Recibido: 25 de Julio de 2024
Conflicto de Intereses:
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.
Contribución de Autoría:
No aplica
Agradecimientos:
Al Observatorio Político sobre América Latina y el Caribe;
Al Profe Elio Fidel.
Financiación:
No aplica
PrePrint:
No publicado
Aprobado: 25 de Agosto de 2024
Derechos de Autor:
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Díaz Fernández, L. (2024). Daniel Noboa, el debenir populista de la derecha ecuatoriana. Ad Hoc. 5(13),53 - 64.
resumen
A partir de la salida del poder de Rafael Correa y el inicio de un nuevo período neoliberal en 2017, Ecuador ha vivido una profunda crisis de gobernabilidad e inseguridad, marcada por la pérdida de popularidad de todos los referentes de la política nacional y el ascenso de organizaciones criminales transnacionalizadas. La sucesiva escalada de problemas de seguridad pública ha contribuido a un incremento en la polarización social y al desarrollo de un escenario de violencia generalizada y desconfianza por parte de la población hacia la clase política. En medio de ese contexto se produjo la emergencia de un nuevo gobierno populista de derecha, encabezado por el joven empresario Daniel Noboa, que inicialmente se presentó como moderado, pero que logró capitalizar el apoyo popular apostando por posturas radicales, con la presentación de una estrategia mesiánica y justiciera de enfrentamiento al crimen organizado y la corrupción. Para cumplir su objetivo de ser reelecto, el nuevo ejecutivo ha recurrido a métodos abruptos y poco ortodoxos, que le presentan ante el electorado como un gobierno efectivo y audaz. Muestra de ello fueron acciones como la declaración del Conflicto Armado Interno o el asalto a la embajada de México en Quito. En relación con lo anterior, el presente trabajo se propone examinar las causas de la llegada al poder de Daniel Noboa, analizar la radicalización de la política populista de su gobierno y caracterizar el devenir histórico de su accionar.
Palabras Clave: Ecuador, populismo de derecha, seguridad pública, crimen organizado, radicalización.
ABSTRACT
After the end of Rafael Correa´s government and the begining of a neoliberal derive in 2017, Ecuador has experienced a deep crisis of governance and insecurity, marked by the loss of support from all the paradigms of national politics and the rise of transnationalized criminal organizations. The successive escalations of the problem of public security led to greater social polarization and a scenario of widespread violence and distrust on the part of the population towards the political class. In the midst of that context there was the emergence of a new right-wing populist government, led by the young businessman Daniel Noboa, who initially presented himself as moderate, but who has managed to capitalize on popular support by betting on radical positions, with the presentation of a messianic and justice strategy of confronting organized crime and corruption. To fulfill his goal of being re-elected, the new executive has resorted to abrupt and unorthodox methods, which present him to the electorate as an effective and bold government. Proof of this were actions such as the declaration of the Internal Armed Conflict or the assault on the Mexican embassy in Quito. In relation to the above, the present work aims to analyze the radicalization of the populist policy of the government of Daniel Noboa, examine the causes of his coming to power and characterize the historical evolution of his government actions.
Keywords: Ecuador, right-wing populism, public security, organized crime, radicalization.
introducción
La región de América Latina y el Caribe ha experimentado en numerosas ocasiones el advenimiento de gobiernos populistas y autoritarios, como consecuencia de la debilidad de las oligarquías nativas y la fragilidad de las instituciones públicas de los países de la región. Dichos gobiernos han surgido, en la mayoría de los casos, como respuesta a situaciones de crisis y han respondido a los objetivos de supervivencia de la clase dominante.
En el Ecuador, la reciente situación de ingobernabilidad y la creciente inseguridad ciudadana han creado una situación favorable para el posicionamiento de idearios, retóricas y postulados populistas. El discurso demagógico ha ganado relevancia en el país y ha ocupado el centro del debate político. Para lograrlo, se ha sustentado en la promesa del enfrentamiento punitivo al crimen y la corrupción. Esta forma de hacer política ha sido impulsada, fundamentalmente, por organizaciones, partidos y movimientos que se ubican en la derecha del espectro político ecuatoriano.
