“
“
“
“
Recibido: 13 de enero de 2025
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
No aplica
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 27 de enero de 2025
Derechos de Autor:
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Científica Universitaria Ad Hoc los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.
Cómo citar (APA, séptima edición):
Luis Águila, A.D. & Salmon Soriano, J.L. (2025). Biden y su política energética: ¿ruptura de la tradición? Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 6 (2), 16-30.
resumen
La presente investigación valora la política energética de Estados Unidos bajo la administración de Joseph Biden en el periodo de enero 2021 a septiembre 2024. Para ello, se examina la evolución de las medidas adoptadas en esta materia por distintas administraciones, fundamentalmente las de Barack Obama (2009-2017) y Donald Trump (2017-2021). Se destaca que la nación estadounidense ha sido, históricamente, dependiente de los combustibles fósiles, lo que ha generado importantes problemas ambientales. A lo largo del tiempo, diversos gobiernos han implementado políticas para regular y diversificar las fuentes de energía. La creación de organismos como la Comisión Federal de Comercio y la Agencia de Protección Ambiental son ejemplo de ello. La crisis del petróleo, en 1973, impulsó cambios significativos hacia energías alternativas, aunque, en las décadas siguientes, el enfoque se desvió hacia la desregulación, especialmente bajo los periodos presidenciales de Ronald Reagan y Trump, quienes priorizaron la producción nacional de combustibles fósiles. Biden, al asumir su mandato en 2021, se propuso revertir estas políticas regresivas y enfocar su administración en la sostenibilidad y el cumplimiento de compromisos internacionales como el Acuerdo de París. El documento concluye que la política energética actual ha buscado restablecer el liderazgo estadounidense en la transición hacia energías limpias, y que ha enfrentado tanto desafíos internos como externos en un contexto global cambiante.
Palabras Clave: política energética, Estados Unidos, Joseph Biden, combustibles fósiles.
ABSTRACT
This research assesses the energy policy of the United States under the administration of Joseph Biden in the period from January 2021 to September 2024. To do so, it examines the evolution of the measures in this area adopted by different administrations, mainly those of Barack Obama (2009-2017) and Donald Trump (2017-2021). It is highlighted that American nation has historically been dependent on fossil fuels, which has generated significant environmental problems. Over time, various governments have implemented policies to regulate and diversify energy sources. The creation of agencies such as the Federal Trade Commission and the Environmental Protection Agency are examples of this. The oil crisis in 1973 prompted significant changes towards alternative energies, although, in the following decades, the focus shifted towards deregulation, especially under the presidential periods of Ronald Reagan and Trump, who prioritized the domestic production of fossil fuels. Biden, upon taking office in 2021, set out to reverse these regressive policies and focus his administration on sustainability and compliance with international commitments such as the Paris Agreement. The document concludes that current energy policy has sought to reestablish US leadership in the transition to clean energy, and that it has faced both internal and external challenges in a changing global context..
Keywords: energy policy, the United States, Joseph Biden, fossil fuels.
introducción
Estados Unidos de América (EE.UU.) es la mayor potencia económica a nivel mundial, aunque su hegemonía se encuentra en disputa por países como Rusia y China. Uno de los ejes fundamentales de este desarrollo, ha sido la histórica explotación de combustibles fósiles, que lo ha convertido en uno de los países más contaminantes a nivel global. En este marco, su política energética se ha moldeado de acuerdo con el contexto, ya sea por cambios tecnológicos, “preocupaciones ambientales” o dinámicas geopolíticas.
Las primeras etapas del proceso de confección de una política energética en EE.UU. se enmarcaron entre los siglos XIX y XX. Estas estuvieron caracterizadas, fundamentalmente, por el descubrimiento y uso inicial de los combustibles fósiles y la intervención del Gobierno para la regulación del sector. En este sentido, cabe destacar el comienzo de la industria petrolera, a fines del siglo XIX, con el hallazgo de grandes yacimientos petrolíferos. Asimismo, se dieron los primeros pasos para regular el mercado energético, particularmente con la creación de la Comisión Federal de Comercio en 1914. Este organismo buscó controlar monopolios en ramas vinculadas al petróleo y la electricidad.
