pesar de ello, las diferentes fuerzas políticas propusieron su continuidad, con el objetivo de relanzarlo con ajustes y correcciones a partir del ascenso presidencial de Fernando de la Rúa en 1999. El mantenimiento de la Ley de Convertibilidad, en un contexto de creciente déficit fiscal y endeudamiento externo, llevó a una progresiva recesión, en la que se dispararon los niveles de desempleo, pobreza, indigencia e inflación. El estallido social alcanzó su punto máximo los días 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando miles de personas salieron a las calles en todo el país para manifestarse contra la clase política y el sistema económico vigente. La generalización de las protestas llevó a que el presidente Fernando De la Rúa anunciara su renuncia, abriendo un periodo de inestabilidad en el que se turnaron cinco presidentes en menos de un año.

La profunda crisis de 2001 terminó implosionando por completo el sistema político argentino (Torre, 2003). Si bien el descrédito generalizado hacia las soluciones neoliberales posibilitó la articulación de un reordenamiento político e ideológico en torno al kirchnerismo7, los actores de derecha interpretaron este proceso como una nueva oportunidad para construir una fuerza partidaria propia (Vommaro y Morresi, 2014). Ese fue el caso del partido Propuesta Republicana (PRO), el cual, bajo el liderazgo del empresario Mauricio Macri, logró consolidarse organizativa y programáticamente como la fuerza de derecha más competitiva durante las dos primeras décadas del siglo XXI; llegando a obtener la presidencia en 2015 bajo el sello Cambiemos (Vommaro, 2023).

El proceso de consolidación partidaria del PRO logró articular a políticos peronistas, radicales y exponentes de la tradición de derecha liberal-conservadora con importantes grupos económicos, dirigentes de ONGs y “think tanks”, cuadros del ámbito empresarial y algunos sectores militantes y estudiantiles de la sociedad civil (Vommaro et al., 2015). Esta composición heterogénea y el objetivo de expansión de sus bases sociales y electorales condicionaron, como señala Adriana Gallo (2008) que el PRO “mantuviera un discurso postideológico, evadiendo la distinción entre derecha e izquierda y, por lo tanto, evitando cualquier tipo de vínculo con el autoritarismo” (pp. 296–298). Sin embargo, los estudios realizados tanto por el proyecto de Élites Parlamentarias de América Latina (PELA) (2020), así como los de Sergio Morresi (2015) reconocen al PRO como un partido conservador de derecha, con una inclinación neoliberal y promercado.

Esto último permite afirmar que el PRO ratifica la tradición liberal–conservadora de derecha mediante una expresión democrática que se adhiere plenamente al neoliberalismo; pero que, a la vez, añade algunos elementos nuevos. Aún con una clara pertenencia a la derecha, el PRO eligió construir una marca partidaria moderada, sin definiciones ideológicas ostensibles (Morresi, 2015). Desde sus inicios se presentó como una fuerza pragmática, en oposición a las anteriores expresiones de derecha doctrinarias, que ofrecía una nueva forma de «hacer política», centrada en la gestión y la administración. Ante las dificultades que podía suscitar su inscripción ideológica debido al agotamiento del modelo neoliberal en América Latina, en un contexto de auge izquierdista que no cosechaba adhesiones fuertes en la derecha, el discurso del PRO rechazaba esas categorías como obsoletas, propias del siglo XX, lo cual le permitió posicionarse como un partido moderno, «más allá de la izquierda y la derecha» (Vommaro y Morresi, 2015).

Mientras que en el primer plano de la política, el peronismo, en su versión kirchnerista, se afianzaba en el gobierno nacional, el PRO escogió la vía subnacional para llegar al poder. En el año 2007, Mauricio Macri resultó electo como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, inaugurando un largo periodo de triunfos ininterrumpidos en este distrito (Vommaro y Morresi, 2015). Durante los dos mandatos en que Macri fue jefe de gobierno (2007-2011, 2011-2015), el PRO se desarrolló como una verdadera marca partidaria con una oferta consistente y diferenciada de la de sus adversarios, desarrolló una base militante organizada y logró consolidar un partido dirigente estable y cohesionado (Levitsky et al., 2016; Lupu, 2016). Esto se evidencia en la expansión territorial que cosechó el PRO en las elecciones legislativas de 2013, donde obtuvo triunfos en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, La Pampa, Tierras de Fuego y Córdoba, lo cual permitió que el PRO se transformara en un proyecto real para la conquista del poder nacional (Tagina, 2014).