Históricamente, Ecuador se caracterizó por ser un país seguro; sin embargo, con el avance del siglo XXI la situación interna ha vivido un profundo deterioro en materia de seguridad. A partir de la salida de Rafael Correa de la Presidencia en 2017, han aflorado en el país problemas de seguridad pública como el crimen organizado, el gansterismo, la corrupción en las instituciones armadas y el narcotráfico. Este cambio radical ha sido condicionado por factores internos y externos. El país ha vivido una profunda crisis política y de gobernabilidad, al tiempo que los cambios ocurridos en los últimos años en América Latina han contribuido a la transnacionalización del crimen organizado y su asentamiento en la nación andina.
El auge de la violencia y el clima de impunidad han condicionado el discurso de las fuerzas políticas, generando retóricas populistas con un tono confrontativo y demagógico. Sumado a ello, el desgaste de la clase política tradicional y la persecución mediática y judicial a las principales figuras del progresismo favorecieron la aparición de discursos que combinan la supuesta moderación ideológica con una pretendida “mano dura” frente al crimen organizado. En lo fundamental, estos elementos posibilitaron la llegada de Daniel Noboa a la presidencia del país.
Dichas políticas de “mano dura” se caracterizan por el endurecimiento y aplicación radical de los códigos penales, la militarización de la seguridad pública, la suspensión de garantías procesales y el empleo desmedido de la fuerza. En varias ocasiones, la aplicación de estas políticas punitivas ha estado acompañada por la concentración de poder en manos del gobierno, así como situaciones de irrespeto a los derechos humanos.1
El presente trabajo se propone examinar las causas de la llegada de Daniel Noboa a la presidencia de la República del Ecuador. Además, se interesa por analizar la radicalización de la política populista de su gobierno y caracterizar el devenir histórico de su accionar gubernamental en los primeros años de su mandato. Para ello, se enfatiza el análisis de la situación de gobernabilidad, la evolución de su retórica política y a los resultados de su propuesta de seguridad pública. El artículo abarca temporalmente el período posterior al gobierno de Rafael Correa y el fin del proceso histórico de la Revolución Ciudadana (RC); el advenimiento de gobiernos neoliberales y el estallido de la crisis que llevó al gobierno de Guillermo Lasso a decretar la “Muerte Cruzada”.
desarrollo
En los años 2023 y 2024, Ecuador se ha enfrentado a una de las situaciones más dramáticas de su historia, con el desencadenamiento de lo que el gobierno de Daniel Noboa ha definido como un conflicto armado interno, entre el Estado y organizaciones criminales. A partir de finales de 2023, se registraron enfrentamientos entre pandillas, numerosos secuestros y asesinatos en todas las provincias del país, en medio de la peor crisis de inseguridad que ha enfrentado la nación andina.
En la búsqueda de las causas de este proceso resulta importante analizar lo ocurrido en el país tras la salida de Rafael Correa de la presidencia (presidente entre 2007 y 2017). Los sucesivos gobiernos de derecha de Lenín Moreno y Guillermo Lasso pusieron en práctica cambios constitucionales y legislativos en el Estado ecuatoriano, que politizaron las fuerzas policiales, militares y el poder judicial, convirtiéndolas en armas políticas contra el correísmo. Estas acciones, en su afán de eliminar todo cuanto de la Revolución Ciudadana quedara en el país, corroyeron el Estado de derecho y abrieron las puertas a una fuerte avalancha de corrupción y manejo politizado del poder del Estado.
