La aparición de las criptomonedas en 2009 hizo que se manifestaran nuevas formas de gestión de las relaciones monetarias. Con ello se ha intentado desafiar la hegemonía del dinero fiat1, pudiendo convertirse en una vía opcional para operaciones financieras en países profundamente dependientes a las monedas más fuertes. No obstante, su alta volatilidad, debida a la permanente fluctuación, genera poca confianza en su valor y, en consecuencia, poco respaldo. Por esto, las criptomonedas no han conseguido erigirse completamente como un modelo alternativo al dinero fiat.
Para el 2024, el bitcoin constituye la moneda con mayor peso en el mercado de criptomonedas con valores que fluctúan entre los 60 y los 70 mil dólares (Investing.com, 2024). Esto, y otras características propias, como su monto limitado y su forma descentralizada de intercambio, hacen que sea particularmente atractiva para el comercio. En este sentido, el bitcoin establece una red abierta para que cualquier persona conectada a internet pueda participar de su compra-venta y minería2, sin intermediarios, más allá de los mineros que se encargan de hacer las transacciones. La existencia del bitcoin de forma descentralizada, sin ninguna entidad física que controle su flujo a nivel global, constituye la base para la privacidad y seguridad de los usuarios de la moneda.
A partir de estas ventajas, el Bitcoin ha aumentado exponencialmente su relevancia. No obstante, su empleo se ve limitado por la percepción de inseguridad y el desconocimiento que enfrenta su dinámica de uso en potenciales usuarios, por lo que no ha desplazado a las monedas tradicionales. A la vez, la incertidumbre en las transacciones conlleva a la fluctuación constante de la moneda y condiciona que no sea considerada como una opción segura para establecerse como moneda oficial en ningún país.
En ese contexto, El Salvador constituye un caso sui géneris, pues ha sido la nación pionera en la implementación del bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar. Esta iniciativa, apoyada por el presidente Nayib Bukele y aprobada el 9 de junio de 2021, declaraba tres objetivos fundamentales: la reducción del costo de las transferencias de las remesas anuales, el impulso a la inclusión financiera y la reducción del costo de importación de dólares físicos para el circulante, ante el proceso de dolarización en el 2001, que provocó dependencia monetaria y la pérdida de la habilidad para estabilizar los precios (Uranga, 2022). También, la ley ampara al bitcoin con “irrestricto poder liberatorio, ilimitada en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, requieran realizar”. (Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 2021)
La aplicación de la Ley Bitcoin y su uso como moneda de curso legal ha generado diferentes vulnerabilidades que abarcan varias aristas de la sociedad, lo que impide que se cumplan las metas planteadas inicialmente por ella. El objetivo de esta investigación es analizar las vulnerabilidades generadas por la Ley Bitcoin en El Salvador, desde su aplicación en el año 2021 hasta el 2023.
Vulnerabilidades económicas
La volatilidad de la moneda, la falta de conocimientos de la población y muchos inversores con respecto a su manejo, y la inseguridad asociada a ello, así como la persistente dependencia que existe hacia el dólar estadounidense, constituyen algunas de las causas que generan las vulnerabilidades que enfrenta El Salvador con el uso del bitcoin como moneda de curso legal para los objetivos económicos trazados por la ley.
Las remesas familiares son una de las entradas de divisas más sólidas que recibe anualmente El Salvador, lo que representa más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) del país centroamericano (Banco Mundial, 2022). Uno de los objetivos fundamentales de la Ley Bitcoin es abaratar la entrada de remesas personales al país, ante su crecimiento exponencial desde el 2019. Estas tienen una profunda repercusión social en la mayoría de la población, pues contribuyen a que la economía salvadoreña sea mucho más dinámica3. Con la utilización del bitcoin, los salvadoreños residentes en el exterior no tendrán que pagar las comisiones que cobran los canales de envío que se dedican a este negocio. (Abarca, 2021)
Sin embargo, el recibimiento de las remesas en bitcoin ha hecho muchísimo más costoso el proceso, ante la obligatoriedad de cambiar el valor en dólares a través de sitios de cambio de bitcoin, lo cual cuesta entre 2 y 7 dólares aproximadamente. Luego, el destinatario debe enviar esos bitcoines a una Chivo Wallet4, lo que requiere otro pago de entre 1 y 62 dólares para la realización de la transacción en una red donde los mineros procesan las transacciones. Una transacción simple sigue siendo mucho más factible, pues las billeteras de pagos en dólares son libres de costo y están generalizadas por todos los municipios salvadoreños. Ese hecho trajo como consecuencia que, para enero de 2022, solo el 2% de las remesas salvadoreñas fueran enviadas utilizando criptomonedas. (Kshetri, 2022)
Por otro lado, la posibilidad que brindaría el uso del bitcoin para la inclusión financiera de la población salvadoreña ha sido una utopía, en un país donde el 70% de los adultos carecen de una cuenta bancaria (Kshetri, 2022). Esto sucede debido a las complicaciones que trae la apertura de una cuenta en el coste, la distancia al lugar de acceso y la documentación necesaria, especialmente para los residentes en el exterior, que no pueden utilizar canales electrónicos para este propósito.