Progresivamente, este partido logró convertirse en la representación política del antikirchnerismo mediante una estrategia que incluyó una poderosa campaña comunicacional contra la corrupción del gobierno, la intervención del Estado en la economía y la figura de Cristina Fernández de Kirchner (Mauro, 2020). A partir de ese momento, el PRO buscó diversas estrategias para expandirse más allá de su bastión político en la Ciudad de Buenos Aires. Un elemento clave fue la alianza establecida con la UCR en marzo de 2015, que condujo a la formación de la alianza electoral Cambiemos. Gracias a esta nueva fuerza política, el PRO pudo aprovechar el peso territorial de este partido centenario en los distritos provinciales, garantizando su presencia nacional sin perder el control de la toma de decisiones internas ni arriesgar la modificación de sus líneas programáticas. De este modo, el PRO logró posicionarse de forma hegemónica frente a otras fuerzas partidarias de derecha (Lucca, 2019).

El triunfo electoral de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015 estableció un cambio de paradigma en el escenario político argentino, en el que, por primera vez, una fuerza de derecha llegó al poder por medios democráticos y desde una fuerza partidaria propia (Iglesias y Lucca, 2019). Su victoria se produjo con resultados electorales muy ajustados, provocando que Cambiemos se encontrara en minoría en ambas cámaras del Congreso y con solo cuatro gobernadores sobre un total de veinticuatro. Esto llevó a un debate interno sobre los mecanismos de gobernanza a emplear, en el cual se impuso el modelo “gradualista” que sostenía la aplicación de medidas de forma paulatina y con realismo sobre su relación de fuerzas, garantizando consensos políticos en el Congreso y gobernabilidad social frente a las posibles protestas sindicales o de los movimientos que representan a sectores informales y pobres urbanos (Vommaro y Gené, 2017). En términos generales, la política económica propuesta por Macri se basó en tres pilares fundamentales: la acumulación financiera, la liberalización del comercio y el perfil de exportación primaria.

La debilidad parlamentaria de Cambiemos, así como el modelo “gradualista” escogido, condicionó que el gobierno aceptara una parte de las políticas distributivas y sociales y la agenda cultural progresista del anterior gobierno (Monestier y Vommaro, 2021). La imposibilidad de reducir el gasto público y el déficit fiscal, en un contexto de apertura económica y de baja productividad en general, provocó un alto endeudamiento en dólares para mantener la estabilidad (Vommaro y Gené, 2017). Este camino generó descontento en los sectores liberal-conservadores y religiosos que no participaban en el gobierno, los cuales se sintieron desilusionados por el “gradualismo” y la “tibieza” de las políticas aplicadas, y comenzaron a considerar que Cambiemos no representaba suficientemente sus ideales de derecha (Morresi y Vicente, 2019; Vázquez, 2022).

La experiencia de Cambiemos (2015-2019) mostró los alcances y límites del proyecto “gradualista” en el poder y la incapacidad del gobierno para construir un modelo de desarrollo viable. La falta de resultados positivos no sólo posibilitó que la izquierda regresara al poder en 2019, sino que condicionó el surgimiento de espacios “a la derecha de la derecha” que adquirieron visibilidad y legitimidad en el debate público (Gené y Vommaro, 2022). De manera lenta pero sistemática, se fue configurando un movimiento de extrema derecha con posturas más reaccionarias, especialmente en lo que respecta a los valores culturales y sociales, que se ha distanciado de Cambiemos y ha criticado la posición moderada del PRO en diversas cuestiones.

El ascenso político y triunfo presidencial de la extrema derecha argentina

La incapacidad de los gobiernos de Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023) para resolver los problemas socioeconómicos del país constituyó un factor fundamental en la radicalización y expansión del campo de las derechas argentinas. Esto se evidencia en el ascenso político y triunfo presidencial del economista Javier Milei, líder del partido de extrema derecha LLA, el cual se inserta dentro de las tradición liberal-conservadora y combina un discurso marcadamente neoliberal en lo económico con un conservadurismo reaccionario a ultranza en lo político-cultural (Ponza y Sánchez Ceci, 2024). Como demuestra Pablo Semán (2023), la irrupción de Milei en el sistema político argentino no solo encuentra su explicación en el declive de los partidos tradicionales y en la crisis económica persistente, sino que forma parte de un proceso más amplio, en el que se articulan elementos como el vínculo entre Estado y sociedad, el papel de las modalidades de interacción digital, la extensión de una subjetividad social individualista y las consecuencias políticas, sociales y económicas de la gestión de la pandemia de COVID-19.