La crisis ecuatoriana se vio favorecida, además, por factores regionales que incidieron en el incremento de la actividad criminal y atentaron contra la estabilidad política y seguridad pública en el país. Ejemplo de ello fue la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia, que podrían haber favorecido el incremento de la producción regional de cocaína con el fin de los combates en las principales zonas productoras del país vecino. Además de ello, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en 2018, México desarrolló un cambio en el enfoque al combate a las drogas, lo que favoreció la relocalización de las cadenas logísticas del narcotráfico en Ecuador. Como consecuencia del florecimiento del negocio del narcotráfico y su carácter transnacional, se incrementó considerablemente la presencia de organizaciones criminales extranjeras en el país, que desarrollaron rápidamente complejos sistemas de alianzas que fortalecieron el poder de las bandas criminales ecuatorianas. De este modo, Ecuador se convirtió en el centro logístico del narco en Sudamérica y la principal ruta de tránsito de la droga hacia el mercado de consumo de Estados Unidos.
En un ambiente marcado por la inacción y la corrupción de las fuerzas del orden ecuatorianas, la creciente presencia de organizaciones criminales extranjeras motivó que las pequeñas pandillas locales se articularan con el narcotráfico internacional y ganaran fuerza. Muestra de la magnitud alcanzada fue el hecho de que sus principales jefes diseñaran esquemas de ejercicio del poder criminal desde el sistema penitenciario nacional, al cual convirtieron en un feudo del crimen organizado, como ocurriera en Colombia en los años noventa.
El poder de las organizaciones criminales aumentó desde 2017, pero sería especialmente a partir de la pandemia de Covid-19 y la llegada al poder de Guillermo Lasso, en 2021, que el caos pandillero alcanzaría un mayor protagonismo en el país. Durante la emergencia sanitaria, las estructuras estatales se mostraron incapaces de controlar la situación y las mafias ganaron poder en los distintos territorios. Esto ocurrió, fundamentalmente, en las provincias costeras y en aquellas fronterizas con Colombia, en las que el flujo de narcóticos permitía fuertes ingresos al crimen organizado en medio de la peor crisis económica vivida en el país desde la dolarización de 1999.
Por otro lado, la permanente crisis de gobernabilidad del gobierno de Lasso, sumido en el enfrentamiento entre el poder legislativo y el ejecutivo, hizo que el Estado viviera un escenario de ingobernabilidad, que fue aprovechado por las organizaciones criminales para consolidar su poder. El problema del crimen alcanzó tal magnitud que las voces públicas más influyentes que se enfrentaron a este flagelo fueron asesinadas impunemente por los grupos delincuenciales. Este fue el caso del exalcalde de la ciudad de Manta (principal puerto de exportación de drogas del país) Agustín Intriago. En menos de diez años, Ecuador pasó de ser el país con la menor tasa de homicidios en el continente en 2015, a ser, según la Interpol, el séptimo más inseguro del mundo, posicionándose junto a países en guerra como Irak, Siria o Afganistán. (Infobae, 2024; RFI, 2024)
Para enfrentar esta situación, se aplicaron tímidas políticas tradicionales de seguridad, que resultaron ser inefectivas. Tanto el gobierno de Moreno como el de Lasso se mostraron incapaces de desplegar estrategias exitosas en esta materia, lo que aceleró el desarrollo del crimen organizado. Esto estuvo condicionado, en gran medida, por el conflicto entre el ejecutivo y el legislativo. La disonancia entre ambos poderes imposibilitó a ambos gobiernos adoptar políticas efectivas contra la criminalidad. Ello estuvo determinado por el hecho de que las iniciativas gubernamentales afrontaban trabas y, en no pocas ocasiones, fueron objetadas por el dividido escenario parlamentario ecuatoriano, caracterizado por la coexistencia de muchos grupos partidistas enfrentados entre sí e incapaces de conformar mayorías claras. Por otra parte, la constante persecución judicial que sufrieron figuras políticas de la izquierda ecuatoriana, contribuyó a erosionar la credibilidad de las instituciones públicas, profundizando la ya compleja brecha entre las fuerzas políticas del país. (BBC, 2024)
En este contexto, y aprovechando la poca efectividad de las políticas impulsadas desde el Estado, las bandas criminales desarrollaron un proceso de transnacionalización. Este fenómeno ocurrió como resultado de la asociación con organizaciones narcotraficantes extranjeras asentadas en el territorio del país y que forjaron sistemas de alianzas con el crimen local. De este modo, los “capos” ecuatorianos obtuvieron del crimen organizado transnacionalizado protección, financiamiento, contactos y experiencia, tanto en el trazado de redes de corrupción, como en el enfrentamiento a las fuerzas estatales.
