Recibido: 25 de Octubre de 2024
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El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.
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Aprobado: 29 de Noviembre de 2024
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Rosés Pérez, A. (2025). Elecciones en Venezuela. La controversia del fraude y la continuidad de la crisis política. Revista Científica Universitaria Ad Hoc, 6(1), 6-15.
resumen
Las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, que supusieron la reelección del mandatario Nicolás Maduro y la continuidad de la Revolución Bolivariana, estuvieron marcadas por una agudización del conflicto entre las fuerzas políticas venezolanas, fuertes críticas hacia sus condiciones democráticas y una reacción internacional negativa hacia los resultados emitidos por las instituciones electorales del país. El gobierno bolivariano y la oposición venezolana vieron incrementadas sus contradicciones en torno a los términos de negociaciones entre ambos, lo cual generó un mayor deterioro del contexto político interno de Venezuela. A su vez, ha habido denuncias de sectores de la opinión pública nacional e internacional hacia supuestas irregularidades en el cumplimiento de las garantías democráticas de la elección. Estas cuestiones, a la par del rechazo de un grupo mayoritario de gobiernos occidentales hacia el resultado de las votaciones, han supuesto un desafío importante para el gobierno bolivariano en el ámbito político-diplomático.
Palabras Clave: Elecciones, Venezuela, gobierno, oposición.
ABSTRACT
The 2024 Venezuelan presidential elections, which meant the re-election of Nicolas Maduro and the extending of the Bolivarian Revolution, were marked by an intensification of the conflict between internal political forces, strong criticism of its democratic conditions and a negative international reaction to the results issued by Venezuelan institutions. Contradictions between Bolivarian government and Venezuelan opposition around terms of negotiation increased, which generated a bigger disruption in the national political context. Besides, there have been complaints from sectors of public opinion about alleged deficiencies in compliance with democratic guarantees of the elections. These matters, in addition to the disapproval of the voting results from a majority group of Western governments, have supposed an important challenge for the Bolivarian presidency in the political and diplomatic field.
Keywords: Elections, Venezuela, government, opposition.
introducción
El 28 de julio de 2024 se celebraron las esperadas elecciones presidenciales en Venezuela, jornada en la que se decidió quién sería la máxima figura política del país durante el período 2025-2031. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria del actual presidente y candidato de la coalición chavista Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar” (GPPSB), Nicolás Maduro, con un 51,95% de los votos emitidos, según el último parte electoral. El proyecto bolivariano se impuso sobre la candidatura de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), representada por el exdiplomático Edmundo González Urrutia, quien se quedó con un 43,18% de las papeletas (TeleSUR, 2024).
Si bien pudiera pensarse que la realización de este ejercicio debería servir para sellar un proceso electoral que ha sido largo y complejo en el país sudamericano, la elección ha estado seguida de un deterioro de la situación política del país. Esto es consecuencia del aumento de las contradicciones entre las dos principales fuerzas, el chavismo y la oposición radical, y de las repercusiones internacionales de este evento.
El proceso electoral venezolano, desde meses previos a la jornada de votaciones, estuvo marcado por un conjunto de irregularidades y cuestionamientos hacia sus garantías democráticas, que ponen en duda su legitimidad a ojos de importantes sectores políticos de adentro y afuera del país. A su vez, la reelección de Nicolás Maduro ha generado posiciones divididas en el escenario político internacional, donde ha predominado el rechazo de la mayoría de los gobiernos del hemisferio occidental hacia el resultado emitido por las instituciones venezolanas.
El objetivo de este artículo es evaluar las particularidades del proceso electoral venezolano. Se pretende con ello abordar algunos de los principales elementos que han determinado el carácter polémico de estas elecciones, comparar sus resultados con anteriores contiendas presidenciales y realizar un balance sobre las posturas asumidas en el ámbito político-diplomático hacia la reelección del gobierno bolivariano.
desarrollo
Antecedentes
El proceso electoral venezolano inicialmente se desplegó en un contexto de relativo apaciguamiento de las tensiones entre los actores internos venezolanos y entre el gobierno bolivariano y su par estadounidense. Un cambio en la estrategia política de la oposición radical venezolana, que pasó de apostar por la desestabilización interna (2015-2021) a buscar una negociación directa con el gobierno bolivariano para discutir las condiciones de su regreso a la vía electoral (2021-2024), llevó al desarrollo de un proceso de diálogo entre ambas partes. Estas conversaciones contaron con el respaldo del gobierno de Joseph Biden, quien puso en práctica una relativa flexibilización de su política de sanciones hacia Venezuela para, entre sus objetivos, favorecer sus intereses políticos en este proceso de diálogo.
