Recibido: 25 de Julio de 2024
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Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.
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Aprobado: 25 de Agosto de 2024
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Cómo citar (APA, séptima edición):
Rodríguez Romero, F. A. & Mustelier Fernández, A. (2024). Las políticas socioeconómicas del gobierno de Pedro Sánchez. Impacto y limitantes (2018-2023). Ad Hoc. 5(13, 17 - 28
resumen
El período gubernamental de Pedro Sánchez Pérez-Castejón como presidente del Gobierno de España estuvo marcado por numerosos desafíos, tanto a nivel nacional como internacional. Tras su investidura en junio de 2018, el gobierno enfrentó una crisis política derivada de la destitución de su predecesor, una fragmentación política y una economía que no se había recuperado completamente de la crisis financiera de 2008. Su mandato estuvo marcado por la crisis del coronavirus y el estallido de la guerra ruso-ucraniana. En respuesta a estos desafíos, el gobierno de Sánchez implementó un programa socioeconómico expansivo orientado a estimular el crecimiento económico, reducir las desigualdades sociales y avanzar hacia la transición ecológica. Estas acciones marcaron un cambio significativo en la implementación de políticas económicas, especialmente durante la recuperación pospandemia, que si bien obtuvo resultados positivos, también manifestó consecuencias negativas para la economía española.
Palabras Clave: Pedro Sánchez, España, economía española, gobierno.
ABSTRACT
Pedro Sánchez Pérez-Castejón’s government period as President of the Government of Spain was marked by numerous challenges, both nationally and internationally. After his inauguration in June 2018, the government faced a political crisis resulting from the dismissal of his predecessor, political fragmentation and an economy that had not fully recovered from the 2008 financial crisis. His mandate was marked by the coronavirus crisis and the outbreak of the Russian-Ukrainian war. In response to these challenges, the Sánchez government implemented an expansive economic and social program aimed at stimulating economic growth, reducing social inequalities and the ecological transition. These actions marked a significant change in the implementation of economic policies, especially during the post-pandemic recovery, although it obtained positive results, it also manifested negative consequences for Spain´s economy.
Keywords: Pedro Sánchez, Spain, Spanish economy, government.
introducción
El secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez Pérez-Castejón, fue electo el 1ro de junio de 2018 como presidente del Gobierno de España, tras la destitución del conservador Mariano Rajoy del Partido Popular (PP), por el Congreso de Diputados. El nuevo Gobierno enfrentó la fragmentación política, debido a un auge de partidos alternativos que pusieron en entredicho los partidos tradicionales. A esto se sumaban la crisis que se había desarrollado luego de la declaración unilateral de independencia de Catalunya en el 2017 y la posterior intervención del gobierno central. Además, heredó una economía aún en recuperación tras la crisis financiera de 2008, aquejada por altas tasas de desempleo y deuda pública.
Sánchez se comprometió a tomar una serie de medidas para estimular el crecimiento económico y reducir las desigualdades sociales. En este sentido, su política económica, se ha caracterizado por un enfoque expansivo, priorizando el gasto público y las medidas sociales. Tras las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, y la constitución del Parlamento de la XIV Legislatura, el Congreso de los Diputados aprobó, por segunda vez, la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Esta legislatura estuvo acompañada de un complejo escenario internacional marcado por la pandemia de Covid-19 y el conflicto ruso-ucraniano.
En ese contexto, el gobierno, libró una ardua batalla por la recuperación de los derechos sociales perdidos durante la gestión del PP e impulsó un programa económico y social en defensa de las minorías. La nueva gestión aumentó la generación de empleo, facilitó la aplicación de una agenda para la transición ecológica, condenó todo tipo de discriminación y asumió el compromiso del Estado para enfrentar los efectos del cambio climático. De la misma manera avanzó en la implementación de la política económica de una forma diferente; la cual ha incidido en indicadores claves como el crecimiento, el desempleo, la deuda pública y la desigualdad. Esta investigación pretende ser la base para la comprensión de las medidas socioeconómicas aplicadas por el gobierno español en el periodo 2018-2023, el impacto de dichas medidas en la sociedad y la economía de la nación ibérica, y las limitantes que las han condicionado.
desarrollo
Primera Legislatura
(2018-2019)
Ascenso a la Jefatura del
Gobierno y Desafíos
Socioeconómicos y Políticos
El 2 de junio de 2018, Pedro Sánchez Pérez-Castejón se convirtió en el séptimo presidente del Gobierno desde la transición democrática. Su llegada a Moncloa se produjo luego que el Congreso aprobara la moción de censura presentada por el PSOE al Presidente Mariano Rajoy (PP). Entre las peculiaridades de dicha elección se destaca ser el primero que llega a este cargo sin ser diputado y ser la primera vez que se accede a la jefatura del gobierno a través de una moción de censura.