Tras el complejo período de la pandemia del Covid 19, Ecuador se convirtió en el principal centro logístico y de distribución de la droga producida en América del Sur. Desde puertos ecuatorianos fueron organizadas nuevas rutas para el traslado de la droga por mar hasta los mercados de consumo, siendo Centroamérica, Estados Unidos y Europa los principales destinos.
El fenómeno Noboa: un capítulo ecuatoriano del populismo
de derecha
En una contienda electoral marcada por la violencia y el asesinato de Fernando Villavicencio2 , uno de los aspirantes a la presidencia, Ecuador eligió a Daniel Noboa como su nuevo presidente en diciembre de 2023. El nuevo mandatario se presentó como un dirigente moderado, desideologizado y dispuesto a enfrentar el crimen con políticas de “mano dura”. En el debut de su gobierno, y con el objetivo de consolidar esa imagen, el presidente pactó a nivel parlamentario con el partido Revolución Ciudadana, principal fuerza de la oposición y convocó, para abril de 2024, a un nuevo referéndum constitucional y consulta popular, con los que, al igual que había hecho antes Lasso, buscaba afianzar su agenda y ganar legitimidad.
Para el mes de enero de 2024, la situación de criminalidad en el país experimentó una fuerte escalada, que tuvo su origen en la fuga de la cárcel de uno de los principales cabecillas del crimen organizado. Ello desencadenó una ola de violencia sin precedentes en las calles del país, con enfrentamientos directos entre las bandas criminales y las fuerzas del Estado. Ante este escenario, el gobierno de Noboa, valiéndose de vacíos legales en la Constitución, decretó estado de sitio y el de conflicto armado interno en todo el país, catalogando a las organizaciones criminales como grupos terroristas. Con estas medidas, el gobierno impuso un régimen de excepción y suspensión de garantías constitucionales, que establece la movilización de la Policía y las Fuerzas Armadas, a las que otorga facultades adicionales. Además, ese régimen de seguridad estableció un toque de queda nocturno.
Mediante la militarización de las calles, un accionar más severo por parte de las fuerzas del orden, un reforzamiento de la seguridad carcelaria y una fuerte ofensiva mediática, las líneas de discurso del presidente Noboa fueron sufriendo una acelerada transformación hacia un estilo más agresivo con tonos justicieros. Se hizo así más evidente la transición hacia un discurso populista de derecha, en el que, como tendencia, el mandatario se refería de la misma forma tanto a los sectores políticos de la oposición, como a los criminales organizados, simplificando de forma maniquea el panorama político y social del país. Por este camino, y atendiendo a su relativa falta de carisma político, su estrategia se centró en promover su imagen con un manejo inteligente de las redes sociales y el control de los grandes medios privados, quedando en un segundo plano su actividad discursiva personal.
El asalto a la embajada de
México
Las tensiones diplomáticas entre el ejecutivo de Daniel Noboa y el gobierno de México comenzaron por las declaraciones del presidente López Obrador sobre las elecciones ecuatorianas. En dicha intervención, el presidente mexicano se refirió al asesinato de Fernando Villavicencio, afirmando que no existían pruebas concluyentes que implicaran al cartel de Sinaloa en el atentado. Además, dejó entrever la posibilidad de que el hecho fuera orquestado con el objetivo de provocar la derrota electoral del partido RC (Diario de Yucatán, 2024). Vale señalar que, al reflexionar sobre el caso, el presidente López Obrador no realizó acusaciones directas al actual gobierno ni a fuerzas políticas ecuatorianas.