Durante la Gran Depresión, iniciada en 1929, el gobierno de Franklin D. Roosevelt llevó a cabo una serie de programas para la electrificación rural, los cuales incluían la creación de la llamada Autoridad del Valle de Tennessee (TVA, por sus siglas en inglés), en 1933; la Administración de Electrificación Rural (REA, por sus siglas en inglés), en 1935; y la Ley de Electrificación Rural, en 19361. De esta forma, se expandió el acceso a la energía eléctrica en regiones remotas, a la vez que se fomentó el desarrollo de infraestructuras energéticas.
La mayoría de los estadounidenses conocieron los efectos de la contaminación atmosférica en 1962, cuando Rachel Carson, considerada la primera mujer ecologista en EE.UU., publicó su libro Primavera silenciosa, mediante el cual advertía de los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente. Como resultado, durante esta década se impulsaron importantes acciones en pos de la protección medioambiental. En 1963, el presidente demócrata Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Aire Limpio. En 1970, su sucesor, el republicano Richard Nixon, estableció la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Este periodo pro ambientalista en EE.UU. culminó bajo la égida del presidente James Carter, en cuyo mandato el Congreso promulgó una ambiciosa legislación ambiental (Peinado, 2023).
A mediados del siglo XX, EE.UU. se posicionó como uno de los actores clave en el mercado global del petróleo. Ello, no solo estuvo determinado por el uso de este mineral como fuente de energía principal, sino también por el considerable aumento de su producción nacional. Este auge se vio frenado por la llamada Crisis del Petróleo, en 1973, provocada por el embargo impuesto por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)2 a EE.UU., en respuesta a su apoyo a Israel durante la guerra de Yom Kipur3. Como resultado, aumentaron drásticamente los precios y la escasez de combustible en el país norteamericano. La dependencia que se había alcanzado de este crudo exacerbó la situación, lo que provocó una inflación significativa y una recesión económica.
Para contrarrestar la crisis se implementaron cambios significativos en las políticas energéticas estadounidenses. Entre ellos resaltan: el fomento de la investigación y desarrollo de energías alternativas, como la solar y la eólica; incentivos para la producción de biocombustibles y tecnologías no derivadas del petróleo; y el establecimiento de medidas de conservación de energía en hogares e industrias (Reyez, 2023). Como respaldo y consolidación de estas políticas, se creó la Administración de Energía, en 1974, y el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés), en 1977.
Durante la administración de Ronald Reagan (1981-1989), se reajustaron las políticas energéticas con un enfoque en la desregulación. Ejemplos de ello fueron: la eliminación de los controles sobre los precios del petróleo y sus derivados para fomentar la competencia; la promoción de incentivos fiscales para la producción de energía, especialmente en fuentes no convencionales y renovables; y la disminución del gasto gubernamental para el financiamiento de programas de conservación energética, donde se priorizó el libre mercado (Vargas,1993).
Los años noventa avanzaron sin muchos acontecimientos relevantes para la política energética de EE.UU., excepto por su adhesión al Protocolo de Kioto de 19974, durante la presidencia de Bill Clinton. A finales de esta década, el interés en las energías renovables comenzó a crecer en respuesta a preocupaciones sobre el medio ambiente y la necesidad de diversificar las fuentes de energía. Sin embargo, el partidismo en cuestiones ambientales y energéticas se aceleró a lo largo de la primera década de los 2000, lo que llevó a un estancamiento legislativo en el Congreso (Peinado, 2023).
El presidente George Bush (hijo) no solo se negó, en 2001, a ratificar el Protocolo de Kioto, sino que su administración trabajó con grupos de presión orientados a sembrar dudas sobre la veracidad de las advertencias científicas realizadas, con relación a los peligros del cambio climático. Además, mostró un amplio enfoque en el área petrolera y el gas natural, con lo cual no solo transformó al país en el mayor productor mundial de energía tras la llamada “revolución del fracking”5, sino que también debió enfrentar críticas a causa de los impactos ambientales que esto supuso. A pesar de ello, la conciencia en torno al tema aumentaba y las políticas energéticas comenzaron a centrarse más en la “sostenibilidad”. La normativa sobre emisiones y la promoción de tecnologías limpias ganaron relevancia.