Las regulaciones en este sentido son para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Paradójicamente, la descarga de la Chivo Wallet es mucho más libre, por lo que ha sido común el robo de identidad al instalar esa billetera electrónica.
Uno de los estímulos concedidos por el gobierno para el uso de esta aplicación es la bonificación de 30 dólares iniciales, con posibilidad de extraerlos. Ese monto equivale al 0.7% de la renta anual per cápita (Chéreau, 2022). Ante esta opción, muchos salvadoreños hicieron uso inicial de la bonificación y después no utilizaron más Chivo Wallet, lo que ha generado un desequilibrio entre los costos y beneficios, ya que la ciudadanía no hizo un uso real de la posibilidad de operar con bitcoin.
Además, la inclusión financiera se vio afectada por las propias características del bitcoin. Las transacciones de esta criptomoneda se hacen de forma muy lenta, a diferencia de las tradicionales. De hecho, algunas de las “cripto-transacciones” pueden durar entre semanas y meses, lo que inviabiliza el uso cotidiano. Su volatilidad, por otro lado, imposibilita que, una vez realizada la transacción, la moneda mantenga el valor original, por lo que el monto pagado diferiría de lo acordado en el momento, ya sea para más o para menos.
Otro de los objetivos fundamentales de la Ley Bitcoin apunta a atraer inversores globales. En este sentido, fueron anunciados planes para la creación de la llamada “Bitcoin City”, una ciudad operada únicamente con bitcoin, financiada con mil millones de dólares en bonos respaldados en bitcoines, los denominados “bonos volcán”. Sin embargo, no han logrado reunir la cantidad de inversionistas necesarios para avanzar en el proyecto, lo que ha significado un retroceso en la emisión de los bonos volcán y en el desarrollo del proyecto de paraíso bitcoin en El Salvador. (Kshetri, 2022)
El bitcoin tampoco ha contribuido a la reducción de la dependencia del dólar estadounidense. Contrario al sentido fundacional de las criptomonedas, que deberían haber creado una nueva estructura financiera, la adopción del bitcoin se interpretó como complementaria a la infraestructura económica vigente. Es esencial distinguir que la Reserva Federal de Estados Unidos ejerce una fuerte presión sobre la infraestructura monetaria salvadoreña, lo que impide al país centroamericano tener un buen control sobre su política monetaria, que se mueve fundamentalmente por la ley de oferta y demanda. Además, la adopción del bitcoin se rige por la oferta limitada de la criptomoneda, ante sus tasas de minería y el límite de 21 millones de bitcoines.
Vulnerabilidades en política exterior
En relación con la política externa, El Salvador está inevitablemente atado por la dependencia hacia los Estados Unidos, uno de los elementos por los cuales se trazó la Ley Bitcoin.
Para el país norteño, El Salvador es clave en su posicionamiento estratégico, especialmente por la emisión de migrantes y la dependencia al dólar estadounidense. Como alternativa de independencia económica, la Ley Bitcoin representaría un peligro para los Estados Unidos por la posibilidad de sortear la hegemonía del dólar y la capacidad de empoderar a “actores malignos como China y a organizaciones criminales”. (Risch, 2022)
En el año 2022 fue aprobado en el Congreso estadounidense el proyecto de la “Ley de Responsabilidad por la ley de Criptomonedas en El Salvador” o Ley ACES, que busca mitigar los riesgos que para el sistema financiero de Estados Unidos podría traer la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Esta ley demanda al Departamento de Estado la realización de un reporte que analice los riesgos potenciales a los cuales estarían sujetos Estados Unidos y de un plan para mitigarlos. En este sentido, es evidente la preocupación acerca de que El Salvador utilice menos el dólar estadounidense, unido a la inserción cada vez mayor de China en la región centroamericana.