El nuevo gobierno enfrentó importantes desafíos en materia de derechos de las minorías y avances sociales. Los escándalos de corrupción del PP debilitaron la confianza de la ciudadanía en las instituciones y abrieron paso a una crisis del modelo bipartidista español. Desde la transición democrática el sistema de partidos políticos españoles se ha caracterizado por el bipartidismo, siendo el PSOE y el PP los principales de España. Una de las tareas del nuevo gobierno, fue lidiar con un mapa político al que se sumaron nuevas fuerzas como Podemos y Ciudadanos1 que incidieron en las decisiones a nivel nacional y crearon una situación inestable de gobernabilidad. Un problema que marcó el período gubernamental fue la composición del Senado y el Congreso de Diputados. La mayoría en ambas cámaras era del Partido Popular, lo que trajo como consecuencia morosidad en cuanto a la toma de decisiones.
Sánchez heredó un país que aún se recuperaba de la crisis económica financiera de 2008. Según Sanchis (2018), a pesar de tener un PIB con un crecimiento en tres años consecutivos (2015, 2016, 2017) cerca del 3% anual, el gobierno popular no tuvo la capacidad de estabilizar la economía, demostrando la ineficacia de las políticas de recortes aplicadas por la derecha española. La deuda pública ascendió del 65,8% en el 2011 al 98% en el 2018, 30 puntos de incremento en 7 años (Datosmacro, 2023). El poder adquisitivo de los asalariados y pensionistas decayó a lo largo del periodo legislativo, incrementando de forma proporcional la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. La alta tasa de desempleo situó a España como el segundo país con mayor número de parados de la Unión Europea (UE), solamente después de Grecia. Atendiendo los indicadores sociales, en mayo de 2018, era uno de los países con peores condiciones socioeconómicas de la región.
A pesar de las especulaciones del expresidente Mariano Rajoy sobre el alcance de sus políticas económicas y sociales en beneficio de los ciudadanos, la pobreza y la desigualdad aumentaron a lo largo de su gobierno. Las estadísticas reflejan que, aunque la economía creció y se creó empleo2, los sectores de mayor vulnerabilidad de la sociedad no fueron beneficiados. El crecimiento económico experimentado entre el 2016 y el 2018, benefició más a los ricos (“el 40% de las riquezas terminaba en manos del 1% más ricos, mientras que el 7% fue a parar a manos del 50% más pobres”) (Sanchis, 2018).
Una cuestión importante para el gobierno fue el diálogo como mecanismo para la estabilización de las relaciones con el independentismo en Cataluña, ante la declaración unilateral de independencia de 2017. A pesar de que el PSOE pactó con el PP la intervención en la región, los partidos nacionalistas apoyaron la moción de censura. Una de las primeras acciones de Pedro Sánchez como presidente, fue emprender un proceso de acercamiento y diálogo con la Generalitat3, a través de reuniones con su presidente, Quim Torra para gestionar la crisis de unidad nacional.
Otro elemento que caracterizó al nuevo gobierno fue que asumió los Presupuestos Generales de Estado (PGE) diseñados por el gobierno saliente y un gasto de deuda pública rozando, según datos del Banco Mundial, el 100% de su PIB. Según Datosmacro (2019), la aprobación de un nuevo PGE de 125.064 millones de euros para el 20194 constituyó una necesidad apremiante para llevar a cabo políticas sociales competentes y oxigenar de la misma forma a la Seguridad Social. Sin embargo, la aprobación del nuevo techo de gasto fue demorada. La principal razón fue la negativa de impedir la modificación del presupuesto por parte del Senado y el Congreso.
En este contexto, de acuerdo con lo expresado por Sanchéz (2018), con el fin de “sacar a España de la parálisis y consolidar un cambio de época” se llevó a cabo una política llamada Agenda para el Cambio5. Su objetivo fue de reconstruir un Estado de bienestar apoyado en tres ejes principales: la regeneración moral y política, la modernización de la economía y el fortalecimiento del modelo de cohesión social nacido de la Constitución. Es decir, la recuperación de una sanidad, educación y sistemas públicos dignos y de calidad.