La participación de Washington en el Acuerdo de París, en 2015, reflejó cierto “compromiso” por abordar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, en 2017, el presidente Donald Trump anunció la intención de retirarse del Acuerdo, con el argumento de que era un pacto “injusto y unilateral” y perjudicaba la economía estadounidense (Global Public Affairs, 2017). Esta decisión fue criticada internacionalmente y no detuvo el rol de muchas ciudades, universidades, empresas y estados de EE.UU. que continuaron trabajando hacia los objetivos del Acuerdo.
La administración Trump (2017-2021), con un enfoque que priorizó la producción nacional de crudo y gas natural, debilitó los esfuerzos por el desarrollo de energías limpias en tanto significó un retroceso en los compromisos expuestos en esta materia, por EE. UU., hasta entonces. En este contexto, se dio inicio a una nueva presidencia, encabezada por Joseph Biden en 2021, quien se propuso revertir las políticas de su predecesor.
Por esta razón, la presente investigación se propone como objetivo: valorar la política energética de EE. UU. bajo la administración de Joseph Biden (enero 2021-septiembre 2024).
desarrollo
Antecedentes de la política
energética de Biden (2009-2020). ¿Toma de conciencia o
hegemonía?
Un breve repaso a los acontecimientos de los últimos años demuestra el papel fundamental y el liderazgo que EE.UU. ha ejercido sobre cualquier proceso internacional en materia energética. Washington ha mostrado su capacidad para imponer sus propias políticas, ya fuesen estas de carácter conservador o aperturista (Miranzo y Del Rio, 2018). En ese orden, es preciso señalar que los años anteriores a la toma de poder del presidente Joseph Biden, estuvieron marcados por importantes sucesos en este ámbito, que sirvieron de base al exmandatario para la elaboración de su estrategia en este tema.
Si bien Barack Obama (2009-2017) se convirtió en el primer presidente en promulgar políticas climáticas y energéticas ambiciosas, este lo hizo, principalmente, durante su segundo mandato. El demócrata tuvo que depender de órdenes ejecutivas desde que su partido perdió su mayoría en las elecciones de medio término de 2010 (Peinado, 2023). Sin embargo, es preciso destacar que dio ciertos pasos durante su primer mandato, si se toma en consideración lo poco que se había logrado hasta el momento en materia energética.
Durante el año 2009 fue aprobada la American Clean Energy And Security Act6 por el Congreso, pero rechazada en el Senado de mayoría republicana. No obstante, en el mismo año, la EPA declaró que el dióxido de carbono y otros cinco GEI suponían un peligro para la salud pública, lo que significaba, según Peinado (2023), un importante avance frente a las posiciones cercanas al negacionismo de las anteriores administraciones. Esto le permitía al presidente Obama establecer límites en las emisiones de GEI sin necesidad de aprobación por la Cámara Baja.
En este mismo año, Obama lanzó un plan medioambiental llamado Climate Action Plan (que se iría actualizando cada dos años, hasta su cancelación por la siguiente administración). Por primera vez, se fijaba un tope de disminución a las emisiones de GEI en un marco temporal determinado (2030). Asimismo, el mandatario firmó una orden presidencial, la cual estableció que el gobierno federal debería obtener al menos el 20% de su energía de fuentes renovables para 2020 (President Obama’s Climate Action Plan 2nd Aniversary Progress Report, 2015). Sin embargo, no se establecieron mecanismos legales formales específicos para garantizar su cumplimiento, por lo que su impacto fue insuficiente. Posteriormente, con el cambio de presidencia en 2017, se revocó dicha orden.