Los avances de la propuesta, ya aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, fueron confrontados por el presidente Nayib Bukele, quien se burló de la preocupación del gobierno estadounidense. Bukele publicó en Twitter: “Ok boomers...Tienen cero jurisdicción sobre una nación soberana e independiente. No somos su colonia, ni su patio trasero ni delantero. Manténganse al margen de nuestros asuntos internos. No intenten controlar algo que no pueden controlar”. (Bukele, 2022)
A la vez, resulta fundamental recordar que, a pesar de que no es factible el envío de remesas vía bitcoin, la posibilidad del uso de las criptomonedas es una afrenta a la hegemonía de los bancos y las agencias de transferencia de dinero de Estados Unidos hacia el país centroamericano, que controlan el negocio del envío de remesas. Con la adopción de bitcoin, esas remesas se verían afectadas ya que pasarían a ser enviadas a través de la Chivo Wallet, lo cual no dejaría margen de ganancias para las empresas estadounidenses que se dedican a ello. (Cheréau, 2022)
Otro elemento que ejerce presión hacia El Salvador por la adopción del bitcoin son las organizaciones económicas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. En este sentido, el FMI expresó que “la adopción de una criptomoneda como moneda de curso legal implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad financiera y la protección del consumidor”. (FMI, 2022) A la vez, el FMI señaló que el uso del bitcoin como moneda de curso legal, a la larga, podía traer más desventajas que beneficios, por la ya mencionada volatilidad y el aumento del precio del bitcoin.
A la par, en junio de 2021, el gobierno salvadoreño solicitó al Banco Mundial (Chéreau, 2022) ayuda para la implementación y regularización del bitcoin como moneda de curso legal, pero esta fue denegada ante la preocupación de la entidad internacional por la transparencia del proceso. Es importante recordar que Estados Unidos es el mayor contribuidor a estas organizaciones, por lo que, en gran medida, sus enfoques están fuertemente definidos por el criterio estadounidense y los intereses que la nación norteña tenga hacia determinado país.
Vulnerabilidades en política interna
En materia de política interna, la Ley Bitcoin ha sido uno de los elementos más criticados de la gestión de Nayib Bukele por parte de la ciudadanía. A pesar del alto porcentaje de popularidad con el que cuenta el presidente salvadoreño, luego de que esta ley se aplicara, su aprobación disminuyó considerablemente (Segura, 2022). Aunque se mantuvo muy por encima de sus antecesores en el mismo tiempo de trabajo, no es un elemento a obviar, más cuando su gobierno se afinca justamente en la alta aprobación de la sociedad. En este sentido, una encuesta realizada por el periódico La Prensa Gráfica señala que para el año 2022, el 7.5% de los sujetos encuestados consideraron que el mayor fracaso de Nayib Bukele fue la aplicación de la Ley Bitcoin. Indiscutiblemente, esto perjudicó su imagen como presidente, poniendo en duda si la confección de la ley fue una decisión completamente analizada.
La baja aprobación de la Ley Bitcoin por la ciudadanía salvadoreña se demostró con las protestas en su contra de septiembre del 2021. Los manifestantes alegaban el carácter clasista de la medida, al estar enfocada solamente a la atracción de la inversión extranjera y a convertirse en un destino económico para un sector poblacional de élite. Además, los participantes en estas declararon que fue aplicada de forma apresurada y que estaba diseñada para esconder el dinero corrupto (Cheréau, 2022).
La Ley Bitcoin ha sido incapaz de darle respuestas a los objetivos planteados en su aplicación, y, a pesar de que representa un paso de avance en la implantación de criptomonedas como complementariedad del sistema monetario internacional, denota una adopción apresurada, sin tomar en cuenta las desventajas aún manifiestas. Esto generó diferentes vulnerabilidades en el ámbito económico y político, tanto nacional como internacional, analizadas a lo largo del artículo.