Con el propósito de modernizar la economía a través de la Agenda para el Cambio, el gobierno de Sánchez se inclinó por una nueva política fiscal progresiva con el objetivo de aumentar los ingresos del Estado, redistribuir la riqueza y financiar programas sociales. Algunas de las acciones claves en este ámbito incluyeron reformas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para extender la progresividad del sistema impositivo y elevar la contribución de las rentas más altas. Además, se produjo el incremento de impuestos a las grandes corporaciones para ampliar la recaudación fiscal, y la implementación de medidas para limitar la elusión fiscal y cerrar lagunas fiscales que permitían a algunas empresas y contribuyentes evitar el pago de gravámenes.
Dentro de los nuevos cambios se sentaron las bases para la reindustrialización, el desarrollo de la ciencia y la innovación. En este sentido, se elaboró el plan Reindus que contó con un fondo de 400 millones de euros (La Moncloa, 2018). Unido a este proceso se promovieron programas de formación para reducir el desempleo y mejorar la cualificación de los trabajadores. Como parte del desarrollo de esta disposición se aplicó el plan de lucha por el empleo digno. Para su realización se destinó un presupuesto de 2000 millones de euros con el fin de reducir el impacto en la población juvenil y la reversión de los recortes en educación, así como, se destinaron 100 millones de euros para financiar 500 proyectos innovadores; el incremento del 15% en ayudas a la investigación; la apuesta por la transición ecológica o el apoyo a sectores estratégicos como la agricultura o la pesca (Sánchez, 2018). Se aprobó el aumento del salario mínimo interprofesional a 900 euros mensuales como vía para mejorar las condiciones de trabajo y reducir la pobreza. Además, se generaron políticas para potenciar la conversión energética y lucha contra el cambio climático, con la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. (La Moncloa, 2024)
Conjuntamente se emprendieron tareas para la recuperación de la sanidad pública universal como la eliminación de las trabas para acceder a la salud a personas enfermas de VIH, diabetes, psoriasis o celiaquía. Igualmente, se tomaron medidas para reducir la brecha salarial, avanzar en materia de género y promover la igualdad en el mercado laboral, como la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género y la creación el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil para la protección de los menores. Otras disposiciones de carácter social con un impacto significativo fueron la lucha contra la pobreza y la puesta en marcha del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para facilitar el acceso a la vivienda y combatir la especulación inmobiliaria (La Moncloa, 2018).
En conclusión, la Agenda para el Cambio para superar la España de inicios de 2018 se desarrolló en estas cinco grandes trasformaciones: impulso a la educación como palanca de cambio; financiación y sostenibilidad del sistema de pensiones; transformación del mercado de trabajo e incentivo empresarial con medidas como la mayor subida del salario mínimo interprofesional desde 1997; transición ecológica de la economía, apoyada en la futura Ley de Cambio Climático y la regeneración democrática de las instituciones (La Moncloa, 2018). Este período constituyó un momento clave de avances en términos de políticas sociales y económicas más equitativas, justas e inclusivas.
Segunda Legislatura
(noviembre 2019-2023)
El 13 de febrero de 2019, el Congreso de Diputados rechazó el PGE propuesto para ese año. Ante la negativa, Sánchez convocó a elecciones anticipadas para el mes de abril. Finalmente se celebraron el 28 de abril de 2019. El 71,8% de los españoles acudieron a las urnas (Roa, 2023). La negativa de Ciudadanos para formar gobierno con el PSOE y las diferencias con Unidas Podemos crearon un panorama complejo para el país. La falta de un acuerdo entre los partidos no logró los apoyos necesarios para formar gobierno. En consecuencia, las Cortes fueron disueltas y se convocó nuevamente a elecciones generales para el mes de noviembre.
El 10 de noviembre se produjo la repetición electoral. Los 350 diputados se distribuyeron de la siguiente forma: El PSOE, obtuvo un total de 120 representantes, lo que lo posicionó como el partido vencedor, pero sin mayoría absoluta. El PP, de Pablo Casado, obtuvo 88 escaños, consolidándose como el segundo más votado; Vox, liderado por Santiago Abascal, irrumpió con 52 parlamentarios; la coalición de Unidas Podemos obtuvo 35 escaños; Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) obtuvo 13, consolidándose como una fuerza política relevante en el contexto catalán; Ciudadanos, sufrió un importante descenso, pasando de 57 diputados a obtener solo 10; Juntos por Cataluña (JxCat) obtuvo 8 escaños; el Partido Nacionalista Vasco (PNV) obtuvo 6; Bildu obtuvo 5; Más País, 3 y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) obtuvo 2 (La Moncloa, 2020).