Como respuesta, el gobierno de Daniel Noboa declaró ¨persona non grata¨ a la embajadora mexicana en Quito, decisión que desembocó en una crisis diplomática que iría escalando paulatinamente. Este accionar intempestivo del gobierno ecuatoriano estuvo acompañado por una fuerte ofensiva mediática, encabezada por la viuda del excandidato Villavicencio, en la que se percibió un marcado interés por mantener viva la polémica y señalar hacia el correísmo como posible responsable del asesinato.
En este contexto, el gobierno mexicano concedió asilo político al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba en la sede diplomática del país azteca en condición de invitado, luego de haber arribado a ella en busca de refugio el 17 de diciembre de 2023. Glas, quien fuera vicepresidente de Rafael Correa, fue víctima de una marcada persecución judicial con fines políticos desde la llegada al poder de Lenín Moreno y la inesperada traición de aquel al proceso de la Revolución Ciudadana. La decisión del gobierno de México de concederle asilo avivó la crisis diplomática y dio pie a que el gobierno de Noboa procediera de manera extraordinaria en el ámbito de las relaciones internacionales.
De forma inesperada y en clara violación del Derecho Internacional, la policía nacional del Ecuador irrumpió violentamente en la embajada de México en Quito. El operativo, que tuvo lugar en horas de la madrugada del 5 de abril de 2024, estuvo signado por la agresión física al jefe de la misión mexicana y la detención, también violenta, del exvicepresidente Glas.
Este hecho, que estremeció a la opinión pública internacional, trajo como consecuencia la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador por parte de México y Nicaragua, así como la condena al accionar ecuatoriano por parte de los gobiernos de América Latina, Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.
Los sucesos de la embajada fueron, a todas luces, parte de la estratagema política desarrollada por el gobierno ecuatoriano. Esto se evidenció en la presentación del hecho como parte de una estrategia gubernamental más amplia de enfrentamiento al crimen organizado y la corrupción, con lo que se pretendió justificar tamaña violación. El ejecutivo respaldó su decisión acusando a Glas de ser un criminal condenado, que intentaba burlar la justicia aprovechando los oficios diplomáticos del gobierno mexicano (Diario de Yucatán, 2024).
Mediante este inédito proceder, Noboa buscó la consolidación de una imagen “fuerte”, de “mano dura”, ante el problema de la corrupción, mostrando a su gobierno como capaz de superar con audacia cualquier límite en aras de la solución de la problemática ecuatoriana. El nuevo presidente apostó por una imagen de gobierno sólido, irreverente y rupturista con el statu quo. Todo ello con el objetivo de fortalecer la propuesta del mandatario de cara a la opinión pública, mostrando intransigencia en su puja contra el crimen y nulos escrúpulos para violentar las normativas en aras de “hacer justicia”. Sin embargo, las consecuencias internas y externas del asalto a la embajada también provocaron una fuerte ola de descrédito para el gobierno de Ecuador, el cual fue acusado de improvisación e incapacidad por buena parte de la clase política ecuatoriana.
En materia interna, la captura de Glas y la crisis con México catalizaron las diferencias entre Noboa y el correísmo, llevando al movimiento RC a romper el pacto político entre ambas partes. Cabe destacar que RC es la fuerza mayoritaria en el parlamento y que esta ruptura resta poderes al gobierno, que nuevamente queda como minoría en la Asamblea Nacional.
De esta forma, la polarización política creciente experimentada en el país podría traer de vuelta la situación de ingobernabilidad que reinó en los dos gobiernos anteriores. La misma estuvo motivada fundamentalmente por el divorcio entre los poderes ejecutivo y legislativo, un escenario que podría repetirse ante la debilidad parlamentaria del gobierno de Noboa tras la ruptura con RC.