Tras los sucesos del Deepwater Horizon7, en 2010, el mandatario reforzó su apoyo a las energías renovables, con la aprobación, el mismo año, de importantes fondos de ayuda para el desarrollo de estas. Sin embargo, no se adoptó ninguna medida de prevención concreta para el futuro ni una legislación que lo regulara, además de abandonar el plan de limitación de emisiones, posteriormente, por falta de consenso.
Durante el segundo mandato de Obama, los presupuestos alcanzaron cifras históricas de hasta 8,800 millones de dólares en apoyo a la lucha contra el cambio climático, lo cual incluyó al sector energético. Además, el liderazgo presidencial fue fundamental para lograr un consenso a nivel de sociedad civil y el apoyo de las grandes corporaciones a las iniciativas medioambientales y energéticas del Presidente (Miranzo y Del Rio, 2018).
La aprobación del Clean Power Plan (Plan de Energía Limpia), en 2015, convirtió a la descarbonización de la economía americana en uno de los pilares de la política energética del país, al establecer limitaciones sustanciales a las emisiones de carbono de las centrales eléctricas. Asimismo, la energía nuclear fue considerada por la administración Obama como un elemento esencial dentro de la transición energética. En este sentido, la aprobación de la Orden Ejecutiva sobre Pequeños Reactores Modulares clasificó la energía nuclear como una alternativa junto a la solar, geotérmica y de biomasa.
Estas leyes proporcionaron un marco general, pero la implementación dependió de cada agencia federal y no existieron sanciones claras para su cumplimiento. Por otro lado, es importante destacar que, a pesar de estos avances, la concepción de una autosuficiencia energética en EE.UU., seguía estrechamente vinculada a los combustibles fósiles.
Si bien la producción estadounidense de gas natural ha presentado incrementos sostenidos en el tiempo desde el año 2006, bajo el mandato del presidente Obama se alcanzaron las cuotas más altas de producción de toda la historia de EE.UU., pasando del 5% al 39% en cinco años (Blackwill y O’Sullivan, 2014). Como consecuencia, a finales de 2016, tuvieron lugar las primeras exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) al extranjero. Por otra parte, las importaciones netas de petróleo habían disminuido, pasando de un 60% del consumo total en 2005 a cerca del 25% en 2015, lo que le permitió convertirse para ese último año en el mayor productor de petróleo del mundo, superando a Arabia Saudita y Rusia (Miranzo y Del Rio, 2018).
En otro orden, la decisión de EE. UU. de invertir en energías limpias se produjo en un momento en que actores como China y la Unión Europea (UE) estaban liderando la transición hacia fuentes de energía sostenibles. El gigante asiático, en particular, se había convertido en el mayor productor de paneles solares y turbinas eólicas para 2009. Por su parte, la UE, luego de las consecuencias que trajo para su “seguridad energética” el conflicto ruso-ucraniano, iniciado en 2014, impulsó medidas destinadas a las energías renovables. De ahí que la respuesta del país norteamericano se interpreta como un intento de recuperar su posición hegemónica en el sector energético global.
El principal esfuerzo en materia de política exterior de Obama se dirigió hacia los denominados países BRIC8. Para 2016, las naciones que integraban este grupo constituían el 37% del consumo global de energía y alrededor del 42% del uso de la energía renovable a nivel mundial. Rusia, además, propuso utilizar monedas nacionales para transacciones energéticas, lo que podía reducir la dependencia del dólar en el comercio (Tepox, 2023).
EE. UU. logró la firma de acuerdos internacionales relevantes. Por un lado, se comprometió con China a poner un tope a sus emisiones de GEI (aún sin dar una cifra específica) dentro de un marco temporal definido en el mismo. Por otro, se firmaron acuerdos con la India con respecto al financiamiento, implantación y desarrollo de fuentes de energías renovables en la región asiática. Un ejemplo de ello fue el U.S.-India Clean Energy Investment, por el cual se proporcionó apoyo técnico a empresas emergentes indias y se aumentó el número de proyectos de innovación tecnológica.