Aunque Milei se presenta como liberal-libertario y anarcocapitalista8, en la práctica lidera un proyecto neoliberal y conservador basado en el individualismo extremo y el capitalismo de libre mercado (Souroujon, 2021; Stefanoni, 2021b, 2022, 2023). En ese marco, sus propuestas políticas incluyen privatizar todas las empresas del Estado, dolarizar la economía, desregular el sistema financiero y la entrada de capitales, flexibilizar el mercado laboral, reducir la capacidad regulatoria del Estado, entre otras medidas de corte promercado. Este programa económico fue legitimado mediante un discurso maniqueo y agresivo que acusa a las élites políticas, y al Estado en general, de ser los principales responsables de los problemas del país, con lo cual logró canalizar a su favor el descontento social en un escenario de creciente desconfianza hacia las instituciones y los políticos tradicionales (Luna y Rovira Kaltwasser, 2014).

Una característica central del discurso de la fuerza política de extrema derecha encabezada por Javier Milei radica en la exaltación de un pasado supuestamente glorioso que se propone revivir (Forti, 2021). Milei asume como suyo el relato histórico liberal-conservador de una Argentina dorada, cosmopolita, blanca y europea; potencia económica desde 1885 hasta 1916, precisamente con la llegada de Yrigoyen a la presidencia (Ponza y Sánchez Ceci, 2024). Sin tener en cuenta que en aquellos años Argentina era un país exclusivamente agrario y no disponía de un desarrollo social, industrial, científico, tecnológico o armamentístico a la altura de las potencias de la época, sino que el régimen oligárquico local ocupaba un lugar funcional en la distribución internacional del trabajo plenamente subordinado a los centros imperialistas (Alonso, 2010; Bonaudo, 2014), estos elementos operan como un mecanismo de legitimación para su proyecto político basado en la concentración de la riqueza, la privatización de derechos sociales y el desmantelamiento de políticas distributivas.

Resulta importante destacar los posicionamientos en materia sociocultural de LLA, los cuales guardan estrecha relación con la denominada “batalla cultural” (Stefanoni, 2021a). En sintonía con referentes de extrema derecha como Agustín Laje o Nicolás Márquez, Javier Milei promociona la teoría conspirativa de la hegemonía woke9 en las comunicaciones, universidades, organizaciones y, en general, todos los aspectos de la sociedad, trayendo consigo “la inversión de los valores occidentales” (Milei, 2025). En la práctica, la “batalla cultural” se traduce en la conformación de un espacio de producción, circulación y difusión de ideas ultraconservadoras en contra de la identidad de género, los movimientos feministas, la legalización del aborto, la diversidad sexual, el cambio climático, el indigenismo y la memoria histórica enarbolada por organismos de derechos humanos con respecto al PRN (Bohoslavsky & Broquetas, 2024; Faur, 2020). De esta forma, se logra configurar un sistema de valores desde la derecha radicalizada que delimita un adversario, justifica su combate y promueve una justificación moral para la radicalización del proyecto neoliberal.

Debe tenerse en cuenta que la llamada “batalla cultural” no solo funciona como reacción a las izquierdas y el progresismo, sino que posibilita la conformación de un terreno propicio para la difusión de ideas, prácticas y actores de extrema derecha. Mediante una épica de resistencia y una retórica beligerante, esta “batalla cultural” es teorizada y formulada a partir de referencias de autores del amplio campo de las derechas políticas liberales, conservadoras o reaccionarias, desde los clásicos de la Escuela Austriaca de Economía hasta ensayistas emergentes e influencers digitales (Stefanoni, 2021a). Esta articulación sirve como elemento cohesionador de una “cultura de derecha” con agenda propia, que se evidencia en disputas y debates desarrollados en las redes sociales altamente polarizadas, en manifestaciones públicas, así como en las universidades o la militancia política (Calvo y Aruguete, 2020; Vázquez, 2023).