¿Consulta popular o
referéndum de popularidad?
Como parte de esta estrategia de presentación de una imagen mesiánica y justiciera, el gobierno de Noboa ha buscado presentarse como audaz, efectivo y valiente en el enfrentamiento a la corrupción y el crimen. El ejecutivo recurrió a retóricas y accionar populistas, asociados generalmente a los referentes de la derecha regional. Entre dichos actos, destacó la convocatoria a la celebración de la consulta popular del 21 de abril de 2024, con la que pretendió, mediante el proselitismo electoral, canalizar en su favor la sensación de inseguridad reinante a nivel popular. Para ello, recurrió a la simplificación de las causas de la inseguridad interna del país, acusando de corrupción y nula efectividad a los gobiernos precedentes, a los que presentó como parte del mismo problema que los grupos criminales organizados. La propuesta oficialista buscó presentar al ejecutivo como capaz de resolver mediante métodos severos el problema de la violencia.
Además, como parte de su estrategia comunicacional, Noboa insistió en su juventud, riqueza, preparación profesional y lejanía de la clase política tradicional para continuar presentándose como un outsider efectivo y capacitado para hacer cumplir la Ley ecuatoriana frente a los problemas del país. En una lógica demagoga, prometió resolver los problemas de la nación, aunque para ello fuera necesario desarrollar acciones radicales y arriesgadas, que desconocieran las reglas del sistema imperante, como el propio asalto a la misión diplomática mexicana, que fue mostrado como una actuación audaz del ejecutivo (France24, 2024).
En la misma línea populista, a una semana del referéndum y ante la emergencia de una crisis en el sector energético producto de la sequía que afectaba al sector hidroeléctrico, el mandatario simplificó las causas de la problemática, acusando a sus opositores de ser los responsables de la situación. Por este camino, y con la clara intención de desligar su responsabilidad y así no perder apoyos electorales, solicitó la renuncia de la Ministra de Energía. En una jugada demagógica y con claros intereses electoralistas, anunció que el Estado sufragaría la mitad de los costos de la electricidad residencial durante el mes de abril, y atacó al correísmo, ordenando investigaciones por sabotaje contra varias de sus figuras. En este contexto, Noboa llegó a identificar como causantes de la crisis energética a los grupos políticos que le adversaban y que promovían la victoria del “No” en las urnas. (Prensa Latina, 2024)
El gobierno de Noboa enfrentó la consulta popular con un escenario interno marcado por la criminalidad, la persecución mediática y judicial a las fuerzas progresistas, y la polarización agravada entre los actores de la política nacional. El resultado de la consulta, por su parte, arrojó un respaldo popular a las nueve preguntas relacionadas con el endurecimiento de la política de seguridad, mientras que las preguntas de carácter económico, referentes al arbitraje internacional y los contratos por horas, fueron rechazadas. Tras este resultado, todas las fuerzas políticas manifestaron que habían vencido la contienda, lo cual enrareció aún más el ambiente político ecuatoriano.
En términos de seguridad, el resultado de la consulta permitió realizar modificaciones a la Constitución y al sistema legal ecuatoriano en varios aspectos. Así, se permitió el apoyo a la policía por parte del personal de las Fuerzas Armadas; la extradición de ciudadanos ecuatorianos al exterior; el endurecimiento de control de armas; se incrementaron las penas a los criminales; los presos comenzaron a estar obligados a cumplir totalmente sus penas sin derecho a fianzas o reducciones; se penalizó el porte de armas sin documentación; se permitió el uso el armamento decomisado por parte de la policía y las fuerzas armadas; y el Estado comenzó a obtener la propiedad sobre los bienes decomisados de origen ilícito. (Wambra, 2024; Ecuavisa 2024)
Como consecuencia de las medidas aprobadas por el referéndum, el país andino avanzó en la militarización de la seguridad pública. Este proceso, que pudo traer algunos buenos resultados en materia de enfrentamiento al crimen organizado, involucra a los cuerpos militares ecuatorianos en misiones civiles de orden interior, para las cuales no han sido formados ni capacitados. Además, otorga responsabilidades políticas y coloca al estamento castrense en una posición de fuerza en el Estado, que podría traer consecuencias directas para los derechos humanos y el orden institucional en el país.