Las mencionadas negociaciones, protagonizadas por representantes del Ejecutivo y de la coalición opositora Plataforma Unitaria, estuvieron centradas en las garantías democráticas y electorales, el levantamiento de las medidas coercitivas contra Venezuela, la recuperación de los activos del Estado venezolano en el exterior y algunos temas en el orden social.
Es válido señalar que ambas representaciones arribaron a este diálogo con diferentes prioridades, aunque con la vista colocada en las elecciones presidenciales de 2024. Para el oficialismo, resultaba necesario acordar un desmontaje de las sanciones estadounidenses contra Caracas para seguir avanzando en la recuperación económica del país. La oposición radical, por su parte, requería lograr que los comicios cumplieran con determinadas garantías que, según su óptica, favorecerían su victoria. Entre sus principales exigencias estarían el cese de la inhabilitación política de algunas figuras - sobre todo, el caso de la líder política María Corina Machado, una actualización transparente del Registro Electoral y determinados mecanismos para una mayor auditoría y observación internacional del proceso.
En esta dirección, se produjeron importantes avances entre los actores internos venezolanos, y en la postura de Estados Unidos hacia este proceso. En octubre de 2023, el Gobierno y la oposición radical de Venezuela firmaron un importante acuerdo en Barbados que establecía una hoja de ruta de cara a las elecciones presidenciales, con una revisión de las inhabilitaciones y la fijación de un cronograma electoral. Estados Unidos, por su parte, avanzó en la concesión de licencias favorables a la industria petrolera venezolana, que permitieron aminorar el impacto de las sanciones, y revitalizar la producción petrolera con la participación de transnacionales occidentales.
Sin embargo, la relación entre el Gobierno y la oposición radical se volvió a deteriorar a inicios de 2024, al tiempo que ambos denunciaban un incumplimiento de las obligaciones contraídas por su contraparte. Desde el chavismo alegaban una falta de voluntad en el gobierno estadounidense y la Plataforma Unitaria para cumplir con los acuerdos firmados, respetar la institucionalidad venezolana, y continuar avanzando en el desmontaje de las sanciones. La oposición, por su parte, condenó fuertemente que el Tribunal Supremo de Justicia no levantara la inhabilitación sobre María Corina Machado, y denunció otras maniobras desde las instituciones que, según la campaña opositora, habrían tenido como objetivo “torpedear su inminente triunfo”. Estas cuestiones significaron un incremento de las fricciones entre ambos sectores, lo cual generaba mayores incertidumbres en el proceso electoral.
Estrategia opositora:
el “todo o nada”
Para el antichavismo, el eslogan “Vamos a ganar y vamos a cobrar” sintetizó su modo de afrontar el proceso, en cuanto anunciaba una victoria “cantada” y mostraba su espíritu revanchista. La apelación constante a su “triunfo seguro” debe ser entendida no como un intento por fomentar la asistencia de sus simpatizantes a las urnas, sino más bien como una estrategia de presión en diferentes áreas. Desde el discurso hasta el relato mediático, se apreció un esfuerzo por mostrar una imagen de superioridad en el respaldo popular recibido por la candidatura de Edmundo González, que es clave para la fabricación de la certeza de que “Venezuela quiere un cambio”. Las encuestas jugaron un papel importante en esta misión, al difundir dudosas estimaciones que daban una amplia ventaja al candidato de la Plataforma Unitaria.