Javier Milei incursionó en la política a finales del año 2018 mediante la creación del Partido Libertario en Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo en un contexto transversalizado por la pandemia de COVID-19, incertidumbre internacional, pobreza y profundización de las desigualdades. La irrupción de la extrema derecha reconfiguró el espacio político nacional, en el que se ha producido un paulatino fortalecimiento de actitudes asociadas a un imaginario meritocrático e individualista en detrimento de los principios vinculados con la solidaridad, la protección y justicia sociales. Este proceso de derechización de la sociedad tuvo su punto cumbre en las elecciones generales de 2023, donde resultó electo Javier Milei como presidente.

La retracción de los indicadores económicos y, en especial, la pandemia de COVID-19 fueron dos factores fundamentales en el ascenso político de los valores de ultraderecha en la sociedad argentina. Las estrictas medidas de aislamiento, en medio de una profunda recesión marcada por la alta inflación, provocaron el crecimiento de la pobreza y la disminución del empleo. Este contexto configuró un ambiente de protesta social, donde diversas fuerzas, movimientos y activistas vinculados a los sectores políticos de derecha conquistaron un creciente grado de popularidad. De esta manera, las formas de representación política, que prevalecieron en etapas anteriores, fueron cediendo lugar a nuevas miradas y agendas de discusión pública fuertemente relacionadas con las ideas liberales/libertarias, la crítica a la excesiva e ineficiente presencia del Estado, la defensa a la propiedad privada, el individualismo y la mala gestión de los anteriores gobiernos nacionales, entre otras (Ferro et al., 2024).

Resulta válido enfatizar que este proceso de derechización de la sociedad se enmarca dentro una tendencia, cada vez más amplia, a virtualizar la vida cotidiana; donde las redes sociales y los contenidos producidos en internet conforman un extenso conducto de socialización de ideas con un marcado carácter neoliberal. Este universo de consumo e interacción virtuales se constituye en un espacio cuyo eje central gira alrededor de un sujeto individualizado como empresario de sí mismo, dando lugar a que las relaciones sociales sean interpretadas como vínculos puramente mercantiles e imponiendo una lógica de mercado que expande sus límites hacia todos los sectores sociales.

Siguiendo esta misma línea, se coincide con Merklen (2013) cuando afirma que “se trata de un pensamiento que coloca la libertad del lado del individuo, basado en la idea de que cada persona debe definir el contenido de su experiencia y su proyecto futuro de manera libre, pero despojada de cualquier sostén”. Es sobre esta base, precisamente, que el proyecto político de extrema derecha de Javier Milei logró expandir sus bases electorales.

En 2021, Milei constituyó la alianza LLA a partir de la unión del Partido Libertario con pequeñas fuerzas conservadoras para participar en las elecciones legislativas de ese mismo año. Con el 17% de los votos totales, LLA logró posicionarse como la tercera fuerza electoral de Buenos Aires (Tarricone, 2021). Además, ese resultado permitió la entrada de la extrema derecha al Congreso, mediante la conformación de un bloque de 5 diputados, entre los que destacan el propio Javier Milei y su posterior candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel. A pesar de constituir una minoría en la Cámara de Diputados, esta representación política permitió posicionar la agenda libertaria en el debate nacional y sentar las bases para su proyección en las elecciones presidenciales de 2023.

En esos comicios, LLA presentó como candidatos a presidente y vicepresidente a la dupla Javier Milei/Victoria Villarruel. Los resultados de la segunda vuelta arrojaron a la extrema derecha como ganadora con un 56% de los votos totales, la cual ejercería el control del gobierno argentino entre 2023 y 2027 (Castro, 2023). A diferencia de las dificultades de las derechas argentinas para trascender su núcleo electoral, situado en las clases altas y las élites económicas, LLA logró atraer a gran parte del electorado popular históricamente vinculado con el peronismo. Esto no solo refleja un giro significativo en el mapa político argentino, sino que conduce a un escenario de profundas transformaciones de carácter neoliberal.

La presidencia de Javier Milei en Argentina, iniciada a finales de 2023, representa el cuarto experimento neoliberal de la nación, luego de la última dictadura y los gobiernos de Menem y Macri (Rubinzal, 2024). El programa económico adoptado se orienta a reducir drásticamente la intervención y regulación estatales y liberalizar la economía. Las primeras acciones del gobierno giraron en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y a la aprobación de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Ambos proyectos buscaron desregular sectores estratégicos, flexibilizar el mercado laboral y redefinir el rol del Estado en áreas como la educación, la salud y la seguridad social (Espinosa, 2024).