Es válido señalar que, en una situación de criminalidad sin precedentes como la que ha vivido Ecuador, era lógico esperar una contundente victoria para cualquier fuerza política que abogue por un enfrentamiento frontal o de “mano dura” al crimen organizado. En esta coyuntura, los votantes no manifestaron una postura ideológica en las urnas, por el contrario, fueron movidos por un sentimiento de temor a la criminalidad y de búsqueda de soluciones severas y radicales al problema, sin importar qué fuerza política los impulsara, lo cual fue aprovechado por los referentes populistas emergentes. Esto explica que todas las propuestas en materia de seguridad alcanzaran niveles de aprobación superiores al 60%, siendo en varios casos superiores a los dos tercios de los votos, niveles de apoyo que Noboa pretendió mostrar como un espaldarazo popular a su gestión.
Por tales motivos, cabría señalar como engañosa la victoria personal presentada por el Presidente luego del referéndum, en la que pretendió mostrar que goza de iguales niveles de aprobación que las políticas de seguridad que resultaron ganadoras. Si bien el nuevo gobernante ganó popularidad rápidamente durante los primeros meses de su gestión y logró mostrarse como una opción viable para enfrentar al crimen, los resultados del referéndum solo muestran la creciente importancia que el pueblo ecuatoriano presta al problema de la seguridad pública, llegando a optar por medidas radicales y de “mano dura” con el objetivo de resolver dicha problemática.
Por otro lado las dos cuestiones económicas, en las que la oposición centró el mayor peso de su campaña, resultaron un enorme revés para Noboa. Esto se explica por la percepción popular de que dichas medidas, de marcado carácter neoliberal, perjudican los intereses de las mayorías. Además, RC y los líderes indígenas lograron aunar esfuerzos para focalizar una estrategia opositora única. (Prensa Latina, 2024)
En el caso de la pregunta referente a la forma de contratación de trabajadores, el gobierno buscaba reformar la Constitución y el Código del Trabajo para legalizar los contratos de trabajo por horas. El ejecutivo alegaba que esto promovería el desarrollo del empleo formal y así resolver un viejo problema de la sociedad ecuatoriana, en la que el 55% de los empleos son informales. Sin embargo, desde organizaciones sindicales, existía el temor de que esta modalidad de contrato trajera más precarización laboral y vulnerara los derechos individuales y colectivos de los trabajadores (Wambra, 2024). Además, se proponía la posibilidad de que Ecuador volviera a aceptar los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción.
El ejecutivo aducía que la pregunta tenía como objetivo proporcionar una mayor seguridad jurídica y atraer inversiones extranjeras, confiando en la seriedad y apego al derecho por parte de los tribunales internacionales de arbitraje, de los cuales el país salió en 2008 con amargas experiencias. Para ello, se proponía modificar el artículo 422 de la Constitución e incluir el arbitraje internacional como un instrumento legal para la resolución de conflictos. Por otro lado, la oposición de izquierda centró su campaña en argumentos como la protección de la soberanía jurídica del Estado, la prevención de riesgos financieros significativos y la preocupación por los posibles efectos negativos de los cambios en las regulaciones contractuales y comerciales3 (Wambra, 2024).
