Desde 2021 y hasta el cierre de año 2023, la política exterior norteamericana encontró en la región de Latinoamérica un mapa matizado por gobiernos afines a la izquierda. Aunque esto no conllevó a una renuncia por parte del imperialismo a ejercer su dominio sobre estas naciones, sí aparecieron determinados intereses contrapuestos que limitaron la hegemonía estadounidense. Ante este escenario, Washington optó, entre otras alternativas, por afianzar sus vínculos con los gobiernos derechistas. En esta dirección, es constatable que los gobiernos de Ecuador y Perú fortalecieron, en esta etapa, sus vínculos con Estados Unidos (EEUU) en las esferas económica, política y, especialmente, militar. Ante esta coyuntura geopolítica, resulta válida una investigación que identifique las principales características de la estrategia político-militar de los Estados Unidos hacia Ecuador y Perú durante el periodo 2021-2023.
Palabras claves: Estados Unidos, estrategia político-militar, Ecuador, Perú, gobiernos derechistas.
From 2021 until the end of 2023, U.S. foreign policy found in the Latin American region a map nuanced by left-wing governments. Although this did not lead to a renunciation by imperialism of exercising its domination over these nations, certain conflicting interests did appear that limited US hegemony. Faced with this scenario, Washington opted, among other alternatives, to strengthen its ties with right-wing governments. In this regard, it is clear that the governments of Ecuador and Peru strengthened, at this stage, their ties with the United States (US) in the economic, political and, especially, military spheres. Given this geopolitical situation, a research that identifies the main characteristics of the political-military strategy of the United States towards Ecuador and Peru during the period 2021-2023 is valid.
Keywords: The United States, political-military strategy, Ecuador, Peru, right-wing governments.
Introducción
El desarrollo de la hegemonía estadounidense sobre América Latina y el Caribe ha sido un proceso progresivo. Históricamente, la clase política ha legitimado dicha hegemonía de diversas formas: desde las supuestas intenciones de proteger una “América para los americanos”, la denominada contención de la amenaza comunista, la salvaguarda de la seguridad nacional estadounidense, hasta la lucha contra el terrorismo internacional y el narcotráfico. Con ello, ha pretendido justificar su expansionismo en la región. (Ginarte, 2014)
Al comenzar la tercera década del siglo XXI, las intenciones de dominación –aunque con nuevos matices– mostraban total vigencia. Entre 2021 y 2023, por ejemplo, Estados Unidos (EE.UU.) aumentó su influencia en países con gobiernos de derecha y simpatizantes con la política imperial; amplió el número de programas de asistencia militar y cooperación para la seguridad con fines políticos; renovó sus relatos de lucha contra el narcotráfico y las redes criminales; fortaleció la presencia del Comando Sur en la región; siguió readecuando las funciones y estructuras de sus enclaves militares en la zona; y persistió en sus intentos de hacer intromisión en los asuntos internos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Ante esta coyuntura geopolítica que caracterizó la región –diferente a cualquier momento histórico anterior– es válido realizar una investigación que permita identificar las principales características de la estrategia político-militar1 de los EE.UU. hacia América Latina y el Caribe en el periodo 2021-2023. El presente artículo abordará los casos particulares de Ecuador y Perú.
Desarrollo
Desde 2021 y hasta el cierre del año 2023 la política exterior norteamericana encontró en la región de Latinoamérica un mapa matizado por gobiernos afines a la izquierda. Aunque esto no conllevó a una renuncia por parte del imperialismo a ejercer su dominio sobre estas naciones, sí aparecieron determinados intereses contrapuestos que limitaron la hegemonía estadounidense. Ante este escenario, Washington optó, entre otras alternativas, por afianzar sus vínculos con los gobiernos derechistas.
En esta dirección, es constatable que los gobiernos de Ecuador y Perú fortalecieron, en esta etapa, sus vínculos con EE.UU. en las esferas económica, política y, especialmente, militar. Los puntos coincidentes en ambos casos permiten develar rasgos característicos de la estrategia político-militar de la administración Biden hacia América Latina y el Caribe: el empleo de asistencia y cooperación para la seguridad, el financiamiento a los gobiernos de derecha, y la firma de memorandos y acuerdos militares.
Estados Unidos y el ‘’compromiso’’ con la seguridad en Ecuador (2021-2023)
Desde la llegada de Lenín Moreno a la presidencia de Ecuador en 2017, el gobierno estadounidense mejoró considerablemente sus relaciones bilaterales con este país. Al poco tiempo de haber iniciado su mandato, el nuevo presidente se alejó de los preceptos de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa en cuanto a la proyección internacional. En consecuencia, el tono de confrontación que había existido entre EE.UU. y Ecuador, con el gobierno de su predecesor, quedaría sepultado. El rápido giro de Moreno a la derecha estuvo a tono con los intereses injerencistas de EE.UU.