En el ámbito fiscal, el gobierno implementó un ajuste estructural sin precedentes, a partir del cual redujo el gasto público del 44% al 32% del PIB en su primer año, con la meta de alcanzar el 25% hacia 2027 (Espinosa, 2024). Esto incluyó la eliminación de 13 ministerios, el despido de 35 mil empleados públicos y un recorte del 87% en obra pública; medidas justificadas como necesarias para eliminar el déficit fiscal y combatir la corrupción heredada. Además, se restringieron las transferencias de presupuesto a las provincias en un 89,5%, lo que limitó herramientas de asistencialismo político (Perfil, 2024). Estas acciones, aunque alineadas con el objetivo de “cero déficits”, generaron tensiones sociales inmediatas, reflejadas en el aumento de la pobreza al 52,9% y la indigencia en 5 millones de personas (INDEC, 2024a).

La apertura comercial y financiera constituye otro eje central del programa libertario, impulsada mediante la eliminación de barreras arancelarias, la desregulación de mercados y la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La aplicación de estas medidas aceleró un proceso de desindustrialización, evidenciado en el cierre de más de 1.200 pymes manufactureras en los primeros seis meses de 2024, incapaces de competir con importaciones subsidiadas o productos extranjeros más baratos (Centro de Economía Política Argentina, 2024).

La competencia desleal, sumada a la falta de políticas de protección a la industria local, profundizó la recesión en sectores estratégicos —como textiles, metalúrgica y electrónica—, lo cual generó un incremento del desempleo al 6.9% y expandió la informalidad laboral al 36,7% de la población activa, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2024b). Esta dinámica no solo consolida un modelo dependiente de la inversión especulativa, sino que refuerza el riesgo de reprimarización económica y pérdida de soberanía productiva.

conclusiones

La evolución histórica de las derechas argentinas a lo largo del siglo XX y principios del XXI refleja dos etapas diferenciadas: un periodo autoritario caracterizado por golpes de Estado y dictaduras militares (1930-1983), y una etapa democrática donde la derecha abandonó las vías golpistas para integrarse en la dinámica institucional partidista y electoral (1983-2024). Durante la etapa autoritaria, las derechas argentinas se dividieron, fundamentalmente, en dos grandes vertientes: la liberal-conservadora, vinculada a la oligarquía agroexportadora y al capital extranjero, y la nacionalista-reaccionaria, con tendencias autoritarias y corporativistas. Aunque ambas facciones se unieron circunstancialmente en oposición a movimientos contra-hegemónicos como el peronismo, mantuvieron profundas diferencias que impidieron una consolidación política homogénea, lo que llevó a recurrir, sistemáticamente, al poder militar para imponer sus intereses.

Tras la última dictadura, que significó la consolidación definitiva del neoliberalismo y la hegemonía de la vertiente liberal-conservadora, la derecha argentina se adaptó al nuevo escenario democrático mediante estrategias políticas y sociales más sofisticadas, influenciadas por la globalización neoliberal. De esta forma, la derecha liberal-conservadora abandonó definitivamente la estrategia golpista y comenzó a desarrollar partidos políticos que le permitieran competir democráticamente, consolidándose en la esfera pública mediante organizaciones civiles, “think tanks” y finalmente partidos políticos como la UCEDE y el PRO.

La Libertad Avanza y el gobierno de Javier Milei se insertan en esta evolución histórica como una expresión de la vertiente liberal-conservadora de las derechas argentinas, actualizada y radicalizada por influencias globales contemporáneas del neoliberalismo libertario. Su emergencia forma parte de una larga genealogía ideológica que, con distintos rostros y estrategias, ha buscado sostener un orden económico excluyente y regresivo. La fuerza de Milei recoge tanto los dispositivos simbólicos de Argentina liberal decimonónica como los núcleos duros del discurso neoliberal que dominó el país desde la última dictadura, siendo un producto lógico y previsible del desarrollo de las derechas argentinas contemporáneas.

A pesar de esta clara inserción en la tradición liberal–conservadora, LLA se distingue por incorporar elementos novedosos que la diferencian cualitativamente de otras expresiones de derecha previas. Su carácter ultraconservador en lo sociocultural, el radicalismo discursivo, la retórica beligerante y maniquea y la centralidad de la “batalla cultural” como forma de legitimación configuran una nueva extrema derecha que supera los moldes tradicionales. A diferencia del gradualismo tecnocrático del PRO, LLA apuesta por un shock disruptivo que combina violencia simbólica, desprecio por las instituciones democráticas clásicas y un esquema económico de ajuste estructural, anclado en la destrucción del pacto social vigente.