Aunque esto constituyó un paso significativo para la administración Obama, el mayor logro internacional en materia energética fue la firma del Acuerdo de París, alcanzado durante el marco de la Conferencias de las Partes (COP21)9. En esta cita se reconoció que todas las naciones tienen una responsabilidad compartida contra el cambio climático y se acordó que los países desarrollados debían proporcionar financiamiento a otros en desarrollo, para facilitar su transición energética hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima. Esto le permitió a EE. UU. posicionarse entre los países líderes del sector energético en cuanto a energías renovables se refiere.
Administración Trump y el
retroceso al conservadurismo energético
En enero de 2017 asumió la presidencia el republicano Donald Trump. En materia energética, su mandato se basó en desmontar gran parte de los avances alcanzados por su predecesor demócrata. En este sentido, implementó una estrategia denominada “American Energy Dominance”, en 2017. Esta política promovió la producción nacional de combustibles fósiles; la eliminación de las regulaciones ambientales establecidas previamente como la prohibición de perforar en el Ártico y el Atlántico, y el Clean Power Plan de Obama; el desbloqueo de proyectos de infraestructura energética como los oleoductos Keyst one XL y Dakota Access Pipeline (Escribano, 2018). En este sentido, el Congreso aprobó una reforma impositiva10, llamada Tax Cuts and Jobs Act, que tuvo a las empresas energéticas entre sus principales beneficiarias, lo cual constituía un incentivo a la inversión.
En el ámbito internacional, su política se hizo visible con la retirada del Acuerdo París y la tendencia a inhibirse de los compromisos financieros estadounidenses con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, el Presidente anunció la venta de la mitad de las reservas estratégicas estadounidenses de petróleo sin respetar las normas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que, aunque no llegó a realizarse, sí se hicieron ventas significativas. De esta forma, como expresa Escribano (2018): “el unilateralismo de Trump afectaba a otros mecanismos clave de gobernanza energética global, precisamente cuando resultan más necesarios para afrontar una transición energética ordenada en los aspectos económicos y geopolíticos” (p. 6).
El conservadurismo mostrado por Trump en su política energética en cuanto al apego tradicional a los combustibles fósiles de los EE.UU., redujo la dependencia de importaciones de petróleo, y fortaleció su posición geopolítica en el sector del crudo. De ahí que, el aumento de su producción de hidrocarburos desafiara la influencia de la OPEP y Rusia. Además, se produjeron fricciones con sus aliados europeos, en temas de cambio climático y energías renovables.
La administración Trump (2017-2021), con un enfoque que priorizó la producción nacional de crudo y gas natural, debilitó los esfuerzos por el desarrollo de energías limpias en tanto significó un retroceso en los compromisos expuestos en esta materia, por EE.UU., hasta entonces. En este contexto, se dio inicio a una nueva presidencia, encabezada por Joseph Biden en 2021, quien se propuso revertir las políticas de su predecesor.
La administración Biden:
¿ruptura o continuidad de la
política energética
estadounidense? (enero de 2021- septiembre de 2024)
Con la llegada del presidente Joseph Biden a la Casa Blanca, se esperaba un cambio, anunciado anteriormente, en la política energética del país. En su agenda gubernamental, proponía el Green New Deal (derivado de propuestas realizadas anteriormente en el Congreso), el cual se refiería a un ambicioso plan para trasformar la economía estadounidense hacia fuentes de energía renovables y sostenibles. Este programa, se basaba en un conjunto de medidas que incluían:el establecimiento de límites rigurosos a la generación de metano por parte de las operaciones de entonces y nuevas de petróleo y gas natural; el impulso, mediante incentivos fiscales, de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono; inversión en innovación y desarrollo energético, así como en infraestructuras, con el objetivo de alcanzar el puesto de líder mundial en energías sostenibles. Se propuso también fomentar la investigación para analizar el futuro de la energía nuclear, entre otras (Peinado, 2024).