Generar esta percepción de mayoría aplastante se convirtió en una carta a favor de la oposición, especialmente útil en caso de que los resultados del CNE no le otorgaran el triunfo a este sector. Los antecedentes del proceso conducían a pensar que el antichavismo, si no lograba sus objetivos por la vía electoral, podía rechazar los resultados y reeditar una estrategia de desconocimiento de la institucionalidad venezolana, ya vista en anteriores etapas de este conflicto político. Su plan debía conjugarse con mecanismos de presión internos y externos, para los cuales sería clave la certeza creada sobre la superioridad popular de la oposición.
La segunda parte del eslogan, el “vamos a cobrar”, contiene un revanchismo propio de la extrema derecha que fue también clave en la campaña electoral opositora. El discurso populista promovido por María Corina Machado encierra una alta carga de odio y extremismo en contra de la Revolución Bolivariana, a la cual responsabiliza por los problemas económicos y sociales de Venezuela. Desde la candidatura de González, bajo el supuesto manto de la justicia, se auguraban represalias hacia chavistas, militares y colaboradores, una vez obtenido el poder. En parte, la violencia ciudadana posterior a las elecciones es una expresión del espíritu de venganza en la oposición, intensificado tras el constante fracaso de sus intentos por derrocar a Nicolás Maduro.
Es de esperar que el Gobierno haya entendido que el movimiento bolivariano no tiene garantía alguna de supervivencia en caso de derrota electoral. Si bien una hipotética entrega del Ejecutivo se debe acompañar de un proceso de transición pactado entre ambas partes, resulta difícil para el chavismo confiar en un adversario que no ha dudado en recurrir a métodos extremos en la búsqueda de sus objetivos. Por ello, días antes de los comicios, Maduro señaló que habría un “baño de sangre” si ganaba la derecha. Esta expresión, aunque fue malinterpretada por algunos como una amenaza desde el poder, advertía de los riesgos que enfrentarían las fuerzas progresistas en caso de un triunfo opositor.
Las alegadas irregularidades
en el proceso electoral
Junto a la evidente ruptura y desconfianza entre los actores, una parte importante de la opinión pública nacional e internacional dirigió su atención hacia las garantías democráticas del proceso electoral. Tanto desde la derecha como desde sectores de izquierda “críticos con el chavismo” –dentro y fuera de Venezuela-, se han realizado fuertes denuncias por supuestas irregularidades en el trabajo de las instituciones venezolanas. Una aproximación a tales “inconsistencias” permitiría agruparlas en dos áreas: negligencias en el orden logístico y organizativo del proceso, y supuestas arbitrariedades en contra de las fuerzas antichavistas.
La denuncia sobre los problemas en la logística y la organización de las elecciones parte desde la suposición de que el Gobierno habría intentado “desmotivar” el voto para recortar las posibilidades de que la oposición se alzara con un triunfo. Entre las negligencias achacadas al chavismo y las instituciones habrían estado las dificultades para efectuar el voto desde el extranjero. De aproximadamente 5 millones de potenciales votantes en el exterior –opositores en su amplia mayoría-, se estima que menos del 2 % estaban habilitados para ejercer este derecho, y ello se habría debido a supuestas trabas impuestas para evitar una mayor inscripción de migrantes venezolanos en los colegios establecidos en las sedes diplomáticas y consulares de Venezuela en otros países.
También se realizaron denuncias sobre una escasa transparencia en el proceso de actualización del Registro Electoral dentro de Venezuela, que habría hecho que muchas personas no lograran completar las gestiones para asegurar su participación. Además, algunos observadores declararon que existió un uso desbalanceado de los medios de comunicación oficiales y estatales en favor de la campaña del oficialismo (Lander, 2024).
En cuanto a las supuestas arbitrariedades en el orden democrático, ha habido importantes cuestionamientos hacia hechos como la inhabilitación de María Corina Machado y la intervención del aparato judicial en la gestión de algunos partidos opositores, con críticas que intentan poner en duda la imparcialidad de instituciones como el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Las acciones denunciadas están relacionadas con los procesos jurídicos que ha tenido que afrontar el antichavismo en los últimos años, como consecuencia de las acciones desestabilizadoras que ha promovido en la última década y su desconocimiento de la institucionalidad venezolana.