El ascenso de LLA marca un punto de inflexión que redefine los contornos de la derecha en Argentina y abre interrogantes sobre su estabilidad y límites. El carácter regresivo de su programa, sumado a su retórica polarizante y sus impactos sociales devastadores, plantea escenarios de tensión creciente tanto en el plano institucional como en el tejido social. Resta observar si esta nueva derecha logra institucionalizarse y construir una hegemonía duradera, o si su violencia política y su programa de ajuste abren el camino a nuevas resistencias y a una eventual reconfiguración del campo político argentino.

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Vommaro, G., & Morresi, S. (2015). Hagamos equipo» pro y la construcción de la nueva derecha en Argentina. Universidad Nacional de General Sarmiento. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/libreria_cm_archivos/pdf_2621.pdf

Vommaro, G., Morresi, S., & Belloti, A. (2015). Mundo PRO: anatomía de un partido fabricado para ganar. Planeta.

notas

En su artículo “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory”, Robert W. Cox (1981) propone entender el desarrollo de los procesos globales mediante el concepto de estructura histórica, la cual está constituida por la interacción de las capacidades materiales, las ideas y las instituciones. De ellas emanan los distintos órdenes internacionales que, a su vez, sitúan, jerarquizan y definen los intereses y márgenes de posibilidad de los diferentes actores sociales. Cox utiliza este enfoque para criticar las teorías tradicionales de las Relaciones Internacionales, argumentando que estas naturalizan las estructuras existentes, en lugar de reconocerlas como construcciones históricas sujetas a cambios.
La crisis de 1890, también conocida como pánico de 1890, constituyó una profunda depresión que derivó en una crisis económica y financiera que afectó a Argentina durante la presidencia de Miguel Juárez Celman.
Se conoce como “Década Infame” al período entre 1930 y 1943 en Argentina, caracterizado por el fraude electoral, la corrupción política y una creciente dependencia económica del Reino Unido tras el golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen.
La Constitución de 1853 tomó como modelo la Constitución de Estados Unidos que establecieron los padres fundadores, inspirada en los principios del liberalismo clásico y la doctrina política del federalismo. Estableció un sistema republicano, con división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esta Carta Magna legitimaba un orden constitucional en función de los intereses de la oligarquía terrateniente agroexportadora.
La dictadura militar argentina utilizó la guerra de Malvinas en 1982 como una estrategia para desviar la atención de su creciente pérdida de legitimidad, la crisis económica y el descontento social. El régimen buscó generar un sentimiento de unidad nacional y reforzar su control a través del patriotismo, pero la derrota frente al Reino Unido aceleró su desgaste y contribuyó a su caída, dando paso a la transición democrática.
Para profundizar más sobre los vínculos entre los “think tanks”, las ONG y la dictadura de 1976, consultar Fuchs, J., y Vélez, J. C. (2007). Argentina de rodillas. Terrorismo económico de Martínez de Hoz a Cavallo. Editorial de Ciencias Sociales.
El kirchnerismo es un movimiento político argentino surgido en 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner. Se enmarca dentro del peronismo y se caracteriza por un fuerte rol del Estado en la economía, políticas de inclusión social, confrontación con sectores de poder y un discurso basado en la defensa de la soberanía nacional y los derechos humanos. Ha influido de manera significativa en la política argentina del siglo XXI, generando tanto un respaldo considerable como una fuerte oposición.
La ideología liberal-libertaria combina elementos del liberalismo clásico y el libertarismo. Dentro de este marco, el anarcocapitalismo es una corriente radical que propone la eliminación total del Estado, argumentando que todas las funciones gubernamentales pueden ser reemplazadas por acuerdos voluntarios y mercados privados. Sus defensores sostienen que la propiedad privada y el libre comercio garantizan el orden social sin necesidad de una autoridad centralizada.
El término woke se refiere originalmente a estar “despierto” o consciente de las injusticias sociales, especialmente en temas de racismo y discriminación. Con el tiempo, su significado se ha ampliado para incluir diversas causas progresistas, aunque en algunos contextos se usa de manera peyorativa para criticar posturas percibidas como excesivamente políticamente correctas.