Tras la constitución de las Cortes Generales de la XIV Legislatura, el Congreso de Diputados aprobó la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. El 7 de enero de 2020 nació el primer gobierno de coalición6 en más de 40 años de democracia española (Rodríguez Romero & Mustelier Fernández, 2024). La fragmentación del espectro político y la irrupción de nuevos partidos contribuyeron a la diversidad y complejidad del Parlamento. Esta heterogeneidad de fuerzas políticas dificultó la formación de mayorías estables y propició un escenario político marcado por la inestabilidad y la necesidad de negociación y consenso entre diferentes partidos para la adopción de decisiones legislativas. A esto se sumó la maquinaria mediática en defensa de los intereses de las grandes élites empresariales, religiosas y financieras.
En febrero de 2020, a solo un mes de iniciar el periodo legislativo se desató a nivel mundial, la pandemia del Covid-19. Cuando el coronavirus, fue declarado por la Organización Mundial de Salud (OMS) como emergencia sanitaria, España ya contaba con más de 4000 casos positivos (Hermi Zaar & García Ávila, 2020). El Consejo de Ministros, decretó el “estado de alarma” para el territorio nacional previsto en la Constitución en su artículo 1167 y pasó a considerarse la Covid-19 como un elemento de fuerza mayor. El gobierno estuvo obligado a adoptar numerosas medidas de alarma que sustentaron legalmente el confinamiento de los ciudadanos para evitar nuevas oleadas.
La ruptura de las cadenas de suministros provenientes de China hizo que muchas fábricas españolas y europeas ralentizasen su producción por falta de componentes. La declaración del “estado de alarma” en España aceleró el congelamiento de los sectores económicos no esenciales e inició un proceso de desaceleración económica. Sectores importantes para la economía como el turismo y las industrias fueron frenados por las medidas de confinamiento y el cierre de las fronteras.
El cese de las actividades económicas dio origen a problemas multidimensionales. Entre las nuevas preocupaciones destacaban el incremento del desempleo y la sostenibilidad económica de los ciudadanos españoles. En este sentido, se tomaron iniciativas con el fin de reducir el impacto de la pandemia, evitar la paralización de la economía, promover la recuperación del sector empresarial, suscitar la superación de la crisis e impedir la parálisis económica. Entre las medidas más trascendentales estuvo la aplicación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)8, como una estrategia de flexibilidad temporal que posibilitó reducir la jornada laboral y suspender el trabajo presencial en las empresas.
Desde el 2018, Sánchez llevaba a cabo la política denominada Agenda para el Cambio, liderada por la Ministra de Economía, Nadia Calviño. Esta agenda estuvo afectada por el rechazo del Congreso de Diputados al PGE para el 2019. Sin embargo, tras la nueva convocatoria a elecciones y la crisis del coronavirus, pasó a formar parte esencial de un nuevo proyecto de recuperación llamado “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española”9.
El “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española” fue la estrategia implementada para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis generada por el Covid-19 (Gobierno de España, 2020). Fue la guía empleada para canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los daños generados por la crisis de la pandemia a través de reformas e inversiones. Tuvo cuatro ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social, y la igualdad de género.
La lenta recuperación fue, en parte, debido a la gran crisis del turismo en el 2020, la escasez de ayuda directa a empresas y un confinamiento más largo que el del resto de Europa. El impacto de la pandemia llevó a registrar en el 2020 un descenso histórico del PIB del 11,3% (Fernández, 2024), siendo España uno de los países mayormente afectados de la región.
Una de las medidas trascendentales en materia social y económica fue la aprobació de la Ley Reforma Laboral, ratificada en el Real Decreto 32/2021. La misma garantizó la estabilidad en el empleo, la transformación del mercado laboral y la construcción de relaciones profesionales sanas, alejadas de la precariedad y garantizando un trabajo digno, como lo expresa el artículo 9.2 de la Constitución española.