Las denuncias señaladas, más allá del grado de manipulación al que pueden estar sujetas, parecen haber asentado la idea, en buena parte de la opinión pública, de que el proceso electoral venezolano no cumplía con un grupo de requerimientos básicos para ser considerado como democrático. En este sentido, el informe publicado el día 30 de julio por uno de los principales observadores, el Centro Carter estadounidense, donde se validan estas inconsistencias, contribuyó a sostener la crítica hacia la transparencia de las elecciones y el papel de las autoridades venezolanas (The Carter Center, 2024).
Aritmética electoral
Tras la elección, el anuncio del CNE reflejó un resultado relativamente ajustado. Según el último parte del órgano electoral, realizado el 2 de agosto con el 96,87% de escrutinio, Nicolás Maduro habría obtenido el 51,95% de los votos (6,408,844) y Edmundo González, el 43,18% (5,326,104). Los votos obtenidos por los otros 8 candidatos suman el 4,86% restante (600 936). Vale la pena señalar que, hasta el momento, las autoridades venezolanas no han publicado una información más detallada sobre las cifras finales en los diferentes estados, municipios o colegios electorales (Misión Verdad, 2024b).
La participación fue de un 59% de votantes, lo cual a simple vista representa un incremento significativo con respecto al 46% de los comicios de 2018. Sin embargo, dicho proceso estuvo sujeto a boicot de los sectores radicales de la oposición, que apostaron por no presentarse, por lo que no debe ser tomado como referencia para este indicador. En cambio, si la asistencia de esta reciente elección se compara con el promedio alcanzado entre las presidenciales de 2006, 2012 y 2013 (78,3%), se aprecia que la cifra es baja, lo cual es reflejo de una década de crisis afrontada por el proceso bolivariano (Espronceda Rodríguez, 2024).
Para el chavismo, el número de votos obtenidos por Maduro es muy parecido al logrado en 2018, con un aumento de apenas 162,982 papeletas (Misión Verdad, 2024b). Teniendo en cuenta la gravedad de la situación económica, política y social en Venezuela, esta cifra es un voto de confianza dado por una parte importante del pueblo venezolano al Gobierno y su proyecto de recuperación.
En el caso de la oposición, el resultado obtenido por Edmundo González puede ser analizado desde dos puntos de vista. Por una parte, los 5,3 millones de votos son inferiores a las aspiraciones de la PUD, y están todavía distantes de los 7,2 millones logrados por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -antecesora de la coalición opositora actual- como promedio en las presidenciales de 2012 y 2013, y en las parlamentarias del 2015. Por otra parte, hay factores que indican que el techo electoral de la oposición puede ser considerablemente mayor al resultado de estas elecciones. Es probable que, en condiciones en las que este sector pueda superar sus problemas en la organización y movilización de sus votantes, la PUD alcance cifras más cercanas a las del período 2012-2015, lo cual debe ser motivo de análisis en las filas bolivarianas (Vera, 2024).
Escenario post-electoral
Inmediatamente después del anuncio de la victoria de Maduro por el Consejo Nacional Electoral, se puso en vigor una fuerte operación mediática para el desconocimiento de los resultados de la votación. Las alegaciones de fraude realizadas por la candidatura de Edmundo González y la complicidad de actores internacionales, sumadas a la lentitud y falta de claridad en algunos procedimientos por parte de la institucionalidad venezolana, generaron un clima de fuerte cuestionamiento hacia el proceso electoral.
Primero es necesario referirse al sistema de votación en Venezuela, el cual ha sido reconocido internacionalmente por su confiabilidad, al ser electrónico y poseer diferentes pasos para la auditoría de los resultados. Para el ejercicio electoral, las personas emiten su voto en una máquina automatizada, y también de forma manual, lo que permite que, una vez realizado el conteo, se pueda corroborar que coincidan los números finales en los dos mecanismos. Dichas máquinas deben emitir un acta oficial en cada mesa, con copias que son entregadas a los testigos de cada partido para su constancia. Los resultados se transmiten de forma digital al centro principal de tabulación del CNE y, según ha declarado este órgano, el sistema posee varios niveles de protección contra ataques cibernéticos. Este proceso ha sido calificado de altamente seguro por muchos analistas, refiriendo que un fraude sería “fácilmente verificable”.