Posteriormente, en 2021, la victoria de Guillermo Lasso en las elecciones presidenciales se tradujo en una nueva oportunidad para que EE.UU. incrementara su presencia y nivel de influencia en Ecuador. Desde su campaña electoral, Lasso se mostró afín a la derechización en el país y crítico de la integración latinoamericana. Ya en el poder, aceleró la transición política iniciada por Lenín Moreno y dio prioridad al estrechamiento de los vínculos con EE.UU.
Desde los primeros momentos de su gestión presidencial, Lasso apostó por el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales con el gobierno de Biden, en detrimento de los procesos regionales de integración económica. El Ejecutivo ecuatoriano resaltó en disímiles ocasiones lo indispensable de suscribir acuerdos de cooperación sólidos con EE.UU. Esta postura complementó la agenda neoliberal del Presidente.
Sin embargo, no fue en materia económica donde Washington y Quito establecieron contactos más relevantes. La cooperación militar y en seguridad fue el epicentro de las relaciones entre estos dos países. Con el empleo de diversos mecanismos, el gobierno estadounidense afianzó su presencia militar en Ecuador.
Una de las primeras iniciativas del presidente Guillermo Lasso fue el denominado Plan Ecuador, el cual supondría un aumento del personal militar estadounidense en suelo ecuatoriano. Dicho plan habría estado encaminado a enfrentar el terrorismo, el tráfico de armas, el narcotráfico y el tráfico de personas.
A pesar de que el Plan no se ejecutó con la denominación original ni con la premura prevista por Guillermo Lasso, no faltaron otros intentos de concretar acuerdos militares con los EE.UU. en su mandato. En 2021, el Comando Sur de EE.UU. y las Fuerzas Armadas de Ecuador firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de estrechar sus relaciones en materia de seguridad y defensa (Loaiza, 2021). Este acuerdo, titulado “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional”, procuraba intercambios de datos e información, lo que supuestamente permitiría trabajar de forma más eficiente a las fuerzas de EE.UU. y Ecuador.
En el contexto de la firma del memorando de entendimiento, la embajada estadounidense en Quito señaló que los EE.UU. y el Ecuador gozaban de una larga historia de cooperación en materia de seguridad centrada en temas de interés mutuo, incluida la seguridad aérea y marítima y que desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad en 2018, la Misión de los EE.UU. había entregado más de $2,8 millones en asistencia humanitaria, $1,4 millones en entrenamiento militar, y $27,7 millones en equipos y apoyo a las contrapartes ecuatorianas para combatir operaciones ilícitas y fortalecer la defensa del Ecuador. (Ruiz, 2024).
En el año 2023, la cooperación en materia de seguridad entre EE.UU. y Ecuador incrementó. Guillermo Lasso firmó el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), el Acuerdo de Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas y el Acuerdo de Asistencia en Interceptación Aérea.
El primer acuerdo permitió que los miembros de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. y empleados civiles del Departamento de Defensa estuvieran presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano para visitas de buques, entrenamiento, ejercicios y actividades humanitarias. En el segundo caso, se trató del derecho conferido por Ecuador a las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de EE.UU. para entrar, salir y desplazarse libremente por el territorio ecuatoriano e incluyó la utilización del espectro radioeléctrico, para sus sistemas de comunicaciones, sin costo alguno. Por su parte, el Acuerdo de Asistencia en Interceptación Aérea posibilitó que fueran interceptadas aeronaves civiles sospechosas de realizar tráfico de drogas. (El Universo, 2024)
De acuerdo con el sitio web del Comando Sur, EE.UU. entregó donaciones por 3,1 millones de dólares a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Según el sitio, 1,1 millones de dólares fue para equipo militar; 1,3 millones de dólares para el Centro de Mantenimiento Fluvial para la Brigada de Selva 19 “Napo”; y 747.000 dólares para equipos de comunicación para la Brigada de Infantería de Marina San Lorenzo. (Ruiz, 2024)
El gobierno estadounidense facilitó a Ecuador más de 20.000 chalecos antibalas y más de un millón de dólares en equipamiento de seguridad, incluyendo ambulancias y vehículos de apoyo logístico para la defensa. También, en materia de cooperación, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ha aumentado su personal en Ecuador en apoyo a la Policía Nacional y a la Fiscalía General. Igualmente, el Departamento de Seguridad Nacional desplegó personal para reforzar el entrenamiento de la policía y la fiscalía; y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés) aumentó durante el 2023 el apoyo a sus programas de seguridad municipal, incluido el apoyo a las comunicaciones de crisis. (Ruiz, 2024)
De manera general, entre 2021 y 2023, en el contexto de un Ecuador gobernado por la derecha política, EE.UU. logró aumentar su presencia e influencia en este país. Los acuerdos, tratados, memorandos de entendimiento y la cooperación en seguridad entre las fuerzas del orden estadounidenses y ecuatorianas fueron los instrumentos que signaron las relaciones militares entre ambos Estados como una estrategia político-militar de EEUU hacia la nación ecuatoriana.