Para llevar a la práctica las proyecciones anteriormente mencionadas, el mandatario puso en marcha su “revolución de la energía limpia”, como se llamó a la implementación de su política energética. Uno de los primeros pasos incluía la inversión de 1.7 billones de dólares en los próximos 10 años para contribuir al alcance de sus objetivos en el sector (Peinado, 2024). Asimismo, Biden ordenó retomar el Acuerdo de París y firmó varias órdenes ejecutivas, las cuales estuvieron encaminadas a la reducción de subsidios a combustibles fósiles, el establecimiento de metas para que el gobierno federal fuera neutral en carbono en 2050 y una electricidad 100% libre de emisiones contaminantes para 2030.
A pesar de sus intenciones para avanzar en este tema, el programa del mandatario se enfrentó a una serie de obstáculos en la implementación de propuestas de mayor alcance, pues la realidad política fue otra. Entre los desafíos a los que se enfrentó se encontraban: las competencias en materia energética en EE.UU., fragmentadas a nivel federal y estatal, por estados ligados a la explotación de energías fósiles, y que supusieron un obstáculo para la concreción de una política con carácter nacional. (Peinado, 2024).
Por otro lado, la superioridad demócrata en el Congreso se redujo en una docena de escaños después de las elecciones de 2020 y, a su vez, el partido azul se encontraba dividido entre moderados y progresistas. La facción moderada defendía un enfoque más gradual y pragmático de cara a las reformas, y la cautela en temas polémicos como la transición energética para mantener el apoyo de los votantes. En cambio, la facción progresista se encontraba a favor de políticas ambiciosas y su ejecución de manera rápida. Esta división provocó debates internos sobre la dirección y prioridades del partido, e imposibilitó un consenso en torno a la agenda política de Biden.
Pese a las dificultades para llevar a cabo legislaciones, en 2021, se firmó la Bipartisan Infraestructure Law (Ley Bipartidista de Empleo e Inversión en Infraestructura). Dicha norma jurídica tuvo como objetivo mejorar la infraestructura del país, la que incluía proyectos relacionados con energía limpia y sostenibilidad. A través de esta ley, se asignaron fondos para la creación de estaciones de carga y la modernización de redes eléctricas, lo que facilitaba la transición a vehículos eléctricos y la reducción de las emisiones de carbono. Además, contribuía a la inversión en el sistema ferroviario, lo cual permitía optimizar la eficiencia y disminuir la dependencia del trasporte de carretera. Ello generó menor cantidad de gases contaminantes.
Además, esta legislación destinó 50 mil millones de dólares iniciales para la EPA, a lo cual se le sumó 3,6 mil millones de dólares en 2024, a fin de renovar las instalaciones de agua potable y residuales. En este sentido, abarcó proyectos en Puerto Rico, que buscaban eliminar sistemas sépticos obsoletos, lo que beneficiaba la salud pública y el medio ambiente (Reyes, 2023).
En el 2022, se aprobó la Inflation Reduction Act (IRA), considerada la legislación climática más ambiciosa de la historia de EE.UU., con una inversión de aproximadamente 369 mil millones de dólares en energía limpia y medidas climáticas. Su enfoque principal era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030 (Loan Programs Office, 2022).
Esta ley, ofrecía créditos fiscales significativos para energías renovables y mejoras de eficiencia energética, lo que facilitaba la adopción de tecnologías limpias por parte de los consumidores y empresas. También, contenía disposiciones para asegurar que las comunidades de bajos ingresos, históricamente dependientes de combustibles fósiles, se beneficiaran de manera directa de las inversiones. De esta forma, propuso una alternativa para llevar a cabo su política energética, en cuanto a los estados económicamente sustentados de la extracción de crudo como Wyoming y Texas.
A pesar de su discurso a favor de las energías limpias, Biden hizo concesiones a la industria de combustibles fósiles, pues el contexto internacional de crisis energética luego de la Covid-19 conllevó a un aumento del precio del crudo. Por este motivo, fue necesario mantener la “seguridad energética” estadounidense estrechamente ligada a los hidrocarburos. A lo anterior se le suma la presión ejercida por los lobbies representantes de la industria del petróleo y gas natural en el Congreso, además del hecho de que la transición a energías renovables es un proceso gradual. Estas realidades, no le permitieron ir más allá en su política energética. Así, la promesa electoral acerca de la prohibición de perforaciones en tierras federales fue deshecha con la aprobación del proyecto: Willow de ConocoPhilips11 en Alaska, en 2023.