En cuanto al análisis del escenario posterior al 28 de julio, importantes sectores de la oposición, la “izquierda crítica” y observadores internacionales, como el mencionado Centro Carter y la misión enviada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), han denunciado una escasa transparencia de las instituciones venezolanas y determinadas irregularidades en el proceso posterior al cierre de las urnas. Supuestamente, hubo violaciones en las disposiciones establecidas en la propia regulación nacional para la auditoría de los resultados, y la oposición manifestó que algunos de sus testigos no recibieron las copias de actas correspondientes en determinados colegios.
Es importante señalar lo preocupante que resulta que, transcurridos varios meses después de la jornada electoral, el CNE no haya publicado datos más exhaustivos que el simple anuncio de lo obtenido por cada candidato. A día de hoy, no se han revelado los números de cada colegio, municipio o estado, a pesar de las exigencias de gran parte de la opinión pública. Este mutismo indudablemente afecta la credibilidad de las instituciones venezolanas. Por ello existe un fuerte pedido internacional para que tanto el CNE como las dos principales coaliciones expongan sus actas o copias de actas, y se realice un conteo independiente con una veeduría certificada.
En cuanto al supuesto fraude, según declararon María Corina Machado y Edmundo González, la denuncia se apoyaría en los resultados de las copias de actas recogidas por la Plataforma Unitaria tras el cierre de los colegios. En la última actualización emitida el 6 de agosto por la organización Comando #ConVzla –equipo de campaña de la PUD-, con el 83% de las actas, la candidatura de González supuestamente habría ganado con 7 303 480 votos contra 3 316 142 de Maduro (Resultados ConVzla, 2024).
Esta proporción de 67% - 30% resulta muy cuestionable por la amplia ventaja que se le atribuye a la oposición sobre el oficialismo. Además, hasta el momento, estas copias no han sido verificadas por organismos nacionales o internacionales. De hecho, el gobierno bolivariano ha denunciado que muchas de las imágenes de actas difundidas en Internet no poseen elementos indispensables para ser tomadas como válidas, con notables ausencias de firmas y la recurrencia de nombres falsos (Misión Verdad, 2024a).
A lo interno de Venezuela, se generaron importantes protestas en los días posteriores a la elección, con episodios de violencia ciudadana y fuertes enfrentamientos policiales que dejaron un saldo de 20 muertos y cientos de detenidos. El gobierno bolivariano contempla estos disturbios como expresiones de “neofascismo”, incitadas por las estructuras opositoras para la desestabilización institucional del país. El discurso antichavista, por su parte, se centró en denunciar los actos de represión de las fuerzas de seguridad, presentando las protestas como una respuesta del pueblo ante el supuesto fraude.
Una nueva internacionalización del conflicto
Los resultados del proceso electoral venezolano han sido recibidos de diferentes maneras en el escenario político internacional, donde es válido decir que han predominado las posturas de escepticismo y condena. Entre los países que han reconocido oficialmente los anuncios emitidos por el CNE destacan China, Rusia, Turquía, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras, quienes lo hicieron de forma inmediata (Voz de América, 2024). El posicionamiento de los primeros tres países mencionados es una muestra de la construcción de alianzas extrarregionales con economías emergentes por parte de Venezuela. Por su parte, el apoyo brindado por los cuatro Estados latinoamericanos, más allá de las afinidades ideológicas y de las buenas relaciones diplomáticas, es una señal de unidad entre gobiernos con perspectivas políticas similares.
Sin embargo, la postura mayoritaria en el hemisferio occidental ha sido la del rechazo a los resultados y la crítica del proceso en general, combinado con alegaciones de fraude y un posterior reconocimiento de algunos gobiernos a Edmundo González como ganador. En América Latina, doce gobiernos, mayoritariamente de centro y derecha, declararon abiertamente que no reconocen la validez de la victoria de Maduro y desplegaron un discurso marcadamente agresivo contra la institucionalidad venezolana. De cara al 10 de enero –fecha que marca el inicio del nuevo período presidencial en Venezuela-, la mayoría de estas administraciones han extendido su respaldo a Edmundo González como legítimo mandatario del país.