Esta Ley priorizó el contrato indefinido y mantuvo solo en dos modalidades el trabajo temporal: uno, por incremento de la producción y el otro, para sustituir a otro trabajador; en ambos casos con una duración de un año. Los resultados fueron inmediatos, constituyendo uno de los grandes logros del gobierno de coalición. El empleo mejoró significativamente en el transcurso de un año, en el que se incorporaron 514.700 personas hasta superar los 20,5 millones de ocupados (Díaz, 2022). El número de personas en paro se situó por debajo de tres millones, algo que no sucedía desde 2008, cuando empezó la crisis financiera (DatosMacro, 2023). De diciembre de 2021 a diciembre de 2022, el empleo asalariado indefinido se incrementó en 1.375.000 personas, hasta alcanzar la cifra de 13,9 millones, la más alta de toda la serie histórica (Bernardos, 2023). En el mediano plazo, el éxito de esta reforma se demostró en sus repercusiones sobre la productividad y la intensidad, duración y estabilidad del empleo, lo cual frenó la destrucción de puestos laborales que se evidenciaba en España desde décadas anteriores.
Tres leyes complementarias se aprobaron en el Congreso para incentivar la economía. Para satisfacer los créditos de los acreedores de forma coordinada y permitir la supervivencia de empresas en crisis mediante convenios con los acreedores se firmó la Reforma de la Ley Concursal, la cual contribuyó a establecer el conjunto de normas sustantivas y procesales que regulan el procedimiento concursal de toda clase de deudores (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2020).
Para facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad e impulsar su crecimiento y expansión, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Creación y Crecimiento Empresas (Ley Crea y Crece). La misma es una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigida a fomentar el dinamismo del tejido productivo y dar respuesta a las demandas y recomendaciones de los diferentes organismos internacionales (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2022).
El 20 de julio de 2023, quedó oficializada como ley la Orden PCM/825/2023 por la que se regulan los criterios y procedimientos de certificación de empresas emergentes que dan acceso a los beneficios y especialidades de la Ley 28/202210 de fomento del ecosistema de empresas emergentes (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2023). Las tres leyes buscan el impulso de la innovación a través de las pequeñas y medianas empresas en el país.
En el ámbito internacional, el 24 de febrero de 2022 estalló el conflicto ruso-ucraniano. Para España, miembro de la UE y de la Organización de Tratados del Atlántico Norte (OTAN), esta conflagración tuvo un impacto negativo para la economía que marcaba un lento crecimiento desde la pandemia, a pesar de las estrategias trazadas. En la primera línea de las consecuencias del conflicto figura el mercado energético, fuertemente dependiente de los suministros procedentes de Rusia. Las reducciones bruscas de las importaciones de gas determinaron el encarecimiento de la factura eléctrica que generó un alto nivel inflacionario11. Ante esta situación los gobiernos de España y Portugal acordaron el establecimiento de un tope máximo en el precio del gas, con el objetivo de evitar variaciones inesperadas en el precio y lograr accesibilidad para todos.
Se ejecutaron acciones para minimizar el impacto de la guerra ruso-ucraniana, como el aumento del 15% a la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV)12 para que más familias pudiesen llegar a fin de mes en sus gastos. La cantidad de IMV a percibir por los beneficiarios subió entre 120 euros y 162, 23 euros mensuales (As.com, 2022).
Otra medida de corte social fue la revalorización de las pensiones de acorde con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta reforma propició que, a mediados de 2022, las pensiones subieran un 2,5% y para el 2023, a pesar de la inflación, se elevaran un 8,5%. La misma ha posibilitado que la pensión media roce los 1200 euros. Desde el 2020 hasta 2024, casi 11,8 millones de pensionistas y perceptores de prestaciones conservaron o aumentaron su poder adquisitivo (La Moncloa, 2024).
En el plano de la igualdad de género se ubicaron varias iniciativas que fueron controversiales dentro de la legislatura. Entre ellas la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual conocida también como ley del consentimiento o ley de “Solo sí es sí”. Su principal aporte fue la exigencia del consentimiento expreso a la hora de juzgar los delitos sexuales (Ramiro, 2023). Sin embargo, se considera una de las iniciativas fallidas del gobierno, debido a que con la aprobación de la nueva legislación, numerosos condenados pidieron que se revisara su condena y se han producido numerosas excarcelaciones.
En este contexto, otras disposiciones adoptadas fueron las modificaciones de la Ley de salud sexual y reproductiva, y la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Estas reformas fueron impulsadas con el objetivo de “desarrollar y garantizar los derechos del colectivo LGTBI erradicando las situaciones de discriminación” (Agencia Boletin Oficial del Estado, 2023) y constituyó un paso de avance para esta comunidad dentro de una sociedad conservadora, como lo es la sociedad española.
En febrero de 2023, el Consejo de Ministros favoreció el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros brutos mensuales (La Moncloa, 2024). Con este aumento, Pedro Sánchez cumplió una de las promesas de su campaña electoral. La subida del salario mínimo tuvo un impacto positivo en la erradicación de la pobreza, especialmente la infantil, en la esperanza de vida y en la salud mental de los ciudadanos.