Ambas preguntas de carácter económico eran las más importantes para el gobierno de Daniel Noboa, quien pretendía impulsar una agenda neoliberal en el país andino. Por este motivo, la derrota en estos incisos del referéndum significó un duro golpe para los objetivos estratégicos del mandatario, formulados según los intereses de la oligarquía ecuatoriana, estrechamente vinculada a las empresas transnacionales. Así, el ejecutivo sufrió un duro revés en la que fue su principal apuesta en la consulta. No obstante, en una nueva jugada populista y con vistas en capitalizar en su favor la aprobación de los temas de seguridad, el ejecutivo presentó el resultado del referéndum como una victoria total, intentando restar importancia al tema de cara a la opinión pública.
conclusiones
Como resultado de la polarización política, la persecución judicial y mediática contra las fuerzas progresistas, la crisis de gobernabilidad generada por el enfrentamiento entre los poderes del estado, y el deterioro de la seguridad pública, llegó al poder en Ecuador el joven político derechista Daniel Noboa, quien, durante su estrategia electoral, se presentó como un outsider sereno y alejado de los extremos políticos.
Tras un inicio de gobierno caracterizado por el pragmatismo y la búsqueda de alianzas con otras fuerzas políticas, el gobierno de Noboa radicalizó paulatinamente sus posturas. El ejecutivo desarrolló políticas, retóricas discursivas y acciones gubernamentales con un marcado carácter populista y demagogo, que desconoce límites para alcanzar sus objetivos. Muestra de ello han sido la evolución de su propuesta de seguridad hacia la “mano dura”, la declaración (con dudosas bases legales) del conflicto armado interno, el asalto a la embajada mexicana, la continuidad en la persecución judicial y mediática contra el correísmo, y el empleo de los recursos del estado para financiar políticas públicas que le benefician electoralmente.
El gobierno de Noboa, sin embargo, no ha conseguido éxitos contundentes en la lucha contra el crimen organizado, eje central de su apuesta populista. Ello se evidencia en las estadísticas de seguridad ecuatorianas, que muestran reducciones muy tímidas en campos como los asesinatos diarios, robos y secuestros, lo que evidencia la poca efectividad de la militarización impulsada por el mandatario. Cabría afirmar que Noboa no ha sido exitoso en sus iniciativas de enfrentamiento al crimen organizado, no obstante, sí ha conseguido una eficaz presentación mediática de sus esfuerzos de seguridad, algo que podría servirle de cara a elecciones.
Ante tal realidad, el mandatario simplificó su retórica, entendiendo en una lógica maniquea a sus opositores políticos y al crimen organizado transnacional como un mismo problema. Para ello, la maquinaria del oficialismo ha marcado distancia aparente de la clase política tradicional y ha insistido en presentar a la corrupción como un fenómeno exclusivo de los gobiernos anteriores y las fuerzas de oposición, a las que ha insistido en vincular como parte del fenómeno criminal organizado en el país.
Por lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que el gobierno de Daniel Noboa ha venido transitando por un proceso de radicalización de sus postulados, accionar, discursos y retóricas populistas. Su propuesta política, originalmente calmada y desideologizado, ha venido evolucionando hacia posturas rupturistas, demagógicas, polarizadas, militaristas y desconocedoras de los límites y reglas del sistema imperante.
Noboa, con claras ambiciones políticas, ha utilizado la maquinaria estatal ecuatoriana como una herramienta de legitimación, con la que busca fortalecer su imagen pública de cara a la reelección en los comicios de 2025. Para ello, su narrativa sobre la realidad ecuatoriana ha estado signada por un enfrentamiento creciente y frontal con el crimen organizado transnacional, la política tradicional, la corrupción y los movimientos progresistas. Todo ello, en el marco de una creciente simplificación de las narrativas y una presentación oportunista de las problemáticas nacionales como una mala herencia, de la que culpa a sus adversarios, desconociendo las causas estructurales de la crisis ecuatoriana y evitando lanzar propuestas concretas para la solución de los problemas del país.
bibliografía
notas