Estados Unidos y la Unión Europea, por su parte, han mantenido una posición de condena hacia las autoridades venezolanas y el resultado del proceso electoral, que se ha ampliado con el posterior reconocimiento de González como virtual triunfador de las elecciones. Sin embargo, ambos se han abstenido de profundizar el régimen de sanciones económicas contra Venezuela y, a pesar de reconocer al candidato opositor, no parecen dispuestos a reeditar la estrategia de gobierno paralelo puesta en práctica durante el interinato de Juan Guaidó (2019-2022).
Un apartado merece la posición moderada de los gobiernos de Lula, Gustavo Petro y López Obrador. Brasil, Colombia y México no han reconocido los resultados del CNE ni de la oposición, y lideraron la mediación internacional y el pedido para que las instituciones de Venezuela ofrecieran datos más esclarecedores (El País, 2024). Esta postura, de aparente coherencia con las posiciones políticas de estos tres gobiernos, pudiera estar determinada por factores como el manejo de la política interna ante un tema espinoso, como lo es Venezuela, y el intento de asumir una especie de liderazgo regional para buscar una solución pacífica y propia al conflicto político venezolano.
conclusiones
Las elecciones presidenciales de Venezuela, con la victoria del gobierno bolivariano sobre los sectores opositores, estuvieron marcadas por determinadas complejidades relacionadas con sus garantías y condiciones democráticas, las contradicciones entre las principales fuerzas políticas del país, y las posiciones internacionales en el ámbito político-diplomático.
Este proceso electoral estuvo acompañado de un deterioro de las relaciones entre el gobierno bolivariano y la oposición radical, e importantes cuestionamientos hacia el proceder de las instituciones venezolanas. Mientras el oficialismo, en los meses previos a la votación, alegaba la inexistencia de una voluntad real en la oposición y en Washington para avanzar en el desmontaje de las sanciones estadounidenses contra Caracas, el antichavismo se centró en denunciar una serie de supuestas irregularidades y violaciones democráticas por parte del gobierno y la institucionalidad de Venezuela. En esta última dinámica sobresalen la inhabilitación política de María Corina Machado, la judicialización de determinados partidos opositores y la aparente falta de transparencia en la actualización del Registro Electoral, cuestiones centrales en las críticas ejercidas hacia el proceso electoral venezolano.
Por su parte, tras conocerse el resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el antichavismo radical puso en práctica una estrategia de desconocimiento de la institucionalidad venezolana y de la autoridad de los órganos electoral y judicial, con un fuerte impacto mediático internacional e importantes paralelismos con los intentos desestabilizadores que este sector promovió entre 2015 y 2020. Para ello, la oposición se apoya en una narrativa sobre la existencia de un fraude no comprobado, con un fuerte eco en los medios occidentales hegemónicos, que le facilita la aplicación de mecanismos de presión internos y externos sobre el gobierno bolivariano.
Esta estrategia del antichavismo, al igual que en años anteriores, pareciera estar condenada al fracaso debido a la fortaleza institucional del Gobierno y el evidente descrédito al que han llegado estos mecanismos de desestabilización a lo interno de Venezuela. No obstante, esta situación se presenta como un fuerte obstáculo para la estabilidad interna y contribuye a perpetuar la crisis política del país.
En el escenario internacional, principalmente en el continente americano, las posturas asumidas por un buen número de gobiernos generan un panorama complejo para el gobierno y la diplomacia bolivarianos. Venezuela enfrenta una situación de aislamiento internacional con un reconocimiento limitado hacia la autoridad y legitimidad del presidente Nicolás Maduro. Ello incrementa las dificultades para el posicionamiento internacional de Caracas y el peligro de que Estados Unidos recrudezca su política de sanciones hacia el país sudamericano.
Por tanto, se ha hecho evidente la ausencia de una respuesta efectiva y esclarecedora de las instituciones venezolanas, que hasta el momento han hecho silencio sobre aspectos claves del proceso electoral. Ello, sumado a las irregularidades denunciadas en el período previo a las votaciones, genera importantes incertidumbres en torno a la victoria del gobierno bolivariano y refuerza las críticas hacia las condiciones democráticas de las elecciones.
referencias