La estrategia de Estados Unidos en Perú durante 2023
Para entender el incremento de los vínculos entre EE.UU. y Perú durante el 2023 debe tomarse como punto de partida la destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. En un contexto sumamente complejo, marcado por la feroz oposición del Congreso y de los sectores oligárquicos, Castillo decidió disolver el Congreso. Como respuesta, el Legislativo y la derecha política iniciaron una intensa ofensiva en su contra. Ello condujo al encarcelamiento del presidente y al inicio de un proceso de judicialización aún en curso.
Frente a esta crisis de gobernabilidad, Dina Boluarte, la vicepresidenta del gobierno, se convirtió en presidenta interina y en la piedra angular de una transición política hacia la derecha, marcada por el ascenso del fujimorismo2. Ignorando las demandas de importantes sectores populares, que fueron reprimidos en medio de agudas protestas por la destitución del Presidente, la nueva mandataria echó a andar, en alianza con el Legislativo, un proceso de derechización política que contó con el inmediato respaldo de EE.UU.
En declaración oficial, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, comunicó con toda prontitud la posición de su país, afirmando que el gobierno de Biden apoyaba al pueblo peruano y rechazaba las acciones llevadas a cabo por el hasta entonces presidente de Perú. En esta misma comparecencia elogió al órgano legislativo del país andino, expresando que con la destitución de Castillo había realzado las virtudes de los sistemas democráticos. (El Espectador, 2022)
Independientemente de lo que implican estas declaraciones como expresión de intereses explícitos y subyacentes, varios académicos y analistas de las Relaciones Internacionales señalan al gobierno estadounidense como cómplice de lo ocurrido en Perú. Investigadores como Prashad & Llerena (2022) le atribuyen responsabilidad en la destitución del Presidente. Lo corroborable es que la destitución del mandatario dio lugar a un notable estrechamiento de los vínculos entre EEUU y Perú, en nombre del subrayado “compromiso” con la seguridad, la prosperidad y la democracia peruanas.
Durante el año 2023, bajo el gobierno de Dina Boluarte y con el voto de aprobación del Legislativo peruano, las relaciones entre ambos países estuvieron caracterizadas por el trabajo coordinado en la esfera de seguridad. El acercamiento entre ambos Estados en materia militar avanzó en términos de asistencia, entrenamiento, y acceso a instalaciones. En esta dirección, el gobierno estadounidense puso en práctica programas de cooperación para la seguridad (security cooperation) y asistencia para la seguridad (security assistance).
En el primer caso se desarrollaron programas y actividades del Departamento de Defensa estadounidense con las fuerzas de seguridad de Perú. Esto requirió acceso al territorio, la infraestructura, la información y los recursos peruanos para posibilitar la construcción de capacidades afines con los objetivos de defensa propuestos por EE.UU., todo ello con la anuencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo en Perú. En lo que a la asistencia para la seguridad se refiere, se incluyeron programas o actividades como la provisión de artículos de defensa, entrenamiento militar, ejercicios tácticos, tareas de inteligencia y otros servicios relacionados con la defensa.
De igual modo, el gobierno peruano tuvo contactos e incluso recibió a altos funcionarios militares estadounidenses. Destaca, en esta dirección, la visita realizada a Perú en septiembre de 2023 por la jefa militar del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, con el anunciado objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales en materia de defensa. Entre los temas debatidos resalta la colaboración para enfrentar organizaciones criminales y el despliegue de efectivos militares estadounidenses en algunas zonas del país andino.
La realización de ejercicios militares ocupó un lugar central en los vínculos de EE.UU. y Perú durante el año 2023. El Ejercicio Militar Internacional ‘’Resolute Sentinel 2023’’, que se desarrolló en distintas regiones peruanas, contó con la coordinación de la embajada de EE.UU. en Lima y la cartera de defensa de Perú. Para la Fuerza Aérea estadounidense este ejercicio representó una prueba de campo, con entrenamientos de combate y operaciones civiles y militares que implicaron la participación de centenares de efectivos.