Lo anterior demuestra una continuidad con la administración Obama. A pesar de que Biden llevó a cabo una agenda más ambiciosa, no se desligó completamente del enfoque tradicional en materia energética. Esto es muestra del peso que ejercen las empresas trasnacionales y los intereses de los círculos de poder estadounidenses en el sistema político.
Proyección en el escenario
internacional de la política
energética de Biden
En el plano internacional, se llevaron a cabo esfuerzos para complementar la política energética defendida por el presidente Biden. Se desatacaron varias iniciativas y acuerdos bilaterales. Una de las más significativas fue la llamada International Climate Finance Plan (ICFP), implementada en abril de 2021. Este plan, resultado de la Orden Ejecutiva 14008, aumentó el financiamiento con el fin de ayudar a países en desarrollo a combatir el cambio climático. Uno de los pasos que propuso para alcanzar esta meta fue facilitar una transición energética global más equitativa.
La ICFP, ha permitido financiar proyectos en varios países. Un ejemplo de ello es el apoyo proporcionado a Indonesia, en planes de conservación forestal y reducción de emisiones de carbono a través del programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD, por sus siglas en inglés). En América Latina, se han destinado fondos que promueven la energía renovable y la sostenibilidad mediante la energía solar y eólica como es el caso de Colombia. En la región del Caribe, ha colaborado con países como Barbados y Jamaica, para lograr mayor adaptación a fenómenos meteorológicos extremos y para apoyar la transición a energías limpias. En el continente africano, ha implementado programas como Power Africa destinado a la electrificación rural. Por otro lado, en la India, se han destinado recursos para el desarrollo de tecnologías que pretenden una mayor eficiencia energética.
La efectividad de esta iniciativa ha dependido no solo del financiamiento proporcionado, sino también de la implementación eficiente de los países beneficiarios. Además, factores como la inflación, el aumento en costo de materiales, demoras significativas debido a problemas de interconexión y capacidad de red, así como la inestabilidad política y económica que pueden existir en las distintas regiones, son grandes desafíos que pueden ralentizar la puesta en práctica de los diferentes programas.
Es importante destacar que la ICFP se ha visto limitada a los países en desarrollo que son estratégicos para los EE.UU. en aras de alcanzar la supremacía en la transición energética, disputada por China (así lo muestra también en las demás iniciativas que se tratarán posteriormente). Mientras las constantes tensiones geopolíticas continúan, los demás países del llamado Tercer Mundo quedan atrás en el avance hacia una posible transición a energías renovables, puesto que no cuentan con los recursos necesarios, ni son de interés en la estrategia de seguridad nacional de EE.UU.
El 1 de julio de 2020, entró en vigor el Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), el cual ha tenido un impacto en el sector energético de los tres países firmantes. Este convenio promovía una mayor integración energética en América del Norte, lo que facilitó el comercio y la inversión en el sector. Esto incluyóla cooperación en infraestructura como las redes de transmisión eléctrica y gasoductos (US Customs and Border Protection, 2020). Sin embargo, la política energética de México generó tensiones con las disposiciones del T-MEC, puesto que la administración mexicana impulsó reformas12 que priorizaban las empresas estatales y no las privadas o extranjeras, aunque muchas de ellas no fueron aprobadas por el Congreso mexicano.
En septiembre de 2021, Biden se reunió con el primer ministro indio Narendra Modi para fortalecer la cooperación en energía limpia como parte del “Diálogo Estratégico sobre Energía”, otra de las iniciativas norteamericanas para fomentar la cooperación en el desarrollo de tecnologías energéticas limpias. En dicha cita, se acordó aumentar la inversión en energías renovables por parte de EE.UU. en este país asiático, en apoyo de su objetivo de alcanzar 500 GW de capacidad con energía limpia para 2030.