Con respecto a las vulnerabilidades económicas, la Ley Bitcoin no logró una verdadera inclusión financiera, ni independencia del dólar a través del aumento en inversiones o la reducción del costo de las remesas. La volatilidad del bitcoin y las deficiencias que tiene en cuanto a la rapidez de las transacciones resultaron catastróficas para que se extendiera su uso a la población salvadoreña, y fueron también un freno para generar confianza en los inversores extranjeros.
La incapacidad de esta ley de responder a sus objetivos, primariamente económicos, provocó profundas vulnerabilidades para El Salvador en el ámbito internacional, sobre todo por la preocupación de Estados Unidos con respecto a cómo se vería afectada su economía ante los cambios en la matriz económica salvadoreña, unido a la influencia creciente de otros actores internacionales, como China, en la región centroamericana. Además, la reticencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ante la implantación del bitcoin como moneda de curso legal impactó directamente en los planes políticos de Bukele, al ser infructuosa su búsqueda de apoyo en estos organismos internacionales, con el fin de financiar proyectos que convirtieran a El Salvador en un destino para los inversionistas en bitcoin a nivel mundial.
Unido a todo ello, la vorágine social que tuvo lugar al implantarse la ley hizo que fuera considerada como uno de los mayores fracasos del gobierno de Nayib Bukele. Aunque no se vio impactado significativamente y su victoria en las elecciones es una muestra de ello, las manifestaciones ocurridas en el año 2021 y los resultados de las encuestas relacionadas con el tema prueban la falta de previsión de elementos esenciales, como el desconocimiento de los salvadoreños acerca del bitcoin y el verdadero impacto de la dependencia monetaria hacia el dólar estadounidense.
Sin embargo, con el alza progresiva de los precios del bitcoin se perfila que pueda existir un aumento en los volúmenes de inversión relacionados a la moneda, equiparando ligeramente las ventajas a las vulnerabilidades que dejó la implementación de la Ley Bitcoin. Al tener en cuenta la transición paulatina a una transformación tecnológica, donde cambiaría la manera de ver la economía y las finanzas internacionales, El Salvador entraría como un jugador con ventaja.
La aparición de las criptomonedas, especialmente el bitcoin, ha hecho que se manifiesten nuevas formas de gestión de las relaciones monetarias. El uso del bitcoin brinda grandes oportunidades para la privacidad de las transacciones, debido a su código de red abierta para que cualquier persona pueda participar de su compraventa. El Salvador es uno de los primeros países del mundo en implantar el bitcoin como moneda de curso legal, estableciendo cuatro objetivos fundamentales que serían cumplidos con esta ley: adquirir mayor independencia del dólar estadounidense, la reducción del costo de las remesas, el logro de una mayor inclusividad financiera y la atracción de nuevas inversiones. Sin embargo, su aplicación no ha logrado corresponder a las esperanzas puestas por el gobierno en esta ley. La Ley Bitcoin ha generado una serie de vulnerabilidades económicas y políticas, a lo interno y externo, que llevan a determinar que ha sido un proyecto, cuando menos, apresurado.
Palabras clave: bitcoin, El Salvador, vulnerabilidades, criptomonedas, moneda de curso legal
The emergence of cryptocurrencies, especially bitcoin, has led to the appearance of new ways of managing monetary relations. The use of bitcoin provides great opportunities for the privacy of transactions, due to its open network code, so that anyone can participate in its purchase and sale. El Salvador is one of the first countries in the world to implement bitcoin as legal tender, establishing four fundamental objectives that would be fulfilled with this law: achieving greater independence from the U.S. dollar, reducing the cost of remittances, ensuring greater financial inclusiveness, and attracting new investment. However, its implementation has failed to match the hopes placed in the law by the government. The Bitcoin Law has generated a series of economic and political vulnerabilities, both internally and externally in El Salvador, which lead to the conclusion that it has been, at the very least, a hasty project.
Key Words: bitcoin, El Salvador, vulnerabilities, cryptocurrencies, legal tender
Introducción
DEsarrollo
CONCLUSIONES
Bibliografía
NOtas