El aumento de la presencia militar estadounidense en Perú ha sido justificado, desde ambos gobiernos, por la “necesidad de salvaguardar el orden” en el país andino. En medio de un contexto nacional signado por revueltas, huelgas y manifestaciones populares contra los poderes políticos en Perú, el Congreso aprobó, a propuesta de la Presidenta, la entrada al país de efectivos militares estadounidenses. Ello se llevó a cabo bajo el supuesto interés de incrementar la seguridad nacional y regional, proteger la democracia, brindar entrenamiento a las fuerzas del orden en Perú y elevar la capacidad de respuesta ante desastres naturales. También se esgrimió que forma parte de la lucha contra el denominado narcoterrorismo3.
El caso de la región de VRAEM4 posee gran importancia para el análisis de este proceso. El gobierno estadounidense y sus expertos en seguridad radicados en Perú han impulsado la retórica de redefinición de la frontera interna de la guerra contra las drogas, aludiendo a una reedición de la “amenaza” narcoterrorista. Esta perspectiva que presentan para explicar el problema favorece la estigmatización y criminalización de la resistencia social, el avance de la militarización de los territorios y el logro de un consenso político en torno a la “necesidad” de asistencia en materia de defensa y seguridad. (Laitman, 2020)
Desde las instituciones estatales peruanas, sobre todo desde el Ministerio de Defensa e Interior, y desde los grandes medios de comunicación y Organizaciones no gubernamentales (ONGs) financiadas por EE.UU., como CEDRO e InfoRegión se utiliza el concepto de “guerra interna”, que va replicándose en otros países de la región, como argumento para justificar la permanencia de una estructura militarizada en el VRAEM. (Laitman, 2022). Durante el año 2023, bajo la presidencia de Dina Boluarte, esta situación tendió a profundizarse.
En virtud de lo expuesto, puede entenderse el estrechamiento de los vínculos entre EE.UU. y Perú como una especie de militarización low profile con la participación de los poderes Legislativo y Ejecutivo peruanos. Para impulsar esta estrategia, ambos gobiernos utilizaron los relatos renovados de enfrentamiento al narcotráfico y confirieron notable importancia a la supuesta lucha contra la inseguridad, la criminalidad y el narcoterrorismo.
Conclusiones
El gobierno de los Estados Unidos tiene la nítida concepción de que, para asegurar una posición favorable en el mundo, primero debe controlar la región de América Latina y el Caribe. En este acometido, socava las alternativas gubernamentales con vocación emancipadora mientras que estrecha sus vínculos con gobiernos de derecha.
En el periodo 2021 - 2023, el empleo de mecanismos e instrumentos militares de diversos tipos han sido el núcleo del fortalecimiento de las relaciones con Ecuador y Perú, objetivos de la estrategia en análisis. Esto trajo consigo un notable aumento de la presencia militar estadounidense en ambos Estados.
Las bases de la estrategia político-militar direccionada a Ecuador y Perú fueron, esencialmente, el envío de efectivos militares estadounidenses, la firma de acuerdos de cooperación para la seguridad, los programas de asistencia para la seguridad, el financiamiento, el asesoramiento a los órganos militares, policiales y judiciales, las visitas de altos mandos militares norteamericanos y la asistencia militar.
Estos métodos, planes de acción y mecanismos resultaron, en última instancia, en un orden de cosas que favoreció la dependencia de estos dos países respecto a Estados Unidos. La asistencia militar, así como los programas de cooperación, limitaron la debida independencia de los órganos militares peruanos y ecuatorianos, constituyeron una vía para el adoctrinamiento de los Ejércitos y profundizaron la creación de dependencias técnico-militares.
La aplicación de estos mecanismos y políticas permitió al imperialismo norteamericano ganar participación en los conflictos internos de estos dos países, al tiempo que proveyó de recursos y herramientas de poder a las administraciones de derecha. De esta forma, Washington pudo afianzar su poder hegemónico y garantizar su privilegiada situación con respecto a la explotación de los abundantes recursos naturales en la estratégica región de Sudamérica, así como apuntalar con más facilidad planes desestabilizadores contra la izquierda y los proyectos revolucionarios de otros países.
Estados Unidos legitimó su presencia militar en estas dos naciones reciclando los relatos de guerra contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Lo relativamente novedoso fue la retórica de lucha contra la inseguridad. Con este pretexto, la Casa Blanca y el Comando Sur hicieron suyos los “compromisos” con la tranquilidad ciudadana y las agendas nacionales de enfrentamiento a la crisis de inseguridad de Guillermo Lasso y Dina Boluarte para dominar, desestabilizar, limitar el orden democrático y pasar a un segundo plano otras importantes demandas sociales incompatibles con la derecha gobernante en Ecuador y Perú.
Esta estrategia político - militar puso de manifiesto el interés del gobierno estadounidense de aumentar su presencia militar en América Latina, contrarrestar la influencia china y rusa, y reforzar su presencia regional ante los indicios de pérdida de preponderancia propios de la etapa de transición intersistémica en el sistema internacional.
Referencias
Notas