A pesar de los altos y bajos que ha atravesado el país, para el cierre del año 2023 el incremento de los precios se había controlado eficazmente, con un porcentaje de 3,113, luego de haber contado con la inflación más elevada en su historia14 desde 1984 (Bernardos, 2023). Los esfuerzos desarrollados para atenuar los efectos de la Covid-19 en los ciudadanos se refleja en su deuda pública. En 2023 la deuda pública en España fue de 1.573.754 millones de euros. Creció 70.955 millones desde 2022, cuando fue de 1.502.799 millones, ubicándose entre los países con mayor deuda del mundo (DatosMacro, 2023). Sin embargo, es notable la importancia que se le dio a paliar los efectos en términos de renta para las familias, que no ha sufrido caídas como resultado a las medidas sociales puestas en marcha.
El índice de tendencia de la competitividad apunta a que España sigue recuperándose; sin embargo, hay múltiples dimensiones que se deben tener en cuenta para medir este elemento. La cuota de las exportaciones españolas ha disminuido desde 2003, cuando alcanzó un 2,5%, hasta el 1,8% de 2021 (Doménech, 2023). El saldo de la balanza por cuenta corriente ha decrecido, desde el superávit del 3,2% del PIB de 2016 al 0,6% de 2022 (Doménech, 2023). El país transitó de tener una productividad 5,7 puntos por encima del promedio de la UE en 2009 a situarse 7,5 puntos por debajo en 2023 (Álvarez, 2023). Sin embargo, pese a la crisis de los precios energéticos y el encarecimiento de otras materias primas, el saldo de la balanza comercial ha subido respecto a 2013, cuando el déficit fue de 17.142,7 millones de euros (DatosMacro, 2023).
El PIB tuvo una recuperación tardía luego de la pandemia. En marzo de 2023, España logró recuperar la producción obtenida en diciembre de 2019. Demoró tres años y tres meses en obtener este resultado, siendo uno de los países que más tarde ha cumplido con esa meta dentro de la UE. Al cierre de 2023, el PIB había crecido un 2,5% respecto a 2022; 3,3 décimas menor que la de dicho año, cuando fue del 5,8% (DatosMacro, 2023).
conclusiones
La gestión económica del gobierno de Pedro Sánchez en el periodo 2018-2023 fue positiva. El ejecutivo logró hacer frente a un escenario nacional e internacional complejo, promoviendo un crecimiento económico estable y reduciendo la tasa de desempleo a niveles históricos. Las campañas mediáticas contra el gobierno socialista, la compleja conformación del Parlamento y la oposición de bloqueo del PP han impedido aplicar la totalidad de las propuestas del PSOE y, a la vez, han elevado el diálogo político a lo interno de la sociedad española.
La economía del país ibérico adoptó un enfoque expansivo en cuanto al gasto público, priorizando la inversión en educación, sanidad, servicios sociales e infraestructuras. De esta forma, se pretendió estimular el crecimiento económico y reducir las desigualdades sociales, pero ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda pública. El gasto en innovación ha crecido, superó las cifras anteriores a la crisis, aunque lejos todavía de la media europea. El espíritu reformista se centró en el ámbito laboral y las reformas de mercado donde ha mejorado notablemente. Ante la crisis provocada por la pandemia y el conflicto ruso-ucraniano, el gobierno implementó un paquete de medidas de apoyo a empresas y trabajadores, incluyendo ayudas directas, préstamos y exenciones fiscales. Estas disposiciones desempeñaron un papel crucial en la mitigación de los impactos económicos negativos.
En materia de justicia social se ha contribuido a la reducción del desempleo. Se registró la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones y la creación del ingreso mínimo vital, reduciendo la precariedad de los sectores más vulnerables. Sin embargo, persisten desafíos como la precariedad laboral y la baja productividad en ciertos sectores.
A pesar de los avances realizados, aún persisten retos importantes, como la elevada deuda pública, la necesidad de impulsar reformas estructurales para mejorar la competitividad y la transición hacia un modelo económico más sostenible. Una nueva reforma fiscal, el creciente precio de la vivienda, la inflación y la todavía elevada tasa de paro, continúan siendo problemas a resolver. Estos retos requerirán un enfoque cuidadoso y coordinado para mejorar el posicionamiento de la economía española a nivel global y regional.
referencias
notas