En diciembre de 2021, el presidente estadounidense y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunciaron un acuerdo que buscaba mejorar y desarrollar las interconexiones eléctricas entre ambos países. Este pacto suscitaba la asistencia en investigación y desarrollo de tecnologías, como el hidrógeno limpio y la captura de carbono, lo cual podría acelerar la transición energética de estas naciones. Sobre la misma línea, en el mes de abril de 2022, se firmó un acuerdo entre EE. UU. y Japón.
En mayo de 2022, el mandatario norteamericano anunció una asociación con la UE en materia energética. En consecuencia, se buscaba coordinar políticas para reducir las emisiones globales y alinear sus esfuerzos para dar cumplimiento al Acuerdo de París. De esta forma, se facilitó el intercambio de información y tecnología para potenciar innovaciones que beneficiasen a ambas partes. Sin embargo, las políticas y acuerdos no solo iban encaminadas a la transición energética, pues tras el inicio de la denominada operación militar especial de Rusia en Ucrania, EE. UU. se convirtió en el principal proveedor de gas natural licuado para Europa. Por tanto, el país norteamericano vio una oportunidad para consolidar su posición en el área, debido a la dependencia del gas ruso que existía en la región anterior al conflicto.
En 2023, se firmó la Declaración del Atlántico13 entre EE.UU. y el Reino Unido en áreas clave como la regulación de tecnologías emergentes, cadenas de suministro de minerales críticos y el sector energético. En primer lugar, promovía el desarrollo conjunto de medios técnicos para lograr mayor competitividad en materia de energía. En segundo lugar, se enfatizaba la importancia de asegurar los suministros de minerales críticos, como el litio, pues son fundamentales para la fabricación de baterías y otras alternativas sostenibles.
La política exterior en materia energética de Biden ha significado un apoyo a los avances en el ámbito nacional, aunque su impacto global siguió siendo limitado por factores geopolíticos que han determinado hacia qué países van dirigidos sus “esfuerzos”.
conclusiones
Durante la administración Obama, EE.UU. se sumergió en un cambio de enfoque con respecto a su política energética tradicional. Se lograron así, en este periodo, ciertos avances hacia la transición a energías renovables, aunque carecieron de gran alcance, puesto que no contaban con mecanismos de control efectivos ni medidas claras para su cumplimiento. Asimismo, la incursión en esta área respondió a un contexto geopolítico en el que el país norteamericano quedaba rezagado ante otros actores que lideraban el sector de las energías renovables.
Por su parte, Donald Trump y sus políticas significaron un paso atrás en el camino hacia las energías limpias, puesto que desmontó aquellos avances alcanzados por la administración previa y respaldó totalmente la producción de combustibles fósiles. Su conservadurismo respondió a su negativa de la existencia del cambio climático y la necesidad de actuación, así como su objetivo de dominar el sector de los hidrocarburos que consideraba el eje de su seguridad energética.
La política energética de Biden, a los efectos de esta investigación, ha sido uno de los pilares a destacar de su administración que, a pesar del carácter conservadurista al que se ha enfrentado para obtener un impacto de mayor alcance, ha logrado avances significativos hacia la transición energética. Sin embargo, el contexto global de crisis energética y las presiones ejercidas por los círculos de poder que representaban la industria de los combustibles fósiles, no le permitieron alejarse radicalmente de la tradición, lo que rompió con algunas de sus promesas electorales en materia energética, al realizar concesiones en el sector de los hidrocarburos.
En el plano internacional, se proyectó hacia el financiamiento, cooperación y desarrollo de las energías renovables con vistas a una transición energética. No obstante, esta política se vio limitada a aquellos países con carácter geoestratégico, de acuerdo a sus intereses.
Por último, es preciso señalar que, si bien durante el mandato de Biden se impulsó una política energética ambiciosa con vistas hacia una transición a futuro, EE. UU. continúa estrechamente vinculado a los combustibles fósiles. En estas medidas han primado el carácter hegemónico de la nación norteamericana, que busca no quedarse detrás ante el vertiginoso avance de otras potencias en el sector.
Referencias
Bibliografía
NOTAS